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CONTRAPODER EDICIÓN 2238

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CMAN

DOXA

EDITORIAL

El retorno de la legalidad

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Los partidos políticos en la entidad viven un proceso de degradación política, que está propiciando la clausura o cierre de posibilidades para que surja un sector de militantes y actores políticos que construyan escenarios hacia el bienestar común

Las cosas deben de estar muy mal en la oficina de Rutilio Escandón. Que a Jorge Morales Messner se le ve todos los días en palacio. Él no ha sido nombrado en algún cargo y está tomando decisiones. Parece que Morales Messner dejó la administración de los negocios conjuntos y ahora funge como asesor político del gobernador.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Jueves 7 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2238

RESOLUCIÓN

ACCIONES

TEPJF da luz verde al INE para que continúe investigación contra Pío López Obrador La resolución es relativa al video grabado el 16 de junio de 2015, que posteriormente, en agosto de 2020, se difundió de manera profusa en redes sociales: ahí se ve a Pío recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Méndez, en ese tiempo asesor del gobierno de Chiapas.

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LLAMADO

Denuncian despojo, intimidación e invasion ilegal en el sitio Ramsar humedal de montaña María Eugenia

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La mitad de los más de 91 mil desaparecidos podrían estar en los Semefo o fosas comunes: Encinas

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HOY ESCRIBEN EN LA MIRA Héctor Estrada

EL DIVÁN

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Sergio Stahl

ENFRENTAR LA VIOLENCIA

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Javier Sicilia

ACUSACIÓN

Continúan agresiones contra la OCEZ, denuncian

FNLS continúa jornada de lucha

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LA REBELIÓN DE LOS CIENTÍFICOS, EN PAUSA Claudia Villegas

SUBMARINOS, GEOPOLÍTICA Y PROLIFERACIÓN NUCLEAR

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Olga Pellicer

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LA CAÍDA DE LA FAMILIA FACEBOOK Jorge Bravo PAG. 5

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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

EDITORIAL El retorno de la legalidad

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os partidos políticos en la entidad viven un proceso de degradación política, que está propiciando la clausura o cierre de posibilidades para que surja un sector de militantes y actores políticos que construyan escenarios hacia el bienestar común y el punto central de preocupación sea la mejora de las condiciones de vida de los chiapanecos. Por ejemplo el PRI -que carga cuatro derrotas electorales y que dejó de tener su estructura territorial que la daba fortaleza-, se encuentra copado por una dirigencia política que carga con el estigma de la traición y el entreguismo, a punto tal, que consulta al gobernador las decisiones políticas que se toman, aún y cuando el gobernador no forma parte de la militancia política de ese partido. El PRD no supo mantener su fortaleza después de que participó en los gobiernos de Pablo Salazar y Juan Sabines, se desdibujó en el gobierno de Manuel Velasco, cuando Rutilio Escandón y Carlos Morales hacían campaña a favor de “Güero” y mostraban

su desacuerdo con López Obrador, quien decidió apoyar a María Elena Orantes como candidata a la gubernatura, la deslealtad al PRD de Escandón Cadenas Y Carlos Morales fue bien pagada en el gobierno Verde, cuando a uno, sin trayectoria como abogado lo hacen presidente del tribunal y al otro, sin dominios de la problemática ambiental, lo hacen secretario del medio ambiente. Paradójicamente ambos personajes fueron beneficiados por Manuel Velasco y ahora son funcionarios de primer nivel en Chiapas, como militantes del Partido Morena. La crisis del PRD llegó a niveles preocupantes que en las pasadas elecciones terminó perdiendo su registro en el Estado. El Partido Morena en Chiapas no existe aún y cuando se cree que son gobierno. En el 2018 ganaron Chiapas por el efecto Obrador y porque Manuel Velasco decidió jugar su futuro a lado de Morena. Eso le permitió arrasar en las elecciones que fueron concurrentes, pero de acuerdo con las cifras de los votaciones, Rutilio Escandón quedó en tercer lugar, por

debajo en el número de votos de AMLO en la presidencia de la república y por debajo de Eduardo Ramírez Aguilar, quien fue candidato al senado. Sin la alianza, pero sobre todo sin las maniobras que hicieron Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez para descarrilar al PRI y luego bajar a Fernando Castellanos, Rutilio Escandón jamás hubiera ganado la gubernatura. Esta falta de liderazgo de Rutilio Escandón se refleja en el partido Morena, que no tiene cuadros ni estructura. El PAN prácticamente desapareció en Chiapas, sobre todo, a partir de la salida de Paco Rojas, quien en el 2015 y en el 2018, fue un candidato que les dio votos y eso les permitió mantener el registro en la entidad. El partido verde es la peor versión del PRI, pero es el partido que mejor estructura electoral posee, lo que le permite alcanzar porcentajes importantes en las elecciones. Pero que resulta el menos confiable para los intereses de la ciudadanía que aspira a la mejora de la vida pública. Movimiento Ciudadano, quien

creció en la pasada elección y ganó la gubernatura en Nuevo León, en Chiapas perdió el registro local y requiere definir una política como partido de oposición, si sus pretensiones son obtener espacios territoriales. Bajo estas circunstancias, la protesta que existe en distintos municipios en Chiapas tiene poco respaldo de los partidos y eso le da nuevos sentidos políticos, porque significa que es un movimiento cívico-ciudadano, que busca se garantice la legalidad y el derecho político de votar y ser votado. Esto indica que la negociación no puede ser partidaria, como pretende el gobierno, porque eso le permite la compra de voluntades, el sometimiento y el ofrecimiento de cargos públicos. Mal hace el gobierno pretender socavar una protesta legítima comprando voluntades y ofreciendo canonjías en lugar de tomar una decisión que garantice el retorno de la LEGALIDAD a través de la convocatoria de elecciones extraordinarias en los municipios en el que ilegalmente se nombró Concejos Municipales

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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TEPJF da luz verde al INE para que continúe investigación contra Pío López Obrador Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)

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l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde al Instituto Nacional Electoral (INE) para que continúe la investigación por presuntos delitos electorales contra Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. Por mayoría de votos, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF consideraron necesario que el INE concluya la integración del proceso sancionador y determine lo conducente. La resolución es relativa al video grabado el 16 de junio de 2015, que posteriormente, en agosto de 2020, se difundió de manera profusa en redes sociales: ahí se ve a Pío recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Méndez, en ese tiempo asesor del gobierno de Chiapas. La mayoría de los magistrados votó en contra de la propuesta del magistrado José Luis Vargas Valdez, quien había propuesto exonerar, de manera lisa y llana, al hermano del presidente. Según Vargas, los delitos por los que se pretende sancionar a Pío López Obrador prescribieron desde 2018, por lo que la indagatoria ya no era procedente. Indicó también que la actuación del INE viola en su contra los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Además, consideró que los actos del INE no están debidamente fun-

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en la Frontera Sur denunció la expulsión colectiva de 129 migrantes haitianos, y exigió a las autoridades correspondientes garantizarles medidas de protección, así como evitar actos de represión y el uso injustificado de la fuerza. En un breve comunicado, el Colectivo destacó que deportar migrantes a Haití, donde actualmente el Estado no les puede garantizar acceso al agua, alimentación, vivienda, salud y seguridad, como necesidades fundamentales, pone en grave riesgo su vida e integridad. El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que este

La resolución es relativa al video grabado el 16 de junio de 2015, que posteriormente, en agosto de 2020, se difundió de manera profusa en redes sociales: ahí se ve a Pío recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Méndez, en ese tiempo asesor del gobierno de Chiapas.

dados y motivados, por lo que solo le generan una molestia innecesaria a Pío López Obrador, de ahí que son contrarios a lo estipulado en la Constitución. Sin embargo, la mayoría de los magistrados estimó que la investigación del INE debe continuar, para que el órgano electoral determine si hay o no delito que perseguir. “La única vía por la que se puede llegar a tener certeza sobre las circunstancias de modo, tiempo y lu-

gar en que se verificaron los hechos denunciados, así como de la fecha en que se consumó algún ilícito en materia electoral, es permitiéndole al INE desplegar su facultad investigadora”, puntualizó la magistrada Janine Otálora. Señaló que debe dilucidarse “la veracidad de los hechos denunciados” y también que Pío “pueda ejercer una adecuada defensa y aportar las pruebas que estime necesarias”. Junto con Otálora, otros cuatro

magistrados votaron porque el INE investigue a Pío López Obrador: Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, quien es el presidente del TEPJF. El magistrado Indalfer Infante se pronunció en contra del proyecto, pero pidiendo sobreseer el juicio. Y quien defendió hasta el último momento la exoneración del hermano del presidente de la República fue Vargas Valdez.

INM deporta a 129 haitianos desde Tapachula; colectivo exige medidas de protección miércoles llevó a cabo el retorno de personas migrantes originarias de Haití, con apego a los derechos humanos y en acuerdo con autoridades consulares de ese país. El vuelo partió desde Tapachula, con 129 pasajeros, hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe. De acuerdo con el INM, estas acciones forman parte de la mesa de diálogo permanente, instalada el 21 de septiembre pasado en las oficinas centrales, entre representantes de los gobiernos de México y Haití, con la finalidad de atender las necesidades de la población migrante ubicada en territorio nacional.


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Analizan eficacia de procedimientos sancionadores electorales en presentación de obra colectiva

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l Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, realizó la tarde de este martes 05 de octubre, la presentación del libro “Derecho Administrativo Sancionador, algunas miradas desde sus principios”, de la Editorial Tirant Io Blanch que es coordinado por el Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas y el Secretario Ejecutivo Manuel Jiménez Dorantes. Contiene artículos de la autoría de Roselia Bustillo Marín, Secretaría de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Roldán Xopa, catedrático e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de la Consejera Electoral María Magdalena Vila Domínguez. Este texto, aborda la actualidad del Derecho Administrativo Sancionador y ofrece una opinión sobre las bases y principios que vertebran a esta parte especial del Derecho Administrativo. Las aportaciones vertidas provienen principalmente del Derecho Electoral que ha venido incorporando una serie de criterios que ofrecen información relevante a la construcción del sistema del Derecho Administrativo. Durante la mesa de presentación y reflexión, el Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas, comentó que hoy en día, México cuenta con uno de los modelos electorales más sobre-regulados del mundo y que esta sobre-regulación es eminentemente administrativa. La contienda políticoelectoral no podría sobre-regularse desde el enfoque penal porque, aseguró, se pondría en riesgo el contexto de libertades en el que las elecciones

tienen que desarrollarse y de ahí la pertinencia de los procedimientos administrativos sancionadores en la materia. “Esta obra nos invita a reflexionar sobre el modelo electoral del país. Actualmente, tenemos un modelo judicializado, la cantidad de procedimientos sancionadores es excesiva y se vuelve todo un reto hacer materialmente posible su desahogo. Tan solo en las elecciones de 2021 en Chiapas, el IEPC desahogó 552 procedimientos, de los cuales 26 fueron por Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género y tramitó 563 medios de impugnación”. enfatizó Chacón Rojas. Por su parte, Roselia Bustillo Marín, explicó que el Procedimiento Especial Sancionador (PES) surgió con la característica de ser expedito buscando equidad en áreas como en tiempos de radio y tv. El PES, añadió, evolucionó y se transformó para prever la reparación de daños. “En la actualidad, el PES también sirve para atajar y sancionar casos relacionados con el interés superior de la niñez, y de violencia política contra la mujer en razón de género. La modificación al PES no

solo ha sido en términos administrativos, sino en la tutela de los Derechos Humanos”. En su oportunidad, José Roldán Xopa, expresó que en Derecho Electoral, debería revisarse si a través de la sanción administrativa se está garantizando la finalidad de la sanción y todo lo que tiene que ver con la democracia, con los derechos políticos y electorales, y con la calidad de la propia democracia. “Lo que nos interesa es saber si el Derecho Electoral está cumpliendo con el contexto de la democracia y la vida de una comunidad política; en pocas palabras, saber si la democracia está dando resultados”. Durante su participación, la Consejera María Magdalena Vila Domínguez, dijo que el impacto del Procedimiento Especial Sancionador ha llegado muy lejos, y la mejor muestra es que en el reciente Proceso Electoral 2021, el TEPJF ha sentado un precedente de suma relevancia, al decretar la nulidad de una elección en una demarcación del estado de Guerrero. “Eso, es algo que se logró a través de un PES”: Agregó que más allá de llegar a sancionar a una persona por una mala conduc-

ta, se está dimensionando la nulidad de una elección por una conducta en materia de violencia política en razón de género. Vila Domínguez subrayó que no se violenta el principio de la doble sanción al analizar una conducta por la vía electoral y por la vía penal. “El PES no violenta el principio Non Bis In Idem, es decir, no juzgar a una persona dos veces por la misma causa, por los efectos jurídicos del Procedimiento Sancionador y las responsabilidades de carácter penal o civil, en que se pueda incurrir por la misma conducta”. El Secretario Ejecutivo, Manuel Jiménez Dorantes, quien también fungió como moderador del foro, afirmó que anteriormente, el Derecho Administrativo Sancionador se abordaba de una manera generalizada, y con la llegada de esta obra el análisis se ha adentrado más allá de la simple exposición para avanzar en la construcción del propio DAS. “La potestad sancionadora se había concentrado en las administraciones públicas, pero poco a poco se trasladó hacia los órganos autónomos, expandiendo la fuerza y la presencia del Derecho Administrativo Sancionador”. Cabe señalar que, en este libro, también participan Guadalupe Friné Lucho González, Verónica Yazmín García Morales y Gustavo Reyes Pazos, quienes junto con el resto de las y los autores, se aproximan a temas como la tutela de los Derechos Humanos, el Derecho a la no discriminación por enfermedad, el Derecho a la libertad de expresión, el Interés superior de la niñez y la Violencia política por razón de género, entre otros.

Denuncian despojo, intimidación e invasion ilegal en el sitio Ramsar humedal de montaña María Eugenia El día de hoy continúa la invasion y relleno en un terreno ubicado en el polígono Ramsar del humedal de montaña María Eugenia .. el sitio en cuestión se encuentra a orillas del canal de agua en pleno boulevard que comunica rumbo a La Ciudad de Comitan, cerca de las oficinas de la dirección de ecología del Ayuntamiento de San Cristobal de las Casas.. En ese espacio con lujo de violencia un grupo invadió y se encuentra rellenando el humedal de montaña , el cual es un sitio protegido por el Gobierno de Mexico. Asimismo el grupo invasor inti-

midó a ambientalistas que estaban tomando fotos e imágenes del daño que están causando en el lugar .. todo ocurrió el día de hoy miércoles 6 de octubre del 2021 . Por lo que se hace un llamado a las autoridades municipales y estatales a que se defienda el agua y se garantice el futuro para los jóvenes y niños y se pare la destrucción de los hunedales de montaña en la ciudad de San Cristobal de las Casas , Chiapas. Asimismo se proteja la vida e integridad de los defensores ambientales que custodian los hunedales de montaña María Eugenia en el sur de la ciudad


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Continúan agresiones contra la OCEZ, denuncian Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

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a Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ-RC) denunciaron que el pasado dos de octubre, en la comunidad de Santa Cruz, fueron agredidos sus compañeros por parte de integrantes de la organización Luz y Fuerza del Centro. La agresión se dio cuando regresaban de una reunión que sostuvieron con un grupo de choque de corte paramilitar, relacionados con la delincuencia organizada de Candelaria, “representado por Manuel de la Cruz Jiménez y Mario Martínez. “Este último es originario de la comunidad de Tepeyac, los hechos ocurrieron cuando nuestros compañeros se encontraban en el lugar de sus poblados donde fueron agredidos con piedras y palos. Consideramos que son actos de provocación hacia los integrantes de nuestra organización que nos mantenemos en posesión de la tierra desde hace 6 años”. Señalan que durante ese tiempo han sufrido amenazas de muerte y desalojo de parte del terrateniente Santiago Trejo, como el ocurrido en el año 2021 en el poblado nuevo San José “donde nuestros compañeros fueron heridos de bala, desalojados y robado sus cosechas de maíz y frijol por parte de este mismo grupo”. Asimismo, denunciaron amenazas constantes por parte de los grupos paramilitares Alianza San Bartolomé de los Llanos, autode-

“Este último es originario de la comunidad de Tepeyac, los hechos ocurrieron cuando nuestros compañeros se encontraban en el lugar de sus poblados donde fueron agredidos con piedras y palos. Consideramos que son actos de provocación hacia los integrantes de nuestra organización que nos mantenemos en posesión de la tierra desde hace 6 años”

fensa de la zona cañera “así como la banda de los pelones todos estos grupos financiados representado por el narcotraficante Alejandro Cruz Ruiz alias el Coyote que tiene aterrorizados los municipios de Villa Las Rosas y Venustiano Carranza y que

operan con todo impunidad bajo la protección de diversas corporaciones policíacas destacamentadas en la región financiados y coordinados por el narcopolítico Jesús Orantes Ruiz. “Ante todo esto hacemos un llamado, a la población y a las organizacio-

nes sociales para defender nuestro territorio de todo esto ya es de su conocimiento las autoridades estatales y federales y los organismos defensores de los derechos humanos y que hasta la fecha no hay ninguna intervención”, concluye su comunicado.

Ciudadano)

FNLS continúa jornada de lucha

Como parte de sus actividades de su Jornada de Lucha, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), realizaron un bloqueo y volanteo a las afueras de los mercados públicos de esta ciudad. Su jornada de lucha inició en el mes de agosto y tiene como objetivo la presentación con vida de los luchadores sociales, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionarios (EPR), así como la liberación de los presos “políticos” del CERSS 5 de San Cristóbal. Los hombres y mujeres, la mayoría de Río Florido, municipio de Ocosingo, se colocaron a las afuera del Mercado Popular del Sur (Merposur) y Mercado de los Altos

(Mercaltos), entregando volantes y perifoneando cada una de sus denuncias, actividades que concluyó con un mitin en la plaza catedral o “la resistencia” como lo denominan. Advirtieron que no levantarán el plantón que han instalado, hasta que sean atendidas sus demandas como lo es la de presos y desarticulación de grupos “paramilitares” por parte de las autoridades de gobierno. “El plantón es de manera indefinida, y durante todo el tiempo que estén, será para denunciar el carácter represivo del gobierno actual, que está en esta administración, así como la persecución que existe en contra de varios compañeros”, dijo Daniel Gómez Sántiz.

Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte


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El impacto de los parques eólicos del Yucatán, un ejemplo a no seguir De la redacción Ciudad de México (apro)

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átima Gasca Chuc paga aproximadamente mil quinientos pesos ($75 dólares) por sus recibos de luz, una cantidad muy elevada para la región, que impacta directamente en el bolsillo familiar. Únicamente cuenta con un refrigerador, un par de ventiladores y un televisor, por lo que no entiende por qué la tarifa es tan cara. Desde hace ocho años vive con sus hijos en el fraccionamiento Flamingos, a las afueras del municipio de Dzilam de Bravo. Su casa es humilde, no viven con lujos y se dedican a la venta de comida y pasteles para sostenerse. Su vivienda se ubica justo enfrente del Parque Eólico Dzilam Bravo-Eólica Golfo 1, un megaproyecto que inició operaciones en 2018 para surtir de electricidad a empresas privadas. Fátima sólo tiene que abrir una de sus ventanas para observar cómo giran los aerogeneradores de 125 metros de altura, esas “veletas” que cambiaron el paisaje de dicho puerto yucateco. “Es una contradicción que pusieran ese parque aquí para beneficiar a empresas de afuera para que paguen menos electricidad, y pasan los años y yo sigo pagando tarifas elevadas”, se quejó la mujer, de 46 años. “Me da coraje, ese es mi dolor de cabeza, vivimos trabajando para pagar el recibo. ¡Así no podemos salir adelante!”, exclamó. Fátima dijo que no tiene nada en contra del Parque, pero está consciente de que las empresas están obteniendo beneficios económicos a costa del territorio del pueblo y de sus recursos naturales. Los de afuera, sostuvo, están ganando mucho dinero, mientras la gente de Dzilam sigue padeciendo pobreza y no les alcanza para pagar la luz. Las aspas de 100 metros de diámetro giran casi todos los días, aprovechando el viento que viene del mar. El zumbido le molesta a Fátima, la destantea sobre todo en las noches cuando se acuesta a dormir. El ruido se queda en su cabeza, aunque no estén girando. Ahí eligieron vivir, a unos kilómetros del mar, en donde las opciones de vivienda son acotadas. Logró tener esta propiedad con mucho esfuerzo y no tiene a dónde más ir. Llegó antes de que se construyera el parque eólico. Y así seguirá al menos 20 años, tiempo del contrato de renta a particulares por los terrenos en donde se levantó. Para colmo, la población sufre las fallas del servicio constantemente, pues en ocasiones se va la luz dos veces por semana durante horas, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les explique las razones.

Un negocio entre privados sin beneficiar al pueblo El Parque Dzilam Bravo cuenta con

28 aerogeneradores con una capacidad de 70 megawatts (MW), produciendo al año lo equivalente al abastecimiento de 170 mil hogares. Se trata del primer megaproyecto de este tipo en Yucatán. La empresa mexicana dueña del Parque es Vive Energía, la cual se asoció con Envision Energy, una compañía internacional originaria de China que se dedica principalmente a la fabricación de aerogeneradores inteligentes. Uno de sus estandartes es la lucha contra el cambio climático, eliminar el uso de combustibles fósiles y sustituirlos por energías renovables. La construcción y funcionamiento del Parque se enmarcó en la antigua Ley de Servicio Público de Energías Eléctrica de 1992, la cual permitía a productores privados generar energía en modo de autoabastecimiento para venderla directamente a empresas grandes.

La energía no es para Dzilam de Bravo, de hecho, es un sistema un poco perverso Estas compañías recurren al autoabastecimiento para obtener beneficios económicos, pues al generar su propia energía, pagan una tarifa preferencial fija por el servicio de transmisión y distribución a la CFE, la cual les ahorra dinero. Para el académico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Rodrigo Patiño Díaz, la idea de producir energía limpia en principio suena bien, pero todo cambia cuando las obras impactan territorios en medio de un marco de negocio, sin generar beneficios reales para la comunidad y a la vez provocan riesgos ambientales “La energía no es para Dzilam de Bravo, de hecho, es un sistema un poco perverso. Desde hace algunos sexenios se abrió la posibilidad de que privados puedan generar energía para hacer negocios, más allá de la idea original de la nacionalización eléctrica de suministrar a la población. En ese caso, el autoabastecimiento es vender energía directamente a empresas de cualquier lugar usando las líneas de transmisión de la CFE, sin importar si impactan entornos”, explicó. Y es que durante el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se realizó la reforma a la mencionada Ley en el contexto de la aprobación del Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte, bajo el argumento de que para poder ser competitivas, las crecientes industrias requerían más energía y la CFE no tenía la capacidad suficiente para suministrarles. Fue el primer paso a la apertura a las empresas privadas, la cual finalmente se concretó en 2013 con la Reforma Energética, permitiendo la transferencia de la riqueza, los hidrocarburos, al extranjero. Patiño, quien junto con otros académicos crearon la agrupación Articulación Yucatán para tratar de frenar los daños de los parque eólicos y fotovoltaicos, criticó que autoridades y empresas engañaron a la población con el discurso de que se requieren estas obras para mejorar el suministro eléctrico de la Península de Yucatán y con eso reducir las tarifas.

Riesgos a los ecosistemas Articulación advirtió también, desde antes de su edificación, que el peso en toneladas de los aerogeneradores del Parque son una amenaza para el suelo kárstico de Yucatán, el cual consiste en roca caliza que se fragmenta con el paso del tiempo formando huecos, y en el que se filtra el agua de la lluvia con rapidez. Este tipo de suelo es más frágil en la zona costera, en donde se levantó dicho megaproyecto, y se corre el riesgo de que modifique las redes hidrológicas del subsuelo. Además, las aspas provocan la muerte de aves endémicas y migratorias, así como de los murciélagos, polinizadores importantes en la región. De igual forma se fragmenta el hábitat de los animales y genera ruido y contaminación visual. Existe un esquema de protección ecológica para el litoral yucateco que se creó en 2007 de la mano de académicos, autoridades y pobladores, el cual no contemplaba que se instalara la industria eoloeléctrica en ninguno de los municipios costeros debido a la fragilidad de sus ecosistemas. Se trata del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa de Yucatán, que la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) modificó en 2014 exclusivamente para abrirle la puerta a los parques eólicos y solares. Ahora se permitía el desarrollo portuarios-marinos, aprovechamiento forestal maderable y no maderable, y la Industria eoloeléctrica.

Más de 70 académicos yucatecos que hace 14 años participaron en la elaboración del Programa estaban enojados y se pronunciaron en contra del cambio. Recordaron que los talleres y las consultas que se hicieron con la población en el pasado para determinar las vocaciones y los mecanismos de protección para los ecosistemas y las sociedades que viven en cada localidad, se fueron por la borda. “El Programa que hicimos en 2007 planteaba restricciones porque el litoral está lleno de Áreas Naturales Protegidas y por su amplia biodiversidad. Se hizo el cambio en el gobierno de Rolando Zapata Bello (2012-2018) sin que se entablara un diálogo con poblaciones locales. Se hizo una supuesta consulta bajo el agua, de la que nadie se enteró”, criticó Patiño.

Aseguran que los impactos son menores El director de Vive Energía, Benigno Villarreal del Río, contó que, como parte de su proyecto de crecimiento, Envision Energy decidió invertir en el mercado norteamericano y el primer paso fue vía México, por eso ambas empresas se asociaron, para impulsar de manera conjunta sus propios parques de energías renovables. Dijo que como en el de Dzilam de Bravo generan energía limpia, la cual es más barata que la de los hidrocarburos, las empresas privadas que son sus clientes obtienen beneficios económicos importantes al reducir costos en sus procesos de producción. Es decir, obtienen un insumo estratégico que los pone en ventaja frente a sus competidores. “Si bien es cierto que los tomadores de esa energía desde un punto de vista administrativo-económico son empresas privadas, lo más importante es que la energía que se produce ahí se queda en el sistema eléctrico peninsular, es decir, la energía física es consumida por las familias más cercanas al parque”, indicó Villarreal para justificar su modelo de negocio. El parque eólico de Progreso fue inaugurado la mañana del lunes 10 de agosto de 2020. Con este proyecto se pretende generar 90 megawatts, es decir que pueden llegar a más 600 mil familias de todo el estado. | Cuauhtémoc Moreno Al preguntarle sobre las quejas de la población por las elevadas tarifas y fallas en el servicio, enfatizó que esa no es responsabilidad de su empresa, ya que la ley faculta exclusivamente a la CFE para el suministro domiciliario. “Nosotros qué más quisiéramos poder proveer de energía directo a ellos, pues es un gran mercado”, agregó. Y sobre las críticas de Articulación Yucatán, Villareal declaró que son voces aisladas, ya que la gran corriente científica a nivel global sostiene que los proyectos de energía renovable son las que menos impactan al medio ambiente.


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Reforma eléctrica tiene implicaciones crediticias negativas para el sector: Moody’s Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

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a agencia calificadora Moody’s Investors Service advirtió que la reforma al sector eléctrico propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es negativa en términos crediticios y crearía un mercado eléctrico más costoso. “La iniciativa tiene implicaciones crediticias negativas para el sector porque podría disminuir la transparencia operativa, desalentar la inversión privada en la generación de energía, frenar la generación de energías renovables y probablemente aumentar el costo de la electricidad”, señaló la firma en un reporte. La propuesta de reforma –añadió-- no sólo crearía un mercado eléctrico más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, sino que también impediría el progreso de México hacia el logro de sus objetivos de energía limpia. De acuerdo con los compromisos del gobierno en mitigación y adaptación al cambio climático para el período 2020-2030, el objetivo de México es generar 35% de su energía a partir de fuentes limpias para 2024 y 43% para 2030, cifras superiores al 25.5% observado en el período enero-octubre de 2020. Moody’s advirtió que, de aprobarse la reforma, es probable que desencadene disputas legales internacionales, afecte la competitividad entre las inversiones extranjeras y se aparte de las prácticas regulatorias previamente acordadas. La propuesta se está debatiendo

De la redacción Ciudad de México (apro)

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, aclaró que el uso de paneles solares en viviendas y actividades rurales no desaparecerá con la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria federal destacó que la propuesta el Ejecutivo para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ninguna manera pretende eliminar la generación distribuida. “Los paneles solares en casa habitación; edificios; pozos de agua; nú-

“La iniciativa tiene implicaciones crediticias negativas para el sector porque podría disminuir la transparencia operativa, desalentar la inversión privada en la generación de energía, frenar la generación de energías renovables y probablemente aumentar el costo de la electricidad”, señaló la firma en un reporte

actualmente en la Cámara de Diputados, que tiene 180 días para aprobarla o rechazarla. La iniciativa enviada por López Obrador es el tercer intento del gobierno de cambiar la forma en que opera el mercado eléctrico mexicano. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó la inconstitucionalidad de los cambios propuestos a las políticas energéticas existentes que tenían por objeto modificar las reglas de despacho de energía eléctrica, lo que sentó un precedente para futuras controversias. De acuerdo con la agencia calificadora, la propuesta apunta a fortalecer el papel de la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) mediante la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y priorizando el despacho de energía eléctrica desde sus plantas generadoras, que incluyen centrales que utilizan combustibles fósiles, antes que centrales privadas de energía renovable y ciclos combinados, que suelen ser más limpias y baratas. La iniciativa también establece que la participación del sector privado en la generación eléctrica se limitaría al 46% del consumo total de electricidad, frente al 62% actual. “Esto se lograría mediante la cancelación de los permisos de generación de energía y los acuerdos

de compra de energía, así como la invalidación de las plantas de autoabastecimiento, los productores de energía independientes y las plantas a las que se adjudicaron contratos de largo plazo mediante licitación”, explicó. Según la Secretaría de Energía (Sener), los combustibles fósiles representaron aproximadamente el 74% de la generación eléctrica de México en el período enero-octubre de 2020, y de ésta, el gas natural representó alrededor del 81%. La mala noticia es que México ha reducido la producción local de gas natural, y las importaciones representaron el 72% del consumo total de gas a junio de 2021, según la misma Sener. “El fenómeno del vórtice polar en febrero de 2021 provocó un déficit de suministro de gas natural y un incremento de los precios, lo que generó sobrecostos de 2 mil 500 millones para la CFE, la mitad de los cuales fueron subsidiados por el gobierno mediante transferencia directa”, resaltó Moody’s. En ausencia de mayores subsidios del gobierno federal, agregó, es probable que la liquidez de la CFE se debilite, ya que, por decreto, desde junio de 2021 las tarifas sólo pueden aumentarse de acuerdo con la inflación y no por los costos reales de la electricidad.

Uso de paneles solares en viviendas y actividades rurales no desaparecerá con reforma eléctrica: Nahle cleos rurales, etcétera. Se denomina “Generación distribuida” y desde el inicio de este gobierno de México se ha promovido su uso y financiamiento a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide). La reforma eléctrica no plantea eliminar esto, al contrario”, precisó. Y más: “La transición energética se desarrolla en este tipo de tecnología intermitente, que colocando paneles en los hogares beneficia directamente al usuario. El ahorro de energía se refleja en ahorro económico familiar”.


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Segob pide no criminalizar a defensores sociales de Coyomeapan Gabriela Hernández Puebla, Pue. (apro)

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a Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que dará acompañamiento al movimiento Unidad por Coyomeapan y a cuatro de sus integrantes que se encuentran presos en el penal de Tehuacán, a quienes reconoce como defensores sociales y pide no criminalizarlos por su activismo. En su edición de esta semana, Proceso publicó que desde el 6 de junio ese movimiento de la Sierra Negra de Puebla se declaró en resistencia contra el cacicazgo de la familia Celestino Rosas, en el poder desde hace 11 años y ahora volverá a gobernar Coyomeapan por otros tres años, en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y Morena. El gobernador Miguel Barbosa Huerta justificó el encarcelamiento de los cuatro pobladores de esa localidad nahua, al acusarlos públicamente de cometer delitos, como el incendio de la presidencia, patrullas y urnas electorales, además de secuestrar y golpear gente. Sin embargo, los pobladores han mostrado evidencia de que eso jamás ocurrió. Incluso el mandatario cuestionó que los pobladores indígenas fueran realmente luchadores sociales y sostuvo que se trata de “antorchistas” de otros municipios. En un boletín, la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo titular es Alejandro Encinas, reconoce que Unidad por Coyomeapan está integrada por más de 4 mil personas originarias de ese municipio, quienes “han visibilizado situaciones en detrimento de la población más desfavorecida, además de tener una participación en asuntos públicos de manera activa”. La dependencia federal hace un

De la redacción Ciudad de México (apro)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la UNAM contestar una solicitud en la que se le solicita los resultados académicos y de titulación de los secretarios de Salud y del Trabajo, Jorge Alcocer y Luisa María Alcalde, así como los del subsecretario Hugo López-Gatell. En principio la máxima casa de estudios negó la información por considerar que se podría tratar de datos personales que no le estaría permitido entregar. Sin embargo, la ponencia del co-

En su edición de esta semana, Proceso publicó que desde el 6 de junio ese movimiento de la Sierra Negra de Puebla se declaró en resistencia contra el cacicazgo de la familia Celestino Rosas, en el poder desde hace 11 años y ahora volverá a gobernar Coyomeapan por otros tres años, en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y Morena

llamado al Poder Judicial de Puebla y a la Fiscalía General del estado para que se garanticen los derechos humanos de Basilisa Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez y Adán Anastasio González, integrantes de ese movimiento, quienes fueron detenidos el 1 de septiembre en Ajalpan, tras participar en una reunión con funcionarios del gobierno estatal. “…especialmente los (derechos) que les son reconocidos como personas defensoras de derechos humanos y actualmente personas privadas de su libertad, entre otros, acceso a la justicia y derecho a la defensa técnica”, recalca el comunicado . Añade: “Igualmente, integridad y seguridad personal, debida diligencia, presunción de inocencia, a no ser criminalizados por su activismo y labor de defensa de derechos hu-

manos, y a un recurso efectivo ante presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su contra”. En especial, hace referencia a la situación de Basilisa Montaño, mujer indígena perteneciente a esa comunidad nahua y representante de la organización de la sociedad civil Copalxóchitl, con una trayectoria reconocida a favor de los pueblos originarios de Puebla, quien además forma parte del Consejo Consultivo del Inmujeres. Y también menciona la aprehensión de Gonzalo Martínez Herrera, ocurrida el 5 de septiembre. En su comunicado, la Subsecretaría indica que el pasado 22 de septiembre, personal de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y del Inmujeres, acudieron al penal de Tehuacán para corroborar que

los integrantes de ese movimiento se encontraban en “buen estado de salud” y escuchar sus propias denuncias de que su privación preventiva de libertad estaría “vinculada con el activismo que desarrollan en Coyomeapan”. “La promoción y la defensa de los derechos humanos son herramientas imprescindibles para la garantía de una democracia plural. Restringir o inhibir el trabajo de quienes buscan evidenciar y combatir las injusticias incide directamente en un debilitamiento del Estado democrático de derecho”, recalca. De igual manera, reitera su compromiso para “garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como reconocer y visibilizar la importancia de su trabajo como pilar fundamental para la democracia y bienestar social”.

INAI ordena a la UNAM revelar títulos de López-Gatell, Jorge Alcocer y Luisa María Alcalde misionado Adrián Alcalá consideró que, en este caso, por considerarse la relevancia del trabajo de los funcionarios públicos mencionados y dado que para ser secretario de estado es requisito contar con la titulación. “Deben quedar bajo el escrutinio social ya que resulta necesario conocer si cuentan con las habilidades académicas que les permitan cumplir con un mandato ejecutivo en beneficio de la sociedad” manifestó el comisionado.


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La mitad de los más de 91 mil desaparecidos podrían estar en los Semefo o fosas comunes: Encinas Noé Zavaleta Xalapa, Ver. (apro)

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l subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que de los 91 mil desaparecidos en México, la mitad podrían encontrarse en los Servicios Médicos Forenses (Semefo) o bien en fosas comunes. “Una cifra que no es un número estadístico, sino es un dato que habla de seres humanos y rebasa las 91 mil personas no localizadas en México desde 2006 a la fecha, y es mayor la tragedia cuando entre 32 mil y 42 mil de las personas que están reportadas como desaparecidas o no localizadas podrían encontrarse en los servicios forenses o las fosas comunes en el país”, puntualizó durante la inauguración de una Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz. “Este rezago acumulado nos ha llevado a una situación de crisis en un país donde, lamentablemente, una de las herencias más dolorosas que recibimos fue el problema de desaparición de personas”, añadió. Acompañado del gobernador Cuitláhuac García y la fiscal general del estado, Verónica Hernández

Patricia Davila Ciudad de México (apro)

Al término de su comparecencia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Gabriela Dutrénit Bielous señaló que espera los mejores resultados y “que se aclare esta situación de atropello que ha habido contra todos nosotros”, en referencia al grupo de 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR). Acusada del desvío de 244 millones de pesos, Dutrénit se hizo acompañar de su abogado, Alberto Ríos, quien será su defensor ante los cargos que le imputa la FGR de peculado, delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades. Dutrénit indicó que, en términos generales, le dieron a conocer los hechos de los cuales está señalada y que –al igual que sucedió con su colega Patricia Zuñiga, quien compareció dos horas antes–, el Mi-

Acompañado del gobernador Cuitláhuac García y la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, Encinas señaló que la edificación e inauguración de la Unidad Integral ayudará a brindar un trato digno e identificar a las personas localizadas sin vida

Giadáns, Encinas señaló que la edificación e inauguración de la Unidad Integral ayudará a brindar un trato digno e identificar a las personas localizadas sin vida. “La Unidad de Servicios Médicos Forenses que hoy se inaugura da respuesta al reclamo de las familias para dar un trato digno y respetuoso a las personas localizadas sin

vida”, precisó. Se estima que en Veracruz desaparecieron en la última década cerca de cinco mil personas, según cifras de la Fiscalía General del Estado. Tan solo en el sexenio de Cuitláhuac García, la Comisión Estatal de Búsqueda lleva un conteo de 400 desaparecidos. De acuerdo con Encinas Rodríguez, la nueva Unidad de Nogales

está a la altura de las nuevas tecnologías y con mayores capacidades institucionales, y sirve de ejemplo para replicar este tipo de iniciativas en las demás entidades federativas para dar respuesta a los familiares de personas desaparecidas en su reclamo de que se garantice el derecho a la identidad de sus seres queridos.

Un “atropello”, el proceso contra 31 investigadores del Conacyt: Gabriela Dutrénit nisterio Público se comprometió a entregarle vía electrónica una copia de la carpeta de investigación a más tardar en una semana. Ella, quien pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X), en noviembre de 2015 recibió el nombramiento de Profesora Distinguida por su destacada trayectoria académica y por sus investigaciones en el campo de la Economía de Innovación y Cambio Tecnológico, que se han convertido en un referente para los estudios sobre aprendizaje tecnológico, sistemas de innovación y política científica y tecnológica en México. Dutrénit obtuvo el doctorado en Política Científica y Tecnológica por la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex y desde 1985 pertenece al Departamento de Producción Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-X, don-

de se desempeña como profesora e investigadora. Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III) y coordinadora de la Red Latin American Network for Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems (LALICS).

Fue Coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. en el periodo 20122014, en donde, según la UAM, tuvo un papel decisivo en la creación de estrategias para impulsar y fortalecer la integración de la ciencia, tecnología e innovación en las agendas del gobierno federal y de los gobiernos estatales.


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Presentan iniciativa para despenalizar aborto en Quintana Roo Andrea Franco Cancún, QRoo. (Cimacnoticias)

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a iniciativa para que mujeres “y personas con capacidad de gestar” puedan interrumpir voluntariamente un embarazo sin ser criminalizadas y agregar la causal económica, fue turnada a las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Salud y Asistencia Social del congreso de Quintana Roo para su estudio, análisis y dictaminación. Esta iniciativa que propone reformar cinco artículos del Código Penal del estado y derogar uno más, se presentó en septiembre por las diputadas del Partido Verde (PVEM), Tyara Scheleske y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ana Pamplona. De acuerdo con el documento, se propone reformar el artículo 92 del Código penal para establecer que el tipo penal de aborto se dé cuando se realice la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación, como ocurre en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Actualmente el artículo 92 define al aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino”. La reforma a ese artículo incluye adicionarle un segundo párrafo para definir el embarazo como “la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”, concepto establecido por la Organización Mun-

Citlalli López Velázquez Oaxaca, Oax. (Cimacnoticias)

Las adolescentes oaxaqueñas Lisset, Eviel, Cinthya y Aleida, fueron nominadas al Premio Internacional de la Paz Infantil (Children´s Kidsrigts 2021), entre 263 niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. Este galardón se otorga anualmente a una niña o niño que desde distintos ámbitos encabeza una lucha por los derechos de la niñez. “La niñez mexicana levanta fuerte la voz a través de estos logros. También completa mi alegría saber que por segundo año me acompaña Gigi Martínez Gracida, amiga y compañera del “Colectivo 50 más 1 Oaxaca” y del Consejo Consultivo de Mujeres Jóvenes de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a los que pertenezco con orgullo”, escribió en su cuenta de Facebook Aleida Ruiz Sosa, quien fue postulada por el Senado de la República. Aleida, de 16 años de edad, es bailarina y actualmente promotora de la campaña “Que las niñas sean niñas y no esposas” con la que busca desterrar

Esta iniciativa que propone reformar cinco artículos del Código Penal del estado y derogar uno más, se presentó en septiembre por las diputadas del Partido Verde (PVEM), Tyara Scheleske y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ana Pamplona

dial de la Salud (OMS). Otro artículo a modificar es el 95 que propone utilizar “aborto forzado” y no “aborto punible”; mientras que se busca la derogación del 96 que actualmente castiga a “la madre” que voluntariamente se procure un aborto o consienta que otro la haga abortar. Otro artículo a modificar es el 94, referente a la sanción a quien provoque el aborto a una mujer sin su consentimiento. El artículo 97 que contempla las causales, también sería reformado. La modificación contempla la fracción II sobre el aborto por violación que establece que ésta debe ser denunciada ante el Ministerio Público y da un plazo de 90 días para interrumpir un embarazo por esta causal. La iniciativa busca eliminar que

exista una denuncia ante el MP como lo contempla la NOM-046 Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención; y el plazo de 90 días. Se propone agregar la conducta de inseminación artificial no consentida y plantea modificar la fracción III para efecto de que sólo sea necesaria la opinión de un médico y no de dos, como se solicita actualmente, para acceder a un aborto en el caso en que el producto tenga alteraciones genéticas o congénitas. A ese mismo artículo 97 se adicionaría una fracción V, sumando una causal más para permitir un aborto por causas económicas graves y justificadas, como sucede en Yucatán. En Quintana Roo, desde 2009 se reformó el artículo 13 de la Consti-

tución del estado para “proteger el derecho a la vida desde la concepción”. El congreso del estado congeló dos iniciativas promovidas por la “Marea Verde” y desechó dos más presentadas en marzo de este año, tampoco analizó una promovida por el exgobernador Carlos Joaquín González. Finalmente se propone adicionar el término “persona gestante” al artículo 93, el cual se refiere “a la mujer que se le procure el aborto o permita que alguien la haga abortar, se reducirían las penas de prisión y se adicionaría la conmutación de la pena por trabajo a favor de la comunidad”. En el texto de la iniciativa se explica que el término de “personas gestantes, con capacidad de gestar o cuerpos gestantes”, se refiere a aquellas personas que no se identifican como mujeres, pero tienen capacidad de concebir. El concepto jurídico de “persona gestante” fue incorporado en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, el 30 de diciembre de 2020 y menciona en esa condición a los hombres trans, las personas no binarias y otras identidades de género que pueden embarazarse, pues biológicamente son mujeres, aún cuando asuman una identidad sexogenérica distinta.

Nominan a 4 oaxaqueñas al Premio Internacional de la Paz Infantil el matrimonio infantil en la entidad. Lisset, Eviel, Cinthya de 16 años, fueron nominadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Oaxaca. “Cinthya imparte talleres en su escuela para promover el derecho a la educación y la recreación. Como resultado una gran proporción de la infancia se interesó en defender sus derechos, así como aprender a apreciar la oportunidad de estudiar, tener una familia y un hogar. Cinthya también participó en la selección del Niño Difusor para los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Oaxaca en 2019”, se lee en la ficha de la nominada. “Lisette ha participado en videoconferencias y ha apoyado a algunos jóvenes de su edad en referencia a derechos para que los niños alcancen la comprensión de sus derechos”. “Eviel de 14 años de edad informa a

su comunidad sobre los derechos del niño. Ha realizado juegos a través de los cuales los niños pueden conocer sus derechos y obligaciones. Ha dado discursos a sus familiares, amigos y gente de su comunidad sobre la importancia de los derechos del niño. Eviel ha ayudado a varios niñas y niños a tomar conciencia de sus derechos, también ha donado ropa a niños necesitados”, se explica la página oficial de Children´s Kidsrigts.

El premio es otorgado a una persona menor de edad que haya hecho una contribución significativa a la defensa de los derechos de la infancia y a mejorar la situación de las y los niños vulnerables como los que están en situación de orfandad, que trabajan y los que tienen VIH/sida. Pero también a niñas y niños que hayan hecho algo trascendente por el medio ambiente o por lograr que otras personas de su edad ejerzan sus derechos.


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LA CAÍDA DE LA FAMILIA FACEBOOK Jorge Bravo

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a interrupción por “un cambio de configuración defectuoso” de las plataformas Facebook, WhastApp e Instagram por más de seis horas, pero también Telegram y TikTok por la súbita demanda de usuarios y mensajes que experimentaron, abrieron diversos debates y dejaron varias lecciones sobre la adopción social de estas aplicaciones, su integración de usuarios y datos, el diseño de los sistemas que privilegian la seguridad sobre la capacidad de recuperación y la regulación que pesa sobre los operadores de telecomunicaciones. Facebook es la red social con más usuarios activos en el mundo (2 mil 895 millones), en tanto que WhatsApp es la app de mensajería con más usuarios (mil 600 millones) y una herramienta de comunicación, trabajo y negocios cada vez más utilizada por sus múltiples funcionalidades. Instagram es la comunidad más numerosa (mil millones) para compartir fotos, videos cortos y mensajes, sobre todo entre jóvenes. Messenger es el servicio de mensajería instantánea de Facebook (mil 300 millones) y la cuarta red social más utilizada. Todas ellas forman parte de la “Familia Facebook” que alcanza 3.3 billones de usuarios activos al mes. Su propietario, Mark Zuckerberg, ha hecho intentos por integrar todas estas plataformas, usuarios y datos, lo cual ha recibido múltiples resistencias regulatorias. En 2019, en Alemania el organismo de competencia prohibió a Facebook combinar datos de usuarios de sus otras apps sin previo consentimiento. En diciembre de 2020, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y 46 fiscales de Estados Unidos demandaron a Facebook por mantener un monopolio ilegal de redes sociales. En agosto de 2021 la FTC presentó

una queja enmendada para el caso antimonopolio con acusaciones terribles. La denuncia alega que “después de repetidos intentos fallidos de desarrollar funciones móviles innovadoras para su red, Facebook, en cambio, recurrió a un esquema ilegal de comprar o enterrar para mantener su dominio. Adquirió ilegalmente competidores innovadores con características móviles populares que tuvieron éxito donde las propias ofertas de Facebook fracasaron o se desmoronaron. “Para afianzar aún más su monopolio, Facebook atrajo a los desarrolladores de aplicaciones a la plataforma, los vigiló en busca de señales de éxito y luego los enterró cuando se convirtieron en amenazas competitivas. Al carecer de una competencia seria, Facebook ha podido perfeccionar un modelo publicitario basado en la vigilancia e imponer cargas cada vez mayores a sus usuarios.” La FTC podría exigir la venta de activos, incluidos Instagram y WhatsApp, prohibir que Facebook imponga condiciones anticompetitivas a los desarrolladores de software y exigirle que solicite notificación y aprobación previas para futuras fusiones y adquisiciones. Durante la suspensión de la “Familia Facebook” los usuarios regresamos a otras formas de comunicación como el correo electrónico, el casi olvidado envío de SMS (precisamente sustituído por las apps de mensajería), llamadas telefónicas y la suscripción a otras aplicaciones de mensajería como Telegram, que también padeció la alta demanda de usuarios y también sufrió interrupciones en su servicio. Los usuarios tuvimos opciones para seguir comunicándonos, pero es indudable que las plataformas de la Familia Facebook son las predilectas de las personas. Cuando volvieron a funcionar, muchos re-

gresamos a ellas y todos esperamos que no se repita el incidente. Facebook se presenta como una empresa de tecnología. “Nuestra filosofía de desarrollo de productos se centra en la innovación continua para crear y mejorar productos que son sociales por diseño, lo que significa que nuestros productos están diseñados para situar a las personas y sus interacciones sociales en el centro de la experiencia del producto.” El Vicepresidente de Infraestructura de Facebook, Santosh Janardhan, explicó la interrupción por cambios de configuración en los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre los centros de datos de Facebook, lo cual ocasionó una desconexión total de Internet y entre los usuarios y las plataformas. Los ingenieros de Facebook, en una de sus jornadas más heróicas, por lo que significa desconectar y volver a conectar a millones de personas y negocios, tuvieron que desplazarse físicamente a los centros de datos para reiniciar el sistema manualmente. Mientras entrábamos en pánico por la caída de la “Familia Facebook”, los usuarios comenzaron a quejarse en Twitter de los operadores de telecomunicaciones, creyendo que se trataba de una falla de Internet. Los proveedores no tenían culpa alguna, salvo que han sido los principales impulsores de las aplicaciones, con promociones como “redes sociales ilimitadas”. Los operadores no han tenido la capacidad de responder a la innovación y desarrollo de aplicaciones ampliamente aceptadas por la sociedad en detrimento de servicios tradicionales como mensajes de texto (SMS) o llamadas de voz. Mientras los proveedores ofrecen servicios públicos de telecomunicaciones y requieren una concesión para operar, empresas de Internet como Facebook ofrecen

redes sociales y apps de mensajería privada sobre Internet; incluso son vías efectivas de pago y para transacciones, es decir, son Fintech. Un operador está obligado a informar al Instituto Federal de Telecomunicaciones las fallas en el servicio y puede ser sancionado por la gravedad de las mismas. El usuario de servicios de telecomunicaciones tiene derecho a la bonificación o descuento por fallas en el servicio imputables al concesionario, pero esto no sucede con las “caídas” en las redes sociales. Los usuarios contratamos líneas o conexiones de Internet y eso nos otorga derechos como consumidores, pero una interrupción en las redes sociales y aplicaciones sólo las sufrimos porque el uso de esas plataformas es “gratuito” y se sostienen de la publicidad, a cambio de la vigilancia y los datos conductuales de los usuarios. Pero algunos negocios operan y dependen directamente de las ventas a través de dichas plataformas. La comunicación de Facebook y WhatsApp fue extremadamente escueta, poco formalista y con mensajes “buena onda” de “lo sentimos”. La clave y el mensaje propagandístico de Facebook se halla en el párrafo final de la explicación de Santosh Janardhan: “hemos trabajado mucho para fortalecer nuestros sistemas para evitar el acceso no autorizado, y fue interesante ver cómo ese endurecimiento nos ralentizó mientras intentábamos recuperarnos de una interrupción causada no por una actividad maliciosa, sino por un error de nuestra propia creación. Creo que una compensación como esta vale la pena: mayor seguridad diaria frente a una recuperación más lenta de un evento tan raro como este.” La pregunta es cómo sentirnos más seguros en las apps sin perder comunicación, tiempo, trabajo y dinero por horas.


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SUBMARINOS, GEOPOLÍTICA Y PROLIFERACIÓN NUCLEAR Olga Pellicer

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n días pasados se dio a conocer el acuerdo conocido por sus siglas en inglés AUKUS, un proyecto de colaboración entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos para proporcionar submarinos nucleares al primero. El asunto ha causado verdadera conmoción entre los analistas de política internacional por sus consecuencias en el pensamiento geopolítico del gobierno de Estados Unidos, el descontento producido en Francia, uno de los países más importantes del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y por sus implicaciones para la deseada no proliferación nuclear, objetivo prioritario para un buen número de países, entre ellos México. La decisión de fortalecer el frente del Pacífico Sur y el Océano Índico no es una decisión que pueda pasar inadvertida, tomada en el contexto de la gran rivalidad presente entre China y Estados Unidos. En esa región del mundo, poco atendida por las potencias occidentales con anterioridad, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido tienen ahora la intención de proveer a Australia de, al menos, ocho submarinos nucleares. Es decir, están transfiriendo una tecnología muy sensible, asociada a otras ramas tecnológicas muy avanzadas, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la computación cuántica. El anuncio provocó de inmediato una violenta reacción del gobierno francés, que venía trabajando un acuerdo multimillonario con Australia para proveerla de submarinos tradicionales. Las negociaciones sobre AUKUS se mantuvieron dentro del mayor secreto. Francia sólo fue advertida de la suspensión de sus acuerdos con Australia unos días antes. El enojo de Francia llevó al retiro de su embajador ante Estados Unidos. Hay diversas especulaciones sobre cómo se restablecerá la cordialidad entre Biden y Macron, sobre lo que puede ya haber información al momento que aparezca este artículo. Muy posiblemente no será fácil. En realidad, el asunto va más allá de Francia y concierne al conjunto de los

países europeos y su alianza tradicional con Estados Unidos. Dar preferencia al Pacífico Sur es un mensaje fuerte respecto a cuáles son los puntos neurálgicos para la geopolítica internacional en momentos en que la disputa ChinaEstados Unidos ocupa el centro de atención. Al parecer, los aliados occidentales quedan en segundo plano. Desde la perspectiva británica, cuya salida de la Unión Europea la coloca un tanto al margen de sus aliados europeos, AUKUS es una buena noticia. El semanario The Economist señala con entusiasmo en su edición del 25 de septiembre que “América, al fin, está tomando en serio hacer contrapeso a China en Asia”. Desde su punto de vista, AUKUS es un paso significativo para un nuevo balance en el Pacífico, una región que, sobre todo en los años de Trump, era frágil y abandonada frente al avance chino. Sin embargo, lo anterior no significa que AUKUS es suficiente, señala el semanario, queda mucho por hacer para detener tal avance. Los países del sudeste asiático son muy vulnerables y no se sienten suficientemente protegidos por Estado Unidos para poder resistir las intenciones de China. Conviene recordar que la alianza de Washington con Australia no es nueva. De hecho, junto con Nueva Zelanda siempre han formado parte del “grupo occidental” dentro de Naciones Unidas. La identificación con Occidente ha sido muy profunda y el distanciamiento de Asia muy claro. Lo novedoso en esta ocasión es la inclusión en una alianza militar de gran alcance, porque incorpora al Reino Unido y un elemento muy significativo, como es la tecnología nuclear. Este último punto ha despertado justas preocupaciones para el importante grupo de países que ha venido luchando por mantener viva la idea de la no proliferación nuclear. No se puede perder de vista que los submarinos nucleares utilizan el mismo material necesario para fabricar armas

nucleares: uranio enriquecido que tiene una proporción muy alta de isótopos fisibles, conocido como U-235. Ese es el motivo por el que Estados Unidos nunca había proporcionado ese tipo de submarinos a otro país, con la única excepción del Reino Unido, hace 63 años, cuando la armada inglesa era parte de un país que ya tenía armas nucleares. El Tratado de No Proliferación (TNP), el eje central del compromiso internacional de no proliferación, prohíbe a los países signatarios que no tienen ya una bomba nuclear proceder a fabricarla. Asimismo, establece que cualquier material nuclear sensible, como el uranio enriquecido, debe colocarse bajo la supervisión del sistema de salvaguardas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Es poco probable que Australia esté interesada en fabricar una bomba nuclear. También es poco probable que los materiales sensibles no estén bajo estrecha supervisión del OIEA. Pero eso no impide que dichos materiales estén presentes en esa región del mundo. El espíritu del TNP está bajo asalto y la proliferación de materiales nucleares está ocurriendo. Son varios los países cuya opinión pública y élites científicas y políticas están interesadas en fabricar armas nucleares. Entre ellas se encuentra Corea del Sur, que ha mostrado su interés en adquirir submarinos nucleares; Brasil, que está fabricando submarinos con el apoyo de Francia y, desde luego, le gustaría tenerlos de tipo nuclear. En ese ambiente, el nuevo acuerdo AUKUS sienta un precedente que abre la puerta a la presencia de materiales nucleares alrededor del mundo. México fue un pionero de la no proliferación, la voz decisiva para hacer de América Latina y el Caribe una zona libre de armas nucleares. ¿Qué tipo de reto presenta a la diplomacia mexicana el AUKUS? ¿Se están haciendo a un lado los principios que inspiraron el Tratado de Tlatelolco?


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LA REBELIÓN DE LOS CIENTÍFICOS, EN PAUSA

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ientíficos mexicanos que tradicionalmente defendían las causas medioambientales y se oponían a muchos de los proyectos gubernamentales –el Tren Maya, Dos Bocas– aparentemente han “puesto en pausa” sus luchas. Algunos de sus colegas atribuyen este respiro a que la comunidad científica está más preocupada ahora por recibir recursos del presupuesto. En medio de la lucha por el presupuesto del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT) y del proceso de judicialización para que sus administradores rindan cuentas de los recursos destinados a su operación durante los últimos ejercicios, la conducción de las políticas públicas para la vigilancia del medio ambiente también se ha convertido en fuente de confrontación con otros grupos de la comunidad científica. Investigadores de universidades públicas y privadas que hoy participan, asesoran y acompañan movimientos políticos y sociales cuestionan la efectividad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de las secretarías del Medio Ambiente y de Agricultura respecto a la rectoría, protección y custodia de los recursos naturales del país. Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mientras tanto, participan y organizan foros en los que se analiza y cuestiona, a través de las comunidades y pueblos originarios, el papel del gobierno federal frente a problemas climáticos, el manejo de los recursos hídricos, las concesiones en el sector extractivo y el impacto de proyectos como el Tren Maya. La politización de estos movimientos en decenas de poblaciones del país profundiza, además, la confrontación respecto a las decisiones tomadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus proyectos estratégicos, situación que se potencia con la participación de la comunidad científica. Aún más, en medio de las crecientes críticas por las políticas públicas para proteger el medio ambiente, y para no enfrentar “conflictos de interés”, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), fundada en 2008 por María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), decidió poner en pausa sus actividades desde hace algunos meses. La UCCS, en la que participa como integrante del Consejo Asesor el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, simplemente cerró su sitio de internet. En la UCCS también participa el doctor en economía Enrique Leff Zimmerman, quien ha hecho cuestionamientos sobre la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya. Igual que Toledo, Leff tiene como

Claudia Villegas 2020, comunidades en Puebla y en el norte del país incrementaron su oposición a la gestión de la Conagua y, en medio de las elecciones intermedias para renovar alcaldías, estas quejas también fueron capitalizadas por grupos políticos. campo de estudio el área de la ecología política. El también catedrático de la UNAM y fundador del movimiento Agua Para Todos, Omar ArellanoAguilar, confirma a Proceso que la UCCS decidió poner en pausa sus actividades, aunque sus integrantes siguen activos en sus universidades y centros de investigación. “La UCCS está en pausa para no caer en contradicciones, para no caer en conflictos de interés”, dijo Arellano-Aguilar, biólogo y doctor en ciencias por la UNAM. Como en su momento lo hizo Toledo, algunos integrantes de la UCCS decidieron aceptar la invitación del gobierno de la Cuarta Transformación para convertirse en funcionarios públicos, afirma Arellano-Aguilar. El 31 de agosto de 2020, el segundo secretario del Medio Ambiente del gobierno del presidente López Obrador, Víctor Toledo, renunció luego de que se filtró un audio en el que aseguró que durante 10 meses conoció a una “Cuarta Transformación llena de contradicciones”, que se expresó concretamente en luchas de interés dentro del gabinete. Toledo mencionó que la Secretaría de Desarrollo Rural que encabeza Víctor Villalobos estaba dedicada a los agronegocios, con una posición en contra de la agroecología, tratando de imponer toda la visión con las grandes corporaciones. Aseguró, además, que Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, era el operador principal para bloquear todo lo que fortaleciera la agroecología. En la Semarnat, Toledo dejó pendientes consultas para el Tren Maya y una larga lista de conflictos ambientales sin resolver, muchos de ellos estudiados por la UCCS desde 2008. Ahora sólo es posible conocer el contenido de los materiales de la UCCS mediante una contraseña que se entrega a los científicos que participan en la organización. En ese sitio de internet era posible consultar el texto íntegro de la demanda ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en el caso de los Movimientos Dentro de la Asamblea Nacional de los Afectados Ambientales (ANAA) contra los Estados Unidos Mexicanos, que integró y promovió Andrés Barreda Marín, otro de los miembros fundadores de la UCCS y hoy coordinador de los Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt. También es profesor de tiempo completo de la UNAM. En el portal de la UCCS se exhibía un documento con firmas de comunidades y pueblos originarios para

promover esta demanda y desconocer a las autoridades de la Conagua. Proceso cuenta con copia de esos documentos. La UCCS también participó activamente en la promoción e impulso de un proyecto para reformar la Ley de Aguas Nacionales, en el debate y estudios sobre el maíz transgénico y en la resistencia al uso del glifosato en la agricultura intensiva, uno de los temas que confrontó a Toledo y a Romo. Al fundar la UCCS, la directora del Conacyt impulsó la elaboración de expedientes críticos y la difusión del conocimiento científico. De acuerdo con el decálogo de la Unión, en sus trabajos y proyectos no aparecen intereses que no sean los de la ciencia misma, la responsabilidad ética y el compromiso socioambiental. Por tanto, sólo reciben donativos que son aprobados por su consejo y sus miembros pagan cuotas para sostener su operación. Mientras el FCCT surgió en 2003, vinculándose con el gobierno y organismos del sector privado para analizar el impacto ambiental de las políticas públicas y reformas estructurales, la UCCS surge en 2008, alejada del presupuesto público para mantener su independencia. El fundador de la organización Agua para Todos, Omar Arellano-Aguilar, descarta, sin embargo, que se hubiera convertido en un contrapeso del Foro como órgano de consulta afín al gobierno en turno. “No surgió para eso, surgió para encontrarnos y reconocernos como científicos críticos”. Arellano-Aguilar se autodefine como activista científico dedicado exclusivamente a obtener datos de sus investigaciones para el debate público. Esa, para él, es la principal función de los científicos comprometidos con la sociedad y no participar en movimientos sociales o políticos. “No se deben suplantar las luchas sociales, acaso se acompaña a las comunidades que toman caminos para su defensa”, explicó el catedrático. Sin embargo, desde el Conacyt y desde la Secretaría del Medio Ambiente, Álvarez-Buylla y Toledo organizaron, a finales de 2019, una caravana de activistas ambientales, científicos y eurodiputados llamada “Toxitour”, que recorrió poblaciones de todo el país y durante el cual se señaló a cementeras, refinerías, mineras, así como termoeléctricas, nacionales y extranjeras, como responsables de una catástrofe ambiental y social. En el caso de los movimientos para proteger los recursos hídricos, y después de la sequía histórica que se vivió en

El “Toxitour”

Además de la demanda ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en el caso de los Movimientos Dentro de la ANAA contra los Estados Unidos Mexicanos, Barreda Marín, ahora funcionario público, también organizó, desde el Conacyt, el “Toxitour”, que en la ciudad de Puebla contó con el apoyo de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, de la Coordinadora Plan de Ayala-MN, el Colectivo Hermanos Serdán, Ecotuzuapan, AC, y pobladores de Santa María Zacatepec, así como de 15 agrupaciones sociales y campesinas. Tres rutas en el estado de Puebla fueron incluidas en el Toxitour México, que se efectuó el 7 de diciembre de 2019 y en el que participaron 36 eurodiputados, abogados, científicos y toxicólogos y activistas extranjeros, quienes recorrieron con el apoyo de Conacyt zonas industriales de Puebla para documentar los altos niveles de contaminación. Los participantes en esa gira pidieron declarar al estado en emergencia ecológica. El pasado 9 de agosto, personas inconformes con la operación de la planta de Bonafont en la comunidad de Juan C. Bonilla tomaron las instalaciones con el apoyo de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, según videos y testimonios. Hasta ahora el gobierno de Miguel Barbosa no ha logrado resolver este conflicto que ahora atrae a científicos críticos del gobierno de la Cuarta Transformación. El pasado 30 de agosto, Gilberto López y Rivas, doctor en antropología por la Universidad de Utah, profesor e investigador del INAH y exasesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, participó en un foro virtual denominado “Primer Encuentro Científicos por la Vida”, organizado precisamente por ese grupo de personas inconformes con la operación de la planta de la empresa Bonafont. En ese foro, López y Rivas aseguró que la supuesta lucha contra la corrupción y el adelgazamiento de las estructuras gubernamentales “que, si bien se podría calificar como positiva ante el saqueo de la clase gobernante del erario, ya se constituye como un factor para la aplicación en México y, sin contratiempo alguno, de proyectos neoliberales como las Zonas Económicas Especiales, el Tren Maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec (al cual calificó como el resurgimiento del tratado McLane-Ocampo del siglo XIX), la siembra de árboles frutales”, para lo cual –dijo– se queman hectáreas enteras para entrar a lo que calificó como un programa clientelar.


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Jueves 7 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

ENFRENTAR LA VIOLENCIA Javier Sicilia

Para el EZLN, por sus lecciones de dignidad y de empatía con las víctimas.

L

a violencia y la impunidad no cesan; tampoco las intrincadas redes de complicidad entre el Estado y el crimen organizado que las hacen posibles. Como desde hace más de 10 años y de maneras cada vez peores e intensas, todos los días nos enteramos de espantosas masacres, de zonas del territorio tomadas por el crimen organizado, de grupos que se arman para defenderse, de campos de la muerte, como el de la Bartolina en el noreste del país, de fosas clandestinas, de grandes violaciones a derechos humanos en las fronteras de México, de alianzas entre el crimen organizado, los partidos, intereses empresariales y puestos de gobierno (Cabeza de Vaca en Tamaulipas, los Salgado en Guerrero, los Gallardo en San Luis Potosí y ahora, gracias al comunicado del EZLN del 19 de septiembre, “Chiapas al borde de la guerra civil”, Rutilio Escandón en esa zona del país), de persecuciones a la comunidad científica y a los intelectuales. Detrás de los desquiciados discursos de “la mañanera” y de estériles discusiones en los medios, el país se pudre y hiede de muerte, miedo, impunidad y odio. Ciertamente hay respuestas: denuncias de organizaciones de derechos humanos y de la prensa, movilizaciones, acciones del gobierno para el control de daños cuando el crimen, como en el caso del explosivo en un restaurante de Salamanca, adquiere una dimensión mediática. Pero esas respuestas son aisladas, como si la violencia y la impunidad en el país fueran hechos que suceden de manera desconectada y no el síntoma de un fenómeno que tiene que ver con un Estado degradado y capturado por intereses criminales. Seguir tratando la descomposición del país así, es decir, como problemas desvinculados –Ayotzinapa,

por ejemplo, y no los 90 mil desaparecidos; los feminicidios y no los más de 300 mil asesinatos; los miles de kilos de masa humana en la Bartolina y no las más de 4 mil fosas clandestinas; los paramilitares de la ORCAO, financiados por Rutilo Escandón en Chiapas y no, junto con ello, los territorios tomados por cárteles en Michoacán, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, etcétera–, es tratar la violencia y la impunidad como un asunto de negociaciones particulares con un Estado criminal, es decir, como un asunto de negociación identitaria: los indígenas, las mujeres, los desaparecidos, representados por tal o cual organización, los indocumentados, los desplazados… Las resistencias y las negociaciones identitarias, como lo señala Slavoj Zizek, se adaptan perfectamente no sólo “a una sociedad despolitizada”, sino, agrego yo, a una sociedad anestesiada en su capacidad de indignación y de respuesta, y a un Estado que dice tener en cuenta a cada grupo para conferirle su estatus particular de víctima. Tratar un grave problema de violencia e impunidad de dimensiones nacionales, como el que desde hace más de 10 años padecemos, desde la perspectiva de reivindicaciones específicas que deben resolverse de manera particular, no sólo es “la muerte de la verdadera política” sino la legitimación de la violencia. Una verdadera política contra la violencia y la impunidad sólo es posible si mediante una unidad y una movilización nacional, el tema de la violencia y la impunidad deja de ser un pretexto para negociaciones identitarias y se vuelve una agenda de todos que obligue a las partes sanas del Estado a crear y accionar una política no de gobierno, sino de Estado que, a mediano y largo plazos, pueda devolverle al país el suelo de justicia y paz que le pertenece. Hay, para ello, una propuesta de Justicia Transicional, acordada y traicionada por la mal llamada 4T, que no ha sido lo suficientemente entendida ni discutida por las organizaciones iden-

titarias. Puede haber otras. Pero para ello, las organizaciones identitarias deberían reunirse y crear una agenda común, respaldada por la prensa, que trabaje en esa unidad y en esa movilización. Hace unos meses, el 16 de julio, con motivo de la consulta popular sobre la justicia, que los intereses identitarios de Morena quisieron reducir a un juicio a los expresidentes, el EZLN llamó –en una misiva que tituló “La Extemporánea y una Iniciativa Nacional”–, no sólo a una movilización por “una Comisión de la Verdad y la Justicia para las Víctimas […] Porque no puede haber vida sin verdad y justicia”, sino a conformar un “Frente de lucha por la vida” “con el Congreso Nacional Indígena-CIG, la Sexta nacional, las Redes de Resistencia y Rebeldía, Organizaciones No Gubernamentales de defensa de los Derechos Humanos, colectivos de Víctimas de la violencia, familiares de desaparecid@s y afines, así como con artistas e intelectuales”. Yo y muchos esperábamos y continuamos esperando todavía ese encuentro fundamental. Es el EZLN, cuya autoridad moral, cuyos 27 años de resistencia son indiscutibles, el único que puede convocar y hacer posible en sus territorios ese encuentro que derive en una agenda común de verdad, justicia y paz, y en una gran movilización nacional. Sin ello no habrá ya suelo ni país ni democracia ni dignidad alguna. Sólo un mundo de seres pidiendo a sus verdugos ser reconocidos en su particular estatus de víctimas. No en vano la teología imaginó el infierno como un orden penitencial. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.


CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

E

l conflicto dentro de Los Chimalapas recobró notoriedad este miércoles a nivel nacional con la petición hecha por las comunidades involucradas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para emitir de una vez por todas sentencia definitiva a un caso que lleva casi nueve años en el archivo pendiente y que, además, ha significado la devastación de más de 50 mil hectáreas de reserva natural en los límites entre Chiapas y Oaxaca. Hace casi nueve años, el 29 de noviembre del 2012, el gobierno de Oaxaca, que en ese entonces era gobernado por Gabino Cué Monteagudo, mediante la Secretaría General de Gobierno, presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional por la presunta invasión de predios que los comuneros oaxaqueños reclamaban como suyos. En ese entonces los pobladores denunciaron la creación del nuevo municipio chiapaneco “Belisario Domínguez” dentro de territorio oaxaqueño. Habían pasado 70 años de un conflicto que mantenía a los pueblos zoques de Chiapas y Oaxaca en la disputa de una importante extensión de tierra que ambas entidades pelean como propia. Sin embargo, el caso se quedó

L

a temporada de frentes fríos trae consigo riesgos y peligros para la salud, como por ejemplo: las enfermedades respiratorias Aunque suena a verdad de Perogrullo, la frase: “ es mejor prevenir que curar o lamentar’”, aplica para el cuidado de la salud en temporada de frentes fríos. El peligro de enfermarse de las vías respiratorias es real. El propio gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha salido a informar a la población de Chiapas sobre la llegada del fenómeno climático, porque hay que proteger a la gente, sobre todo a los niños y los ancianos. La llegada de los frentes fríos provoca lluvias muy fuertes en la entidad, y es necesario prevenirse ante posibles situaciones de desastre. Las autoridades han dispuesto albergues para poner a salvo a la gente que habita en zonas de riesgo, porque la vida es lo primero. En cada lluvia torrencial existe el peligro de desgajamiento de lomas y cerros, desbordamientos de arroyos y ríos o de grandes avenidas de agua que aparecen de la nada y que ponen en peligro a la gente. La vigilancia que ejercen las autoridades sobre los fenómenos climáticos permiten advertir con tiempo a los habitantes de las zonas de riesgo, a fin de que se pongan a salvo y se trasladen a los albergues, donde ya todo está dispuesto para asistirlos. El llamado que hace Rutilio Escandón Cadenas a la gente del norte de Chiapas ( léase de los municipios de Pichucalco, Ixhuatán, Reforma. Juárez, Chapultenango, Francisco León, Ixtapangajoya, Ixtacomitán

Jueves 7 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN LA MIRA Héctor Estrada

Los Chimalapas; 9 años en el archivo de la SCJN con 50 mil hectáreas devastadas en la congeladora de la SCJN durante los siguientes años. Apenas en 2019 el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh) presentó un escrito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar una audiencia al ministro José Fernando Franco González Salas, ponente en la controversia constitucional presentada por el gobierno de Oaxaca, para dar a conocer la destrucción de 50 mil hectáreas de selva alta y bosque de niebla, ante nuevas invasiones. Han pasado nueve años de iniciado el juicio de controversia constitucional 121/2012 y de haberse emitido una suspensión de plano por parte de la propia SCJN, y la situación sigue complicándose. A decir de las organizaciones ambientalistas, el “limbo jurídico” ha permitido que la destrucción impune e irreversible de miles hectáreas de

selva alta y bosques de niebla dentro del territorio comunal continúe ante la inacción de las autoridades omisas. De acuerdo con datos de la Procuraduría Agraria (PA), actualmente existen 126 supuestas pequeñas propiedades ilegales dentro de territorio comunal de Santa María y San Miguel Chimalapa, sin embargo, el CNDyCCh acusa que dicha dependencia se ha negado a entregar los expedientes sobre las invasiones. La mayoría de estos predios (ranchos ganaderos) se encuentran al sur

EL DIVÁN Sergio Stahl

Prevenir las enfermedades respiratorias y Amatán, entre otros) a estar atentos y preparados para la llegada - en las próximas horas- del frente frío número dos, revela la importancia de aplicar la sobada frase: “Es mejor prevenir que lamentar’. Fomentar la cultura de la prevención en Chiapas tiene la mayor validez, por lo que es necesario ponerse a resguardo, hacerse a un lado, no arriesgarse. Ls gente que vive en zonas de riesgo y que en años anteriores han padecido los efectos de lluvias torrenciales, deben asumir la alternativa de ir a los albergues y ponerse a salvo. Esa es la recomendación del mandatario estatal. La cultura de la prevención siempre da excelentes resultados. Con base en la prevención, hoy día en Chiapas cada vez más gente participa en la prevención de los riesgos, incluso convertirse en parte del quehacer cotidiano de una familia y la comunidad. La prevencióneso ayuda a reducir los riegos. El gobernador Rutilio Escandón cadenas ha concertado con los ayuntamientos una serie de tareas para reducir los efectos perniciosos entre la población. No hay que olvidar que son los gobiernos municipales los primeros en entrar en contacto con la ciuda-

danía, sobre todo en caso de un desastre natural. Es vital la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para diseñar y desarrollar los planes de mitigación de los desastres y la reducción de la vulnerabilidad. En fin. BALCÓN. Ayer, el senador Eduardo Ramírez y la senadora Sasil de León Villar acordaron impulsan apoyos a favor de los trabajadores eventuales del campo. Eduardo Ramírez Aguilar y Sasil de León Villar plantearon Incorporar a los tabajadores eventuales del campo a los beneficios de una Seguridad Social. Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, destacó que trabajará en conjunto con la senadora chiapaneca Sasil de León Villard, para incorporar a los trabajadores eventuales del campo a los beneficios de una Seguridad Social, tanto en la Frontera Sur de México, como en el resto del país. El planteo del senador y de la senadora chiapaneca ocurrió en el marco del

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de la zona conocida como Cal y Mayor, y una porción menor están en las zonas de Hondonada, Quebrachal y San Marcos, en San Miguel Chimalapa. Mientras tanto, el saqueo masivo de madera y el cambio de uso de suelo para la crianza de ganado no se detiene. Y es que el impacto ambiental no es menor. El territorio en disputa desde hace 70 años alberga por lo menos 146 especies de mamíferos, 140 de reptiles y anfibios, 316 de aves y 900 de mariposas, muchas endémicas. Además, esta bioregión de casi 600 mil hectáreas es un territorio ancestral del pueblo indígena zoque, pues lo ha habitado, poseído, usufructuado y defendido durante siglos. El silencio de las autoridades de los tres niveles de gobierno y el letargo de la SCJN para definir el conflicto limítrofe han provocado un estado de anarquía en la región que no sólo ha dejado como saldo constantes enfrentamientos violentos y muerte, también ha desencadenado un daño ambiental a gran escala difícil de resarcir a corto o mediano plazo. Por eso la solicitud hecha esta semana por casi un centenar de organizaciones civiles para exigir sentencia definitiva y dar finalmente certeza jurídica a un caso que no puede seguir esperando más tiempo… así las cosas.

encuentro con integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Social, e integrantes de la Organización de los Sistemas Alimentarios de Mesoamérica, representados por Jacobo Cabrera Palos. Eduardo Ramírez Aguilar señaló que muchos trabajadores del campo no tienen seguridad social, por lo que “vamos a apostarle a ese tema y sumar esfuerzos para que se haga una realidad, y así darles certeza jurídica”. En la reunión, Eduardo Ramírez Aguilar explicó que -según datos recabados por la senadora Sasil de León Villar- solamente 300 mil trabajadores del campo entran a la base del IMSS y más de 2 millones no participan. Eduardo Ramírez celebró la reunión y dijo que pocas veces se escucha al sector productivo de la Iniciativa Privada, con quienes se hizo el compromiso de tocar las puertas necesarias para plantear sus solicitudes, entregarles resultados y llevar a cabo las reformas necesarias al Marco regulatorio.Durante la reunión también se plantearon temas sobre la parte agroalimentaria del TMEC; el tema de aguas nacionales; el tema de la cafeticultura y del mango ataulfo, entre otros...Eso es todo. EL DARDO. Como si fueran niños que van por primera vez a la escuela, los integrantes de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado andan agarrándose del chongo para definir no solamente qué oficina le toca a quien, sino incluso la curul que quieren ocupar en el salón de sesiones. Por cierto, la manera de resolver la pugna entre los diputados por las asignaciones de oficinas y de curules es muy “democrática “: el volado de una moneda. Chale!


CMAN

DIARIO

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 7 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2238

DENUNCIA

REPORTE

El impacto de los parques eólicos del Yucatán, un ejemplo a no seguir

INM deporta a 129 haitianos desde Tapachula; colectivo exige medidas de protección

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DECLARACIÓN

Un “atropello”, el proceso contra 31 investigadores del Conacyt: Gabriela Dutrénit

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SESIÓN

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LLAMADO

Segob pide no criminalizar a defensores sociales de Coyomeapan

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Analizan eficacia de procedimientos sancionadores electorales en presentación de obra colectiva El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, realizó la tarde de este martes 05 de octubre, la presentación del libro “Derecho Administrativo Sancionador, algunas miradas desde sus principios”, de la Editorial Tirant Io Blanch que es coordinado por el Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas y el Secretario Ejecutivo Manuel Jiménez Dorantes.

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INAI ordena a la UNAM revelar títulos de LópezGatell, Jorge Alcocer y Luisa María Alcalde


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