CMAN
DOXA
EDITORIAL
El gobierno de la indiferencia
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No se midió el gobernador al afirmar que se acabó el diezmo en las obras.
Las visitas realizadas por el Presidente de la República a Chiapas no se han reflejado en beneficios sociales concretos para la población. Por el contrario, los proyectos que promueve el gobierno federal pueden conducir a un mayor deterioro
La corrupción actual es peor que en el pasado pues se pide el 20%. Y es un sobrino del secretario de hacienda quien pide los moches. Y además asigna las obras en la comisión de caminos e infraestructura hidráulica.
DIARIO
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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
EN CHIAPAS
Martes 30 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2274
EXIGENCIA
CNTE se movilizará en San Cristóbal
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adheridos al Consejo Central de Lucha (CCL) anunciaron nuevas movilizaciones para la instalación de nuevas mesas de diálogo con autoridades de educación del gobierno federal, los días 13 y 14 de diciembre en la Ciudad de México.
INFORME
ONU-DH analiza implicaciones de acuerdo de AMLO sobre seguridad nacional
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REPORTE
En tres años hubo 2 mil 510 homicidios dolosos en Oaxaca: Sedena
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HOY ESCRIBEN PAG. 3
THE CONTRA PODER BREAKING NEWS Dr. Valdemar Rojas
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Acciones afirmativas implementadas en 2021 originaron mayor representación política indígena: Oswaldo Chacón Rojas
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Sergio Stahl
EN LA MIRA
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Héctor Estrada
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CLAVES FEMINISTAS PARA SER MÁS FUERTES
Rosalinda Hernández Alarcón* PAG. 13
EL ACUERDO QUE AMENAZA LA SEGURIDAD NACIONAL
ACUSACIÓN
Denuncian más agresiones en el municipio de Tila
EL DIVÁN
Ricardo Raphael
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EL PRESUPUESTO TIENE EN LA TABLITA A VARIOS PODERES JUDICIALES
Laurence Pantin, Alejandra Quezada y Ramiro Suárez PAG. 11
EL PATO DONALD AYUDA A LEER LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN CHILE Ariel Dorfman PAG. 4
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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
Martes 30 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL El gobierno de la indiferencia
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as visitas realizadas por el Presidente de la República a Chiapas no se han reflejado en beneficios sociales concretos para la población. Por el contrario, los proyectos que promueve el gobierno federal pueden conducir a un mayor deterioro ambiental en el territorio e incrementar la resistencia de las comunidades indígenas, debido a que esos proyectos económicos que se presume van a beneficiar a Chiapas, como son la construcción del Tren Maya y sembrando futuro, no son la solución a los graves problemas que padece la entidad y que, durante el actual gobierno en nada se ha invertido para disminuir las carencias estructurales que se tiene. En Chiapas, el compromiso político más significativo que pudo haber realizado el presidente López Obrador en la entidad, es el reinicio de los diálogos por la paz con el EZLN, lo que pondría un alto a la paramilitarización que se vive en el territorio de conflicto, desde el año de 1995 y que fue fomentado y financiado desde el gobierno federal; con ello disminuirían muchos de los conflictos y la violencia armada que se vive en muchas comunidades y entre las organizaciones campesinas.
De facto, existen 30 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), que vienen funcionando desde diciembre de 1994, que sobre la base de los hechos se sustrajeron del Estado-Nación y delimitaron el espacio autonómico del territorio. Esta es una realidad que no se debe continuar ignorando, lo que obligaría a redefinir nuevas condiciones políticas en la entidad, que pondrían en la mesa de negociación el reconocimiento de estos municipios. Los conflictos en Chiapas están latentes en gran parte del territorio. Hoy día, se viven problemas de gobernabilidad en los municipios de Venustiano Carranza, La Concordia, Altamirano, Bochil, Ixtapa, Simojovel, El Bosque, Pueblo Nuevo, Chilón, Ocosingo, Tila, Pantelhó, Chenalhó, Aldama, la región de los Chimalapas y San Cristóbal de las Casas, en donde los gobiernos municipales se encuentran fuertemente impugnados y rebasados y donde la delincuencia organizada tiene una fuerte presencia. El actual gobierno local, no ha sabido responder ni económica ni políticamente a los problemas de la entidad. Los proyectos de desarrollo que se están impulsando por el gobierno federal, tienen un futuro incierto por la
resistencia social que se viene gestando y porque se incumplió con las disposiciones convencionales para realizar la consulta previa, informada y de buena fe a las comunidades indígenas. En Chiapas se produjo una perversión de lo político, pues los funcionarios lo relacionan con los procesos electorales y a ello se han dedicado desde el primer día de gobierno: a ganar las elecciones del 2024. Pero nunca han entendido que lo político es todo el sistema en torno del ejercicio del poder y de la construcción de gobernabilidad democrática. Esto ha generado una ausencia del quehacer político, que está produciendo un vacío de gobierno en la sociedad, que se está ocupando con la movilización y la protesta social, que tiene en jaque a varias presidencias municipales. Si en realidad, en este gobierno se busca ofertar nuevas condiciones de esperanza de un futuro mejor, entonces es urgente abandonar la indiferencia para cambiar los rumbos de la historia y enviar señales que generan certezas y no el caos que se percibe. Para ello el gobernador debe tomar la decisión de realizar los cambios en el gabinete, porque sus amigos no le respondieron y nunca desarrollaron ideas para construir gobierno.
DIRECTOR GENERAL
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Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)
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ntegrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adheridos al Consejo Central de Lucha (CCL) anunciaron nuevas movilizaciones para la instalación de nuevas mesas de diálogo con autoridades de educación del gobierno federal, los días 13 y 14 de diciembre en la Ciudad de México. En conferencia de prensa, Stalin Hernández Arrazate, Javier Vidal Díaz y Adalberto Hernández Rabanales, manifestaron postura por “El asesinato” del periodista Fredy López Arévalo y de Roberto López a quien le incendiaron su vehículo ya que sabe “es parte de la descomposición social del estado, la misma política de estado de sembrar el terror lo que está haciendo ahora con el gremio periodístico”. “Como magisterio en asamblea nacional se acordó trazar una ruta que busque la interlocución al más alto nivel con el presidente de la República, y no con los Secretarios de Estados que han estado atendiendo, ya que desde diciembre del 2019 se rompió el diálogo y desde esa fecha se encuentran a la expensas de reanudarla y poder hacer saber toda la problemática que enfrenta el magisterio chiapaneco y eso solo será a través de la presión social”, dijo Javier Vidal. Por lo que indicó ayer jueves 25, como sección 7, se estableció una plan de acción que conlleve al cambio seccional, el cual debe hacerse el 8 de diciembre junto a organizaciones sociales y estudiantiles, se van a estar manifestando en diversos puntos, así como los días 13 y 14 de diciembre se trasladarán a la ciudad de México para realizar una gran movilización nacional demandando que se entable las pláticas con carácter resolutivo.
Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Familiares del joven Rubén Stevens Juárez Cameras quien se vio involucrado y falleció a consecuencia de un accidente de tránsito cuando iba como copiloto en la unidad 73 01 cuatro meses atrás en Chapultepec, pidieron a las autoridades se aplique ley y el responsable de la unidad se haga cargo de los gastos generados por esta tragedia. Cerca de las 11 de la mañana de esta lunes María Cameras, madre del joven dio a conocer que Julio Arturo Chong Kuan quien es un conocido pulpo del transporte y dueño de la Urvan no se ha hecho responsable. Recordo que, inmediatamente después de que ocurrió este accidente se comunicó con él y le aseguró que se haría responsable, pero al paso del tiempo se ha deslindado.
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CNTE se movilizará en San Cristóbal “Como magisterio en asamblea nacional se acordó trazar una ruta que busque la interlocución al más alto nivel con el presidente de la República, y no con los Secretarios de Estados que han estado atendiendo, ya que desde diciembre del 2019 se rompió el diálogo y desde esa fecha se encuentran a la expensas de reanudarla y poder hacer saber toda la problemática que enfrenta el magisterio chiapaneco y eso solo será a través de la presión social”, dijo Javier Vidal
“En Chiapas la problemática magistral va en aumento ya que en marzo del 2020 derivado de la pandemia mucho de nuestros compañeros fallecieron, otros se jubilaron y algunos simplemente re-
nunciaron, sin embargo todos esos espacios quedaron descubierto no hubieron contrataciones y la situación se ha hecho insostenible para muchas comunidades”, señaló. Por último indicó que hay mucha
escuela desmantelada ya que no se pagaron los recursos, la sección 7 como gestora de estas incidencia se han visto obstaculizados por la secretaría de educación al solicitar la presentación de nuevos maestros.
Piden justicia en caso de joven muerto por accidente de la ruta 73 Indicó que intentaron salvarle la vida a Rubén por todos los medios posibles, lo internaron en un hospital particular y compraron aparatos generando así una gran deuda. La aseguradora Banorte ha dado a conocer a la familia que el seguro corresponde a la cantidad de 400 mil pesos. Esto no cubre los gastos que generó el fuerte accidente por las malas condiciones en las que se encontraba la unidad. María Cameras, hizo un llamado a las autoridades para que se atienda este llamado y se haga justicia pues una vida fue truncada y parece no importar a los responsables.
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Denuncian más agresiones en el municipio de Tila Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)
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l Comité Digna Ochoa dio a conocer que en el «Anexo Unión Juárez”, municipio de Tila, Chiapas, integrantes de grupos autónomos pertenecientes al CNI-EZLN se encuentran provocando y amenazando, y la noche de este domingo 28 de noviembre, les tiraron 2 piedras grandes en el techado de la señora Carmen Martínez Martínez. “Es mucho lo que están haciendo los Autónomos y su líder Pedro Ortiz Gutiérrez alias el ejército, quien está amenazando mucho por el radio de que nos van a matar con armas de alto calibre. Urge que se denuncie a los gobiernos federal y estatal y medios de comunicación que esta siendo atacada la señora, que está sola en su casa por eso urge reportar”, dio a conocer en un escrito. Es de recordar que desde años atrás, ambos grupos han mantenido diferencias como lo ocurrido en
Es de recordar que desde años atrás, ambos grupos han mantenido diferencias como lo ocurrido en agosto de este año, cuando autoridades del Comisariado Ejidal Legal y denunciaron la retención de Samuel López Martínez en Tila y fue trasladado a la cárcel de Anexo Unión Juárez, donde fue amenazado de muerte y estuvo cerca de dos horas
agosto de este año, cuando autoridades del Comisariado Ejidal Legal y denunciaron la retención de Samuel López Martínez en Tila y fue trasla-
dado a la cárcel de Anexo Unión Juárez, donde fue amenazado de muerte y estuvo cerca de dos horas. Han señalado que Los Autónomos
son encabezados por Lorenzo Jiménez Ramírez y su compañero Samuel López se encontraba en su milpa trabajando cuando fue agredido. “La gente que está con Miguel Vásquez Gutiérrez comisariado ejidal legal, pero están bloqueando las entradas de esa comunidad para evitar que sea trasladado a la cárcel autónomo en la cabecera de Tila”. El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa ha informado que los hechos ocurrido en Tila, han informado a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población, a la Secretaría de Gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Diálogo con los Pueblos Indígenas de la misma Secretaría de Gobernación.
Acciones afirmativas implementadas en 2021 originaron mayor representación política indígena: Oswaldo Chacón Rojas Teniendo como sede la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, este lunes 29 de noviembre, se inauguró el Foro “Expectativas hacia la Reforma Constitucional de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual contó con la participación del Magistrado Presidente de ese órgano jurisdiccional, Reyes Rodríguez Mondragón, la Magistrada Janine Otálora Malassis; el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. (ATERM), César Lorenzo Wong Meraz; el consejero presidente del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas; y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera. Este foro se desarrolló con la finalidad de ahondar sobre el alcance y desarrollo de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, marginados e invisibilizados en México, como son las y los integrantes de pueblos indígenas. Así como, para analizar las posibilidades para revertir condiciones de desigualdad a partir de la propuesta de reforma de 2021 al Artículo 2º Constitucional.
Durante la primera mesa de trabajo, el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, afirmó que los intentos de simulación de los que han sido objeto algunas acciones afirmativas, se resolverán definitivamente en la medida en que culturalmente se consoliden de manera plena los derechos de igualdad, lo que implica cambiar la mentalidad de las personas. “La consulta indígena, las elecciones por sistemas normativos y la implementación de medidas afirmativas son escenarios de oportunidad”, añadió Chacón Rojas, quien ejemplificó que, durante este año, el IEPC impulsó acciones afirmativas que propiciaron mayor representación indígena en el Congreso y los Ayuntamientos. Refirió que, en los próximos días, y por segunda vez, las y los habitantes del municipio Oxchuc tendrán elecciones municipales por sistemas normativos indígenas, e hizo un llamado a la ciudadanía para hacer valer la riqueza del modelo por la vía de los acuerdos y los consensos, así como encauzar las inconformidades a través de las vías jurisdiccionales. Durante el segundo panel, se llevó a cabo la presentación del libro “Casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunida-
des Indígenas”, obra coordinada por la Magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, con la presencia del Magistrado del TEECH, Gilberto de Guzmán Bátiz García, la consejera electoral del IEPC, Sofía Martínez De Castro León; el Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Jacobo Mérida Cañaveral; y el representante de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Javier Sánchez Garduño. Al respecto, la consejera Sofía Martínez, presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, explicó que, los casos que aquí se presentan son ejemplos de litigios estratégicos que maximizan los derechos político-electorales, “son nueve casos emblemáticos, analizados por nueve especialistas”, en temas como la libre determinación, la autonomía y consulta de los pueblos originarios, la violencia política en razón de género, la terminación anticipada del mandato de sistemas normativos internos, la administración directa de recursos por parte de las comunidades indígenas, la representación política de los pueblos y comunidades, el reconocimiento a la identidad, el derecho al voto de personas desplazadas internas y el voto acti-
vo de personas en prisión preventiva. “Me parece acertado presentar esta obra en un día tan importante como es la conmemoración del Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, ya que nos permite conocer los casos más emblemáticos de la defensoría, que ha ocupado un papel primordial desde su creación en 2016, al constituir por medio de sus servicios gratuitos de asesoría y defensa electoral una protección jurídica especial para acortar las brechas de desigualdad. Los casos son ejemplo de litigios estratégicos para maximizar los derechos políticos electorales de forma general”. La titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Marina Martha López Santiago fue la encargada de moderar ambas mesas de trabajo, ante la presencia de integrantes de pueblos y comunidades indígenas de diversas partes del país, así como representantes académicos y de la sociedad civil.
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Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)
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axaca ocupa el décimo cuarto lugar en homicidios dolosos al contabilizar 2 mil 510 casos acumulados en los casi tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Y aunque se encuentra por debajo de la media nacional, Oaxaca supera a Zacatecas, Sinaloa, Quintana Roo y Tamaulipas, entidades donde la violencia se ha recrudecido. Por encima de Oaxaca se encuentra Guanajuato con 8 mil 764 homicidios dolosos seguido de Baja California con 7 mil 741; Estado de México con 7 mil 149; Chihuahua con 6 mil 327; Michoacán con 5 mil 598; Jalisco con 5 mil 513; Guerrero con 3 mil 949; Sonora con 3 mil 805; Veracruz con 3 mil 757; Ciudad de México con 3 mil 444; Puebla con 2 mil 270; Nuevo León con 2 mil 692 y Morelos con 2 mil 627. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, informó ante el presidente López Obrador y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa que la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al mes de octubre, que la incidencia delictiva de Oaxaca, va a la baja. Asimismo, dio a conocer que para fortalecer la seguridad en la entidad, en lo que va del año se llevan construyendo seis compañías de la Guardia Nacional, que sumadas con las siete construidas en 2020 y las dos que se prevén construir para 2022 y 2023 en Huautla y Asunción Nochixtlán, darán un total de15 compañías y la Coordinación Estatal. Respecto al combate contra la delincuencia organizada, destacó la destrucción de más de 8 mil plantíos de mariguana, en 337 hectáreas, y
De la Redacción Ciudad de México (apro)
El Cártel de la Sierra “CDS”, encabezado presuntamente por Onésimo Marquina, también líder de Los Tlacos, en referencia al poblado de Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, amenazó en mensajes escritos a los de Huitzuco, imponiéndoles un toque de queda a partir de las 6 de la tarde a riesgo de ser asesinados. “A ver gente, quiéranse tantito con una v…, se les hizo el toque de queda y les vale v…, entiendan, no queremos ver a nadie después de las 6 pm, prohibido hacer fiestas, andar tomando, entiendan hijos de la v…”, dice una de las amenazas, de acuerdo con el diario Reforma. “Para esa gente que sale en la madrugada, cuídense, arrasamos con todos, cancelen serenatas, excursiones, salidas en la madrugada, porque así como a ustedes les vale, a nosotros también, por seguridad no lleven a sus niños a clases, canchas de fútbol,
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En tres años hubo 2 mil 510 homicidios dolosos en Oaxaca: Sedena El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, informó ante el presidente López Obrador y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa que la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al mes de octubre, que la incidencia delictiva de Oaxaca, va a la baja
5 mil 592 plantíos de amapola, en 360 hectáreas; así como 3 mil 601 kilogramos de mariguana, 395 kilogramos de cocaína, 434 detenidos, 518 vehículos asegurados, 258 armas largas y cortas. Sandoval González reconoció que los municipios -con mayor número de habitantes- como Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, Juchitán de Zaragoza, Santa Cruz Xoxocotlán y Salina Cruz, concentran el mayor número de eventos delictivos como el secuestro, robo de
vehículos, extorsión, homicidios dolosos, la trata de personas, el robo a casa habitación, robo en transporte. En conferencia mañanera realizada desde la 28 zona militar ubicada en Santa Lucia del Camino, reportó que en octubre los homicidios dolosos alcanzaron los 75 eventos, con una tendencia hacia la baja con 616 eventos en el año. En cuanto a secuestros también existe una tendencia a la baja, dos eventos en octubre, en el 2020 se presentaron 31 y en lo que va del año
llevan 21 eventos de esta naturaleza, mientras que el robo a vehículos alcanzó 91 en octubre, 775 durante el año, con tendencia a la baja. Sandoval González, informó que la extorsión registro 11 eventos en octubre, 106 en el año, con una tendencia similar hacia la baja y la trata de personas, solamente un evento de esta naturaleza cuando en el 2020 se presentaron 14 y en el 21 van dos eventos de esta naturaleza. El robo a casa habitación fueron 92 los registrados con tendencia a la baja y 911 en el año; y el robo en transportes fueron 32 en octubre y 292 en el año, con tendencia a la baja. Finalmente informó que de la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ámbito federal se proporcionan 211.9 millones de pesos, por parte del estado 52.9, haciendo un total de 264.9 millones de pesos. Y en el Fortamun, que es el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales, 2 mil 742.7 millones de pesos.
El Cártel de la Sierra impone toque de queda en Huitzuco, Guerrero quedan prohibidas también hasta el 3 de diciembre, no es juego”. Este grupo armado tiene presencia en la zona norte de Guerrero, colindando con Puebla y Morelos, y pelean la región por el trasiego de droga y extorsiones. Las intimidaciones han surgido efecto, pues las autoridades municipales cierran actividades apenas atardece, los comerciantes bajan su cortina temprano, hay ausentismo en las escuelas, y los transportistas reducen horarios de corridas a otros municipios. Ya hubo ejecuciones de jóvenes y trabajadores que no han acatado esta imposición. ”Se les hizo el toque de queda y les vale, entiendan no queremos ver a nadie después de las seis de la tarde,
queda prohibido hacer fiestas, andar tomando y en moto”, lanzó nuevamente el Cártel de la Sierra. “Señor presidente municipal de Huitzuco (Eder Nájera Nájera, Morena), señora Gobernadora (Evelyn Salgado, Morena), nuestro respeto para su Gobierno, pero también respeten nuestro trabajo”, advirtieron.
A mediados de la semana pasada, la gobernadora Evelyn Salgado anunció operativos de la Policía estatal, en conjunto con la Secretaría de Marina, en este municipio. Sin embargo, Huitzuco no forma parte del “Operativo Refuerzo 2021”, centrado en Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
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Aline Espinosa Gutierrez Ciudad de México. (Cimacnoticias)
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a campaña “Poder para niñas y adolescentes para América Latina y el Caribe” fue lanzada por la organización “Girls Not Brides Latinoamérica” en el marco de los “16 días de activismo contra la violencia de género” a fin de implementar acciones para que los matrimonios forzados en menores de edad sean erradicados y ellas puedan tomar decisiones plenas sobre su vida, cuerpo y futuro. Cabe recordar que los “16 días de activismo contra la violencia de género” es una campaña internacional anual que empieza el 25 de noviembre, el “Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer” y sigue hasta el 10 de diciembre, el “Día de los Derechos Humanos”. Esta campaña fue impulsada en 1911 durante la inauguración del Women ‘s Global Leadership. En conferencia de prensa, la asistente de programa de Girls Not Brides, Gabriela García Patiño, explicó que la campaña tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre el impacto del matrimonio y uniones infantiles tempranas y forzadas a nivel comunitario, local, y nacional para así movilizar el apoyo político y financiero hacia este problemática, que ha avanzado de manera grave en los últimos 25 años. García Patiño enfatizó que México es uno de los países que no ha tenido avances para disminuir la prevalencia de los matrimonios forzados en menores de edad en los últimos 25 años, por lo que se estima que 150 millones de niñas y adolescentes se habrán unido para 2030, cifra que puede incrementar a 13 millones más, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En cambio Europa, Asia del este, y África, son los continentes
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Inician campaña contra matrimonio infantil
Cabe recordar que los “16 días de activismo contra la violencia de género” es una campaña internacional anual que empieza el 25 de noviembre, el “Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer” y sigue hasta el 10 de diciembre, el “Día de los Derechos Humanos”. Esta campaña fue impulsada en 1911 durante la inauguración del Women ‘s Global Leadership
con mayores avances, los cuales han reducido esta problemática hasta en un siete por ciento. En su opinión los matrimonios forzados en menores de edad son “vistos como algo normal” e invisibilizados en el país, por ello estas uniones no tienen registro oficial y usualmente la diferencia entre las niñas y adolescentes unidas y sus parejas varía, pero en 23 países se constató que en más del 30 por ciento la diferencia de edad es de 4 a 9 años y en el 20 por ciento de más de 10 años. La situación se agrava aún más en zonas rurales, hogares de escasos recursos o con menor acceso a
la educación. De acuerdo con datos de “Girls Not Brides”, en el mundo, al año, casi 12 millones de menores de 18 años se unen, es decir , 23 niñas o adolescentes por minuto. Estos matrimonios forzados tienen como consecuencia otras problemáticas como los embarazos no deseados en menores de edad. Todos los años hay 10 mil embarazos en menores de 15 años, las cuales sufren de complicaciones peligrosas durante el embarazo, de acuerdo con el UNFPA. García Patiño y la oficial senior de política global y promoción de “Girls Not Brides”, Zoe Birchall invitaron a
la sociedad a colocarse un listón en la mano para mostrar que es necesario escuchar las voces de las niñas y adolescentes para que ellas puedan usar su poder individual y colectivo, y ejercer sus Derechos Humanos, y que las autoridades mexicanas hagan compromisos tangibles. Zoe Birchal explicó que el listón cruzado será utilizado como un símbolo de la campaña que tiene como fin recuperar el poder y fortaleza de las menores de edad. “Muestra tu apoyo a a la campaña al atar un listón de cualquier color alrededor de tu muñeca y tomar una fotografía para compartirla en tus redes sociales bajos los hashtag #PoderParaNiñasYAdolescentes #PowertoGirls”, agregó. Ambas especialistas en el tema comentaron que las niñas y adolescentes sólo podrán utilizar el poder que hay en ellas si tienen la libertad de tomar decisiones y construir el futuro que desean, por ello hicieron un llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe para asumir compromisos audaces que actúen en conjunto con la sociedad y las organizaciones civiles de sus países y que pongan en el centro a las menores de edad.
Inicia Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca Citlalli López Velázquez Oaxaca, Oax. (Cimacnoticias)
Minimización de las denuncias previas, corrupción, obstaculización de la justicia, falta de ejecución de órdenes de aprehensión, entre otros, fueron algunas de las características en la cadena de impunidad denunciadas de manera pública por madres y familiares de las víctimas de feminicidio en Oaxaca al participar el el Tribunal Feminista contra el Feminicidio. “Ya no creo en la justicia. Creeré en ella sólo cuando culmine el proceso de mi hija con una sentencia firme”, señaló Zoila Bengochea Espitia, madre de Dafne, asesinada el 9 de abril de 2013 a manos de Enrique Rivera López, quien fue condenado a 78 años de prisión en octubre de 2017, sin embargo Rivera López impugnó apostando al desgaste de Zoila Bengochea quien indicó que todo este proceso ha deteriorado su salud. “No sé cuánto tiempo más pueda estar de pie”, expuso ante las juezas que integran el Tribunal Feminista
Contra el Feminicidio en Oaxaca: la coordinadora de Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional, Norma González Benítez; la Coordinadora General del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada; la Coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Cedehm), Ruth Fierro Pineda; la directora de Justicia Pro Persona y Asesora Jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ana Yeli Pérez Garrido; y la abogada Feminista y Defensora de Derechos Humanos, Karla Micheel Salas Ramírez. Quedna Ramírez, fue asesinada el 22 de junio de 2013 a manos de su pareja y padre de su hija entonces de 12 años de edad. A ocho años del delito, las autoridades no han ejecutado la orden de aprehensión a pesar de que la familia aportó los datos suficientes para su ubicación. Quedna había decidido dejar a su agresor, quien la mantenía aislada y alejada de su familia. Ella, entonces de 30 años de edad, acudió ante la sindicatura de su loca-
lidad para solicitar iniciar un proceso de demanda de pensión alimenticia. Las autoridades no sólo no iniciaron el proceso, sino que informaron al agresor y éste, al ostentar poder, asesinó a Quedna. “Fue un asesinato a sangre fría, cruel, le hizo muchas cosas a su cuerpo”, expresó Minerva Ramírez, una de las hermanas de Kedna. Lizbeth Jiménez Cámara de 19 años de edad fue asesinada el 29 de abril de 2018 en Huajuapan de León. El feminicidio fue intentado disfrazar de suicidio. El señalado por estos hechos fue su pareja. En este caso, el mismo médico perito que durante las primeras indagatorias señaló que no coincidían algunos elementos con lo relatado por el imputado, más adelante rechazó su dicho y negó haber visto quemaduras y golpes en el cuerpo de Lizbeth. Las autoridades ya habían dado carpetazo, sin embargo Luz del Carmen Cámara, madre de Lizbeth, logró que se reabriera, sin embargo, se
encuentra atorado debido al extravío de algunas hojas que contenían las primeras declaraciones. “Me gustaría que ninguna madre pasara por esto. Es algo que te deja vacía. No hay día en que no piense en ella (…) Duele que las autoridades se vendan y que no investiguen”, expresó Luz del Carmen Cámara. María Hernández Burgos, fue asesinada el 5 de mayo de 2021 en San Pedro y San Pablo Tequixtepec. La mujer adulta mayor ya había denunciado ante la autoridad los constantes episodios de violencia cometidas en su contra por su vecino. Lo anterior fue minimizado a pesar del riesgo que corría. Las autoridades no han ejecutado la orden de aprehensión.
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Aburto fue torturado para sostener versión oficial del asesino solitario en caso Colosio: CNDH Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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un mes de emitir la recomendación que urge a reabrir la investigación sobre el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer documentos que acreditarían la tortura a que fue sometido Mario Aburto Martínez, sentenciado por el homicidio ocurrido en Tijuana, en 1994. “Es convicción de este organismo autónomo constitucional que ha llegado el momento de abrirle paso a la verdad”, indicó la CNDH en la introducción a parte del expediente que dio lugar a la recomendación 48VG/2021, dirigida a la hoy Fiscalía General de la República y al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que hasta ahora no han respondido a la resolución. La recomendación fue iniciada por una solicitud de traslado de Aburto, del penal federal ubicado en Ocampo, Guanajuato, al penal estatal de “El Hongo”, en Tijuana, a fin de estar más cerca de sus familiares, quienes viven en Estados Unidos en calidad de refugiados. De acuerdo al informe dado a conocer este lunes, durante la investigación se constató que Mario Aburto Martínez “fue torturado desde su detención el 23 de marzo de 1994, al igual que otros miembros de su familia, él de manera reiterada hasta años
De la Redacción Ciudad de México (apro)
El Wall Street Journal en una columna de opinión firmada por Mary Anastasia O’Grady señaló que el decreto publicado la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara como obras de interés público y seguridad nacional los proyectos realizados por la administración, es una “señal” de la desesperación del mandatario. “Esto sugiere que (el decreto) es un acto más de desesperación que una muestra de fuerza”, publicó el diario especializado en finanzas en el articulo firmado por O´Grady. Dicho acuerdo publicado en el Diario Oficial generó severas criticas por diversos sectores políticos y organizaciones que anunciaron que impugnarán ante instancias judiciales. Por su parte, el Instituto Nacio-
La recomendación fue iniciada por una solicitud de traslado de Aburto, del penal federal ubicado en Ocampo, Guanajuato, al penal estatal de “El Hongo”, en Tijuana, a fin de estar más cerca de sus familiares, quienes viven en Estados Unidos en calidad de refugiados
reciente”, situación de la que estaba enteradas las autoridades tanto de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y del propio organismo, “y a pesar de eso lo minimizaron y lo desautorizaron” para sostener la versión oficia del “asesino solitario”. Entre los documentos presentados está la transcripción de un interrogatorio realizado el día de la detención de Aburto, el 23 de marzo de 1994, en la que denuncia ante agentes ministeriales haber sido golpeado en la cabeza y ser amenazado de muerte, así como testimonios descartados en la indagatoria que refuerzan la versión de Aburto de haber sido golpea-
do por una persona “que se identificó como miembro del Estado Mayor”, mientras era trasladado de Lomas Taurinas a la delegación de la entonces PGR. El informe especial incluye los partes médicos del día de la detención de Aburto, realizados tanto en Tijuana como en la Ciudad de México, que alertaban sobre las lesiones que presentaba como resultado de los golpes recibidos; la revisión que hicieron médicos del CEFERESO 1, de Almoloya de Juárez, al que fue ingresado Aburto el 25 de marzo de 1994, documentos que están considerados en la denuncia por tortura interpuesta
por el detenido en agosto de 1994, “que ha permanecido archivada sin resolución hasta la fecha”. El informe presentado este día incluye también extractos de declaraciones de médicos contenidos en el reporte final del caso elaborado por la entonces Subprocuraduría Especial encargada de la investigación; la queja interpuesta ante la CNDH por el abogado de la familia de Aburto en marzo de 1996, por tortura, así como el interrogatorio que personal del organismo le hizo el 12 de abril de 1994, en el que describía la tortura a que fue sometido en Tijuana e insiste en su inocencia. “En todo caso, las denuncias de tortura que ha hecho V (Mario Aburto) desde el momento de su detención y sus reclamos fueron descalificadas en la investigación oficial alegando que el inculpado había reconocido que él era el autor de los disparos (…), y que lo había repetido en 16 momentos distintos”, sin considerar que desde el inicio Aburto “gritaba que era inocente”, y que a lo largo de estos 27 años en que ha permanecido detenido ha dicho que es “víctima de un proceso viciado con pruebas y testimonios selectivamente hilvanados”, para responsabilizarlo del asesinato de Colosio, sostiene la CNDH en su informe especial.
Decreto de AMLO sobre sus megaproyectos, es “un acto de desesperación”: WSJ nal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) consideró que el acuerdo plantea una “posible transgresión” del artículo 6 de la Constitución Política de México. “En tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, agregó. Además, la dirigencia nacional del PAN anunció que presentará todos los recursos legales posibles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para impulsar y apoyar todos aquellos que organismos o particulares también presenten.
“Es realmente inaceptable ver cómo el presidente es candil de la calle
y oscuridad de su casa”, sostuvo el dirigente del partido, Marko Cortés.
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Sembrando vida no tiene relación con mis hijos; investigación de Proceso y Aristegui busca manchar: AMLO Ezequiel Flores Ciudad de México (apro)
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l presidente Andrés Manuel López Obrador criticó hoy al semanario Proceso y la periodista Carmen Aristegui por el reportaje titulado: Sembrando vida y la fábrica de chocolates donde se indica que el programa estelar del gobierno federal para generar empleo en el campo y luchar contra la deforestación en su natal estado de Tabasco el cacao ha adquirido preponderancia gracias a Hugo Chávez Ayala, empresario que se beneficiaría con los productos. “Sacaron un reportaje sobre un terreno que tienen mis hijos, heredado desde que vivía su mamá, es una herencia familiar, hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos para buscar mancharnos con la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna”, expresó el mandatario sin pregunta de por medio. Desde el estado de Oaxaca, lugar donde se realiza la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal dedicó un amplio espacio para fijar su postura ante el reportaje y criticó la línea editorial del semanario Proceso y de la periodista Carmen Aristegui. “Nada más aclarar que no es cierto lo que plantean en su reportaje y también aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento, ellos dicen que porque son independientes y yo sostengo que sí son independientes pero independientes del pueblo”, dijo y agregó: “Nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo a favor del pueblo, nada más dejarlo en claro porque luego hay confusión, se piensa que
De la Redacción Ciudad de México (apro)
El presidente consejero del Instituto nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reveló que le han planteado ser candidato presidencial de la oposición para las elecciones de 2024. No obstante, aclaró que ha rechazado dichas “expresiones” de aceptar esta postulación, pues dijo que al terminar su encargo en el órgano electoral volverá a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a dar clases. “Ha habido expresiones que lo han planteado, pero he sido muy claro y contundente con mi respuesta. Yo tengo una responsabilidad que cumplir al frente del INE hasta el 3 de abril de 2023”, reveló Córdova Vianello al
estos medios seudo objetivos, seudo progresistas, seudo independientes tienen vinculación con nosotros y no, ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación, no hay simpatías”, advirtió. Luego, arremetió directamente contra Carmen Aristegui al decir que es colaboradora del diario Reforma y “pues pertenece al grupo que apoya al bloque conservador”, aseguró el presidente Obrador. “Nada más aclararlo porque ya no estamos en los tiempos de la simulación y hay muchos que están en nuestro movimiento que apoyan la transformación y que piensan que son personas que han ayudado al movimiento, o apoyan al movimiento y no. Ni cuando vivía don Julio Scherer que lo quiero mucho, lo sigo queriendo, pero en Proceso tenían una línea editorial que no era afín a la nuestra”, reprochó el mandatario. Enseguida, recordó la portada de Proceso titulada “La estrategia soy yo” de 2006 y dijo: “Recuerdo que estábamos en plena guerra sucia, nos estaban bombardeando en víspera de las elecciones del 2006 y la portada de Proceso fue en contra mía, la recuerdo bien porque es parecida a la campaña de ahora de que
soy autócrata, autoritario, dictador. En aquel entonces la campaña de la portada de Proceso era ‘El Estado soy yo’ (sic) pero eso en la época de don Julio (Scherer), estoy hablando del Francisco Zarco del siglo XX según el finado Carlos Fuentes”, expresó. “Si eso que estamos hablando de Proceso sucedía en ese tiempo del mejor periodista que había pues imagínese ahora Proceso ¿cómo está?”, indicó. Enseguida, el presidente López Obrador hizo la siguiente aclaración al reportaje de Proceso que circula esta semana. “Aclarar esto con todo respeto para que no quede ahí en la indefinición y decirles que el terreno que tienen mis hijos son 52 hectáreas, tienen 16 hectáreas cada uno, se las entregó su abuelo el papá de la mamá por eso los chocolates se llaman Rocío, que era mi esposa, la mamá de mis hijos que falleció y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron Cacao”, dijo y agregó: “En el sexenio pasado les ofrecieron créditos, no los aceptaron, nunca se ha aceptado un apoyo del gobierno y no tiene nada qué ver con el programa Sembrando Vida porque no he visto lo que dicen en la entrevista pero me consultó Andres, porque le mandaron así
al estilo del periodismo muy objetivo, le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo un día, tal hora y si no contestaba ya podían decir en el reportaje que fueron consultados pero no respondieron”, señaló. “Había una pregunta en el sentido de que el programa Sembrando Vida había surgido de un agrónomo amigo de mis hijos que estuvo trabajando en el gobierno y que él fue el que creó el programa Sembrando Vida, pues no. Ese programa salió de aquí, de esta cabeza cómo el programa de Adultos Mayores salió de aquí (señalando su corazón), no está copiado de ningún lugar del mundo”, aseguró el mandatario. “Lo otro, imagínense, de que con el programa Sembrando Vida se está fomentando en el caso de Tabasco para que se produzca cacao y la fábrica de chocolates tenga materia prima. No se miden, pero es su conservadurismo, los saca de quicio”, aseguró. Luego, dijo que el espacio de sus conferencias mañaneras le sirve para aclarar cuando no está de acuerdo con un tema específico y por ello, justificó la existencia de las secciones: Quién es quién en los precios y Quién es quién en las mentiras de la semana. “Me sirve para eso porque durante mucho tiempo, ahora es distinto pero la gente pensaba que Carmen Aristegui era una periodista de vanguardia, yo me quedaba callado pero en el mismo movimiento nuestro por respeto pero era una especie de paladina de la libertad y yo tengo otra opinión”, dijo y remató: “Cuando nosotros estábamos en la oposición, (Carmen Aristegui) me entrevistaba una vez cada seis meses y buscaba ponerme en entre dicho como buena periodista conservadora, entonces, he dicho”, concluyó.
Me han planteado ser candidato presidencial, pero soy contundente en mi respuesta: Córdova participar en la inauguración del Foro de la Juventud por el Futuro de la Ciudadanía en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Lorenzo Córdova dijo que tras concluir su encargo al frente del INE, lo podrán encontrar en el cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “A partir de entonces, la única boleta en la que voy a aparecer, va a aparecer mi nombre son en las boletas de calificaciones de mis alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM”, expresó el presidente del INE.
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ONU-DH analiza implicaciones de acuerdo de AMLO sobre seguridad nacional Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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a oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) informó que revisa “las posibles implicaciones en la vigencia de los estándares internacionales” del acuerdo presidencial que califica como “de interés público, seguridad nacional, prioritarios y estratégicos”, los proyectos y megaobras realizadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su cuenta de Twitter la ONUDH indicó que entre los aspectos a revisar del documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes 22 de noviembre, están los aspectos relacionados con los instrumentos internacionales de carácter ambiental, de derecho a la información, sobre el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas y de debida diligencia, entre otros. El organismo internacional recordó que el gobierno tiene “el deber estatal de estimar previamente los impactos y riesgos de sus proyectos y obras mediante evaluaciones de impacto ambiental, con la participación de las personas interesadas y, en el caso de pueblos indígenas, respetando sus derechos colectivos”. Agregó que, conforme al Acuerdo de Escazú, firmado por el gobierno
Ezequiel Flores Ciudad de México (apro)
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no ha variado” el comportamiento de la incidencia delictiva en estados gobernados por Morena como Guerrero, Sonora y Zacatecas donde actualmente grupos armados mantienen una confrontación violenta que ha dejado asesinados, desaparecidos, desplazados y zonas silenciadas. En la conferencia mañanera, dijo que se ha registrado una reducción del 3.9 por ciento en los índices de homicidios dolosos en el país, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). “Creo que el comportamiento de la incidencia delictiva no ha variado. Ya, antes de que tomara posesión el gobernador de Zacatecas (David Monreal) ya venía creciendo la violencia y se intensificó, y ya por eso
El organismo internacional recordó que el gobierno tiene “el deber estatal de estimar previamente los impactos y riesgos de sus proyectos y obras mediante evaluaciones de impacto ambiental, con la participación de las personas interesadas y, en el caso de pueblos indígenas, respetando sus derechos colectivos”
de México, persiste la obligación del Estado “de proporcionar información y asegurar la participación directa en asuntos ambientales”. Tras destacar que México también es firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), abundó en que ante la construcción de obras en áreas habitadas por pueblos originarios, es necesario “realizar consultas previas,
libres e informadas con los pueblos indígenas sobre medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Resaltó que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, México está comprometido a que “las limitaciones de acceso a la información, incluyendo por motivos de seguridad nacional, salvaguarden un
interés legítimo y sean necesarias”, en apego a la “rendición de cuentas y respeto del derecho a un recurso efectivo en estos casos”. En ese sentido, la revisión de la ONU-DH constatará que se cumpla “el deber de abstenerse de restricciones generalizadas de acceso a la información por ser incompatibles con estándares internacionales”, en apego al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, la ONU-DH recordó la obligación del Estado mexicano de garantizar la “debida diligencia en materia de derechos humanos como actor económico en sus proyectos”. El “Acuerdo sobre los proyectos y obras considerados de interés público, seguridad nacional, prioritarios y estratégicos”, ha sido duramente criticado por organizaciones de la sociedad civil, por considerarlo anticonstitucional y violatorio de derechos humanos, en tanto que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ha alertado de que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentará una controversia constitucional.
Violencia en estados gobernados por Morena no ha variado, pero “estamos actuando”: AMLO estamos actuando”, expresó el mandatario. Luego, señaló que, en el caso de Guerrero, administrado por Evelyn Salgado Pineda, la hija del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, “vamos a decir que se mantiene como estaba antes”, consideró. “Sí hay estos hechos de violencia lamentables”, dijo en referencia a la confrontación que mantienen los grupos delictivos de Los Tlacos y Guerrero s Unidos en la zona Norte de la entidad que ha provocado un virtual toque de queda en el municipio de Huitzuco de los Figueroa y los homicidios diarios que se registran en las principales ciudades como Chilpancingo, Iguala y Acapulco. Sobre el estado de Sonora, gober-
nado por Alfonso Durazo afirmó que la violencia “ya también venía creciendo”, sobre todo en el sur como en Guaymas y Cajeme. “Pero ya estamos actuando y po-
dría decirles que ha habido una disminución, muy pequeña, pero disminución de homicidios en general en este año de 3.9 por ciento”, presumió el mandatario.
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EL PATO DONALD AYUDA A LEER LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN CHILE Ariel Dorfman
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edio siglo ha pasado desde aquel noviembre de 1971 cuando se publicó en Chile Para leer al Pato Donald, un libro que escribí junto al sociólogo belga Armand Mattelart. Jamás anticipamos que nuestro ensayo, traducido a decenas de idiomas, llegaría a convertirse en un best-seller internacional, siendo abrazado por eminentes escritores como Umberto Eco y John Berger. Había nacido, más bien, con un fin práctico: participar en el experimento chileno de construir el socialismo utilizando, por primera vez en la historia, métodos electorales y pacíficos. Esto significaba que el gobierno de Salvador Allende, que había captado la Presidencia en septiembre de 1970, tendría que llevar a cabo profundas transformaciones sociales y económicas sin contar con todo el poder. Sería necesario ganar la batalla por la opinión pública y la conciencia de los votantes en una situación de considerable desigualdad, ya que la mayoría de los medios de comunicación se encontraban en manos de los enemigos de esas transformaciones estructurales. En esta lucha por definir la identidad de Chile y dejar atrás las trabas y prejuicios del pasado, el gobierno de Allende contaba, eso sí, con la editora más importante del país que, por sus deudas, había pasado a manos del Estado. Rebautizada como Quimantú (Sol del Saber. en mapuche), se publicaron millones de libros a precios irrisorios, además de revistas de toda índole, incluyendo historietas tanto infantiles como adul-
tas, que debían competir en un mercado saturado de productos extranjeros. Entender cómo funcionaban esos comics que, provenientes del extranjero, se consumían masivamente en Chile, para poder idear alternativas, parecía una tarea urgente, y Armand y yo nos propusimos analizar las historietas más populares en Chile –y en el mundo–, las que generaba la inmensa corporación fundada por Walt Disney. Si elegíamos un personaje emblemático –el Pato Donald– y revelábamos los mensajes secretos que se escondían detrás de su fachada inocente y supuestamente apolítica, sería una manera original de desnudar la ideología dominante en Chile. Explorar cómo Disney concebía el trabajo, el sexo, la familia, el éxito, la relación entre países pobres y prósperos, permitiría entender las formas insidiosas en que el capitalismo y el american dream of life se presentaban como únicas vías para alcanzar el desarrollo y el bienestar. Para leer al Pato Donald –pergeñado en 10 días febriles– causó furor y furia al publicarse, imprimiéndose pronto una segunda entrega masiva, con una tercera que no pudo distribuirse porque sobrevino el golpe militar. Esta última edición fue echada a la bahía de Valparaíso. También quemaron a nuestro palmípedo. Cuarenta años después de que los nazis habían incinerado tantos volúmenes “degenerados”, las fogatas se repitieron. Días después del golpe, en una casa donde estaba escondido, vi por televisión a un grupo de soldados lanzar sobre una pira inquisitorial centenares de libros, entre los cuales se en-
contraba el nuestro. Intentos de suprimir nuestra visión subversiva siguieron fuera de Chile, siendo incautados por la aduana norteamericana, a instancias de Disney, miles de ejemplares de la traducción al inglés: se acusaba a How to Read Donald Duck de reproducir los dibujos de los comics sin autorización de su propietario. Ganamos el juicio respectivo, pero, atemorizados de que Disney los enjuiciara, diversos editores norteamericanos se negaron a publicar el libro que recién el año pasado tuvo una edición en la patria del Tío Walt. ¿Qué vigencia tiene ese juvenil libro, forjado apresuradamente en medio de una revolución que tenía sus horas contadas? Si bien nuestro panfleto adolece de limitaciones propias de la época en que nació, creo que tiene algo que ofrecer en un momento en que inmensos movimientos sociales cuestionan el modelo neoliberal que ha generado tanta desigualdad e injusticia. Ante la nueva necesidad de refundar la sociedad, lo que más rescato hoy de Para leer al Pato Donald es su desfachatez, su sentido del humor, la energía díscola que nos aportaba un pueblo en marcha, cualidades que se observan ahora mismo en Chile, donde, coincidiendo extrañamente con el cincuentenario de nuestro libro, se está por celebrar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Es casi seguro que uno de los candidatos que pasará a la segunda rueda sea el pinochetista José Antonio Kast, admirador de Trump y Bolsonaro, que personifica las ideas tradicionales sobre
trabajo, familia, conservadurismo, sexo, competencia a mansalva y miedo al cambio que criticábamos en nuestro libro. No sé si Kast, que tenía siete años para el golpe de 1973, vio la quema del Pato indefenso por televisión. Es probable que su padre, un oficial nazi que buscó refugio en Chile después de la caída del Tercer Reich, celebrara esas piras inquisitoriales que le recordaban los buenos tiempos de Hitler. Lo seguro es que a Kast no le gustaría nuestro libro. En cambio, Gabriel Boric, el otro candidato con posibilidades de ser presidente, representa a un Chile que busca liberarse del pasado y obtener justicia para el futuro, encarnando las fuerzas que, con sus protestas –en efecto, desfachatadas e insolentes–, crearon las condiciones para que se esté escribiendo una nueva Constitución plenamente democrática, una tentativa de leer a Chile con ojos insurrectos. Boric y sus seguidores se atreven a pensar, sentir y gozar la realidad de una manera alegre y rebelde que me recuerda el espíritu que animaba a los allendistas de medio siglo atrás. Y noto, con satisfacción, que Boric –nacido 15 años después de que nuestro libro fuera suprimido con tanta violencia– llegó a leerlo en su adolescencia, cuando fue uno de los líderes estudiantiles que se sublevaron contra las inequidades del periodo posdictatorial. Parafraseando a Corneille en Le Menteur, quizás pueda afirmarse dentro de poco que Para leer al Pato Donald, quemado, ahogado, incautado, mil veces dado por muerto, goza de buena salud.
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EL PRESUPUESTO TIENE EN LA TABLITA A VARIOS PODERES JUDICIALES
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Es posible la existencia de un Estado democrático sin poderes judiciales que efectivamente impartan justicia y resuelvan los conflictos? Hoy, en algunas entidades de nuestra República, esta pregunta no es retórica. De septiembre a la fecha se ha hecho público que no uno, sino 11 poderes judiciales están pasando por dificultades financieras o requieren un aumento presupuestal para el siguiente año. En algunos casos, estas circunstancias ponen en riesgo la continuidad de su operación. En la prensa se reportan diversas situaciones relacionadas con la insuficiencia presupuestal, que van desde la dificultad de invertir en proyectos, la necesidad de recortar gastos, complicaciones para pagar la electricidad o el agua y adeudo de impuestos, hasta la imposibilidad de pagar sueldos y prestaciones, lo que ha ocasionado protestas y paros de labores. En consecuencia, los poderes judiciales de Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Tlaxcala y San Luis Potosí han manifestado que en 2022 requieren un aumento en su presupuesto, ya sea para lograr la implementación de la justicia laboral y de herramientas como la firma digital, o para la creación de más juzgados y la contratación de más personal. Por supuesto también está la polémica situación del Poder Judicial de Veracruz, que como ya analizamos hace unos meses, tiene un déficit que ha implicado incluso el cierre de órganos jurisdiccionales. ¿Qué es lo que está ocasionando estas crisis presupuestales? ¿El problema tiene que ver con una mala gestión interna o con la asignación de un presupuesto austero que no corresponde con las necesidades?
La vulnerabilidad estructural
El presupuesto (y, en el fondo, la independencia judicial) pueden verse impactados por las decisiones del poder político desde dos ángulos: la asignación del presupuesto y la entrega del mismo. Por lo que refiere a la asignación, debemos recordar que todos los poderes judiciales, ya sea a través de su Tribunal Supremo o del Consejo de la Judicatura[1], tienen la facultad de elaborar y presentar su proyecto de presupuesto[2], algunos ante el Poder Ejecutivo –que lo turna al Legislativo– y otros directamente ante el Poder Legislativo, pero al final estos poderes políticos son los que determinan el monto que se asigna a los poderes judiciales. Tal como observábamos a principios de 2020, muy pocas legislaciones prevén la facultad expresa del Ejecutivo de modificar el presupuesto enviado por los poderes judiciales. Sin embargo, no es excepcional que
Laurence Pantin, Alejandra Quezada y Ramiro Suárez
los Ejecutivos modifiquen a la baja estos proyectos, a veces sin consultar a los poderes judiciales, o sin la posibilidad de que éstos puedan negociar para impedir la reducción, como lo señalamos en nuestro informe Independencia y buen gobierno de los poderes judiciales[3]. Este fenómeno refleja que la función de los poderes judiciales a menudo es minusvalorada para los decisores del presupuesto. De acuerdo con la información presupuestal reportada en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2021, los poderes judiciales de las 31 entidades que reportaron información completa[4] reciben en promedio un presupuesto 18% más bajo que el solicitado. Sólo en cuatro poderes judiciales se aprobó la cantidad prevista en el proyecto[5]; en otras cuatro la aprobación superó lo proyectado[6] entre el 7.3% y el 11.7%, y en los 23 restantes el presupuesto aprobado fue inferior al del proyecto. Incluso, en casos como los de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Sonora y Zacatecas el aprobado fue 40% más bajo que el solicitado, con casos extremos como el de Morelos, que acabó con un presupuesto 60% inferior al del proyecto. Cabe señalar que algunos estados cuentan con garantías presupuestales para sus poderes judiciales, que pueden ser de dos tipos: por un lado, que obtengan un porcentaje mínimo del presupuesto general[7], de los ingresos[8], de los egresos[9] o del gasto programable[10] y, por otra parte, una suerte de cerrojo que asegura que el presupuesto programado nunca sea inferior al del año anterior. Tras hacer una revisión notamos que 18 poderes judiciales y el federal no tenían ninguna de estas protecciones presupuestales, mientras que ocho poderes judiciales sólo contaban con la garantía de la no disminución del presupuesto respecto del asignado el año anterior. En dos su única garantía era la del porcentaje mínimo y cuatro contaban con los dos tipos de garantías. Pero éstas no necesariamente se respetan: en los dos poderes judiciales cuya garantía es un porcentaje mínimo del presupuesto general del estado sólo se respetó la garantía en Tamaulipas[11]. Por otra parte, al revisar la cuenta
pública para 2020, se observa que sólo 10 de los 32 poderes judiciales obtuvieron una asignación equivalente al 2% o del presupuesto estatal. En últimas cuentas, entre 2018 y 2021 el presupuesto de 12 poderes judiciales[12] se ha reducido en términos reales (descontando la inflación), y esto puede ser un factor que contribuye al contexto de insuficiencia y crisis presupuestal. El segundo ángulo desde el cual los poderes políticos pueden afectar presupuestalmente a los poderes judiciales es el que corresponde a la entrega de los recursos previamente aprobados, lo que se le conoce como ministraciones. En el mismo estudio identificamos que tanto la asignación del presupuesto como el retraso en las ministraciones a los poderes judciales –aun y cuando se trata de recursos que ya no están sujeton a debate, toda vez que fueron previamente aprobados– pueden ser una manera que tiene el Ejecutivo de ejercer presión sobre el Judicial. En efecto, la intervención política no termina con la aprobación del presupuesto. Poderes judiciales como el de Zacatecas, Michoacán y Colima han hecho público que están teniendo dificultades para obtener el presupuesto aprobado y, en estos dos últimos estados, sus trabajadores han realizado plantones y paros de labores debido al incumplimiento con el pago de sus sueldos[13]. De acuerdo con notas de prensa, el caso de Colima está relacionado con la insuficiencia presupuestal del Poder Ejecutivo y con el retraso de la dispersión de recursos federales. Ahí está el caso de la Secretaría de Finanzas de Zacatecas, que adeuda al Poder Judicial del estado más de 20 millones de pesos, lo que está dificultando el pago de gastos operativos, según denuncia el presidente del Tribunal, quien también apunta que “no pide nada que no le corresponda”, pues es presupuesto que ya estaba etiquetado[14]. También hay que decir que de nuestro análisis de lo que ocurre al interior de los poderes judiciales se desprende que algunos publican proyectos con escasa información, lo que impide a los encargados de su aprobación, así como a la ciudadanía, conocer cómo y hacia dónde va a orientarse el ejercicio de los re-
cursos[15]. En este sentido, una primera tarea para mejorar el proceso de planeación y presupuestación de los poderes judiciales debe ser la elaboración de proyectos y de presupuestos detallados, que permitan detectar el sustento presupuestal de los programas, proyectos y acciones para mejorar la impartición de justicia. Por otra parte, algunos poderes judiciales tienen variaciones entre los montos aprobados y ejercidos, lo cual, como lo establece uno de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU, puede significar una planeación presupuestaria deficiente. En 2019, 13 poderes judiciales gastaron más del 5% o menos del 5% de los recursos aprobados, y en 2020 así lo hicieron 16 poderes judiciales, 10 de los cuales registraron una variación de más del 10% al alza o a la baja. La primera preocupación que sobreviene cuando se gasta de más es de dónde vienen los recursos. Podrían venir del fondo auxiliar del Poder Judicial, en cuyo caso existe el riesgo de que se ejerzan millones de pesos de manera discrecional y sin controles; o directamente del Ejecutivo, con el peligro que puede representar para la independencia judicial que un Poder Judicial tenga que solicitar al Ejecutivo una ampliación presupuestal. El subejercicio de recursos, en cambio, puede deberse a una mala planeación presupuestal o al hecho de que el Ejecutivo haya retenido, de manera indebida, algunas ministraciones asignadas al Poder Judicial. En todo caso, aun y cuando sea necesario dirigir más recursos a los poderes judiciales, deben generarse cambios legales e institucionales que favorezcan una mejor planeación presupuestal y mayores controles en la ejecución del gasto judicial. Asimismo, los poderes judiciales deben asegurarse de que sus proyecciones presupuestales y sus planes de desarrollo estén alineados.
¿Más afectaciones?
Los retos para los poderes judiciales en los próximos años podrán complicarse si no se pone más atención a los recursos destinados a la impartición de justicia. El CNIJE revela que en 2020 los poderes judiciales de siete estados empezaron a incorporar órganos jurisdiccionales en materia laboral, y aunque apenas representan el 0.7% de todos los órganos jurisdiccionales de primera instancia y el 1.1% de segunda instancia, en éste y en los próximos años este porcentaje deberá incrementarse notablemente, y debería acompañarse de una mayor transferencia de recursos a los poderes judiciales, si no queremos que se ralentice todavía más la impartición de justicia.
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EL ACUERDO QUE AMENAZA LA SEGURIDAD NACIONAL Ricardo Raphael
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l acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes 22 de noviembre, declara asunto de seguridad nacional la realización de prácticamente toda obra o proyecto a cargo de su gobierno. Refiere en concreto a la infraestructura en comunicaciones y telecomunicaciones, aduanas y fronteras, instalaciones hídricas, hidráulicas, medioambientales o turísticas, de salud, vías férreas, ferrocarriles, energía, puertos y aeropuertos, así como cualquier otra considerada prioritaria o estratégica para el desarrollo nacional. En otras palabras, mediante este acuerdo, todo cuanto haga el gobierno lopezobradorista de obra pública es ahora tema de seguridad nacional y por tanto debe ser proyectado, realizado, resguardado y protegido por las Fuerzas Armadas. Mientras no se reforme la Carta Magna, esta instrucción es escandalosamente inconstitucional y también viola una serie de leyes que, dentro de la jerarquía de las normas del Estado mexicano, están por encima del acuerdo emitido. Destacan entre otros ordenamientos las leyes de Seguridad Nacional, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Orgánica de la Administración Pública Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los autores del acuerdo fundamentaron constitucionalmente este instrumento en tres artículos de la Carta Magna (89, fracción 1, 26 y 90). Sin embargo, ninguno de ellos otorga legalidad a su contenido, porque no refieren facultad explícita otorgada al presidente de la República para declarar, como
de seguridad nacional, los proyectos y obras enlistados. En derecho público las facultades que no son explícitamente entregadas a la autoridad están terminantemente prohibidas. Esta es la principal violación constitucional del acuerdo. El instrumento vulnera también protecciones previstas por la Carta Magna a favor de las personas para defenderse de la eventual arbitrariedad del gobierno. Además, atenta contra otros derechos humanos y comunitarios (artículo 1º), inhibe mecanismos institucionales para la defensa del medio ambiente (artículo 4º), desprecia el principio de máxima publicidad de los actos gubernamentales (artículo 6º) y vulnera varios tratados que prevén equidad de participación en la celebración de grandes obras públicas para las empresas extranjeras (articulo 1º). Llama igualmente la atención que este acuerdo no mencione en ningún lugar a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), cuando la seguridad nacional es, supuestamente, el argumento principal para “blindar” las obras y los proyectos. Las personas que redactaron el instrumento cometieron esta omisión deliberadamente, porque su propósito colisiona con los principios y las definiciones que el Congreso de la Unión estableció en ese ordenamiento. ¿Cómo decretar que tal o cual proyecto es fundamental para la seguridad de la nación si no se precisan antes los riesgos que están en juego? Aquí la palabra “amenaza” es central. Para definir que un asunto es de seguridad nacional es indispensable precisar los riesgos que corre la nación y la LSN es rigurosa a la hora de acotar la lista de
eventos considerados como tales (artículo 5º). Entre otros destacan el espionaje, el sabotaje, el terrorismo, la traición a la patria o el genocidio. También la obstrucción o bloqueo en operaciones militares o bien los actos de intervención extranjera. Ninguno se equipara a las consideraciones del acuerdo presidencial. Por otro lado, la misma ley establece la obligación del mandatario para someter ante el Consejo de Seguridad Nacional aquellas instrucciones relacionadas con esta competencia y, sin embargo, las personas que redactaron el acuerdo olvidaron completamente la existencia de dicha instancia (artículo 13). El acuerdo tampoco hace ninguna referencia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) –cabe presumir– porque dicho ordenamiento no deja lugar a dudas respecto a la excepción en materia de licitaciones y contratos que el acuerdo pretende eludir. La LAASSP establece que las obras del gobierno de México sujetas a exceptuarse de la norma son aquellas que se realizan con fines exclusivamente militares o para la Armada, o bien porque su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional (artículo 41). Es torcido asumir que las obras y proyectos incluidos en el acuerdo tendrán fines “exclusivamente militares”, y también argumentar que su licitación pone en riesgo a la seguridad nacional, según la definición de la ley en la materia, antes abordada. Tampoco hace referencia el acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LGTAIPG).
Ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) informó que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque subvierte las normas que rigen su materia. Hay que mirar con lupa los criterios que ese órgano aprobó hace ya más de 15 años para comprender por qué los expedientes de las obras referidas por el acuerdo no pueden ser apartadas del ojo público. La única norma secundaria que el acuerdo sí consideró es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). No obstante, ninguno de los artículos citados de esta ley resuelve el problema principal: el presidente no tiene facultades para hacer lo que hizo ni tampoco las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) o de Marina (Semar) (artículos 29 y 30) cuentan explícitamente con ellas para asumir la responsabilidad de ejecutar las obras y los proyectos que son legalmente competencia de otras dependencias (Comunicaciones, Medio Ambiente, Bienestar, Turismo, Hacienda, etcétera). El acuerdo tampoco libera a las personas funcionarias de tales secretarías “civiles” de la responsabilidad penal que podría caerles encima si optan por abdicar de sus obligaciones. Las instrucciones presidenciales del 22 de noviembre no sólo son una estaca que se hinca el corazón de la Carta Magna, son una metralla que arbitrariamente hiere al cuerpo de instituciones que actualmente rigen al país. Representa, según la definición de la LSN, una amenaza grave contra la seguridad nacional porque afecta seriamente el orden constitucional y la democracia.
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
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l nuevo fenómeno migratorio en la frontera sur de México ha comenzado a rebasar límites antes impensables. Todo, ante la evidente ausencia del Estado de Derecho, el sometimiento de las políticas migratorias mexicanas y la necedad del gobierno federal para mantener medidas paliativas que no resuelven nada, pero intentan reducir inútilmente las afectaciones a la imagen de “heroísmo humanitario” que Obrador busca posicionar a nivel internacional. Los bloqueos carreteros ocurridos los últimos días -a manos de las caravanas migrantes- y el secuestro de centros poblacionales, actividades comerciales y económicas subsecuentes han llevado el asunto a niveles insostenibles. Ya era evidente que las autoridades mexicanas habían sido rebasadas por la magnitud del problema; sin embargo, ahora parecen haberse sumido en un evidente sometimiento de incapacidad y ausencia omisa. Y es que, las exigencias han tomado nuevas dimensiones. Dos caravanas de migrantes, de las tres que partieron hace dos días de la ciudad de Tapachula, se desintegraron el pasado domingo luego de que los migrantes, en su mayoría haitianos, aplicaran el mismo método de bloquear carreteras para exigir que el gobierno México les agilizara los trámites de sus visas y les facilitara camiones de traslado hacia otras zonas de la república donde reciban mejores condiciones de estancia. Por eso el nuevo megabloqueo carretero de este lunes, bajo los mis-
Martes 30 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EN LA MIRA Héctor Estrada
México, sometido ante nuevo fenómeno migratorio
mos métodos de presión gubernamental. El asunto ha pasado de reventar garitas migratorias, atiborrar centros de tramitación para visas y desbordar ciudades, a secuestrar carreteras para exigir medios de transportación y mejores espacios de trabajo, dentro de un país que ni siquiera puede garantizar solución a sus problemas de desempleo interno. Es claro que el nuevo fenómeno de migración en masa desde Centroamérica no es culpa del gobierno mexicano, ni que en sus manos esté evitarlo desde el origen, pero haber trasladado el cerco migratorio hasta la frontera con Guatemala para dejar “el nudo” lejos de la frontera esta-
dunidense, a capricho de los vecinos del norte, sí ha sido su responsabilidad y ha agudizado inevitablemente el problema, con consecuencias internas como las que hemos visto durante los últimos meses. Intentar convertir a ciudades como Tapachula en inmensos “refugios” o centros de retención temporal para miles de migrantes (sin capacidad de atención o trabajo), a fin de evitar bochornosas deportaciones masivas y el cierre violento de la frontera mexicana, sin permitir su movilidad hacia su verdadero destino, ha llevado a esta región del país hacia una creciente crisis humanitaria fuera de control. Tan sólo de enero a septiembre
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de este año México ha registrado más de 190 mil inmigrantes indocumentados varados en la frontera con Guatemala, cerca del triple que los registrados en 2020. Además, se ha contabilizado la deportación de más de 74 mil personas, que en la gran mayoría de los casos han reingresado a la república mexicana en menos de una semana, según datos recopilados por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Si el cálculo del gobierno federal sobre las consecuencias (en inestabilidad, inseguridad y afectaciones económicas) para mantener el cerco migratorio en el sureste del país estuvo “presupuestado”, la situación no apunta a tener soluciones inmediatas; sino fue así, el futuro luce todavía más complicado. Y es que, las evidentes salidas al problema tendrían repercusiones de carácter internacional para un gobierno que se encuentra enfrentado entre sus obligaciones diplomáticas y sus aspiraciones de reconocimiento global. Mientras tanto son las regiones del país directamente afectadas quienes padecen las consecuencias interminables. Hoy el fenómeno de las caravanas va más allá del tema migratorio; se ha convertido ya en un asunto de política interna con repercusiones económicas, sociales y de seguridad que el gobierno de México ha dejado crecer por razones bastante cuestionables que, seguramente, también tendrán sus inevitables costos políticos dentro del proceso electoral entrante… así las cosas.
CLAVES FEMINISTAS PARA SER MÁS FUERTES
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os días 25 de noviembre de cada año se han convertido en una expresión amplia de indignación provocada por los hechos de violencia contra mujeres de cualquier edad en todo el planeta. Así también existen corrientes de opinión en los medios de comunicación -durante todo el año- que abordan esta problemática social, gracias a la capacidad de difusión que tienen las agrupaciones de mujeres e iniciativas de periodistas y comunicadoras; globalmente comprometidas alrededor de la consigna: ¡Por una vida libre de violencias! Activistas y periodistas estamos convencidas que nuestras exigencias frente al Estado son válidas y justas, pero si nos referimos a la situación específica de países como Guatemala, se requiere además otro tipo de propuestas, ya que las instituciones públicas encargadas de garantizar los derechos humanos de las mujeres -en particular de seguridad y justicia- son incompetentes, reprimen la protesta social, apañan
Rosalinda Hernández Alarcón*
la corrupción, son incapaces de dialogar y les domina la perspectiva racista y patriarcal. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la consigna ¡No nos callarán! cabe resaltar algunas de las claves feministas que están contribuyendo a prevenir, enfrentar, acompañar y frenar hechos violentos, lo que les ha permitido a más mujeres vivir con dignidad, tanto en espacios individuales como en comunidad. Difundir algunas de estas claves feministas tiene el propósito de motivar la reflexión. Una de estas es: Ejercer nuestra autonomía, ponien-
do en práctica nuestras decisiones en la cama, en la casa, en el trabajo, en la organización, en el barrio, en la comunidad, en el país; en todo lugar donde nos encontremos. Otras claves son: Construir redes de cuidado y afecto, acompañarnos unas a otras, saber que no estamos solas, valorando la ayuda de amigas, hermanas, compañeras y otras, incluso desconocidas; sanar nuestros cuerpos, desde nosotras y en colectivo, tener presente nuestra capacidad de resiliencia; defender nuestra palabra para decir lo que queremos, para criticar, para preguntar, para comunicarnos con libertad y con-
fianza, teniendo en cuenta nuestras historias y realidades. Es importante anotar que estas propuestas se han venido construyendo a través del tiempo, con la idea de reescribir “nuestra historia sin violencias”. Lo han logrado mujeres diversas, quienes de manera persistente han buscado soluciones con independencia, sin tutelaje de “papá gobierno”, con interpretaciones históricas del origen de las violencias, ajenas a las conclusiones dicotómicas y en el entendido que lo diferente entre las identidades de las mujeres es una fortaleza. Sin duda, la problemática de la violencia requiere múltiples soluciones, una de ellas, quizás impostergable, es constituirnos en mujeres distantes de la sumisión y la dependencia, seres humanos capaces de ubicar nuestras potencias y de recuperar memorias individuales y colectivas, sujetos políticos que transforman, capaces de establecer y mantener relaciones sin violencia. *Periodista mexicana radicada en Guatemala
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EL DIVÁN Sergio Stahl
Canje de armas y violencia
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ada día, más de 90 personas son víctimas de homicidios dolosos a lo largo y ancho del país. En los primeros tres años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra de asesinatos rebasa ya los 100 mil muertos. Una cifra record de muertos, superior a a la acumulada en los tres primeros años de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. En Chiapas, el índice de homicidios dolosos es relativamente bajo, pero la entidad no está a salvó de la violencia criminal que azota al país. Por ello, todas las alternativas de prevención de la violencia tienen buena acogida de la ciudadanía. Una de esas alternativas es el programa de canje de armas, el cual fue puesto en marcha por el gobernador Rutillio Escandon Cadenas. Al entregar el arma de fuego al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, no hay necesidad de que el ciudadano revele de qué forma la obtuvo. El programa tiene una repuesta positiva, porque a cambio la gente recibe electrodomésticos, computadoras, despensas e incluso recursos económicos. El gobierno estatal- con el apoyo de instancias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional), lleva a cabo el programa para fortalecer la paz social y la convivencia armónica. La posesión de un arma de fuego es peligrosa. En un descuido o mal manejo, el arma puede dar pie a un hecho lamentable. Independientemente del núme-
ro de armas que se logren canjear, lo importante es evitar la pérdida de vidas humanas. Con una vida humana que se ponga a salvo, ya es un gran logro. El gobierno local fomenta este tipo de acción, que busca inhibir el crimen y la violencia. El programa de canje de armas que llevan a cabo por las autoridades estatales y la SEDENA es una estrategia gubernamental para reducir el número de armas de fuego, de forma voluntaria y pacífica. Las fuerzas del orden ejecutan decomisos de armas constantemente, pero la alternativa del canje es la que más respuesta social tiene. El gobierno local apuesta por el canje de armas para que disminuya la violencia en el hogar y la comunidad. En fin. BALCÓN. Con el objetivo de fortalecer al campo chiapaneco desde el Congreso de la Unión, el diputado federal ( MORENA) Luis Armando Melgar Bravo acercó ayer a productores agrícolas con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Víctor Villalobos Arámbula, a fin de realizar gestiones que beneficien a ese importante sector. “Estamos cumpliendo con los productores del Soconusco y de la Costa, está reunión será de los primeros pasos que tengamos que dar para fortalecer con gestiones honestas y productivas a quienes viven del campo“, afirmó Luis Armando Melgar Bravo. Como Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados federal, el legislador oriundo de Tapachula ha encabezado decisiones importantes sobre el
paquete económico presentado para el 2022, donde desde el Gobierno Federal se han señalado aumentos significativos dirigidos a fortalecer al campo mexicano. “Estoy convencido de que invertirle al campo es invertirle a lo seguro, por eso estamos trabajando para focalizar los apoyos necesarios que ayuden a impulsar este gran motor que es nuestro campo chiapaneco y a las familias que viven de él”, señaló Luis Armando Bravo Melgar . A la reunión también asistió Santiago Argüello, Director General de Fomento a la Agricultura de la SADER, así como Alberto Barraza de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco, Ángel Robles Directivo Agricola Local de Tapachula, además de representantes de la Asociación de Productores Agrícolas en la región... Eso es todo. EL DARDO. El Auditor Superior del Estado, Uriel Estrada Martínez, dio a conocer ayer que se logró obtener del Juez Especializado en Responsabilidad Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado, la sentencia de Inhabilitación Temporal por diez años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público en contra de un ex Presidente Municipal en el periodo 2015-2018 y además se le condenó a resarcir el daño causado a la Hacienda Pública, por concepto de indemnización, por lo que esta obligado a devolver la cantidad de un millón 935 mil 342.79 pesos. Una sentencia inédita que marca un hito en materia de rendición de cuentas y el combate a la corrupción en Chiapas.
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THE CONTRA PODER BREAKING NEWS Dr. Valdemar Rojas
O mejor aún Notas cortas sabrosas y sabrosonas en memoria de Gervasio Grajales (QEPD)
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hora sí que se voló la barda el Peje con el último decreto publicado en el diario oficial, en el que pretende acabar con uno de los últimos baluartes que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes o sea el amparo que nos protege de las arbitrariedades de las autoridades. El tal decreto pretende declarar las obras prioritarias del Peje en temas de seguridad nacional o sea que son intocables y no proceden los amparos si una persona o un grupo de ellas consideran que los costos son exagerados; además permite que el costo de las obras permanezcan ocultas sin que la ciudadanía pueda enterarse de esos costos. Espero que la Suprema Corte declare inconstitucional este famoso decreto.
El Presidente de Estados Unidos recibió un tratamiento médico completo incluyendo una colonoscopia y fue declarado por los médicos apto para seguir gobernando a su país. Ojalá que el Peje recibiera aquí en México un tratamiento completo que incluya un psicoanálisis, pues cada día comete más locuras y lo peor es que él estima que todo lo está haciendo bien y hasta se dio el lujo de auto elogiarse y decir que gracias a él, nuestro país goza de prosperidad y menos muertos por el Covid-19, si él no hubiera estado en el poder, lo que contrasta con la realidad, pues México es uno de los países con la más alta letalidad a nivel mundial y hoy ocupa el cuarto lugar en el número de muertes por el coronavirus, solo después de Estados Unidos, Brasil y la India, este último país con una población casi 10 veces más alta que nuestro país. ¿Cómo puede presumir cuando las cuentas negativas son altísimas incluyendo desde luego la inseguridad que aqueja a todo el país sobre todo en Zacatecas y Guanajuato negando la afirmación del Peje de que ya no hay masacres cuando estos son frecuentes, ? o no es masacre la aparición de 10 personas colgadas de un puente en una ciudad de Zacatecas? Y unos días después otros 8 también colgados de otro puente; terco como es, se niega a aceptar que su método para combatir al crimen organizado, de abrazos no balazos es un fracaso total que les cayó como anillo al dedo a los integrantes del crimen organizado que cada día cobran más fuerza y controlan una gran extensión del territorio mexicano y muchas autoridades municipales y creo que hasta estatales, están controlados por los grupos criminales. Un psiquiatra me dijo que el Peje es un narcisista maligno, paranoico
y mitómano y un periodista se dio a la tarea de contar las mentiras que cada día que pasa dice el Peje y ya son miles de estas y lo peor es que los amlovers lo creen. ¿Y qué decir de los feminicidios que cada día son más frecuentes, sin que las autoridades pongan coto a tantos asesinatos y violaciones de mujeres? La inflación, la más alta en más de 20 años es prácticamente incontrolable y aun cuando oficialmente es de 7.02%, si se le preguntara a las amas de casa, sabremos que la inflación es más alta y si a eso agregamos el poco crecimiento de la economía que el Peje ofreció que sería del 6%, estamos en grave peligro de caer en una estanflación, es decir inflación con recesión económica. La gasolina y el gas que utilizan nuestras esposas para cocinar nuestros alimentos son cada día más caros y su famoso gas bienestar, de nada ha servido para abaratar el gas doméstico. El país se encuentra cada día más dividido entre los ciegos seguidores del Peje y los que criticamos sus constantes caprichos y desaciertos. El país se encuentra prácticamente militarizado y el Peje utiliza al ejército en tareas que no le corresponden como construir aeropuertos, vías del tren maya, controlar aduanas y ahora para repartir medicinas, pues si antes habían medicinas aunque había corrupción según el ´Peje, sin que haya señalado, como es su costumbre señalar los corruptos en los organismos que desea desaparecer y volvemos a insistir que ni un solo caso de corrupción ha sido señalado por el tabasqueño, pero lo usó para desaparecer el Seguro Popular y las estancias infantiles en donde las mujeres que trabajan dejaban a sus hijos allí mientras ellas ocurrían a sus labores. Uno de los últimos errores que cometió el Peje fue cambiar la nominación del economista y ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera para ocupar la dirección del Banco de México, una de las instituciones autónomas del país y cambiar a una persona prácticamente desconocida que según los expertos no llena todos los requisitos que requiere tan alto cargo; la verdad es que el Peje desea controlar al Banco de México que goza de autonomía y eso no le gusta al presidente. El ex Secretario de Hacienda gozaba de apoyo de prácticamente todas las instituciones financieras y su re-
moción causó una depreciación del peso frente al dólar. Confía el Peje ciegamente en el ejército y su honradez e incorruptibilidad, pero olvida que los soldados son seres humanos y por ello mismo pueden caer en casos corruptos como lo demostrado por el periodista Loret de Mola que encontró muchas irregularidades incluyendo negocios por administración directa sin licitación y compras a empresas fantasmas; existieron además los plantíos de mariguana en Chihuahua cultivados por altos mandos del ejército. El Peje se apoya en el ejército y el General Sandoval titular de la Sedena ha demostrado total afinidad con el Peje,emitiendo juicios políticos que no le correspondía dar al ejército. Desea copiar a Napoleón que decía que el poder se sostiene con la punta de las bayonetas.
La Suprema Corte de Justicia que esa garante de los derechos de los mexicanos y por ello decía mi padre que después de la justicia divina la Suprema Corte era la que le seguía en la impartición de la justicia; eso era antes cuando los ministros ganaban poco y sus juicios siempre se regían por la legalidad. ¡Qué contraste con los actuales que ganan un dineral y sus decisiones no siempre se apegan a la justicia y actúan muchas veces de acurdo a intereses políticos¡ y cada día cuenta con más ministros afines al Peje, pues el es el que ha propuesto a varios de los actuales ministros, todos afines a él, así que en lo futuro que Dios nos agarre confesados, pues nuestras últimas esperanzas de justicia se está desvaneciendo con ministros propuestos por el Peje.
Limosneros con garrote. En eso se han convertido los migrantes que por miles se encuentran en nuestro país. Nos dan lástima desde luego pero yo me pregunto: ¿Qué culpa tenemos nosotros de la pobreza e inseguridad que priva en sus países? Desesperados porque las autoridades de migración no les conceden sus papeles para que puedan transitar libremente por el territorio nacional, aun cuando ya sabemos que el destino final al que pretenden llegar es a los
Estados Unidos, organizan caravanas y cuando la guardia nacional trata de interceptarlos usan piedras y palos para agredir a los soldados mexicanos que tratan de detenerlos o bien bloquean los accesos al aeropuerto de Tapachula. ¿Con qué derecho lo hacen? No tienen ninguno, pues se encuentran ilegalmente en nuestro país y merecen ser deportados; no entienden que en Estados Unidos no les permitirá ingresar a su territorio y la realidad es que se quedarán en México agravando la situación económica que no es muy boyante que digamos en nuestro país. Parte de la culpa la tiene el Peje, pues ofreció 70 mil puestos de trabajo para migrantes y estos ni tardos ni perezosos, empezaron a formar caravanas e internarse ilegalmente a territorio mexicano.
¿Por qué le gusta tanto el socialismo a mucha gente en diferentes partes del mundo? Pues simple y sencillamente porque promete igualdad repartiendo el dinero de los ricos entre los pobres, lo cual suena bien para los haraganes que no quieren trabajar y eso a pesar de que ningún país comunista o socialista ha podido proporcionar a sus habitantes mayor libertad de expresión y mejor situación económica como lo prueban Cuba, Venezuela y Nicaragua en nuestro continente. Quieren instalar el socialismo en sus respectivos países, pero no organizan caravanas para ir a Cuba, Nicaragua o Venezuela y muy por el contrario, organizan caravanas para ir al infierno capitalista de Estados Unidos, totalmente opuesto al socialismo y en donde sus habitantes trabajan libremente y gozande libertad de expresión y democracia, cuando menos hasta antes de Trump en una ejemplar democracia.
¿Qué hacer con tanto mampo? El número de mampos crece todos los días; por supuesto que mampos han existido toda la vida, solo que antes vivían casi en la clandestinidad y hoy ya la sociedad los aceptó, reclaman derechos y se declaran orgullosos de su condición. Desde luego que no vamos a matarlos ni a discriminarlos, pero deben aceptar que son anormales y a mi parecer no hay motivo para que se sientan orgullosos de ser gays. Tal vez sea yo anacrónico, pero pertenezco a una generación en la que existía clara división entre hombres y mujeres a las que respetábamos y menos las matábamos, pero justo es reconocer que ellas también se daban a respetar.
CMAN
DIARIO
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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Martes 30 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2274 CONFERENCIA
Violencia en estados gobernados por Morena no ha variado, pero “estamos actuando”: AMLO
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LLAMADO
Piden justicia en caso de joven muerto por accidente de la ruta 73
MENSAJE
Me han planteado ser candidato presidencial, pero soy contundente en mi respuesta: Córdova PAG. 3
DECLARACIÓN
PAG. 8
PUBLICACIÓN
Decreto de AMLO sobre sus megaproyectos, es “un acto de desesperación”: WSJ
PAG. 7
Sembrando vida no tiene relación con mis hijos; investigación de Proceso y Aristegui busca manchar: AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó hoy al semanario Proceso y la periodista Carmen Aristegui por el reportaje titulado: Sembrando vida y la fábrica de chocolates donde se indica que el programa estelar del gobierno federal para generar empleo en el campo y luchar contra la deforestación en su natal estado de Tabasco el cacao ha adquirido preponderancia gracias a Hugo Chávez Ayala, empresario que se beneficiaría con los productos.
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Aburto fue torturado para sostener versión oficial del asesino solitario en caso Colosio: CNDH