Siendo de aplicación supletoria al proceso contencioso administrativo laboral, cumplo con los requisitos establecidos para el Recurso de Casación teniendo en cuenta el artículo 386, 388, 391 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 31591 publicada el 26 de octubre de 2022
El recurso se interpone ante la Sala Superior que emite la resolución impugnada.
El presente recurso extraordinario de casación lo interpongo ante la Sala Mixta Descentralizada de Andahuaylas y Chincheros.
El recurso se interpone dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna.
La Sentencia de Vista (Resolución N°14), me fue notificada físicamente el 18 de abril de 2024, por lo que el plazo para presentar el recurso vence el día 03 de mayo de 2024, en este sentido, me encuentro dentro del plazo establecido por ley.
El recurso se interpone adjuntando el recibo de la tasa respectiva.
En aplicación del literal i) del artículo 24 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial – LOPJ, no estoy obligado a presentar arancel judicial; sin embargo, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo de la casación adjunto arancel judicial.
Es una sentencia expedida por una sala superior, segunda instancia, que pone fin al proceso.
La Sentencia de Vista (Resolución N°.14) es emitida por la Sala
Mixta Descentralizada de Andahuaylas y Chicheros de la Corte Superior de Justicia de Apurímac.
La sentencia discute una pretensión mayor a 500 URP o la pretensión es inestimable en dinero.
La sentencia revoca en todo o en parte la decisión de primera instancia.
La pretensión planteada en la demanda es inapreciable en dinero.
La Sentencia de Vista (Resolución N° 14) confirma la Sentencia contenida en la Resolución Número 07, de fecha 11 de setiembre de 2023, en el extremo que declara infundada la demanda contenciosa administrativa; no se aplica al contencioso administrativo el requisito de doble conformidad.
La sentencia es anulatoria.
El recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso.
Concluye el proceso.
La Resolución Nro. 07 del 11 de setiembre de 2023, no favorece a la parte demandante por lo que no se ha consentido.
Sentencias de Casación relevantes en la interpretación del derecho administrativo
4.2.1 En atención al debido procedimiento, regulado por el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, aprobado por el Decreto Supremo N.º 0062017-JUS, el mismo que goza de protección constitucional conforme el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, los órganos administrativos se encuentran obligados a cautelar el debido procedimiento administrativo, garantizando el derecho de defensa del administrado, mediante el cual se posibilita la subsanación de requisitos formales a fin de ejercer el derecho de reclamación efectiva, conforme lo previsto en el artículo 140 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo 133-2013-EF.
4.2.3 En el proceso contencioso administrativo, las partes podrán ofrecer los medios probatorios que estimen pertinentes para acreditar su pretensión, aunque éstos hubieran sido propuestos extemporáneamente en el procedimiento administrativo; y, los órganos jurisdiccionales, atendiendo a los fines del proceso contencioso administrativo y a las garantías del derecho de prueba se encuentran obligados a analizar su pertinencia y relevancia para su incorporación válida en el proceso a pedido de parte, o evaluará su inclusión oficiosa de ser el caso. Esto se realizará considerando una interpretación sistemática de los artículos 1, 5 numeral 2, 29, 30 y 31 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N.º 011-2019-JUS, el derecho a probar como componente elemental del derecho al debido proceso, amparado en el numeral 3 del artículo 139 y artículo 148 de la Constitución Política del Perú, considerando además la Sexta Regla vinculante establecida en el Décimo Pleno Casatorio Civil, de aplicación supletoria al proceso contencioso administrativo.
2.5. En cuanto al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (reconocido también en el artículo 139 numeral 3 de la Constitución10) y la declaración de improcedencia de una demanda, es importante señalar que la declaración de improcedencia de una demanda debe cumplir con la exigencia de una motivación cualificada para no afectar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la parte actora; habiendo precisado el Tribunal Constitucional que el contenido constitucionalmente protegido de este derecho fundamental, garantiza entre otros, la motivación cualificada exigible cuando se afectan derechos fundamentales, en tal caso opera como doble mandato, referido al derecho a la justificación y al derecho que está siendo objeto de restricción por el juez11; en este caso, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues si bien este derecho no significa que se le dé la razón al litigante, si garantiza que si su demanda es rechazada o declarada improcedente, se le brindará las razones suficientes con motivación cualificada de tal decisión; por lo tanto, si bien la norma contenida en el artículo 427 numeral 2 del Código Procesal Civil12, establece que se declarará improcedente la demanda cuando el demandante carezca manifiestamente de interés para obrar, la justificación de la falta de interés para obrar en la resolución debe ser cualificada.