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DOXA

EDITORIAL

La ausencia de gobierno

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En el momento de mayor abandono por la inoperancia y la ineficacia política, la administración de Rutilio Escandón vive una descomposición social que pone en riesgo la seguridad de la población.

La feria del café que inició ayer no genera bienestar a los productores. Como sí lo genera una subasta de café en un momento en que subió el precio. El organizador de esa feria, Santiago Arguello, es un bribón. Quien debiera estar en prisión por el desfalco de más de mil millones de pesos del fideicomiso del café, que saqueó junto con los responsables del sistema producto café.

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EN CHIAPAS

Jueves 25 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2271

EXIGENCIA

PETICIÓN

Por segundo día consecutivo, migrantes toman de rehenes a tapachultecos Ante los “engaños” del Instituto Nacional de Migración (INM) que se habría comprometido trasladar a miles de migrantes que permanecen en Tapachula, Chiapas, a otros puntos del país, decenas de extranjeros en situación de movilidad bloquean la carretera costera de esta urbe.

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RECONOCIMIENTO

Otorgan a Las Abejas de Acteal premio por defensa ambiental

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Exigen concluir puentes sobre presa La Angostura que EPN dejó a medias

HOY ESCRIBEN ANÁLISIS A FONDO: URGENTE AUMENTAR LOS MÍNIMOS Francisco Gómez Maza

EL DIVÁN

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Sergio Stahl

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“LAS INCONSTITUCIONALIDADES EN CHIAPAS” Manuel de Jesús Cruz

LLAMADO

ONG exige cese de ataques armados a comunidades zapatistas

FNLS lucha por la libertad de los presos políticos

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UN DECRETO INCONSTITUCIONAL Elisur Arteaga Nava

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ACUERDO, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD NACIONAL Jorge Bravo

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DECRETO PRESIDENCIAL, LOS ASPECTOS DE LA POLÉMICA Ernesto Villanueva PAG. 4

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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Jueves 25 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL La ausencia de gobierno

n el momento de mayor abandono por la inoperancia y la ineficacia política, la administración de Rutilio Escandón vive una descomposición social que pone en riesgo la seguridad de la población. Los sucesos de violencia, las violaciones de derechos humanos y las ejecuciones a plena luz del día evidencian la necesidad de cambios profundos en el gobierno. Esta descomposición social se demuestra con el anuncio que realizara el exfiscal Jorge Luis Llaven Abarca cuando inventó que había desmantelado en SCLC una banda de trata infantil, que luego se comprobó que era una familia ampliada de vendedores indígenas a quienes encarceló a cuatro mujeres y al esposo de una de ellas fue asesinado por tortura dentro del penal de San Cristóbal. O con la ejecución del hijo del “Tío GIL” identificado como capo de la delincuencia organizada, en el que también fueron asesinados dos policías estatales que servían de guarda espalda, ante un silencio ominoso de la fiscalía del Estado y del propio gobernador. O el asesinato del fiscal indígena en SCLC,

en el que se anuncia que detuvieron al autor intelectual, pero con una narrativa muy poco creíble, que más bien parece otra fabricación más de delitos. O el asesinato del periodista Fredy López Arévalo, en el que también las autoridades guardan un silencio sospechoso. O los enfrentamientos recurrentes entre grupos delincuenciales en Frontera Comalapa por el control de la plaza. Bajo este clima de ausencia de gobierno y en algunas regiones de ausencia del Estado, se viven situaciones de pérdida de territorio por una sentencia de mala fe del Supremo Tribunal de Justicia, que no tuvo la defensa adecuada por las autoridades de Chiapas. O la desacertada decisión instruida por el gobernador Rutilio Escandón de crear sin fundamento legal seis Concejos Municipales con un tiempo de duración de tres años de gestión, con el solo propósito de que no se realicen elecciones extraordinarias; decisión que ya fue anulada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Cuando se llega a pensar que las cosas no podían estar peor en Chiapas, la realidad nos da crueles ense-

ñanzas, que nos lleva a la conclusión que lo peor está por venir, en virtud de la indiferencia y abandono en el ejercicio de gobierno por las autoridades del Estado, que todavía manifiestan que las cosas van muy bien. Si alguna vez se pensó que el cinismo gubernamental en los tiempos del PRI no podía superarse, el gobierno de Morena en Chiapas nos muestra la cara verdadera de un gobierno de cínicos. A tal punto de que el secretario de hacienda publicitó la creación de la unidad de investigación financiera en la entidad, cuando en realidad, quienes realizan el manejo del dinero de procedencia ilícita son los propios funcionarios del gobierno encabezados por el propio gobernador y secundados por el Javier Jiménez, el flamante secretario de hacienda, un nuevo millonario chiapaneco. Como también lo es Julio Rincón, el responsable de comunicación social, Jorge Luis Llaven abarca, diputado federal. Ismael Brito Mazariegos, diputado federal o la secretaria de agricultura en la entidad, que conduce esa secretaría bajo el estigma del escándalo.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Jueves 25 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Por segundo día consecutivo, migrantes toman de rehenes a tapachultecos De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)

nte los “engaños” del Instituto Nacional de Migración (INM) que se habría comprometido trasladar a miles de migrantes que permanecen en Tapachula, Chiapas, a otros puntos del país, decenas de extranjeros en situación de movilidad bloquean la carretera costera de esta urbe. Los manifestantes reclaman que el INM “no cumplió su promesa” de trasladarlos en autobuses a otros estados y exigen claridad y celeridad en los procesos. Ayer, miles de migrantes de diversas nacionalidades se concentraron en el Estadio Olímpico de Tapachua para ser beneficiarios de los traslados que serían operados por el Instituto, se habló de hasta 4 mil. Sin embargo, se decidió no realizar el ejercicio, pues el INM se vio rebasado, lo que generó un caos en la zona. Una fuente oficial cercana al caso dijo que la suspensión se dio “por un ajuste operativo” y aclaró que el objetivo del INM y otras autoridades era trasladar a migrantes, exclusivamente procedentes de Haití, a 15 estados del país. Se pretendía otorgarles una visa de visitante por razones humanitarias que les permitiría transitar libremente por toda la República, con vigencia de un año, y les daría posibilidad de obtener empleo en apego a la legislación. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado una posición oficial al respecto ni se ha confirmado su este objetivo sigue en pie o se ha desechado.El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSEM) señaló que existe un contexto de incertidumbre, confusión y tensión entre los migrantes varados en Tapachula, que están a la espera de que sus procesos de asilo se agilicen. “El lunes 22 de noviembre miles de personas se presentaron en el Estadio Olímpico por un llamado discrecional del INM para trasladar sus trámites de regularización y refugio a otros estados. No obstante la información

disponible sobre estos proesos es poco clara y confusa”, apuntó el colectivo. Los migrantes, la gran mayoría haitianos y africanos, pasaron horas en el lugar a la espera de una respuesta de la autoridad migratoria. Cientos pasaron la noche y durmieron en situación de calle, esperando a que los traslados se resolvieran, de acuerdo con activistas en la región. En lo que va de este martes, denunciaron los migrantes, no han tenido noticias por parte de las autoridades migratorias, por lo que decidieron bloquear la carretera costera y han advertido que sólo la liberarán hasta que el INM les dé respuesta y aborden los autobuses para ir a otros puntos del territorio nacional, pues su objetivo es llegar a Estados Unidos. En un comunicado, el COMDHSEM llamó de manera urgente a la Secretaría de Gobernación, al INM y a la Guardia Nacional “al respeto a la integridad física y emocional de todas las personas”. A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y al INM les pidió brindar una respuesta eficaz a las personas, y reanudar los procesos para el asilo de forma inmediata. En tanto que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acuda para observar la situación de estas personas y de los defensores que se encuentran monitoreando la situación. Asimismo, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados le solicitó reanudar la ayuda humanitaria en la zona, y a la Organización Internacional para las Migraciones y a la Unicef es solicitó brindar atención a las personas que se encuentran en el lugar.

La caravana migrante conformada por varios centenares de personas avanzó por el estado de Veracruz, pero el cansancio hizo que varias decenas se entregaran a las autoridades migratorias. Mientras, en Tapachula, en el estado de Chiapas, se concentraron centenares de ellos para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM) que los atiendan, tras la disolución en las últimas horas de un contingente que avanzaba por ese estado. El contingente, conformado por varios centenares de personas y en ruta desde hace un mes, avanzó muy disperso y cada vez más agotado. A raíz de ello, unas treinta personas se entregaron al grupo de apoyo del INM, tal y como ha acontecido en repetidas ocasiones en las últimas semanas. Además, hubo un pequeño conato de violencia entre migrantes y agentes del INM, sin que escalara el altercado. En Veracruz, la caravana, conformada en su mayoría por haitianos y centroamericanos, avanzó este día desde el poblado de Puente La Lima hasta Juan Rodríguez Clara, unos 30 kilómetros más adelante. Por otro lado, los tapachultecos se han convertido prácticamente en rehenes de personas extranjeras, que bajo el argumento de exigir sus derechos pisotean los derechos y las leyes de los mexicanos, esto debido a la ineptitud que han demostrado las autoridades responsables de manejar los temas migratorios. Durante la tarde y noche del pasado martes y desde muy temprano de este miércoles, miles de migrantes, la mayoría haitianos, desquiciaron la ciudad de Tapachula al bloquear im-

portantes vialidades, como el crucero del libramiento sur y la carretera que conduce a Puerto Madero, según ellos como medida de protesta por haber sido engañados, por el INM, con los supuestos traslados a otros estados de la república. Los sectores de la sociedad han manifestado su decepción que ha generado la nula actuación de las autoridades, al permitir que los tapachultecos sean sometidos por los migrantes, quienes incluso han golpeado a los representantes de la ley como elementos de la Guardia Nacional. “Es mucha la inversión millonaria para las Fuerzas armadas así como para el INM y de nada ha servido al permitir este tipo de invasiones, atentando contra la soberanía nacional. Al respecto Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, de la Agencia Vuela, señaló en su cuenta de Facebook que es “Increíble como los haitianos ahora se convirtieron en la autoridad en Tapachula: desde esta mañana los migrantes mantienen bloqueado el paso hacia el aeropuerto, Puerto Chiapas”, por lo que se pregunta hasta cuándo van actuar la Guardia Nacional, Policía Estatal y la Policía Municipal, para hacer respetar los Derechos Humanos de los tapachultecos. Y es que ahora el INM les prometió el traslado de migrantes, en autobuses, a otros estados de la república para continuar su trámite migratorio, estrategia que hubiera implementado desde un principio de la oleada migrante y habrían evitado un problema social como el que se vive actualmente, sin embargo lejos de ser una solución, se trata de una millonaria inversión que solo servirá para seguir retacando de migrantes al país, de los cuales no se sabe cuáles son sus antecedentes, ya que se han registrados actos delictivos como robos y hasta violaciones de parte de extranjeros, por lo que es necesaria la actuación inmediata de las fuerzas del orden de los 3 niveles de gobierno, sino esto se repetirá una y otra vez, “quien no conozca su cultura de violencia que continúe siendo permisible, pero después no se vale llorar”, señaló Alfredo Gálvez.

Exponen desfalco por 54 MDP en Ayuntamiento de SCLC Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

Un total de 54 millones de pesos habría sido el desfalco de recursos federales, durante la Administración de Jerónima Toledo Villalobos, sostuvo el actual tesorero, Armando Oltra Paniagua, quién rindió un informe durante una Sesión de Cabildo. Detalló que son recursos federales; 33 millones de proveedores, 80

millones de impuestos, obras pagadas no ejecutadas, obras ejecutadas no pagadas, «no pagaron impuestos por un total de 26 millones, no pagaron ISR, no pagaron luz, se debe a la Guardia Nacional, un déficit de 15 millones de pesos». Asimismo, indicó que llegaron 5 millones de pesos para un albergue y el dinero desapareció, por lo que el Ayuntamiento de Mariano Díaz Ochoa dejó en claro que no pagará ninguna deuda que corresponda al 2020 que son

aproximadamente 21 millones de pesos de deudas a contratistas, y buscará la forma de pago de deudas 2021 verán la forma de cubrirlo. También afirmaron que harán las denuncias correspondientes, pero solo para no ser cómplices del desfalco y harán pública las defensas que pudieren hacer los ex funcionarios, dejando claro que existen órganos como la Auditoría Superior del Estado de Chiapas- ASE quienes tengan que llamar a rendir cuentas.

Jueves 25 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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ONG exige cese de ataques armados a comunidades zapatistas Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

a Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), exigió la intervención urgente de las autoridades de los tres niveles de gobierno para que cesen los ataques armados contra la población de Moisés Gandhi y se protejan la vida e integridad física y sicológica de la comunidad. “Estos ataques armados, amenazas, desaparición y riesgo a la vida de la comunidad de Moisés Gandhi en Chiapas, se da en el contexto del conflicto armado interno no resuelto, cuyo reconocimiento es negado sistemáticamente por las autoridades estatales y federales, generando un ambiente de ingobernabilidad en la que personas defensoras de la tierra han sido desaparecidas, asesinadas y desplazadas forzadamente en un territorio controlado por caciques del poder económico, político local y grupos del crimen organizado”, citan en un comunicado. Exigieron iniciar las investigaciones correspondientes a fin de sancionar los delitos señalados y violaciones a los derechos humanos, conforme a la ley y lo dispuesto en convenios y tratados en la materia, “reparación del daño al patrimonio de las familias de la comunidad por los daños materiales y garantizar las medidas de no repetición, para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía”. “Pedimos reparación del daño al

Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

Por tercera ocasión se entregará el premio a la defensa ambiental Mariano Abarca. Ahora lo recibirá la Organización Civi Las Abejas de Acteal, informóNicté Vieira, integrante de Otros Mundos Asociación Civil. En entrevista, dijo que este premio se entrega en un contexto de bastante violencia en la Región, «justamente hace un año asesinaron a uno de sus líderes Simón Pedro, entonces también buscamos reconocer su lucha por la defensa del territorio y sobre todo por su resistencia». Asimismo, dijo que van 12 años de impunidad por el asesinato de Mariano Abarca que era un activista y defensor del medio ambiente de Chicomuselo, de la empresa minera canadiense Black Fire, «su caso está en la Corte Interamericana de

“Pedimos reparación del daño al patrimonio de las familias de la comunidad Moisés y Gandhi por las afectaciones materiales. Garantizar las medidas de no repetición a fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía”, agregan

patrimonio de las familias de la comunidad Moisés y Gandhi por las afectaciones materiales. Garantizar las medidas de no repetición a fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía”, agregan. Es de recordar que la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq denunció que paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), atacaron con armas de fuego bases de apoyo zapatista y

“quemaron tres aulas de la secundaria autónoma Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires, ubicada en la comunidad de Moisés Gandhi, municipio oficial de Ocosingo. En el comunicado, explican que las agresiones ocurrieron la tarde del domingo, luego de que, de manera intermitente, los miembros de la Orcao realizaron disparos de armas de alto calibre, algunos de los cuales impactaron en tres casas del poblado poniendo en riesgo a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Libe-

ración Nacional (EZLN). Manifestó que los paramilitares de la Orcao de la localidad de San Antonio Las Flores, que a la vez están dentro de la región 7 de Febrero, hicieron un recorrido a las 10 horas para revisar tuberías de agua y poco después empezaron a disparar desde diferentes puntos hacia la comunidad de Moisés Gandhi. Señaló que siguió el ataque y a las 16: 30 horas un grupo de paramilitares se acercó a la secundaria autónoma zapatista y quemó tres aulas.

Otorgan a Las Abejas de Acteal premio por defensa ambiental los Derechos Humanos y también en la Corte Federal de Canadá, pero estamos viendo la omisión de la Embajada Canadiense que sabía del hostigamiento y violencia hacia Mariano». «Estamos en esto y conmemorando su lucha y por eso se entrega este reconocimiento, dónde se abre una convocatoria avalada por 35 organizaciones nacionales e internacionales y los colectivos hacen las propuestas y de ahí se hace un concenso de quién recibirá el premio». Finalmente, dijo que la entrega del reconocimiento será este 25 de noviembre en Acteal Chenalhó, «pensamos salir en caravana a las 7 de la mañana de San Cristóbal,

seremos como 35 personas más las que nos van a alcanzar en Acteal,

hay representantes de movimientos sociales».

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Jueves 25 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Exigen concluir puentes sobre presa La Angostura que EPN dejó a medias Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

obladores del municipio de La Concordia exigieron este miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la conclusión de un puente atirantado que quedó en un 70% desde el 2016, y la construcción de otro sobre la presa hidroeléctrica de La Angostura, esto para comunicar de nuevo a la región central de la entidad con la zona fronteriza y la sierra. La vía terrestre fue cortada desde mediados de los años 70 por la construcción de la presa hidroeléctrica, por lo que pobladores usan desde hace casi cinco décadas dos chalanes o embarcaciones flotantes empujadas por lanchas para poder pasar vehículos, mercancía, ganado y personas entre el municipio de La Concordia y Chicomuselo. Junto al embarcadero del primer brazo de la presa se encuentra actualmente el que consideran un monumento a la corrupción: un puente inconcluso que por décadas exigieron colocar sobre la presa de La Angostura. La obra es una demanda de pobladores de diversos municipios de la región Frailesca, Sierra y Fronteriza de Chiapas. El profesor de más de 80 años, Ramiro Ruiz Espinosa, recuerda que tras la construcción de la presa hidroeléctrica de La Angostura, desde 1974, decenas de comunidades y municipios vieron interrumpida la comunicación vía terrestre de la región central de Chiapas con la frontera y sierra, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) nunca hizo nada para resarcir el daño ocasionado. Integrantes de la organización Amigos de La Concordia AC, diri-

La vía terrestre fue cortada desde mediados de los años 70 por la construcción de la presa hidroeléctrica, por lo que pobladores usan desde hace casi cinco décadas dos chalanes o embarcaciones flotantes empujadas por lanchas para poder pasar vehículos, mercancía, ganado y personas entre el municipio de La Concordia y Chicomuselo

gidos por el profesor Ruiz Espinosa, iniciaron la lucha para exigir la construcción de esos dos puentes que la CFE debió haber realizado. Fue en el gobierno de Felipe Calderón que por fin lograron que se gestionara la obra, pero fue hasta el 2014, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que salieron los recursos y se licitó la obra, asignada a la fusión de dos empresas consentidas de ese sexenio: EPCCOR SA de CV y Mexicana de Presfuerzo SA de CV (EPCCOR-MEXPRESA), recuerda el profesor Ruiz Espinosa. La obra era el conjunto de dos puentes que costarían 421 millones 987 mil 563 pesos con 91 centavos. Y aunque la obra inició el 24 de octubre del 2014, para el 16 de agosto de 2016 se rescindió el contrato a las empresas y sólo fue construido un

puente en un 70 por ciento. Según el expediente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el proyecto Rizo de Oro-La Concordia consiste en la construcción de dos puentes sobre el vaso de la presa Belisario Domínguez, conocida como La Angostura, de la carretera “Chicomuselo-Rizo de Oro La Concordia”; el primer puente es el Rizo de Oro, ubicado en el km 47+500, y el segundo es el de La Concordia, ubicado en el km 63+200. La ASF aclaró que solo estaba licitado, contratado y en proceso de ejecución el puente “La Concordia”, y del puente “Rizo de Oro” no se iniciaron los trabajos correspondientes debido a que no se asignaron recursos en los ejercicios 2013 a 2016. La ASF documentó en la Auditoría de Inversiones Físicas 16-0-09100-

04-0331, una serie de irregularidades en la ejecución de la obra, lo que afectó a los pobladores de la región y desde hace cinco años volvieron a tocar puertas en las diversas instancias del gobierno estatal y federal para reiniciar los trabajos pero tras la sospecha de actos corrupción y situaciones no aclaradas, la obra quedó varada. El puente atirantado de 703 metros, el que sería el más largo del país, quedó inconcluso y sus pobladores exigen la conclusión de este complejo que detonaría no sólo la comunicación, sino la economía en los municipios de Chicomuselo, Frontera Comalapa, Bellavista, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Siltepec, El Porvenir, así como La Concordia, Parral y muchos más. El ingeniero Porfirio Guzmán de Aquino, miembro también del grupo Amigos de La Concordia AC, forma parte de los pobladores de ese municipio que han unido esfuerzos para exigir al gobierno federal y estatal para que les terminen de construir el puente y la construcción del segundo tramo. Dice que unos 225 millones de esa obra fueron desviados en el gobierno de Manuel Velasco, pero que fueron usados para la reconstrucción de la carpeta asfáltica de un tramo carretero en la región de 57 kilómetros que va de Las Limas a Revolución Mexicana.

FNLS lucha por la libertad de los presos políticos Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS, continúan realizando una activa campaña en la que exigen la liberación de presos políticos en Chiapas y México. Javier Pérez Pérez, vocero del grupo que realizó la jornada a un costado del palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que este miércoles se realizó la audiencia del caso de su compañero de nombre Javier acusado de Robo con violencia, del cual han documentado diferentes irregularidades

y tortura. Detalló que, a nivel nacional son seis lo integrantes de esta organización los que han sido detenidos, cuatro de ellos en Chiapas, tres ya alcanzaron la libertad. En el caso del compañero Javier detido hace más de dos años, ha sido emblemático pues su audiencia ha sido pospuesta en varias ocasiones. Sobre los casos de los liberados, informó que, a través de la lucha legal, demostrar que los delitos por los que fueron detenidos eran falsos, y había un trasfondo. Precisaron que estas detenciones han ocurrido desde el año 2019, “Javier González Díaz lleva dos años y

cuatro meses recluido en el Centro de Reinserción Social para Senten-

ciados Número 5 en San Cristóbal de Las Casas sin que haya sido juzgado”.

Jueves 25 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

l diputados electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Díaz Sánchez, alias “El Gato”, buscó rendir protesta vía Zoom desde un penal federal de Michoacán, donde se encuentra recluido acusado de homicidio, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de estupefacientes y ultrajes a la autoridad. Sin embargo, el oficio enviado el pasado 23 de noviembre a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso de Oaxaca se quedó archivado. Caso contrario, el diputado electo por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Horacio Sosa Villavicencio, tomó protesta al cargo vía Zoom desde la clínica donde se recupera de las secuelas de covid-19. El pleno aprobó con 40 votos tomarle protesta al cargo a Sosa Villavicencio vía Zoom, al acreditar su ausencia a la toma de protesta del día 13 de noviembre de 2021, con una constancia médica de fecha 8 de noviembre expedida por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En el caso del diputado electo PRI, Gustavo Díaz Sánchez, no se le tomó protesta pese a que presentó un oficio a la presidenta de la Mesa Directiva, Mariana Benítez Tiburcio, para rendir protesta desde un centro de máxima seguridad penitenciaria.

Rosa Santana Campeche, Cam. (apro)

El fiscal general Renato Sales Heredia aclaró hoy que Arturo Bravo Muñoz, el hijo de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, no fue nombrado vicefiscal general, sino director de Control Interno de la Fiscalía General del Estado (FGE). No obstante, explicó que temporalmente el joven está encargado del despacho de la nueva vicefiscalía de Control Interno que se creó recientemente para separar de la de Derechos Humanos las tareas que tienen que ver estrictamente con los asuntos internos de la FGE, como cuidar al personal y vigilar su conducta. “Siempre es necesaria una unidad de asuntos internos, tener en las corporaciones que se dedican a seguridad y justicia lo que se conoce como la policía de la policía, un área que supervise la actividad de las personas que se desempeñan al interior de este tipo de corporaciones, y no existía propiamente aquí en la FGE”, argumentó. Añadió que esas tareas recaían antes en la vicefiscalía de Derechos Humanos, “pero una cosa son los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de las personas en general y cómo debemos conducirnos en ese aspecto, y otra la investigación y vigilancia de los elementos de la corporación, y decidimos separarlos”.

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Congreso de Oaxaca “archiva” petición de diputado electo para tomar protesta desde prisión El pleno aprobó con 40 votos tomarle protesta al cargo a Sosa Villavicencio vía Zoom, al acreditar su ausencia a la toma de protesta del día 13 de noviembre de 2021, con una constancia médica de fecha 8 de noviembre expedida por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Díaz Sánchez fue electo por el distrito I con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa, sin embargo, fue detenido el pasado 4 de noviembre por los delitos de ultrajes a la autoridad, daños y delitos contra la salud. Posteriormente se le impuso prisión preventiva por los diversos delitos

de homicidios y fue recluido en el Centro de Readaptación Social número 17, ubicado en el estado de Michoacán. Pese a que el caso fue expuesto en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, “El Gato” apeló a sus derechos humanos y políticoelectorales, así como al principio del

Derecho Procesal Penal de presunción de inocencia. “Me presento ante esta honorable Legislatura para efecto de que se me tome protesta al cargo como diputado del que fui electo democráticamente, por las vías electrónicas de video comunicación existentes, en especial por video conferencia en la plataforma digital Zoom, por ser el método idóneo acordado previamente por la Legislatura para tales efectos”, expuso en su documento. El caso no fue mencionado en el pleno. De acuerdo con la Constitución de Oaxaca, Díaz Sánchez solo tendrá 10 días para poderse integrar a la LXV Legislatura, de lo contrario, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones debido a que su suplente Miguel Lucas Jacobo, falleció el pasado 9 de septiembre, debido a un paro cardiaco.

Layda Sansores atribuye escándalo en Campeche a “razones de misoginia” En conferencia de prensa a la que convocó para responder a los señalamientos que le hizo la fracción priista en el Congreso local respecto a la ilegalidad del controversial nombramiento de Bravo Muñoz, Sales Heredia aseguró que es legal porque no es vicefiscal sino director de área, aunque temporalmente está encargado de la nueva vicefiscalía. Añadió que el nombramiento no contraviene las disposiciones de la Ley Orgánica de la FGE porque para el cargo de director que Bravo Muñoz desempeña no se establecen los mismos requisitos que para ser fiscal general o vicefiscal.

“Conflicto de intereses” Ayer, desde la tribuna legislativa, el dirigente de la bancada priista en el Congreso local, Ricardo Medina Farfán, cuestionó el polémico nombramiento de Bravo Muñoz como vicefiscal general y señaló que, además de que hay un “conflicto de intereses”, el nuevo funcionario incumple los requisitos que la Ley Orgánica de la FGE estipula para ocupar el cargo. Señaló que esa ley establece “con mucha puntualidad” en sus artículos 21 y 24 “los requisitos que debe cumplir cualquier persona para ser titular

de la institución o un vicefiscal en el estado”. En ambos casos, los requisitos son los mismos: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener cuando menos 30 años de edad el día del nombramiento; poseer el día del nombramiento título y cédula profesional de licenciatura en Derecho con antigüedad mínima de cinco años y haber residido en el estado los últimos cinco años, entre otros. En ese sentido, destacó que Bravo Muñoz los incumplía pues su fecha de nacimiento está datada en 1992, por lo que no tenía los 30 años cumplidos al momento de su nombramiento; su cédula profesional, la número 11557138, fue expedida en 2019, es decir, hace dos años; y tiene la residencia efectiva de cinco años previos a su nombramiento. Por ello, Medina Farfán informó que la fracción parlamentaria del PRI envió un oficio a Sales Heredia con las mencionadas observaciones y le pidió que, además de responder los señalamientos, les presente el expediente administrativo en el cual se basó para dar este nombramiento. En la conferencia de prensa de hoy, el fiscal general aseguró que Bravo

Muñoz cumple con el perfil y los requisitos para el cargo que desempeña, además de que aprobó todos los exámenes de control de confianza. También descartó que este sea un caso de nepotismo o de tráfico de influencias y reiteró: “contundentemente no hay violación a la ley orgánica”. Destacó que la nueva vicefiscalía de Control Interno se creó “precisamente para controlar internamente la institución” y admitió que para desempeñarlo “la verdad es que preferimos que fuera una persona sin relaciones ni vínculos internos para facilitar su tarea”. Sobre la ética en esa cuestionada designación, el también excomisionado nacional de Seguridad, consideró que “es una cuestión de valoración”, y argumentó que él conoció a Bravo Muñoz desde antes de que comenzara la presente administración estatal.

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Jueves 25 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Este jueves, marcha por la eliminación de la violencia contra la mujer; gobierno define operativo vial y de seguridad De la Redacción Ciudad de México (apro)

a Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México llamó a que la marcha de mañana, jueves 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se realice de manera pacífica. En un comunicado, Martí Batres, titular de la dependencia, refrendó su “solidaridad con la lucha de las mujeres” e hizo un “llamado para que el derecho a la libre manifestación se ejerza de manera pacífica”. Además, dijo que en la CDMX “se garantiza el derecho a la expresión social”, mientras que las instituciones son “solidarias” y se suman con acciones a la lucha de las mujeresDe acuerdo con organizaciones feministas y “colectivas” que marcharán mañana jueves, la manifestación comenzará a las 16 horas en la glorieta del Ángel de la Independencia y se dirigirá al Zócalo capitalino. La Coordinación 8M informó que la

En un comunicado, Martí Batres, titular de la dependencia, refrendó su “solidaridad con la lucha de las mujeres” e hizo un “llamado para que el derecho a la libre manifestación se ejerza de manera pacífica”

ruta será Paseo de la Reforma, Juárez, 5 de Mayo hasta llegar a la principal plaza pública del país. Harán paradas simbólicas en la ahora llamada “Glorieta de las Mujeres”, donde antes estaba la estatua de Cristóbal Colón, y en el Antimonumento, frente al Palacio de Bellas Artes. Se tiene prevista la participación del llamado “Bloque Negro”.

Algunos de los lemas de la marcha serán: “¡Por el derecho a decidir!”, “¡Contra las violencias machistas!”, “¡Contra la precariedad laboral!”, “¡Contra la criminalización al movimiento de mujeres!”, “¡Contra los feminicidios y transfeminicidios!” y “¡Ni una más, ni una menos!”. No obstante, otros colectivos anun-

ciaron que saldrán del Monumento a la Revolución a las 13 y las 15 horas. Ante el anuncio de la marcha, el gobierno capitalino instaló vallas metálicas para proteger edificios y monumentos históricos ubicados en el corredor por donde pasará el contingente. El Día Internacional contra la Violencia de Género se remonta al año 1981 en América Latina. Se realiza en honor a las hermanas dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por ser opositoras a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó cada 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para conmemorar ese hecho. Operativo y alternativas viales

En octubre aumentaron los delitos relacionados con el crimen organizado Patricia Davila Ciudad de México (apro)

Durante el pasado mes de octubre, cinco delitos se incrementaron en el país: lesiones dolosas, extorsión y narcomenudeo –relacionados directamente con el crimen organizado– así como violación y violencia familiar. De acuerdo con la evaluación de los datos estadísticos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que mes con mes realiza la organización Semáforo Delictivo, se determinó que los delitos de alto impacto se mantienen altos: Homicidio, con 2 mil 352 carpetas, se mantiene en amarillo, ligeramente por debajo de la media histórica. Sin embargo, para el cierre del año, se pronostica una cifra muy similar a la del año anterior. Extorsión y narcomenudeo se ubican en rojo, con un incremento en el año de 7% y 8%, respectivamente. Solo en secuestro hay mejores noticias, pues reporta una reducción importante de 27% y todos los meses del año ha estado en verde. “La estrategia de la presente administración ha fallado en lo que había prometido, una reducción de delitos de crimen organizado. Seguimos siendo uno de los países con mayores tasas de homicidio en el mundo y hay alertas de viaje a varios

estados por la inseguridad, la corrupción de autoridades con el narcotráfico y el colapso del Estado de derecho”, comentó Santiago Roel. Por otra parte, señaló que en lo que se refiere a los delitos socio-familiares, se ubican en rojo a pesar de que, generalmente, para estas épocas del año deberían estar en amarillo. Todos muestran incrementos en el año: lesiones ha subido 7%; violación 28% y violencia familiar 16%. Feminicidio se encuentra en amarillo este mes, pero también presenta un incremento en el año de 4%. Roel señaló la falta de resultados por parte de las autoridades de seguridad, para bajar el índice delictivo en la familia: “La pandemia, el confinamiento y la crisis económica han estresado a las familias, lo que viene a reflejarse en un aumento de la violencia en la casa y en el barrio. Las autoridades no han sido capaces de contrarrestarlo mediante la prevención y la atención oportuna”. En lo que se refiere al delito de robo, en el mes de octubre se ubica en amarillo: Robo de vehículo y a casa reportan reducciones de 5% en el año, y robo a negocio de 10%. Se estima que estos delitos continúen así, en tendencia estable o ligeramente ascendente, sin llegar a los rojos. En conclusión, en general, la cifra delictiva fue en aumento durante el mes de octubre.

Trabajadores de Dos Bocas, en paro por irregularidades en pago de aguinaldo De la Redacción Ciudad de México (apro)

Por segunda ocasión en las últimas semanas, 500 trabajadores de la refinería de Dos Bocas se fueron a paro este miércoles. En esta ocasión, la inconformidad es porque se presentaron irregularidades en el pago de su aguinaldo. De acuerdo con la prensa local, cada mes la empresa Guisa entrega un bono mil pesos. Al cuestionarles sobre el aguinaldo, Guisa argumentó que en ese mismo pago viene parte del aguinaldo, finiquito y prima vacacional. Por ello, informaron que no realizarían otro pago durante el mes de

diciembre. Al escuchar este anuncio, los trabajadores de la refinería de Dos Bocas expresaron su molestia a la empresa, la cual intentó establecer mesas de diálogo con los inconformes, sin que se llegara a un acuerdo. Se esperaba que los trabajadores lleven a cabo un nuevo encuentro con los ejecutivos con la finalidad de dar solución a las irregularidades en el pago de aguinaldo. El primer paro que realizaron los trabajadores de la refinería fue por el adeudo de tres semanas de sueldo, por trabajar horas extras sin darles pago alguno y laborar sábados y domingos.

Jueves 25 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Denuncian que acuerdo sobre megaobras pretende establecer “estado de excepción” contra pueblos originarios Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

a Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’Xílnbal acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno de “racistas y promotores de la violencia contra los indígenas”, al emitir el acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional las mega obras de su administración como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. En una carta abierta dirigida al mandatario, la organización indígena, que ha promovido recursos jurídicos contra el Tren Maya, consideró que el acuerdo presidencial publicado el 22 de noviembre, pretende “establecer un estado de excepción en contra de los pueblos originarios de México”. Al exigir la derogación del acuerdo “porque va en contra de las normas éticas y morales debidas a los pueblos originarios en la comunidad de Naciones Unidas”, la Asamblea Múuch’Xílnbal insistió en su demanda de cancelar el “mal llamado” Tren Maya, al que considera “es un proyecto mal concebido, mal diseñado, mal ejecutado -técnica, política y socialmente- corrupto, corruptor y

Juan Omar Fierro Ciudad de México (apro).

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó al Pleno la controversia constitucional 90/2020, presentada por la Presidencia de la Cámara de Diputados, que impugna el acuerdo presidencial que dispone del uso de las fuerzas armadas regulares para desempeñar tareas extraordinarias y permanentes de seguridad pública, incluyendo labores de investigación contra civiles. La determinación fue anunciada en la sesión pública de la Primera Sala después de que se diera a conocer que el proyecto de la ministra Margarita Ríos-Farjat proponía reconocer la constitucionalidad del acuerdo, provocando la alerta de organizaciones civiles. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2020, el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” fue impugnado por la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, sin que fuera

trasgresor de los convenios internacionales contra el etnocidio”. La organización indígena, a través de su coordinadora Anahí Haizel de la Cruz Martín, recordó que el domingo 21 dirigió al presidente otra carta abierta en la que alertó que había solicitado medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante los constantes ataques y señalamientos de funcionarios de gobierno federal en contra de organizaciones indígenas que se oponen al Tren Maya. En la misiva del domingo resaltaron que “quienes más se han empeñado en denostarnos agredirnos e intentar lincharnos y criminalizarnos públicamente son el director de Fonatur, Sr. Rogelio Jiménez Pons,

y el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués”. Del último funcionario, destacaron que la inauguración del tianguis turístico de Mérida, se refirió a las organizaciones indígenas que han recurrido a la justicia federal para impugnar la construcción del Tren Maya como parte del “cartel de ampareros”, identificando a los opositores de la mega obra con delincuentes, “como si recurrir a la Ley constituyera un delito”. Al recordar que en su intervención Torruco dijo que los “ampareros”, les “hacen los mandados” a los miembros de la administración federal, la Asamblea Múuch’Xílnbal preguntó al presidente “¿Qué sigue después señor presidente? ¿Ya tocaron fondo sus sicarios de Turismo o que otras

ofensas, insultos y mentiras se les ocurrirán? ¿Hasta cuándo van a continuar financiando la 4T -con dinero público- estos atropellos y esta campaña de agresión y desprestigio en nuestra contra?”. En la nueva carta de este miércoles, la organización indígena advirtió que la respuesta que recibieron de su carta del domingo fue el acuerdo presidencial. “Al día siguiente, señor presidente, su decreto fue la respuesta más clara. Desde nuestra perspectiva de pueblo originario de la Península Maya lo que usted está intentando con su decreto del lunes 22 es la creación de un estado de excepción contra nuestros derechos indígenas”, apuntó la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’Xílnbal. Tras recordar que en los últimos tres años de su gobierno “más de un centenar de defensoras y defensores de los derechos humanos e indígenas han sido asesinados en México”, la organización responsabilizó a López Obrador, a Jiménez Pons y a Torruco Marqués “de cualquier amenaza, percance o daño físico que pudiera ocurrirle a cualquier integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xílnbal, pues su reiteradas difamaciones nos han puesto -con toda intención criminalen una situación vulnerable”.

Controversia sobre uso de militares en seguridad se resolverá en el Pleno de la Corte sometido al Pleno de San Lázaro, ya que la mayoría parlamentaria de Morena se oponía a dicho recurso legal. Designada a propuesta del presidente López Obrador, la ministra Ríos Farjat se ha caracterizado por votar de forma favorable a reconocer la constitucionalidad de reformas emblemáticas que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador como la imposición de prisión oficiosa o automática para delitos fiscales. Sin embargo, su voto formó parte de la minoría, ya que el Pleno de la Corte calificó como inconstitucional dicha norma y declaró su invalidez. En el caso del acuerdo sobre el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública se necesita mayoría calificada de 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de la norma y declarar su invalidez. El decreto sobre el uso de los militares en tareas permanentes de seguridad, fue firmado por el presidente López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Mari-

na y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y otorga facultades a las fuerzas armadas para llevar a cabo las citadas tareas de seguridad hasta el año 2024, derivado de un artículo transitorio que sirvió para la creación de la Guardia Nacional. A pesar de que el acuerdo señala que para el uso de las Fuerzas Armadas Permanentes en labores de seguridad se deben cumplir cinco condiciones concretas (ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, complementaria y subordinar a los militares a los mandos que disponga el presidente), organizaciones de derechos humanos han advertido que la mera enumeración de dichas condiciones provoca incertidumbre legal, ya que estos principios y límites no se describen en la norma impugnada. El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro ProDH) ha advertido que el artículo transitorio de este acuerdo no promueve ni garantiza un marco regulatorio para que la participación de

los militares en tareas de seguridad se realice de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, lo que representa una transgresión a la Constitución. Debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no impugnó el llamado acuerdo “militarista”, la entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, interpuso la controversia constitucional desde el 19 de junio de 2020, con el argumento de que se violó el principio de división de poderes, ya que el Poder Ejecutivo Federal tiene facultad para disponer de las Fuerzas Armadas, pero no para establecer normas y reglamentos en esta materia.

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ONG califican de “neoliberal” y “violatorio de derechos humanos” el decreto presidencial Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

ecenas de organizaciones sociales calificaron de “inconstitucional” y “violatorio a los derechos humanos” y de carácter “neoliberal” al acuerdo presidencial por el que se consideran de “interés público y seguridad nacional” las megaobras de la actual administración, publicado el lunes 22 en el Diario Oficial de la Federación. En un comunicado conjunto la organizaciones sociales dedicadas a la defensa de derechos de los pueblos indígenas, ambientales, territoriales, de las mujeres, de acceso a la información pública, a la libertad de expresión, a la defensa del territorio, entre otros, alertaron sobre los agravios que se derivarían de la aplicación del “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indica, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”. Las organizaciones llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al Congreso de la Unión para que “activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo para resguardar los preceptos constitucionales, tal como lo ha decidido del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)”. Las organizaciones firmantes consideraron inconstitucional que con una norma administrativa “se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional y con ello se abra la posibilidad de reservar información relacionada con dichos proyectos”, ya que da lugar “a la opacidad y a la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos, genera un

Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

Los periódicos financieros británico y estadunidense Financial Times (FT) y Wall Street Journal (WSJ) atribuyeron la caída del peso ante el dólar a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de proponer la subsecretaria Victoria Rodríguez Ceja al frente del Banco de México (Banxico), en lugar del exsecretario Arturo Herrera Gutiérrez. En un artículo publicado hoy, el FT –que suele ser muy crítico de López Obrador-- cuestionó el nombramiento de una “oscura economista del sector público” al frente del banco central mexicano, en lugar del exsecretario “mejor conocido de los inversionistas”.

régimen de excepción en la regulación de proyectos públicos, y genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”. Recordaron que el Acuerdo ordena a las dependencias de la Administración Pública Federal a dar su “autorización provisional” para que arranquen las obras, “sin tener que esperar a que las licencias o permisos correspondientes sean otorgados bajo los procedimientos debidos”, lo que “fija un mal precedente al declarar como de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura que se consideren prioritarios y estratégicos, pues abre la posibilidad de que reserve información relacionada con éstos, sin reconocer que estas acciones debe llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería”. Insistieron que lo que se pretende es “eliminar obligaciones a las que el Estado mexicano se ha comprometido y debe cumplir antes de otorgar cualquier tipo de autorización para megaproyectos, tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”. Considerar de interés público y prioritarias estas activades por parte del Ejecutivo, se “contraviene de manera directa el derecho a la tierra y al

territorio de los pueblos y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado mexicano se ha comprometido”. Para las organizaciones en el fondo el Acuerdo “se suma a un marco normativo neoliberal vigente en México” como las leyes Minera, de Hidrocarburos, de la Industria Eléctrica, “que prevén estas actividades como de utilidad pública y preferentes frente a cualquier uso del territorio a costa de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables”. Consideraron que el Acuerdo contraviene el artículo 6 constitucional, al declarar que son de “seguridad nacional” todos los proyectos y obras públicas a cargo del Estado, pues se “genera una aplicación restrictiva del derecho a información y máxima publicidad, pues posibilita que cualquier información pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional, y en consecuencia, clasificar a priori, toda la información relacionada con los mismos”. En ese sentido, agregaron que dicha clasificación “rompe el principio de regularidad constitucional y contraviene los principios y disposiciones de la legislación de la transparencia y los tratados internacionales en la materia”. Al recordar que de acuerdo a la legislación, las autoridades “cuyas responsabilidades específicas incluyen

la protección de seguridad nacional”, pueden considerar reservar la información por “seguridad nacional”, las organizaciones apuntaron que el aval presidencial “posibilita que cualquier entidad pública que conozca, intervenga, genere o posea información sobre proyectos y obras públicas, puede invocar este supuesto como reserva dando paso a actuaciones discrecionales y arbitrarias por parte del Estado”. Para las organizaciones resulta preocupante que el Acuerdo permite “una autorización provisional de proyectos, hasta por 12 meses, lo que limita el despliegue de mecanismos de control y de rendición de cuentas que deben seguir los proyectos u obras públicas, como los procesos de planeación, licitación y ejecución de los mismos”. Agregaron que las obras y proyectos públicos no sólo impactan en el patrimonio público sino también “en la garantía de derechos y acceso a servicios por lo que deben ejecutarse de manera abierta, pública y respetando los procedimientos, reglas y requisitos previstos en los distintos marcos jurídicos para lograr su utilidad, eficiencia y calidad, que respondan a los problemas públicos, en condiciones de igualdad”. Los firmantes insistieron en que “generar un sistema de excepciones que elimina los mecanismos de evaluación y control, pone en riesgo el cumplimiento de objetivos de los proyectos y obras públicas conforme a las necesidades sociales y la garantía de derechos humanos, pero también trasgrede la rendición de cuentas y genera un campo fértil para la opacidad y la corrupción”, frente a lo cual “la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en un sistema democrático auténtico”. Puntualizaron en que “limitar los controles y mecanismos de prevención de la corrupción implica un manejo discrecional que impacta frontalmente en el ejercicio efectivo de los derechos humanos”.

Anuncio de Rodríguez Ceja al Banxico provocó “depreciación brutal” del peso: Financial Times y WSJ De acuerdo con el periódico, el derrumbe del peso observado hoy se debió al anuncio que realizó el mandatario durante su conferencia matutina, a pesar de que “trató de calmar los temores de que quiere interferir en las decisiones del banco”. En la misma línea, el WSJ observó que la decisión de nombrar a Rodríguez, actual subsecretaria de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) provocó una “depreciación brutal” del peso, causada por “preocupaciones sobre su independencia y cualificaciones técnicas”.

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Presentan “Informe regional: Situación de la violencia contra las mujeres periodistas en América Latina” Aline Espinosa Gutierrez Ciudad de México. (Cimacnoticias)

e manera histórica las periodistas han enfrentado diversas dificultades para desarrollar su labor y encontrar espacios de difusión, lo que se agravó con la pandemia debido a los despidos, inestabilidad económica, y la sobrecarga de las tareas de cuidados no sólo en México evidenció el “Informe Regional: Situación de la violencia contra las mujeres periodistas en América Latina”. Es necesario recordar que este informe es resultado de la solicitud que hizo en su informe (presentado el 30 de julio de 2021) la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Zubaida Khan, quien pidió que se recabara toda la información pertinente sobre las violencias hacia personas que ejerzan o promuevan a la libertad de expresión y acceso a la información o periodistas con el fin de generar recomendaciones para la protección, atención y eliminación de la violencia contra estas profesiones. Durante la presentación del informe, la responsable de Redes de Periodistas, Libertad de Expresión y Género en Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Adriana Ramírez Vanegas, explicó que cada 34 horas una periodista mexicana es agredida, en particular aquellas que cubren temas relacionados con la política, Derechos Humanos o género. Ellas son víctimas de violencia digital, sexual, física o psicológica en cualquier lugar, hora o circunstancia. En el caso de México, dijo Vanegas, las agresiones contra mujeres periodistas aumentó un 53 por ciento en 2020, es decir que 2 de cada 10 periodistas fueron víctimas de algún tipo de violencia: persecuciones, criminalización o uso de la fuerza pública, debido a su trabajo periodístico y a su condición de género. Los principales agresores fueron militantes o actores políticos, empresas, y grupos criminales. Esta situación de violencia, comentó, se trasladó al ámbito digital con la llegada de la pandemia, donde también las periodistas fueron censuradas y atacadas con narrativas sexistas, esto junto a la militarización vigente ha convertido a México en uno de los países “más mortíferos” para ejercer el periodismo en los últimos 20 años, en los que han sido asesinados 142 periodistas y han ocurrido 19 casos de feminicidio contra mujeres que desarrollaban esta labor, la mayoría siguen impunes. Ramírez Vanegas resaltó que del total de casos, sólo 2 han procedido y son investigados en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos

contra la Libertad de Expresión, lo que evidencia el poco acceso de justicia e interés para detener las agresiones contra quienes ejercen esta profesión, porque las acciones de la administración actual, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, sólo se han quedado en promesas. “Las mañaneras del presidente han generado un espacio de disputa y acceso a la formación, pero también se ha colocado como un espacio de violencia mediática contra las periodistas.El discurso oficial constantemente estigmatiza a la prensa, utiliza estereotipos y señala que no cuentan con los datos o información, por lo que se desestima la validez con la que las periodistas generan su labor”, declaró Vanegas. Para atacar estas problemáticas, comentó Vanegas, existen diversos puntos a trabajar, algunos de ellos es que las periodistas puedan disponer de espacios seguros para su labor, garantizar atención integral, aplicación de la perspectiva de género en las redacciones, y mejorar las condiciones laborales, entre otras más.

Muchas leyes poca protección En Argentina las circunstancias no cambian para las periodistas, dijo la coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Miriam Bobadilla, si bien hay leyes que las protegen, como la “Ley de Equidad de Género en los Medios Públicos”, en la realidad sus derechos no son respetados en sus redacciones, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad de ser agredidas o amenazadas en las coberturas. Algunos casos de violencia, dijo Bobadilla, son el de la periodista Teresita Frías, quien comenzó a ser acosada en redes sociales, censurada, sufrió violencia institucional, su casa fue agredida e iniciaron denuncias falsas contra ella luego de denunciar haber sido humillada por un periodista; o el caso de la periodista Silvia Martínez Cassina, la cual fue desplazada de la conducción del “Noticiero Trece” después de exigir paridad en el gremio de la televisión y que haya mayor equidad de género en este sector. Además de estos casos, comentó Bobadilla, uno más es el de la periodista Paula Sabatés, quien fue perseguida

debido a su activismo interno en el diario de la “Página 12”. Este panorama fue peor con la Covid-19, pues menos mujeres ingresaron a los medios de comunicación, los temas con género no entraron en la agenda mediática y sólo la voz de expertos fue impulsada en las discusiones sobre las consecuencias de la pandemia. Todo ello conllevó a que las argentinas quedaran invisibilizadas. En su opinión, si las redacciones no cuentan con una capacitación en perspectiva de género, los avances para las mujeres serán a “cuenta a gotas”. “Debemos considerar importante la incorporación de la perspectiva de género en las currículas de la facultades, profesorados y en la docencia para que así el lenguaje sexista ya no sea validado”, agregó. Para la también periodista el Estado argentino debe trabajar para que existía un representación paritaria en los medios de comunicación, políticas públicas con enfoque de género, y que a las empresas de comunicación promuevan contenidos que incluyan a las mujeres.

Violencia de género es normalizada En Brasil la violencia de género contra las mujeres es normalizada dentro y fuera de las redacciones, es por ello que sólo 18 por ciento de los contenidos que hablan sobre las mujeres las muestran como víctimas o testigos, pero nunca como sujetas de sus Derechos Humanos o personas activas en su comunidad, resaltó la psicología y representante de la Red de Periodistas para Brasil, Rachel Moreno. Moreno detalló que desde el inicio de su campaña, Jair Bolsonaro ha arremetido contra la prensa. Con su llegada al poder en 2019, las agresiones contra mujeres periodistas han aumentado, sin embargo no hay datos exactos sobre ello, y ejemplificó que “ningún medio publicó la denuncia que una periodista hizo contra Bolsonaro”, lo que muestra del riesgo al que se expone esta profesión. Esta circunstancia sumada a la llegada de la Covid-19, dijo Moreno, agravó los obstáculos que padecían las mujeres, la mayoría de ellas fueron despedidas, a pesar de que 34 por

ciento eran las jefas de familia, otras más se vieron obligadas a vivir con sus agresores por no tener recursos para trasladarse, y la división del trabajo en los hogares aumentó sólo para ellas. Para Moreno ser mujer y periodista es sinónimo de ser violentada en cualquier espacio y manera, además de ello, a ellas se les exige no sólo cumplir con su jornada laboral, y horarios extras, sino también realizar las tareas del hogar y cuidar de las y los hijos, por lo que sus oportunidades de crecimiento personal y profesional se ven limitadas. Moreno comentó que hay alrededor de 59 casos de violencia y 41 ataques contra profesionales de la comunicación, sin embargo las mujeres no han desistido y han luchado para impulsar sus trabajos periodísticos. De igual manera en Nicaragua, las periodistas han desempeñado actividades para seguir con su labor de informar aunque pongan en riesgo su vida. En palabras del especialista en Planificación Educativa y Promotor y Defensor de la Libertad de Expresión, Guillermo Medrano, las periodistas nicaragüenses están en un constante peligro de ser agredidas, incluso desaparecidas debido a la situación actual del gobierno en su país. Cuestión que ha sido de poco interés para los medios de comunicación, los cuales no tienen protocolos para evitar la violencia contra ellas. Como en otros lugares, dijo Medrano, la pandemia exigió que las mujeres cumplieran con jornada de más de 48 horas aunque recibieran menos salario que los hombres, por ello muchas periodistas tuvieron que renunciar. Las posibles soluciones a estas problemáticas, agregó, es que las autoridades creen un mecanismo de protección y cumplan con los convenios o tratados para respetar los derechos de las mujeres. Ante este contexto, la columnista y coeditora de “La Cuerda”, Silvia Trujillo, concluyó que existen peligros para las mujeres periodistas y ha habido un aumento de violencia contra ellas sin importar el país, con el fin de silenciarlas, ocultar su participación en la sociedad, y no permitir que se desarrollen, por ello es necesario que los sistemas de riesgo sean mejorados y haya un plan de protección con enfoque de género, Asimismo, declaró que es indispensable propiciar espacios formativos sobre seguridad con enfoque de género, crear políticas de seguridad, espacios libres de acoso y violencia sexual para las periodistas, y promover estrategias de protección colectivas. En esta liga puedes consultar el resto del contenido del informe: https://cimac.org. mx/2021/11/23/4505/

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DECRETO PRESIDENCIAL, LOS ASPECTOS DE LA POLÉMICA Ernesto Villanueva

l decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado el lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación donde declara de “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura” de los más distintos rubros ha generado vigorosas reacciones. Ante ello resulta oportuno aclarar las cosas para que cada uno forme su criterio con conocimiento de causa al margen de filias y fobias. Primero. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de los fines que busca este decreto presidencial: “beneficio colectivo de todos los mexicanos”. El problema reside en que los fines laudables del presidente López Obrador no encuentran aliado deseable en el sistema jurídico mexicano. No hay duda de que las leyes en estas materias enfrentan oportunidades de mejora sobre tiempos y requisitos que, en no pocas ocasiones, permiten o coadyuvan a la reproducción de pautas vinculadas a la corrupción. La solución, por desgracia, pasa necesariamente por la reforma de esas leyes mediante el proceso de producción de normas jurídicas establecido en la propia Constitución. No hay atajos por justificables que eventualmente puedan motivar esa acción por razones prácticas y políticas. El tema es que el fin jurídicamente no justifica los medios. El decreto presidencial de referencia tiene como fundamento el artículo 89, fracción primera, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de lo que se conoce como

facultad reglamentaria; es decir de “proveer en la esfera administrativa a (la) exacta observancia” de la ley. Existen dos tipos de reglamentos, los heterónomos que nacen en la medida en que hay una ley para hacerla operativa. Y los autónomos que se explican cuando se crean en una materia que no afecte lo que se denomina reserva de ley (materia reservada expresamente al Congreso de la Unión para legislar) y se crean para evitar un vacío normativo, siempre y cuando: a) no viole las leyes vigentes y b) no se aprueben leyes en esa materia específica. Reglamentar significa desarrollar en detalle, sin alterar ni modificar, el sentido de la ley. En otras palabras, no puede ir más allá de lo dispuesto por la disposición legal ni restringir los alcances de la ley formal. Segundo. El citado decreto no actualiza la hipótesis del reglamento heterónomo (porque no desarrolla la aplicación de una ley vigente) ni tampoco el autónomo (porque no llena una laguna jurídica). Además del artículo 89, fracción I el decreto funda su existencia en los artículos 26 y 90 de la Constitución. El artículo 26 se refiere a la planeación democrática e instruye al Ejecutivo Federal para que “establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”; en otras palabras, se trata de la confección del Plan Nacional de Desarrollo, pero evidentemente no crea atribución alguna relativa al contenido del decreto ni mucho menos. Hay aquí una deficiente

fundamentación, aunque pudiera tener apariencia de buen derecho. Tampoco resulta aplicable el artículo 90 que establece la organización de la Administración Pública Federal donde privilegia la Ley como instrumento. En modo alguno, se refiere a la figura del acuerdo, decreto o reglamento cuya jerarquía normativa se encuentra en la base de la pirámide normativa. La expresión “interés público y seguridad nacional” inevitablemente conduce a la información clasificada como reservada porque el artículo 4º, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prescribe que: la información “sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.” (Cursivas mías). De esta suerte, la asociación entre el decreto y la opacidad no fue una ocurrencia. El decreto presidencial multicitado no podría ser utilizado como medio para justificar la reserva de información porque: a) El artículo 108 de la LGTAIP dispone expresamente que: “Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada” justo lo que parece hacer el decreto; b) La clasificación de información debe hacerse caso por caso y atender el principio de prueba de daño para saber razonablemente si la secrecía tiene mayor valor que la liberación de la información o no (artículo 104 de la LGTAIP) y c) La eventual aplicación del decreto para justificar una eventual clasificación de información habilitaría al go-

bernado: a) acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que es una instancia accesible, pero carece de eficacia porque no tiene herramientas puntuales para obligar a los Poderes de la Unión a cumplir sus resoluciones; o b) Presentar una demanda de amparo indirecto ante un juzgador federal al aplicarse el decreto en cuestión aduciendo interés legítimo para lograr efectos generales (no sólo en favor del demandante) de la resolución judicial en donde se requiera la suspensión provisional, la definitiva y la protección de la justicia federal al resolver el fondo del asunto. Tercero. El decreto fue redactado con una deficiente técnica jurídica, de manera inversamente proporcional a los fines buscados por el presidente, con una inconstitucionalidad que en cualquier momento privará de vida a semejante instrumento jurídico y, peor aún, pone en la encrucijada a los servidores públicos de la Administración Pública Federal quienes deben optar entre: a) Observar el mandato de las leyes para evitar incurrir en responsabilidad al actualizar algunos de los supuestos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o b) Ignorar las leyes vigentes y ajustarse al decreto bajo el argumento de “no pasa nada”, el proyecto es primero. Es grave que cada vez más se vea la ley como una guía meramente testimonial y se opte por falsas salidas que más temprano que tarde sean declaradas inexistentes de la vida jurídica, dando de nueva cuenta insumos para la polarización cada vez más intensa en perjuicio de la sociedad toda.

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ACUERDO, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD NACIONAL Jorge Bravo

l presidente AMLO decretó el 22 de noviembre que la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal de México, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones y telecomunicaciones (y 12 actividades más, incluido el turismo), son de interés público y seguridad nacional. El Ejecutivo Federal busca que el propio gobierno acelere el otorgamiento de autorizaciones provisionales para la ejecución de las obras públicas, se alcance su beneficio social y se ejerza su presupuesto. La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, lapso durante el cual deberá obtenerse la autorización definitiva. Además del Presidente, el acuerdo está firmado por 18 secretarios de Estado. Implícitamente, el acuerdo reconoce que el gobierno es burocrático, entendido como lento e ineficiente. El documento no resuelve o hace que el gobierno -en su función de administrar y gestionar asuntos que exigen orden, procedimientos y cumplimiento de normas- sea más ágil y eficiente, sólo lo obliga a otorgar autorizaciones provisionales en un plazo máximo de cinco días. A la mitad de su gobierno, el presidente comienza a desesperarse porque sus proyectos no avanzan lo suficientemente rápido y podría no cumplir sus promesas y obras públicas de cara a la sucesión presidencial, dándole armas a sus adversarios. El gobierno de la 4T se ha tornado más burocrático e ineficiente de lo que ya era por dos razones: por destrucción de lo construido y por anacronismo tecnológico. Por destrucción, debido a que los nuevos nombramientos políticos vinculados a Morena desmontaron la estructura misma del gobierno,

colocando en puestos clave e inferiores a funcionarios inexpertos pero leales, muchos de ellos desconocedores no sólo de los asuntos a despachar sino obviamente de la administración pública, guiados acríticamente por criterios de austeridad pero no de eficiencia, desplazando a anteriores servidores públicos ya de por sí burocráticos, pero con conocimiento técnico y administrativo, por razones clientelares (colocar a los cuates y a los seguidores de Morena), ideológicas (desmontar la estructura neoliberal) y morales (acusar de corrupción, aunque sin denuncias, pruebas y mucho menos sentencias). Por anacronismo tecnológico, porque la transformación digital de la Administración Pública, encaminada hacia la implementación de un Estado y ciudadanía digitales, ha sido extremadamente lenta. El gobierno del presidente AMLO es refractario de la tecnología, de renovar licencias de software, de comprar equipos, de la importancia de la ciberseguridad. En julio de 2020, ante el retiro de computadoras a funcionarios de la Secretaría de Economía por austeridad, el presidente propuso compartir computadoras. Seis meses después sustituyó a la titular de esa cartera, pero en su momento AMLO declaró: “Imagínense los que lucharon en otros tiempos, por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía ¿Qué estaban esperando a que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar? Yo creo que son instrumentos, que son importantes, pero no es eso lo más importante. Hay manera, hay forma de resolverlo… el que se compartan los instrumentos de trabajo”. La Estrategia Digital Nacional (EDN), expedida tardíamente en

septiembre de 2021, contempla en uno de sus dos ejes una política digital para transformar mediante las TIC la Administración Pública Federal, para mejorar y transparentar los servicios gubernamentales que se otorgan a la ciudadanía. Sería interesante saber, en el marco del acuerdo de declarar la realización de obras públicas como de interés público y seguridad nacional, qué acciones va a emprender la EDN para acelerar la política digital para transformar mediante las TIC al gobierno, erradicar y agilizar procedimientos y digitalizar trámites. Porque las TIC y la digitalización exhiben las ineficiencias en los procedimientos y las cadenas de valor. La EDN está cimentada bajo los mismos principios paralizantes de clientelismo (un funcionario leal, pero que no dialoga con la industria y que piensa que hay que “erradicar la falsa idea de que todo trámite que se realiza a través de un sistema se encuentra digitalizado y que supone una mejora”); ideológicas (la EDN dice que la digitalización y las TIC son una moda, que hay que “promover la autonomía e independencia tecnológicas para establecer la rectoría del Estado en la definición de sus TIC”, como si existiera una única tecnología capaz de resolverlo todo) y morales (“existen experiencias gubernamentales negativas que han usado las promesas y alcances potenciales de la moda de la digitalización y de las TIC como pretexto para la dilapidación opaca de recursos públicos”). Otra falla del acuerdo es que desde 2013 las telecomunicaciones ya son un servicio público de interés general, además de que su acceso es un derecho fundamental, por lo que no hacía falta volver a declararlas de interés público.

El Presidente también se olvidó que existe una declaratoria de emergencia sanitaria vigente desde el 30 de marzo de 2020 y un acuerdo posterior que establece acciones extraordinarias para atender dicha emergencia. Como parte de ese acuerdo se definieron varias actividades como esenciales, incluidas las telecomunicaciones. Sin apelar a la seguridad nacional, el Ejecutivo Federal pudo incorporar la realización de proyectos y obras de infraestructura y sus autorizaciones provisionales como acciones extraordinarias para enfrentar la recuperación económica en el marco de la emergencia sanitaria. De haberlo hecho así, AMLO hubiera encontrado una justificación comprensible, necesaria, legítima, transparente y eficiente para avanzar en sus proyectos. No es que estén mal las autorizaciones provisionales, prontas y expeditas, sino que al enmarcarlas en la seguridad nacional, la propia Constitución prevé en su artículo sexto que toda la información en posesión de cualquier autoridad “sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional”, tal y como declara el acuerdo. El plazo son cinco años. La seguridad nacional son todas aquellas acciones “para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”. Esta definición excede la realización de obras de infraestructura. Al optar por la seguridad nacional, el Ejecutivo emite un acuerdo desproporcionado en su justificación, con visos inconstitucionales, atentatorio del derecho y acceso a la información, la transparencia y la máxima publicidad.

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Jueves 25 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“LAS INCONSTITUCIONALIDADES EN CHIAPAS”

l gobierno del Estado y el ayuntamiento Constitucional de Tuxtla, a pesar de tener conocimiento de que varios Juzgados de Distrito en el Estado, residentes en esta ciudad han declarado inconstitucional los artículos 48, fracción X y 51 de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas y 120 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, insisten en seguirlos aplicado en perjuicio de los gobernados; es decir, ninguno de los órganos competentes como el Congreso del Estado y Regidores del Ayuntamiento de Tuxtla, han procurado agendar la discusión de estas normas declaradas ya inconstitucionales. Es evidente que la norma y que más daño causa a la sociedad tuxtleca es la aplicación del artículo 120 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que permite el retiro de las placas o licencia de conducir, vulnerando la seguridad jurídica y legales de los gobernados porque si comete una infracción y sanción no se le debe desposeer de un bien que es parte del vehículo

Manuel de Jesús Cruz

o la licencia de conducir para que “garantice” el pago de la infracción impuesta, ya que si se trata de una sanción como es la multa, existe un procedimiento especial para que éste una vez teniendo las características de un crédito fiscal, el estado ejerza los medios necesarios hasta lograr el cobro. Ante semejante desamparo de las autoridades competentes de ve-

lar por la ciudadanía tenemos todos la responsabilidad de obligarlos a que hagan su trabajo porque según la Constitución Política de México, la soberanía reside “esencial y originalmente en el pueblo”. Los verdaderos chiapanecos no podemos permitirnos que en nuestro estado y principalmente en Tuxtla, sigan ocurriendo estas cosas y otras, pues depende de

nosotros y solo de nosotros resolverlos, impulsar a las autoridades competentes hagan su trabajo, será la medida de nuestro triunfo o de nuestro fracaso, o lo que es lo mismo parafraseando al filósofo mexicano José Vasconcelos “la batalla principal sucedía en el espíritu de los mexicanos, era allí donde se gana o se pierde la guerra por México”.

UN DECRETO INCONSTITUCIONAL

l presidente de la República ha violado nuevamente la Constitución Política: el principio de transparencia y el juicio de amparo. Con el decreto de 22 de noviembre en curso consumó la destrucción del estado de derecho y, con ello, ha impuesto la opacidad como regla y su libre arbitrio como instancia inicial y final. Ha dejado a los mexicanos en estado de indefensión. A base de decretos inconstitucionales y anticonstitucionales ha hecho algo más: ejercer el poder con base en la Carta Magna, al margen de ella y aún en contra de lo que su texto manda y prohíbe. Su acción, como la de toda autoridad arbitraria, no reconoce barrera, legales o humana. Nada detiene su acción. Eso es grave, general y reiterado. El decreto carece de fundamento. Los artículos 26 y 90 constitucionales que invoca, por el lado que se les vea, no lo fundan. Ninguno de esos preceptos le confiere facultades para hacerlo. En esas circunstancias, al emitirlo, viola los principios de que una autoridad sólo puede actuar en ejercicio de facultades que tiene conferidas y que

Elisur Arteaga Nava

debe fundar y motivar sus actos. Las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que invoca el presidente de la República no fundan su actuación; jurídicamente no pueden hacerlo. Son normas de naturaleza secundaria; ellas, por ser de jerarquía inferior, no pueden contrariar lo dispuesto por la fracción X del artículo 107 y el 134 constitucionales, que prevén lo relativo a la suspensión en los juicios de amparo y la transparencia, como regla general, en el manejo

de los fondos y recursos públicos. Estas normas son de naturaleza fundamental y de jerarquía superior. Los criterios para que los tribunales de amparo otorguen o nieguen una suspensión no puede estar sujetos a la voluntad o juicio de una de las partes, en el caso el presidente de la República o de sus subordinados; muchos menos en los supuestos en que se intenta hacerlo sin fundamento constitucional, con carencia de facultades y con el propósito de realizar actos

que afectarán tanto patrimonio público como el privado. El presidente de la República, vía un acto administrativo, carece de facultades para desvirtuar la suspensión, provisional o definitiva, que es inherente al amparo. La maniobra presidencial es obvia: está encaminada a dos propósitos: impedir que los tribunales federales sigan obstaculizando su acción destructiva de la economía, de la ecología, del estado civilista y la libre competencia, a través de conceder suspensiones cuando ellas le son solicitadas al promover amparos; y a gastar irresponsable y opacamente los fondos y recursos públicos Por cuestiones meramente transitorias, no es válido desvirtuar en forma permanente la institución del amparo y el principio de transparencia, como fórmula general y permanente, de disponer de los recursos públicos. Por ironías de la vida, a través del voto, hemos vuelto a etapas de nuestra historia que considerábamos superadas: la de un Supremo Poder Conservador, que sólo era responsable ante Dios; y a la de un “… un rey sin cetro real y sultán, al parecer…”

Jueves 25 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

EL DIVÁN Sergio Stahl

Pandemia #,COVID19: Vacunación y festejos de fin de año

n 30 días más llegará la Navidad y los festejos de fin de año. La pandemia del #COVID19 persiste. El contagio continúa y los fallecimientos de mexicanos suman ya más de 400 mil, con un rango de decesos diarios superior a los 200 . La pandemia sigue aquí. Chiapas lleva ya varios días sin registrar defunciones por el virus y la entidad se coloca en el color verde del semáforo epidemiológico. Por lo pronto, es necesario seguir las recomendaciones de los expertos en salud pública, a fin de evitar el contagio del #coronavirus en la temporada de festejos, que arrancan el 12 de diciembre y terminan el 6 de enero. El famoso “ puente Guadalupe-Reyes”: Procesiones, fiestas y comilonas. Para empezar, hay que vacunarse, usar el cubrebocas, sobre todo en los lugares muy concurridos, mantener la #sanadistancia en la medida de lo posible, el lavado de las manos. Vacunas hay suficientes y cada semana llegan más. Hay que desterrar mitos, creencias y leyendas urbanas. La resistencia a la vacunación tiene origen en el desconocimiento y en creencias de todo tipo. La cruzada contra la pandemia del #COVID19 en Chiapas está encabezada por el gober-

nador Rutilio Escandón Cadenas, quien- mañana a mañana - sale a convocar a los chiapanecos a participar responsablemente en la batalla contra el #coronavirus. La entidad es una de las que menos casos de contagio tiene en todo el país, desde el principio de la pandemia y, contrario a los agoreros del desastre, así se ha mantenido desde el inicio hasta la fecha, y también es de las que menos decesos ha tenido. Es un asunto de empatía que un porcentaje de la población estatal rechace la inmunización. En primer lugar, porque la gente duda de la efectividad de fármaco. Eso ocurre desde que Edward Jenner desarrolló la primera vacuna. La labor del gobierno es tratar de convencer al mayor porcentaje de la población a que se vacune de forma voluntaria, sin coerción alguna. En Chiapas, la participación ciudadana en el proceso de inoculación es loable a pesar de la diseminación de la población La estrategia de las brigadas en las calles- que visitan los hogares, los centros de trabajo para vacunar a la gente- es positiva. Los trabajadores del Sector Salud no descansan en la tarea de salvar a la gente de la pandemia. En suma, para celebrar de manera responsable la Navidad y el Año Nuevo en tiempos del

#COVID19, hay que vacunarse. En fin. BALCÓN. El diputado local ( MORENA) Felipe Granda Pastrana se pronunció en favor de la promoción comercial y fomento a la inversión en Chiapas, porque “no sólo es necesaria, sino urgente”.En su su perfil de la red social del Facebook, el legislador local afirmó : “Es momento de sumar esfuerzos y que ciudadanía, gobierno e iniciativa privada trabajemos en conjunto para atraer inversión local y extranjera que generen fuentes de trabajo digno y bien remunerado para nuestras familias. Desde la Comisión de promoción comercial y fomento a la inversión, hemos de sumarnos a los esfuerzos del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y de nuestro gobernador Rutilio Escandón, para mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre nuestra economía. Es una gran tarea, pero trabajando unidos y con pasión, es cómo hemos de dar los resultados que nuestro #chiapasdecorazon” merece... Eso es todo. EL DARDO. Así como es evidente que el diputado Yamil Melgar Bravo ejerce con legitimidad y tino político el liderazgo camaral en la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, también es patente la gris actuación parlamentaria y la inexperiencia política de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada (MORENA) María de los Ángeles Trejo Huerta.

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Jueves 25 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ANÁLISIS A FONDO: URGENTE AUMENTAR LOS MÍNIMOS Francisco Gómez Maza

• La inflación acabó con el poder de compra de los trabajadores • Se esperaba que el INPC creciera 6%, pero ya subió al 7.5%

a inflación, ese aumento elevado y sostenido de los precios de la economía que, en realidad, es el oneroso impuesto que pagan los pobres, está desbordándose. Y hay que pararlo. Un poco menos de avaricia en las relaciones de la oferta con la demanda. No es un movimiento ciego. Pero se ha agudizado la carestía no por los aumentos de los salarios mínimos. Esto es un cuento chino de los economistas adoradores del Becerro de Oro. Los salarios no han aumentado de tiempo acá. Es más bien al revés volteado: la inflación se come los aumentos del salario. En la primera quincena de noviembre, la medida de la inflación, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, aumentó 0.69 centésimas de punto porcentual, para registrar un crecimiento anual de 7.5% La estimación, el cálculo original de los economistas del Banco de México y de los estadísticos del INEGI, su expectativa de ellos y de nosotros, era de un crecimiento de 6.0 por ciento para todo el año de 2021. Pero a esa estimación se la chupó la bruja, como se dice en lenguaje popular. Mire cómo se fue desequilibrando la situación: En el mismo periodo de 2020 –primera quincena del otoñal noviembre- las variaciones correspondientes fueron de 0.04 centésimas y de 3.43 por ciento anual. O sea que pasó de 3.4 a 7.5. Más del doble. Peligroso movimiento de los precios. Aseguran los clásicos que lo que impulsa a que los índices de precios se muevan hacia arriba son, entre otros factores, los salarios mínimos. Por eso éstos se mantenían inalterables, en los tiempos del capitalismo salvaje de los gobiernos del PRI y de la llamada

Docena Trágica, en la que “cuidaron” la economía los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Obviamente asesorados por gente del Yunque, la organización cuasi secreta de la extrema derecha mexicana, pero que opera también en España y otros países. Pero esa conseja cientificista lo que buscaba era justificar el derroche, el robo, la corrupción de los gobiernos del Ancien Regime, como le dicen los franceses al Viejo Régimen. Importaba un bledo la situación de pobreza en que viven las mayorías de ciudadanos. Los trabajadores “que se jodan”. Frente a estos mitos, hay quienes argumentan que el salario y la inflación no caminan de la mano. El mismito presidente de la Conasami (Comisión Nacional de Salarios Mínimos), Luis Munguía Corella, defiende la tesis verdadera de que el salario mínimo de México tendrá que continuar adelante con su proceso de recuperación, independientemente del ciclo económico, ya que no constituye un factor inflacionario. Con todo, el incremento para el próximo año deberá ser superior a 7.5%, que es la tasa de la inflación con la que no se esperaba que concluyera 2021 la economía nacional. Pero los banqueros no dejan de expresar sus temores. Aún no se deciden a abandonar sus viejas teorías economicistas e impúdicamente avaras. Analistas de Citibanamex, por ejemplo, han advertido que el aumento a los salarios mínimos generales y profesionales del país, para 2022, tendrá que considerar las presiones inflacionarias que ha vivido la economía mexicana en el actual proceso de recuperación, tras el impacto de la pandemia del Covid-19

en la economía. Sin embargo, con inflación y todo – yo creo que la inflación es causada más por la avaricia y no por la confrontación entre la oferta y la demanda. En el lado oscuro, por ejemplo, en el trimestre julio septiembre, la población subocupada sumó 7.2 millones de personas y representó una tasa de 13% de la población ocupada y la desocupada o en el desempleo se situó en 2.5 millones de personas, con lo que la tasa de desocupación correspondiente fue de 4.2% de la PEA. Esta gente tiene que comer, por lo menos. Y de dónde va a sacar para comprar lo mínimo que necesita el cuerpo para sobrevivir. Y la inflación, para estos desheredados de Dios y de la vida, es una loza muy pesada sobre su lomo. Échenle: sin empleo, sin ningún ingreso, o magros ingresos en la muy precaria economía subterránea, y con una inhumana carestía de los bienes básicos, a dónde van a parar. ¿A la delincuencia? ¿Al robo? ¿Al asesinato? A DESFONDO: Pero no todo es negativo en la economía nacional. Lo que les conviene a los detentadores de los medios de producción camina. En septiembre pasado el valor de la producción, generado por las empresas constructoras, aumentó 1.7%, en términos reales, respecto al mes inmediato anterior. El personal ocupado total creció 0.4%, las horas trabajadas fueron mayores en 0.1% y las remuneraciones medias reales mostraron un alza de 0.4%, comparando septiembre con agosto pasado. Así, el valor real de la producción de las empresas constructoras registró un incremento de 9%, las horas trabajadas ascendieron 8%, las remuneraciones medias reales 7% y el personal ocupado total avanzó 6% con relación a septiembre de 2020.

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 25 de Noviembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2271 PUBLICACIÓN

Anuncio de Rodríguez Ceja al Banxico provocó “depreciación brutal” del peso: Financial Times y WSJ

REPORTE

Exponen desfalco por 54 MDP en Ayuntamiento de SCLC

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DEMANDA

Denuncian que acuerdo sobre megaobras pretende establecer “estado de excepción” contra pueblos originarios

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COMUNICADO

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SESIÓN

Controversia sobre uso de militares en seguridad se resolverá en el Pleno de la Corte

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ONG califican de “neoliberal” y “violatorio de derechos humanos” el decreto presidencial Decenas de organizaciones sociales calificaron de “inconstitucional” y “violatorio a los derechos humanos” y de carácter “neoliberal” al acuerdo presidencial por el que se consideran de “interés público y seguridad nacional” las megaobras de la actual administración, publicado el lunes 22 en el Diario Oficial de la Federación.

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Congreso de Oaxaca “archiva” petición de diputado electo para tomar protesta desde prisión