Actualidad
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En profundidad
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Sobre el compromiso de la Fiscalía con la protección integral de las personas mayores Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la protección de personas con discapacidad y atención a los mayores
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De la incapacitación a los apoyos a la toma de decisiones, un cambio de paradigma legal que beneficia a las personas mayores Alvaro García Bilbao
Presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del CERMI
Ocio y salud
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Solidaridad, con origen y destino rural Ana Isabel Esteban
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Sobre la estrategia de vacunación COVID-19 Myriam Pallarés Cortón
María Jose Segarra Crespo
Opinión
Entrevista a...
Presidenta de Solidaridad Intergeneracional
Directora General de MUFACE
Coronel José Luis Modrego Navarro Secretario General Gerente del ISFAS
Boletín Digital 13. Enero - Abril 2021
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Estimad@ compañer@,
Bienvenid@
En el transcurso del último año, desde el Consejo General hemos focalizado parte importante de nuestros esfuerzos, me consta que los habilitados, como profesionales en primera línea también lo habéis hecho, en adaptar nuestros servicios a las necesidades del colectivo de pensionistas de clases pasivas y, particularmente, a las de aquellas personas que, debido a su situación personal, han requerido de un mayor acompañamiento en momentos marcados por la pandemia. Si a lo largo de estos doce meses salvaguardar los derechos de los destinatarios de nuestros servicios, entre los que se encuentran colectivos vulnerables, se ha consolidado como una cuestión de estricta necesidad para poderes públicos y privados, así como para la sociedad en su conjunto, desde este Consejo General centramos nuestra actividad en seguir contribuyendo, una vez superado el aniversario pandémico, a la mejora de la calidad de vida de quienes nos necesitan dando respuesta también a los deberes y responsabilidades que, como profesionales, nos atribuye la ley. A continuación, hacemos un breve recorrido por los contenidos que podrás encontrar en la nueva edición del boletín digital. La sección de Actualidad recoge las principales líneas introducidas por el Real Decreto 177/2021, de 23 de marzo, que ha traído consigo el primer incremento en las retribuciones del personal militar, tras permanecer durante más de quince años invariables. A la vez que aborda otros asuntos de interés general entre los que destaca la futura reforma de las pensiones públicas. A efectos de ofrecer una imagen lo más fidedigna posible del estado de la cuestión, analizamos la intervención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ante la Comisión del Pacto de Toledo. Consecuencia de la pérdida de derechos a la que se han visto expuestas muchas personas mayores en el contexto de la actual crisis, en esta edición contamos con la participación de profesionales de excepción, con los que poder abordar cuestiones de gran trascendencia en este ámbito. Tenemos el gusto de contar con la Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra Crespo, quien ofrece una visión transversal sobre el estado de la cuestión, recogida en el apartado En profundidad. Entre las consideraciones más remarcadas de su intervención, la que fuera Fiscal General del Estado durante el bienio 2018-2020, incide en que “poner ahora el foco en la atención a nuestros mayores es una obligación como país y debemos aprovechar la oportunidad para mejorar y prevenir nuestro sistema.” La Estrategia de Vacunación nacional adoptada frente a la COVID-19 ha suscitado ciertas inquietudes entre los pensionistas de clases pasivas y sus familiares. Conscientes de ello, Entrevistamos a la Directora General de MUFACE, Myriam Pallarés Cortón, y al Secretario General Gerente del ISFAS, el Coronel José Luis Modrego Navarro, a fin de conocer cuáles serían las actuaciones que se estarían realizando en beneficio de sus mutualistas a la hora de que estos reciban las dosis. Queriendo trasladar un mensaje de tranquilidad al colectivo, desde ambos organismos se manifiesta estar realizando todo lo posible en el ámbito de sus competencias e insisten en resaltar que son las consejerías de salud autonómicas aquellas con autoridad sobre el desarrollo de la Estrategia. En lo referido a las personas con discapacidad en general, y a los adultos mayores en particular, la aprobación por parte de la Comisión de Justicia del Congreso del Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica abre una nueva realidad al colectivo en el ejercicio de su derecho a decidir libremente. El presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del CERMI, Álvaro García Bilbao, comparte para la sección de Opinión su visión acerca de esta reforma legislativa que formaliza el compromiso mostrado por nuestro país en el año 2007 con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Concluimos el número con la sección Ocio y Salud, abordando una de las formas de solidaridad a las que más se ha aludido en los últimos doce meses, aquella que emana de la relación entre diferentes generaciones. La presidenta de Solidaridad Intergeneracional, Ana Isabel Esteban, nos relata cuál es la función de esta ONG que pone en el centro de sus acciones a las personas mayores y, en especial, a aquellas que residen en zonas rurales. Confiamos, una vez más, en que esta nueva edición del boletín digital contribuya a mantenerte informado, te sorprenda y resulte de interés. Recibe un cordial saludo, Jorge Sebastián Boletín Digital 13. Enero - Abril 2021
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Actualidad El Gobierno continúa sus trabajos sobre la futura reforma de las pensiones La reforma del modelo público de pensiones supone uno de los principales requisitos interpuestos por Bruselas al Gobierno de España para poder acceder a los fondos de recuperación europeos. En ese camino hacia un nuevo modelo de pensiones, el titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, comparecía a petición propia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, en un encuentro que tenía lugar en la tarde del 12 de abril, y que servía al ministro para dar cuentas sobre el estado de las negociaciones con los agentes sociales y las autoridades europeas en materia de pensiones. Dividida en dos periodos diferentes, Escrivá centraba su intervención en los aspectos más relevantes que marcan esa primera fase focalizada en la revalorización de las pensiones, la adecuación de la edad real de jubilación a la legal, la liberación al sistema de la Seguridad Social de los denominados gastos impropios y la implementación de un nuevo modelo de cotización para los autónomos. Entre los aspectos más relevantes destacados por el ministro resalta su propuesta de incentivar las jubilaciones tardías, ofreciendo a quienes deciden optar por esta opción la posibilidad de incrementar su pensión mediante un porcentaje adicional del 4% en sus nóminas, el recibo de un pago único de hasta 12.060,12 € por año demorado o una combinación de ambas. En lo referido a la revalorización de las pensiones públicas, Escrivá apuesta por que esta sea llevada a cabo teniendo como base al IPC del año anterior que sería revisado cada cinco años por el Pacto de Toledo. En el caso de periodos de inflación negativa esta se vería compensada durante los tres años siguientes.
El Senado estudia el proceso de envejecimiento en España
El Consejo de Ministros aprueba la subida salarial de los militares
Constituida en el seno de la Comisión de Derechos Sociales, la Ponencia de Estudio sobre el proceso de envejecimiento en España, aprobada por el Pleno del Senado en el mes de septiembre, iniciaba el 20 de enero la ronda de comparecencias a puerta cerrada que, previsiblemente, contará con las aportaciones de un total de 50 expertos en la materia. Una vez concluido dicho periodo y tras el consenso alcanzado entre las formaciones parlamentarias se procederá a elaborar un documento en el que se recojan las principales conclusiones extraídas a partir de las intervenciones de los comparecientes, a raíz de las que se elaborarán una serie de recomendaciones.
Resultado de la aprobación del Real Decreto 177/2021, por el que se procede a modificar el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, los sueldos de los militares experimentan su primer incremento tras haber permanecido invariables durante más de 15 años. La subida, que podrá verse efectuada en las nóminas del mes de abril, supone un aumento de las cuantías que variará entre los 40 y 113 €, en función del empleo desempeñado. Con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2021, la nueva tabla salarial beneficiará a un total de 133.282 efectivos, entre los que se encuentran oficiales, suboficiales y militares de tropa y marinería y supondrá un coste de 198.098.622 de euros.
El principal objetivo que se persigue gira en torno a elaborar un estudio lo más representativo posible, mediante el que generar una imagen positiva del envejecimiento y lograr dar respuesta a problemas estructurales como la soledad no deseada, el edadismo o el rediseño de los modelos asistenciales. Es por ello, por lo que desde el Senado estiman prioritario contar con la participación de las personas mayores en el diseño de políticas que particularmente les conciernen, dejando a un lado la imagen estereotipada por la que se tiende a considerar a las personas mayores como sujetos pasivos de la sociedad.
La mejora de las retribuciones del personal militar nace de la necesidad de adaptar las cuantías a las exigencias de las Fuerzas Armadas en la actualidad, debido a su “mayor grado de formación, preparación técnica, y capacidad de adaptación a un entorno cambiante, así como la asunción de mayores responsabilidades y su permanente disponibilidad para el servicio”, tal y como se expone en el Real Decreto 177/2021. No obstante, desde las asociaciones representantes del colectivo siguen considerando insuficientes los avances alcanzados hasta el momento, alegando que el presupuesto destinado a mejorar las condiciones salariales de los militares solo supondría un 10% de lo reclamado.
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Nuevo complemento de maternidad en las pensiones La brecha de género en las pensiones muestra como en la actualidad las cuantías de los hombres siguen siendo un 30% superiores a las de las mujeres, según lo apuntado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Reducir tales cifras hasta situarlas por debajo de un 5% es uno de los objetivos que actualmente persigue el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. Aprobada durante el primer Consejo de Ministros del mes de febrero, la norma pretende a su vez ofrecer un marco legislativo más ecuánime con hombres y mujeres, al considerar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social incurría en una discriminación por razón de sexo hacia los varones. Para solventar tal situación, el citado Real Decreto-ley reconoce el derecho del padre a percibir el complemento en su pensión, algo que hasta el momento solo era distinguido a las madres. Sin embargo, esto solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando el progenitor pueda constatar que su carrera de cotización se ha visto más perjudicada. En
aquellos casos en los que no sea posible verificarlo, el complemento será reconocido automáticamente a la madre, quien, en base a lo apuntado por Escrivá, es la que en un 98% de los casos ve más damnificada su presencia en el mercado laboral tras el nacimiento o adopción del primer hijo. Con respecto a los progenitores de un mismo sexo, el complemento será facilitado a la persona que perciba una cuantía inferior en su pensión.
El importe será de unos 378 euros anuales por hijo que dejarán de reconocerse a partir del cuarto descendiente y que, a diferencia de la anterior norma, permitirán a los padres o madres con un solo hijo poder acceder al mismo.
Plan de Evaluación 2021 y avances del Consejo General en materia de transparencia El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTGB) presentaba en el mes de enero su Plan de Evaluación 2021 incorporando como novedades el adelanto en el plazo de elaboración de la Memoria a finales del primer trimestre del año próximo a cada ejercicio y la publicación periódica de los informes sobre las evaluaciones realizadas. Ambas acciones pretenden lograr una mejora en las labores de rendición de cuentas y de tratamiento de la información realizadas desde el CTGB.
En lo que respecta a las funciones de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, debido a su condición como corporación de derecho público, el Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas ha venido realizando durante los últimos meses una adecuación de la página web a los criterios de transparencia establecidos por ley. Unas obligaciones que, según lo recogido por el Plan, serán evaluadas (al igual que el resto de Consejos Generales y Colegios territoriales de ámbito nacional) entre el 1 de junio y el 31 de julio del 2021, aplicando la Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia Activa (MESTA).
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En profundidad
Sobre el compromiso de la Fiscalía con la protección integral de las personas mayores María José Segarra Crespo es jurista española, Fiscal General del Estado de 2018 a 2020. Actualmente ostenta el cargo de Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.
María José Segarra Crespo Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores
La COVID-19 ha puesto de manifiesto una realidad respecto a la situación de las personas mayores. En el contexto de la actual crisis, el colectivo se ha visto sometido en muchas ocasiones a diferentes formas de exclusión que, han tenido como consecuencia una merma de sus derechos. Garantizar un envejecimiento digno e instaurar una visión positiva sobre el mismo se han constatado como dos cuestiones prioritarias a la hora de crear una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con quienes la cohabitan. Mientras la historia vuelve a demostrarnos el valor de la prevención, María José Segarra considera que lo acontecido debe servirnos para crear un compromiso de país en torno a la mejora de la atención a las personas mayores, siendo este el camino mediante el que reforzar nuestros sistemas y crear nuevos modelos a partir de “una mayor concienciación social sobre la importancia de ese colectivo, sus necesidades, derechos y preferencias, así como sobre el carácter heterogéneo de este grupo social, que incluye: personas mayores autónomas, en situación de dependencia, y con discapacidad.” Tenemos el honor de contar con su presencia para conocer en detalle su papel como servidora pública y su perspectiva profesional sobre la protección y seguimiento de este colectivo.
La epidemia ha estresado el sistema de atención a los mayores, y puesto blanco sobre negro aquellas carencias preexistentes
1. La COVID-19 se ha mostrado especialmente virulenta con la población mayor, poniendo de manifiesto ciertas deficiencias presentes en nuestros sistemas. Ante esta situación hay quienes se preguntan si la pandemia habría acentuado la necesidad de proteger los derechos del colectivo. En su compromiso con la protección de las personas mayores, desde la Fiscalía trabajan por garantizar que los ingresos en centros residenciales respondan a una acción voluntaria de la persona residente o, en aquellos casos en que la situación lo requiera, esta esté judicializada correctamente. La epidemia del virus Covid-19 nos ha pasado factura en la salud sanitaria de todos los sectores de población. Se han visto interrumpidas intervenciones quirúrgicas, se han reducido enormemente las cifras de asistencias médicas, y lo más grave: el dramático incremento de mortalidad sufrido en todo el año 2020 del que, bien directa o indirectamente, es responsable esta epidemia. El especial impacto de la enfermedad en el sector de población a partir de los 65 años, el desconocimiento sobre su transmisión, prevención y tratamiento, hizo que los núcleos de vida en común, como son las residencias, fueran especialmente vulnerables al contagio. Todo ello pese al esfuerzo notable del personal, que ha seguido trabajando en las residencias en condiciones a menudo extremas y con una elevada exposición al contagio, no puesto suficientemente en valor. En general podemos decir que la epidemia ha estresado el sistema de atención a los mayores, y puesto blanco sobre negro aquellas carencias preexistentes que, o bien pasaban desapercibidas, como son las derivadas
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de la ausencia de un diseño compatible con la prevención de brotes epidémicos, o bien no generaban disfunciones graves. En todo caso, poner ahora el foco en la atención a nuestros mayores es una obligación como país y debemos aprovechar la oportunidad para mejorar y prevenir nuestro sistema. Para las Fiscalías la supervisión de la situación de las personas que viven en entornos residenciales pasa por que su ingreso obedezca a su propia voluntad y en caso de que debido a su situación mental, no esté en condiciones de decidir, o sobrevengan dificultades para entender su situación, exista el debido control judicial. Y ello dentro de nuestras funciones genéricas de tutela de todos los supuestos que puedan suponer una privación de libertad o derechos. Para ello disponemos de una amplia fórmula de intervención, desde los procesos relativos a la capacidad de las personas, a la supervisión de cualquier situación de vulnerabilidad, instando su resolución por las administraciones con competencias en la materia. También tenemos puesta la atención en desarrollar las actuaciones que prevengan o nos denuncien situaciones de abuso económico de las personas mayores, vivan o no en contextos residenciales.
2. Una de las principales actuaciones que desempeñan desde la Fiscalía son las llamadas diligencias preprocesales orientadas a la detección de posibles situaciones de desamparo, gracias a una colaboración multidisciplinar entre diferentes actores. La conexión de las Fiscalías con las administraciones, tanto local como autonómicas y fundaciones y ONG que componen el llamado tercer sector de acción social, nos transmite información precisa para intervenir ante posibles situaciones de desamparo. También recibimos información directamente desde la ciudadanía. Cualquier persona puede venir a las Fiscalías o remitir un correo electrónico informando de una situación de abuso que pueda estar padeciendo una persona mayor o con discapacidad. Este conocimiento determina la apertura de unas diligencias, en el seno de las cuales se realizarán las comprobaciones necesarias para verificar la situación, para lo cual disponemos de las herramientas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este nos permite requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y de sus agentes, quienes deberán atender inexcusablemente el requerimiento. Una vez estudiado el caso, este puede dar lugar a una actuación procesal concreta: por ejemplo la presentación de una demanda relativa a la capacidad de una persona, con adopción de las medidas cautelares inmediatas que le alejen del riesgo. También puede concluir con un decreto de archivo en el que, retratando la situación de desamparo comprobada no siendo competencia concreta de la Fiscalía su resolución, inste a las administraciones competentes a otorgar el amparo preciso, removiendo los obstáculos que estén impidiendo a una persona el acceso a recursos a que tienen derecho, conforme al dictado de las resoluciones administrativas pendientes de reconocimiento de derechos. También puede dar lugar a una solicitud de intervención sanitaria o social o una denuncia penal, con simultánea petición de medidas cautelares de protección de la víctima. En otras ocasiones la opinión del Fiscal debidamente fundamentada en el dictamen o decreto por su propia autoridad o conocimiento que los ciudadanos le reconozcan, puede disipar dudas y poner fin a controversias (reconocimiento de actuación de guardador de hecho, resolución de conflictos entre guardadores, cumplimiento de exigencias burocráticas, etc…) que eviten tener que acudir a un procedimiento judicial.
Cualquier persona puede venir a las Fiscalías o remitir un correo electrónico informando de una situación de abuso que pueda estar padeciendo una persona mayor o con discapacidad
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1. Las personas mayores son un grupo muy heterogéneo que, como tal, demandan una atención muy diversa en función de unas necesidades concretas que pueden variar con el paso del tiempo. Esto, unido al envejecimiento de la población, nos lleva a repensar los actuales modelos asistenciales. Potenciar la atención domiciliaria, avanzar hacia la consecución de una atención sociosanitaria integral o diversificar los modelos residenciales son algunas de las propuestas que se plantean desde la Fiscalía. Nos compete a todos como sociedad, abordar una reflexión sobre nuestro modelo residencial. Es evidente el envejecimiento demográfico de nuestro país, así como que se están produciendo cambios en el perfil de las personas que viven en entornos residenciales. La mayor esperanza de vida también incrementa el número de personas mayores con más comorbilidades y mayor fragilidad. Cualquier debate ha de partir de una mayor concienciación social sobre la importancia de ese colectivo, sus necesidades, derechos y preferencias, así como sobre el carácter heterogéneo de este grupo social, que incluye: personas mayores autónomas, en situación de dependencia, y con discapacidad. Cada individuo tiene su particular contexto (social, económico, cultural), que lo hacen único. Por ello, deben diseñarse una diversidad de recursos que puedan adaptarse a las distintas realidades y necesidades personales, que, además, son dinámicas. Esto pasa, por supuesto, por potenciar, en los casos en que sea posible, la atención integrada sanitaria y social en el propio domicilio, pero también por multiplicar y diversificar los modelos residenciales. De esta forma se podrán cubrir las distintas necesidades que las personas van atravesando en la fase final de su vida. Deberíamos pensar en nuevos modelos de atención y cuidados que respeten cada historia de vida y fomenten una existencia satisfactoria como individuo en dicha comunidad. Y desde luego se necesita avanzar decididamente hacia la atención sanitaria y social integradas. La atención prestada en las residencias debe incrementar su componente sanitaria, vinculándose mejor los recursos residenciales con la atención primaria y comunitaria de salud, e invirtiendo en el soporte sanitario a las residencias, con personas formadas en geriatría en los puestos de decisión.
2. La aprobación del Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica supone un hito en lo que respecta a la protección de los derechos de colectivos vulnerables. Dotar a las personas de los recursos necesarios para poder ejercer libremente su derecho a decidir nos hace avanzar hacia la consolidación de sistemas más flexibles y personalizados que ponen a la persona en el centro del mismo. Esta semana hemos tenido una buena noticia, unida al acuerdo parlamentario sobre el proyecto legislativo. Aun cuando la suscripción de la Convención de derechos de las personas con discapacidad por España en el lejano año 2007 vinculaba a todos los operadores jurídicos, a adaptar la normativa, los instrumentos jurídicos y judiciales a las exigencias de la Convención, lo cierto es que era preciso un cambio absoluto de mentalidad. A esta nueva mirada están llamados, en primer lugar las propias personas directamente afectadas (discapacitados, enfermos, etc…), sus familias y todos los operadores jurídicos. La nueva Ley va a dar los instrumentos y el impulso a ese cambio de paradigma: del criterio del interés de la persona adoptado por su representante, a dotar de los apoyos a todas las personas para que adopte sus propias decisiones y que en el caso de que ello no sea posible, estas se adopten basándose en la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera, atendiendo para llegar a esa conclusión a su trayectoria vital, creencias, valores y hechos que hubiera tenido en cuenta la persona. La dignidad de toda persona requiere respetar su autonomía y favorecerla en la medida de lo posible. Ello obliga a preguntar, a escuchar sus respuestas, valorar su capacidad de decisión, en su caso, colaborar en el proceso de formación de la misma. Debemos ayudar a nuestros familiares a interpretar nuestros deseos para cuando llegue el momento en que no podamos hacerlo, y podemos hacerlo mediante los apoderamientos preventivos o las instrucciones previas en el ámbito sanitario. Consecuencia directa de la autonomía de la voluntad es la autotutela. Stuart Mill en su célebre ensayo “Sobre la Libertad” decía: “Nadie es mejor juez que uno mismo con respecto a lo que daña o no daña a los propios intereses. Todos los errores que el individuo pueda cometer en contra del consejo y la advertencia, están contrarrestados de lejos por el mal de permitir a otros que le obliguen a hacer aquello que consideran que es su bien”. Cuando han transcurrido ya dieciocho años desde la promulgación de la Ley 41/2003 de 14 de Noviembre, que introdujo en el Código Civil los instrumentos de autotutela, podemos constatar una vez más lo acertado de esta afirmación. Se trata de otorgar poderes “de presente y de futuro”: para el momento presente en que el poderdante cuenta con capacidad, y para el momento futuro en que pueda perderla. Personalizar
La dignidad de toda persona requiere respetar su autonomía y favorecerla en la medida de lo posible. Ello obliga a preguntar, a escuchar sus respuestas, valorar su capacidad de decisión, en su caso, colaborar en el proceso de formación de la misma
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este tipo de documentos y adaptarlos a las circunstancias concretas de cada poderdante, de forma que podamos determinar y organizar anticipadamente, con la amplitud y detalle que deseemos, cómo queremos que sea nuestra vida personal, patrimonial, etc…, para el caso de que perdamos la capacidad de decidir por nosotros mismos. Los notarios nos asesorarán para realizar esa adaptación a nuestras preferencias y deseos.
3. El Estado, a través del Ministerio Fiscal, vela por los intereses de las personas vulnerables, favoreciendo el cumplimiento de sus derechos y protegiéndoles frente al abuso de terceros. Existe un desconocimiento sobre la institución del Ministerio Fiscal. La mayoría de los ciudadanos tienen una imagen estereotipada del Fiscal absolutamente asociada a la acusación en los procesos penales. Literatura, cine y la actualidad de las noticias de tribunales de la jurisdicción penal tienen la culpa de que pasen desapercibidas estas otras funciones. El Ministerio Fiscal es mucho más, o como decimos algunos, “hay otra forma de ser fiscal”. Cuando un ciudadano ve vulnerado un derecho puede acudir a los Tribunales para que le den amparo. Cuando se trata de personas vulnerables las posibilidades a acudir a los Tribunales es remota. El Estado consciente de ello, ha proporcionado con el Ministerio Fiscal una institución pública que supla su inactividad, que vele por sus intereses frente a terceros y fundamentalmente frente a abusos. Las generaciones que progresivamente van alcanzando la llamada tercera edad, son y deben ser cada vez más reivindicativas, conscientes de sus derechos y activos en su defensa. El colectivo de las personas con discapacidad tiene una activa presencia y es una guía para el activismo de los mayores. Su visibilización en los medios y en las instituciones (y la creación de esta Fiscalía de Sala obedece a esa onda expansiva), es la mejor herramienta para que las agendas públicas asuman el papel activo que requiere la defensa de la dignidad de toda persona en cualquiera de sus fases vitales o en cualquier situación.
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Entrevista a...
Antecedentes
La crisis de la COVID-19 ha urgido a los países a elaborar una Estrategia de vacunación que permita inmunizar a la población en el menor periodo de tiempo posible, a fin de reducir las elevadas tasas de mortalidad y los graves efectos derivados de la enfermedad. Iniciado a principios de año, el proceso de vacunación en España sigue desarrollándose de manera lenta y desigual a lo largo de las comunidades autónomas, debido principalmente a la disponibilidad de las dosis. Pese a ser las consejerías de salud autonómicas los únicos órganos con competencias directas sobre el Plan de Vacunación, desde las mutualidades ISFAS, MUFACE y MUGEJU han querido contribuir a lograr una mayor eficiencia en el suministro de las vacunas, mediante la puesta en marcha de una campaña de actualización de datos, por la que se busca agilizar el proceso. Bajo el objetivo de conocer cómo se estaría desarrollando esta iniciativa, exponemos a continuación las declaraciones del Secretario General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), el coronel José Luis Modrego Navarro, y la Directora General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Myriam Pallarés Cortón, quienes responden a las preguntan planteadas desde este Consejo General.
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Se plantean a Muface e Isfas las siguientes preguntas
1.- ¿Qué medidas han adoptado desde su mutualidad de cara a hacer más eficiente la vacunación de los mutualistas? ¿Contemplan realizar más acciones en esta línea? De ser así, ¿podría detallárnoslas?
2.- ¿Cómo se está desempeñando la estrategia de vacunación a lo largo de todo el territorio español? ¿Está habiendo una buena colaboración con las comunidades autónomas?, ¿podría hacer una valoración de la misma?
3.- ¿Cuál es el mensaje que le gustaría transmitir a los mutualistas?
Myriam Pallarés Cortón Directora General de MUFACE
En primer lugar, hay que recordar que las autoridades competentes en materia de salud pública, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, son las responsables de llevar a cabo la vacunación frente al COVID-19 en virtud de lo establecido en la Estrategia aprobada por el Consejo Interterritorial. Aunque carece de competencias, MUFACE ha adoptado en todo momento una actitud proactiva y colaboradora con las autoridades competentes y en todo momento ha seguido las indicaciones y directrices tanto del Ministerio de Sanidad como de las autoridades sanitarias autonómicas.
Las mutualidades formamos parte de una mesa de trabajo técnica con el Ministerio de Sanidad en la que planteamos las cuestiones que más nos preocupan sobre la vacunación. Además, desde diciembre hasta hoy, MUFACE ha trasladado a las autoridades sanitarias territoriales toda la información necesaria para que los mutualistas puedan ser citados para su vacunación conforme a la priorización definida para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y ha entablado canales estables de colaboración y cooperación con todas las consejerías de Salud. Asimismo, hemos puesto en marcha a principios de año una intensa campaña de actualización de datos en nuestra base a fin de garantizar que las citaciones a vacunación fueran efectivas. Se han remitido cartas a los mutualistas mayores de 70 años y se han utilizado amplios medios de difusión para el resto del colectivo: página web, redes sociales o servicios provinciales. Hasta la fecha hemos procedido a actualizar más de 220.000 registros. A medida que vaya avanzando la estrategia iremos adoptando las medidas que estimemos necesarias para colaborar con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Lo cierto es que la campaña de vacunación es compleja y es un gran reto para el SNS. En estos momentos está caracterizada por la disponibilidad de una cantidad limitada de dosis lo que hace necesaria la priorización, realizada en función de criterios éticos y de la evidencia científica, comenzando con la vacunación de las personas más vulnerables y con mayor riesgo de exposición y de transmisión. La relación mantenida con las comunidades autónomas está presidida por la máxima lealtad institucional y una gran cooperación y colaboración, como no puede ser de otra manera.
Un mensaje de tranquilidad. Los mutualistas están siendo vacunados en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía y aunque en algunos territorios hayan podido producirse ciertos desajustes, estos han sido resueltos en un periodo breve de tiempo. Es cierto que se han generado grandes expectativas y todo el mundo quiere vacunarse lo antes posible, pero parece que a partir de este trimestre podrían ser autorizadas más vacunas y a España le distribuirán una mayor cantidad de dosis, por lo que es necesario tener paciencia. Hemos demostrado ser un país muy solidario durante toda la pandemia y es esencial comenzar la vacunación por la gente más vulnerable. Página web de MUFACE
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Coronel. José Luis Modrego Navarro Secretario General Gerente del ISFAS
El proceso de vacunación por COVID-19 ha sido preocupación del ISFAS desde antes de la finalización del año 2020. Ya entonces se nos indicó que el Ministerio de Sanidad iba a ser el que estableciera los criterios generales y las fechas para los distintos grupos de edad y riesgo. Así mismo se nos informó que la adquisición de vacunas se realizaría de forma centralizada, por el Gobierno y su administración correspondería a las CC.AA. realizándose en los centros hospitalarios o de atención primaria de los Servicios Públicos de Salud. Las medidas adoptadas por el Instituto han estado orientadas al control y actualización de datos de nuestros afiliados, al seguimiento de la vacunación y a proporcionar información veraz y actualizada a nuestro colectivo. Control y actualización. Desde primeros de enero, previendo que los datos de nuestros afiliados pudieran no estar actualizados y pese a que es su responsabilidad informar de los cambios al ISFAS y mantenerlos al día, se pusieron en marcha una serie de iniciativas tendentes a solucionar ese problema. Se publicó tal necesidad en la página web, se enviaron correos electrónicos a todos los afiliados en activo y se tuvo en cuenta el problema de nuestros afiliados de mayor edad, retirados y jubilados. Para ello, se realizaron llamadas por teléfono a los afiliados mayores de 80 años recordándoles la necesidad de actualizar sus datos para que pudieran ser incluidos en dicha campaña. A aquellos con los que no se pudo contactar se les enviaron cartas a sus domicilios explicándoles el procedimiento de actualización de datos. También en el mes de enero, el ISFAS, al igual que el resto de las mutualidades, se reunió con los máximos responsables del Ministerio de Sanidad para tratar el procedimiento de vacunación de todos los mutualistas. Posteriormente, las Comunidades y Ciudades Autónomas comenzaron a preparar sus planes de vacunación. Desde ese momento, el ISFAS, se puso en contacto con ellas y ha estado manteniendo reuniones con los responsables de Sanidad de las diecisiete Comunidades y dos Ciudades Autónomas para establecer el modo de incluir en dichos planes a todos nuestros afiliados. Se multiplicaron las reuniones con todas las Comunidades y Ciudades autónomas para establecer el procedimiento de entrega de los datos requeridos por cada una de ellas con las medidas de seguridad que el contenido de los ficheros exigía. Una vez entregados los datos de todos los afiliados, nuestra preocupación como mutualidad se ha centrado en nuestros mayores, concretamente en el grupo de mayores de 80 años, que son casi 50.000. Para ello, establecimos un plan de atención personal, ya que estos afiliados no suelen ser usuarios digitales. Información. Otra labor muy importante en esta etapa es mantener informados a nuestros mutualistas. Con esta finalidad la Gerencia difunde comunicados vía correo electrónico dirigidos al colectivo protegido. También se informa de las actualizaciones de la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad que se publican en la web del Instituto. Sin olvidar la comunicación personal telefónica, por correo electrónico o postal a través de nuestras delegaciones o del centro de atención telefónica para dar respuesta a las dudas planteadas por los afiliados. Y, finalmente, el seguimiento que realizamos al desarrollo del proceso de vacunación de las Comunidades Autónomas que nos permite mantener informado a nuestro colectivo y colaborar permanentemente con los servicios de salud.
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Como ya se adelantó en la respuesta a la primera pregunta, la ejecución del programa frente a Covid-19 en España la llevan a cabo los servicios de salud de las CC.AA. e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para las ciudades de Ceuta y Melilla. La campaña está en marcha en todas las comunidades. El programa de vacunación divide la población en grupos priorizados y tipo de vacuna a administrar. Cada CC.AA. marca su pauta dentro de los grupos dependiendo de parámetros que le son propios.
La colaboración de los responsables de salud de las CC.AA con el ISFAS es plena y lo mismo cabe decir del ISFAS con los Servicios de Salud. Mantenemos contacto con ellos para hacer un seguimiento del proceso y, en especial, del desarrollo en lo que afecta a nuestro colectivo. Así mismo, desde el Área de Informática mantenemos un canal abierto permanentemente para subsanar cualquier incidencia. Tengo que destacar que la disponibilidad de vacunas, así como determinadas incidencias en la reacción de los vacunados, ha supuesto cambios importantes en las estrategias de vacunación del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de las CC.AA. Estas circunstancias dilatan el tiempo estimado para finalizar con los primeros grupos de vacunación; demora que provoca inquietud en la ciudadanía y también en nuestro colectivo protegido. En el caso concreto de la vacunación de mayores de 80 años hay que resaltar lo siguiente:
• Todas las CC.AA disponen de los datos de los afiliados del ISFAS necesarios para ser citados según los grupos de población establecidos para la vacunación COVID -19. • El ISFAS sigue en contacto con las CC.AA. para atender posibles incidencias y proceder a la actualización de esos datos. • Cada Comunidad/Ciudad Autónoma está realizando las citaciones mediante llamada telefónica o enviando un mensaje SMS al teléfono del afiliado en el que se les informa del día, hora y lugar de vacunación. • El ritmo de vacunación está condicionado principalmente por la disponibilidad de vacunas y el plan de vacunación establecido por su Comunidad. En la actualidad el proceso de vacunación está ralentizado por la falta de vacunas en muchas Comunidades. • El orden de las llamadas, dentro del grupo de mayores de 80 años, lo establece cada Comunidad Autónoma según sus criterios. • El lugar de vacunación es diferente según la comunidad. Unas lo están haciendo en centros de salud y otras en hospitales o instalaciones habilitadas para ello. El personal afiliado al ISFAS, que es considerado esencial por el Ministerio de Defensa, se está vacunando según las pautas de dicho ministerio conforme a las prioridades establecidas en la estrategia de vacunación de la Inspección General del Sanidad del Ministerio de Defensa. Del mismo modo, el personal esencial de la Guardia Civil se está vacunando conforme los criterios de la Dirección General de la Guardia Civil en contacto con las CC.AA. Tranquilidad. Nuestros mutualistas deben tener la certeza de que van a ser vacunados. Ellos son nuestra razón de ser y a ellos dedicamos nuestro trabajo. Las particularidades de las diferentes Comunidades en la aplicación de los protocolos de vacunación así como las incidencias en los suministros de vacunas nos está exigiendo un gran esfuerzo de adaptación. Seguiremos actualizando los datos de contacto de nuestro colectivo que serán enviados regularmente a los Servicios de Salud de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Por parte del ISFAS, continuaremos haciendo seguimiento de la ejecución de la vacunación, velando por nuestro colectivo, estando a su lado para superar juntos la pandemia y garantizar su inmunización. Página web del ISFAS
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Opinión Alvaro García Bilbao Presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del CERMI
De la incapacitación a los apoyos a la toma de decisiones, un cambio de paradigma legal que beneficia a las personas mayores La incapacitación judicial es un instrumento legal que procede del derecho romano que busca proteger, desde un enfoque paternalista, el bienestar, los intereses y el patrimonio personal del incapacitado. En el artículo doscientos del Código Civil se señala que "son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma", supuestos que tradicionalmente tenían una particular proyección en las personas con discapacidad mayores. La pandemia, que ha afectado con inusitada dureza a este colectivo, ha puesto de relieve la necesaria actualización de una gran parte de la legislación y protocolos destinados a su protección y preserva de sus derechos pero que, la realidad derivada de las consecuencias de la covid-19, ha demostrado muy perfectibles y necesitados de una profunda actualización. La aprobación y consecuente obligación de su cumplimiento y aplicación por parte de España de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ha ido trasladando a nuestro ordenamiento jurídico a través de numerosas leyes, pero quedaba el ámbito civil lo que ha dado lugar a que la Comisión de Justicia del Congreso haya aprobado un proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para sustituir la incapacidad judicial de las personas con discapacidad en general y de las mayores en particular, por un sistema de apoyo individualizado que les permita tomar sus propias decisiones de forma libre e informada, mediante la reforma más amplia realizada desde el año de mil ochocientos ochenta y nueve cuando se aprobó; alrededor de cien artículos, de los casi dos mil de los que consta, han sido reformulados. La reforma, impulsada por el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), acaba con la distinción entre capacidad de obrar y capacidad jurídica estableciendo la imposibilidad de anular esta última al suprimir no solo la tutela, sino también la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras
demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema actual de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad, incorporando en su lugar la obligación, por parte de los poderes públicos, de prestar los apoyos individualizados que cada persona necesite para poder tomar y expresar sus decisiones de manera libre, autónoma y adecuadamente informada. Esta reforma afectará a siete leyes del derecho privado y trata de adaptar el ordenamiento jurídico español al espíritu de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que en su artículo doce reconoce la igual capacidad jurídica de este colectivo y prohíbe su discriminación. Afectará al Código Civil, la Ley del Notariado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la de Sucesiones, la del Registro Civil y la Ley de Patrimonio y, entre otras cosas, permitirá que las personas que antes estaban incapacitadas por razón de discapacidad puedan adquirir una vivienda, vender un bien privado o hacer testamento siempre con la garantía de que recibirán los apoyos técnicos y humanos que precisen para el ejercicio de esta potestad. El objetivo de esta reforma es el de que en lugar de incapacitar a la persona y nombrarle un tutor que actúe en su lugar, se le prestará el apoyo necesario para que sea ella la que lo haga, nombrando un curador persona que apoyará los actos que las resoluciones judiciales enumeren en tanto que acciones en las que las personas con discapacidad requieran asistencia y que deberá seguir la voluntad, deseos y preferencias de la persona a la que apoya, tal y como se indica en el proyecto de ley. En el caso límite y excepcional de que la persona no tenga las facultades para gobernarse por sí misma para tomar decisiones, se nombrará un curador representativo que actuará representándola y tendrá que reconstruir el criterio con el que hubiera actuado deduciéndolo de la trayectoria vital, los valores y preferencias.
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Se pasa así, mediante el proyecto de ley aprobado en el Congreso por amplia mayoría, de un sistema, como el hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad y consecuentemente a las personas con discapacidad mayores, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.
Los derechos y valores que entran en juego Con el fin de establecer el contexto de las modificaciones mencionadas al hecho de la incapacitación judicial aplicado al colectivo de las personas mayores y comprender hacia dónde nos dirigimos y qué derechos y valores han de prevalecer, conviene destacar, como se recoge en la exposición de motivos de la propia ley, algunos aspectos a los que haremos mención dada su relevancia. La presente ley supone la puesta al día de nuestro derecho en un tema como es el del respeto al derecho de igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica, que viene siendo objeto de atención constante en los últimos años tanto por parte del Consejo de Europa como por el propio Parlamento Europeo y por los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno. Esta nueva regulación está inspirada, como nuestra Constitución en su artículo diez exige, en el respeto a la dignidad y la libre voluntad de la persona con discapacidad, en la tutela de sus derechos fundamentales, así como en los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que, en su caso, pueda necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Se parte, pues, de un nuevo y más acertado enfoque que sustituye el planteamiento basado en “necesidades” que contempla a las personas mayores como receptores pasivos, para fundamentarse en una “cuestión de derechos humanos”, en el reconocimiento a la titularidad de los derechos de las personas mayores y en los principios de independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de un proyecto vital y responsable para ejercer sus derechos y deberes, contribuyendo activamente al desarrollo de la sociedad. Muchas limitaciones vinculadas tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por ella sino de su entorno: barreras físicas, de comunicación, cognitivas, de actitudes y jurídicas que han cercenado sus derechos y la posibilidad de su ejercicio.
"La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado un proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal" "La reforma afectará a siete leyes del derecho privado: al Código Civil, la Ley del Notariado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la de Sucesiones, la del Registro Civil y la Ley de Patrimonio" "Se pasa de un sistema en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad mayores, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona" "La reforma normativa impulsada por esta ley deberá ir vinculada a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social y, especialmente, de los profesionales del derecho que han de prestar sus respectivas funciones"
La reforma normativa impulsada por esta ley deberá ir vinculada a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos profesionales del derecho —jueces y magistrados, fiscales, personal al servicio de la administración de justicia, abogacía, notarios, registradores— que han de prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas. Boletín Digital 13. Enero - Abril 2021
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Ocio y salud Solidaridad, con origen y destino rural Ana Isabel Esteban Presidenta de Solidaridad Intergeneracional
Cuando en 2004 se fundó Solidaridad Intergeneracional ya lidiábamos con una demografía insólita donde las personas mayores de 65 años ocupaban un espacio significativo y especialmente relevante en el medio rural de la España despoblada e invisible. De este entorno rural poco favorecido con las políticas económicas, socio-sanitarias o culturales adoptadas durante décadas, hemos emigrado a las ciudades en busca de oportunidades para una vida digna una gran parte de su población. Pero allí están nuestras raíces, nuestros antepasados y nuestra historia de convivencia y cooperación en la que nos formamos como seres humanos. Además aquella generación que emigró y emprendió ahora regresa con una mirada distinta, con una visión nueva ante el reto de la longevidad del Siglo XXI, que junto con el cambio de rol de las mujeres, están transformando el mundo que conocíamos. Unos y otros, la gente del medio rural y especialmente las personas mayores que allí habitan necesitan servicios básicos accesibles, próximos y adaptados a sus perfiles socio-educativos y sus circunstancias vitales.
Aquella generación que emigró y emprendió ahora regresa con una mirada distinta, con una visión nueva ante el reto de la longevidad del Siglo XXI
Los cambios disruptivos que ya entonces vivimos, como es el uso generalizado de la tecnología de la información y comunicación, nos abrió los ojos y Solidaridad Intergeneracional creó el primer y único portal estatal de servicios sociales, diseñado y pensado para dar respuesta al medio rural, teniendo en cuenta la descentralización de las competencias en servicios sociales. Este portal web recoge la información de ayudas, subvenciones y recursos sociales existentes en cada una de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y las de ámbito estatal. Acerca de forma gratuita a cada usuario la información y el asesoramiento social, y ello ha posibilitado que miles de personas accedan desde cualquier enclave rural o urbano a los recursos, servicios, ayudas sociales existentes para las personas que habitan en un municipio determinado, pudiendo asesorarse y solicitarlo a través de la administración electrónica, evitando desplazamientos, listas de espera, etc. Este primer e innovador servicio social que Solidaridad Intergeneracional ha implementado, sigue disponible en la www.solidaridadintergeneracional.es y en la App efamilia.es y fue reconocido y galardonada la entidad con la Cruz de Oro de la Solidaridad Social en 2008.
Sobre Solidaridad Intergeneracional Solidaridad Intergeneracional es una ONG cuyo nombre lleva su esencia y se conforma de personas mayores y familiares cuidadores, cuyo fin principal es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente las que viven en el medio rural, por seguir sufriendo las brechas existentes en servicios accesibles, digitales, de género, socio-sanitarios, económicas, culturales, etc. La solidaridad entre generaciones es la base original sobre la que se sustenta la sociedad, sin necesidad de crear espacios exclusivos para este colectivo heterogéneo, que fácilmente se convierten en excluyentes. Nuestras acciones son participativas e intergeneracionales y en el centro están siempre las personas mayores con sus historias de vida, sus expectativas y sus deseos. Por ello prestamos servicios de atención social domiciliarios y también de proximidad en cooperación con los más de 1.000 pueblos con los que mantenemos un compromiso de colaboración y con el apoyo de las distintas Comunidades Autónomas a través de las convocatorias del 0,7% del IRPF.
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Para vivir con plenitud hay que seguir aprendiendo y repensando el mañana, y la edad no puede ser una barrera ya que tenemos capacidad para reaprender, desaprender y volver a ilusionarnos con conocimientos novedosos, tecnologías inimaginables y herramientas que nos comunican con el mundo desde nuestra casa. La curiosidad es un actitud cargada de futuro y de años llenos de vida. Este es uno de los pilares del envejecimiento saludable que la OMS contempla para la década 2021-2030 que acabamos de inaugurar. Forjar perspectivas diferentes sobre esta larga etapa de la vida, aprender hábitos para envejecer con salud y disfrute, participar e implicarse en el devenir social, contribuir de forma activa para lograr una sociedad sin discriminaciones, donde la edad sea sinónimo de experiencia en vivir respetando los derechos de todas las personas.
Solidaridad Intergeneracional se conforma de personas mayores y familiares cuidadores cuyo fin principal es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente las que viven en el medio rural
Mayores en el medio rural A las personas mayores del medio rural nos interesan y nos preocupan los mismos temas que al resto de la población. Queremos que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 porque el futuro de la humanidad, es nuestro futuro y trabajamos para lograrlo. Deseamos ver en nuestros pueblos los avances que se publicitan, como la transformación digital, la activación socio-económica que contempla el reto demográfico… Prevenir es curar y trabajamos para llevar al medio rural esta nueva visión de la vejez con talento, con oportunidades para lograr una vida plena, colaborativa y de economía circular, respetuosa con el medio ambiente. Y todo ello forma parte de las actividades que desarrollamos para lograr un envejecimiento activo, saludable, y participativo. Otro de los cambios que se avecinan y es bienvenido, es el modelo de cuidados de larga duración -atención a la dependencia o/y discapacidad-, ya que por fin se podrá cumplir el deseo de permanecer en el hogar con cuidados de calidad. Para ello se precisa conocimiento y formación especializada que aportamos a través de cursos para cuidadores profesionales, asistentes personales y cuidadores familiares. Para lograr servicios de calidad con calidez es imprescindible la formación que además valoriza el trabajo y la profesión del cuidado. Vivir en casa es un deseo generalizado que se logrará si es accesible y dispone de la tecnología necesaria. Para disfrutar del entorno donde uno habita, este ha de ser amigable con las personas que no disponen de movilidad plena, creando espacios, servicios, acciones intergeneracionales inclusivos y dinamizadores que eviten el aislamiento social y la soledad no deseada. Contar con una casa para toda la vida ha de ser una de nuestras metas, y para ello hemos de sensibilizarnos con la accesibilidad y el diseño universal. Por otro lado, la tecnología durante la pandemia que aún sufrimos, se ha mostrado reveladora facilitando el contacto incluso visual con personas aisladas en sus casas, residencias, hospitales, pueblos, etc. Esta tecnología digital que facilita el contacto, la geolocalización, la atención… denominada teleasistencia se ha aprobado recientemente por parte del gobierno como un derecho garantizado para las personas dependientes, lo que favorece el inicio del uso de las casas domóticas que facilitan los quehaceres diarios. Promover la autonomía personal es el mejor regalo para alcanzar la revolución de la longevidad con éxito.
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¿Qué es un Habilitado de Clases Pasivas y cuáles son sus funciones? Los Habilitados de Clases Pasivas son profesionales expertos en l a tramitación y a sesoramiento de pensiones y prestaciones del Régimen de Clases Pasivas. Los Habilitados son colaboradores de la Administración, están sujetos a responsabilidad frente a sus mandates (clientes) y frente a la propia Administración; para ello, todos los colegiados tienen suscrito el obligatorio seguro de responsabilidad civil y depositadas fianzas.
Prestaciones y ayudas de: • MUFACE • MUGEJU • ISFAS • Ley de Dependencia Obtienen certificados de minusvalía y últimas voluntades etc... Realizan reclamaciones de planes de pensiones y todos los trámites relacionados con la jubilación o el retiro de los funcionarios del Estado.
Gestionan y tramitan expedientes de Clases Pasivas de: • Jubilación • Viudedad • Orfandad • Familiares
“El habilitado de clases pasivas es el experto en la gestión de las #pensiones y prestaciones de las clases pasivas, es decir, #funcionarios”
@Consejo_HCP
Localiza a tu habilitado
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Juntos somos más fuertes y útiles a la sociedad
Tu experto en pensiones responde
¿Perteneces al Régimen de Clases Pasivas? Haznos llegar tu preguntas y nuestros profesionales resolverán tus dudas
Puedes encontrar otras preguntas planteadas y respondidas en nuestro canal de Youtube
preguntas@habilitados.org
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