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16 / A fondo Prisión permanente revisable 24 / Entrevista Soledad Martín Nájera, fiscal jefe de la Audiencia de Valladolid

ABOGADOS DE VALLADOLID Revista semestral del Iltre. Colegio de Abogados de Valladolid / 1.er SEMESTRE 2018

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ABOGADOS DE VALLADOLID COMISIÓN DE REVISTA Allende Bolaños, Irache Álvarez Álvarez, Araceli Aparicio Gutiérrez, Marta Blázquez Manzano, Julio Blázquez Manzano, Laura Castro Manzanares, Carmen Escalera Alonso, Carlos Gallego Velloso, Cristina García Barroso, Tania Hernández García, Juan Ignacio Saiz Ortega, Esther Vielba Serrano, Mónica COLABORAN Burgos Gil, Piluca Díaz Astrain, Foces, Jaime González García, Abel Herrero, Fernando Velasco Fernández, Segundo EDITA ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALLADOLID C/ Torrecilla, 1 . 47003 Valladolid Tel.: 983 010 900 E-mail: comisionrevista@icava.org www.icava.org DISEÑO Y MAQUETACIÓN Rasgo Audaz, Sdad. Coop. DEPÓSITO LEGAL VA 48-2012

Las opiniones vertidas por nuestros redactores y colaboradores en estas páginas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la línea editorial de ‘Abogados de Valladolid’ ni el criterio del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid.

EDITORIAL CARTA DEL DECANO CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACÍA NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS COLABORACIONES Crimen en la ópera norteamericana, por Fernando Herrero

A FONDO Prisión permanente revisable, por Tania García

ALMANAQUE por Carmen Castro Manzanares

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AGRUPACIONES

ENTREVISTA Soledad Martín Nájera, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Valladolid, por Piluca Burgos

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COMISIONES

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EL COLEGIADO OPINA

EN EL CAFETÍN DEL COLEGIO Con Teresa de la Fuente, por Piluca Burgos

OPINIÓN ¿Y ahora qué?, por Carlos Escalera

ACTUALIDAD, El compliance, una herramienta imprescindible, por Juan Ignacio Hernández

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VIDA COLEGIAL

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ENCUADERNADOS

ANÁLISIS De los delitos y de los medios, por Abel González

UN DÍA EN… El Tribunal Constitucional

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, por Araceli Álvarez

ESCAPADAS Bali, la isla de los dioses, por Mónica Vielba

ABOCADOS JURÍDICAMENTE INCORRECTO

ABOGADOS DE VALLADOLID / Editorial / 3

EDITORIAL PEDAGOGÍA JURÍDICA ¿Cómo explicar que ni el futbolista ni el político condenados a 18 meses de prisión van a pisar la cárcel pero que otra persona condenada por robar una prenda de ropa de diez euros sí irá a prisión? ¿Y, en la misma línea, cómo explicar que alguien condenado a decenas de años de cárcel cumplirá efectivamente muchos menos? ¿Cómo justificar que determinadas personas, en razón del cargo que ocupan o la función que desempeñan, no sean juzgadas por los mismos juzgados o tribunales que el resto? Vayamos, incluso, más allá: ¿merece la pena entrar a puntualizar que no es lo mismo demandar que denunciar? ¿Cómo hacer entender a nuestro cliente que su caso, lamentablemente, no puede llevarse hasta el

¿Cómo explicar que alguien condenado a decenas de años de cárcel cumplirá efectivamente muchos menos? Tribunal Supremo —ni tampoco “a Europa”—, o que es altamente improbable que a su cuñado al que le pasó “exactamente lo mismo” le ocurriese verdaderamente lo mismo? O, más difícil todavía: que tampoco necesariamente dos casos exactamente iguales serán resueltos de manera idéntica por dos jueces distintos, dado que la justicia no es infalible y quienes crean las leyes y quienes las aplican son, obviamente, humanos. Ahora que parece estar tan de moda eso de la “responsabilidad social del abogado”, quizá ha llegado el momento de que los abogados y abogadas ejerzamos esta responsabilidad en la escala más inmediata, dedicando tiempo y esfuerzo a explicar a nuestros amigos y conocidos qué hay detrás de esos titulares engañosos, qué

hay de verdad y de mentira en esas disquisiciones pretendidamente jurídicas a las que asistimos cada día en las tertulias más vistas, en las que el ‘opinólogo’ de turno (por supuesto, no licenciado en Derecho) compara lo que no es comparable y tergiversa en diez segundos folios y folios en los que un juez ha resuelto (equivocadamente o no, pero, salvo caso excepcional, sí de forma motivada) la cuestión que se le planteaba. Puede incluso que haya llegado el momento de que nosotros mismos vayamos un paso más allá y nos obliguemos a profundizar en nuestra propia materia para poder explicar a qué puede deberse una determinada decisión judicial o qué circunstancias históricas y sociales llevaron a tal o cual regulación, formándonos una opinión realmente fundada y obligándonos a mirar con lupa el cambio legislativo que se propone (casi siempre, como sabemos, ‘en caliente’). Tal vez haya llegado el momento de que hagamos el esfuerzo de leernos, de principio a fin, las sentencias de los casos más mediáticos, para poder ofrecer a quienes nos rodean una mirada crítica que nos distancie de los tertulianos. El reto ha de permitirnos, además, interrogarnos sobre nuestros propios conocimientos y cuestionarnos lo que creíamos saber y aquello que dábamos por cierto e inmutable, porque ocurre con frecuencia que cuando alguien no experto pregunta algo, descubrimos que no era tan contundente nuestra argumentación ni tan claro el asunto. Y quizá deberíamos —¿por qué no?— tratar de ser creativos y buscar otras fórmulas que, como abogados y abogadas, nos permitan dignificar nuestra profesión desmintiendo lo que comúnmente conocemos como ‘leyendas urbanas’. Puede que un día se enseñen en los colegios e institutos unas mínimas nociones de conocimiento jurídico, pero, entretanto, ¿deberíamos tal vez convocar unas Pint of Law (‘pintas de Derecho’) a imagen y semejanza de las Pint

of Science (‘pintas de Ciencia’) que cada mes de mayo llevan a ingenieros, biólogos y otra gente de ciencias a los bares de todo el mundo para explicar, con rigor pero de una forma amena para los legos en la materia, cuestiones de su ámbito de conocimiento? ¿No sería interesante encontrar fórmulas de divulgación del Derecho que lo acerquen a quienes no son expertos? Tenemos la responsabilidad de explicar con detenimiento y rigor aquello que sabemos, del mismo modo que lo hacen otros profesionales como, por ejemplo, quienes se dedican a las ciencias de la salud —ya sea en consulta, ya sea fuera de ella—, interpretando esas analíticas imposibles, traduciendo a términos comprensibles pa-

Tenemos la responsabilidad de explicar con detenimiento y rigor aquello que sabemos labras desconocidas o exponiéndonos con paciencia los pros y contras de determinado tratamiento. ¿Por qué no explicar a nuestra gente más cercana los aspectos jurídicos de lo cotidiano con la misma entrega y rigor con que se lo explicamos a nuestros clientes más exigentes? Se impone demostrar que los abogados y abogadas no “damos consejos”, sino que aplicamos nuestros conocimientos. Y nuestros conocimientos, obviamente, no provienen de la ciencia infusa sino que son fruto del estudio y la formación continua. Si no lo hacemos, probablemente habremos de lamentarnos de que cualquiera parezca experto en Derecho y de que, en consecuencia, se minusvalore nuestra profesión. El desafío está servido.

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JUNIO DE 2018

Carta del

Decano

VALLADOLID, CIUDAD AMIGA DE LA ABOGACÍA Seguimos avanzando hacia el Congreso Nacional de la Abogacía Española que celebraremos en nuestra ciudad los días 9 a 11 de mayo de 2019. En estos meses, se ha comenzado a trabajar sobre lo que pretendemos que sea ese congreso que, al ser en Valladolid, es una oportunidad para que todos, sin excepción, aprovechemos la ocasión para acercarnos al presente y al futuro de la abogacía. Este pretende ser un congreso hecho por abogados y, fundamentalmente, para abogados. Buscamos conocer cuál es la realidad de la profesión, el futuro que se nos presenta, así como las herramientas con las que contamos los abogados para seguir ejerciendo y acomodándonos a los nuevos tiempos. Cuando hablamos de una “abogacía transformadora” como fuente de inspiración del futuro congreso, aludimos tanto a la capacidad de la abogacía para ayudar en la transformación de la sociedad, como a la necesidad que tenemos de transformar la profesión y acomodarla a los nuevos tiempos, eso sí, sin perder nunca la esencia de de una profesión milenaria. El hecho de que Valladolid sea la sede elegida para el congreso es una oportunidad única para los abogados y abogadas de Valladolid y desde el Colegio queremos encontrar las fórmulas para que podáis participar la mayoría de vosotros, tanto en la generación del Congreso como en su desarrollo, buscando alternativas para abaratar los precios y dando participación en los talleres a los abogados locales. Ya hemos puesto en circulación alguna encuesta y seguiremos abiertos a cualquier sugerencia que nos podáis trasladar. Desde el Colegio seguimos trabajando cada día para adecuar nuestra Corporación a los

nuevos tiempos. Gracias a todos los que, desde la Junta de Gobierno, comisiones o agrupaciones colegiales, le “robáis” tiempo al trabajo o a vuestro ocio en ayuda del colectivo sin más retorno que la satisfacción del trabajo bien hecho. Esa es la gran fuerza de este Colegio, que nos diferencia de otras corporaciones y que nos permite avanzar día a día. Más de un año después del cambio de Junta de Gobierno, y aprovechando la inercia del trabajo bien hecho por quienes nos precedieron, seguimos tratando de acercar aún más el Colegio a los colegiados, de fomentar la participación, de dotar de la máxima transparencia posible a cada actuación colegial, y de luchar por la solución de aquellos problemas que nos afectan en nuestro ejercicio diario. Recientemente os hemos trasladado algunos cambios que afectan al Turno de Oficio, empezando por el pago mensual que ya se ha puesto en marcha, y continuando con el compromiso del Ministerio de incremento de los baremos que esperemos se concrete en las próximas fechas. Seguimos necesitando el apoyo de todos para hacer un Colegio cada vez más cercano y transparente y que recoja y dé solución a los problemas de la profesión (honorarios, publicidad, deontología, competencia desleal…) y para ello, este congreso se presenta como una ocasión única. También debe ser un escaparate para que la sociedad vallisoletana aprecie todo lo bueno que se hace en la profesión, y ayudar a que nuestros despachos reciban una inercia positiva de trabajo. Juntos seguimos trabajando, y os esperamos en el Congreso Nacional de mayo de 2019.

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XII

Congreso Nacional Valladolid, ciudad amiga de la Abogacía

Fuimos presente, somos futuro El XII Congreso Nacional de la Abogacía analizará las transformaciones tecnológicas y sociales como nuevos desafíos profesionales y deontológicos para los abogados Por Piluca Burgos, periodista Con el convencimiento de que la abogacía debe adaptarse a la transformación tecnológica y de que los profesionales necesitan herramientas y conocimientos para lograrlo, el XII Congreso Nacional de la Abogacía llegará a Valladolid en mayo de 2019 para afrontar el reto digital de los abogados. Tres días, del 9 al 11 de mayo, donde la transformación tecnológica del sector será una realidad. ‘Fuimos presente, somos futuro’, este es el lema de un congreso que se sustenta en seis pilares: la transformación tecnológica y social de la abogacía, la defensa de las libertades y derechos, la regulación profesional y su supervisión, las nuevas prácticas profesionales, la abogacía emprendedora, y la gestión eficaz de los despachos. Cerca de 2.500 abogados de toda España —según las previsiones—, asistirán al XII Congreso Nacional de la Abogacía; una cifra que duplica el aforo del último congreso, celebrado en Vitoria-Gasteiz. Un centenar de talleres La actividad formativa se centrará en más de cien paneles y talleres, que se completarán con una Feria Tecnológica que permitirá a cada congresista adaptar el programa a sus

Javier Garicano, Óscar Puente, Victoria Ortega, Julio Sanz y Jordi Albareda, a las puertas del Calderón.

intereses profesionales con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Y es que, según destacó el decano del Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA), Javier Garicano, este congreso va a tratar de solucionar problemas puntuales de la profesión, pero también quiere contribuir, “como viene haciendo la abogacía”, a mejorar la vida de los ciudadanos. El pasado 7 de junio, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; el decano del ICAVA, Javier Garicano; el vicesecretario general del

Consejo, Jordi Albareda; y el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León; Julio Sanz Orejudo, presentaron a los medios los detalles del congreso en el ICAVA. Esa misma tarde, el Teatro Calderón acogió la presentación oficial del congreso, donde se sumó la presidenta del Consejo de la Abogacía española, Victoria Ortega, y a la que acudieron consejeros, decanos y abogados de toda España, así como distintas personalidades del mundo de la Justicia y de la sociedad vallisoletana.

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XII Congreso Nacional

Jordi Albareda, Óscar Puente, Javier Garicano y Julio Sanz Orejudo en la rueda de prensa.

Más de cien años de congresos El XII Congreso Nacional de la Abogacía de Valladolid llega cuando se cumplen más de cien años desde que se celebró la primera de estas citas, las más importantes para la abogacía. El congreso de San Sebastián, ciudad que albergó el primer Congreso de la Abogacía en 1917, ya demandó una regulación del acceso a la profesión. Tuvieron que pasar 15 años para que se celebrara un nuevo congreso, esta vez en Madrid y en plena II República. La Guerra Civil y la terrible posguerra que vivió España obligaron a que no fuera hasta el año 1954 cuando se celebrara el tercer Congreso de la Abogacía, con Valencia con anfitriona. El año 1970 sería testigo de uno de los congresos más importantes de los celebrados hasta ahora. La cita fue en León y el momento requería un cambio en la abogacía. Los asistentes a este congreso demandaron modernizar la profesión para hacer frente a las nuevas necesidades de la sociedad, y no dudaron en defender los derechos humanos y las libertades fundamentales ante el Tribunal de Orden Público y sentar las bases del

primer Estatuto de la Abogacía aprobado en 1982. Con una Constitución aprobada y una democracia asentada, la abogacía vuelve a celebrar un nuevo congreso en 1989, en Palma de Mallorca, donde se pide respeto y protección de los derechos humanos y donde se expresa preocupación por la tutela judicial efectiva y la situación del Estado Social y Democrático de Derecho. Vocación Internacional Tras el congreso de A Coruña de 1995, la principal cita de los abogados comienza a celebrarse cada cuatro años y se inicia una clara vocación internacional para situar a la abogacía española entre la élite mundial, especialmente en el entorno de la Unión Europea. Esta proyección internacional queda más patente en el siguiente congreso, celebrado en 1999 en Sevilla, donde quedó constancia de la necesidad de avanzar en la armonización jurídica europea y en la competitividad de la profesión, así como en la deontología profesional. El congreso celebrado en Salamanca en 2003 dio un definitivo impulso a leyes de

gran relevancia para la abogacía y que supusieron la satisfacción de largas demandas: la Ley de Acceso, la Ley de Sociedades Profesionales y el Real Decreto que regula la Relación Laboral Especial de la Abogacía. En este congreso se aprueba el Proyecto Tecnológico de la Abogacía, y es el primero en el que se utilizan las nuevas tecnologías para una mayor participación y seguimiento de su desarrollo. En el IX Congreso Nacional de la Abogacía, que tuvo lugar en Zaragoza en 2007, y al que asistieron más de 1.000 congresistas, se hizo especial hincapié en la función social del abogado y en la defensa de los derechos humanos. El X Congreso de la Abogacía se celebró en Cádiz en octubre de 2011, con la asistencia de más de 1.200 congresistas, una cita que tuvo como trasfondo el Bicentenario de la Constitución de 1812. El Congreso de la Abogacía de VitoriaGasteiz fue inaugurado por el Rey bajo el lema ‘Por una sociedad más justa. Cien años de Congresos de la Abogacía’, con la asistencia de alrededor de 1.200 abogados de toda España.

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XII Congreso Nacional

El presentador del congreso, Javier Garicano.

Un momento de la rueda de prensa celebrada en el ICAVA.

‘Diálogos’, el origen de un congreso innovador El Colegio de Abogados de Valladolid celebró en febrero un encuentro entre expertos en nuevas tecnologías y empresas TIC de Valladolid para analizar cómo ha afectado la transformación tecnológica a la sociedad y, en particular, a la abogacía y al mundo del derecho. ‘Diálogos’ fue el nombre de la mesa redonda que moderó la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, y que sirvió para concretar los contenidos del XII Congreso Nacional de la Abogacía de Valladolid. El objetivo fue analizar cómo las TIC han transformado el mundo en sus distintas vertientes a través de la experiencia de empresas y especialistas de Valladolid. No hay disciplina a la que las nuevas tecnologías no hayan afectado, por lo que ‘Diálogos’ reunió a profesionales de diferentes ámbitos: desde blogueros, desarrolladores de software, pasando por periodistas, abogados especializados en TIC o empresas de nuevas tecnologías, hasta profesores de universidad o directivos de asociaciones empresariales y de la Junta de Castilla y León.

Imagen del encuentro ‘Diálogos’ entre expertos en nuevas tecnologías y empresas TIC.

Valladolid acoge por primera vez la celebración de un pleno de la Abogacía Española Por primera vez en la historia, el Colegio de Abogados de Valladolid acogió el pasado 8 de junio la celebración del Pleno del Consejo de la Abogacía, tras la presentación del congreso. El Pleno lo integran la presidenta, los 83 decanos de los colegios de abogados, doce consejeros electivos entre abogados de reconocido prestigio, los presidentes de los Consejos Autonómicos de colegios de abogados, el presidente de la Mutualidad General de la Abogacía y, con voz y sin voto, la presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes. El Pleno de la Abogacía se reúne, al menos, una vez cada trimestre, aunque en la práctica la periodicidad suele ser bimestral. Esta es una de las pocas ocasiones en las que el Pleno se ha celebrado fuera de Madrid aparte de en ciudades como Barcelona y Granada.

Celebración del pleno del CGAE en el Salón de actos del ICAVA.

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XII Congreso Nacional

El decano del ICAVA, Javier Garicano, durante la presentación del congreso en el Teatro Calderón de Valladolid.

Victoria Ortega, Óscar Puente, Pablo Trillo-Figueroa, Inmaculada Toledano, Enrique Sanz,

Vicente Guilarte, Feliciano Trebolle, Soledad Martín, Ignacio Segoviano, Silvia Ortega,

Ramón Jaudenes, Rafael Bonmati y Julio Sanz.

Andrea Casado, Jordi Albareda y Adolfo Ramírez.

Victoria Ortega en un momento de su intervención.

Vista del patio de butacas del Calderón.

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XII Congreso Nacional

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, Silvia Ortega, Cristina Goicoechea y Soledad Martín.

durante su intervención.

Julio Sanz y José María Díez Segoviano.

Enrique Sanz, Ángela de Miguel y Juan Carlos de Margarida.

Ana Arranz, Esther Saiz, Laura Blázquez, Almudena García y Tania García.

Fernando Roset, Carlos Álvarez, Diego García-Quintana, Javier Martín, Mercedes Rosón,

Cristina Lara, Beatriz Tovar, Ana de Frutos, Francisco J. Pablo, Jesús Verdugo, Carlos

Carlos González y José Antonio Carrascal.

Martínez y José Fernández.

Luis González-San José, Carlos Hortelano, Almudena Alonso, Elena Rodríguez, Rita

José Luis Antolín, Carmen Borjabad, Sofía Martín, Reyes Gómez, Francisco Salinero

Brezmes, Alfonso Alonso y Loreto Sancho.

Carmen González y Ariadna Fernández.

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XII Congreso Nacional

Francisco Muro, Mariano Vaquero, María Jesús Pardo y Enrique Sanz.

Feliciano Trebolle, Teresa de la Fuente, José Luis Ruiz y Arturo López.

Susana Ayala, Rosa Gil, María Jesús Diez-Astrain, Victoria Delgado, Silvia Ortega y Laura de Jesús, Mara Monreal y Enrique Bermejo.

María Teresa Corral.

Miembros de la junta de Gobierno con sus parejas.

Clara Inés Villa, Arantxa Jaén, María José Sánchez y Marta Díaz.

Jordi Albareda, Soledad Martín, Victoria Ortega, Javier Garicano y Feliciano Trebolle.

Javier Alonso, Teresa Vicario, José Ignacio García y Fernando Rodríguez.

ABOGADOS DE VALLADOLID / Noticias de interés para los colegiados / 11

Noticias de interés para los colegiados

La letrada del ICAVA María Purificación Palmero, elegida presidenta de la primera Comisión de Igualdad autonómica de España El pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CRACYL) nombró el 16 de abril de 2018 en Ponferrada a la letrada del Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) María Purificación Palmero presidenta de la primera Comisión de Igualdad de ámbito autonómico, que sigue la estela de las de Ponferrada y Salamanca, pioneras en España. Además, el vallisoletano y también colegiado del ICAVA José María Díez Segoviano tomó posesión como consejero de la institución autonómica en la que ejercerá de secretario. María Purificación Palmero es la tesorera de la Junta directiva del ICAVA, donde se colegió en 1993. En marzo de 2017 ingresó como consejera en el CRACYL y forma parte de la Comisión de Comunicación. Desde hoy será la encargada de presidir la nueva Comisión de Igualdad del Consejo de la Abogacía de Castilla y León —la cuarta de todo el país tras la del Colegio de Abogados de Oviedo, la Delegación berciana del Colegio de León (ICAL) y el Colegio de

José María Díez, Purificación Palmero y Julio Gabriel Sanz.

Salamanca—, apuesta por la formación en perspectiva de género y no discriminación como un pilar fundamental para avanzar hacia una sociedad igualitaria. Entre sus

objetivos se encuentra el de ofrecer actividades en esta materia para fomentar la igualdad en la sociedad a través de la abogacía.

ACUERDOS

Firma de convenios por el ICAVA

Margarita Rodríguez, concejala de Familia, Igualdad y Acción Social del Ayuntamiento de Laguna de Duero, y Javier Garicano, decano de ICAVA.

El ICAVA ha firmado los Convenios de asesoramiento a personal y usuarios de CEAS tanto con la Diputación Provincial de Valladolid, como con los Ayuntamientos de Valladolid y Laguna de Duero, en los que la principal novedad es la inclusión de la asistencia jurídica a los niños menores de edad víctimas de agresiones sexuales, que no están incluidos en el convenio

suscrito entre la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León. El texto de dichos convenios se puede consultar en la página www.ventanillaunicaabogados.org. Además se ha suscrito también contrato con el Ayuntamiento de Valladolid para la prestación del Turno de Segunda Oportunidad.

ABOGADOS DE VALLADOLID / Noticias de interés para los colegiados / 12

ASAMBLEA ORDINARIA

Celebrada la I Junta General ordinaria de 2018 El pasado 27 de marzo se celebró la primera Junta General ordinaria, en la que resultó aprobada la cuenta general de ingresos y gastos del ejercicio anterior, y se informó de los acontecimientos más relevantes acaecidos

durante el pasado ejercicio, suscitándose por los compañeros durante el turno de preguntas, diversas cuestiones sobre la actualidad colegial y el estado de la profesión. En el correo electrónico remitido por el

ICAVA con fecha 6 de abril, ‘Noticias del Colegio de Abogados de Valladolid’, se puede acceder tanto a la cuenta general de ingresos y gastos del ejercicio anterior como a la Memoria de los acontecimientos más importantes de 2017.

La Junta de Gobierno del ICAVA presenta las cuentas del ejercicio.

ACUERDO DE FINANCIACIÓN

Iberaval e ICAVA sellan un acuerdo para facilitar financiación para la modernización y digitalización de los bufetes El director general de la sociedad de garantía, Pedro Pisonero, y el decano del ICAVA, Javier Garicano, firmaron en el mes de marzo un convenio que permitirá facilitar financiación en unas condiciones ventajosas a bufetes y colegiados, ofreciendo una atención personalizada de asesoramiento para abordar nuevos proyectos empresariales o reforzar los que ya estén en vigor. A partir de este convenio, Iberaval se compromete a aportar soluciones a empresas y autónomos asociados al ICAVA para que puedan acceder a créditos de una manera ágil y, de ese modo, ser más competitivos y afrontar desafíos con las mejores garantías. Las modalidades de producto que se plantean son siete: préstamos, leasing, créditos, líneas de comercio exterior, líneas de descuento, confirming y factoring con recurso.

Pedro Pisonero y Javier Garicano.

En este contexto, el decano del ICAVA, Javier Garicano, ha señalado que esta es una de las primeras acciones que afronta la institución que preside de cara a la organización, en 2019, del Congreso Nacional de la Abogacía. Asimismo, ha recalcado, el documento firmado por Iberaval y el ICAVA profundiza en la necesidad de integrar instrumentos de apoyo para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos titulados. Por su parte, Pedro Pisonero ha detallado que son numerosas las asociaciones con las que colabora Iberaval, y ha valorado la confianza del ICAVA que, a partir de este acuerdo, se convierte en nuevo socio protector de la sociedad de garantía, como igualmente lo son el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León, organizaciones empresariales, bancos o entidades financieras, entre otros. Pisonero y Garicano han instado a bufetes y colegiados del ICAVA a acudir a informarse en la sede de la SGR (calle Estación, 13), dado que las condiciones financieras en el acceso al crédito mejoran de una manera clara.

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LEGISLACIÓN

APOYO MEDIACIÓN

El Gobierno aprueba una declaración institucional en apoyo a la mediación familiar

a servicios en el mercado interior, así como dar una respuesta integral y coherente a las directrices que la Comisión Europea ha formulado respecto del modelo vigente. La independencia e imparcialidad en el ejercicio de cada profesión seguiría estando plenamente garantizada en todo caso por el mantenimiento de la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura. Era intención contar con los informes y participación del Consejo General de los Procuradores de España y del Consejo General de la Abogacía Española durante la tramitación del proyecto, siendo sometido al dictamen del Consejo de Estado con carácter previo a su aprobación como proyecto de Ley. Informa: Gabinete de Comunicación del Ministerio

El anterior Consejo de Ministros, a propuesta del exministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado una declaración institucional en apoyo a la mediación familiar con motivo del Día Europeo de la Mediación que se celebró el 21 de enero. Mediante esta declaración, el anterior Gobierno manifestó su compromiso de realizar las acciones que sean necesarias para impulsar la cultura de la mediación en el ámbito familiar siguiendo así la senda marcada por el Consejo de Europa y expandir el uso de este instrumento al ámbito civil y mercantil. El Día Europeo de la Mediación coincidió con la aprobación el 21 de enero de 1998 de la Recomendación R (98) 1 del Consejo de Europa sobre mediación en el ámbito familiar, una resolución que supuso un impulso en el uso y fomento de mecanismos de solución de conflictos y litigios para el logro de acuerdos amistosos y con menor coste económico y social La última iniciativa de la Unión Europea ha sido la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, en la que se hace referencia a aspectos muy concretos de la mediación en el espacio europeo, así como a algunos elementos orientadores para la actividad de los Estados miembros en esta labor de impulso a la mediación. Informa: Gabinete de

de Justicia.

Comunicación del Ministerio de Justicia.

El Gobierno impulsa un anteproyecto de ley para la reforma del acceso a las profesiones de abogado y procurador El anterior Consejo de Ministros recibió un informe del exministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el anteproyecto de ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Los principales objetivos del proyecto consisten en arbitrar la posibilidad del ejercicio conjunto de la abogacía y de la procura en las sociedades profesionales, habilitar un sistema de acceso único a dichas profesiones y clarificar el régimen arancelario de los procuradores. El proyecto normativo responde a la necesidad de acomodar la legislación española a las previsiones del derecho comunitario y singularmente a los dispuesto en la Directiva 2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa

BREVES

Valladolid en el Consejo de la Abogacía de Castilla y León

Recuerda: el Colegio permanecerá cerrado los sábados

En el Pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León celebrado el pasado 13 de abril en Ponferrada (León), y tras finalizar su mandato como consejero Antonio García-Quintana, quien ha ejercido como secretario del Consejo durante 12 años, desarrollando una labor impagable y digna de elogio, se acordó que lo sustituyera en este nuevo período, también como Secretario del Consejo, el actual secretario de la Junta de Gobierno del ICAVA, José María Diez Segoviano.

A partir del 5 de febrero las dependencias colegiales ya no abrirán los sábados por la mañana. Es debido a la escasa afluencia de colegiados los sábados por lo que se ha tomado dicha decisión, ello sin perjuicio de que por actos o eventos colegiales sea necesaria su apertura. En consonancia con lo anterior, el cambio de guardia de los sábados se llevará a cabo en la sede del Juzgado de Instrucción de Guardia a las 9:30 horas.

Sección Abocados La revista cuenta con una sección denominada “Abocados”, en la cual cualquier compañero puede remitirnos una receta de cocina para publicar; con la misma, el ICAVA pretende daros voz a todos los colegiados, publicando aquellas especificidades culinarias que nos enviéis. Nos debéis hacer llegar la receta con foto al correo electrónico de la revista, comisionrevista@icava.org. Su publicación quedará sujeta a criterio de los componentes de la comisión de la revista. Os animamos a participar activamente, con el fin de hacer la revista más participativa.

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CULTURA

SINIESTROS

I Concurso Escolar de Microrrelatos sobre abogados El Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad General de la Abogacía convocan el I Concurso Escolar de Microrrelatos: “¿Qué es un abogado para ti? ¿Qué es una abogada para ti?”. Esta iniciativa se enmarca dentro del X Aniversario del Concurso de Microrrelatos de Abogados y se pone en marcha coincidiendo con el Día Internacional del Libro y hasta el 15 de septiembre. Los objetivos del concurso son dar a conocer la labor del abogado/a entre los más jóvenes y hacer más cercano para ellos el mundo de la abogacía. Los relatos deberán versar sobre la profesión de abogado. Pretende, además, implicar en este proceso a los padres y tutores legales de los colegiados y mutualistas, así como a los profesores y maestros de los centros educativos. Cualquier joven residente en España de entre 6 y 15 años podrá presentar un relato breve, original e inédito, con una extensión máxima de 150 palabras. Se establecen dos categorías: de 6 a 9 años y de 10 a 15 años.

Todos los participantes deberán contar con la autorización de sus padres, madres o tutores legales, debiendo indicar sus datos en el formulario de inscripción. Los relatos seleccionados se publicarán en las páginas www.abogacia.es http://escolares.microrelatosabogados.com, www. mutualidadabogacia.com y en un libro recopilatorio de esta I edición. Los cinco ganadores de cada una de las dos categorías recibirán un lote de libros, una videoconsola portátil o tablet, un diploma y un Plan Junior de Ahorro de la Mutualidad de la Abogacía. El Concurso de Microrrelatos para adultos, puesto en marcha en 2008, es un éxito. Más de 8.000 microrrelatos al año y más de 55.000 textos recibidos en las nueve ediciones del concurso, muestran el interés que despierta la figura de los abogados. Tanto las bases como el formulario para enviar el relato pueden encontrarse en http://escolar.microrrelatosabogados.com.

MOTOR

Imagen del Campeonato de España de Rallys.

Compañero intrépido Los vallisoletanos Jorge Pulido, como piloto, y el letrado del ICAVA Carlos González Añó, copiloto, participan esta temporada en el Campeonato de España de Rallys de Todo Terreno en la categoría T2. Han participado en la primera prueba puntuable del Campeonato, lo máximo que se puede participar a nivel nacional, trampolín necesario para poder acudir a competir en el Rally Dakar, su sueño y objetivo para el año 2020. En la clásica Baja Almanzora quedaron los 30º en la general y terceros en su categoría T2, destinada a vehículos con

muy pocas modificaciones respecto a los de serie. González cree que se trata de un proyecto muy bonito y es la ilusión de toda la vida. Todo ello con la mirada puesta en ese 2020 y la posible participación en el Rally Dakar. Se encuentran preparando la Baja TT Dehesa Extremadura, que se celebrará los días 9 y 10 de junio. Es este momento están realizando continuas mejoras en el coche, para así poder obtener más velocidad y una mayor fiabilidad, cuestión esta muy importante en este tipo de rallys de más de 450 kilómetros.

Ya se pueden reclamar los accidentes de circulación online Desde primeros de enero de este año, ya es posible reclamar los accidentes de circulación online, entrando en funcionamiento la plataforma desarrollada por UNESPA para que los abogados puedan comunicar por vía electrónica reclamaciones derivadas de daños personales que sean consecuencia de accidentes de circulación. El convenio, suscrito entre el Consejo General de la Abogacía Española, UNESPA Y TIREA, tiene por objeto establecer el marco de colaboración adecuado para que los abogados y entidades aseguradoras, de forma voluntaria, puedan realizar comunicaciones por vía electrónica en la gestión de reclamaciones derivadas de daños personales que sean consecuencia de accidentes de circulación. Para ello, UNESPA ha puesto a disposición de los abogados y de las entidades aseguradoras una plataforma de comunicación segura de carácter bidireccional, desarrollada y mantenida por TIREA. Esta plataforma se llama SDP-Lex y permite, por una parte, que los abogados comuniquen mediante la utilización de la firma electrónica cualificada de la Autoridad de Certificación de la Abogacía (en adelante ACA) el siniestro en nombre de sus clientes, pidiendo la indemnización correspondiente y aportando toda la documentación legalmente exigida. La plataforma también hace posible que las entidades aseguradoras puedan cumplir con sus obligaciones legales del art. 7.2 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, relativas a la oferta y respuesta motivada. El servicio no tendrá coste para los abogados cuando estén actuando en defensa de un beneficiario del derecho de justicia gratuita. En otros supuestos, el coste para el abogado es de 1 € por trámite que realice y 3 € por certificado (certificado para aportar en juicio), cantidades que incluyen el IVA. Se podrá consultar a través de la plataforma el estado y situación de las facturas que el servicio vaya emitiendo al letrado por la utilización del mismo.

DECESOS

Compañeros fallecidos DON MARIANO REGLERO PEÑA DON JOSE LUIS MOSQUERA PEREZ

ABOGADOS DE VALLADOLID / Colaboraciones / 15

Crimen en la ópera norteamericana Por Fernando Herrero, abogado De forma consecutiva se han presentado en el Teatro Real dos obras norteamericanas de 1947 y 2000, respectivamente: ‘Street Scene’ y ‘Dead Man Walking’. Dos obras en las que el crimen está presente. En un barrio de Nueva York, el marido, violento y maltratador, asesina a su mujer adúltera y su amante. En la segunda, un condenado a muerte recibe el auxilio espiritual de una monja antes de su ejecución. Dos propuestas que parten de un hecho literario (‘Street Scene’) y de la realidad (‘Dead Man Walking’). Ambas son un testimonio de la violencia de un mundo que tiene esa inevitable gangrena en sus entrañas. Crimen gratuito y salvaje en la ópera de Jake Heggie que castiga a su autor con la pena de muerte. Libro, film de Tim Robbins y ópera. “Ahí va el hombre muerto”, esa frase que dicen los funcionarios de la prisión cuando el reo se dirige al lugar de la ejecución. La reflexión sobre la pena de muerte, sobre su horrible frialdad institucional, es uno de los vectores de la obra. El otro gira en torno a la necesidad del arrepentimiento y la inutilidad de la venganza. La figura de la hermana Prejean es clave para expresar estos conflictos. Hiperrealismo del libreto, incluso con la ejecución. Música que enlaza con óperas veristas, Menotti e incluso Bernstein, más eficaz que profunda, aunque la línea de canto permita el lucimiento de los intérpretes. Joyce di Donato, en un papel extenuante, estuvo extraordinaria como cantante y como actriz, lo mismo que el resto del reparto, a muy buen nivel. Talento del compositor que originó un éxito que se ha prolongado desde el año de su estreno. La puesta en escena sigue la vía del realismo, desde la escena inicial con el crimen, hasta la final de la ejecución por inyección letal. Solo el viaje de la hermana Prejean en automóvil hacia la prisión se soluciona con oportunas proyecciones. La escenografía utiliza la abstracción carcelaria como espacio en el que la libertad no existe y sus muros preparan para la muerte. La alternancia entre la presencia de la madre del condenado y los padres de la víctima da al conflicto clave una visión concreta y específica entre los afectados directamente por la tragedia.

La música y el canto crean la emoción que la magnífica versión global proyecta. Teatro en esos dos aspectos, el colectivo y el individual, que se integran armónicamente. Kurt Weill fue el compositor de las obras de Brecht ‘La ópera de dos centavos’, ‘Grandeza y decadencia de la Villa de Mahagonny’, ‘Happy End’, etc. Huyendo del nazismo se afincó en Norteamérica y continuó su carrera. ‘Street Scene’, estrenada de Broadway, fue su pistoletazo de salida. Basada en una obra teatral de Elmer Rice, ‘La calle’, estrenada en 1929 con gran éxito y que con-

Estreno en Madrid en el Teatro Real, dentro de la temporada operística, con una producción de alto nivel, con dirección musical de Tim Murray y escénica de John Fulljames siguió el Premio Pulitzer, y con libreto del propio autor, es una ópera peculiar que intentaba servir de referencia para una nueva vía artística, diferente de la comedia musical al uso. No consiguió su propósito, aunque sí obtuvo magnificas críticas y hasta el Premio a la Mejor Obra. Fue, como expresó algún periodista, una obra maestra marginal. Estreno en Madrid en el Teatro Real, dentro de la temporada operística, con una producción de alto nivel, con dirección musical de Tim Murray y escénica de John Fulljames. Realismo de nuevo al presentar ese barrio, marginal en un sentido, de inmigrantes de todo color y nacionalidad. La pieza de teatro original era muy crítica con la desigualdad social y económica del país y la obra musical igualmente. Pobreza, violencia, la sensación de una parte de la humanidad excluida, situación que se sigue manteniendo hoy día. Un film como ‘The Florida Project’ lo trata en pleno año 2017. Si la obra está estructurada de forma magnífica, con los problemas diversos del

barrio y el oportuno dibujo dramático y musical de los personajes, el momento del asesinato de una mujer y su amante por el violento marido es como el espécimen del drama colectivo. Otro crimen en el ‘próspero’ país, otra forma de comportamiento derivada de la incultura, de esa especie de violencia latente que, lo comprobamos cada día, estalla continuamente. Las armas al alcance de cualquiera, la insatisfacción, el deseo de notoriedad aunque sea desde el mal, el desequilibrio moral, son las bases de esa sucesión de crímenes que forman parte de la historia de los Estados Unidos. Como no podía ser de otra forma, el montaje es realista desde esa escenografía de un conjunto de viviendas que se muestra en un único plano. La luz tamiza ese carácter creando atmosferas poéticas y tanto el coro principal como el coro de niños, los bailarines y los personajes ofrecen un acabado magnífico. Esa calle vive en el escenario en diversos momentos y circunstancias que pueden ser cómicos, afectivos, desolados o trágicos. Si la estructura dramatúrgica está muy lograda, una partitura heterogénea pero curiosamente unitaria —al integrar cabaret, jazz, comedia musical, línea operística— la realza. Las partes habladas y musicales se unen con fluidez y escenas como el baile, cuando el decorado se abre para mostrar la luz de Broadway, las colectivas o las irónicas como la de las niñeras, muestran la paleta armónica de Weill y su integración al texto. En su época norteamericana el compositor consiguió hacer, como en los tiempos de Brecht, creativa su unión a los textos que se le ofrecían. Dos ejemplos de ese mundo de la marginación, del delito, en una sociedad en parte enferma. Por un lado esos crímenes absurdos que surgen de la violencia intrínseca en un país que no ha superado sus traumas, aunque la violencia de género no solo afecta a los Estados Unidos, es un problema universal. Una ópera, la de Weill, estrenada en el año 1947, la de Heggie en el año 2000. En 2018 un joven de 19 años asesina a 17 personas en un Instituto. Motivo de reflexión para los juristas y los ciudadanos de cualquier lugar.

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Prisión permanente revisable La prisión permanente revisable, o lo que para algunos es una cadena perpetua encubierta El año 2015 vino cargado de reformas en nuestro ordenamiento jurídico, y no es de extrañar, teniendo en cuenta que al año siguiente se celebraban elecciones de nuevo. Una de las reformas que más debate creó, llegando a día de hoy, y parece que va para largo, fue la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, y con ella, la inclusión de nuevos tipos penales, en nuestro ya más que remendado Código Penal del 95, así como la exclusión de ciertas conductas que ya no eran delictivas. No solo se llevó a cabo la inclusión de delitos, sino de penas aparejadas a ciertos delitos (de extrema gravedad), como fue la pena de prisión permanente revisable; aunque he de decir que no se trata de una pena nueva sacada de la manga. Para refrescarle la memoria diré que la cadena perpetua estuvo en vigor desde el año 1822 hasta el año 1928, siendo suprimida por la Dictadura de Primo de Rivera. Lo que se pretendía por parte del legislador no solo era adecuar la Ley a la calle, aunque esta lo pidiera a gritos (véase a día de hoy tras la sentencia del famoso caso denominado “la manada”), sino dar inclusión a los compromisos internacionales que había adquirido España. Es así como nuestro Código Penal recoge la pena de prisión permanente revisable para ciertos tipos: como el asesinato de menores de dieciséis años o de personas especialmente vulnerables; cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; en los múltiples; contra la Corona, etcétera. Delitos poco comunes, aunque a veces los medios de comunicación quieran hacernos ver lo contrario. ¡Menos mal que tenemos ahí las estadísticas! Pues bien, ¿qué supone condenar a alguien a cumplir prisión permanente revisable? Antes de ello le diré, que a la fecha de este artículo solo existen dos personas que estén cumpliendo esta pena. El primero, el parricida de Moraña (Pontevedra) que asesinó a sus dos hijas, y el segundo, un hombre de veinticuatro años que asesinó al abuelo de su exnovia en Tenerife. Ambos deberán de cumplir prisión durante al menos 25 años y haber alcanzado el tercer grado, para que después un tribunal colegiado valorare sus circunstancias (las del

penado y las del delito cometido), revise la situación personal (tras 25 años en prisión) y decida si le otorga la libertad condicional o, por el contrario, debe seguir en prisión hasta una nueva revisión. Esta será cada dos años o, al menos, cada año a petición del penado, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 92.1 del Código Penal. Llegado a este punto, y seguro que ya desde mucho antes, se habrá cuestionado varias cosas. Y si no es así, se las propondré yo si me lo permite. ¿Se trata de una pena proporcional al delito?, ¿es contraria a los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución Española?, ¿realmente reinsertará al penado de nuevo en la sociedad? La limitación de espacio, no me permitirá contestarle a estas preguntas, pero sí que cada uno se las cuestione para sí mismo. Más adelante podrá ver dos posturas, una a favor y otra en contra que le podrán ayudar a afianzar sus ideas o por el contrario a cuestionarse aquellas. Pero que sepa que no es España la única que aplica esta pena. Nuestros vecinos alemanes también hacen uso de la misma siendo revisada la condena del penado a los

Por Tania García Barroso, abogada

15 años; y en Francia a los 18; y en Finlandia a los 12 años. ¿Por qué en España se aplica hasta los 25? ¿No eran suficientes las penas con las que ya contaba el Código Penal, penas de hasta 30 o 40 años? Parece ser que el punto de vista social, o el desconocimiento por el ciudadano de la calle, aunque últimamente parece que de derecho saben todos, hace pensar que las penas son bajas, que casi nadie va a la cárcel o que se entra por una puerta y se sale por otra. No me hace falta decirle que eso no es así. Han pasado tres años desde su inclusión, y el antiguo Gobierno planteó la ampliación a nuevos supuestos. Sin embargo, el pasado mes de marzo el Congreso de los Diputados se pronunció, con la mayoría de los partidos políticos de la oposición, para seguir adelante con la propuesta del PNV para la derogación de la prisión permanente revisable. Mientras, seguimos a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos presentados por PSOE, Convergencia i Unió, IU, ICV-EUiA, CHA, la Izquierda Plural, UPyD, el Grupo Parlamentario Vasco y el Mixto, algo que parece que no será en un futuro muy cercano.

Infracciones penales registradas en CCAAs, provincias, islas, capitales y localidades con población superior a 30.000 habitantes Acumulado enero a marzo

Nacional

INDICADORES DE CRIMINALIDAD

2017

2018

Var. % 18/17

1.—Homicidios dolosos y asesinatos consumados

-6,3

2.—Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa

208

172

-17,3

3.953

3.915

-1,0

46,7

2.658

3.025

13,8

289

371

28,4

3.—Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria 4.—Secuestro 5.—Delitos contra la libertad e indemnidad sexual 5.1.—Agresión sexual con penetración

2.369

2.654

12,0

6.—Robos con violencia e intimidación

5.2.—Resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual

15.477

14.384

-7,1

7.—Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones

39.634

40.265

1,6

27.384

28.719

4,9

7.1.—Robos con fuerza en domicilios 8.—Hurtos

168.449 165.036

-2,0

9.—Sustracciones de vehículos

10.926

8.777

-19,7

3.011

3.156

4,8

10.—Tráfico de drogas TOTAL INFRACCIONES PENALES

495.627 503.671

1,6

Fuente: Ministerio del Interior

ABOGADOS DE VALLADOLID / A fondo / 17

VERSUS CUESTIONARIO SOBRE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Mercedes Alonso Álamo Catedrática de Derecho Penal (UVA) Florencio de Marcos Madruga Juez de Vigilancia Penitenciaria

Pregunta.— ¿A favor o en contra? Mercedes Alonso.— En contra. Florencio de Marcos.— A favor. P.— Tres argumentos. M. A.— El primero, que es una pena cruel, inhumana, que va en contra de la marcha de la historia hacia la humanización de las penas. Su revisión después de al menos veinticinco años, cuando ya es muy probable que se hayan producido daños psíquicos y morales irreparables, queda a expensas de un incierto pronóstico favorable de reinserción. Se presenta como segura (permanente) y como revisable (insegura), lo que encierra una contradicción. En segundo lugar, es innecesaria, pues el sistema de penas del Código era ya suficientemente enérgico. Y en tercer lugar, es un híbrido de pena y medida de seguridad, a caballo entre el retribucionismo represivo y la ‘inocuización’ por la peligrosidad, un híbrido que transita internamente desde la culpabilidad hacia la peligrosidad criminal. En vez de recurrir a la acumulación, si fuera necesario, de pena y medida —la pena en atención a la culpabilidad y la medida de seguridad en atención a la peligrosidad criminal— se crea un híbrido o quimera que no es ni lo uno ni lo otro y que resucita el derecho penal de autor. Puede convertirse en una forma espuria de abordar el problema, siempre difícil, del delincuente habitual peligroso. F. M.— El fundamental, que hay individuos incorregibles, y la sociedad, como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), tiene derecho a defenderse (por ejemplo el violador del ascensor: dieciocho violaciones y dos mujeres muertas, actualmente imputado por varias violaciones, creo que cuatro). No es una pena inhumana, no es una cadena perpetua. Es una pena de duración indefinida, que contempla mecanismos de revisión. Y por último, quienes consideran que sería bastante con que después de una pena, más o menos dura, se aplicara una medida de libertad vigilada, pecan de un

exceso de confianza en la eficacia de esa respuesta penal. La libertad vigilada parte de un absurdo, que es que a un delincuente sexual se le pueda obligar a seguir un programa al efecto. De salida, es llamativo que durante el cumplimiento de la pena de prisión es o no posible (no cabe imposición de programas). El tratamiento penitenciario es voluntario, pero es que, además, esa clase de programas no consiste en pasar el rato viendo el móvil mientras el terapeuta suelta su rollo, antes bien exige una implicación personal, la cual es un aliud, es ajena a la vía imperativa. P.— ¿Considera justo el Código Penal español? M. A.— Es un Código que nace en consonancia con los postulados de la política criminal moderna. Pero es un Código con penas muy elevadas que ha sufrido numerosas reformas desde su promulgación y no siempre, como sucede con la introducción de la prisión permanente revisable, para mejor. F. M.— Habría que ir por tipos. En general, las penas no difieren de las de los países de nuestro entorno. P.— ¿Endurecería las penas? M. A.— No. F. M.— No creo que sea necesario. El problema del Código Penal es otro. La última reforma, que fue la operada por la Ley Orgánica 1/2015, es un auténtico horror técnico, que desconoce hasta el significado de términos elementales del lenguaje, no ya especializado, que sería grave, sino de una persona de cultura media; sirva de ejemplo la barbaridad del párrafo séptimo del artículo 90 del Código Penal, según la cual el juez de vigilancia, en la libertad condicional, actúa de oficio previa petición de parte (confieso que ignoro qué puede significar esto en castellano). Y no es un hecho aislado: el párrafo tercero de ese mismo artículo, en su literalidad, considera primario al típico delincuente habitual que cumple responsabilidades personales subsidiarias por impago de multa de forma reiterada, incluso de muchos

y muchos años, o al que previamente ha cumplido una pena de prisión permanente revisable. Son simples ejemplos, pero no hechos aislados, hay unas cuantas más perlas jurídicas. Quiero puntualizar, centrándome en el tema de los plazos de revisión en la prisión permanente revisable, que, tal y como está regulada, el gran problema es si es admisible un periodo de seguridad que puede oscilar entre los quince y los treinta y dos años, para el acceso al tercer grado, o de los veinticinco a los treinta y cinco, para la suspensión. Es necesario recordar al efecto que el TEDH ha señalado que el mecanismo de revisión, que toma del Tribunal Penal Internacional, debería operar en torno a los 25 años. P.— ¿Los delitos enmarcados dentro de la prisión permanente revisable deben tener una regulación más específica? M. A.— La prisión permanente revisable debería desaparecer. El elenco de delitos para los que se prevé es limitado (asesinatos agravados; homicidios terroristas; homicidios de sujetos especialmente protegidos, como, por ejemplo, jefes de Estado; delitos de lesa humanidad y de genocidio), pero se pretende ampliar (asesinatos después de secuestro, violación de un menor tras privarle de libertad o torturarle, violaciones en serie, etc.). Hechos que tienen previstas penas muy graves y que, en su caso, se tratan por la vía del concurso de delitos. Por otra parte, la introducción de la prisión permanente revisable ha complicado innecesariamente el sistema de los delitos contra la vida. F. M.— Para mí, es el núcleo fundamental del tema. No creo que sea la tipología en sí lo que debería determinar la imposición de esta pena, sino el riesgo de reiteración. Por ejemplo, el hecho de que la víctima sea un menor no me parece que deba llevar por sí esta consecuencia, con una pena de prisión de 25/30 años me parece suficiente castigo, pues no creo que haya riesgo de reiteración sin más por cometer esta clase de crimen, por muy execrable que sea. No obstante, es cierto que en derecho

ABOGADOS DE VALLADOLID / A fondo / 18

VERSUS CUESTIONARIO SOBRE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Mercedes Alonso Álamo Catedrática de Derecho Penal (UVA) Florencio de Marcos Madruga Juez de Vigilancia Penitenciaria

comparado la cadena perpetua es la respuesta a hechos unitarios especialmente relevantes. En mi planteamiento, soy más partidario de un sistema con cierto paralelismo con el del ‘three stikes and you’re out’ —al tercer delito, cadena perpetua—, si bien con una configuración distinta a la que tienen en Estados Unidos. En definitiva, comparto más la filosofía del párrafo segundo del artículo 140 del Código Penal que la del párrafo primero, si bien con un catálogo de delitos más amplio en mi propuesta, que vaya más allá del delito de asesinato; sirva de ejemplo hacerlo extensivo a las agresiones sexuales. Admito que tengo una concepción de esta pena con ciertos rasgos propios de una medida de seguridad. P.— ¿Incluiría o eliminaría delitos de la lista? M. A.— La prisión permanente revisable no solo no debería extenderse a otros delitos sino que debería ser eliminada del Código Penal. F. M.— Creo que la anterior pregunta ya lo deja contestado. P.— ¿Todos los delincuentes son reinsertables? M. A.— Penas y medidas deben orientarse a la reinserción social. Para ello se precisa de adecuados programas de tratamiento, individuales en su caso, lo que requeriría contar con medios humanos y económicos suficientes. La prisión permanente revisable entorpece los objetivos de la reinserción y reeducación social que marca la Constitución. Es más, parece que desconfía implícitamente de que cuando se han cometido hechos muy graves se puedan alcanzar estos objetivos en un tiempo razonable y por ello el mínimo de cumplimiento se desorbita. Pero no deja de ser una burla esperar que se puedan alcanzar en al menos veinticinco años, cuando el deterioro de la personalidad puede ser irreversible, objetivos que a priori se renuncia a alcanzar antes. F. M.— Evidentemente la respuesta es no. Los violadores múltiples no suelen serlo, ni

lo psicópatas. Respecto a estos últimos no se conoce tratamiento. P.— ¿Se consigue con las penas que se imponen y las medidas de seguridad la reeducación y reinserción del penado? M. A.— A veces se habla de la elevada tasa de reincidencia para negar la posibilidad de la reinserción. Pero no hay estudios concluyentes al respecto, y sí los hay, en cambio, que evidencian que si se cuenta con medios suficientes se reduce la reincidencia. F. M.— Es un viejo debate. Pero pensar que solo con las penas y medidas de seguridad se resuelve el problema de la reinserción es ponerse una venda en los ojos. La delincuencia tiene causas múltiples. ¿Por qué si comparamos dos sujetos con las mismas condiciones que otro, uno delinque y el otro no? En la delincuencia influyen factores personales y sociales. Sobre los primeros, la pena y el tratamiento penitenciario pueden influir. Sobre los sociales, la actuación corresponde a otros operadores ajenos al derecho penal. Un drogodependiente puede ser tratado en prisión, lograr su abstinencia y dotarle de recursos personales para controlar la adicción; pero cuando vuelve al mundo marginal de procedencia, el riesgo de recaída, primero en la droga y luego en el delito, es elevado. El derecho penal poco tiene que decir en el cambio de las circunstancias sociales del entorno. P.— ¿Qué le parece que seamos el tercer país con menos tasa de criminalidad pero que, sin embargo, tengamos una alta tasa carcelaria? M. A.— Confirma la dureza de la regulación legal y que es innecesario que se endurezca más. F. M.— Pues es difícil concluir si lo primero —que España es un país seguro— es consecuencia de lo segundo —alta tasa carcelaria—. Podría ser un argumento, pero ignoro si hay relación. Ambos son datos objetivos. Por otro lado, habría que estudiar las tipologías por las cuales se produce el encarcelamiento, pues los delitos contra la salud

pública son la primera o segunda causa por la que se ingresa en prisión. Es obvio que por esta tipología se imponen penas especialmente elevadas, lo cual puede provocar esa tasa. También, otro dato es el componente extranjero de la población penitenciaria, que determina una menor posibilidad de acceso a mecanismos de excarcelación. De todas formas, el clamor popular es que en España se entra por una puerta y se sale por otra, luego las cifras objetivas mienten. P.— ¿Ve esta pena como una respuesta al clamor social o parte de un programa político? M. A.— Escuchar a las víctimas o el clamor popular, en sí mismo atendible, solo debería conducir a un endurecimiento de la respuesta penal si ello fuera estrictamente necesario por insuficiencia de la regulación vigente. Con independencia de que pueda considerarse una pena inhumana, no existía tal necesidad cuando se decide incorporar al Código Penal la prisión permanente revisable. F. M.— Si por programa político se quiere decir política criminal, estoy convencido que ese concepto no existe en España, cerca de cincuenta reformas de un Código Penal de hace veintitrés años es buena prueba. Entiendo que el tema de la prisión permanente revisable entra en la agenda del clamor social y la pesca de votos. Por cierto, no entiendo tampoco el nombre, el eufemismo. El TEDH, mucho más valiente que nuestro legislador, cuando se ha enfrentado a la validez de esta respuesta penal y su acomodo al artículo 3 del Convenio Europeo —se ha pronunciado sobre la regulación en Inglaterra y Francia—, la llama sin tapujos ‘cadena perpetua’; y lo hace en su jurisprudencia, repito, con ese nombre del cual se intenta huir como si fuera vergonzante, es decir, cuando la misma reúne los requisitos que la hacen válida y admisible, pero no elude el término —seguramente no tiene miedo, ni le preocupa, el clamor social, y opta por llamar a las cosas por su nombre—.

ABOGADOS DE VALLADOLID / Almanaque / 19

Almanaque Por Carmen Castro Manzanares, abogada

23 DE AGOSTO Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición Cuando en 1492 Colón viajó por primera vez a aquello que llamó ‘el nuevo mundo’, el primer asentamiento se ubicó en La Española, isla que hoy incluye a Haití y a la República Dominicana. La Española basó su economía en las plantaciones de azúcar y café trabajadas por los esclavos, quienes, a finales de la década de 1780, eran más de 450.000, sobre una población total de poco más de medio millón de habitantes. Pero la noche del 22 al 23 de agosto de 1791 todo cambió: las mujeres y los hombres de la isla sometidos a esclavitud se sublevaron y proclamaron su independencia, devolviéndole a la parte occidental de la isla su nombre amerindio original: Haití. Fue el comienzo de un movimiento global contra la esclavitud y contra el comercio de esclavos.

La esclavitud pertenece a la historia, pero no al pasado: nuevas formas de esclavitud, como la trata, siguen existiendo

Monumento a la liberación de los esclavos en la isla de Gorée (Senegal).

La esclavitud pertenece a la historia, pero no pertenece al pasado: nuevas formas de esclavitud, como la trata de seres humanos, siguen existiendo, y por eso sigue siendo pertinente conmemorar cada 23 de agosto el ‘Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición’, tal y como lo proclamó la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su resolución 29C/40.

20 DE NOVIEMBRE Día Universal del Niño Esta vez sucedió al revés. Los tratados y convenciones vinieron después: antes, fue la celebración. En diciembre de 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que en todos los países se instituyera un ‘Día Universal del Niño’ y sugirió que cada uno lo celebrase cuando y como decidiera. Y los estados así lo hicieron, conscientes de la importancia de proteger a los niños y a las niñas y defender sus derechos. Cinco años más tarde —y, ahora sí, el 20 de noviembre— la Asamblea General de las Naciones Unidas, “considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle”, aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, “a fin de que este pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian”. Y también el 20 de noviembre, esta vez de 1989, se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, que pasó a considerar a los niños sujetos de derechos (y no solo objetos pasivos necesitados de cuidados y caridad) y, lo que es más importante, lo hizo con carácter vinculante, ya que es un tratado internacional (de hecho, es el tratado que más amplia y rápidamente se ha ratificado en toda la historia).

Fuentes bibliográficas principales: www.unesco.org https://www.apuntesdehistoria.net/revolucion-haitiana/ www.un.org

No obstante, parece indudable que queda mucho por hacer teniendo en cuenta que, según Naciones Unidas, un niño muere cada cinco minutos como resultado de la violencia, o que los niños y niñas suponen casi la mitad de los 900 millones de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día.

Niños jugando en Gandiol (Senegal).

ABOGADOS DE VALLADOLID / Agrupaciones / 20

Agrupación de Abogados Mediadores SESIONES METODOLÓGICAS

En las sesiones metodológicas, uno o más compañeros o compañeras exponen sus experiencias en la mediación (familiar, estrictamente civil o mercantil, etc.), analizando su desarrollo y evolución y, de este modo, contrastan la eficacia u oportunidad que el uso de unas u otras herramientas de las que posee la persona mediadora produce sobre el conflicto concreto. Imaginemos una mediación familiar entre una pareja que desea divorciarse: Persona X: “Estoy pagando un alquiler con la ayuda de mi familia, a pesar de que tú (la expareja, llamémosle ‘Y’) tienes dos casas, porque con los 150 euros que recibo de él no llega para los gastos de los niños y ahora mismo no trabajo y solo tengo una ayuda de 426 euros, y no es porque no quiera trabajar, que encontrar trabajo no es fácil y llevo 20 años dedicada exclusivamente a la casa y no hemos hablado sobre si eso me lo vas a pagar, y sigo en esta ciudad para que puedas estar con los niños, porque podría irme una temporada a casa de mis padres a Gijón y a ver qué pasa, que me lo estoy pensando, porque

Imaginemos una mediación familiar en la que una pareja desea divorciarse

no puedo aguantar mucho más esta situación y tal vez allí encuentre trabajo”. Mediador: “Corrígeme si me equivoco, pero entiendo que los asuntos que quieres tratar son la cantidad que X tiene que pagar como alimentos y gastos de los niños, si X podría o no compensarte el tiempo que has dedicado exclusivamente a la familia y decidir en qué domicilio residirás con los niños, ¿cierto?”. El mediador debe ser neutral e imparcial (artículo 10 de la Ley 1/2006, de 6

de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León). No obstante, puede suceder que las personas mediadas perciban que el mediador no es neutral o imparcial: X: “Es usted terrible, un incompetente, no me comprende y, para ser mediador entre los dos, siempre está a favor de lo que dice Y”.

Aunque el mediador debe ser neutral e imparcial, a veces las personas mediadas no lo perciben así ¿Qué podría hacer el mediador? M: “Si usted cree eso, le pido por favor que cada vez que perciba que lo estoy haciendo mal o que tomo partido por alguno de los dos, me interrumpa inmediatamente y lo exprese. Se lo digo porque valoro muy positivamente su franqueza y, además, el hecho de que, a pesar de todo lo que ha percibido, continúe interesada en continuar con la mediación e intentar llegar a acuerdos”. O también, M: “Creo que estamos en un momento muy tenso. Llevamos mucho tiempo ininterrumpido hablando de asuntos muy importantes para todos y considero que deberíamos hacer una pausa. No obstante, X, cuando retomemos la mediación, me gustaría que profundizaras más en lo que has dicho y en cómo te sientes”. Analicemos ahora una situación de bloqueo en la mediación. La intervención mediadora podría ir en el sentido siguiente: M: “Valoro muy positivamente que hayáis sido capaces de dialogar y negociar sensatamente el uno con el otro. Habéis avanzado mucho. Os comunicáis ahora en vuestro día a día planteando cuestiones concretas y evitáis los reproches, acordasteis cómo queríais que fueran las

relaciones de vuestros peques con cada uno de vosotros y, pensando en su futuro, decidisteis que acudieran clases de refuerzo para mejorar sus resultados académicos. Por otro lado, recuerdo que, en nuestras primeras sesiones, continuamente os tenía que interrumpir para evitar que os faltarais al respeto y ahora X reconoce que Y es un buen padre y valora positivamente el tiempo que pasa con los niños, mientras que Y ha llegado a afirmar que gracias a X ha logrado alcanzar el éxito profesional y ha mejorado como persona en su vida diaria”. Para concluir, conviene apuntar que siempre es necesario cuidar el fin del proceso. Haya o no haya habido acuerdo, es adecuado felicitar a las personas que han sometido sus problemas a mediación por el esfuerzo que, sin duda alguna, les ha supuesto, así como por la confianza que han depositado en el profesional al que, en muchos casos, desconocían previamente. Además, si no han alcanzado acuerdos, por un lado conviene exponerles los beneficios que han obtenido con la media-

Es adecuado felicitar a las personas que han sometido sus problemas a mediación

ción, las herramientas que hayan podido adquirir durante el proceso, o incluso el mero intento de solucionar de esta forma su conflicto y, por otro lado, explicar que no llegar a acuerdos es algo que sabíamos que podía pasar, normalizando este hecho, procurando eliminar cualquier atisbo de desvaloración de su persona a consecuencia de la falta de consenso y proyectando su situación hacia el futuro, a las vivencias y oportunidades que este les podrá deparar.

ABOGADOS DE VALLADOLID / Agrupaciones / 21

Agrupación de Mujeres Abogadas de Valladolid (AMAV) Durante el ejercicio 2017-2018 la Agrupación de Mujeres Abogadas de Valladolid (AMAV) ha llevado a cabo diversas actividades e intervenciones con el objetivo continuar su labor en la defensa de las mujeres y sus derechos, finalidad para la que fue constituida hace ya veinticuatro años, siendo necesario todavía hoy en día, como resulta evidente y pese a todo lo avanzado, seguir en la lucha por una igualdad de género real en todos los ámbitos. A mediados del pasado año, la Agrupación participó, debido a la experiencia acumulada en los últimos veinte años, en los que ha venido prestando un servicio gratuito de asistencia jurídica a las víctimas de agresiones sexuales, en la gestión final de las negociaciones para la firma de un contrato suscrito entre el Colegio de Abogados de Valladolid y el Ayuntamiento de Laguna de Duero para establecer un servicio de asistencia a víctimas de violencia de género que no hayan interpuesto denuncia y agresiones sexuales y acoso laboral por razones de género. La Junta Directiva acordó en el mes de junio de 2017, por unanimidad, una nueva convocatoria de 2 becas de investigación sobre el tratamiento judicial de la violencia de género en la provincia de Valladolid —labor que se realizó anteriormente en dos ocasiones hace más de diez años y cuyo resultado fue muy esclarecedor—. Tras la correspondiente autorización de la Junta de Gobierno del Colegio, y convocatoria formal de las mismas, la Junta Directiva de la AMAV, tras analizar las solicitudes y valorar los méritos de las aspirantes, acordó su concesión a dos compañeras —que continúan realizando el estudio— para que, una vez finalizado, podamos hacer público el resultado del mismo. En el mes de junio se celebró un curso sobre agresiones sexuales, ya que el turno que veníamos realizando se ampliaba a todos los colegiados y colegiadas que, perteneciendo al turno de violencia de género, quisieran formar parte del mismo. La Agrupación tuvo una participación activa en el mismo colaborando con la comisión de formación.

La AMAV continúa su labor en defensa de las mujeres y sus derechos, siendo necesario seguir en la lucha por la igualdad de género real en todos los ámbitos En el mes de julio, la presidenta de la Agrupación asistió a la Comisión de Violencia de las Cortes de Castilla y León, como experta, para evaluar el cumplimiento y efectividad de la Ley 13/2010, contra la violencia de género en nuestra comunidad autónoma, su grado de cumplimiento, así como las carencias que presentaba la misma desde la perspectiva que la Agrupación tiene en su dilatada experiencia en la asistencia jurídica a víctimas de violencia de género y agresiones sexuales, comparecencia que resultó muy interesante, puesto que conocimos de primera mano lo que piensan nuestros representantes políticos sobre la lucha contra la lacra de la violencia machista. Como no podía ser menos, dada la presencia de dos compañeras de la Junta Directiva en la comisión del turno de oficio del Colegio de Abogados, participamos el día 12 de julio en los actos reivindicativos de la VII edición del ‘Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio’, convocado por el Colegio de Abogados de Valladolid y celebrado en la sede de los juzgados y salón de actos. Ya en el último trimestre del año 2017, concretamente el 8 de noviembre, la presidenta recogió, en representación de la AMAV y dentro de la jornada técnico-jurídica organizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por la Confederación Española de Policía del Comité Regional de Castilla y León y por la Policía Nacional, una placa en “homenaje y reconocimiento a AMAV a su gran labor en defensa de las víctimas de la violencia de género”.

Finalmente, a mediados de noviembre, se celebró el ‘Curso en materia de violencia de género’ en el que de nuevo la Agrupación tuvo una presencia activa, en colaboración con la comisión de formación, en el que participaron como ponentes doña María Teresa González Cuartero (magistrada de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid), doña María Petra Álvarez Cantalapiedra (fiscal delegada de violencia de género de la Audiencia Provincial de Valladolid), doña María Boado Olabarrieta (fiscal coordinadora de violencia de género del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León), don Emilio Vega González (magistradojuez del juzgado de violencia sobre la mujer n.º 1 de Valladolid), don Luis Ortega Francisco (fiscal de la Audiencia Provincial de Valladolid) y doña Raquel Carracedo Manzanero (jefa de la unidad de violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno). Ya en el presente ejercicio, la presidenta asistió, invitada por el alcalde de Valladolid, a la inauguración del Centro Municipal de la Igualdad de Valladolid. Con ocasión del día 8 de marzo parte de la Junta Directiva de la Agrupación estuvo presente en el acto organizado por el Ayuntamiento de Valladolid con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además, y también en torno al día 8 de marzo, tan importante este año, la Agrupación celebró en las dependencias del Colegio un ‘Café Jurídico’ sobre ‘Las cuestiones y dificultades con las que nos enfrentamos, como mujeres y abogadas’ en el que las asistentes plantearon y debatieron los problemas actuales y posibles soluciones al respecto. Durante los días 13, 14 y 15 de abril se celebró en Santiago de Compostela el XXIX Congreso Estatal de Mujeres Abogadas al que asistió un nutrido grupo de compañeras. Bajo el título ‘Mujer y nuevos retos’ se organizaron ponencias y grupos de trabajo para analizar y profundizar en temas como la custodia compartida, las madres de alquiler o maternidad subrogada y los nuevos modelos de familia. También hubo mesas redondas sobre el secuestro internacional de menores y la brecha salarial y la desigualdad.

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De los delitos y de los medios Por el Prof. Dr. Abel González García (Director del Departamento de Criminología de la Universidad a Distancia de Madrid —UDIMA— y Coordinador del Grupo de Investigación MediaCrim —Media Criminology—)

Asistimos a un bombardeo continuo de noticias sobre hechos delictivos en los medios de comunicación; si analizamos series de televisión y películas, encontraremos que tienen muchos componentes relacionados con el crimen. Toda esta información, a priori, puede influir en la imagen que tienen los ciudadanos de la realidad delictiva, incluso algunos autores indican que es la única vía de información que reciben muchas personas sobre el tema delictivo; y, lo más importante, puede ser que la opinión pública solicite una mayor punición para las conductas antisociales y/o delictivas alentada por una distorsión de la realidad en los medios de comunicación. Trataremos de ver qué relación hay entre la opinión pública y la realidad delincuencial, victimal y judicial a través de dos ejemplos actuales: el miedo al “aumento” de la delincuencia juvenil violenta y la reacción social frente a la conocida como sentencia de “la manada” En nuestro país hemos visto dos claros ejemplos de la influencia de los mass media en la opinión pública, uno de ellos referido al caso del aumento desproporcionado (según algunos medios de comunicación) de la delincuencia juvenil en Bilbao en meses pasados, y, cómo no, con la reacción social frente a la sentencia del conocido como caso de “la manada”, por cierto, apelativo estigmatizante y, en mi opinión, mal utilizado. Veamos qué ha sucedido y qué explicaciones encontramos para poder discernir un futuro cercano de la deriva a la que nos conduce la mediatización de la realidad. Como he indicado, el primer caso objeto de análisis se refiere a lo que ‘El País’ (24/01/2018) titula “La delincuencia juvenil estremece Bilbao. Las alarmas se encienden en la capital vizcaína tras la detención de menores por asesinatos, palizas y violaciones”. Aquí debemos pararnos a analizar el titular, capaz de infundir un temor desproporcionado al hablar de delincuencia juvenil como fenómeno indeterminado; cuestión que no termina de arreglarse con el pie del titular, ya que indica que las alarmas se han encendido por asesinatos (aunque realmente sean homicidios), palizas y violaciones, sin dar datos sobre el número real de hechos que generan esta alarma. Y aquí debo aclarar que la noticia se refiere a la muerte de dos ancianos de la que han sido acusados tres menores; la muerte de un exfutbolista, en la que también se ha culpado a dos menores de 13 y 16 años; la paliza recibida por dos jóvenes, en la que uno de

ellos perdió un ojo, y en la que no solo estaban implicados menores, pero sí se habla de una “banda violenta”; o la denuncia de una joven a cuatro menores por una violación en un trastero, por lo que fueron detenidos esos cuatro menores. Pero en esta noticia no termina la influencia (¿negativa?) de los medios, porque, y requiere una mención especial, también atendiendo al titular del

Ha cambiado en esos años el perfil del delincuente juvenil que llega al sistema de justicia, siendo el más habitual el joven de clase media periódico ‘El Español’ (24/01/2018) “La cárcel de lujo de los niños asesinos de Bilbao: piscina, futbolín y paga semanal”, nos habla de la intervención de la justicia juvenil en estos casos, a todas luces inadecuada, según el periodista. Todo lo expuesto hasta el momento sin entrar a valorar los programas de televisión, que merecen punto y aparte. Pues bien, ¿qué nos dicen los datos de la realidad de la delincuencia juvenil en España? A este respecto tenemos la suerte de contar con estudios serios y rigurosos del Centro de Criminología de Castilla La Mancha, a cargo de Esther Fernández y sus

colaboradores. En concreto analizaré un artículo muy interesante del año 2009 publicado en la Revista Española de Investigación Criminológica (REIC)1. Esta investigación parte de la premisa de que a nivel internacional se considera que ha aumentado la delincuencia juvenil y que se ha vuelto más violenta (como sucede en el ejemplo expuesto en las líneas superiores), pero el conocimiento de la evolución y tendencias de la delincuencia juvenil en España es muy pobre y parcial, para ello las autoras de este análisis exploran los datos oficiales y de autoinforme (‘International Self Report Delinquency I & II’) disponibles entre los años 1992 a 2006. La principal conclusión es que la tendencia de la delincuencia es estable, con pequeñas modificaciones a lo largo de los años estudiados. Además, el patrón de conducta antisocial se mantiene acorde a lo conocido hasta el momento a nivel internacional, porque la actividad delictiva se inicia en torno a los 13 o 14 años y desciende hacia el final de la adolescencia (18 años), se hace en grupo y las conductas más frecuentes son las antisociales (algunas no delictivas), como consumo de alcohol, robos (aunque más hurtos que robos) en tiendas, peleas y vandalismo. Lo que sí ha cambiado en esos años es el perfil del delincuente juvenil que llega al sistema de justicia, siendo el más habitual el joven de clase media, muy alejado del perfil marginal, pero más violento. Por último, un dato interesante apuntado por las investigadoras es que la percepción social ha cambiado y se ejerce un mayor

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control social sobre los comportamientos antisociales de los jóvenes (como caso paradigmático se expone el caso de la violencia en las escuelas). Pero también apuntan que un claro aumento es el consumo y tráfico de drogas, en el que otros datos, por ejemplo, los de la encuesta de consumo drogas por los jóvenes del observatorio estatal, indican que esa tendencia se ha mantenido estable a partir del último año de análisis de este artículo (año 2006). Con el análisis empírico en la mano (aunque sea de hace unos años), podemos concluir que la delincuencia juvenil no ha aumentado y no se ha vuelto más violenta, como parece ser que indican los medios de comunicación en el caso de Bilbao, más bien se dieron varios casos muy violentos y cercanos en el tiempo, pero extraordinarios, a los que se prestó mucha mayor atención. De esta serie de acontecimientos no hemos vuelto a saber más, más bien porque se ha establecido en la opinión pública el otro caso que vamos a analizar a continuación. Este otro ejemplo es el de la reacción social frente a la sentencia de “la (mal llamada) manada”, en la que se ha cargado contra la resolución judicial desde todos los medios de comunicación habidos y por haber, incluso contra los jueces responsables de la sentencia (la reacción en las redes sociales también es punto y aparte). Todo ello llegando hasta el extremo de que el propio ministro de Justicia (de una manera muy desafortunada, por cierto) ha descalificado personalmente a uno de los magistrados. A este respecto y para una mayor comprensión de las actitudes punitivas de los ciudadanos (y, cómo no, de los políticos), desde la investigación criminológica se pueden exponer tres estudios y análisis muy interesantes. Los dos primeros son del profesor Daniel Varona, que se ha encargado de analizar en profundidad las actitudes punitivas en nuestro país, y llega a una serie de conclusiones para tener en cuenta. Aquí es interesante analizar un primer estudio publicado en el Boletín Criminológico de la Universidad de Málaga en 20082, en el que se encuesta a un total de 813 alumnos de la Universidad de Girona y se encuentran los siguientes datos: el 67,6 % considera que la delincuencia se encuentra en aumento; además, la mayoría (57,9 %) considera que la mayor parte son delitos violentos; el 67,4 % considera que la mitad de los delincuentes son reincidentes; sobre el trato del sistema penal a los delincuentes, el 70,7 % considera que las condenas que imponen los jueces son

blandas (un 20,4 % incluso considera que muy blandas); otro dato interesante es que solo el 4,8 % de los encuestados cree que los jueces imponen penas de prisión a los violadores. En resumen, el autor concluye que “existe una extendida actitud punitiva en la población, hastiada de la flagrante contradicción entre la importancia del problema (delincuencia) y la decepcionante respuesta del sistema penal ante ella”. El segundo de los estudios de este mismo profesor, publicado en la revista ‘InDret’ en 20113, analiza las técnicas concretas a través de las que los medios de comunicación consiguen tener una incidencia directa en la evolución de la política criminal. En concreto son dos técnicas, la agenda setting (tematización de la agenda) y el framing (encuadre noticioso). Se resumen ambas en la atención excesiva a un determinado tipo de delincuencia y la narrativa simplista y emotiva, junto a la

Los medios no son capaces de transmitir a la sociedad un cuadro fiel de la realidad para que así se pueda tener una base racional construcción de una tipología determinada de delincuente y la imagen de una justicia benévola e ineficaz. Estas dos técnicas se han podido probar en la reacción social frente a la sentencia de ‘la manada’, que responde a lo que ya se había evaluado previamente en estos dos estudios. El tercero de los análisis es de las profesoras Esther Fernández y Eva Aizpurúa, publicado en el ‘Boletín Criminológico’ en el año 20164. En este trabajo se ha encuestado a un total de 1.000 personas a través de la exposición de 12 casos en los que se presentaban diferentes conductas delictivas indicando las sanciones y se preguntaba si la persona estaba o no de acuerdo con esas sanciones. Las conclusiones del análisis son clarificadoras: las autoras destacan, por ejemplo, la insatisfacción de los ciudadanos con algunas penas y que la mayoría considere que el sistema penal no actúa con la severidad que debería. En siete de los doce casos (los más graves) la mayor parte de los encuestados manifiesta su deseo de endurecer las penas, salvo dos casos (la venta de copias de discos y el espionaje de documentos privados)

que suscitan el consenso entre las penas establecidas y lo deseable. Como ejemplo de conductas que motivan una mayor punición encontramos la exhibición de material pornográfico a menores —de 6 a 12 meses de prisión— (insuficiente para el 87,6 %), la sustitución de recién nacidos —de 1 a 5 años de prisión— (insuficiente para el 81,1 %), la conducción bajo los efectos de drogas —de 3 a 6 meses de prisión— (insuficiente para el 76,2 %), y la violación —de 6 a 12 años de prisión— (insuficiente para el 73,3 %). Aquí, como en el caso de los estudios anteriores, se ha podido comprobar que la reacción social frente a la sentencia indicada anteriormente también responde a unos deseos de mayor punición. En conclusión, no se cumple que los medios sean el espejo de la realidad, por lo menos en lo analizado hasta aquí, y además, no son capaces de transmitir a la sociedad un cuadro fiel de la realidad para que así se pueda tener una base racional, tanto para los sentimientos, como para los comportamientos de un imaginario del sistema político, y que este se transfiera al propio sistema (en palabras de Carlos Hugel, ya en 1998 analizando esta cuestión en Argentina). En definitiva, nos queda mucho por trasvasar desde la criminología y desde el derecho para hacer una auténtica pedagogía social, en la que los medios se impliquen, ya que, de lo contrario, continuaremos con una deriva securitaria, alarmista y punitiva de prevención de la delincuencia. Y sabemos, por múltiples estudios, que esto no funciona en prevención y no es el camino para poder tener una mejor convivencia. En cuanto al futuro, no nos queda más remedio que ser pesimistas, parece ser que la opinión de expertos, o los datos que se puedan aportar desde la investigación criminológica, no será tenido en cuenta, como ya sucede, y se preferirá la salida fácil de los problemas a través de la revisión del Código Penal y la modificación de este en un bucle sin fin. Para cambiar esta tendencia, la labor de los abogados puede ser fundamental, tanto en sus intervenciones en los medios, como en su participación en la justicia. Ánimo. Y como corolario a lo expuesto, os animo a conocer la situación a la que se enfrentan exdelincuentes sexuales en Miami confinados en ‘campamentos’ —o, más bien guetos— y que pensemos en si esta es la manera más acertada de prevenir la delincuencia sexual y hacia qué tipo de sociedad vamos lanzados… Yo tengo una idea clara al respecto.

(1) Fernández Molina, E.; Bartolomé Gutiérrez, R.; Rechea Alberola, C. y Megías Boró, A. (2009). “Evolución y tendencias de la delincuencia juvenil en España”, Revista Española de Investigación Criminológica, 8, 7. (2) Varona Gómez, D. (2008). “Opinión pública y justicia penal: resultado de un estudio piloto (I)”. Boletín Criminológico, 103. (3) Varona Gómez, D. (2011). “Medios de comunicación y punitivismo”. Indret, Revista para el análisis del Derecho, 1. (4) Aizpurúa González, E. y Fernández Molina, E. (2016). “Opinión pública hacia el castigo de los delincuentes: la importancia del delito cometido”. Boletín Criminológico, 161.

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E N T R E V I S TA

Soledad Martín Nájera FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALLADOLID

“Nos acercamos al momento en el que ya no será noticia el género de quien se incorpora al cargo” La máxima responsable de la acusación pública en Valladolid es la segunda mujer en la historia de la justicia vallisoletana al frente del Ministerio Fiscal Por Piluca Burgos, periodista Soledad Martín Nájera se ha convertido en la segunda mujer en la historia de la justicia vallisoletana que se sitúa al frente del Ministerio Fiscal. Con naturalidad asegura que el acceso a cargos de responsabilidad por parte de las mujeres es “un elemento positivo” que terminaremos por afrontar “con normalidad”. “Nos acercamos al momento en el que ya no será noticia el género de quien se incorpora al cargo”, auguró. En un despacho repleto de flores por su reciente toma de posesión el pasado viernes 1 de junio, la máxima responsable de la acusación pública en Valladolid llega a su nuevo puesto tras una trayectoria profesional de casi tres décadas en las que ha estado destinada en las fiscalías de Bilbao, Burgos y Valladolid, así como en la Fiscalía General del Estado. Tras ser coordinadora en la Sección Civil, Martín Nájera ejerció como delegada de Violencia sobre la Mujer y, posteriormente, de Criminalidad Informática. La sustituta de Esther Pérez Jerez, incorporada a primeros de año a la Inspección de la Fiscalía General del Estado, se impuso finalmente en la votación celebrada por el máximo órgano de representación de los fiscales, donde obtuvo seis apoyos, desbancando así a sus otros tres contrincantes: el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor; el fiscal jefe de Zamora, Rafael de Vega, y la fiscal de la Audiencia vallisoletana, Ana Valle.

Pregunta.— ¿Qué objetivos se ha marcado al frente de la Fiscalía de Valladolid? Respuesta.— En el ámbito organizativo, poner en marcha la Oficina Fiscal de forma razonable y equilibrada. Sobre todo este primer año, salir al paso de los problemas que vamos a tener, porque se van a suceder juicios muy largos y vamos a vernos obligados a cubrir a esos fiscales en otros temas que llevan. Eso sí, mantendremos lo que se ha hecho hasta ahora en la Fiscalía de Valladolid y afrontaremos las nuevas cuestiones, fundamentalmente la posibilidad de asumir la instrucción que, a lo mejor algún día, hasta nos llega… También me gustaría organizar el servicio de otra manera ante la proliferación de delitos en internet. P.— ¿La plantilla de fiscales en Valladolid es suficiente? R.— Somos 24 fiscales y la plantilla está bastante ajustada a las necesidades. P.— ¿Y la ratio de funcionarios? R.— Es menor. Ahora mismo se está instaurando la nueva oficina fiscal con la reacomodación de los distintos funcionarios de Fiscalía, los gestores… Todavía no sabemos cuál será el resultado. P.— ¿Qué inversión en Justicia demandaría? R.— En Valladolid tenemos un problema general que es el enquistamiento de los

edificios de la Ciudad de la Justicia. Se han sucedido los planes, son muchas las administraciones a las que hay que poner de acuerdo y la inversión que se demanda es importante. Por eso no la ha habido. P.— Y, ¿la digitalización de la Justicia cómo se vive desde la Fiscalía? R.— Si realmente quieren digitalizar la Justicia tienen que partir de la base de que no es posible digitalizarlo todo, porque los documentos son documentos y hay que verlos. Si a mí me plantean una falsificación documental, aunque tenga una pericial, quiero ver el documento. Y, por otro lado, no es lo mismo la intervención de un abogado en el proceso penal que la de un fiscal; un fiscal interviene en todo y un letrado en sus procedimientos. Siempre hemos entendido que era necesario un sistema integrado y no se ha hecho. Trabajamos con muchos programas al mismo tiempo: el visor, el portafirmas, Fortuny… Más Word, que yo siempre utilizo para archivar todos mis informes por si en algún momento hay problemas. P.— ¿La digitalización, entonces, no agiliza los procedimientos? R.— Sí, en el caso de los que no son muy voluminosos o no tienen excesiva complejidad, el hecho de acceder directamente al

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La nueva fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín Nájera, trabajando en su despacho de la Audiencia Provincial.

procedimiento desde Fiscalía a través del visor y hacer la calificación, está bien. No todo son críticas, también hay elementos positivos, pero para que la digitalización sea real, los planteamientos deben ser distintos. P.— Pero por el momento no funciona… R.— Efectivamente, no funciona. Primeramente hay un error de concepto y, después, un problema de ejecución. P.— ¿Las instrucciones de la Fiscalía General del Estado que señalan determinadas líneas rojas son distintas en cada provincia? R.— Aunque todas las fiscalías se ajustan a la doctrina de la Fiscalía General del Estado, dentro de los criterios que marca y de los límites de la pena, sí que es posible fijar parámetros propios cada fiscalía. Por ejemplo, nosotros tenemos unos criterios para solicitar penas en los juicios rápidos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, primero por una razón de igualdad y, segundo, para que los abogados sepan qué criterios va a aplicar el fiscal. P.— Entonces, ¿los criterios se acotan en las distintas fiscalías provinciales o son iguales en todas? R.— En todo caso siempre están dentro del margen de la ley. Desconozco qué criterios aplican otras provincias, lo ignoro, pero lo que sí que sé es que todos los fiscales de Valladolid aplican los mismos y, por lo

tanto, los letrados de aquí los conocen sobradamente. P.— ¿Aquí también se publican esos criterios o se transmiten por el uso? R.— Se transmiten por el uso, nosotros no llegamos a tanto como los del Tribunal Supremo, que sí los notifica. Son criterios de actuación dentro de la propia Fiscalía en función del principio de igualdad. Un principio que tampoco se entiende en términos absolutos, porque si hay casos en los que no se debe aplicar, no se aplica, pero se motiva. No puede haber discriminación entre los ciudadanos. P.— ¿Podemos decir que la Justicia en España es independiente? R.— Como principio abstracto está recogido en la Constitución y en las normas. Yo no veo que no lo sea. P.— ¿Cómo va a afrontar el tema de la corrupción esta Fiscalía? R.— Exactamente igual que se afronta cualquier procedimiento penal, igual. P.— Estamos en un punto en el que parece que la sociedad demanda ver al corrupto en la cárcel… R.— Nosotros vamos a aplicar estrictamente la ley. Vamos a acusar y sostener cuando se crea que hay que acusar y sostener esa acusación; si no lo creemos, pues no se hace. Es decir, exactamente igual que con cualquier otro procedimiento penal.

P.— Después del caso de la niña Sara, ¿la Fiscalía tiene intención de revisar los protocolos? ¿Fallaron? R.— Se han estado examinando ya. En el caso de la niña Sara no ha habido un error del sistema en general, aunque yo en ese momento no llevaba ni la Fiscalía ni temas de protección. Sé que se cuestionó el protocolo y soy consciente de que la Fiscalía de Menores ha estado muy pendiente de este tema. No creo que haya habido grandes errores, sino que simplemente no se llegó a tiempo cuando había indicios, si bien estos eran inespecíficos y no reflejaban la situación de riesgo que después se comprobó. Los protocolos son correctos, pero hay que hacerlos funcionar. P.— En cuanto a la relación de la Fiscalía con los abogados, ¿qué mejoraría ahora que está al frente? R.— Creo que es muy buena. Siempre ha existido una colaboración mutua en distintas cuestiones como en el protocolo de conformidades, cuando piden que la Fiscalía colabore en cursos y jornadas, intentamos colaborar siempre que podemos. Hay un respeto mutuo importante. La Fiscalía siempre ha tenido las puertas abiertas al Colegio de Abogados y a los letrados de Valladolid, y va a seguir teniéndolas. Es verdad que, a veces, tienes algún roce con algún abogado, pero institucionalmente la relación es muy buena. P.— Si el día tuviera dos horas más, ¿a qué las dedicaría? R.— A la familia, al campo y a mi perra.

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Soledad Martín Nájera en la Audiencia de Valladolid, donde se encuentra la Fiscalía Provincial.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

“A medida que la mujer va teniendo más apoyo y más independencia, la agresividad en el momento de la ruptura es mayor” Para Soledad Martín Nájera la educación se convierte en la mejor herramienta para afrontar la violencia que sufren las mujeres. Una violencia que “no ha aumentado” con el tiempo, sino que “se ha hecho más visible” y que adquiere “un nivel de agresividad más alto” a medida que las mujeres logran “mayor independencia”. La criminalidad informática será otra de las asignaturas prioritarias para la fiscal jefe de Valladolid, que anima a denunciar a quienes la sufren porque advierte de que “cada día existen más medios” para combatir este tipo de delitos. Pregunta.— Como exdelegada de Violencia contra la Mujer, ¿qué opina de que estén aumentando las denuncias de mujeres que sufren violencia a manos de sus parejas? Respuesta.— Es un problema que ahora se visibiliza mucho más. Se ha conseguido que los medios no solo acusen y que traten esta información de otra manera. Como he vivido con el problema de la violencia de género tantos años, no considero que ahora sea más acusado de lo que era hace nueve años. P.— ¿El tipo de violencia ha variado? R.— A medida que la mujer va teniendo más apoyo y más independencia, la agresividad en el momento de la ruptura es mayor. Antes, la mujer no tomaba la decisión, por lo que la violencia se mantenía en un nivel más bajo y no se conocía.

P.— ¿Cómo deberíamos afrontar esta lacra? R.— Desde la educación, porque no es posible que se esté reproduciendo en menores el mismo tipo de situaciones. Jóvenes que adquieren esquemas de control hacia su pareja como vigilarles el móvil… y, sin embargo, las chicas no son conscientes de lo que eso supone, seguimos apelando al amor romántico o al “ya cambiará cuando vea que yo no miro a otros chicos”. P.— ¿Es duro ver estos comportamientos a diario? R.— Soy una gran convencida de que debemos estar ahí para responder a estas situaciones. Yo llegué a la Violencia de Género desde lo Civil. Cuando intervenía en procesos matrimoniales, lo más terrible era decirle a una mujer que con lo que nos estaba contando no podíamos protegerla. Afortunadamente la ley, con el tiempo, nos ha dado instrumentos para protegerlas. P.— ¡Qué impotencia! R.— Es mucho peor decirles que no podemos hacer nada que ver la dura realidad de la violencia de género. Ahora tenemos herramientas para ayudarlas. Esto es una carrera de fondo. P.— ¿También se acusa a las mujeres de utilizar la violencia de género y mentir en procesos de divorcio? R.— De hecho, cuando lo hay, la fiscalía pide que se deduzca testimonio y que se inicien

procedimientos penales contra ellas por denuncia falsa. Otra cosa es que se diga que se miente porque dos personas vivencien de una forma diferente una misma situación. P.— ¿Con qué porcentaje ocurre que se condene a mujeres por falso testimonio? R.— El porcentaje que recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado que envían las distintas fiscalías es verdaderamente pequeño, no lo recuerdo con exactitud, pero menos de un 0,1 %. P.—También ha sido delegada de Criminalidad Informática… R.— Es una materia que siempre me ha gustado mucho. Una realidad que, actualmente, se vive a diario. P.— ¿Cuáles son los delitos más comunes? R.— Las estafas a través de internet es lo más común; publican la venta de artículos que luego no existen o que son defectuosos. No son los más relevantes, pero numéricamente son los más cuantiosos. P.— ¿Es difícil encontrar a los delincuentes que se esconden detrás de la red? R.— Depende. Normalmente, en estos casos de anuncios de ventas falsas suelen ser cantidades que no son muy importantes, pero se les encuentra porque los ingresos se hacen en una cuenta que el juzgado que investiga puede localizar. Merece la pena denunciar, porque cada vez se ponen más medios.

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Comisiones C o m is ió n p a ra la d e fe n s a d e la a b o g a c ía

LA DEFENSA DE LA ABOGACÍA DESDE EL COMPAÑERISMO

Se puede caer en la tentación de entender que la denominación de “Comisión para la defensa de la abogacía” no es más que el resultado de elevar a la categoría institucional un desaconsejable corporativismo de la profesión. Nada más lejos de la realidad. Aunque es cierto que esta Comisión se constituyó también para la defensa de la profesión frente a cualquier ataque o injerencia exterior, no es esa, sin embargo, la única ni la fundamental finalidad de aquella, ni supone ello tampoco la defensa ciega e indiscriminada del profesional cuando este ha faltado a los principio rectores que sustentan la actuación del abogado. Los cimientos sobre los que debe construirse una eficaz defensa de la profesión se encuentran precisamente en las relaciones entre los propios profesionales, de tal manera que el principal activo en el que se ha de invertir para lograr una mejora de la abogacía

JORNADA DE DERECHO PENITENCIARIO Este año la Jornada de Derecho Penitenciario se celebró el día 15 de marzo de 2018, con el protagonismo de dos ponentes que nos expusieron, desde una visión práctica, los temas de “La acumulación de penas en fase de ejecución” y “La ejecución de la pena desde una perspectiva práctica”. Para ello tuvimos el placer de escuchar a D. Rafael Martínez Fernández en su calidad de jurista del Centro Penitenciario de Mansilla de Las Mulas y D. Miguel Donis Cariacedo, magistrado

son los propios abogados y la interrelación entre estos. El respeto, la lealtad y el compañerismo son cualidades básicas que deben regir las relaciones entre abogados, tal y como de forma expresa se recoge incluso en el Estatuto General de la Abogacía, en el Código Deontológico y en el Estatuto del ICAVA, textos todos ellos que conforman la guía primordial de actuación en la profesión. Y ello resulta necesario en el ámbito de la actividad, pero también aconsejable en la gestión de los vínculos personales. Con ello, no solo contribuiremos al crecimiento reputacional de la profesión, tan necesario hoy en día en cualquier ámbito, sino que además ayudaremos a mejorar los resultados de nuestros clientes y a obtener una mayor eficacia ante los tribunales, todo lo cual redunda, sin duda, en el logro de una mejor administración de justicia.

S e c c ió n de p e n it e n c ia ri o de la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 2ª, a los que agradecemos su entrega y buen hacer en la celebración de la jornada. Con el trabajo que realizaron los ponentes el día de la celebración de la jornada pudimos reciclarnos en materias prácticas como el cálculo del triple de la mayor o en conocer más profundamente la labor diaria que efectúan los magistrados que resuelven nuestros procedimientos judiciales.

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AUTOLIQUIDACIÓN DE HONORARIOS AL CLIENTE El Código Deontológico de la Abogacía Española prohíbe la autoliquidación de honorarios al cliente, produciéndose en ocasiones situaciones comprometidas que pueden evitarse con la suscripción de la correspondiente hoja de encargo, en la cual esté autorizada la detracción de los honorarios. Salvo disposición legal, mandato judicial o consentimiento expreso del cliente o del tercero por cuenta de quien se haga, está prohibido cualquier pago efectuado con dichos fondos. Esta prohibición comprende incluso la detracción por el abogado de sus propios honorarios, salvo autorización para hacerlo recogida en la hoja de encargo o escrito posterior del cliente y, naturalmente, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan solicitarse y obtenerse de los tribunales de justicia. La infracción se consideraría grave, sancionada con la suspensión del ejercicio de la

C o m is ió n d e m e d ia c ió n

C o m is ió n d e o n to ló g ic a abogacía durante un periodo de hasta tres meses. Estas situaciones pueden complicarse si el letrado se ve inmerso en un procedimiento judicial penal por presuntos delitos que pueda acabar con condena por el delito especial de deslealtad profesional o el genérico de apropiación indebida, o condena por delito de deslealtad profesional en concurso con el de apropiación indebida, al considerarse antijurídico el hecho de que el abogado haga suyas las cantidades recibidas sin entregarlas al cliente. Es claro que nos encontramos ante la interdicción de la autotutela, no estando permitido el “autopago”. En el caso de condena por comisión de delito doloso, como consecuencia del ejercicio de la profesional, la infracción sería muy grave y daría lugar a sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo entre tres meses y dos años.

FORMACIÓN CONTINUA Y ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL FAMILIAR En el último semestre y con el apoyo del Centro de Mediación de nuestro Colegio (CEMICAVA) y de la Agrupación de Abogados Mediadores, en nuestra labor por fomentar la formación en mediación, se realizaron dos cursos abiertos a todos aquellos interesados en acercarse a la mediación. El primero, sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles, impartido por Alejandra Ramírez Cuenca, mediadora y consultora, contó con la participación de un buen número de compañeras y compañeros cumpliendo así con nuestras expectativas y las de los participantes. En marzo, contamos con la presencia de nuestra compañera Laura Arranz Lago, mediadora, abogada y coach, quien a lo largo de dos jornadas nos mostró una serie de herramientas útiles tanto para la mediación, como para nuestro ejercicio profesional como abogadas y abogados y, por qué no,

también aplicables a nuestra vida personal. En esta ocasión contamos con la participación de compañeras y compañeros no mediadores, quienes, desde otra perspectiva, contribuyeron al buen aprovechamiento de las jornadas. Por otra parte, queremos agradecer a las compañeras y compañeros que dedicaron parte de su tiempo a cumplimentar la encuesta enviada desde el Colegio con ocasión de la celebración del Día Europeo de la Mediación y diversas noticias aparecidas en los medios de comunicación, en relación con el servicio de mediación intrajudicial familiar que se viene desarrollando en los juzgados de familia. Las conclusiones extraídas nos están sirviendo para la implementación de ajustes en el servicio que redunden en una mayor calidad y satisfacción de los profesionales y de los usuarios.

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C o m is ió n T IC

LA COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL ICAVA BUSCA SU SITIO EN SU SEGUNDO AÑO DE VIDA COLEGIAL La comisión quiere consolidarse como una herramienta de ayuda actualizada para la abogacía vallisoletana en todo lo referente a nuevas tecnologías. Afrontamos la despedida de varios impulsores originales. En especial aquellos que venían marcando el ritmo desde antes incluso de que existiera la comisión con la nueva web del Colegio: Guillermo Castro, Juan Busto y en especial Javier Álvarez. Vaya nuestro agradecimiento. Con Javier Fresno como nuevo enlace con la Junta de Gobierno ya se están dando pasos para afrontar a la vuelta del verano nuevos proyectos. Se han impartido diversas acciones formativas: Ciberseguridad en el despacho y LinkedIn para abogados, cerrando así esta primera aproximación del mundo de las redes sociales desde nuestra perspectiva.

Hemos tenido el honor de inaugurar y acoger un evento del CGAE: “Diálogos Abogacía”, con presencia de la presidenta del Consejo, en el que se inició el debate sobre qué deparará el futuro a nuestra profesión, y del que salieron grandes ideas de cara al próximo congreso a organizar en nuestra ciudad. La comisión acudió a las ‘III Jornadas sobre nuevas tecnologías en el gobierno y gestión de los Colegios de Abogados’, celebrado en Gijón los pasados 22 y 23 de marzo, donde, además, el compañero Javier Álvarez analizó en su ponencia las obligaciones que va a imponer a los Colegios el RGPD. En el blog y en nuestra cuenta @COMISIONTIC seguimos acercando novedades: tramitación de accidentes de tráfico; apoderamiento on-line; incidencias lexnet; protección de datos, etc.. Siempre abiertos a cualquier sugerencia, estamos aquí para ayudaros.

JORNADA DE DERECHO DE EXTRANJERÍA El día 14 de marzo de 2018 se celebró la Jornada de Extranjería, teniendo como ponente a Dª Aurelia Álvarez Rodríguez, catedrática acreditada de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, conocida por todos por la creación y actualización, prácticamente a diario, del portal www.migrarconderechos.es, herramienta imprescindible para el ejercicio de la defensa de las personas extranjeras. Su ponencia titulada “Expulsión de comunitarios y de los residentes de larga duración”

S e c c ió n d e e x tr a n je rí a

nos despejó muchas dudas en esta materia. El segundo ponente fue nuestro admirado y querido compañero Ramón Sanz de la Cal, que nos trasladó la jurisprudencia reciente de los artículo 53.1.a) y 57.2 de la LOEX, de manera ágil a pesar de la complejidad de la materia. La finalidad de este curso es la formación continua de los colegiados que trabajamos la materia de extranjería y este año el objetivo se cumplió con el buen hacer de los dos ponentes.

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CONSTANTE LABOR DE RENOVACIÓN PARA MANTENER ACTUALIZADOS LOS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA Irremediablemente el tiempo también pasa por los libros, y el que ayer veíamos como flamante ejemplar, hoy es un libro obsoleto. Todos los que formamos parte de esta Comisión estamos realizando una constante labor de actualización de ejemplares y, siguiendo el modelo de actuación de la Junta de Gobierno en relación con el destino de los equipos informáticos retirados por su antigüedad, algo semejante proponemos desde la Comisión de Biblioteca: los ejemplares retirados se pondrán a disposición de los colegiados que muestren interés por los mismos de forma gratuita. Para ello se enviará por correo electrónico un listado indicando tomos, colecciones, libros, etc. y, en función de la demanda, se planteará un sistema de reparto similar al de los equipos (todo ello se comunicará en su momento).

O b s e rv a to ri o Legal

C o m is ió n d e la B ib li o te c a

En el artículo anterior nos centramos en manifestar las herramientas que desde la biblioteca ofrecemos a través de la web, sin duda medio que va integrando el formato de la lectura en papel. Sin embargo, junto a los formatos y soportes digitalizados, la biblioteca debe procurar a los usuarios, en formato papel, ejemplares de todas las materias troncales para el derecho a los que podamos recurrir en nuestras instalaciones. Hay que asumir la implantación de la era digital, pero puesto que la mayoría no somos nativos digitales, sino más bien habituados a la experiencia física de los libros en papel, queremos mantenerla y, a ser posible, mejorarla. No siempre se da prioridad a las pantallas electrónicas, por lo que nos proponemos que, tanto en consulta como en préstamo, se puedan manejar códigos actualizados, comentados y con jurisprudencia reciente.

LA COMISIÓN QUE NO ES COMISIÓN El Observatorio Legal del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid tiene como objeto inmediato la permanente actualización y puesta en conocimiento a los colegiados de las novedades tanto jurisprudenciales como legislativas, incluyendo entre dichas novedades los acuerdos no jurisdiccionales, con especial referencia, por imprescindibles, a los adoptados por la Audiencia Provincial de Valladolid. A lo largo de este año judicial, el Observatorio Legal ha organizado dos jornadas: en primer lugar, unas ‘Jornadas prácticas sobre

adaptación al reglamento de protección de datos’, que tuvo lugar en el salón de actos del Colegio los pasados días 24 y 25 de enero de 2018; y otra sobre ‘La prisión permanente revisable’, esta bajo el formato de mesa redonda. Desde el Observatorio Legal nos gustaría poder contar con la ayuda de todos los colegiados, facilitándonos todas aquellas resoluciones judiciales que consideréis de interés para el ejercicio de nuestra profesión, esperando, asimismo, que el servicio que os prestamos pueda ser de utilidad a todos vosotros.

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EL LARGO CAMINO HACIA LA DIGNIFICACIÓN DEL TURNO DE OFICIO Recientemente hemos podido leer una nota de prensa a través de la cual el ministro de Justicia anunciaba que se actualizarán los baremos, vigentes desde hace más de 15 años, que se aplican para el pago de las prestaciones realizadas por los abogados en turno de oficio a los ciudadanos beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita. Ello será posible, en último término, gracias al notable incremento del presupuesto del Ministerio para el pago de la asistencia jurídica gratuita, que superará este año 2018 los 48,7 millones de euros, esto es, un 32,6 % más respecto al presupuesto aprobado en 2017. Sin embargo, el germen de este anhelado avance reside en el enorme esfuerzo, trabajo y dedicación que desde hace muchos años se viene efectuando por parte de la abogacía institucional. Trabajo y esfuerzo que fueron intensificándose progresivamente, resultando la mayor de las veces silencioso, conocido por muy pocos, y siempre desarrollado bajo el elemental principio básico de respeto al derecho de defensa.

C o m is ió n d e l T u rn o d e O fi c io

En concreto y en nuestro ámbito provincial, cobra especial relevancia la extraordinaria labor llevada a cabo por parte de todos y cada uno de los integrantes de la Comisión del Turno de Oficio del ICAVA desde el mismo momento de su constitución, refrendada y apoyada en todo momento por parte de los diferentes decanos y juntas de gobierno, y gestionada eficazmente por el personal de la corporación. El trabajo está, por tanto, hecho, y ya solo queda esperar los números resultantes, que estamos convencidos de que serán lo suficientemente relevantes como para poder reflejar la dignificación de un trabajo desarrollado con gran profesionalidad y de vital importancia en un estado de derecho. En cualquier caso, sea cual sea el resultado, seguiremos trabajando siempre para mejorar las condiciones de prestación del servicio.

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Vista de la sede del Tribunal Constitucional en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. / Reportaje gráfico: Tania García.

UN DÍA EN...

El Tribunal

Constitucional La primera vez que se planteó un control de constitucionalidad de las leyes fue en la I República española, pero el actual Tribunal no nació hasta la Constitución de 1978 Fue en la I República española (1873) cuando se discutió un proyecto de Constitución federal que preveía, por primera vez, un control de constitucionalidad de las leyes, de forma previa, por el Senado, y de forma sucesiva, por el Tribunal Supremo, pero no llegó a ver la luz. Este proyecto preveía la creación de un Tribunal Supremo al estilo americano, que no sólo dirimiría los conflictos entre la Federación y los Estados, sino que también tenía facultad para suspender los efectos de las leyes contrarias a la Constitución.

En los últimos días de la Dictadura de Primo de Rivera (1929) se preparó un anteproyecto de Constitución que recogía un “recurso de inconstitucionalidad de las leyes”, atribuido al Consejo del Reino, pero tampoco llegó a aprobarse. Sin embargo, tras la caída de este régimen, en la II República (1931), se presentó otro anteproyecto de Constitución en el que se incluía un control concentrado de las leyes atribuido a un “Tribunal de Justicia Constitucional”, bien a instancia de los órganos

judiciales, bien mediante la impugnación directa por los sujetos habilitados. Tribunal de Garantías Constitucionales Este Tribunal, aparte del control de validez de las leyes, asumía la protección de los derechos fundamentales (juicio de amparo), los conflictos entre el Estado y las regiones autónomas, la responsabilidad criminal de los altos cargos del Estado y la validez de las actas de diputados y senadores. El posterior proyecto de Constitución de 1931, sin

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Servicio al Estado. El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, recibió en el salón de actos del tribunal a la Comisión de la Revista y a miembros de la Junta Directiva del ICAVA.

González Rivas, que dedicó unos minutos a charlar con los abogados vallisoletanos, asumió que el Constitucional vive “tiempos difíciles”, lo que provoca que “sirva al Estado con mayor entrega”.

Galería fotográfica de magistrados del Tribunal Constitucional.

embargo, denominaría a este órgano Tribunal de Garantías Constitucionales, quitándole la competencia para controlar la validez de las actas de diputados y senadores, y convirtiéndolo en un simple órgano consultivo —no vinculante— acerca de la constitucionalidad de las leyes. Sería la Constitución de 9 de diciembre de 1931 la que creó el Tribunal de Garantías Constitucionales y le atribuyó, siguiendo el modelo austriaco, el control de la constitucionalidad de las leyes a través del recurso de inconstitucionalidad que podían interponer incluso los ciudadanos en una suerte de acción popular en defensa de la Constitución, y de la consulta sobre constitucionalidad de las leyes por los Tribunales de Justicia, el recurso de amparo en materia de garantías individuales, la resolución de conflictos entre la República y las regiones autónomas, el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes eligen al presidente de la República,

así como el control de la responsabilidad criminal del jefe del Estado, del presidente del Consejo y de los ministros, del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo, y del fiscal de la República. El tribunal de Barcelona Su funcionamiento fue breve, pues con el alzamiento de julio de 1936 sus miembros dimitieron el día 20 de agosto, aceptándose por el Gobierno algunas dimisiones. A partir de ahí funcionó interinamente hasta que en 1939 fue trasladado a Barcelona donde concluyó sus días. Ha sido el Título IX de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978 el que ha creado un Tribunal Constitucional, cuya puesta en funcionamiento se hizo por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y que funciona como el garante último tanto de los derechos fundamentales y libertades públicas como de la supremacía de la Constitución.

La sede del Tribunal Tras los primeros nombramientos de magistrados, los miembros del Tribunal Constitucional, constituidos en Colegio de Magistrados, iniciaron los trabajos preparatorios para la puesta en funcionamiento del Tribunal, celebrando sus reuniones en el Centro de Estudios Constitucionales (Plaza de la Marina Española, número. 9), hasta reubicarse, provisionalmente, en el Paseo de la Habana, números 140-142. El 16 de septiembre de 1981, el Tribunal trasladó su sede al edificio que actualmente ocupa, en la calle Domenico Scarlatti, número 6, de la capital madrileña. El edificio, construido originariamente para otros fines, es obra de los arquitectos Antonio Bonet y Francisco G. Valdés.

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El colegiado

opina

Nuevamente agradeceros vuestra colaboración, pues ella es la protagonista de esta sección En este número, la primera cuestión que os trasladábamos vino motivada por el aluvión de reacciones que todos hemos podido observar tras la reciente sentencia de “La manada”. En concreto, se planteó la siguiente pregunta:

A raíz de la sentencia de “La manada”, y con independencia de su fallo, ¿crees que el revuelo social que ha provocado marcará un antes y un después en la relación de la ciudadanía con la Justicia? Por las respuestas recibidas, se estima que la inmensa mayoría de los participantes no consideráis que dicha resolución vaya a ser el detonante de ningún cambio, eso sí, con muchos matices. Y es que algunos solo lo veis como algo pasajero que, tras un tiempo en el que todo el mundo opina de ello, se va a quedar en el olvido: “No creo que cambie la opinión que tenga la gente formada respecto a la justicia. Como siempre, una vez que pase el aluvión de noticias para influir en la opinión pública, se olvidará del asunto; con independencia de que cualquiera que se haya leído los 375 folios tendrá su propia opinión formada”. “No creo que pese al revuelo existente haya novedades, ahora todo el mundo tiene muy mala memoria y los jueces van cada uno a su aire”.

“No lo creo, una vez se enfríe la noticia, las relaciones serán las mismas, como ocurre con sentencias de excarcelaciones de etarras o violadores en serie que han sido puestos en libertad. Lo que debería provocar un antes y un después es la lamentable actitud de los políticos con respecto al poder judicial”. “Creo que en cuanto los medios de comunicación dejen de ponerlo como primera noticia del día, la sociedad dejará de prestarle atención y se olvidará. Ya ha pasado en otras ocasiones, y es que en realidad la sociedad es marioneta de intereses que no logramos ver. Nos manipulan desde los medios de comunicación y ponemos inicialmente mucha pasión con firmas desde las redes sociales para cambiar la ley o en manifestaciones, pero luego todo se queda en humo… Eso sí, la mayor parte de los que han participado no han leído la sentencia al completo”. “Considero que no hay un antes y un después de la sentencia. Aunque los medios han influido mucho, por fin la ciudadanía ha reaccionado ante una injusticia, pero poco más. Lo importante es una buena formación a la judicatura y a la ciudadanía. Es necesario prevención para evitar esos comportamientos y esa mentalidad”. Ha habido alguna respuesta que ha estimado que la movilización de la ciudadanía, en este caso, sí que ha podido provocar un punto de inflexión, pero para promover una modificación legislativa: “La reacción de la sociedad en relación con la sentencia marca un antes y un después sobre los delitos de agresión sexual,

exigiendo del legislador una modificación de su tipificación más concreta y punitiva. Pero considero (y espero) que la ciudadanía, una vez pasada esa explosión social, resultará consciente de que la labor de los jueces, aunque se equivoquen en ocasiones —qué nos van a decir a nosotros—, consiste en la interpretación de la ley, cuyo cambio es lo que realmente se pide”. “Es evidente que solo los jueces que han conocido el asunto tienen todas las evidencias del caso. Pero sí, creo que este hecho puede marcar un antes y un después, que ha provocado un evidente debate social, desembocando en la petición al legislador de la modificación del tipo penal. Aun así conviene apartarnos de opiniones apresuradas y sobretodo demagógicas”. Finalmente algún participante nos dejó las siguientes reflexiones: “Ha sido exagerada la reacción de la ciudadanía tras esta sentencia. Es verdad que en el fallo puedes no estar muy de acuerdo, y es verdad que la sociedad ha podido verse desamparada ante una resolución que ha considerado injusta. Pero realmente ¿está formada la sociedad?, es decir, saben qué principios rigen nuestro sistema penal, y que los jueces han tenido que aplicar la ley existente y esos principios. Saben que la sentencia no es firme y hay todo un procedimiento judicial por delante para impugnar esa resolución que se puede revocar... Me pregunto si era necesario atacar al sistema judicial como se ha hecho. Creo que a fin de evitar futuras reacciones sociales como las vividas, se debería explicar mejor a la ciudadanía nuestro sistema penal”.

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“Lo que debe provocar un antes y un después es la lamentable actitud de los políticos respecto del poder judicial”

En la misma línea, otra compañera nos exponía que “esa reacción social desmesurada” nos comprometía a plantearnos cuestiones como “si verdaderamente no se debería hacer un ejercicio pedagógico de las sentencias, es decir, explicar el fallo y las motivaciones de ese fallo con un lenguaje llano”; y, asimismo “hacer hincapié en la necesaria separación de poderes, eje de toda democracia”. Y es que ante esta situación —continuaba— “se debía tener preparada una reacción mesurada y jurídica ante el populismo y demagogia fácil”. Con el Congreso Nacional de la Abogacía en nuestra ciudad el próximo año, hemos querido plantearos una pregunta que pudiera ser útil a los organizadores.

¿Qué ideas y actividades propondrías para acoger y entretener a los compañeros de otras provincias que acudan a Valladolid al próximo Congreso Nacional de la Abogacía? Han sido muchas y muy variadas las propuestas recibidas. Ahora bien, de alguna u otra manera, hay un denominador común en todas ellas, y es que sabemos que nuestros apreciados caldos, una de las perlas de nuestra provincia, no pueden faltar: “Se me ocurren muchas ideas para hacer dentro de la ciudad, pero principalmente

“Nuestro patrimonio es muy importante y se podría intentar que nos organizaran una visita teatralizada, como la Ruta del Hereje, pues aúna patrimonio artístico con el cultural”

yo propondría cerrar el Congreso con una visita guiada a un par de bodegas de la Ribera del Duero, con catas y comida típica de la zona incluida”. “Propondría un curso de catas de vino de la zona y una excursión a Peñafiel o Urueña”. “Si yo fuera a otra ciudad, a un congreso de este tipo, me gustaría que dieran la oportunidad de hacer actividades de tarde-noche, una vez concluidas las ponencias. Me refiero a poder salir por grupos a cenar y tomar algo por Valladolid. Algo no excesivamente formal”. También el extraordinario patrimonio, tanto cultural como arquitectónico, que tiene esta ciudad, ha estado presente en las respuestas. Las visitas a sus museos y al casco antiguo son ideas que también nos habéis transmitido. Os resumimos algunas: “Siendo Valladolid ciudad de cultura, es indispensable dar a conocer de alguna u otra manera nuestros museos: Museo Nacional de Escultura, Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo, Museo Oriental… Y, luego, para crear un ambiente distendido salir de tapas por la ciudad, por grupos de un modo organizado”. “Visita al Museo de Escultura, recorrido por la ciudad y pinchos concertados en varios establecimientos”. “Por las fechas en las que tendrá lugar el Congreso Nacional de la Abogacía, pienso que sería una idea curiosa dar un paseo por el río Pisuerga en la ‘Leyenda

del Pisuerga’, con la contratación de algún espectáculo en el interior. También hay rutas urbanas, como la ‘Ruta del hereje’ o ‘Ríos de la luz’, que son muy interesantes, y amenas, no solo para los visitantes…”. “Nuestro patrimonio es muy importante y se podría intentar que nos organizaran una visita teatralizada, como la ‘Ruta del hereje’, pues aúna patrimonio artístico con el cultural. Imprescindible sería una visita a la Ribera del Duero (castillo, alguna bodega) teniendo como eje Peñafiel y acabar con una degustación de lechazo. Creo que Urueña es la única Villa del Libro de España. Se podría aprovechar esta seña de distinción para organizar una lectura de algún texto jurídico y enseñar ese balcón castellano desde la muralla”. Incluso un compañero nos ha facilitado un itinerario, que con éxito lo ha llevado a cabo en numerosas ocasiones con visitantes de fuera de nuestra provincia, consistente en un tour con cata de las bodegas de Protos, en Peñafiel, con comida en un restaurante de la zona, visita teatralizada en este municipio y posterior subida al castillo. Tomamos buena nota de ello. Y cómo no, el humor también ha estado presente, y como idea novedosa habéis propuesto: “espectáculo de Leo Harlem para presumir de humor castellano”. Viendo que son todos los planes propuestos muy apetecibles, esperemos que pueda llevarse a cabo alguno de ellos, pues estamos convencidos que los visitantes al Congreso van a disfrutar doblemente del mismo.

ABOGADOS DE VALLADOLID / Extraordinario de revisión / 36

Somos nuestros propios

dueños

Por Araceli Álvarez Álvarez, abogada

“Para demostrar que no estaba triste, Goodall no dudó en cantar, durante la rueda de prensa, un fragmento en alemán del Himno de la Alegría de la novena sinfonía de Beethoven, su pieza preferida; el himno europeo, considerado un cántico a la libertad y compuesto por un genio que también contempló suicidarse”. Así describieron periódicos de todo el mundo los últimos instantes de la vida del científico David Goodall, fallecido el pasado 10 de mayo en Suiza, lugar a donde se había desplazado desde su Australia natal, cuya legislación prohíbe el suicidio asistido; conforme establece la ley helvética, fue él mismo el que abrió la válvula para liberar el producto letal a base de pentobarbital de sodio, un sedante muy potente que en altas dosis detiene los latidos del corazón. Goodall no padecía ninguna enfermedad en fase terminal, ni dolencia alguna, salvo calidad de vida y expectativas derivadas de un hecho determinante: tenía 104 años. “No soy feliz. Quiero morirme. No es particularmente triste; lo que es triste es que me lo me impidan. Mi sentimiento es que una persona mayor como yo debe beneficiarse de sus plenos derechos de ciudadano, incluido el derecho al suicidio asistido”, añadió. El suicidio asistido y la eutanasia constituyen un asunto que a pocas personas deja indiferentes, y que enciende pasiones entre defensores y detractores de su legalización. Es una cuestión en la que concurre un fuerte componente ético y moral, frente a la que cualquier toma de posición se hace desde la conciencia individual y esos valores éticos y morales; pero igualmente, estamos ante un tema que trasciende ese debate meramente intelectual o filosófico, para convertirse en un tema de relevancia política al que, indefectiblemente, ha de enfrentarse el legislador. Precisamente, el mismo día del fallecimiento de Goodall, el Congreso de los Diputados español aprobaba la proposición de ley que pide una reforma del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al

“No soy feliz. Quiero morirme. No es particularmente triste; lo que es triste es que me lo impidan” suicidio. Se da así el primer paso para el debate sobre una futura despenalización y regulación de la eutanasia mediante la reforma del artículo 143.4 del Código Penal, exonerando de responsabilidad penal a quien ayude a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoca un sufrimiento físico o psíquico grave. Los argumentos a favor o en contra de la despenalización de estas prácticas de “muerte anticipada” son, sin duda, muy conocidas por todos; a razones basadas en la plena libertad del individuo para decidir sobre su vida, así como razonamientos en torno a la dignidad y compasión en casos de sufrimiento físico insoportable —que se da en la mayoría de los supuestos contemplados por las leyes—, se enfrentan reflexiones de profundas raíces religiosas —la vida es un don de un Dios, al que no podemos sustituir en este tipo de decisiones— cuestiones deontológicas del personal sanitario, o razones propias de un pensamiento paternalista, que impide que el Estado facilite la muerte de sus ciudadanos y propugna precisamente lo contrario, esto es, su mantenimiento prácticamente en todo caso. No pretende este artículo abrir un debate en torno a la eutanasia o al suicidio asistido en casos, tan tristemente habituales, como el de enfermos terminales o con graves padecimientos; si bien en todos los supuestos, la pregunta que nos podemos hacer es la misma, es en casos como el de David Goodall donde toma más sentido el plantearnos la siguiente cuestión: ¿somos nuestros propios dueños?

No se trata, insistimos, de terminar con un sufrimiento físico prácticamente objetivable; a ello, como hemos dicho, puede movernos razones simplemente fácticas, de evitar el dolor y el sufrimiento. La cuestión filosófica se plantea en su modo más extremo cuando nos encontramos ante un deseo de terminar con la propia vida sin más motivo que el cansancio vital o la infelicidad: ¿tenemos derecho a que se nos asista en dicha decisión? o, por el contrario, ¿debe el Estado impedirlo, amenazando con sanción a aquellos que participen en la realización de tal deseo? Quizá el hecho de que el científico fallecido tuviera 104 años facilite nuestra respuesta afirmativa, por cuanto compartamos que la vida sin expectativas de futuro deje de ser vida, de idéntico modo que podemos entender que una vida de padecimientos físicos tampoco lo sea. Si es así, si entendemos que el Estado no debe limitar en modo alguno nuestra libertad de decisión sobre nuestro bien más preciado, la propia vida, nos estamos acercando a los principios más clásicos de la teoría libertaria de la justicia; la idea de que la justicia, y en consecuencia, cualquier decisión legislativa, deben respetar por encima de cualquier otra consideración, la libertad y los derechos individuales, que ni siquiera las mayorías pueden violar. Intuitivamente, la mayoría de nosotros en principio nos adherimos a este principio, todos defendemos y luchamos por el mayor número y mayor ámbito de libertades y derechos individuales posibles; máxime si tenemos en cuenta que, en un caso como el suicidio, las libertades y derechos de terceros no se ven afectadas, más allá del dolor propio de la pérdida de un ser querido. Pero a veces el principio del que partimos nos resulta difícil de mantener cuando la situación real se complica; ante hechos y situaciones que inicialmente se nos antojan similares, determinados condicionantes nos obligan a intentar solucionar la tensión entre

ABOGADOS DE VALLADOLID / Extraordinario de revisión / 37

nuestra opinión o convicción inicial y la solución equitativa o concreta al caso real. Ese el experimento que proponemos en este artículo: aquellos que nos hemos adherido o hemos compartido el principio de que somos dueños de nuestro cuerpo y nuestra vida, ¿lo mantendríamos ante cualquier decisión que un tercero tomara respecto al suyo, si no mediara enfermedad terminal? Imaginémonos el caso de venta de órganos, prohibido en la mayoría de los países; apelando a la libertad y derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, podríamos justificar la misma, no solo con fines de sanación de un tercero, sino incluso, en una macabra situación, cuando el órgano (un riñón, por ejemplo) pasara a formar parte de la colección de un cliente acomodado. Si estamos de acuerdo con el primer caso, fines médicos, pero nos repugna y somos contrarios al segundo, ¿cómo podemos reafirmarnos en nuestro principio de libertad absoluta? Vayamos a otro caso más extremo, un caso reciente y real, muy singular, pero que nos permite verificar si una lógica libertaria es aplicable cuando no la avalan consideraciones relativas a dignidad o compasión. Caso del canibalismo pactado En 2001 tuvo lugar una extraña y macabra cita en una localidad alemana, Rotenburg. BerndJungen Brandes, ingeniero informático de 43 años de edad, respondió a un anuncio de internet, en el que Armin Meiwes, de 42 años, técnico de ordenadores buscaba a alguien dispuesto a que lo matase y comiese. Meiwes no ofrecía ninguna compensación económica; la experiencia en sí era ya suficiente recompensa. Sorprendentemente, más de doscientas personas contestaron al anuncio; cuatro viajaron hasta la casa de campo de Meiwes para una entrevista de selección, pero, vistas las condiciones, decidieron que no les interesaba. Brandes, en cambio, tras reunirse con Meiwes y sopesar la propuesta mientras tomaban café, dio su consentimiento. Meiwes mató al invitado, —aunque, todavía vivo y completamente consciente, ambos se grabaron en vídeo mientras el primero comía ya un concreto miembro de Brandes—, troceó el cadáver y lo guardó en bolsas de plástico dentro de la nevera. Para cuando lo arrestaron, el “caníbal de Roterburgo” se había comido, previamente aliñados, veinte kilos de su víctima. Cuando Meiwes fue llevado a juicio, un caso tan llamativo fascinó al público y confundió al Tribunal; se planteaba un laberinto

Cartel de la película ‘La fiesta de despedida’.

jurídico catalogado como primero en la historia criminal, porque obligaba a los jueces a transitar por un sendero inédito del derecho penal: el canibalismo no está tipificado en ese país. Por si fuera poco, el equipo médico forense dictaminó que Meiwer no es un sicópata ni lo era cuando protagonizó el brutal caso, y el abogado defensor exhibió como prueba un testamento firmado por Brandes, en el que autorizaba a Meiwes a sacrificarlo y comérselo —si bien no se pudo probar cuando y en qué condiciones se había firmado—.

Cuando hemos de aplicar los principios de justicia a situaciones concretas, empiezan las discrepancias y tensiones En consecuencia, la defensa pretendía que el jurado aceptara que el caníbal solo obró por encargo del berlinés para satisfacción mutua, previo consentimiento del primero; de esta manera, la Corte se vería abocada a tratar una forma atípica de la eutanasia, un caso muy singular de suicidio asistido, práctica ilegal en Alemania, y que se castigaba con penas no mayores de 7 años. El Tribunal intentó solventar el enredo condenando a Meiwes por homicidio, desestimando la opción de un suicidio asistido o eutanasia activa, porque la víctima “no pidió en serio y específicamente” que le matara, sino que quiso vivir “la experiencia de su vida”.

Fuentes bibliográficas Michael J. Sandel Justicia ¿Hacemos lo que debemos? Debate, 2011 Informe especial al Parlamento del Defensor del Pueblo Andaluz. diciembre 2017 https://elpais.com/internacional/2018/05/10

Pero dos años después, un Tribunal de apelación consideró que esa sentencia era demasiado leve y condenó a Meiwes a cadena perpetua. Esta sórdida historia tiene un desenlace también peculiar: se dice que el asesino caníbal se ha vuelto vegetariano en la cárcel, porque las granjas industriales son inhumanas... El canibalismo entre adultos que consienten en practicarlo y padecerlo es la prueba más rigurosa de la adhesión al principal principio libertario, el de ser dueño de uno mismo y la idea de justicia que se deriva de él. Es una forma radical de suicidio asistido; puesto que no tiene nada que ver con librar del dolor a un paciente terminal, ni siquiera de terminar con un cansancio de vivir llegados a una edad longeva, como es el caso de Goodall, un caso como el que aconteció en Alemania solo se puede justificar diciendo que somos dueños de nosotros mismos, de nuestros cuerpos y nuestras vidas, y podemos hacer con ellos lo que nos plazca. En consecuencia, el Estado no podría entrar a sancionar o penar al tercero elegido por nosotros mismos para ejecutar lo que a nuestro derecho corresponde; si el principio libertario es correcto, prohibir el canibalismo pactado es injusto, una violación a la libertad. Casos tan extremos como el anterior nos sirven para llevar a la práctica lo que se llama el razonamiento moral; al principio tenemos una idea, una convicción acerca de lo que hay que hacer, o cómo el Estado debe legislar: “hay que respetar el derecho individual sobre la propia vida, sobre nuestro cuerpo”. Y desde ese principio, abogamos por una legislación permisiva y aperturista sobre el suicidio asistido y la eutanasia: “a nadie se le debería obligar a vivir si no quiere”. Pero cuando hemos de aplicar los principios de justicia a situaciones concretas, empiezan las discrepancias y tensiones; revisamos nuestro juicio sobre lo que debe hacerse, o reconsideramos el principio del que partimos, Cuando nos encontramos con nuevas situaciones, vamos y venimos entre los juicios que adoptamos y los principios a los que nos atenemos, y revisamos juicios y principios unos a la luz de otros. La reflexión moral consiste en ir cambiando de punto de vista, del mundo de la acción al de las razones, y de este de nuevo a aquel. Cuando nos preguntamos qué principios han de regir nuestra convivencia, nuestro ámbito social, la reflexión moral se torna en reflexión política; y como juristas, como abogados, con un contacto con la realidad mayor que el de otras profesiones, dicha reflexión se torna aún más necesaria.

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En el

Cafetín

Teresa de la Fuente Escudero, Con

DELEGADA DE VALLADOLID DEL COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN Por Piluca Burgos, periodista

“La recuperación se verá en otras ciudades, en Valladolid desde luego que no” En los despachos el volumen de trabajo “se ha reducido en más de un 50 %” con la crisis y las notarías de localidades pequeñas “lo están pasando mal” Sin familiares juristas y sin contactos en el mundo de la abogacía, el hecho de ejercer como letrada a Teresa de la Fuente no le pareció una opción. Sin embargo, no dudó en prepararse las oposiciones a notaria, a pesar de que antes de acabar la carrera le habían puesto sobre la mesa un trabajo en la Facultad de Derecho de Valladolid. Unas oposiciones que los candidatos tardan entre siete y ocho años en preparar. “Es una larga carrera de fondo hasta llegar al examen. Hay que trabajar todos los días”, reconoce esta notaria que cuenta con más de 20 años de experiencia profesional y que asegura que “prevenir conflictos entre particulares” fue el motivo por el que eligió estas oposiciones. Pregunta.— La crisis le ha azotado fuerte a las notarías. ¿En qué porcentaje se ha visto afectado el trabajo? Respuesta.— Lo hemos notado muchísimo. En los despachos se ha reducido el volumen de trabajo en más de un 50 %. Y no sólo porque no se hagan operaciones, sino porque hay gastos fijos que no podemos bajar o moderar; si los ingresos no llegan, no llegan. Muchos despachos importantes han sufrido también despidos e incluso ERE. P.— Se habla de recuperación. ¿Han notado alguna reactivación? R.— Dicen que a nivel general se ha producido alguna reactivación, en Valladolid no se ha notado todavía. La recuperación se verá

en otras ciudades, como Madrid, aquí desde luego que no. Valladolid es una ciudad más funcionarial, donde no hay ni grandes patrimonios ni grandes inversiones, ni bloques de viviendas para uso turístico como pasa en otros sitios. P.— ¿Las notarías pequeñas han logrado sobrevivir? R.— Se hizo una demarcación notarial hace unos años y en Castilla y León existen notarías en pueblos de cien habitantes. ¿Qué posibilidades tiene un notario de sobrevivir allí por mucha función social que digan que hace? ¿Cómo afronta las infraestructuras tecnológicas que se necesitan? ¿Cómo puede pagar a un empleado? Sé que no es muy social lo que digo y entiendo que un pueblo pequeño ponga el grito en el cielo si le suprimen su notaría, pero también hay que ponerse en la piel del notario. Si hay notarías que durante 20 años están vacantes, por algo será… Las notarías pequeñas lo están pasando mal. P.— ¿Se mantienen los mismos asuntos o cambian con los tiempos? R.— Apenas cambian, aunque hay nuevos con la jurisdicción voluntaria. En el ámbito civil todo el mundo pasa, al menos una vez en la vida, para contratos, compraventas, préstamos… Y en el ámbito empresarial, constituciones de sociedades, compraventas o participaciones; pero, sin duda, el testamento es la estrella.

P.— Ahora se celebran matrimonios y divorcios… R.— Van poco a poco, se hacen, pero va lento. Además, si hay menores o incapaces tiene que ir por el juzgado. Normalmente atendemos divorcios de personas mayores que después de una vida en común deciden vivir por separado los últimos años, y de matrimonios jóvenes sin hijos que al poco tiempo se dan cuenta de que no encajan. Son divorcios sencillos, porque los jóvenes no suelen tener patrimonio y los mayores lo afrontan de un modo muy sosegado. P.— ¿La crisis ha generado más competencia? R.— Hay mucha competencia, pero no es malo que la haya. El notario es un funcionario público que controla que las cosas se estén haciendo bien. Sus tarifas están sujetas a unos aranceles fijados por el Estado, así que la competencia debería basarse en la calidad del servicio. Por ejemplo, es importante que un notario sea rápido, didáctico y explicativo, y cumpla su función de ajustar el documento a la ley. P.— Y, ¿han sido suficientemente explicativos los notarios con las cláusulas suelo? R.— En general, y no quiero decir que alguno en particular no haya hecho las cosas bien, los notarios han explicado correctamente a los clientes las cláusulas. No las hemos llamado cláusulas suelo porque el nombre se ha puesto después, pero se las hemos explicado.

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P.— Pero si se ha explicado bien, ¿por qué muchos españoles no eran conscientes de lo que firmaban? R.— Este modelo de préstamos llevaba un tipo de interés con un mínimo que nunca se pensó que se iba a alcanzar. Pero la crisis hizo caer el valor de los pisos y bajaron los tipos de interés para intentar reactivar la economía. Una bajada tan grande que era impensable y que ha provocado que esas cláusulas se conviertan en excesivas. P.— Entonces, la cláusula en sí misma no es abusiva, se ha convertido en abusiva por el cambio económico… R.— A lo mejor no se debería haber optado por la fórmula “cláusula suelo, igual a cláusula abusiva”, y simplemente acudir a la regla de la cláusula rebus sic stantibus. Es decir, cuando un préstamo se firma con unas condiciones determinadas y las condiciones sociales y económicas cambian mucho, este tipo tiene que verse modificado. La posibilidad de hacer esta interpretación por parte de los jueces ha existido toda la vida. Podría haberse hecho de este modo y no como se ha dispuesto, que con carácter general todas las cláusulas suelo son abusivas. Y no todas lo son. P.— ¿Las cláusulas suelo han marcado un antes y un después en el modo de comportarse los notarios? R.— Ahora hay que hacer el famoso manuscrito que está previsto en la ley y a la mayoría de los clientes les sienta fatal tener que hacerlo. Después de leer la escritura y repetirle diez veces que tiene esa cláusula suelo, tiene que recogerlo el cliente. Es más, ahora con el Euribor en negativo, se está recogiendo en el manuscrito explícitamente que por mucho que baje el Euribor, el préstamo nunca va a generar intereses a favor del cliente. P.— Y en el modo de comportarse de los clientes… ¿Ahora preguntan más? R.— En ese aspecto creo que sí que ha servido. La gente pregunta más, pero no lo suficiente. Existe la posibilidad, por ejemplo en un préstamo, de revisar la minuta de la notaría los tres días anteriores y hay poca gente que utiliza este derecho. P.— ¿Es bueno que los abogados asistan a las firmas? R.— A lo mejor en ciertos tipos de contratos se necesita una intervención especial del abogado… Por ejemplo, en el divorcio tienen que asistir. P.— ¿Suelen ir los abogados a las firmas? R.— Cuando hay abogado entre medias, suele ir.

Teresa de la Fuente en un momento de la entrevista en El Cafetín del ICAVA.

“No se puede cerrar los ojos a las nuevas tecnologías, porque son el futuro” Pregunta.— Las nuevas tecnologías están llegando a todos los colectivos. ¿Cómo se están adaptando los notarios? Respuesta.— Llevamos muchísimos años ya con ello. Mandamos copias electrónicas al Registro de la Propiedad, comunicaciones por blanqueo de capitales o los temas de titularidades reales… Todas esas cosas las hacemos a través de la infraestructura electrónica que tenemos los notarios desde hace ya muchos años. P.— ¿Aligeran el trabajo o lo complican? R.— Cada 15 días mandamos un índice informatizado de todas las operaciones que se han realizado en la notaría, que van dirigidas a Hacienda, los Ayuntamientos, blanqueo de capitales.., y esto supone un trabajo añadido, porque las escrituras que ya hacemos ahora hay que volcarlas en fichas electrónicas. Si toda esa relación estuviera perfectamente interconectada sería miel sobre hojuelas, pero no lo está. Eso sí, no se puede cerrar los ojos a las nuevas tecnologías, porque son el futuro. P.— ¿Y algún beneficio? R.— También los hay, desde luego.

Ha facilitado muchas cosas como, por ejemplo, pagar impuestos en otra ciudad de forma telemática o presentar documentos en los registros sin desplazamientos. Pero al que más le ha beneficiado es a la Administración, al cliente final, que ya no tiene que ir con su copia de las escrituras al catastro, que puede comprobar telemáticamente si la casa que va a comprar está libre de cargas o si están al día con los recibos de la comunidad… P.— ¿Qué reivindicaciones tienen los notarios en este momento? R.— Que los mecanismos a la hora de elaborar esos documentos electrónicos sean más sencillos para los notarios, así como abordar una revisión del arancel notarial, que data de 1989, y, aunque se han hecho sucesivas modificaciones y reformas dirigidas a ir reduciendo ese arancel, quizá haya que adaptarle más a la realidad. Hay algunos documentos que están por debajo de coste clarísimamente, como puede ser el testamento que, en muchas ocasiones, genera un trabajo enorme en el que se gasta mucho tiempo.

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¿Y ahora qué? Por Carlos Escalera Alonso, abogado Ya he terminado. La de Derecho es una de las carreras profesionales con más salidas. Sin embargo, el panorama se reduce a dos salidas. Pública o privada. Sí, opositar, o incorporarme directamente al mercado de trabajo. ¿Abogado? ¿Por qué no? Es una profesión prestigiosa. Según periódicos ‘salmón’, una de las más demandadas por la sociedad. Incluso de las más exitosas. Lo vemos en películas y en la TV. No parece mala salida. Sin embargo, afirman que el mercado está cerrado, que no da para más. Al tiempo, la apertura del sector es evidente. Está en constante evolución, y surgen oportunidades con las nuevas tecnologías y nuevos yacimientos donde encontrar trabajo o captar clientes. Resuenan cláusulas suelo, divorcios baratos, igualas de defensa jurídica 24 horas 365 días por ridículas cantidades. Publicidad de gigantescos despachos que trabajan en regímenes de franquicia; bancos y aseguradoras regalan asistencia jurídica. La abogacía es un negocio rentable. ¿Ya no es una vocación? Diferentes conceptos. El enfoque al ejercer será distinto. Decido ser abogado, y surgen los problemas. Antes, con el título, unos gastos y la colegiación era suficiente. Placa en la calle, un despacho bonito y a esperar clientes. Alguno fue a la Escuela de Práctica Jurídica, otros sin más pusieron la placa. Afortunados hicieron prácticas como pasantes en despachos. Hoy, el panorama ha cambiado radicalmente. Después de la Universidad, viene el Máster de Acceso a la Abogacía. ¿Lo que me han enseñado no sirve para nada? El Máster es obligatorio*. ¿Dónde y qué Máster hago? ¿Criterios para escoger? Precio, prestigio, áreas de formación, especialización por materias, facilidades para encontrar prácticas habilitantes en despachos o en empresas, con o sin bolsa de trabajo… Lo normal venía siendo hacerlo donde terminé la carrera, pero Madrid o Barcelona tienen mucho tirón. Sí o sí hay que pasar por un curso. Serán 10 meses de teoría y 600 horas de prácticas. Termino y debo realizar una memoria de prácticas. Mi tutor emitirá un informe de evaluación. Por último, el Trabajo de Fin de Máster (TFM). He acabado. Ahora al examen de acceso a la abogacía, obligatorio para poder

ejercer. La nota se promedia: 30 % el Máster, 70 % el examen. Antes no se hacía nada de esto. Aprobado. Pero estoy igual que antes. Otro título bajo el brazo y otra decisión que tomar: ¿Seguir formándome o buscar ya trabajo? ¿Realmente estoy preparado para ejercer? Añado otro problema con el que no había contado. ¿Me colegio o no? Hago un análisis de costes. ¿El Colegio de mi ciudad u otro más barato? El desembolso varía según ciudades. ¿Consecuencias? Integración, trato con compañeros, algunos colegios imparten cursos, otros no. Guardias, turnos, todo es distinto. También debo escoger entre dos altas: Mutualidad o Seguridad Social.

Después de la Universidad, viene el Máster de Acceso a la Abogacía. ¿Lo que me han enseñado no sirve para nada? Mientras decido, enviaré mi curriculum vitae. ¿Correo, o e-mail? ¿Me presento? Pruebo con todo a la vez. Lleva horas. El desgaste es brutal. Y no solo es económico. ¿Lo envío a despachos grandes o pequeños? Lo cuelgo en internet. Páginas web “especializadas”. Infojobs, LinkedIn…. Caigo en varias páginas-trampa: son anuncios de cursos, franquicias y en algunas “ofertas” te cobran incluso por hacer allí las prácticas, pagas por trabajar gratis para ellos. Dejo mi CV en cualquier sitio. Voy a cursos buscando una entrevista personal.

El refranero es muy sabio: “quien no tiene padrino, no se bautiza”. Como no tenga un conocido para ir de la mano, se me va a complicar mucho. ¿Y buscar fuera de mi ciudad? Lo aparco por el momento. Los que han ido a las “grandes ciudades” hablan de sueldos miserables, condiciones laborales similares a la esclavitud. Las superfirmas ya tienen su selección hecha. Solo somos candidatos a ser mano de obra barata. Me apunto al paro. Acudo al ECyL Según sus estadísticas hay paro en este sector. Pero no como abogado. (El sector jurídico lo clasifican en varias categorías). Me doy de alta en el paro. Si en dos meses no recibo un aviso, toca renovar papeles. Pero si te das de alta en el Colegio (o en Seguridad Social o Mutualidad) ya no se te considera parado. Ahora entiendo: hay paro entre los licenciados en Derecho, sí, entre los que buscan trabajar como abogado, pero no hay abogados en paro. Ocupación plena. Otro problema: si no estoy colegiado, no sirvo, y muchos despachos me rechazan. Si me colegio, dejo de ser parado, e incurro en gastos que no puedo atender. Seré demandante de mejora de empleo. Regreso al Colegio de Abogados. Pregunto por la bolsa de trabajo. No existe. Miro en el tablón de anuncios de la página web. Allí no hay referencia a ofertas y demandas. No hay mecanismos para conectarlas. Cierto, las prácticas habilitantes del máster sirven para este servicio. De boca a boca, cuentan que hay abogados que buscan pasantes y pasantes que buscan incorporarse a un despacho. Con suerte te enteras y si no tienes ‘padrino’ te autopresentas. En la Agrupación de Abogados Jóvenes te “echan un cable”, o al menos dan algún consejo. Tienen una bolsa de acompañamiento para orientarte en tus primeros turnos. Pero tengo que estar dentro del Colegio. Tengo que decidirme y colegiarme. Lo de asalariado, con nómina, de entrada, parece irreal. Tengo que lanzarme. Gastar. Abrir despacho. El desembolso es tremendo. No sé de dónde va a salir tanto dinero. Pero ahora me surge otra duda. ¿Abro solo o acompañado? Si lo abro acompañado, ¿me asocio con novatos, o busco alguien más experto? Mejor veterano. Al

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menos como primer paso. Luego veremos si puedo incorporarme y en qué condiciones, o si debo salir huyendo. Urge arrancar. La mayor parte de las uniones que se forman para arrancar no terminan muy bien, y no suelen durar mucho. ¿Sociedad? ¿Comunidad de Bienes? ¿Simple pacto entre caballeros? Mayoritariamente se piensa solo en compartir gastos, pero no en las condiciones para repartir ingresos. (Si es que los hay). ¿Cubrimos y repartimos el resto? ¿Ponemos fondo común? Y si sobra, ¿cómo dividimos? ¿Todos por igual, o en proporción al trabajo realizado, al asunto o a la clientela aportada? El refranero vuelve a ser sabio: “en casa del herrero cuchillo de palo”. Parecen predominar las comunidades, pero quien gana es el pacto entre caballeros. Apenas hay ‘papeles’ o contratos, no se plasma por escrito. ¿Resultado? No acostumbra a terminar bien ni a durar. Al año hay que renovar el alquiler del local (oficina) y muchas llegan heridas de muerte. El que estas uniones no tengan larga vida es lógico. Es difícil organizar un despacho. Desde comprar papelería, hasta decidir qué oferta de telefonía. Asignar áreas. Decidir qué rumbo tomar, o cuál será nuestra especialidad. Horarios de trabajo, o de atención al público. Decidir qué gastar en promoción o dónde puede ser más efectiva. Mirar la cuenta del banco, atender los pagos, ver si hay o no ingresos, contesta a los e-mail. Abre las cartas… Pensaba que las cosas se hacían solas, pero hasta hay que fijar turnos de limpieza. ¿Uno solo? Puede ser demasiado. ¿De dónde saco tiempo para organizar, trabajar, estudiar y buscar clientes? Pero para dos o más, ¿no será una fuente de discusiones? Por supuesto, al crear el primer despacho, nunca se piensa que puedan surgir celos, rencillas, envidias, afán de protagonismo… Tampoco que unos trabajan más que otros. De momento lo aparco. Otra decisión que debo valorar. Seguimos. El despacho, ¿en un piso o a pie de calle? La tradición dirá: “piso”, indudablemente. Confidencialidad, secreto, discreción, están unidas a nuestra profesión. Además, es más económico y más fácil de deshacer si no funciona. Si me integro en un despacho montado puedo tener muchas ventajas, pero el estar a pie

de calle me hace más más directo, más cercano, más accesible y muchísimo más visible. Dicen que ahora “se lleva”. Pero no cuesta lo mismo equipar un despacho en una oficina que en un local. Ya no es suficiente una máquina de escribir y unos códigos. Aprovechar los medios de los que se dispone es la primera opción. ¿Renting? ¿Leasing? Se conocen, pero no se suelen usar. ¿Coworking? No parece muy indicado, no está bien visto en este sector.

Y cuando ya pensé que no tendría más dudas, surge la principal: ¿y qué le cobro yo a este? Ya he comprado mi primer traje, imprimido tarjetas de visita y necesito clientes. Acabo de abrir la puerta y ya tengo, o peor aún, solo tenemos gastos. ¿Y los clientes? El boca a boca no ha empezado. Faltan tres años para que ‘caiga’ algún turno de oficio. Y llega el milagro: Internet. Internet es el bálsamo que todo lo cura y la solución a todos los problemas. Perfil en Facebook, LinkedIn y Twitter. Reactivo todos mis contactos. ¿Crear

una página web? ¿La hago yo o contrato a una agencia especializada en buscar clientes? Según dicen, algún asunto cae. No resuelven la papeleta a corto plazo y su coste para un principiante es altísimo. Y no se para de pagar cuotas, plazos, páginas web, suscripciones o bases de datos que no sé si servirán de algo. Hablo con abogados veteranos, ‘hago pasillo’ en el juzgado, me apunto a mil y un cursos, me tomo mil cafés en el “cafetín” del Colegio, me ofrezco para audiencias previas, sustituciones… Poco a poco, mi nombre va sonando. Y llega el día. El timbre suena. Viene de parte de un conocido. Nada ha cambiado: el boca a boca es el único camino y los primeros casos siempre serán de “p….s, parientes y pobres”. Cuenta su asunto. Me suena. Lo vi en un tema. ¿O era en un curso de no sé qué? Da igual. Me suena. Es suficiente. Sigue hablando. Digo a todo que sí. Pero, ¿a quién llamo si no sé cómo empezar? ¿Quién me ayudará? ¿Me van a servir las prácticas? ¿Qué pasará en cuanto me siente en sala? ¿Sabré qué decir? ¿Y si pierdo el asunto? Empiezo mi primer escrito: “Al juzgado decano de…”. Son las maravillosas letras de mi primer escrito… Las más esperadas. Las más deseadas. Y cuando ya pensé que no tendría más dudas, que ya estaba todo resuelto, surge la principal: ¿y qué le cobro yo a este?…

(*) El 1 de julio de 2013 se firma el convenio se de colaboración académica Universidad de Valladolid-ICAVA. Septiembre de 2.013 empieza 1er Master de la abogacía. Duración del máster: 18 meses. El 1er examen es de febrero de 2015. Promedio alumnos por curso, 45/50. Se puede ver el convenio integro en el portal del transparencia del ICAVA, en el enlace: https://www.icava.org/public/Attachment/2017/7/conveniouvamasterabogacia.pdf Desde entonces hasta hoy, se han colegiado 68 abogados, (incluidos los de segunda incorporación.) En el 2018, en junio, se informa que está previsto que se incorporen 15 nuevos compañeros. No obstante, hasta final de año pudieran llegar a 35 más.

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El compliance, una herramienta imprescindible Por Juan Ignacio Hernández García, abogado La modificación ‘sufrida’ por el Código Penal en junio de 2010 acabó con la máxima latina societas delinquere no potest. Si bien es cierto que la sociedad cambia, se transforma, y el derecho debe adaptarse a esos cambios, no lo es menos que las modificaciones legislativas deben ser consecuencia de la razón pausada, y no del corazón o, menos aún, de las vísceras. El axioma, vigente durante dos decenas de siglos, desapareció de nuestro ordenamiento criminal sin más ruido que el de las críticas con sordina de algunos expertos penalistas. Así, desde la reforma de 2010, el artículo 31.bis del Código Penal establece la posibilidad de que las personas jurídicas sean penalmente responsables por hechos cometidos por sus representantes o, incluso, por sus empleados o subordinados.

El compliance es un salvoconducto de cara a los tribunales Además, esa importantísima novedad que supone la posibilidad de que las personas jurídicas incurran en responsabilidad penal, ha venido a completarse con la última reforma del Código Penal —por Ley Orgánica 1/2015—, que instaura en nuestro ordenamiento una nueva institución jurídica, el compliance, herramienta aún desconocida, incluso para gran parte de los operadores jurídicos, a pesar de tener ya unos años de existencia en el marco jurídico europeo, y, sobre todo, norteamericano. Vaya por delante que soy de los que piensan que nuestra lengua es suficientemente rica como para tener que utilizar un

anglicismo —¡uno más!— en la denominación e identificación de una nueva institución. Pero así están las cosas, el término se ha internacionalizado, y la globalización alcanza también al derecho. De qué estamos hablando El compliance es, según el Código Penal, “un modelo de organización y gestión”, es programa de prevención de riesgos penales, que debe contener una serie de medidas de vigilancia y control, establecer una serie de políticas y procedimientos que garanticen en las empresas —y otras personas jurídicas— el cumplimiento de las leyes por parte de sus directivos y empleados. Se trata, en definitiva, de establecer un conjunto de herramientas de gestión para prevenir que cualquier operación que se lleve a cabo por quienes actúan en nombre de la empresa, y en beneficio de la misma, sea contraria a las normas establecidas. Entre esos procedimientos, la designación de un responsable, de un compliance officer, encargado de la supervisión del funcionamiento del programa de prevención. Estas herramientas deben cumplir, de acuerdo con el punto 5 del artículo 31.bis del Código Penal, una serie de requisitos: en primer lugar, identificación de los riesgos a los que se enfrenta la empresa; prevención, pues conociendo los riesgos, se establecerán los procedimientos de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas en el seno de la entidad; con la misma finalidad, se establecerán los modelos adecuados de gestión de los recursos financieros, para impedir la comisión de los delitos; la obligación de informar al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención, de los posibles riesgos e incumplimientos, en suma, de establecer dentro de las personas jurídicas los canales

de denuncia; establecimiento de un sistema disciplinario, imposición de sanciones en el seno de la persona jurídica por el incumplimiento de las normas establecidas entre esas medidas; y, por último, revisión y verificación del modelo establecido. Si el programa de prevención —el “modelo de organización y gestión” que dice el Código Penal— cumple estos requisitos, y el encargado de cumplimiento normativo o compliance officer de la empresa ha cumplido con sus atribuciones, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad penal. Regula también el citado artículo 31 las posibles atenuantes a aplicar en la imputación de delitos a personas jurídicas, recogiendo como tales la confesión, la colaboración, la reparación del daño y el establecimiento de medidas eficaces para evitar futuros ilíci-

La nueva figura jurídica exige especialización de despachos y asesorías tos penales en el seno de la persona jurídica. Cabe destacar, como curioso, cuando menos, que el artículo 31.quinquies excluye al Estado y demás administraciones públicas entre las posibles personas jurídicas responsables penalmente, excluyendo también —ignoramos con qué fundamento— a las agencias y entidades públicas empresariales. La posibilidad de que las personas jurídicas cometan delitos, que, más allá de la previsión normativa, no deja de ser una entelequia —¿cómo puede delinquir una persona jurídica?—, sin embargo, ha obligado tanto a despachos de abogados como a empresas y personas jurídicas en general a adaptarse,

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La importancia del compliance officer

no sin dificultades. Como consecuencia de la aparición de esta novedosa figura, surge la necesidad en las personas jurídicas de contar con especialistas en la materia. Ante el contenido de la circular de Fiscalía General del Estado, se plantea ya la duda de si el servicio de compliance se puede externalizar en despachos y empresas especializadas o debe ser un órgano interno de la persona jurídica. Sobre lo que no cabe duda es sobre la necesidad de asesoramiento por parte de expertos ajenos a la entidad. Y es que el compliance se convierte en algo imprescindible, si se quiere eludir la responsabilidad penal que pudiera producirse. No solo por servir para evitar la comisión de delitos por parte de los trabajadores de la compañía, sino también, por constituirse en elemento fundamental de defensa jurídica ante los tribunales, en los supuestos de comisión de un ilícito penal. Es verdad que, en muchos casos, la comisión del delito escapa del control del órgano de administración de la empresa, especialmente en entidades de gran tamaño. Por ello, cometido el delito en el seno de una empresa, si el órgano judicial dispone de datos objetivos para valorar si se tomaron medidas diligentes para evitarlo, podrá exonerar de responsabilidad a la entidad, en caso de que entienda cumplidas las obligaciones en este campo. Contribuye, por tanto, el compliance a aumentar la seguridad jurídica, empujando a que las personas jurídicas adopten sistemas de control que quizás se extenderán a otros ámbitos de riesgo, además del penal.

El compliance como salvoconducto A modo de comentario final, parece a quien escribe que, sobre todo en el ámbito mercantil, el legislador últimamente impone exigencias más formales que de fondo, y, pudiera conformarse con un buen maquillaje en el cumplimiento de las normas. Así, nos encontramos con la normativa sobre “protección de datos”, o “prevención de riesgos laborales”, la “ley de transparencia” y, ahora, el “programa de cumplimiento normativo”. Preocupan los procedimientos, los manuales de estilo, los códigos éticos o de conducta, justificar documentalmente que se han cumplido unos requisitos, cumplimentado unos formularios, o establecido unos protocolos. Las exigencias normativas empujan a que preocupen más esos formalismos, al menos en el ámbito interno de las empresas, que el cumplimiento efectivo de las leyes. Porque, al final, el cumplimiento de esos modelos de organización supone un salvoconducto, una autorización que no excluye la comisión del delito, pero sí que puede exonerar de responsabilidad a la persona jurídica. Así lo han declarado ya los tribunales, algunos en asuntos tan relevantes como el caso ‘Deloitte–La Caixa’, en el que el Juzgado Central de Instrucción exoneró a la empresa auditora de responsabilidad penal, por contar con un manual de compliance y otras herramientas, que componen, en palabras del juez, un “sistema de control de calidad adecuado”. Aunque no siempre será tan sencillo como parece.

El artículo 31 bis del Código Penal, en su apartado segundo, establece “la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica”. Este órgano de cumplimiento, que se denomina compliance officer u oficial de cumplimiento, puede ser un órgano unipersonal o colegiado, y debe disponer de los recursos necesarios para ejercer su labor. La Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas de la Fiscalía General de Estado, le dedica su apartado 5.4, cuando habla de la figura del “Oficial de Cumplimiento”. En aquellas empresas que, por su tamaño, presentan cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, esta función puede ser asumida directamente por el órgano de administración. Una de las primeras decisiones que debe tomar una empresa cuando decide implantar un Programa de Prevención de Riesgos Penales —y una de las más importantes— es decidir a quién o quiénes va a confiar la supervisión del funcionamiento y del adecuado cumplimiento del modelo, decidiendo, en su caso, si es más conveniente la designación de una única persona o, por el contrario, la creación de un Comité de Prevención de Riesgos Penales. Con el nacimiento de la figura, ha llegado también la primera polémica, centrada en si el compliance officer puede ser alguien externo a la persona jurídica. Así lo entendió el Consejo General de la Abogacía, que recomendaba encargar las funciones del oficial a expertos externos, al entender que contarán con mayor especialización y se evitarán los conflictos de intereses que pueden afectar a empleados y cargos de la entidad. No obstante, la dicción literal del Código Penal y el contenido de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado parecen exigir que se trate de un departamento interno de la organización.

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Vida colegial Jornadas y cursos Año nuevo, revista nueva; y como buen comienzo tiene buen final, enero vino cargado, como sus majestades los Reyes Magos de Oriente, de ganas de aprender y seguir trabajando en la formación. El día 17 de enero, con el frío bien metido en el cuerpo, se celebró la Jornada sobre ‘La prueba en derecho extranjero’, contando con la colaboración de Javier Casado Román, letrado de la Administración de Justicia, asesor de la Secretaría General de la Administración de Justicia y punto de contacto de la Red Española de Cooperación Jurídica Internacional de Letrados de la Administración de Justicia. Una semana después, el día 22, y de la mano de María Jesús Díez-Astrain Foces y José María Tejerina Rodríguez, se celebró el foro académico que tenía por tema ‘Respuestas (posibles) a la violencia de género’. El mismo día se inició el ‘Taller de ciberseguridad para despachos de abogados’, con Javier Álvarez Hernando, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid y entonces presidente de la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del ICAVA; Luis Hidalgo Gutiérrez, del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y Juan José Salvador Gutiérrez, responsable de proyectos de Ciberseguridad y Coordinador Académico del Campus Internacional de Ciberseguridad. Y ya para finalizar, los días 24 y 25 se celebraron las ‘Jornadas prácticas sobre adaptación al Reglamento de Protección de Datos’, contando, de nuevo, con la presencia de Javier Álvarez Hernando; Carlos Saiz Peña, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y Víctor Cazurro Barahona, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Isabel I. Cuestión de herencias Llegó febrero, mes de disfraces, máscaras, ayunos y penitencias varias, y con el inicio de las mismas, los días 15 y 16 se impartió el curso ‘Cuestiones relacionadas con la sucesión hereditaria’, con la colaboración de Belén Fernández Blázquez, notaria del Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León; Luis Carlos Tejedor Muñoz, magistrado-juez del juzgado de primera instancia n.º 9 de Valladolid; Fernando Crespo Allúe, abogado del ICAVA y Antonio Soria Ayúcar, asesor fiscal y Socio de SBH Asociados.

María Jesús Díez-Astrain Foces y José María Tejerina Rodríguez.

Javier Martín Parra, Antonio Soria Ayúcar y Álvaro Pascual Suaña.

El día 19 se celebró el foro académico ‘El traslado de domicilio social fuera de Cataluña. La transparencia de las sociedades mercantiles en España’, con la participación de Luis Fernández del Pozo y Jesús Quijano González, moderando la sesión el Académico de Número Alfonso Candau Pérez. A finales de mes, tuvo lugar la charla informativa del curso ‘Control del estrés’, en la que contamos con Pilar Martín, doctora en Ciencias Físicas, licenciada en Psicología y especialista en desarrollo personal y mindfulness. Marzo, Cuaresma, procesiones y buenas torrijas, y con ello qué mejor que un nuevo ‘Curso de derecho penitenciario y extranjería’, impartido los días 14 y 15 por Aurelia Álvarez Rodríguez, catedrática acreditada de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de León;

Ramón Sanz de La Cal, abogado del ICAVA; Rafael Martínez Fernández, jurista del centro penitenciario de Mansilla de Las Mulas, y Miguel Donis Carracedo, magistrado de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial. Ya finalizando el mes, y esperando la llegada de las tan ansiadas vacaciones de Semana Santa, el CEMICAVA y la Agrupación de Abogados Mediadores, organizó una acción formativa a medida en herramientas para mediadores, los días 22 y 23 de marzo, a cargo de Laura Arranz Lago, abogada del ICAVA. Uno de los debates que más controversia está creando, es la pena para ciertos delitos llamada prisión permanente revisable. Por ello, en abril se celebró una jornada sobre ‘La prisión permanente revisable’, que contó con ilustres ponentes que nos dieron su punto de vista sobre ella: presentados por María

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Elena de la Mano Ulibarri, abogada del ICAVA y miembro de la Comisión del Observatorio Legal, intervinieron Feliciano Trebolle Fernández, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid; Soledad Martín Nájera, recientemente nombrada fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valladolid; Miguel Ángel Martín Maestro, magistrado juez del juzgado de lo penal n.º 3 de Valladolid, y Francisco Javier Pablo de Miguel, letrado del ICAVA. La vida nos requiere ir evolucionando y con ello las tecnologías que nos facilitan la labor profesional, por eso contamos con la experta Rebeca San José Cabezudo, profesora de Marketing de la Universidad de Valladolid, para impartir el taller sobre la aplicación ‘LinkedIn’, en el que se dieron respuesta a cuestiones como qué es LinkedIn y qué me puede aportar como abogado, cómo gestionar mi presencia en LinkedIn (a nivel individual y/o de despacho). El 10 de mayo, aparte de traer flores, también trajo el curso sobre ‘Negligencias médicas’, surtido de un gran número de profesionales especialistas en el tema como el abogado del ICAVA Santiago Diez Martínez; Francisco Javier Zataraín y Valdemoro, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; César Gil Margareto, magistrado juez del juzgado de instrucción n.º 2 de Valladolid; Manuel Javato Martín, fiscal de la Fiscalía Provincial de Valladolid; José María Maderuelo Fernández, médico forense del Instituto de Medicina Legal, y Aitor Curiel López de Arcaute, médico y perito experto en valoración del daño corporal. No podía faltar un año más el ‘Curso de acceso al turno de oficio’ del 15 al 29 de mayo, y el ya referido taller de ‘Control de estrés’ los días 11 y 25 de mayo. También en mayo, Jesús Lozano Blanco, abogado del ICAVA, impartió el foro

Soledad Martín Nájera, Miguel Ángel Martín Maestro, María Elena de la Mano Ulibarri y Francisco Javier Pablo de Miguel.

académico sobre ‘Las últimas corrientes jurisprudenciales de modificación de la capacidad’. Y por último, y no menos importante, se celebró el curso sobre ‘Jurisdicción voluntaria’, contando para ello con la magistrada del juzgado de primera instancia n.º 3 de Valladolid, Sonsoles de la Hoz Sánchez, el abogado del ICAVA Jesús Lozano Blanco y el secretario coordinador provincial, Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez. Libertad de expresión Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo, y vaya si fue así. Junio y sus lluvias nos trajeron el día 11 las comunicaciones sobre ‘Delitos de odio y libertad de expresión’ que, en el seno de los foros académicos de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, impartieron don Juan María Bilbao Ubillos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, y doña Patricia Tapia Ballesteros, profesora de Derecho Penal de la misma Universidad. Un día más tarde, de la mano de la Comisión TIC del ICAVA y de la Agrupación de Abogados Jóvenes celebrábamos el curso ‘Investigación tecnológica en el proceso penal’, contando como

ponentes con Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Audiencia Nacional; Miguel Hermosa Espeso, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Palencia; Marco Antonio Valbuena Farpón, capitán de la Jefatura de Información de la Guardia Civil; y Francisco Javier Pablo y de Miguel, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid. A mediados de mes, el día quince se celebró el curso sobre ‘Las personas con discapacidad intelectual y el acceso a la justicia’, contando con Isabel Núñez, técnico de ‘Plena inclusión Castilla y León’; José Manuel Amado, policía local; Belinda Ponce, formadora en acceso a la justicia de ‘Plena inclusión’ y Laura Álvarez, formadora en acceso a la justicia de ‘Plena inclusión’. Y para finalizar el mes y el semestre, las jornadas sobre los ‘Requisitos para la validez de las transacciones de los consumidores con las entidades financieras respecto de las cláusulas suelo que se contienen en los préstamos hipotecarios’ el día 21, contando con la participación de Francisco Javier Orduña Moreno, magistrado-juez de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, y Luis Carlos Tejedor Muñoz, magistrado juez del juzgado de primera instancia n.º 9 de Valladolid.

Como cada año, la Agrupación de Abogados Jóvenes celebró el ya tradicional ‘Curso de Catas’. Los días escogidos fueron el 17 y el 31 de mayo y el 7 de junio, y pudieron degustarse los vinos de ‘Bodegas Peñafiel’ ‘Marqués del Riscal’ y ‘Adhuc Tempus’, respectivamente. Dentro de los ‘Cafés jurídicos’ que con periodicidad mensual organiza la Agrupación de Abogados Jóvenes de Valladolid, el 5 de abril destacó el celebrado bajo el título ‘¿Para qué sirve el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura?’, que contó con la participación de la abogada penalista portuguesa Vania Costa Ramos, miembro del Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes del Consejo de Europa (CPT) como representante designada por Portugal.

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Los abogados de Valladolid conceden el Premio ‘Bona fides’ a la letrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, María José Anocíbar, por su “buen hacer y cordialidad” Este año el premio, que fue entregado en la Fiesta de la Primavera, fue para María José Anocíbar, que competía con Ana Iglesias, de Instrucción 6; e Isaías Manzano Madroño, de Instancia 3. María Anocíbar, muy ilusionada, contó que “el premio es para todo el juzgado. Aquí los abogados echan muchas horas esperando en los pasillos, por eso creo que valoran más que se les reciba con amabilidad”.

La X Legua Legal se celebró en el Pinar de Antequera.

COMPETICIONES DEPORTIVAS Como abogados no solo nos ponemos la toga, sino que, de vez en cuando, sacamos la ropa de deporte y disfrutamos con el resto de compañeros de unas jornadas deportivas. Por eso, el 14 de abril la Agrupación de Abogados Jóvenes, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, organizó el más que famoso Torneo-fanatic de Pádel que como cada año se viene celebrando por estas fechas, seguido después de una sabrosa barbacoa que repuso las fuerzas de los que allí compitieron. La X Legua Legal se desarrolló el día 26 de mayo, en el Pinar de Antequera, donde Víctor González Arlanzón y Yolanda Cea Espinel fueron los primeros en alcanzar la meta en sus respectivas categorías. Posteriormente se sirvió un aperitivo en el restaurante ‘El Cortijo’. Tampoco podía faltar nuestro consolidado torneo de golf, celebrado el 1 de junio en el campo de golf del Banco Santander (Boadilla del Monte, Madrid), y en el que se impusieron Javier Fresno en primera categoría, Mariano Vaquero en segunda y María Suárez en categoría femenina. Tras la competición se celebró una comida en el propio restaurante del campo.

Participantes del Torneo-fanatic de Pádel.

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Fiesta de la

primavera Un año más nos juntamos para celebrar la llegada del buen tiempo y compartirlo con todos los compañeros. El evento tuvo lugar el día 22 de junio en la finca Bodegas Tres Jotas (Laguna de Duero), en la que pudimos degustar una sabrosa barbacoa y disfrutar del buen ambiente y la música que amenizó tan agradable velada.

ABOGADOS DE VALLADOLID / Escapadas / 48

Bali:

la isla de los dioses

Templo Ulun Danu.

Por Mónica Vielba Serrano, abogada La isla de Bali es considerada la joya de Indonesia, país con mayor número de islas tropicales del mundo (17.000 islas). Esta paradisíaca isla, conocida como ‘la isla de los dioses’, con cientos de kilómetros de costa y olas ideales para practicar surf, seduce a todos sus visitantes por sus magníficas playas de aguas turquesa y de arena fina bordeadas de palmeras, por sus manantiales, sus cascadas, sus volcanes, sus junglas y, por supuesto, por su sorprendente cultura. El hinduismo balinés impregna cada uno de los rincones de la isla y, en su honor, cientos de templos se erigen en los enclaves más espectaculares. Es habitual encontrarse con alguna ceremonia tradicional y observar a

los isleños en procesión vestidos con sus ropas de gala, que acuden a algún templo para honrar a sus dioses. Aparte del turismo, la economía principal de Bali se basa en la agricultura, principalmente en el cultivo de arroz. Cuando se visita la isla, se puede apreciar que está repleta de arrozales verdes en terrazas imposibles que, a ojos del turista, forman un paisaje increíblemente bello. Ubud, situada en el centro de la isla entre suaves laderas, es la ciudad cultural y artística de Bali por excelencia. Es fácil tropezarse con templos privados, galerías de arte, casas tradicionales, centros de masajes y yoga, tiendas de artesanía, restaurantes y

mercados al aire libre. No hay que dejar de visitar el Bosque Sagrado de los Monos donde, en un entorno selvático, se camina por senderos repletos de estatuas forradas de musgo y se tiene contacto directo con los primates, que allí son objeto de veneración. Hay que dejarse seducir por alguna de las muchas representaciones de teatro y títeres que se celebran cada noche. Ubud es el sitio perfecto para ver una actuación de la peculiar danza balinesa, que es muy dinámica, hipnótica e intensamente expresiva. Única en el mundo. Es ineludible visitar las fuentes sagradas del templo Tirta Empul, que significa ‘arroyo claro como el cristal’. Las aguas de

IMPRESCINDIBLE: Tanah Lot Es el templo más popular de la isla, dedicado al dios del mar. En balinés, literalmente, significa ‘tierra en el mar’ y es precisamente eso, un islote rocoso situado en una playa con vistas al océano, situado a pocos metros de la orilla y que queda accesible a los peregrinos durante la marea baja. Varias pagodas verticales de tejado de paja sobresalen sobre una vegetación frondosa que ocupa casi todo el terreno disponible. Según la creencia popular, Tanah Lot es un antídoto contra las serpientes y dragones que acechan desde las aguas. Su visita al amanecer o el atardecer se convierte a diario en un acontecimiento único, quizás la imagen más bella es cuando la marea está alta, las aguas cubren totalmente el contorno del templo convirtiéndose en una isla y la figura imponente de sus torres emerge majestuosa sobre el agua. Simplemente espectacular.

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SABÍAS QUE:

Templo Tirta Empul.

este manantial son muy apreciadas por las gentes del lugar por sus propiedades curativas, lo que convierte a este templo en un lugar de peregrinaje para los enfermos que acuden para curarse y celebrar ceremonias religiosas. Es un espectáculo curioso ver bañarse con su previo ritual a los fieles para purificar su cuerpo y espíritu. En el centro de la isla, a los pies del volcán Bratan situado a 1.200 metros de altura, donde el clima es más fresco, rodeado de montañas de frondosa vegetación, se sitúa otra visita imprescindible: el templo Ulun Danu Bratan, la postal más fotografiada de Bali. El templo esta dedicado a Dewi Danu, la diosa de los lagos y ríos, que habita este lago, y se erige el templo sobre dos siluetas en forma de pagoda en un islote rodeado de conos volcánicos. Es un lugar de peregrinación sobre todo de campesinos, que acuden a él a pedir agua para sus cultivos. Todo ello, en conjunto, compone una estampa idílica. El templo Madre de Besakih es de suma importancia para los balineses. Hablamos del complejo de templos más sagrados e importantes de Bali. Se encuentra situado a 1.000 metros de altura y está compuesto por un conjunto de 23 templos, pabellones, estatuas, patios y

santuarios dedicados a diferentes divinidades hinduistas, repartidos en la ladera del volcán Agung. Esta cascada de templos es uno de los centros espirituales de la isla desde hace más de 1.000 años. El complejo, que ocupa una vastísima extensión de terreno, es sencillamente espectacular. El palacio de agua Tirta Gangga significa literalmente ‘agua del Ganges’ y es un lugar de reverencia para los hindúes balineses. Es un laberinto de piscinas y fuentes rodeadas de un exuberante jardín y esculturas de piedra y estatuas. La pieza central del palacio es una fuente de once niveles y hay muchas hermosas tallas y estatuas que adornan los jardines. La gastronomía en Bali es una mezcla de influencias chinas, europeas, orientales e indias. El arroz es el ingrediente principal, que se suele mezclar con carne o verduras, leche de coco, pollo y especias. El plato típico de Indonesia es el nasi goreng, compuesto por arroz frito con verduras, pollo, gambas y huevo. El plato estrella de la cocina balinesa es el famoso babi guring o cerdo asado, todas las celebraciones van acompañadas de este plato. Hay que perderse por los mercados de fruta, verdura y pescado, una maravilla para los sentidos.

• Se saluda a las personas con un apretón con mano derecha únicamente, tanto hombres como mujeres. Los balineses nunca expresan enfado ni afecto en público. • Para los balineses, la cabeza de una persona es la parte más sagrada y un extraño no debe tocarla nunca, ni siquiera a los niños. • H asta pasados 201 días del nacimiento de un bebé no se le puede cortar el pelo. Cuando llega ese día se hace una ceremonia y se entierra el pelo junto al cordón umbilical. • Para acceder a los templos, todas las personas deben usar un pareo (sarong) y un fajín. Las mujeres con la menstruación no pueden entrar, se las considera impuras. • En Indonesia se fabrica el café más caro del mundo, kopi luwak, que tiene como peculiaridad que se obtiene moliendo los granos de café extraídos de las deposiciones de un animal, la civeta, un pequeño mamífero típico de la isla. • Hay que procurar no quedarse nunca con las manos en las caderas sobre todo si se está conversando con alguien, ni señalar con el dedo, pues se considera de mala educación y se puede interpretar como un gesto de agresividad. • Los balineses usan dos tipos de calendarios: por un lado tienen el calendario occidental como nosotros, pero también tienen sus propios calendarios, llamados wuku y saka, que rigen las fechas para la celebración de las fiestas nacionales. • Está prohibido construir edificios más altos que las palmeras. • Es muy característico ver multitud de ofrendas que son presentadas a sus dioses y ancestros. Se colocan en las puertas de las casas, negocios, calles, motos y autos. Una vez que son ofrecidas, no se pueden volver a usar.

Danza balinesa.

Templo Besakih.

Templo Tirta Gangga.

Lo mejor: la mezcla única de cultura, religión, costumbres, paisajes volcánicos y playas tropicales que enamoran a todos sus visitantes. Lo peor: la masificación de turistas en determinadas épocas del año.

ABOGADOS DE VALLADOLID / Encuadernados / 50

‘Qué está pasando en Cataluña’ de Eduardo Mendoza y

‘Contra el separatismo’ de Fernando Savater Por Cristina Gallego Velloso, abogada En ocasiones nos toca en suerte ser contemporáneos de acontecimientos históricos en los que estamos tan imbuidos que los árboles no nos dejan ver el bosque. Es de agradecer que haya inteligencias capaces de comprender y analizar la realidad, facilitándonos instrumentos para, con un poco de nuestra voluntad, ganar distancia del bosque y ponernos en condiciones de contemplarlo cabalmente. Entre ellos se encuentran Eduardo Mendoza y Fernando Savater. Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) no aspira con su obra ‘Qué está pasando en Cataluña’ (Seix Barral, 2017) a más de lo que ya anuncia en su portada: que nos cuestionemos “nuestras ideas en lugar de encogernos de hombros ante el prejuicio, la negligencia y la incomprensión”. Y lo hace sin situarse en ningún bando, porque no le gusta ninguno, y en apenas noventa páginas entrega al lector elementos clave para entender cómo se ha llegado al momento

actual en Cataluña. Cierto es que lo hace sin atisbo de esperanza en una futura solución porque, como señala, “casi siempre es tarde cuando nos ponemos a pensar las cosas”. El franquismo en Cataluña, la inmigración, la burguesía catalana, la lengua catalana, Barcelona… todo ello explicado mediante breves y luminosos trazos. Fernando Savater (San Sebastián, 1947) advierte en ‘Contra el separatismo’ (Ariel, 2017) que no es más que un panfleto y que lo es intencionadamente. Con sus diecisiete páginas —a las que siguen diez artículos publicados por el autor en diferentes periódicos en el último semestre del 2017— pretende restablecer la racionalidad perdida ante tanto desvarío fomentado por todos los bandos en el tema catalán. Desde el principio advierte que la obra es “contra el separatismo, no contra el nacionalismo” ya que este es inocuo si no muta en separatismo; mientras que el independentismo es

Portadas de ‘Qué está pasando en Cataluña’, de Eduardo Mendoza, y ‘Contra el separatismo’, de Fernando Savater.

narcisista, xenófobo y tóxico para todos los ciudadanos. Savater expone sus argumentos de una manera sucinta, pero con gran fuerza, decisión y valentía, reclamándonos atención para dejar de ser espectadores y para actuar con la responsabilidad que requiere el título de ciudadanía que ostentamos, evitando así que quede convertida “en un vacuo título halagador que poco significa en realidad”. Termina con una recapitulación de “las siete razones fundamentales por las que el separatismo es un achaque político que hay que evitar y combatir”. Y esa es la finalidad de esta obra: combatir la sinrazón del totalitarismo como el autor ha venido haciendo a lo largo de su ya larga trayectoria intelectual, con contundencia, con la palabra, pero sin perder esa punta de calma lúcida que siempre le ha caracterizado. Cuando termina su lectura, una agradece el rayo de luz que nos ha entregado Savater para ver mejor las complejidades del bosque.

ABOGADOS DE VALLADOLID / Abocados / 51

g abocados

Jaime Díaz Astrain Foces, abogado

ENSALADA CONCHITA Demos la bienvenida al verano con un plato refrescante y adecuado para la estación estival, cual es una ensalada. La he llamado Conchita en honor a mi mujer, porque es la ensalada que prefiere y que le suelo hacer en casa. Ingredientes: • 1 tomate grande de huerta • 1/2 lechuga o un cogollo • 1/2 cebolla • 1 manzana (royal gala está bien) • Queso ( según gusto semi, curado, fresco o de cabra) • 2 lonchas de jamón de York • Uvas pasas • Maíz • Aceite de oliva virgen (si es extra, mejor) • Sal • Vinagre (a gusto, de Módena o de Jerez) * Le quedan muy bien las nueces troceadas

Jurídicamente incorrecto

La elaboración es sencilla: Partimos el tomate en dados, la lechuga en juliana, la cebolla en tres trozos de longitud cada rueda: pelamos la manzana, le quitamos el centro y la partimos en dados, troceamos el queso, aunque si es de cabra mejor en rodajas enteras, picamos en trozos cuadrados medianos el jamón, y echamos por encima unas uvas pasas y maíz, y si tenemos también unas nueces picadas. Salamos, rociamos con aceite de oliva virgen (una fórmula es verterlo diciendo “Valladolid” y ya está), y luego el vinagre, que si es de Módena o de Jerez conviene no excederse pues es mucho más fuerte que el normal.

Movemos los ingredientes para que la sal, el aceite y el vinagre estén por igual, y la metemos en un sitio fresco. Espero que os guste y disfrutéis con esta receta de ‘Derecho a la Cocina’ y ¡¡¡feliz verano!!!