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CONTRAPODER EDICIÓN 2240

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CMAN

DOXA

EDITORIAL

Es irrelevante gobernar

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Chiapas vive una notoria crisis de gobernabilidad que está motivada por distintos orígenes. Un rezago social histórico en gran parte del territorio; la falta de oficio político en el actual gobierno de la entidad

A Patricia Armendáriz se le considera mujer inteligente, pero se contagió del síndrome de la política que convierte en tontos a los inteligentes... A punto tal de considerar la gubernatura de Chiapas una rifa y que le toca a Zoé Robledo, quien representa los intereses de Juan Sabines.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Lunes 11 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2240

INVESTIGACIÓN

PROTESTA

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE va por Pío López Obrador y su biblia de sobornos

FNLS realiza mitin frente al cuartel militar de San Cristóbal

El árbitro electoral ya cuenta con pruebas... además de que le exigió al hermano del Ejecutivo federal que le entregue la ‘Biblia’ en la que tenía registrados todos los recursos recibidos de forma irregular

Pena de muerte, “medida que no garantiza la impartición de la justicia”: CNDH

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POSTURA

PAG. 7

HOY ESCRIBEN PAG. 3

HOJAS LIBRES

Roberto Domínguez Cortés PAG. 15

CARTELERA POLÍTICA

PAG. 9

CNDH emite recomendación a Sedena por ejecución en Irapuato de un joven en marzo de 2017

OPOSICIÓN

No hay condiciones para el retorno a clases, reviran maestros ante el llamado hecho por el presidente de la República

Leonel Durante López

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ANÁLISIS A FONDO: CIENTÍFICO IGNORANTE Francisco Gómez Maza

EL DIVÁN

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Sergio Stahl

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FALACIAS Y ESPECTACULARIZACIÓN CONTRA EL ABORTO Lucía Melgar Palacios

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INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO: REFLEXIONES Y PRECISIONES SOBRE UNA SENTENCIA PARADIGMÁTICA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Alberto Pérez Dayán*

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SIN LUGAR PARA REGRESIONES CLIMÁTICAS Luis Miguel Cano PAG. 4

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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Lunes 11 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL Es irrelevante gobernar

C

hiapas vive una notoria crisis de gobernabilidad que está motivada por distintos orígenes. Un rezago social histórico en gran parte del territorio; la falta de oficio político en el actual gobierno de la entidad; la ausencia de toma de decisiones que se alimenta con la inercia de la mayoría de las secretarías y dependencias públicas; la indiferencia del gobernador frente a las demandas de la población que no son atendidas por ningún nivel de gobierno; la permisividad a los grupos paramilitares; a la incapacidad en la aplicación de la ley; al adelanto de los tiempos políticos por la búsqueda de la gubernatura, en donde el presidente busca apuntalar a Zoé Robledo, quien tiene dificultades para ponerse de pie por lo que se cae solo; y, por el mal uso del presupuesto en el que no hay eficacia y por lo tanto no se utilizan los recursos para construir gobernabilidad. El bien común no es ni remota-

mente la preocupación de este gobierno. Aquí se están privilegiando los proyectos personales y se vienen utilizando los recursos públicos para promocionar la imagen de los funcionarios, quienes, en su mayoría, carecen del don de la virtud para desempeñarse en el servicio público y que con la indolencia con que vienen actuando le están haciendo un daño incalculable a Chiapas. Las protestas recientes en varios municipios son claros indicios de la ausencia de gobierno y en donde el gobernador Rutilio Escandón es exhibido en los medios nacionales por su falta de manejo político y por la creciente presencia del narcotráfico en su gobierno, en la que la secretaría de seguridad y la fiscalía brindan protección a la delincuencia organizada. En Chiapas se requiere con urgencia un cambio de timón. El deterioro de las relaciones sociales es creciente y el gobierno a la fecha no ha mostrado las estrategias adecuadas para solucionar las demandas de los grupos. Es más, está

propiciando mayores conflictos y enfrentamientos, por decisiones ilegales como la integración de Concejos municipales y por la falta de conocimiento de los problemas, la cultura y las costumbres en los pueblos indígenas, que condujo a ceder espacios del Estado a grupos de autodefensa como está sucediendo en Pantelhó, Simojovel y Altamirano. La imagen del gobernador del Estado ha iniciado una fase de deterioro y de pérdida de legitimidad, en donde su nivel de aceptación es menor del 40%, con una clara tendencia a la baja, y sin posibilidades a mejorar su imagen. Sin duda, con tantos conflictos sin resolver, el gobernador consiguió la notoriedad que quería pero negativa. Lo malo es que la obtuvo a un costo político mucho mayor del esperado, lo que da muestra que nunca se imaginaron las consecuencias de la indiferencia y la frivolidad como estilo de gobierno, a punto tal que el gobernador considere irrelevante gobernar.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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La Unidad Técnica de Fiscalización del INE va por Pío López Obrador y su biblia de sobornos Héctor Gutiérrez Trejo Ciudad de México, (Tribuna)

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os sabuesos de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) tienen un objetivo: desentrañar los sobornos millonarios recibidos por Pío López Obrador con la presunta finalidad de financiar las campañas electorales de Morena. El árbitro electoral ya cuenta con pruebas... además de que le exigió al hermano del Ejecutivo federal que le entregue la ‘Biblia’ en la que tenía registrados todos los recursos recibidos de forma irregular. Esta semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde al INE para investigar al hermano del mandatario federal, quien buscó impedir las pesquisas en su contra argumentando que los posibles ilícitos cometidos datan de 2015, así que ya proscribieron, además de que, acusó, se cometió una violación de la presunción de su inocencia. De acuerdo con la sentencia del órgano jurisdiccional, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó a Pío para que le diera explicaciones sobre el destino de al menos 2 millones 400 mil pesos en efectivo que David León, ex funcionario de Manuel Velasco y ex Coordinador de Protección Civil en el gobierno de AMLO, le entregó para fondear campañas del partido guinda.

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Un juez federal resolvió amparar y proteger el derecho de una familia homoparental a registrar a sus hijos gemelos, luego de que la oficina del Registro Civil negara el derecho humano a la identidad de sus pequeños, porque ambas se presentaron como madres. El pasado 30 de septiembre, el Juez Cuarto de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez dictó la sentencia de un juicio de amparo iniciado por la abogada Ana Mendoza León, como representante legal de dos personas del sexo femenino de 31 y 32 años, a quienes el Registro Civil en Chiapas les negó en febrero del 2021 el registro de nacimiento por no cumplir con los requisitos del artículo 57 del Código Civil del Estado de Chiapas. El citado numeral refiere que “tienen la obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de ellos, dentro del primer año de ocurrido éste”, por lo que no podían hacerlo al presentarse ambas como madres. Ambas mujeres, quienes por más de 3 años vivieron en concubinato y final-

El árbitro electoral ya cuenta con pruebas... además de que le exigió al hermano del Ejecutivo federal que le entregue la ‘Biblia’ en la que tenía registrados todos los recursos recibidos de forma irregular

Según el árbitro electoral, el hermano del presidente recibió los recursos durante un lapso año y medio, por lo que le requirió que le informara cuál fue la cantidad exacta de dinero que recibió de León así como de otras personas. “Asimismo, indique el periodo durante el cual siguió recibiendo apoyos para entregar al partido Morena indicando el monto total entregado. Exhiba la documentación comprobatoria correspondiente”, señala la pregunta realizada por el INE, de acuerdo a los expedientes del Tribunal. El Instituto también requirió a Pío López Obrador que informe los nombres y la cantidad de recursos que obtuvo mediante el “pase de charola” a

conocidos para apoyar a Morena y que actividades, además de asambleas, se financiaron a través de ese dinero. De las pruebas presentadas, añade el INE, se desprende la entrega de dinero en efectivo a Pío López Obrador para “apoyar el movimiento”, por lo que requirió que indique si existieron transferencias o depósitos a través del sistema financiero, además de que debe dar a conocer la persona o personas de Morena a las que se les entregaron los recursos recabados por él. Por último, el INE le exigió al hermano de AMLO que le entregue su “biblia”, es decir, el cuaderno en donde registraba las cantidades de dinero recibidas por David León, además que le informe si Morena registró en sus

cuentas oficiales esos recursos. “En los video (sic) exhibidos por los quejosos usted indica el nombre de ‘la biblia’ para referirse a un cuaderno, agenda, block de notas o material para anotar en el que escribe las cantidades de dinero que le entregó el C. David Eduardo León Romero. En esos términos, se solicita presente ante esta autoridad el cuaderno, agenda, block de notas o material para anotar de correspondiente”, puntualiza la Unidad Técnica de Fiscalización. Las elecciones federales de 2015 fueron las primeras en las que participó Morena, luego de que el año previo logró el registro como partido político nacional. Manuel Velasco sostiene una relación amistosa con Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez era amigo cercano al exgobernador de Chiapas y abuelo del político del PVEM, Fernando Coello Pedrero. Además de Pío López Obrador, en julio pasado el portal Latinus reveló que Martín López Obrador, otro de los hermanos del presidente de México, también fue captado recibiendo fajos de dinero en efectivo por parte de David León en 2015. Con información de EL FINANCIERO.

Juez ampara a familia homoparental de Chiapas para que pueda registrar a sus gemelos mente en 2020 contrajeron nupcias, buscaron a la abogada Ana Mendoza León para iniciar un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación el 3 de marzo del 2021, con el objetivo de hacer que las instituciones del Estado les garantizaran el derecho de registrar a sus hijos bajo la figura de la comaternidad ante el Registro Civil. El juicio interpuesto en contra del Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo y la oficina del Registro Civil del Estado de Chiapas, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, fue para exigir el derecho a la identidad de ambos pequeños nacidos en julio del 2020.

La sentencia. Y no sólo ese derecho, dijo la abogada, sino todos los que, por interdependencia, también se ven vulnerados, tales como su derecho al nombre, a la no discriminación, a una familia, a la salud, incluso sus derechos de carácter

sucesorio, entre otros. Esto, sin dejar de lado el derecho de las madres a un trato igualitario. Por lo que el juez federal, apeló al interés superior de los menores y dictó sentencia a favor de ambos pequeños y sus madres, quienes se sometieron a una fertilización in vitro, aportando cada una de ellas un óvulo, buscando a un donante de espermas anónimo y con éxito sostuvieron un embarazo gemelar. La abogada Ana Mendoza León dijo

que esta sentencia, si bien protege única y exclusivamente el derecho de esta familia, sienta un precedente en el Estado para que otras parejas chiapanecas acudan al amparo a hacer efectivos sus derechos hasta que no sea armonizada la legislación local. Esta sentencia es una oportunidad para que el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas, valoren una reforma al artículo 57 del Código Civil, que desde el 2010 –año en que fue modificado– debió haber sido ajustado.


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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

No hay condiciones para el retorno a clases, reviran maestros ante el llamado hecho por el presidente de la República Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

A

nte el nuevo llamado que hiciera el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para el retorno a clases presenciales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también expresó su oposición asegurando que no hay condiciones para un retorno seguro a las aulas. El presidente de México, comentó en una de las conferencias que las y los maestros están cómodos recibiendo su dinero en casa, ante la falta de un regreso a las aulas, en medio de la pandemia por COVID-19. Desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022 la postura del mandatario ha sido que, llueve, truene o relampaguee, estudiantes deben ir a clases presenciales.De manera textual expresó que: “Está muy cómo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo, y nos vamos acostumbrar a eso, todo eso significa atraso”. En contraparte, José Luis Escobar Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la CNTE, expuso que, la CNTE ha dado a conocer en diferentes ocasiones que las autoridades no han dado las condiciones necesarias para un regreso seguro, ni se ha invertido en garantizar agua potable, dotar de jabón a escuelas, o construir baños dignos, ni ha dotado de cubrebocas, gel o tapetes sanitizantes. En este sentido expresó que: “Lamentamos que el presidente

Desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022 la postura del mandatario ha sido que, llueve, truene o relampaguee, estudiantes deben ir a clases presenciales.De manera textual expresó que: “Está muy cómo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo, y nos vamos acostumbrar a eso, todo eso significa atraso”

con la investidura que tiene, se sume al linchamiento. Nunca se dejó de trabajar, aún a costa del salario del maestro, él pagó su internet, él pagó su WhatsApp, él pagó sus cuadernillos, y los muchachos han sido atendidos en la medida de lo

posible”. Recordó que, existen escuelas en el estado de Chiapas que no cuentan con los servicios básicos, y son las que no han dejado de dar clases, pues al no tener acceso a las tecnologías, los maestros se han

visto en la necesidad de ir a estos lugares para revisar las actividades y verificar personalmente el avance de los alumnos, por estas razones, dijo, los señalamientos hacia los docentes, no son adecuados.

FNLS realiza mitin frente al cuartel militar de San Cristóbal Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

Como parte de su Jornada de Lucha que concluirá el 12 de octubre, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) realizaron un mitin político frente al cuartel militar que se ubica sobre la Prolongación Insurgentes en la Colonia Los Pinos y también tuvieron un evento político-cultural en la Plaza de la Paz durante el fin de semana. “Una de nuestras demandas en la Jornada Nacional de Lucha por Justicia, Verdad y Libertad, es la

presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en específico la de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez”, sentenciaron en ambos eventos. El FNLS argumenta que en el caso de estos dos de sus compañeros, se encuentra comprobada la participación de elementos del Ejército Mexicano, quienes fueron los encargados de ejecutar la desaparición forzada. Y es que afirman la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos este caso, “exigimos que se pronuncie a favor para que se abran campos

y cuarteles militares para buscar a los desaparecidos”. “También para que investiguen mandos del Ejército quienes tienen

responsabilidad en el cometido de este crimen de lesa humanidad, tal como lo indica la resolución jurídica 29/2014”, finalizan.


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La herencia de Astudillo al nuevo gobierno de Morena; deudas y privilegios políticos Ezequiel Flores Contreras Ciudad de México (proceso.com.mx)

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l asumir como gobernador del estado de Guerrero, el 27 de octubre de 2015, Héctor Astudillo Flores se comprometió a restablecer “el orden y la paz” en ese momento que el estado se vivía una crisis - político social tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala. Después de seis años, la entidad sigue hundida en una espiral de violencia, rezago, impunidad, corrupción y protestas públicas de trabajadores del gobierno estatal que demandan el pago de salarios devengados, bonos y prestaciones. En el tema financiero, Astudillo admitió públicamente que heredará a su sucesora, Evelyn Salgado Pineda -hija del senador morenista Felix Salgado Macedonio-, una deuda de más de 13 mil millones de pesos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), generada desde 1995 por “desviar” y “no enterar” al instituto, el monto de las cuotas, aportaciones y descuentos retenidos a los trabajadores del sector estatal.

Los desvíos El miércoles 29 de septiembre, el mandatario reconoció en un mensaje difundido en redes sociales desde la residencia oficial Casa Guerrero, que este problema afecta directamente a los trabajadores del gobierno estatal porque no se pueden jubilar y tampoco tienen acceso a créditos para vivienda y menos a servicios de salud. Sobre el desvío de recursos, Astudillo se limitó a decir que se debió a la incorporación de trabajadores del gobierno de Guerrero al ISSSTE y “que por distintas circunstancias” las dependencias estatales dejaron de pagar al organismo federal, señaló sin explicar. Al respecto, el diputado local de Morena, Antonio Helguera Jiménez aseguró que el gobernador Astudillo pretende que el Congreso local convierta el millonario desvío de recursos en deuda pública a pagar en los próximos 15 años, a través del descuento de

participaciones federales, situación que fue calificada por el legislador como “un Fobaproa”, es decir, un rescate financiero para beneficiar a los responsables de este hecho. Por ello, Helguera Jiménez exigió públicamente que el mandatario saliente explique hacia donde se destinaron los más de 13 mil millones de pesos desviados del ISSSTE, dijo durante una entrevista con medios locales el miércoles 6 en la sede del Poder Legislativo de Chilpancingo. Además, desde la semana pasada, policías estatales, trabajadores de Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y dependencias como Salud, Educación y Protección Civil en la entidad, así como empleados del Poder Judicial local iniciaron un paro de labores, realizan marchas y tomas de edificios públicos para exigir el pago de salarios devengados, viáticos, prestaciones y bonos. Sobre este caso, el gobierno de Astudillo no ha fijado una postura pública sobre las protestas de trabajadores en su contra por la falta de pago de salarios y prestaciones. Actualmente, los inconformes mantienen colapsado el sector Salud, así como oficinas centrales del Ejecutivo estatal y tomados los edificios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en Chilpancingo y Acapulco.

Estrategia fallida En el tema de seguridad, no se logró la certificación policial anunciada desde 2015 para revertir los efectos negativos de la colusión de autoridades con la delincuencia que exhibió el caso Ayotzinapa. Además, la ola de crímenes colocó a la la entidad en los primeros sitios de mayor violencia e impunidad en el

país, solo superado por Guanajuato y Michoacán. Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que durante la administración astudillista se han registrado 12 mil 137 homicidios dolosos de 2015 a agosto de este año, es decir, un promedio de dos mil asesinatos anuales. En julio pasado, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán informó desde el puerto de Acapulco, que en Guerrero existe un policía por cada mil habitantes en una entidad poblada por tres millones 540 mil 685 de personas, cifra que es inferior al promedio de 2.86 uniformados que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En contraste, desde junio de 2018, al menos, 19 “grupos civiles armados” y una organización denominada “policía comunitaria” operan en el 50% del territorio guerrerense -40 de los 81 municipios- donde 18 bandas crimínales controlan y mantienen una disputa por el control de las zonas de producción, trasiego y venta de droga en las siete regiones de la entidad, indica un informe oficial del gobierno de Héctor Astudillo Flores publicado por Proceso hace tres años. Es en esta franja de la entidad donde persisten las masacres, desapariciones de personas y comunidades completas desplazadas por la violencia imparable.

En Iguala nada cambió A unos días de concluir la administración astudillista y en el contexto del relevo en las administraciones municipales, el grupo paramilitar denominado Los Tlacos que dirige Onésimo El Necho Marquina Chapa acusó directamente al alcalde postulado por la alianza PRI-PRD en Iguala, David

Gama Pérez de pactar una alianza con Jesús Brito El Marranero, señalado como dirigente de Guerreros Unidos, organización criminal vinculada directamente con el caso Ayotzinapa y que sigue operando impunemente en la zona norte, a siete años de este crimen que sigue impune. Del miércoles 29 de septiembre al miércoles 6 de octubre, el grupo afincado en el poblado de Tlacoetepec, ubicado en la sierra de Guerrero, difundió dos videos en redes sociales, en el primero exhibió un interrogatorio y la posterior ejecución masiva de una veintena de presuntos operadores de la banda denominada La Bandera, facción de Guerreros Unidos y en el segundo advierten que esta organización armada asumirá las funciones de seguridad en Iguala. Las víctimas del primer video, se definen como integrantes de una red criminal dedicada al sicariato, extorsión y venta de droga en los poblados de Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco, así como al interior del penal de Tuxpan, y admiten ser responsables del trasiego de enervantes a Estados Unidos. Además, son sentenciados a muerte por formar parte de Guerrero Unidos y estar al servicio de Jesús Brito ‘El Marranero’; Héctor Rodríguez Uriostegui, ‘El Colín’, y Juan Carlos Flores Ascencio ‘La Beba’, todos considerados personajes clave en el caso Ayotzinapa. Los verdugos afirman que el alcalde electo de Iguala, David Gama, pactó un acuerdo con El Marranero, a quien señalan de tener “la línea” con las autoridades del ayuntamiento igualteco y de beneficiarse a través de la construcción de obra pública en la ciudad, donde hace siete años el mismo grupo armado, en contubernio con autoridades de los tres niveles de gobierno, desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa. En respuesta, el miércoles 29 de septiembre, Astudillo recomendó a Gama Pérez, buscar el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), para hacerle frente al grave problema de inseguridad y violencia que se vive en ese municipio por la disputa que mantienen grupos delictivos por el control de las minas de oro y la ruta de trasiego de drogas a Estados Unidos.

Detienen en Xalapa al último secretario de Finanzas de Javier Duarte Noé Zavaleta Xalapa, Ver. (proceso.com.mx)

Antonio Gómez Pelegrín, el último secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que tuvo el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa, fue detenido la tarde de este sábado en Xalapa, acusado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y desvío de recursos

en agravio del erario. De acuerdo con la carpeta de investigación 440/2019 de la Fiscalía General del Estado, Gómez Pelegrín habría incurrido en diversos delitos antes de entregar la Sefiplan a su sucesora, Clementina Guerrero, afín al gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares. En mayo pasado, Gómez Pelegrín había obtenido un amparo en contra de la orden de aprehensión girada desde el

2019. Sin embargo, el juez de distrito obsequió hoy la orden de aprehensión en contra del funcionario duartista. Antonio Gómez fue nombrado secretario de Finanzas y Planeación el 17 de marzo del 2015; anteriormente por ahí pasaron Tomás Ruiz González, Salvador Manzur, Rafael Murillo, Fernando Charleston Salinas, entre otros, que al final terminaron aportando información a la entonces Procuraduría

General de la República (PGR) sobre desvío de recursos.


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Por primera vez legisladoras presidirán mitad de comisiones Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

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os líderes de las bancadas de la Cámara de Diputados cumplieron su palabra de garantizar la paridad de género al interior y acordaron que, por primera vez, las diputadas presidan 27 de las 51 comisiones dictaminadoras. Este jueves el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las 11 comisiones ordinarias que faltaban, las cuales se suman a las 40 comisiones aprobadas el 30 de septiembre. Con este acuerdo, esta Legislatura, la primera donde las mujeres ocupan 250 de las 500 curules, también será la primera en la que las diputadas tengan 52.9 de las presidencias de las comisiones ordinarias, espacios donde se analizan y votan las propuestas de reformas a la ley. A Morena le corresponden 20 comisiones, de las cuales 10 serán dirigidas por mujeres: Asuntos Frontera Norte, con Teresita de Jesús Vargas Meraz; Derechos Humanos, con Nelly Minerva Carrasco Godinez; Educación, con Flora Tania Cruz Santos; Pesca, con María del Carmen Bautista Peláez; y Seguridad Social, con Angélica Ivonne Cisneros Luján. El partido que tiene mayoría en la Cámara de Diputados también se quedó con la Comisión de Igualdad de Género, encabezada por Julieta Kristal Vences Valencia; Diversidad, con Salma Luévano Luna; Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con Irma Juan

Carlos; Reforma Política Electoral, con Graciela Sánchez Ortiz; y Seguridad Ciudadana, con Juanita Guerra Mena. A la bancada del PAN le corresponden 12 comisiones, la mitad serán presididas por mujeres: Rosa Maria González Azcárraga, en Asuntos Migratorios; María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, en Economía Social y Fomento del Cooperativismo; y Annia Sarahi Gómez Cárdenas, en Federalismo y Desarrollo Municipal. Asimismo, por la bancada blanquiazul Ana Maria Balderas Trejo estará al frente de Protección Civil y Prevención de Desastres; Sonia Rocha Acosta en Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Carmen Rocío González Alonso en Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. El PRI tiene derecho a dirigir siete comisiones, de las cuales cuatro serán presididas por mujeres priistas: Ana Lilia Herrera Anzaldo en Derechos de la Niñez y Adolescencia; María de Jesús Aguirre Maldonado en Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; Maria del Refugio Camarena Jáuregui en Ganadería; y Karla Ayala Villalobos en Juventud.

El PRD tendrá dos presidentas: Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda en Atención a Grupos Vulnerables y Edna Gisel Díaz Acevedo en Cambio Climático y Sostenibilidad. En el Partido Verde María también serán dos: José Alcalá Izguerra en Deportes y Karen Castrejón Trujillo en Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el caso del Partido del Trabajo habrá dos presidentas: Lilia Aguilar Gil encabezará Vivienda y Ana Karina Rojo Pimentel estará en Bienestar; y la bancada de Movimiento Ciudadano presidirá dos comisiones: Movilidad, a cargo del diputado Salomón Chertorivski Woldenberg y Zonas Metropolitanas, a cargo de la diputada María Elena Limón García. Desde hace más de dos décadas, cuando las mujeres ocupaban 16.8 por ciento de las diputadas federales, sostuvieron que un pendiente en la participación política de las mujeres era su integración en posiciones de decisión en las comisiones, comités, presidencias y todos aquéllos órganos de toma de decisiones al interior del Congreso. En la anterior Legislatura, de 2018 a 2021, cuando en San Lázaro hubo 241 parlamentarias, las mujeres ocu-

paron la presidencia de 20 de las 46 comisiones que se instalaron. Es decir, encabezaron 43.8 por ciento de estos organismos. Un análisis del Instituto Nacional de las Mujeres expuso que las mujeres en el poder legislativo generalmente presidían comisiones cuyas temáticas se relacionaban con la atención o el cuidado a personas en situación de vulnerabilidad, sin embargo, paulatinamente han ocupado nuevos espacios. En 2018, por ejemplo, las legisladoras federales presidieron comisiones que solían estar encabezadas por hombres como Hacienda y Crédito Público, Gobernación y Población, Seguridad Pública, Minería, Zonas Metropolitanas y Ciencia y Tecnología, entre otras. La 64 Legislatura también destacó porque las diputadas lograron estar en cargos de poder. Por ejemplo, en dos ocasiones la Mesa Directiva fue encabezada por una mujer: primero la panista Laura Angélica Rojas Hernández y luego la priista Dulce María Sauri Riancho. En contraste, actualmente estos cargos fueron negados a las militantes de los partidos. El presidente de la Mesa Directiva es hombre: Sergio Carlos Gutiérrez Luna y los coordinadoras de las siete bancadas también son hombres: Ruben Ignacio Moreira Valdez en la bancada priista; Moisés Ignacio Mier Velazco en Morena; Jorge Romero Herrera en el PAN; Carlos Alberto Puente Salas en el Verde; Alberto Anaya Gutiérrez en el Partido del Trabajo; Jorge Álvarez Máynez en Movimiento Ciudadano; y Luis Ángel Espinoza Chazaro en el PRD.

Crean mapa colectivo de la inseguridad de género en Puebla Samantha Páez Guzmán Puebla, Pue. (Cimacnoticias)

De acuerdo con la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, el centro histórico de Puebla es la segunda colonia donde más se reciben llamadas de auxilio por casos de violencia de género. Es por ello que Gabriela Tenorio, de la maestría en Ciencias de la Información Geoespaciales, busca hacer un mapeo colectivo sobre la inseguridad que perciben y viven las mujeres en ese espacio. En julio pasado la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Norma Pimentel, dio a conocer que a través de las llamadas al 911 durante enero a abril de 2021 se ubicaron las colonias y Juntas Auxiliares con más reportes por violencia de género, ellas son: San Pablo Xochimehuacan, el Centro Histórico, Unidad Habitacional La Margarita, Guadalupe Hidalgo, San Jerónimo Caleras, La Resurrección,

Miguel Hidalgo, Santa Lucía, Constitución Mexicana y Bosques de Santa Anita. En este contexto es que Gabriela Tenorio, psicóloga de formación, desarrolla – como parte de su tesis de maestría- una plataforma de recolección de datos geoespaciales, donde las mujeres puedan ubicar puntos del centro histórico donde vivieron hechos de violencia y donde se sienten más inseguras. “Esto produce la remoción de nosotras de la vida pública, porque al percibir un lugar como inseguro existen cambios a nivel psicológico, concretamente conductuales, que nos remueven de la vida pública”, explicó Gabriela Tenorio durante una entrevista con Cimacnoticias. La idea es identificar cuáles son los patrones geoespaciales sobre percepción de inseguridad de las mujeres y la ocurrencia de delitos, de manera muy local y con ello llenar el vacío de datos en la Encuesta Nacional de Victimización

y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), donde no vienen datos desagregados por género o por colonia. La psicóloga dijo que otras cuestiones que se toman en cuenta para el estudio son la denominada “Paradoja del miedo al delito”, que se refiere a que puede existir una mayor percepción de inseguridad en ciertos espacios y que esto no sea proporcional a la cantidad de delitos ocurridos en ese mismo lugar, y la normalización de la violencia, ya que algunas agresiones sexuales son difíciles de identificar para las mujeres debido a que se consideran “normales” en una sociedad machista. El proyecto busca recolectar datos de al menos 485 mujeres cis y trans, para luego compartir los resultados con las participantes y tengan una mayor utilidad. Se puede participar en el muestreo hasta el 14 de noviembre siguiendo estos pasos: 1. Generar una usuaria, con nombre y contraseña. Así como, proporcionar

algunos datos generales. 2. Ingresas tu nombre de usuaria y contraseña. 3. Se despliega un mapa del centro de Puebla, eliges el lugar donde ocurrió el delito o percibes como un sitio inseguro. 4. Llenas el formulario de lo que ocurrió en ese lugar y envías. 5. Se pueden ingresar varios hechos o varios lugares en un mismo momento, cuando terminas te diriges a “salir”. Puedes revisar la información aquí https://mapacolectiva.com/registrar. html


CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

De la redacción Ciudad de México (apro)

E

l nuncio apostólico en México, Franco Coppola, admitió que ocho obispos mexicanos estarían bajo investigación por el presunto encubrimiento de delincuentes sexuales, de acuerdo con el Centro Católico Multimedial (CMM). “Aunque se han pretendido dar cifras de los abusos, la realidad es que la Iglesia mexicana no tiene bases contundentes que den una radiografía precisa del problema”, indicó el centro. En los “últimos años” se denunciaron a 328 sacerdotes y de estos, 134 fueron hallados como delincuentes seriales, refiere la editorial del CMM. La postura católica publicada este domingo, se cuestiona si “¿podría llegar el día de un informe similar en México? Esa es una probabilidad muy lejana para nuestra realidad”. Los dichos de Coppola se dan una semana después de la la publicación del Informe Sauvé, que reveló que en los últimos 70 años en Francia, hubo entre 2 mil 900 y 3 mil 200 pederastas que abusaron de 216 mil menores entre 1950 y 2020, cifra que asciende a 330 mil al tomar en cuenta a los empleados y colaboradores laicos. Antes de la aparición del Informe Sauvé, el nuncio Coppola dijo que “no hay estadísticas generales para saber cuánto es, seguramente es una muy pequeña parte, pero gravísima de todas maneras”. La publicación del documento de 2 mil 500 páginas, preparado por una comisión independiente, se produce cuando la Iglesia católica de Francia, como ocurre en otros países, busca enfrentar los vergonzosos secretos que ocultó durante años. El CMM recordó que se han presentado otras investigaciones, como el Reporte Ryan de la Comisión creada por el gobierno irlandés para investigar los abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos contra niños y adolescentes en 1999.

Rodrigo Vera Ciudad de México (proceso.com.mx)

En el marco del Día Internacional contra la Pena de Muerte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró hoy su postura de que esta pena “es una medida que no garantiza la impartición de la justicia, por el contrario, es una sanción considerada como cruel e inhumana dada la irreparabilidad de sus efectos, la imposibilidad de ser graduada, que atenta contra la existencia del hombre y reprochable como venganza social”. La CNDH dijo que “reitera su compromiso de lucha por la abolición de la pena capital en todas las regiones del mundo”, informó en un comunicado. Para esto, agregó, es “necesario

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Ocho obispos mexicanos son investigados por presunto encubrimiento de delincuentes sexuales Los dichos de Coppola se dan una semana después de la la publicación del Informe Sauvé, que reveló que en los últimos 70 años en Francia, hubo entre 2 mil 900 y 3 mil 200 pederastas que abusaron de 216 mil menores entre 1950 y 2020, cifra que asciende a 330 mil al tomar en cuenta a los empleados y colaboradores laicos

Pena de muerte, “medida que no garantiza la impartición de la justicia”: CNDH conjuntar esfuerzos que permitan la erradicación de dicha práctica, insistiendo también que bajo ninguna circunstancia se consideren otros aspectos que pueden influir en la determinación de los juzgadores, como la raza, origen, sexo, religión o condición social” . Por lo anterior, la CNDH señaló que “da seguimiento” a los casos de mexicanos sentenciados a la pena de muerte en el extranjero, coadyuvando así “a evitar su aplicación y apelando al derecho de la conmutación de la pena”, estipulado en el artículo 6 del Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


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Mathieu Tourliere Ciudad de México (Proceso)

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n grupo de personas ha amasado un enorme poder financiero y político gracias a la burbuja inmobiliaria y el otorgamiento de permisos para construir en la Ciudad de México y, en menor medida, en Quintana Roo. Los dueños de las desarrolladoras Fibra Danhos, GICSA, Be Grand, Copri, Frisa, GMD, Gigante, MRP o Jober, que operan decenas de centros comerciales, rascacielos, naves industriales y megaproyectos residenciales, derivaron parte de sus fortunas hacia estructuras offshore en paraísos fiscales. También lo hicieron los dueños de Grupo Indi, una de las constructoras más favorecidas por contratos de obra pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dichas estructuras financieras aparecen en los cerca de 12 millones de documentos confidenciales que Proceso y otros 149 medios de 117 países revisaron para la investigación internacional Pandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). De los más de 3 mil clientes mexicanos detectados en los Pandora Papers, cientos indicaron a los despachos que los fondos canalizados hacia sus sociedades offshore fueron producto de actividad inmobiliaria. Entre ellos se cuenta Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, a su vez tío del expresidente Enrique Peña Nieto. En un sector que concentra 14.1% del PIB de México y ha aprovechado la enorme demanda de vivienda para invertir masivamente en desarrollos verticales y detonar fenómenos de especulación, muchas operaciones se llevan a cabo en efectivo. En 2018 el Grupo de Acción Financiera sostuvo que el sector inmobiliario y la compraventa de inmuebles presentan riesgos de lavado de dinero. Los seis años del mandato de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México marcaron la consolidación del poder de las inmobiliarias, que a cambio de sobornos a operadores clave del entonces jefe de gobierno consiguieron permisos de construcción al por mayor, así como ciertas garantías de impunidad en caso de irregularidades. En enero de 2019, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que 94% de actores del sector inmobiliario encuestados indicó que fue víctima de corrupción o extorsión en el desarrollo de un proyecto, con costos de entre 2 y 15 millones de pesos para “agilizar” trámites, evitar sanciones u obtener permisos. En octubre de ese año un reportaje de Emeequis reveló que, durante la administración de Mancera, el número de quejas ciudadanas por violación de uso de suelo se disparó 132%. Se concentraron principalmente en las entonces delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón. En los primeros meses de su administración, Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a su equipo investigar la

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Pandora Papers: Los amos del concreto

situación inmobiliaria en la capital. En marzo de 2019 indicó que de 174 polígonos de actuación analizados, se encontraron irregularidades en 48, prácticamente una tercera parte. Las autoridades capitalinas iniciaron investigaciones contra 35 funcionarios del gobierno de Mancera, muchos de ellos en cargos clave para obras y construcción.

Magnates David Daniel Kabbaz Chiver es presidente de Fibra Danhos, un gigante inmobiliario fundado en 1976 que construye y opera centros comerciales –entre ellos Parque Delta, que cubrió de concreto el antiguo parque de beisbol del Seguro Social–, pero también grandes torres de vidrio o edificios de uso mixto, como el de Reforma 222. Su hijo, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, es director general de Fibra Danhos; presidió la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el grupo de cabildeo de las principales empresas inmobiliarias del país, que actualmente construye 246 obras, la mayoría en la capital. En diciembre de 2013 padre e hijo fundaron en Panamá el Centennial Trust, que adquirió un yate. Los Daniel Kabbaz tienen un vínculo directo con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación: hasta el pasado febrero Elvira Daniel Kabbaz Zaga era titular del Centro Nacional de Control de Gas Natural; sería pareja sentimental de Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, de quien además fue socia en la empresa tabasqueña La Mercocha, junto con Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar. Además del Centennial Trust, los Kabbaz crearon una serie de sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI): DVD Corp., Nightfall Marine Ltd., Dan Marine Corp., Pioneer Central Ltd., y Tamar Business, S.A., que controlaban cuentas que han usado, entre otros fines, para comprar acciones de Fibra Danhos en 2015. También aparece el empresario textilero Adolfo Kalach Romano, parte de Fibra Danhos, con su sociedad Cekch Investments, Ltd., creada en las BVI y con bienes por 5 millones de dólares. Elías y Abraham Cababie Daniel dirigen el grupo GICSA, constructor

de centros comerciales que, según su informe anual de 2020, controla bienes inmobiliarios por 63 mil millones de pesos en el país, y en años recientes ha impulsado proyectos de malltertainment (centros comerciales dedicados en parte al entretenimiento) en colaboración con la cadena Liverpool. En pleno auge de su negocio, los hermanos crearon la sociedad Shampaign Investments Limited, en las BVI, para controlar un yate de 15 millones de euros; la sociedad Flip Flop International Limited, que tendría un préstamo del Banco de Utah; así como la sociedad C2sea LLC en las Islas Marshall, para adquirir un bien inmobiliario en Estados Unidos. Estas estructuras fueron constituidas con tres fideicomisos estadunidenses: The Ariyeh Restated Trust, The Lion Trust y The Leao Trust.

Rascacielos Las inmensas torres residenciales con albercas, gimnasios, salas de juego, oficinas de reunión y cafeterías en áreas comunes son otro concepto de moda en la capital desde hace una década y media, y han brotado en muchas áreas de alta plusvalía. La empresa Be Grand encabeza ese nicho, con 10 megaedificios residenciales ya construidos en la capital –en los cuales se acumulan más de 5 mil departamentos cuyo valor unitario puede rebasar los 5 millones de pesos– y otros siete en obra, a los que se suman seis bloques de oficinas y cuatro centros comerciales. En 2011, en pleno auge de estas construcciones verticales, Nicolás Carrancedo Carredano creó la sociedad Tremenda Navigation Ltd., en BVI, para controlar un yate Ferretti de 80 pies. Pese a su tamaño, Gicsa, Danhos, Grupo Gigante y Be Grand no alcanzan la magnitud de Fibra UNO, controlada por los hermanos El-Mann Arazi, que en 2020 tenía en el país un portafolio de 619 propiedades que suman 10 millones 720 mil metros cuadrados. Uno de los integrantes de su consejo, el empresario industrial Jaime Kababie Sacal, creó junto con sus hermanos la sociedad Lepakabsa Global Ltd., en BVI, para controlar un bien inmobiliario en Florida. Entre las inversiones de Fibra UNO

destaca una torre monumental, que sigue en construcción en el límite entre las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán, en la Ciudad de México: Mitikah, el desarrollo inmobiliario más alto de América Latina, impulsado durante la administración de Marcelo Ebrard y denunciado de manera reiterada por los vecinos. En el avance del concreto sobre las áreas naturales de la capital tienen lugar aparte Alejandro Manuel Allende Cos y Marta Esteve Recolons: durante más de una década y media su empresa Grupo Copri se ha dedicado a extender la zona de alta plusvalía de Santa Fe, con enormes complejos residenciales exclusivos en barrancas y zonas antes ocupadas por familias humildes. Su objetivo, según declaró su director comercial a la revista Expansión en noviembre de 2018, consiste en crear precios “atractivos” de 4 mil dólares por metro cuadrado –cerca de 100 mil pesos– para atraer compradores extranjeros y nacionales de alto poder adquisitivo con costos inferiores a los 15 mil 20 dólares del metro cuadrado en ciudades como Nueva York. En 2010 el gobierno de Ebrard adjudicó el contrato de la Supervía Poniente a la española OHL, en consorcio con Copri, con cifras estimadas de tráfico infladas y denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos ante el rechazo de la población local. Con los años se convirtió en la autopista urbana más cara de la capital y una de las más onerosas por kilómetro en el mundo. Allende Cos y Esteve Recolons controlaron a partir de 2001 la sociedad de papel Parisian Coast Limited, creada en 1993 por la familia Ballesteros y que aparece como controladora de un condominio en el municipio de Vail, Colorado, donde la élite mexicana suele pasar las vacaciones de invierno. Otro beneficiario de contratos en la administración de Ebrard fue Grupo Frisa –de los hermanos Gaspar, Alejandro, Alberto, Francisco, María Regina, Cecilia y María Teresa Rivera Torres Prado–, al que el ahora canciller impulsó para crear el megaproyecto multimillonario Ciudad del Conocimiento, campus Biometrópolis, que por más de 23 mil millones de pesos pretendía cubrir de concreto 71 hectáreas de bosque en la reserva natural Los Encinos, Tlalpan, con empresas tecnológicas, laboratorios, zonas habitacionales y hospitales. El proyecto quedó congelado por una disputa legal sobre el predio. Los Torres Prado –cuyas empresas han desarrollado proyectos inmobiliarios, industriales, turísticos y comerciales en la Ciudad de México y en 10 estados– crearon en 2017 la sociedad Ambber Trading Limited en BVI para controlar un yate Azimut 116’ de 5 millones 750 mil dólares.


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CNDH emite recomendación a Sedena por ejecución en Irapuato de un joven en marzo de 2017 Rodrigo Vera Ciudad de México (proceso.com.mx)

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a Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 46VG/2021, por violaciones graves, dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, debido a la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución de una persona, realizadas en Irapuato, Guanajuato, en marzo de 2017. El 31 de marzo de ese año recibió un expediente de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato –número 83/17-B-I—, la cual inició la investigación sobre este caso a raíz de que el padre de la víctima interpuso la queja, preciso la CNDH a través de un comunicado. Éste aseguró que, el 17 de marzo, elementos de la Sedena detuvieron a su hijo, mientras iba de la comunidad El Llanito a la comunidad de La Calera, en el municipio de Irapuato. Al enterarse de la detención de la víctima, sus familiares acudieron a la Zona Militar de la región, lo mismo a la Barandilla de Seguridad Pública y a algunos hospitales de Irapuato, sin conseguir ninguna información sobre el paradero del desaparecido. Fue hasta el 24 de marzo cuando se le localizó sin vida, en la carretera federal número 45, que conecta a Irapuato con la ciudad de Salamanca. Ante esto, la CNDH abrió el expediente CNDH/2/2017/2662/VG, en el cual acredita que los elementos de la Sedena detuvieron “de manera arbitraria e ilegal” a la víctima, quien sufrió violaciones a sus derechos a la vida, libertad, integridad

Gloria Reza M. Guadalajara, Jal. (proceso.com.mx)

Los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo aceptaron la propuesta del gobierno federal para que la presa El Zapotillo se concluya a una altura de 80 metros, pero no tendrá más de 42 metros de nivel de agua, y para garantizar que ningún pueblo se inunde, se construirá un vertedero. El presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado de representantes de Conagua, acudió este día acudió a Temacapulín para escuchar de manera directa la respuesta de los habitantes, como se comprometió el 14 de agosto pasado.

Solicitó que se les impartan cursos de capacitación a los militares de esa base que se encontraban laborando los días en que ocurrieron los hechos, haciendo énfasis en las disposiciones de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas

y seguridad personal. La CNDH comprobó que los elementos castrenses fueron los últimos en tener la custodia de la víctima, y además omitieron dar información sobre su paradero, desde el 17 de marzo hasta que fue encontrada sin vida, por lo que debe investigarse a estos elementos, a fin de esclarecer su posible participación en la muerte de la víctima. Ante todo lo anterior, la CNDH le

recomienda al general Sandoval que, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, tal y como lo marca la Ley General de Víctimas. Pide también que se les de atención psicológica y tanatológica de forma continúa y durante el tiempo que sea necesario, conforme a las afectaciones presentadas. Igualmente, le pide a Sandoval

su colaboración en el seguimiento de la denuncia que se presente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control de la Sedena; además le solicita que se les impartan cursos de capacitación a los militares de esa base que se encontraban laborando los días en que ocurrieron los hechos, haciendo énfasis en las disposiciones de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Pobladores aceptan propuesta del gobierno para evitar inundaciones por la presa El Zapotillo Los habitantes -quienes han luchado más de 15 años contra la construcción de la presa- solicitaron la reparación integral del daño y obras para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. El presidente anunció que en un mes regresará a Temacapulín para supervisar las obras que evitarán inundaciones en los poblados,una vez que la presa comience a funcionar. Al sitio también acudió el gobernador Enrique Alfaro quien fue recibido con abucheos y le gritaron que se fuera.


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SIN LUGAR PARA REGRESIONES CLIMÁTICAS Luis Miguel Cano

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e espera que en las próximas semanas el tema del cambio climático tenga más presencia en las conversaciones públicas. Así debería ser hasta que sea asunto de interés público permanente. Más allá de eso, la exigencia, el seguimiento y la fiscalización de acciones reales para atender la crisis climática actual son básicas. Me ha tocado participar de primera mano en un amparo de pronóstico reservado. Hace unos días notificaron a Greenpeace México que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, decidió revocar el fallo del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y conceder una suspensión definitiva para el efecto de paralizar los actos de ejecución de la Revisión de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, actualizadas en 2020; y para que las autoridades responsables continúen con las correspondientes actuaciones en términos de lo previsto en los Compromisos de Mitigación y Adaptación de Cambio Climático para el periodo 2020-2030, del 2015. El detalle es que por los términos en que quedó redactada la resolución colegiada, ahora las autoridades responsables, Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y Dirección General de Políticas para el Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informaron al Juzgado que darán cumplimiento a la suspensión aludida, deteniendo los actos de ejecución relacionados con la revisión de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional actualizadas al 2020, y que en acatamiento a ella, en todo momento considerarán los compromisos de mitigación y adaptación para el periodo 2020-2030, del 2015.

El problema que con esto se presenta es que hay compromisos que mejoraron en la actualización de 2020 de las contribuciones determinadas a nivel nacional, así que si las autoridades insisten en congelar todos sus actos de ejecución, lo que parecía un precedente alentador para evitar regresiones climáticas, se convertiría en una excusa perfecta para que el gobierno no haga nada ante la crisis climática. Puedo entender perfectamente que una lectura aislada de la resolución recaída en el amparo en revisión 81/2021 dictada por el Tribunal Colegiado, solo en la parte de los efectos de la suspensión que otorgó, provoque alguna confusión, pues usó términos muy generales. Pero las sentencias no se deben leer así. Son vitales las razones que las sustentan. Ahí es donde retoma claridad la suspensión concedida. Las consecuencias y efectos de la Revisión de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional actualizadas en 2020 que fueron suspendidas, son exclusivamente las que implican una regresión respecto a las de 2015. El fundamento toral de la decisión colegiada fue lo previsto en el artículo cuarto del Acuerdo de París, que tiene un mandato de progresividad. Si el Tribunal concedió a Greenpeace México la suspensión frente a la modificación de las líneas de base de medición de emisiones nacionales de gases de efecto invernadero –que a su vez modificaron las metas de reducción originalmente establecidas–, así como frente a la eliminación del pico de emisiones de esos gases fijado para el año 2026 –el cual refleja el momento a partir del que las emisiones anuales netas deberían comenzar a reducirse para alcanzar la meta en el año 2030–, y la eliminación de la meta consistente

en la reducción del 50% de emisiones de tales gases para 2050; lo fue porque estimó que la actualización de 2020 modificó las contribuciones determinadas a nivel nacional de 2015, en detrimento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia ambiental, específicamente de reducción de gases de efecto invernadero. Esa suspensión se dictó porque de un estudio preliminar se apreció una disminución en dichos compromisos. Por ello, si se avalara la lectura absoluta que anuncian las responsables, se terminaría por afectar el interés social, se contravendrían disposiciones de orden público, y no se privilegiaría en todo momento la mayor protección de las personas y sus derechos. Será entonces el Juzgado de Distrito el que tenga que resolver, en un incidente por exceso en el cumplimiento de la suspensión, si lo único suspendido son los actos de ejecución de la Revisión de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, actualizadas en 2020, que no representan una progresión respecto de las contribuciones previas, es decir, las regresiones concernientes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero –y solo en cuanto se garantice la mayor protección de los derechos humanos en juego–, a fin de lograr una reducción de esos gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático del planeta. De lo contrario, si el Juzgado secundara que aquella suspensión tiene los efectos absolutos especulados por las autoridades responsables, se privaría a la sociedad de los beneficios por los avances de dichas contribuciones 2020, y se provocarían daños a la colectividad, al permitir la disminución de otros compromisos climáticos.


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INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO: REFLEXIONES Y PRECISIONES SOBRE UNA SENTENCIA PARADIGMÁTICA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Alberto Pérez Dayán*

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a Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dos sentencias de alto interés colectivo. En este espacio haré referencia a las relacionadas con la criminalización de la interrupción del embarazo, sobre lo cual compartiré algunas reflexiones y precisiones. En estos asuntos la Corte dio respuesta a dos problemas fundamentales: 1) ¿existe un derecho humano a la interrupción del embarazo? y 2) ¿la interrupción del embarazo debe criminalizarse? El pronunciamiento sobre estas cuestiones generó un elevado interés y, por lo mismo, un gran impacto social y mediático, por lo cual, como participante de ello, creo conveniente clarificar el alcance no sólo del pronunciamiento de la Corte, sino de las consideraciones que la llevaron a sustentar su determinación. 1.- ¿Existe un derecho humano a la interrupción del embarazo? La Corte identificó dos bienes jurídicos en contraste: por una parte, el derecho de las mujeres a decidir y, por otra, la protección del producto de la gestación. El primero de esos bienes, es decir, el derecho de elección, se basa, a su vez, en otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica y el derecho a la salud y a la libertad reproductiva, cuya relevancia se refleja en la posibilidad de toda persona de construir una identidad y un destino autónomos, y de edificar un proyecto de vida digna. Por lo que hace al segundo de los bienes jurídicos mencionados, esto es, la protección del producto de la gestación, entiendo que si bien este último no puede considerarse titular pleno de derechos humanos, lo notable es que ello no implica que su preservación y desarrollo carezca de un ámbito de protección basado en un interés fundamental: la vida y su perpetuación. Es el derecho a nacer que tiene todo producto concebido. No hay duda del interés y la obligación del Estado en proteger la vida en gestación; ello se infiere fácilmente de diversas disposiciones de la Constitución federal –como sus artículos 3, 4 y 123– a partir de las cuales se deben realizar acciones específicas para cuidarla de manera especial, por ejemplo, ocuparse de la continuidad de los embarazos deseados, asegurar la

atención prenatal, proveer partos saludables, adoptar medidas de compatibilidad de la maternidad y paternidad con los intereses laborales y educativos, abatir la mortalidad materna y garantizar a las mujeres igualdad en el acceso a las oportunidades educativas y laborales. Con base en este escenario, la Corte, lejos de reconocer un derecho absoluto y libre a la interrupción del embarazo, optó por encontrar un equilibrio entre ambos bienes tutelados, rechazando posturas polarizadas –como lo sería una protección irrestricta de la vida o una libertad sin límites de todo aquello que ocurre en el cuerpo de la persona gestante–, por lo que sostuvo que el derecho de elección sólo puede comprender el procedimiento de interrupción del embarazo dentro de un breve periodo, cercano al inicio del proceso de gestación. 2- ¿La interrupción del embarazo debe criminalizarse? Por supuesto que no; nadie debe ir a prisión si ejerce correctamente y a tiempo un derecho. La Corte consideró fundamental valorar la situación real de la mujer como parte de una sociedad, sobre lo cual adquieren relevancia diversos deberes a cargo del Estado: I) orientar mediante políticas públicas una educación de prevención, que lleve a entender que la interrupción del embarazo no constituye un método de planificación familiar, sino la última opción disponible que implique el no ejercicio de la maternidad; II) acompañar a la persona durante la época en que ésta decide si continúa o no con su embarazo, por lo que debe proporcionarle información suficiente y objetiva para asegurar que tiene conciencia tanto del proceso de gestación en sí mismo como del procedimiento clínico de interrupción del

embarazo y de sus repercusiones físicas y psicológicas; y III) asistirla una vez que la decisión haya sido tomada, ya sea para quienes elijen la maternidad como para quienes optan por interrumpir el embarazo. Sin embargo, esto que parecería mínimo, no se puede presumir en nuestro país como una realidad, ya que existe una muy limitada ventana de oportunidades y de acceso a niveles de vida dignos, prevaleciendo un escenario de desigualdad y precariedad que lleva, incluso, a la pobreza extrema y a la marginación, en el que el derecho a la educación es limitado y escaso, igual que los programas de planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos. Esto dibuja un gobierno incapaz de proporcionar el bienestar deseado, el sistema de salud ha fallado en proporcionar herramientas anteriores a la noticia de un embarazo para evitarlo o planificarlo; falla también durante la época de discernimiento sobre la situación de embarazo y, fundamentalmente, falla después del nacimiento para asistir tanto a la madre como al hijo en el logro de una vida digna, lo que, desde luego, repercute en la decisión de una mujer, ya que un sistema de salud ausente en estos temas genera a la madre una incertidumbre sobre la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida y, más aún, sobre la capacidad de poder llevar a su hijo hacia un futuro de bienestar. Por ello, aun cuando la madre tenga la convicción de que la vida es el valor preeminente y quiera optar por la gestación completa, si las circunstancias no favorecen una vida digna tanto para la madre como para su hijo, se fuerza a abrir otra posibilidad, la de la interrupción o gestación frustrada, sobre todo porque no bastan la

retórica y los discursos en defensa de la vida en gestación, sino que debe existir una posibilidad real de acceso a un desarrollo adecuado y a una vida plena, en caso de continuar con su embarazo. Frente a esta indiscutible disyuntiva, derivada de su propia situación y de la falta de certeza sobre la posibilidad de incorporarse de manera exitosa en su maternidad a un proyecto de vida, la mujer que decide interrumpir el embarazo no podría ser castigada en un estado de derecho. Concretamente: una decisión de interrupción del embarazo, derivada de esa falta de elementos a cargo del Estado para ejercer una maternidad plena, no puede ser objeto de sanción penal, pues equivaldría a una doble victimización. El equilibrio pretendido entre el derecho a elegir de las gestantes y la protección constitucional del producto de la concepción llevó al Alto Tribunal a decidir, por unanimidad de 10 votos, la inconstitucionalidad de una norma que atendió y privilegió exclusivamente uno de esos dos derechos, en franco desconocimiento del restante. Si esas dos prerrogativas pueden convivir, se exige entender que las normas establezcan un límite temporal (que, en el caso, no fijó el legislador) para permitir que la madre tome la decisión que más le favorezca, sin sufrir penalidad alguna. Pasado ese límite temporal (generalmente 12 semanas) y ya en defensa de la vida o derecho a nacer, su libertad de elección se reduce significativamente. Los dos extremos se complementan y conviven armónicamente a través de un mecanismo de seguridad jurídica, que tutela y protege ambos valores fundamentales. En conclusión, en la interrupción del embarazo, la Suprema Corte fue concluyente: ni siempre ni nunca. Estos fallos se encuentran también vinculados a un diverso igualmente paradigmático para los derechos humanos, en el cual se discutió lo que se ha denominado “objeción de conciencia”. Dada su importancia, ello será materia de reflexión posterior en este mismo espacio. * Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Los casos son las acciones de inconstitucionalidad 148/2017, y la diversa 106/2018 y su acumulada 107/2018, resueltas por la SCJN el 7 y 8 de septiembre pasados.


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l cumplirse cien años de la creación de la Secretaría de Educación, el gobernador Rutillio Escandon Cadenas encabezó un acto público para rendir homenaje a esa institución del gobierno de la República. “Toda transformación y cambio requiere del motor vital de la educación, en la entidad hoy más que nunca está vigente su labor en la innovación, alternativa y evolución que todos queremos para lograr un mejor futuro para las nuevas generaciones y también para nosotros, ese es el Chiapas de corazón”, dijo ahí el gobernador chiapaneco. Es cierto que falta mucho por hacer, pero mayor sería el reto sin la educación, el conocimiento y la enseñanza. En Chiapas hay apoyo al aprendizaje y la formación, porque urge alcanzar a la menor brevedad la media nacional del desarrollo y bienestar. La misión no es sencilla, pero se tiene la voluntad política del gobernador Rutilio Escandon Cadenas para conseguir el objetivo. El gobierno local destina la mayor cantidad de recursos financieros para la educación y la enseñanza en toda la historia de Chiapas. El reconocimiento de las autoridades estatales a una institución tan señera como es la Secretaría de Educación Pública se debe a que

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EL DIVÁN Sergio Stahl

Educación y cambio social

gracias a ella millones de chiapanecos aprendieron a leer y escribir, y pudieron prepararse para la vida, cursando una carrera técnica o profesional. La educación es la palanca del cambio social, ya que permite transformar la realidad, paulatinamente pero con constancia. Desde el inicio de la actual administración se pone especial atención a la capacitación del profesorado, porque se quiere lograr una educación de calidad y calidez, a la par que se trabaja en el mantenimiento, remodelación, construcción y

reconstrucción de aulas y escuelas, a fin de tener un espacio digno para alumnado y el personal docente. El esfuerzo es grande y se pretende acrecentarlo aún más, porque sin educación y enseñanza no se concibe al Chiapas moderno, justo y progresista que todos aspiran y que en el liderazgo de Rutilio Escandón Cadenas tiene a su principal promotor y gestor. En fin. BALCÓN. Hace unos días atrás, en un programa de entrevistas que de transmite por Milenio Televisión, la diputada federal (MORE-

NA) Patricia Armendáriz Guerra “destapó” a Zoe Robledo Aburto para la gubernatura de Chiapas en 2024. En el programa Tragaluz, que conduce Fernando del Collado. Patricia Armendáriz Guerra dijo no se ve como gobernadora de Chiapas, pero considera que al que le toca es a Zoé Robledo, Aburto director general del Instituto Mexicano de Seguro Social. La legisladora- originaria de Comitán de Domínguez y directora de Financiera Sustentable y consejera de Grupo Financiero Banorte- fue muy clara en su postura: –¿Ya se ve como gobernadora? –No, para nada. –¿Le toca a Zoé Robledo? –Sí, yo sí creo. Así fue como la hija de Gustavo Alberto Armendáriz Ruíz -quien fuera gobernador de Chiapas por 8 días- se hizo a un lado de la carrera en pos de la gubernatura de Chiapas en 2024 y levantó la mano al hijo de Eduardo Robledo Rincón, quien fuera gobernador de Chiapas por 69 días... Eso es todo. EL DARDO. Las organizaciones del transporte público- que están hasta la madre del inepto, corrupto y bravucón Aquiles Espinosa García, titular de Transporte estatalanunciaron más movilizaciones de protesta a partir de este lunes, aunque aseguraron que serán “ pacíficas” y que no incluirán bloqueos de carreteras.

FALACIAS Y ESPECTACULARIZACIÓN CONTRA EL ABORTO

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l debate acerca del aborto está desde hace décadas plagado de falacias. La Iglesia católica ha contribuido a la confusión con sus ataques contra la “ideología de género”, espantapájaros que distorsiona los postulados del feminismo y de los estudios de género. No son nuevos entonces los gritos de “sí a la vida, no al aborto” que el domingo pasado recorrieron Reforma y otras avenidas del país. Lo nuevo y preocupante es la espectacularización de la maternidad adolescente que se llevó a cabo en la Ciudad de México mediante un ultrasonido realizado en público a una chica de 15 años con un embarazo cercano a término. Si bien toda creencia religiosa o ausencia de ésta merece respeto y está protegida por la Constitución, manipular las creencias o convicciones personales con fines políticos impide, o cuando menos, obstaculiza las decisiones informadas. En este caso, el Episcopado , junto con organizaciones antiderechos, convocó a marchar en todo el país “por la mujer y por la vida”, contra las determinaciones de la SCJN contra la criminalización

Lucía Melgar Palacios total del aborto y la libertad de conciencia médica ilimitada. Además de preguntarnos, si en un Estado laico es correcto que la jerarquía religiosa intervenga abiertamente en la vida pública o participe en una manifestación, cabe volver a señalar la apropiación del discurso “de la vida” para afirmar dogmas contrarios a la ciencia, que ni en el propio catolicismo son absolutos. Seguir mintiendo acerca del inicio de la vida, equiparando embrión y feto; abogar porque en las constituciones estatales se proteja “la vida desde la fecundación”; mentir sobre las consecuencias del aborto en la salud física y mental de las mujeres, con estudios falsos, como han documentado diversas especialistas, y plantear que con la prohibición del aborto y su criminalización se defiende a “la mujer” y a “la vida”, es alzarse contra los derechos y libertades de niñas, adolescentes y mujeres, cuya autonomía ya está restringida por la violencia, la violencia sexual, la precariedad y la doble moral. Habrá quien diga que “el 48 por ciento de la población está contra el aborto”, lo cual es dudoso: la medición depende de cómo se formule la pre-

gunta. Cuando se indaga si alguien está de acuerdo con penalizar a la mujer que aborta, el porcentaje es mucho menor; en cambio si se equipara el aborto con un “genocidio”, como se dijo el domingo, y se habla de “asesinatos” de bebés, no hay quien pueda estar de acuerdo. La cuestión es que con 12 o 14 semanas no hay “bebé” sino embrión, vida en potencia no viable ni, menos, “persona”. Los grupos antiderechos repiten este discurso falaz, rebatido desde la ciencia y las ciencias sociales, porque “la defensa de la vida” apela a las emociones. Nada dicen, en cambio, acerca de las vidas mutiladas por la violencia sexual o el feminicidio. Esas vidas no importan. Ahora distorsionan también la decisión de la SCJN sobre la objeción de conciencia médica como si convirtiera a los médicos/as en víctimas de un Estado cruel y no se limitara a deli-

near normas para impedir que con la objeción aplasten los derechos de las mujeres o pongan su vida en peligro. Si ya la propagación de falacias es preocupante, usar a una adolescente de 15 años para espectaculizar la imagen del feto, exhibir a la chica y aplaudir este atentado a su privacidad como un magno” baby shower”, es deleznable. También es mentiroso: la defensa del aborto legal y seguro no elimina plazos ni atenta contra la maternidad elegida. Ante este uso y abuso de una menor de edad, la Secretaría de Gobernación y el Inmujeres no pueden callar ¿Dónde quedó la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes? ¿Qué consentimiento pudo dar “Ana”? ¿Por qué se escogió a una menor de edad para exhibirla así? ¿No preocupa que una chica de 15 años esté embarazada? La legalización del aborto, por demás limitada en cuanto existen causales explícitas y en los cuatro estados donde se ha despenalizado los plazos son cortos, no obliga a nadie a interrumpir su embarazo, sólo permite que quienes no pueden o no quieren continuar un embarazo tengan la posibilidad de interrumpirlo sin arriesgar su salud y su vida.


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Lunes 11 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ANÁLISIS A FONDO: CIENTÍFICO IGNORANTE Francisco Gómez Maza

• AMLO, “nacional socialista populista”, dice Quadri • Engendro de la mediocridad política del panismo

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uánta miseria emocional, espiritual, mental e intelectual la de quienes confunden la crítica política con auténticas barbaridades, como los insultos, las denostaciones, los agravios, las injurias o los falsos testimonios etc en la plaza pública, como la lanzada al Twitter, este sábado 9 de octubre, por Gabriel Quadri, penosamente diputado local (CdMx) por la ultraderechista coalición Va por México. Imagino que, a los intelectuales inspiradores de esa alianza, de derecha, simpatizante de la ultraderecha franquista y del fascismo español, asesorada por la ultraderecha del partido Vox (formados por los más radicales ultraderechistas del Partido Popular), confeccionada para “derrocar” al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por “comunista”, les debió de dar pena escuchar al “científico” con el dislate de que el mandatario, apoyado al momento por lo menos por el 70 por ciento de la ciudadanía que vota, es promotor de un “socialismo nacional-populista”. ¿¡Qué es esto, por dios?! Los padres de la Compañía de Jesús, los jesuitas, académicos y docentes de la Universidad Iberoamericana, seguro que estarán avergonzados de haber tenido como alumno a Quadri, pues éste pasó de noche frente a la formación social impartida por esa brillante casa de estudios, de la cual han egresado grandes personajes pro-

gresistas del mundo empresarial, político, científico y académico de México. Ni duda cabe que el “político”, ahora representante del distrito 23 de Coyoacán, Ciudad de México, sólo muestra ignorancia, enseña el cobre, cada vez que abre la boca. El PAN, con ser de extrema derecha y presumir de ser antilopezobradorista por convicción de clase, debería arrepentirse de que Quadri sea diputado local, aunque en estos tiempos al PAN que defendía el comunitarismo, la democracia cristiana, la doctrina social de la iglesia católica, la cogestión de las empresas, nada más le ha quedado la ideología del agandalle y de un furibundo anticomunismo, cuando el comunismo ha cedido su lugar a otras concepciones políticas afines al capitalismo. Quadri presume de ser ingeniero civil, egresado de la Universidad Iberoamericana, institución de corte profundamente jesuítico, de una Compañía de Jesús defensora de las clases pobres, y de las ciencias al servicio del pueblo. El individuo también presume maestría y estudios de doctorado en economía por la Universidad de Texas, en Austin. Pero sólo demuestra una absoluta ignorancia política y una ausencia total de sensibilidad social. No entiendo cómo fue presidente de un denominado Instituto Nacional de Ecología (INE) entre 1994 y 1997, cuando éste dependía de la Secretaría de Desarrollo Social (Sede-

sol), de infeliz memoria. Este sábado 9 de octubre, el diputadillo criticó la propuesta de reforma energética, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que se trata del primer paso para imponer en México “un socialismo nacionalpopulista”. En Twitter, el legislador agregó que no se trataba de una exageración y que había que impedirlo “a toda costa”. Pero qué será ese bodrio seudo intelectual de “socialismo nacional-populista”. Increíble. Pero de ese tamaño es la formación social de los miembros de la derecha mexicana. Confunden la mantequilla con la manteca, sólo porque en otras latitudes a la mantequilla le llaman manteca, cuando en México la manteca es la grasa del cerdo. Qué le parece: ¡Socialismo Nacional-Populista”. Socialismo nacional es, históricamente, nazismo. El nacional-socialismo de Adolf Hitler, el gran populista. Bueno. Creo que es mucho texto el que hoy he dedicado a un personaje que pasó de noche por las aulas de la Ibero y la Universidad de Texas. Y así lo quiere la derecha. Muy poquita cosa, la derecha mexicana. Ah. Allá por mediados de marzo de 2020, Gabriel Quadri apareció en tendedero de acosadores en la Ibero; “es una miserable calumnia”, contestó, entonces de acuerdo con reportes del digital Sin embargo. Afortunadamente, Quadri se queda en la mediocridad del panismo.

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Lunes 11 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

a verdad los militantes de Morena son increíbles, no por ser unos seres extraordinarios, sorprendentes o asombrosos, sino por el grado de estulticia que cargan a cuestas y con orgullo, que hasta lo presumen. Si como cualquier hija de vecina, por solo ser militante del partido de Andrés Manuel con cargo político, creen que les da derecho a cometer todo tipo de estupideces, así hagan el ridículo o poner en evidencia a quien le tienen una fe ciega, es lo que menos importa, sino ser protagónicos en lo que se podría llamar la sucesión prematura para el gobierno de Chiapas. Si señor, acciones que rayan en la pendejez el equipo del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto le dio vuelo a una entrevista a modo-, que le hace “Tragaluz” de el Portal de Latinus a una diputada federal de Morena, que se dijo llamar Patricia Armendáriz Guerra, al parecer comiteca. Digo a modo, pues el entrevistador Fernando del Collado se dejó querer con la pregunta si ella como diputada se “veía como gobernadora de Chiapas”. No creo que haya sido un resbalón del conductor de la entrevista, pero la pregunta se vio demasiado tendenciosa, auto dirigida para que la legisladora federal -que para mi es una reverenda desconocida- se puso a responder disparates por no decir otra palabra que termina en “ada”. Aseguran quienes dieron difusión a la entrevista que la susodicha es cercana al remedo de presidente, lo que “le dio derecho de hacerla de “destapador” y decir que a Zoé Robledo le “toca ser gobernador de Chiapas. La comiteca pecó de ingenua, pen..tonta o se prestó a la farsa solo para complacer a su amigo Zoé Robledo que para ser verdad, de toda la piara de políticos delincuentes que se mencionan para suceder a Rutilio Escandón para el 2024, ninguno lo merece. O al menos que alguien me diga un solo atributo de Zoé que merezca gobernar a Chiapas, que si a ocupado cargos de elección popular, es gracias a las relaciones de su papá Eduardo Robledo Rincón ex gobernador de Chiapas por 60 días-, pero lo que, si es cierto que este junior en su vida a ganado una elección, sino que los cargos que ha ocupado se los han regalado. Bueno en la entrevista de la hija del ex gobernador de Chiapas por ocho días, Alberto Armendáriz Ruiz, se vio muy inocente o más bien rastrera, pues no le da ningún derecho de hacerla de destapador y decir otra que no se ve como gobernadora, y creo que ni su familia lo ve así, pero se puso de a “pechito”, por si la suerte estuviera de lazo de Zoé,

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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Destapan a la corcholata Zoé Robledo • Sabuesos del INE, tras “Pillo” López • Cero crecimiento

expedientes del Tribunal. El Instituto también requirió a Pío López Obrador que informe los nombres y la cantidad de recursos que obtuvo mediante el “pase de charola” a conocidos para apoyar a Morena y que actividades, además de asambleas, se financiaron a través de ese dinero. Difícil será la tarea de los sabuesos del INE contra el hermano del remedo de presidente, pues seguramente hará hasta lo imposible porque salvar al hermano, pero no hay que olvidar que Manuel Velasco sostiene una relación amistosa con López Obrador, quien a su vez era amigo cercano al exgobernador de Chiapas y abuelo del político del PVEM, Fernando Coello Pedrero, ya fallecido. Además de Pío López Obrador, en julio pasado el portal Latinus reveló que Martín López Obrador, otro de los hermanos del presidente de México, también fue captado recibiendo fajos de dinero en efectivo por parte de David León en 2015.

Aunque el presidente tenga otros datos

este mínimo le darían el cargo de secretaria de gobierno. Pero para el 2024 falta mucho tiempo, no se han cumplido ni tres años del gobierno de la administración estatal y tanto Zoé Robledo como la oportunista y servil diputada Patricia Armendáriz, ya les entró la calentura, más bien diría yo “una diarrea mental”, que ya le están moviendo el tapete a Rutilio Escandón. Pero que no se olviden estos “calenturientos”, que del plato a la boca se cae la sopa, y no crean que la virgen les habla, creyendo en todo lo que dice López Obrador, porque es bien sabido que este se vende al mejor postor y que si hay un “billete por delante”, como aquellos que le dieron los grupos delincuenciales del país en el 2018, solo basta que el “hablen al oído” para ser capaz de vender el alma al diablo. Así que con calma y nos amanecemos. Falta mucho para el 2024, no vaya ser que esa calentura prematura solo se convierta en sueños guajiros.

Difícil labor de los sabuesos del INE contra Pillo López

La semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde al INE para investigar a “Pillo” López, hermano del presidente, quien buscó impedir las pesquisas en su contra argumentando que los posibles ilícitos cometidos datan de 2015, así que ya proscribieron, además de que, acusó, que se cometió una violación de la presun-

ción de su inocencia. De acuerdo con la sentencia del órgano jurisdiccional, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó a Pío para que le diera explicaciones sobre el destino de al menos 2 millones 400 mil pesos en efectivo que David León, ex funcionario de Manuel Velasco y ex Coordinador de Protección Civil en el gobierno de AMLO, le entregó para fondear campañas del partido guinda. Según el árbitro electoral, el hermano del presidente recibió los recursos durante un lapso año y medio, por lo que le requirió que le informara cuál fue la cantidad exacta de dinero que recibió de León así como de otras personas. Los sabuesos de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) pusieron manos a la obra y tienen puesta la mirada para desentrañar los sobornos millonarios recibidos por Pío López Obrador con la presunta finalidad de financiar las campañas electorales de Morena. El árbitro electoral ya cuenta con pruebas... además de que le exigió al hermano del Ejecutivo federal que le entregue la “Biblia” en la que tenía registrados todos los recursos recibidos de forma irregular. Pio debe indicar el periodo durante el cual siguió recibiendo apoyos para entregar al partido Morena indicando el monto total entregado. Exhiba la documentación comprobatoria correspondiente”, señala la pregunta realizada por el INE, de acuerdo a los

De acuerdo al analista financiero Macario Schettino, en el tercer trimestre del año, la economía mexicana prácticamente no tuvo avance. Con los datos de julio, mucha información de agosto y los primeros números de septiembre, con eso alcanza para imaginar lo ocurrido. Es muy probable que ni la inversión ni el consumo hayan podido mejorar entre julio y septiembre, en comparación con los tres meses previos. Décimas más, décimas menos, el crecimiento trimestral será cero, pero con eso quedaremos más cerca de 5.9 por ciento para todo el año. Simple comparación estadística con un año terrible, como lo fue 2020. Una solución es que habría que atraer inversión a México, pero el gobierno opta por lo contrario: ahuyentarla. Mantener el poder, considerando su ineptitud, es sólo posible si se destruye el país en el proceso. Aunque el presidente tenga otros datos habremos crecido cero en este año.

Del Montón

Ante los rumores respecto al bloqueo total de diversas vías de Chiapas este lunes, organizaciones transportistas desmienten dicha información y dan a conocer que están participando en mesas de diálogo con las autoridades para la atención de sus demandas. Explicaron que le apuestan a los acuerdos para la resolución de las problemáticas, no obstante, aclararon que como parte de las acciones programadas sí tendrán presencia pacífica en algunos puntos de la entidad, pero no bloqueos. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.


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Lunes 11 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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HOJAS LIBRES Impacto/Diario Contrapoder Roberto Domínguez Cortés

• Chiapas necesita gobernador. Rutilio Escandón no puede gobernar • Elecciones extraordinarias o juicio político y desaparición de poderes

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omo resultado de la evidente ingobernabilidad en el estado de Chiapas, seis municipios se quedaron sin autoridades municipales. En tres no se pudieron realizar elecciones y en la otra mitad hubo necesidad de decretar la nulidad de los procesos electorales, ante la evidente intromisión y manipulación por parte de las autoridades gubernamentales. Para recomponer esta gravísima irregularidad, Rutilio Escandón Cadenas, sedicente gobernador de Chiapas, ordenó al Congreso del Estado emitir el decreto número 438 y el acta número 16, mediante la cual se acuerda la designación de Concejos Municipales, en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa. Con ese atentado a la legalidad y al orden constitucional, Escandón exhibe su propensión a la imposición y a la impunidad. Pero también acepta que en Chiapas se perdió el Estado de derecho y la incapacidad para gobernar. En la exposición de motivos para designar a los Concejos Municipales, la Comisión Permanente (que no tiene facultades) esgrime como argumento, para no realizar elecciones extraordinarias, “de no existir condiciones políticas y sociales existentes en cada uno de los seis municipios.” Una confesión de ese tamaño, sería suficiente para obligar a renunciar a Rutilio Escandón por no tener la capacidad de gobernar. Ello demuestra la imposibilidad de crear las condiciones necesarias de gobernabilidad para cumplir con los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Chiapas, y todas las leyes secundarias que norman y regulan las elecciones extraordinarias, cuando estas no pudieran realizarse, se decrete la nulidad de las mismas o hubo desaparición de ayuntamientos. Lo malo fue que para la creación de los Concejos Municipales, se invocaron normas constitucionales, leyes electorales y normas locales, que finalmente quebrantaron sus propios emisores: el Ejecutivo de Chiapas y el Congreso del Estado.

1.- Artículo 115, fracción I, párrafo quinto de la Constitución federal. Al respecto, este numeral mandata que cuando se declare desaparecido un ayuntamiento y no exista la posibilidad de que se realicen nuevas elecciones, las legislaturas locales designarán Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos. De la transcripción de este artículo se observa que se refiere cuando se trata de la desaparición de ayuntamientos y desde luego la conclusión de periodos constitucionales de tres años, pero jamás de anulación de elecciones, y con grave usurpación de atribuciones constitucionales. El único órgano facultado para designar Concejos Municipales, es el Congreso del Estado con sus 40 diputados, y no una lamentable Comisión Permanente en funciones de pillaje político. 2.- Artículo 81, párrafo cuarto, de la Constitución de Chiapas. Este dispositivo establece que si por alguna circunstancia no se hubiere efectuado la elección municipal o fuera declarada nula, el Congreso del Estado ordenará la realización de una elección extraordinaria conforme a lo que establezca la ley. Otro atentado más de Rutilio Escandón y el propio Congreso del Estado al orden constitucional, al permitir que la Comisión Permanente nombrara a los Concejos Municipales, en vez de asumir a plenitud su responsabilidad el Poder Legislativo, aun cuando la violación fuera evidente y grave. 3.- Artículo 179 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Con notaria vaguedad este mandamiento no establece la obligación de realizar elecciones extraordinarias. Simplemente se limita a enunciar que si por cualquier circunstancia no

se hubiesen realizado elecciones o se procedió a su anulación, el Congreso del Estado nombrará un Concejo Municipal. Otro atraco más a la ley para justificar Concejos espurios nombrados por autoridad incompetente, en vez del Congreso como previene la ley. 4.- Artículo 19 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Estado de Chiapas. Se determina que el Congreso del Estado nombrará, entre los vecinos que gocen de buena reputación, a los integrantes de los Concejos Municipales encargados de concluir los periodos respectivos. De la transcripción del texto anterior puede observarse que concurren tres situaciones: El Congreso del Estado es la autoridad responsable de nombrar a los Concejos y no la Comisión Permanente, se infiere que con anterioridad hubo la desaparición del ayuntamiento y no la nulidad de la elección, y se nombrarán Concejos para concluir el periodo de tres años, y no por tres años que es un periodo de gobierno municipal completo. 5.- Artículo 23 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Estado de Chiapas. Este artículo faculta al Congreso del Estado para decidir elecciones extraordinarias o para designar un Concejo Municipal, en caso de no haberse realizado elecciones o hayan sido declaradas nulas. Redactado el texto de manera tramposa y a gusto de Rutilio y su pandilla, se pretende que al no fijar temporalidad para los Concejos Municipales, estos puedan permanecer por tres años en absoluta ilegalidad. Hasta aquí el sustento ilegal e inconstitucional de la Comisión Permanente para nombrar Concejos espurios. Burdos, ignorantes y abusivos,

los autores de tan aberrante determinación, pasan por alto que en el sistema Constitucional mexicano existe una jerarquía de leyes y de autoridades que obligatoriamente debe de ser observada para la preservación del Estado de derecho. El artículo 115 de la Carta Magna ordena que “cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.” La violación a este mandato Constitucional es evidente. La Comisión Permanente nombró, del primero de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024, los seis Concejos Municipales, en usurpación del voto popular, único investido de soberanía para designar por tres años a los presidentes municipales. Con ello se quitó el derecho humano de los ciudadanos mexicanos, de votar y poder ser votado en las elecciones populares, en violación grave al artículo 35 de la Carta Magna. Nombrar de esa manera Concejos Municipales por todo un período de tres años, es lo contrario de la elección directa, pues la Comisión Permanente se tomó la atribución de hacer una elección indirecta, que únicamente es procedente cuando se trata de suplir un ayuntamiento desaparecido y no por la anulación de una elección. Así, Rutilio Escandón y sus incondicionales han quebrantado todo principio del orden Constitucional y continúan en su cometido. El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ha ordenado la realización de elecciones extraordinarias en los tres municipios donde fueron anuladas. Sin embargo, en una abierta violación a la legalidad y a la Constitución se niegan a acatar la orden que emana de autoridad competente. Ello pone aún más en peligro el frágil equilibrio en que se encuentra el estado de Chiapas. Rutilio Escandón y los autores de tan grave ilegalidad, obligan a la intervención de la Fiscalía General de la República para interponer la respectiva acción de inconstitucionalidad, son sujetos de juicio político por afectar intereses públicos fundamentales y ponen al borde de la desaparición de poderes al estado de Chiapas. Ampliaremos…


CMAN

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Lunes 11 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2240

RESOLUCIÓN

REPORTE

Pandora Papers: Los amos del concreto

Juez ampara a familia homoparental de Chiapas para que pueda registrar a sus gemelos

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APREHENSIÓN

Detienen en Xalapa al último secretario de Finanzas de Javier Duarte

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MENSAJE

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ACCIONES

Pobladores aceptan propuesta del gobierno para evitar inundaciones por la presa El Zapotillo

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La herencia de Astudillo al nuevo gobierno de Morena; deudas y privilegios políticos Al asumir como gobernador del estado de Guerrero, el 27 de octubre de 2015, Héctor Astudillo Flores se comprometió a restablecer “el orden y la paz” en ese momento que el estado se vivía una crisis - político social tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala.

PAG. 7

PAG. 5

Ocho obispos mexicanos son investigados por presunto encubrimiento de delincuentes sexuales


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