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Prof. JAIME TORO CALDER EDITOR

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RIO PIEDRAS CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES EXCESO DE COPIA PARA DONAR CPR UPR RP

COPIA EXPARADONARpe UP RP

FUNDAMENTOS

PARA UNA

SOCIOLOGIA PENAL EN PUERTO RICO

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras Centro de Investigaciones Sociales

FUNDAMENTOS SOCIOLOGIA

PARA

UNA

PENAL

EN PUERTO RICO

Prof. Jaime Toro Calder, Editor Sociólogo-Crim inó logo

"Edición conmemorativa de 30 años de servicios a la investigación científico social en Puerto Rico" 1945-1975

® Copyright Centro de Investigaciones Sociales Universidad de Puerto Rico, 1976

Tipografía y Montaje por: Master Typesetting of P.R., Inc. Edif. Banco de Ponce, Hato Rey

"Edición conmemorativa de 30 años de servicios a la investigación científico social en Puerto Rico". 1945-1975

FUNDAMENTOS PARA UNA SOCIOLOGIA PENAL EN PUERTO RICO: Veinte años dedicados a la investigación criminológica al servicio de Puerto Rico

Prof. Jaime Toro-Calder, Editor Sociólogo-Crim inólogo

Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras Facultad de Ciencias Sociales Centro de Investigaciones Sociales 1976

INDICE

Prefacio

Prólogo del Editor

APORTE AL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE LA JUSTICIA CRIMINAL EN PUERTO RICO

Fundamentos sociológicos y criminológicos de la reforma penal en Puerto Rico, Manuel López-Rey y Arrojo. (1969)

La prevención del crimen y su relación con los derechos humanos a la luz de la criminología contemporánea, Jaime Toro-Calder. (1969)

El estado de los servicios en el campo de la criminología en Puerto Rico, Jaime Toro-Calder, (1967)

El impacto de la libertad bajo palabra en la rehabilitación de confinados y las características sociales de los confinados, asociados con el éxito o fracaso en el disfrute de la misma, Pedro A. Vales (1969)

APORTE SOBRE EL CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN PUERTO RICO

Algunos hallazgos de un estudio sobre la delincuencia juvenil en Puerto Rico, Jaime Toro-Calder (1970) VII

Estudio socio-ecológico de la deserción escolar y la delincuencia juvenil en Puerto Rico, Mercedes O. de Ramos (1969)

Selección Especial: Chapter Nine: "Overview of the results", en DELINQUENTS AND NON DELINQUENTS IN THE PUERTO RICAN SLUM CULTURE, F. Ferracuti, S. Dinitz and E. Acosta de Brenes (1975)

101

Crisis de un enfoque teórico sobre la delincuencia juvenil, Awilda Palau de López (1971)

119

APORTE SOBRE EL CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DE LA DELINCUENCIA ADULTA EN PUERTO RICO

143

9. Apuntes sobre criminología caribeña; PUERTO RICO 1975: Naturaleza y extensión de la criminalidad, recuento de la literatura sobre investigación criminológica, perspectivas, Jaime Toro-Calder (1975)

147

10. Patterns of violence in San Juan, Samuel E. Wallace (1969)

171

11. A comparative study of Puerto Rican attitudes toward the legal system dealing with crime, Jaime Toro-Calder, C. Cedeño y W. C. Reckless (1968)

179

12. Signos sobresalientes de homosexualidad de una población penitenciaria femenina, obtenida mediante la aplicación de técnicas de proyección, F. Ferracuti y G. B Rizzo (1958)

191

13. Estudio clínico sobre el incesto en Puerto Rico, F Ferracuti (1969)

205

VIII

PREFACIO El que a uno le quepa el honor de escribir el prefacio de una edición conmemorativa de un trigésimo aniversario no es cosa corriente. Tampoco es cosa corriente que con ella se conmemoren 30 años de constante significativo impacto como ha sido el del Centro de Investigaciones Sociales en la sociedad puertorriqueña. Heredero de los aciertos del Centro de Investigaciones Sociales que bajo la tan distinguida dirección de, entre otros, académicos de la talla de Clarence Senior, Millard Hansen, Rafael de Jesús Toro y Luis Nieves Falcón cubren el espectro de las Ciencias Sociales, destacándose en la criminología y el estudio de la desviación social, me pareció un justo memorial a ellos y a la constelación de talentos que ha laborado en el Centro, dedicar uno de los dos tomos conmemorativos a esta temática. Y, zquién mejor para recopilar, seleccionar y editar un volumen sobre criminología que Jaime Toro-Calder, uno de los más distinguidos estudiosos de la criminología en la América Hispana? Al profesor Toro-Calder, pues, le tocó la difícil tarea de hacer un escogido representativo de las corrientes de pensamiento reflejadas en los escritos generados en el Centro de Investigaciones Sociales. Con esta publicación no tan sólo se ha levantado un texto conmemorativo del Centro de Investigaciones Sociales, sino que a la vez se rinde homenaje a aquéllos que participaron en los estudios citados, logrando asímismo otro galardón de excelencia a su haber profesional. Este tomo llegará a ser un clásico en su campo. De igual manera, constituye un justo reconocimiento de los treinta años que el Centro de Investigaciones Sociales ha estado al servicio de Puerto Rico.

Luis A. Passalacqua Christian Director Interino Centro de Investigaciones Sociales Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras a 3 de junio de 1976 lX

PROLOGO DEL EDITOR El azote del advenimiento de la sociedad puertorriqueña a una etapa urbana industrial, hacia la que ha venido evolucionando en los últimos veinte años, culminan en la última década con manifestaciones típicas de este cambio social. Es de especial significado la toma de conciencia de fenómenos relativos a desviación social, en especial aquéllos que revisten consecuencias legales, esto es, comportamiento que viola las leyes establecidas. A fines de la década del 60 y en lo que va del 70, se observa un ritmo acelerado en la preocupación en nuestra sociedad por el alegado incremento en la incidencia de la criminalidad. Como reacción a este fenómeno, y luego de una difícil y trabajosa gestión, se culmina en el último cuatrenio la llamada Reforma del Sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico. Como es lógico suponer, para una exitosa gestión en tan vasta y compleja tarea, se debe contar con conocimientos igualmente extensos y profundos (inclusive conocimientos analíticos) sobre datos relativos a las características descriptivas, así como los problemas que aquejan a la sociedad puertorriqueña. De lograrse esta gestión a cabalidad y profundidad, estaremos gestando una sociología penal para Puerto Rico, y las contribuciones pertinentes serían parte integral de la misma. Entre los más significativos legados ofrecidos a la sociedad puertorriqueña por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, podemos señalar aquellos aportes relativos al fenómeno de la criminalidad y la administración de la justicia criminal en Puerto Rico. Esta contribución comprende una diversidad de temas, y pone al servicio de nuestra sociedad los más distinguidos y prestigiosos profesionales, tanto de procedencia local como internacional. En esta publicación recogemos algunas de las contribuciones de éstos. Por lo abarcador que resulta ser el proceso de la administración del sistema de la justicia criminal, que comprende el esfuerzo de la sociedad por aprehender (Policía) a aquéllos que violan las leyes, la acusación, enjuiciamiento y disposición en los casos (Tribunales), y la acción de la sociedad para reprender o reeducarlos (Corrección), deseamos advertir que en manera alguna pretendemos qué los escritos incluidos ni remotamente satisfagan las necesidades y demandas de XI

un tratamiento exhaustivo del tema. No obstante, creemos que representan una alta proporción de lo poco con que contamos sobre estos temas, y que su contribución es significativa al conocimiento y entendimiento de la naturaleza y alternativas para bregar con los problemas que aquejan al sistema de la administración de la justicia criminal en Puerto Rico. Asimismo, consideramos que estos trabajos aportan conocimientos igualmente importantes a la criminología puertorriqueña. Los escritos todos se originan de investigaciones científico-sociales llevadas a cabo en el Centro de Investigaciones Sociales, y que en su mayoría aparecen en sus publicaciones oficiales, o en la Revista de Ciencias Sociales, al presente adscrita a esta dependencia. Deseamos apuntar que muchas de ellas son poco conocidas, a pesar de que constituyen significativas contribuciones al tema que nos ocupa. En este sentido el esfuerzo resulta único. Deseamos expresar nuestro reconocimiento al Director Interino del Centro de Investigaciones Sociales, profesor Luis A. Passalacqua Christian, por la entusiasta acogida brindada a esta publicación, así como a las autoridades universitarias por hacer que este proyecto se convirtiera en una realidad. E1 Editor Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras 30 de marzo de 1976

XII

APORTE AL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE LA JUSTICIA CRIMINAL EN PUERTO RICO La planificación racional de una reforma social con la expectativa de inducir cambios en los procesos que envuelven servicios a una comunidad particular, presupone un esfuerzo único, ya que es necesario hacer acopio de todos los datos que servirían de base para cimentar y orientar dichos cambios. Cuando el proceso que se interesa afectar es el sistema de la justicia criminal de un país, este esfuerzo debe encaminarse a recopilar la información pertinente e interpretar la misma en términos de su significado penológico para el estado y las consecuencias para los miembros de esa sociedad. Asimismo, debe comprender datos relativos a las características demográficas de esa población, su situación económica, perfiles ocupacionales, y características educativas; las prácticas y costumbres reflejadas en el comportamiento característico y particular a la misma; así como el cuadro que caracteriza el comportamiento tanto de la población delictiva como la penitenciaria en los años más recientes. Es este el marco conceptual y operacional sobre el que se debe apoyar todo intento de iniciar una reforma penal. Este esfuerzo representa para una sociedad el hacer una realidad su sociología penal. Como podemos evidenciar por el contenido de los escritos incluidos en esta publicación, el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, ha contribuido con importantes y significativos aportes a este esfuerzo en Puerto Rico. Desafortunadamente, este esfuerzo se ha ignorado parcial o totalmente por los agentes sociales responsables de instrumentar estos cambios. No obstante, por su validez científica y empírica bien puede en su momento oportuno ya inmediato o futuro servir para enriquecer la visión, el conocimiento y el entendimiento en reconsideraciones del tema y orientar acción futura. Adicionalmente se cuenta con numerosas contribuciones en forma de libros, informes y 1

evaluaciones científicas que representan una importante fuente de información y asesoramiento al servicio de la sociedad puertorriqueña en su necesidad de pivotear futuros cambios en el sistema de la administración de la justicia criminal sobre juicios autorizados y datos objetivos validados científicamente para la sociedad puertorriqueña. En el primero de los escritos incluidos, el profesor Manuel López-Rey y Arrojo (1969), distinguido penalista internacional, nos llama la atención muy acertadamente a que "la realidad puertorriqueña no ha sido debidamente considerada", refiriéndose a la revisión del código penal, documento que se encontraba bajo estudio al momento de producirse el escrito, hoy vigente, luego de ser aprobado por la Legislatura de Puerto Rico en el 1974. Asimismo, y como un atisbo de especial importancia, enumera los elementos que en su opinión deben ser considerados y constituir la información básica necesaria para el inicio de una revisión de un código penal para un país, igualmente válidos para cambios en el sistema de la administración de la justicia criminal. A este señalamiento, Toro-Calder suma en su escrito para la Comisión de Derechos Civiles (1966) algunas directrices de orden filosófico-penal, y recomendaciones específicas de acción en la prevención del crimen y la planeación de la justicia criminal, en especial en lo relativo al tratamiento de los convictos en instituciones penales. En un esfuerzo que resulta único hasta el presente, Toro-Calder (1967) describe el perfil de características del personal que rinde servicios en el campo de servicios sociales en la administración de la justicia criminal en Puerto Rico. De especial interés es la iden~ificación de las lagunas en la preparación profesional de dicho personal, y la identificación de las limitaciones con que se desempeñan, procediendo a hacer recomendaciones específicas para remediar las mismas. Aunque ya ha transcurrido casi una década, tenemos la impresión que básicamente la situación descrita prevalece todavía, aún cuando tiene que bregar con una problemática nueva de mayor extensión, complejidad y exigencia, y por ende, con una situación empeorada. Finalmente, el estudio de Vales (1969) representa un importante aporte al conocimiento sobre una de las más prometedoras alternativas para bregar con el problema de la disposición de personas convictas y sentenciadas por delitos públicos. Resulta casi unánime la opinión de los criminólogos contemporáneos en el sentido de que las instituciones penales, tal como las conocemos, han 2

fracasado en el intento por re-educar a los delincuentes. Consecuentemente, la búsqueda de alternativas para desviar al convicto de las instituciones penales, es un área de gran interés, y la probatoria, —sentencia suspendida y libertad condicionada y supervisada en la comunidad— representa una importante y prometedora alternativa. En este escrito, en adición a recomendaciones sobre la organización y medidas administrativas, el autor bien señala lo limitado del uso de esta disposición como medio de tratamiento para la población convicta. Asimismo, prevalece el convencimiento que una alta porporción de la población convicta y sentenciada no necesita ser recluida en una institución por no representar peligro alguno para la comunidad y porque es objetable el beneficio —si alguno— que pudiera recibir en una institución que carece de los medios de tratamiento adecuados; situación que podría tener efectos altamente perjudiciales para aquéllos que, no necesitándolo, son forzados a sufrirla. Hoy día, con la nueva legislación aprobada, se ha ampliado la frontera de acción de esta medida dispositiva, aunque tenemos dudas razonables de que con el clima de actitudes punitivas que prevalece en nuestra sociedad, este potencial se logre en una acción de verdadero impacto creador. Cuando consideramos el sistema de la administración de la justicia criminal en el proceso que describen sus componentes, —los esfuerzos por lograr prevención del crimen, la Policía, el encausamiento del caso, los Tribunales, los servicios correccionales, y el regreso y adaptación del ex-recluso a la comunidad— bien podemos adquirir conciencia de lo limitado del alcance de las investigaciones científico-sociales en estas áreas. Esta situación nos sugiere la urgencia del inicio de estudios exploratorios descriptivos sobre todos los componentes del sistema de la administración de la justicia criminal en Puerto Rico como una necesidad imperiosa para que nuestra sociedad pueda enfrentarse a los problemas de control social que sufre, luego de haber identificado y definido objetivamente sus problemas y poder proceder acertadamente a bregar con los mismos. Por su probada competencia en el campo de la investigación científico-social en el campo de la criminología, el Centro de Investigaciones Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, parece ser el recurso más idóneo para hacer una realidad esta misión.

FUNDAMENTOS SOCIOLOGICOS Y CRIMINOLOGICOS DE LA REFORMA PENAL EN PUERTO RICO* Manuel López-Rey y Arrojo En la preparación de un código penal pueden seguirse dos procedimientos distintos, uno que consiste en estimar dicha preparación como una operación esencialmente técnico-jurídica y otro, en considerarla como de -índole jurídico-social que requiere previamente unos fundamentos sociológicos y criminológicos. El primer enfoque ha sido y es históricamente seguido, y en líneas generales consiste en encargar la redacción de un proyecto a un abogado o profesor más o menos eminente, o a un grupo de abogados o profesores o a ambos, lo cual se lleva a cabo con poca y ninguna consultación con otros especialistas o profesionales. A veces, el grupo está constituido por una comisión o subcomisión jurídica de codificación penal. Tal procedimiento consiste mayormente en una labor de derecho penal comparado, en referencia más o menos erudita, y en ignorar casi absolutamente la estructura socio-económica del país, sus transformaciones sociales y las posibilidades que el país posee para llevar a cabo o no lo que se propone. El propósito es elaborar un código penal de índole más o menos modélica en que se recoge lo mejor o lo que se estima como tal sin adentrarse en una investigación de las características, necesidades y medios, referidos al orden penal, del país de que se trate. Nótase que este sistema, esencialmente formalístico, suele hacer referencia a la criminología pero sin ocuparse en verdad de ella. Al referirse a ella y otras disciplinas, lo más que se persigue es mostrar una erudición superficial pero no un conocimiento adecuado de una y otras. El *Tomado de Primer Ciclo de Conferencias Públicas Sobre Temas de Inuestigación Social, Centro de Investigaciones Sociales, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1969.

procedimiento se halla aún muy favorecido especialmente en ciertos países donde la redacción de un proyecto de código penal se estima como una operación técnica. Este sistema de encargo jurídico ha sido el seguido en Puerto Rico, país que no ha sido en realidad muy afortunado en sus intentos de reforma penal. Cuando en 1898 se trató de reemplazar el código penal español de 1879, en varios respectos superior al de 1870 que regía en España y del que era en gran parte reproducción, la concepción jurídico-formal del derecho penal de aquella época triunfó y con un criterio de transplantación jurídica no menos colonialista se promulgó en Puerto Rico, con algunos retoques, el código penal californiano de 1873 que realmente era en todo aspecto inferior al que reemplazaba. Lo que es peor, se le implantó en defectuosa traducción española que todavía en no pocos respectos subsiste. En otras palabras, y pese a la evolución política de Puerto Rico de ser un estado asociado, el texto que hace todavía fe en la interpretación no es el español que nunca ha existido, sino una defectuosa traducción española de un texto inglés que ciertamente no es lo mismo. El código penal así implantado ha tomado carta de naturaleza en forma muy limitada. En efecto, ha dado lugar a una jurisprudencia, pero sería difícil decir que ha producido una doctrina penal en Puerto Rico. Con franqueza ha de decirse que, pese a algunas interesantes monografías, tal cosa no existe por la sencilla razón de que el código penal ha vivido y vive aún huérfano de todo estudio sistemático. A la hora actual, y tras más de 60 años de aplicación, no existe en Puerto Rico siquiera un modesto manual y menos un tratado de derecho penal puertorriqueño. En cuanto a comentarios, lo único que he podido encontrar, y si cometo error por omisión me excuso de antemano, es un folleto de 20 páginas que un tanto ambiciosamente se titula por su autor Cayetano Coll y Cuchí, Comentarios al Código Penal de Puerto Rico, sin pie de imprenta, 1916, en el que en dichas páginas se hacen comentarios de modestísimo alcance a los trece primeros artículos del referido código. El sistema de encargo ha sido desde entonces la característica de los intentos de reforma del código penal. El señor Hernández Colón ha puesto clara y concisamente esto de manifiesto en su ojeada histórica penal de los intentos de reforma codificadora especialmente a partir de 1937.1 De su exposición resulta que el proyecto Donelly 1. V. su informe como Secretario de Justicia en la edición oficial del Proyecto de código penal para Puerto Rico y mensajes, informes, tablas e Indice, redactado por Francisco Pagán Rodríguez, LL. D., 1967.

fue un caso típico del enfoque jurídico-formal de la reforma penal. No menos típico fue más tarde el encargo conjunto —que por razones personales se desdobló pronto en dos— de redactar un proyecto hecho a la profesora Helen Silving y al profesor Francisco Pagán. Cada uno decidió trabajar independientemente desde 1959 hasta 1966. La primera produjo un estimable proyecto de Parte General de un código penal, mas no un proyecto completo. El segundo produjo un no menos estimable proyecto, pero completo, de un código penal. Dicho proyecto fue el considerado por el Gobierno y sobre el mismo y a requerimiento del Departamento de Justicia preparé mis comentarios.2 El anteproyecto del Dr. Pagán y mis comentarios fueron considerados en la redacción de un proyecto final por el Comité Interno del Departamento de Justicia. Previamente, fui invitado a asistir a una serie de reuniones para examinar dicho anteproyecto y mis comentarios al mismo. Por estimar que tanto el anteproyecto del Dr. Pagán como mis comentarios deberían recibir la necesaria publicidad, y que la redacción final de un proyecto no debe ser la obra de un pequeño comité o grupo, por respetable que el mismo sea, me retiré tras la primera reunión y el estudio del anteproyecto pasó entonces al Comité o grupo interno mencionado por el entonces Secretario de Justicia en la Introducción indicada. Producto del Comité ha sido el proyecto oficial sometido al Legislativo y que ha sido objeto de una serie de audiencias y testimonios públicos ante la Comisión Jurídico-Penal del Senado, ante la cual tuve el honor de comparecer para expresar mis puntos de vista sobre el proyecto final, lo que hice en marzo de 1968. Con anterioridad, y por encargo combinado de la Comisión de Derechos Civiles y del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, había preparado un estudio detenido, penal y crjminológico del referido proyecto que ha sido profusamente distribuido en forma mimeografiada por la indicada Comisión y que será publicado en forma impresa con la colaboración del Colegio de Abogados. El segundo método en la preparación de un proyecto de código penal exige, primeramente, la investigación socio-criminológica de una serie de cuestiones y problemas de índole básica para una mejor formulación del texto jurídico-penal. Esta no es una operación de 2. •La reforma penal en Puerto Rico, 1967, que ha sido objeto de tres ediciones diferentes, una publicada por el Centro de Investigaciónes Sociales de la Universidad de Puerto Rico, otra por la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Vol. XXXVI, Núm. 3, 1967, igualmente agotada y una tercera al publicarse el trabajo —de unas 90 páginas— por la Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico Vol. XXVIII, Núm. 1, 1967. 7

despacho o de mera comparación de textos, sino, en primer término, de conocimiento de las necesidades penales del país de que se trate y sólo una vez conocidas deberá comenzarse la redacción del proyecto. Dicha indagación previa no requiere un esfuerzo prolongado y exhaustivo, sino el conocimiento adecuado de una serie de presupuestos esenciales a fin de que lo que se sugiera después en el anteproyecto responda a esas necesidades. Inútil decir que ni el anteproyecto del Dr. Pagán, ni el final preparado por el Departamento de Justicia y el presente sometido al Legislativo, se basan en esa indagación previa socio-criminológica. Ello no quita mérito al trabajo que uno y otro han realizado, pero sería ilusorio pretender que lo que se ha sometido a la consideración del Legislativo es un proyecto de código penal puertorriqueño. Siguiendo la clásica trayectoria, el proyecto es una combinación de parte del viejo código penal de Puerto Rico, digo viejo ya que actualmente, y pese alas reformas, es el código californiano de 1873, de disposiciones tomadas y no muy afortunadamente del Model Penal Code, 1962, del American Law Institute, de los proyectos Peco y Soler para la Argentina y de otra serie de proyectos y códigos penales de diversos países. Ciertamente, en el Informe Explicativo del Dr. Pagán se dice en varias ocasiones que la realidad puertorriqueña ha sido tenida en cuenta. Así, se hace referencia a la cuestión de los narcómanos en la que datos sobre Puerto Rico son suministrados, pero fuera de éstos y de referencias accidentales a otros aspectos, nada hay que pueda estimarse como indagación de la realidad puertorriqueña, tanto en lo que se refiere a las innovaciones hechas como a lo que se ha tomado de otros proyectos. El resultado es un proyecto de código penal que es dudoso pueda servir las necesidades penales de Puerto Rico. Con ello no deseo disminuir los méritos del trabajo realizado por el Dr. Pagán a quien estimo como amigo y compañero, pero sí señalar que el procedimiento seguido, del cual él no es responsable, no es el adecuado. Los códigos no pueden ya seguir haciéndose como empresas jurídico-penales. Tal fue el caso del proyecto Soler y de otros muchos en América Latina donde persiste aún la tesis de que los proyectos pueden transplantarse de un país a otro. Tal fue el caso del proyecto de código penal para Guatemala que es la reproducción, con pequeños cambios, del mismo proyecto que Soler preparó para la Argentina. Ambos países son esencialmente diferentes en todo respecto y, sin embargo, ni el Gobierno guatemalteco ni los penalistas implicados tuvieron el menor escrúpulo en estimar que lo que se había preparado para la Argentina podía traspasarse sin más a Guatemala. Lo mismo cabe decir con la 8

presente reforma penal en Venezuela. Es evidente que el anteproyecto de código penal de 1967 reformado por los señores Jiménez Asúa y Méndez es en no pocos aspectos una pieza jurídico-penal que pueda entusiasmar a muchos, pero que ciertamente no corresponde a las necesidades penales de Venezuela y ello pese a que uno de los autores es venezolano. La condición de nacional ayuda, pero por sí misma no garantiza conocimiento adecuado de dicha realidad. Tal fue el caso con Guatemala donde dos profesores guatemaltecos estimaron que lo hecho para Argentina servía para Guatemala. En el caso de Venezuela la situación es igualmente criticable. La larga y minuciosa Exposición de Motivos —185 páginas impresas— de los señores Jiménez Asúa y Méndez no contiene una sola referencia a datos o a información sobre la realidad venezolana, a la adecuación de las disposiciones del proyecto a sus necesidades penales, a lo que es la criminalidad en Venezuela, la organización penitenciaria, a un con la política análisis de los resultados obtenidos en los últimos criminal aplicada, etc. Todo se pasa en el estrecho límite de lo que he llamado derecho penal de sillón, es decir, un derecho penal que no es vivido ni encarado con la realidad. Ciertamente, la Exposición contiene una serie de referencias a los pasados intentos de codificación, pero el proyecto fracasa en poner de manifiesto que lo que se somete es algo basado en la carne y huesos de Venezuela como país viviente, que evoluciona y cambia, que, en suma, ofrece contrastes, realidades y problemas ninguno de los cuales se ha tenido en cuenta por ese derecho penal erudito, de lenguaje un tanto redicho, que nace y muere dentro de los límites de una concepción jurídica del derecho penal que no existió nunca en Alemania en la forma que ha sido presentada por Jiménez Asúa. En suma, la concepción técnico formal del derecho penal, de la que se hace eco el proyecto venezolano, debe ser tenida muy en cuenta a fin de no ser imitada. Los aspectos más importantes de una previa indagación sociocriminológica para una codificación penal, son: composicióñ de la población nacional, su distribución y proyecciones; estructura político-social y económica y sus relaciones con los diferentes grupos socio-económicos del país; determinación de las costumbres que se estiman problemas sociales en relación con el derecho penal; tendencias y fluctuaciones de la criminalidad y población penitenciaria en los últimos cinco años; extensión y características de la reincidencia, liberación condicional y demás instituciones concernientes a la suspensión, aplicación y remisión de las sanciones penales; conocimiento de los casos de código penal que no han tenido nunca o sólo escasa aplicación o que han suscitado dificulta-

os.

des de aplicación; y facilidades existentes respecto a personal y servicios relacionados con la aplicación del código penal. Nada de esto ha sido tenido en cuenta por el proyecto lel Dr. Pagán. Sería imposible hacer aquí un examen de estas cuestiones con respecto a su proyecto y Puerto Rico. Sobre ellas nos remitimos a nuestro detallado estudio en curso de publicación. Aquí bastará examinar a título de demostración unos cuantos casos. El primero se refiere a la minoridad penal, cuestión que el Dr. Pagán evita al no introducir modificación alguna y guardar silencio sobre una de las cuestiones más candentes de la realidad puertorriqueña. La ley núm. 97 de 1955, que es un mal calco de la hecha en y en ciertos los Estados Unidos, establece el límite de los 18 Cabe preguntarse si dichos límites, sobre los casos hasta los 21 que nos hemos extendido en pasadas ocasiones, corresponden a la realidad demográfica, social y cultural de Puerto Rico. Según un informe sometido al Legislativo en 1966, más del 50% de la población puertorriqueña es menor de 18 años. Todavía más, dicha juventud juega en Puerto Rico un papel político-cultural que no corresponde a la condición de "niño" que la referida ley le adjudica. A los que hemos vivido en Puerto Rico por largos períodos, nos basta estudiar esa juventud y el papel que la misma juega para concluir que el concepto de "niño" tiene que ser modificado. Lo acredita así también la extensión y gravedad de la delincuencia juvenil en Puerto Rico. Ello no significa que el menor deba ser tratado como el adulto ni éste como aquél, sino conforme a criterios más realistas. Estos muestran que la función de "parens patria" asignada al Estado no puede ser cumplida por éste. Una visita a los establecimientos de menores, evidencia, especialmente en la Escuela Industrial de Mayagüez, que dicha función es una ficción. Ciertamente la situación es mucho mejor en el Centro de Tratamiento Social para Niños de Ponce. Tampoco puede estimarse como satisfactoria en no pocos aspectos en el Hogar Estatal de Niños de Guaynabo. Mejor y con menos pretensiones, debido al esfuerzo personal de la directora, es la situación en el Hogar Estatal de Niñas de Santurce. Contrariamente a lo que se cree, el problema no es uno de medios financieros aunque éstos son escasos, sino de política social. En suma, Puerto Rico no puede seguir estimando como "niños" más de la mitad de su población especialmente cuando úna buena parte de esa mitad no actúa ya como tal, sino con un sentido de responsabilidad y seguridad que desmiente en efecto esa condición infantil asignada por la ley. El artículo 50 del proyecto de código penal establece que la

pena de arresto hasta 90 días puede ser evitada si se paga al Estado una suma a razón de cinco dólares por día. El rescate económico de las penas privativas de libertad fue financieramente explotado por el dictador Trujillo de malhadada memoria. Sin llegar a los mismos extremos de rescate, el proyecto establece un sistema que dejando de lado la importante cuestión de su índole democrática y de su carácter constitucional —a mi modo de ver es contrario a la Constitución. de Puerto Rico— socio-económicamente es injusto, lo que en fin de cuentas confirma su carácter antidemocrático y anticonstitucional. Las estadísticas de los años 1966-/67 relativas a la población penal muestran que de 5,800 personas enviadas a las instituciones penales, 2,097 o el 36% carecían de todo ingreso. Que sólo otro 18% tenía un ingreso anual entre $500 y $1,000 y que únicamente 151, o sea, un 2.5`7 disfrutaba de ingresos anuales superiores a $3,000. De los confinados en dicho año en las cárceles, 60% aparecen como desocupados, de los cuales 40%, carecían de todo recurso. Aún sin llegar a más hondo examen, las cifras muestran dos cosas: una, que el famoso ingreso medio anual de cerca de $1,000 tantas veces mencionado y que estadísticamente existe, tiene poco que ver con la población penitenciaria y otra que, como en la mayoría de los países, la justicia criminal es una justicia mayormente para los pobres. El problema no puede ser discutido aquí. Baste, sin embargo, decir, a fin de evitar malentendidos, que es un error el estimar que la criminalidad de un país está constituida sólo por las cifras de las estadísticas policiales y judiciales. También que la criminalidad de "cuello blanco" se halla más extendida en ciertos aspectos que la que no tiene cuello alguno. A lo dicho debe añadirse que de esos 5,800 condenados, el 55% lo fueron a reclusión por menos de tres meses. También que, conforme a las estadísticas del año 1962/63, de 12,075 sumariados 7,592, o sea, el 55% en cifras redondas, fueron enviados por menos de un día a la cárcel y ello por no poder prestar fianza inmediatamente, bastante modesta en muchos casos, para permanecer en libertad. El fiador fue hallado pero tras búsqueda y significando en no pO0OS casos un sacrificio económico. A todo esto debe aun agregarse el hecho de que con respecto a la población general de Puerto Rico, la mayor concentración de desempleo se da en el grupo de los 20 a 29 años que, en gran medida, coincide con el de mayor criminalidad conocida y juzgada. Conviene guardar en la mente estas dos calificaciones de conocida y juzgada, ya que, como dije, la no conocida o conocida y no juzgada, no sólo es posiblemente mayor sino que además como consecuencia de esa concepción legal de "niño" llega a niveles de edad más bajos en los que hay también 11

gran desempleo o no empleo. Un examen de los salarios de las profesiones más frecuentemente citadas en las estadísticas judiciales y penitenciarias muestra que los salarios semanales correspondientes al servicio doméstico, servicios en general, empleados de categorías inferiores, obreros no calificados y agricultores oscilan entre $45 y $18. No pocas de estas personas son casadas y si no lo son tienen aun responsabilidades familiares de diversos órdenes. Lo mismo acontece entre los sentenciados y penados. De lo brevemente expuesto, puede deducirse que la innovación tan decantada del proyecto Pagán-Departamento de Justicia, en vez de reducir los efectos de una desigualdad social, los agrava en cuanto establece como criterio de rescate uno puramente económico que beneficia casi exclusivamente a un limitado grupo de personas de mejor condición socio-económica, y mantendrá en la cárcel por cortos períodos de privación de libertad a las mismas personas que hoy son enviadas conforme a más anticuados criterios. Ha de hacerse notar que ni el arresto domiciliario, ni la represión judicial, ni la prestación de servicios, ni el arresto de fin de semana y otras instituciones ya admitidas por otros códigos, son siquiera mencionadas por el proyecto indicado, que aquí, como en otros importantes aspectos, parece que no se han dado mucha cuenta de lo que se ha hecho en los últimos 20 años en materia penológica. Mutatis mutandis lo mismo cabe decir respecto al pago de multa a plazos. El proyecto admite éste, pero en caso de insolvencia el artículo 57 exige que la misma se transforme en prisión a razón de cinco dólares por día. Aquí nuevamente la condición socio-económica de la población de Puerto Rico ha sido ignorada. En realidad, el pago a plazos beneficiará sólo a determinadas clases sociales. La tendencia actual es la de no admitir la conversión de la multa, a no ser en caso de insolvencia o negativa provocada o deliberada, en pena privativa de libertad sino en reemplazarla con una prestación de trabajo o servicios, advertencia o reprensión, o en ciertos casos con un arresto domiciliario. Como dije, ninguno de estos medios es mencionado por el proyecto. El proyecto sigue la injustificada distinción entre penas y medidas de seguridad que no pocos penalistas de la vieja concepción técnico-jurídica aún defienden. Conforme a un criterio que no es explicado por el proyecto, los períodos de tratamiento de estas medidas se hacen depender, en los artículos 87 y 88, de la duración máxima de la reclusión que habría sido impuesta al delito en otro caso. Respecto al delincuente habitual, la mescolanza entre pena y medida de seguridad, pese a la separación teóricamente mantenida, es 12

evidente cuando se dice que el máximo del tratamiento del delincuente habitual no excederá del máximo legal previsto para el delito menor de tres años. La conformidad de estos preceptos con un concepto retributivo, no sólo de la pena sino de la medida de seguridad, es evidente. Otro aspecto no menos importante que requiere previa indagación es la indemnización de las víctimas del delito que el proyecto no incluye. La Exposición de Motivos se limita, tras algunas referencias a lo que se ha hecho en otros países, a sugerir que la cuestión debe dejarse fuera del código penal. El razonamientq no es convincente. Hoy día, la evolución de la política social del Gobierno exige que la indemnización de la víctima del delito sea una realidad. En su lugar, los códigos aún mantienen la declamación jurídico-penal de que el condenado es responsable de dicha indemnización y que a la satisfacción de ella debe aplicarse parte de la remuneración recibida por el trabajo penitenciario. Lo que tristemente acontece es que dicha remuneración no existe en muchos países y en Puerto Rico no la perciben todos los reclusos y la percibida es excesivamente modesta. Hoy día la indemnización a la víctima se estima un aspecto esencial de la función penal. El dejarla para una ley especial cuando justamente se prepara un nuevo código, no es fácilmente comprensible. Es cierto que el flamante proyecto venezolano no se ocupa de ella aunque sí de la exigible en caso de rebeliones e insurrecciones. Más que en otros países, la responsabilidad civil, y como parte de ella la indemnización a la víctima del delito, es necesaria en Puerto Rico y ciertamente factible. La indemnización no debe cubrir todo delito y toda víctima, sino ciertos delitos y ciertas víctimas. Los casos más significativos son el homicidio y las lesiones graves. Si la víctima no ha contribuido a la comisión de dichos delitos por su actitud provocadora o por otra razón, la indemnización debe establecerse. En efecto, los códigos penales no tienen por qué descender a detalles, pero sí deben establecer el principio y las bases generales de la indemnización a las víctimas del delito. Otro aspecto de la Parte General que requiere indagación previa es el relativo a la extensión de las sanciones penales. En mi primera y única reunión para la discusión del anteproyecto del Dr. Pagan de 1966, suscité la cuestión de la justificación de las "cantidades" penales asignadas a cada delito. Al igual que el anteproyecto, el proyecto parece ufanarse de arbitrio judicial. La verdad es que éste apenas si existe. La concepción social del derecho penal, tan diferente de la técnico-jurídica de comienzos del siglo, se pronuncia en contra de la individualización legal de la pena, así como de la 13

judicial cuando ésta no es más que una forma encubierta de la legal. En realidad, esta concepción dosificada de la sanción penal refleja la anticuada estructura y organización de la administración de justicia y de la administración penitenciaria en Puerto Rico. Ninguna de las dos, dicho sea con el respeto que merecen, responde a las exigencias socio-económicas y político-culturales de Puerto Rico. Una y otra se hallan aún enraizadas en el siglo XIX y aunque funcionan en algunos aspectos satisfactoriamente, sería engañarse el creer que los dos sistemas de administración no necesitan reforma profunda. En relación con las sanciones cabe decir que las medidas de seguridad sugeridas por el proyecto son impracticables. Primero, porque responden a un sistema de separación entre pena y medida que no se justifica y segundo, porque descansan en concepciones de habitualidad, reincidencia y delincuencia sexuales que pertenecen al pasado. Un examen de las cifras sobre la reincidencia y las características de la mayoría de los reincidentes en Puerto Rico mostrará que la misma no puede construirse sobre una base formalística, es decir, de haber sido condenado anteriormente por un delito de la misma especie. El examen de dichas cifras y características muestra que la reincidencia en la mayor parte de los casos es una reincidencia de "pobreza" o de pequeños delitos contra la propiedad que, aunque constituyendo hechos delictivos, no constituyen por sí y pese a su repetición, un peligro social. Aquí la teoría de riesgo y de soportabilidad delictiva juegan un importante papel. Brevemente diré que uno y otra significan que toda sociedad se supone puede soportar una cierta "cantidad" de criminalidad sin que la misma perturbe seriamente su funcionamiento y desarrollo. Con respecto a la pequeña reincidencia "económica" y ciertas formas de habitualidad, y aun profesionalidad, se halla injustificado el aplicar medidas de seguridad. La aserción del Dr. Pagán de que en Puerto Rico existen los medios y servicios necesarios para aplicarlas en la medida que el proyecto requiere, no resiste la mas leve indagación previa de la realidad. El estudió hecho por el Sr. Loveland muestra que los gastos de organización y entretenimiento de los establecimientos y servicios requeridos, y del personal necesario, exceden con mucho las posibilidades presentes y futuras de Puerto Rico.3 La construcción teórica de la habitualidad, reincidencia, etc., es bella en el papel pero irrealizable en la práctica y no sólo del futuro inmediato sino del lejano también. Se precisa un 3. Loveland, Frank (Consultant Correctional Planning Administration), Program and Estimated Costs to Puerto Rico's Department of Justice under Proposed Penal Code of 1967.

enfoque diferente de dichos conceptos y, sobre todo, un sistema penitenciario muy distinto al que existe actualmente. En suma, la indagación socio-económica aquí preconizada habría mostrado que las disposiciones del proyecto no corresponden a las necesidades penales ni a los medios de Puerto Rico. Con respecto a los delitos, en particular, cabe decir a título de ejemplo lo siguiente. En cuanto al homicidio, el proyecto mantiene las distinciones entre asesinato, asesinato en segundo grado, homicidio voluntario, homicidio involuntario, muerte ocasionada en la conducción de vehículo de motor y homicidio como consecuencia de incitación al suicidio. Estas gradaciones no pueden justificarse crimmológicamente y sobre ello me he extendido en mi análisis del proyecto ya mencionado. Baste aquí decir que es harto dudoso que toda premeditación ha de ser estimada como agravante. Considerar como homicidio voluntario el cometido en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera parece ignorar lo que es voluntariedad. La penalidad del homicidio involuntario o con negligencia, o como el proyecto dice, sin la debida circunspección, que tanto significa cordura o prudencia como seriedad y decoro en el actuar, puede ser reclusión hasta dos años o multa hasta dos mil dólares. Habida cuenta de lo dicho al hablar del rescate de reclusión hasta 90 días a razón de cinco dólares por día, y también de que el máximo de 2,000 dólares sería impuesto raramente, existe la posibilidad de que aquéllos con medios económicos suficientes resulten más beneficiados que los que carecen de los mismos. Respecto al aborto, el proyecto se limita a considerarlo justificado sólo en el caso de salvar la vida o la salud de la madre, lo que evidentemente no corresponde a las condiciones sociales actuales. Por éstas entiendo las establecidas por nuevos tipos de vida entre las que se ha de considerar la condición normal o anormal del feto. Tomaría demasiado largo entrar aquí en un examen del problema. Baste indicar que la condición del feto es un elemento importante en la justificación del aborto. También lo es la limitación de la familia cuando las medidas anticoncepcionales han fracasado. Ciertamente, aquí ciertas restricciones son necesarias para aplicar la justificación. La determinación de aquéllas debe, sin embargo, dejarse a la práctica judicial y no al código penal. El delito de violación es relativamente importante en Puerto Rico. Al regularle como se lo hace, el proyecto olvida la evolución del papel de la mujer en la sociedad contemporánea y las costumbres existentes. Por ello, el mantener, tomándolo del código actual, que el delito de violación "esencialmente consiste en el ultraje inferido a la 15

persona y sentimientos de la mujer y que por tanto la emisión no es necesaria y cualquier penetración sexual, por leve que fuere, bastará para consumar el delito", parece un tanto incongruente. La descripción conviene perfectamente a una sociedad de mediados del siglo XIX, pero suscita serio criticismo al referirla a la sociedad contemporánea. Desde el punto de vista de la sistemática penal cabe preguntarse si la más leve penetración puede elevarse a la categoría de consumación delictiva. Igualmente, si la penalidad, que puede llegar hasta los quince años de reclusión, se halla justificada. Las estadísticas sobre dichos delitos tienen una significación sociológica importante. Respecto al aborto, las de la policía no le mencionan específicamente. Ello se debe a que la clasificación que mantienen es la de la Asociación de Jefes de Policía de los Estados Unidos y no del código penal puertorriqueño. Sin negar que aquélla representa una simplificación útil, es evidente que lo menos que la Policía de Puerto Rico puede hacer es presentar al mismo tiempo una equivalencia con la clasificación del código penal vigente. Al no hacerlo, las comparaciones entre las estadísticas policiales y las judiciales, basadas esencialmente en éste, se hacen innecesariamente difíciles, sino imposibles. En todo caso, es significativo señalar que en el año 1964/65 sólo una persona fue recibida en las prisiones como consecuencia de sentencia por aborto. En el 1965/66 dos personas fueron condenadas y enviadas a prisión. Curiosamente, el 30 de junio de 1966 no existía en ninguna de las prisiones de Puerto Rico un solo recluso por el delito de aborto. Respecto a la violación, las estadísticas policiales muestran en los casos de violación propia —con violencia— 326 y 430 en 1964/65 y 1965/66 respectivamente. Los llamados por la policía violación técnica, es decir, violación en que hay consentimiento aunque inválido por razón de escasa edad u otra razón, fueron 180 y 154 respectivamente. Las estadísticas judiciales para 1964/65 muestran que en lo que concierne a la violación propia, mediante fuerza, sólo seis personas fueron condenadas y enviadas a prisión mientras que 36 1965/66 fueron lo fueron por la llamada violación técnica. En el 11 y 22 respectivamente. La discrepancia entre las cifras policiales y judiciales es de una gran significanca a los efectos de una consideración socio-criminológica y jurídico-penal de estos delitos, la forma en que deben ser tipificados y la penalidad que puede corresponderles. Existe la posibilidad de que algunos de los casos denunciados a la policía sean falsos, también que la prueba de la violación no sea suficiente, lo que en el caso de la llamada técnica es un tanto sorprendente ya que la cuestión de edad es fácilmente

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determinable. En todo caso, los dos delitos plantean el problema de su indagación previa a fin de determinar en qué forma deben ser apreciados por la ley penal. Es evidente que la forma en que ésta lo hace hoy día es inadecuada. El aborto se practica extensamente en Puerto Rico por doctores o no y ciertamente no en conformidad con los requisitos del código penal vigente. De estas ciertas informaciones un buen número de mujeres vienen a Puerto Rico del Continente para hacerse abortar. Si esto es cierto o no, es difícil de establecer. Lo que sí es evidente es que las cifras judiciales sobre los delitos de aborto son tan ridículamente minúsculas que claramente señalan la ineficiencia de las disposiciones actuales del aborto y la futura de las disposiciones del proyecto de 1967, que aunque un tanto más sucinta y sistemáticamente reproducen las anticuadas del código actual. Otro de los aspectos que reclama una indagación previa antes de lanzarse a la codificación, es la conveniencia o no de introducir en el código penal como algo específico formas agravadas de los delitos. Los códigos penales del siglo XIX llevados de su condición retributiva favorecieron el sistema. El código penal de Puerco Rico, que con variaciones y modificaciones es todavía el código penal californiano de 1873, es pródigo en la multiplicidad de formas agravadas de delitos. El proyecto comete el mismo error y ello porque contrariamente a lo que se dice en la Exposición de Motivos, es un proyecto todavía marcadamente retributivo, constituido por una mezcla de disposiciones tomadas de otros proyectos que poco o nada tienen que ver con la realidad puertorriqueña y por su pobreza técnica. La no corresponde a subsistencia de formas agravadas como tipos la apreciación de la realidad penal, apreciación que hubiera sido puesta de manifiesto por una indagación previa a la preparación del proyecto. Un código penal moderno debe contener los menos tipos agravados posibles dejando al arbitrio judicial la estimación de las circunstancias que pueden permitir la fluctuación de las penalidades. Dado que el proyecto mantiene el sistema de la individualización legal, ello no es posible y por consiguiente, mantiene la multiplicidad de los tipos agravados. El proyecto contiene 333 artículos, número que en sí es corto y merece plácemes. Por otra parte, ello se debe a que ha dejado fuera un buen número de delitos que deberían ser incluidos, como los concernientes ala protección penal de la economía del país, la salud pública, una serie de delitos contra la administración en general y la administración de justicia en particular, la protección penal de la familia, etc. Como delito contra la familia, constituyendo un solo título con un solo artículo, se considera el incesto. Nuevamente la 17

indagación socio-criminológica previa, que toda codificación debe presuponer, ha faltado y ella explica no sólo el anacronismo indicado, sino todos los demás. La impresión más acusada es que el proyecto es incompleto y que en lo que contiene, la realidad puertorriqueña no ha sido debidamente considerada. En este punto me permito discrepar completamente de la aserción hecha al final de su, por otra parte interesante, Introducción del entonces Secretario de Justicia, señor Hernández Colón, de que el proyecto recoge el pensamiento penal contemporáneo y responde cabalmente a la índole del pueblo puertorriqueño y a sus necesidades sociales. Lo brevemente expuesto muestra que la afirmación es más que dudosa. La razón es que la índole de un pueblo y sus necesidades sociales para ser captadas penalmente requieren un estudio que no se ha hecho por el autor del proyecto ni por el Departamento de Justicia, y ello pese al hecho de que el proyecto ha requerido casi siete años para ser elaborado. Ha sido a última hora, en unos pocos meses, que el Comité Interno del Departamento ha tratado de hacer algo que no puede hacerse con esa premura. No hay duda que las personas que constituyeron ese Comité Interno hicieron una labor encomiable cuyos méritos no se desconocen, pero la misma no es la que se requería. Añádase que todos ellos son miembros del Ministerio Público, cuya experiencia, si bien deseable, no es la única que debe determinar la preparación de un proyecto y menos aun acordarle la función de una revisión final. Queda ahora el problema de las discusiones y adopción del proyecto por el Legislativo. La experiencia de toda codificación, particularmente la penal, es que sin negar al poder legislativo la suprema facultad de adoptar un código penal por razones que tomaría largo explicar, las discusiones, enmiendas y adopciones de textos penales por los representantes legislativos dejan frecuentemente mucho que desear. No basta decir que los mismos son los representantes legítimos, lo que nadie duda, pero una cosa es esto y otra pronunciarse sobre un texto penal. El problema ha sido y es aún discutido y la solución de aunar la augusta representación legislativa con las exigencias socio-criminológicas y jurídicas sobre las que debe basarse un código penal merece un examen que aquí no puede hacerse. Ciertamente, el sistema de vistas o audiencias legislativas es bueno, pero mi experiencia, y no sólo en Puerto Rico, es que no es fácil encontrar quién o quiénes, tras un análisis de los testimonios dados puedan presentar un texto aceptable como base de discusión legislativa. Terminaré diciendo que lo expuesto constituye la crítica 18

constructiva, que mi cooperación es una tarea en la que he participado desde el año 1966 en nombre de la Universidad y de su Centro de Investigaciones Sociales, de la Comisión de Derechos Civiles y del propio Departamento de Justicia, justifica. Tanto éste como el Dr. Pagán merecen plácemes por el esfuerzo realizado. En fin de cuentas, dada la historia tan desafortuanda como costosa de los intentos de reforma del código penal, el Dr. Pagán ha sido el único que ha presentado un texto que, cualquiera que sean sus limitaciones, ofrece el primer punto de partida para la futura preparación de un código penal puertorriqueño.

LA PREVENCION DEL CRIMEN Y SU RELAC ION CON LOS DERECHOS HUMANOS A LA LUZ DE LA CRIMINOLOGIA CONTEMPORANEA* Jaime Toro Calder Parte I Introducción

os,

La creciente desorganización social que se hace manifiesta en Puerto Rico nos ha sido demostrada por las tasas de criminalidad según lo ilustran los Informes Estadísticos de la Policía de Puerto Rico.l Cuando observamos la tendencia que sigue el crimen en Puerto Rico, en los últimos seis podemos corroborar lo alarmante de los datos sobre delitos conocidos por la Policía. En el 1959, la Policía tuvo conocimiento de la comisión de 21,667 delitos contra la propiedad. En el 1965 se advierte un total de 43,975 delitos contra la propiedad, los que se han duplicado durante los últimos seis años. La informacion sobre delitos contra la persona sigue siendo todavía en Puerto Rico una de proporciones escandalosas: en el período antes mencionado, la incidencia fluctúa entre 2,590 y 14,199; esto es, se sextuplica. Debemos advertir que universalmente se admite que la recolección de datos estadísticos sobre la criminalidad sólo refleja una aproximación a la realidad, pues como indicáramos anteriormente, se refiere a delitos conocidos por la Policía. Asimismo, debe tomarse en consideración que el incremento en la delincuencia no necesariamente conlleva igual proporción de *Tomado de Revista de Ciencias Sociales, Vol. X, Núm. 3, 1966. 1. Informes Estadísticos, Policía de Puerto Rico, 1959-60, 1964-65.

prevención de la delincuencia en Puerto Rico. La naturaleza del tema nos impone limitaciones, y sólo pretenderemos ilustrar algunos principios aun cuando no tratamos los mismos exhaustivamente. Parte II La Prevención del Crimen en Puerto Rico I. Prevención al nivel del Estado La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico menciona de una manera muy general la política pública sobre corrección al decir que ésta será: "reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social". Al enunciar este principio, se ve claramente la noción de que las instituciones penales son un cuerpo separado del proceso de administración correccional. En contraste con esta situación, la criminología contemporánea postula la necesidad de que se tenga claro por el Estado que el proceso de administración correccional comprende: el empeño social de prender aquéllos que desafían las normas; someterlos a enjuiciamiento de acuerdo a los debidos procedimientos de ley, pero con una visión social al disponer del caso; y el ofrecer una oportunidad al individuo de reeducarse en término de sus necesidades individuales; y finalmente, el retorno de éste a la comunidad y al seno de su familia, ofreciéndosele oportunidad justa para reajustarse a una vida social normal. En este proceso interviene la Policía, las Cortes, las instituciones penales, y finalmente, la comunidad y la familia. A la luz de las experiencias, en Puerto Rico no tenemos claro la importancia que tiene el concebir el proceso integradamente y funcionar de manera que el manejo de los casos resulte en una oportunidad justa en beneficio del individuo. Huelga abundar en los múltiples ejemplos en que la Policía, alegadamente, se siente impedida de actuar porque algunos de los otros elementos del proceso se lo impiden, o las cortes, o la comunidad y la familia. La contestación que a menudo se le pretende dar a esta situación son los llamados Programas de Coordinación. No obstante, una y otra vez estos programas resultan ineficaces. El problema nos parece uno de autoridad más que de coordinación. La experiencia de los Estados de Illinois y de California, entre otros, nos puede servir 23

para ilustrar una manera efectiva de bregar con la situación. Para garantizar la autoridad necesaria y para poder funcionar eficazmente se deben crear departamentos o negociados de corrección que integren los servicios de probatoria, libertad bajo palabra, instituciones penales y el regreso del ex recluso a la comunidad, luego de cumplir su sentencia. La creación de una dependencia gubernamental de esta naturaleza no tan sólo garantiza mejores servicios en beneficio de los delincuentes y de la sociedad, sino que resulta altamente ventajoso y económico desde el punto de vista administrativo, pues permite aunar el esfuerzo técnico y profesional en beneficio del sistema en su totalidad. Al presente, en Puerto Rico, la situación prevaleciente a menudo resulta en decisiones tardías o en situaciones confusas que imposibilitan el ejercicio de la autoridad necesaria en beneficio del individuo; y en un sistema con resultados marcadamente insatisfactorios. De esto se han dado múltiples testimonios en estas vistas. Los elementos que considero esenciales al proceso de administración correccional y en beneficio de mayor justicia al individuo son: 1. El contar con un centro de diagnóstico a la disposición de las cortes y de las instituciones penales, donde se someta a cada individuo que venga a la atención de las cortes o que se recluya en una institución a un análisis multifacético (médico, sicométrico, siquiátrico, social-cultural). 2. Contar con una judicatura debidamente familiarizada con el campo de la etiología del crimen y la prevención del mismo y amplios conocimientos sobre el comportamiento humano. No pretendemos cuestionar el adiestramiento técnico legal de nuestra judicatura y sus logros en este campo. No obstante, es de general conocimiento que el adiestramiento en el campo del derecho en Puerto Rico excluye casi totalmente el adiestramiento en las materias antes mencionadas. 3. Contar con personal profesional adecuadamente adiestrado para bregar con casos de Probatoria, Libertad Bajo Palabra y Tratamiento del recluso en instituciones. De acuerdo a una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, la gran mayoría de este personal carece del adiestramiento mínimo deseable para desenvolverse eficazmente en sus funciones.3 3. Toro-Calder, Jaime, Encuesta sobre el personal que trabaja en Criminología en Puerto Rico, 1966.

4. Disponer de una filosofía penal que esté a la altura de la penología contemporánea. Todavía en Puerto Rico guiamos la disposición de los casos de reclusos en instituciones penales en términos de custodia y de las necesidades de la institución. Asimismo nos empeñamos en clasificaciones de custodia y se hacen planes para satisfacer esta orientación. A nuestra manera de ver, esta orientación dista de las más avanzadas corrientes penológicas que promulgan el énfasis en la clasificación del recluso en términos de su potencial para reaccionar al tratamiento orientado a sus necesidades individuales. No siempre el recluso de menor riesgo de custodia es el más tratable y a menudo un individuo con altos riesgos de custodia resulta igualmente con altas probabilidades de éxito, si se somete al tratamiento adecuado. No obstante, queremos advertir que la custodia debe existir como medida de tratamiento para el individuo y seguridad para la sociedad. 5. Contar con instituciones penales diversificadas para poder hacer factible el tratamiento individualizado. De acuerdo al señor Gerardo Delgado, Alcaide de la Penitenciaria Estatal, la ociosidad y el hacinamiento constituyen los dos problemas de mayor urgencia en esta institución.4 Estas situaciones son producto de la falta de una disposición científica de los casos vistos en las cortes y la vigencia de asignaciones presupuestarias adecuadas para las facilidades necesarias en el proceso del tratamiento. La Penitenciaría Estatal tiene una capacidad máxima de 1,400, a pesar de que originalmente se construyó para 800 reclusos. El número promedio de reclusos durante el año fiscal 1964-65 fue de 1,873.5 El exceso sobre la capacidad de los medios físicos nos explican los problemas anteriormente expuestos. La presencia de una población de reclusos que no corresonden a una institución como ésta, me refiero a los enfermos: los adictos a drogas, casos siquiátricos, tuberculosos activos, etc.; que ascienden a más de mil reclusos, nos muestra lo factible que sería extenderle el beneficio de tratamiento individualizado en instituciones a los verdaderamente tratables. Esto supone contar con instituciones para ofrecer tratamiento adecuado a los adictos a drogas y a los casos siquiátricos, dejando las facilidades para los reclusos que normalmente debían ser referidos a instituciones penales. 6. En lo referente al retorno del ex recluso a la comunidad, es una necesidad la educación del ciudadano para que acepte a éste y le 4. Informe a la Legislatura de Puerto Rico, 30 de marzo de 1965. 5. Informe Anual, Penitenciaría Estatal, 1965.

extienda una oportunidad justa, haciéndose uso de todos los recursos disponibles en la comunidad. 2. Prevención al nivel de la comunidad La vida democrática supone una ciudadanía ilustrada y una vida comunal ajustada a este conocimiento. Desafortunadamente en Puerto Rico no contamos con esa virtud. La noción que tiene la comunidad de lo que es un delincuente a menudo está tan errada como calificarlo de un "deficiente mental", "de un enfermo", "de un desajustado emocional", "de peligroso pervertido", etc.; nociones todas ellas alejadas de la realidad y responsables de actitudes negativas hacia el ex recluso. Esta ignorancia lleva a menudo al ejercicio de injustas discriminaciones por parte, muchas veces, de distinguidos ciudadanos. Y ¡cuán avergonzados se sentirían éstos si tuvieran conciencia de lo injusto de sus acciones! He aquí un área donde tenemos en Puerto Rico largo camino que recorrer. Igual suerte sigue, paradójicamente, la estereotipia que un crecido sector de nuestra ciudadanía tiene de la Policía y de su responsabilidad cívica para con las funciones de éstos. No nos son extraños los relatos de incidentes donde la Policía se ve imposibilitada de actuar por falta de cooperación de la ciudadanía: se presencia la comisión de delitos públicos pero no aparecen ciudadanos dispuestos a servir de testigos: y ¡cuán apenados estarían éstos si fuesen la parte perjudicada! He apuntado aquí dos instancias, de entre las múltiples que se podrían enumerar, que ilustran la necesidad de campañas de educación cívica a nivel comunal y el fracaso de nuestra educación formal para crear conciencia de los deberes cívicos. 3. Prevención al nivel de la familia La familia ha sido universalmente el instrumento de la sociedad para socializar al individuo, esto es, para que el desarrollo del potencial biológico, sicológico, intelectual y social que representa cada ser humano, se haga una realidad en términos de las maneras como esa sociedad en particualr entiende y brega con su mundo. Como podemos ver, el individuo adquiere, en un proceso de aprendizaje, su entendimiento de lo que es ese mundo; los medios para bregar con éste, y sus actitudes hacia la vida que condiciona el comportamiento. Es en el seno de la familia donde el niño, el pre adolescente, y el adolescente forjan su cultura. 26

área de mayor importancia en la prevención del comportamiento aberrante sea orientar a los padres de familia en la importancia de su misión socializadora, para que a su vez estimulen en el seno de la familia el clima sicológico y social apropiado a un saludable desarrollo de la personalidad del niño. Este reto no lo ha querido aceptar nuestra sociedad, pues cuando se inicia el cambio social, a pesar de las advertencias de las ciencias sociales, ni la comunidad ni el Estado se activan para enfrentarse al mismo. Es un hecho histórico que programas como el de la Educación de la Comunidad han obtenido grandes logros en moldear las actitudes sicosociales de las comunidades rurales. Y, ¿por qué no crear Educación de la Comunidad Urbana? Tal vez a esta altura se haga doblemente difícil, no obstante, el reto resultaría igualmente interesante. En un intento de esta naturaleza, tendríamos necesariamente que envolver la familia, la escuela, la iglesia y la comunidad en general, en una campaña intensa y extensa de orientación sobre la misión socializadora de éstas. Los instrumentos a usarse resultarían igualmente interesantes, pues darían margen a la creación e investigación de nuevos medios de llegar a conseguir estos objetivos en circunstancias que retan la educacion informal y formal tradicional. Sería un intento de acoplar las nuevas demandas de la sociedad urbana-industrial y el cambio social que ésta genera con las respuestas sociales tradicionales. A nuestra manera de ver, es éste uno de los más serios problemas contemporáneos: Queremos bregar con un mundo nuevo usando instrumentos viejos. Parte III Conclusiones En esta corta exposición sobre la prevención de la delincuencia en nuestra sociedad y su relación con los derechos humanos, hemos intentado exponer las siguientes ideas: 1. Que la prevención, para que sea efectiva, tiene que ser integral; con el apoyo del Estado, la comunidad, y la familia. Cuando esta situación se consiga, se estará reconociendo el derecho que tiene el Ser humano a que se le ofrezca una oportunidad justa para cultivarse a la medida de sus limitaciones individuales. 2. Que cuando por circunstancias ajenas al individuo, éste se desarrolle en un proceso de deformación social, y, a la postre, se envuelva en problemas con el orden público, el Estado viene obligado 28

a ofrecer protección a la sociedad, protección al individuo y una oportunidad justa y a tono con la realidad social necesaria para reeducarse. 3. Que la comunidad, como fuerza social que guía el comportamiento en el grupo, necesita entendimiento y actitudes que se ajusten a la verdad científica para apoyar la acción del Estado, dando así una oportunidad razonable al individuo que ha delinquido para que pueda ajustarse al retorno a la comunidad, y disfrutar de una convivencia social saludable. Cuando consigamos que los elementos anteriormente expuestos funcionen al máximo de eficacia a tono con las circunstancias de nuestra sociedad, le estaremos ofreciendo a los miembros de ésta una oportunidad justa y razonable, y una protección igualmente humana, respetando los derechos que deben ampararlos.

Referencias Selectas Barnes, H. and Teeters, New Horizons in Criminology, 1959. Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Informe de la Comisión Especial que Investiga el Tráfico y Uso de Drogas Narcóticas en Puerto Rico, enero 1966. Delgado, Gerardo; Informe a la Legislatura de Puerto Rico, de la situación existente en la Penitenciaría Estatal de Puerto Rico, 30 de marzo de 1965. Informe Anual de la Penitenciaría Estatal de Puerto Rico, 16 de agosto de 1965. Gibbons, D. C., Changing de Lawbreaker, 1965. Informes de la Oficina de Estadísticas, Policía de Puerto Rico, 1959-1965. Reckless, W. C., Crime Problem, 1961. Sutherland, E. H. and Cressey, D. R., Criminology, 1960. The American Correctional Association, Manual of Correctional Standards, 1964. Toro-Calder, Jaime, Encuesta sobre el Personal que trabaja en Criminología en Puerto Rico, 1966. Vedder, C. B., Kay, B.A., Penology, 1964.

EL ESTADO DE LOS SERVICIOS EN EL CAMPO DE LA CRIMINOLOGIA EN PUERTO RICO APUNTES EN TORNO A UNA ENCUESTA SOBRE EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CRIMINOLOGIA EN PUERTO RICO* Jaime Toro-Calder Parte I I. Introducción En los últimos años, y a medida que va progresando la conciencia de la responsabilidad social ante los problemas de la delincuencia, se ha ido particularizando y enfatizando la necesidad de contar con personal profesionalmente competente para trabajar con delincuentes tanto juveniles como adultos en las instituciones, cortes y servicios de probatoria y libertad bajo palabra.l Esta preocupación ha tomado carácter internacional y se han celebrado reuniones profesionales dedicadas a la discusión del tema de la preparación, condiciones y antecedentes del personal que trabaja en criminología. Los hallazgos de algunos de estos estudios están recopilados en varios artículos que se publicaron en el International Review of Criminal Policy, 2 y en particular el artículo de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre la preparación del personal en el campo de la Defensa Social. *Tomado de Reuista de Ciencias Sociales, Vol. XI, Núm. 3, Sept. 1967. 1. The University Teaching of Social Sciences, Criminology, UNESCO, 1957. 2. Edición Núm. 22.

Desde el 1956, el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico inició en Puerto Rico investigaciones criminológicas. En julio de 1964 se formaliza un plan de actividades para establecer el Programa de Investigaciones y Adiestramiento en Criminología, adscrito al Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Este Programa no tan sólo genera una vasta actividad en el campo de la investigación criminológica en Puerto Rico, sino que aspira al desarrollo de un programa en el campo del adiestramiento. Se concibe la actividad de adiestramiento en criminología y corrección como una encaminada a orientar y preparar estudiantes universitarios en el campo de la prevención del crimen, etiología del crimen, y tratamiento del delincuente. Asimismo, sirve de complemento a la educación liberal que el estudiante universitario recibe en sus estudios al nivel de bachillerato; y ofrece oportunidad al personal en servicio de agencias públicas y privadas para mejorarse profesionalmente y satisfacer ciertas necesidades específicas de adiestramiento. Como paso inicial para los planes y desarrollo del programa de adiestramiento, el Programa de Criminología desarrolló durante el año académico 1965-66 un estudio sobre el personal que trabaja en criminología en Puerto Rico.3 Este artículo se basa en los hallazgos del mismo. Nos interesaba conocer: ¿Qué motivos trajeron al personal a trabajar al campo de criminología?, ¿Cuáles son sus reacciones ante las experiencias luego de haberse iniciado en este campo?, ¿Cuál es su preparación formal para desempeñarse profesionalmente en criminología?, así como otras interrogantes pertinentes al asunto. Los propósitos específicos que inspiraron el estudio son los siguientes: 1.

2. 3.

Lograr una descripción de las características personales de los empleados en agencias públicas que trabajan en criminología en Puerto Rico. Lograr una descripción de la preparación académica y experiencias de trabajo de este personal. Lograr identificar las motivaciones que ha tenido el personal que trabaja en criminología para venir a este campo.

3. Toro-Calder, Jaime, Encuesta Sobre el Personal que Trabaja en Criminología en Puerto Rico, abril 1966.

Lograr captar las actitudes y opiniones del personal en cuanto a sus experiencias en el trabajo, aquellas fases que aceptan o rechazan, y sus recomendaciones para mejorar el servicio. Explorar las necesidades de ofrecimientos académicos de acuerdo al sentir del personal que directamente será afectado por los cursos que se ofrecen, toda vez que son el objeto mismo de este programa.

2. Metodología y participantes en la encuesta El instrumento usado para la recopilación de los datos en esta encuesta fue un cuestionario dirigido a todo el personal que trabaja con delincuentes en Puerto Rico y que por lo menos posee un grado académico de bachillerato. Se incluyó en el estudio, personal de la Administración de Cortes, de la División de Corrección y Junta de Libertad Bajo Palabra, del Departamento de Justicia y de la División de Bienestar Público del Departamento de Salud. Se recibió la más entusiasta cooperación de todas estas agencias. Se excluyeron los supervisores y personal en posiciones ejecutivas, toda vez que en la labor que realizan no necesariamente intervienen directamente con el delincuente. l,a recopilación de los datos se llevó a cabo en el período comprendido entre octubre y diciembre de 1965, se publicaron los resultados del estudio en abril de 1966. Participaron en la encuesta 128 empleados del total de 178 plazas ocupadas en las diferentes agencias participantes. Esto representa un 73.99% de las plazas ocupadas en las dependencias antes mencionadas, esto es: 7.4 de cada 10 empleados en el campo de la criminología en Puerto Rico fueron incluidos en la encuesta. Se les ofreció el cuestionario en grupos. Se excluyeron del estudio aquéllos que se encontraban ausentes el día en que se ofreció el cuestionario en agencias particulares o que no lo remitieron por correo a tiempo. La realización de esta encuesta representa el primer intento sistemático, de que tengamos conocimiento, de recopilar datos específicos sobre el personal que trabaja en criminología en Puerto Rico. Estos datos nos permitieron trazar un perfil de las características de dicho personal como categoría social, y sirven como base objetiva para hacer una apreciación sobre qué podemos esperar de este personal en sus actividades profesionales en el campo de la criminología. Asimismo, al dársele a los participantes una oportunidad de expresar sus actitudes y sentir sobre sus experiencias de 33

trabajo, podemos visualizar y entender algunas fases del desarrollo del trabajo que se realiza, pues es un intento de oír sus puntos de vista y captar sus actitudes y sentir, basados en unas experiencias concretas. Finalmente, los hallazgos de esta encuesta sirven para hacer planes objetivos para un programa de adiestramiento en criminología y para hacer recomendaciones a las agencias gubernamentales pertinentes, respondiendo a las necesidades expresadas por el personal que trabaja en este campo. Parte II Resumen de los hallazgos de la encuesta Los hallazgos de la encuesta arrojan luz sobre dos temas de primerísima importancia. El primero es intentar visualizar el material humano con que cuentan las agencias, al describir las características personales de dicha categoría social; el segundo, las reacciones de éstos ante sus experiencias del trabajo. El primero de estos temas, por su naturaleza, son datos de carácter objetivo mientras que el segundo, por igual razón, expresa actitudes y opiniones, en otras palabras, el sentir del personal que está en servicio profesional en beneficio de los delincuentes. A continuación un resumen de los hallazgos principales de la Encuesta, por tema: Características personales de los participantes en la encuesta: a)

Edades:

7.5 de cada 10 participantes están entre las edades de 21 a 35 la distribución muestra un medio aritmético 31.20 años. an

Sexo: 5.3 de cada 10 participantes en el estudio son del sexo femenino. 4.4 son del sexo masculino

Estado Civil: — —

5.9 de cada 10 participantes son casados. 3.4 son solteros. 34

Ocupación del padre:

7.5 de cada 10 participantes vienen de una familia donde los padres eran obreros diestros. 2.5 vienen de familias donde los padres desempeñaban una ocupación semi-profesional o profesional. Características educativas de los participantes en elL studio: a)

Instituciones de donde proceden: —

Grados académicos obtenidos: —

9 de cada 10 participantes poseen un grado de Bachiller en Artes.

Experiencias en sus estudios: —

7 de cada 10 participantes estudiaron en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

7 de cada 10 participantes se especializaron en Ciencias Sociales. 2 de cada 10 se especializaron en Pedagogía.

Materias estudiadas relacionadas con el campo de la Criminología: sólo 1.3 de cada 10 participantes han tomado el curso de Criminología y/o Patología Social. 0.2 de cada 10 han cursado Delincuencia Juvenil. 0.3 de cada 10 han cursado Trabajo de Casos. 0.2 de cada 10 han cursado Técnicas de Entrevista.

Materias que interesan estudiar: 4.5 de cada 10 participantes interesan estudiar Criminología. 3.2 de cada 10 participantes interesan estudiar Penologia. 1.1 de cada 10 interesan estudiar Delincuencia Juvenil. 2 de cada 10 interesan estudiar Técnica de Entrevista. 35

1.3 de cada 10 participantes interesan estudiar Psicología Anormal. 0.8 de cada 10 participantes interesan estudiar Trabajo de Casos. 3.

Los empleos de los participantes: a)

Plazas ocupadas:

—

8.2 de cada 10 participantes ocupan plaza de Oficiales de Servicios Socio-penales. 1.6 de cada 10 ocupan plazas de Trabajador Social. 0.1 de cada 10 participantes ocupan posiciones de Trabajador Auxiliar, Bienestar del Niño.

Experiencias de Trabajo: 6 de cada 10 participantes llevan menos de 3 años en la posición actual. 8.3 de cada 10 participantes llevan menos de 6 años en la posición actual. 5.3 de cada 10 participantes desempeñan sus funciones en el Area Metropolitana. 1.2 de cada 10 desempeñan sus funciones en Ponce y Mayagüez. 3.3 de cada 10 desempeñan sus funciones en otros pueblos de la Isla. 6.9 de cada 10 llevan menos de 10 años trabajando. 5.2 de cada 10 participantes se iniciaron como maestras de Instrucción Pública u Oficiales Servicio Socio-penales I.

Motivaciones para venir al campo de la Criminología: 1.1 de cada 10 participantes mencionan el mejoramiento económico como el factor principal. No obstante, la comparación de sueldos antes de venir al empleo actual con el que devengan al presente, nos sugiere el interés de mejoramiento económico como el factor principal.

Actividades en el desempeño del trabajo de los participantes en la encuesta: a)

Aspectos y condiciones que más le agradan: — — — —

9 de cada 10 participantes reflejan una actitud positiva y satisfacción en el desempeño de sus labores. 4.1 de cada 10 manifiestan que "les agrada tratar con delincuentes, poder ayudarlos a tratar de modificar actitudes negativas". 2.5 de cada 10 participantes indican que el "trabajo con individuos es más interesante". 1.4 de cada 10 participantes señalan "los conocimientos y destrezas adquiridas" como una fase de satisfacción en el trabajo.

Aspectos y condiciones que no le agradan de su trabajo: Se señalaron prominentemente "el mucho trabajo para poco personal, poco incentivo económico y profesional, las diferencias en las condiciones de trabajo y la falta de coordinación como factores de mayor desagrado.

Cambios recomendados: "Nombramiento de más personal, incentivos económicos y profesionales, adiestramiento intenso y continuado, mayor coordinación entre agencias", se mencionan como los cambios más urgentes y deseables. Parte III

El significado de los hallazgos de la encuesta para un programa de adiestramiento en el campo de la criminología en Puerto Rico Sobre el tema de la preparación profesional deseable para el personal que brega con delincuentes en agencias del Estado, nos dice Elliot Studt4 que el adiestramiento y conocimiento de dicho personal debe incluir: 4. Education for Social Workers in the Correctional Field, 1959.

Conocimiento de la corrección como uno de los campos de servicio social público, con entendimiento de su desarrollo histórico, base legal, estructura agencial, profesiones centrales, las funciones del personal, interrelaciones entre las agencias y la comunidad, y las cuestiones principales sobre normas. Conocimiento de los casos de delincuentes incluyendo los problemas sociales y personales que conducen al crimen y a la delincuencia. El proceso de selección social envuelto en la identificación oficial de ofensores, las experiencias básicas que caracterizan el proceso de la entrevista inicial, los desórdenes de personalidad manifiestos en los casos y las características de subcultura de este grupo. Destrezas para desempeñarse como miembro del grupo que administra la justicia criminal, motivando al cliente involuntario, usando al cliente obligado, usando la autoridad para hacer decisiones y para ejercer control sobre el comportamiento como parte del tratamiento, bregando con la constelación de personas al nivel de la familia y de la comunidad que están relacionadas con el cliente en cada caso, contribuyendo al proceso de cambio en el desarrollo de los servicios de su agencia. Actitudes de paciencia, amplio criterio o perspectiva, flexibilidad y prontitud para actuar resultantes de un entendimiento del campo, su misión, las personas con que se brega y resolviendo problemas personales con autoridad.5 5. Cita en inglés: Knowledge of corrections as one of the fields of public social service, with understanding of its historical development, legal base, agency structure, central professions, functions of various personnel, community and agency interrelationships, and major policy issues. Knowledge of the offender case load including the social and personal problems leading to crime and delinquency, the social selection process involved in official identification of offenders, the common stress experiences characteristic of this intake process, the personality disorders represented in the caseload, and the subcultures characteristic of this group. Skills in working as a member of the criminal justice team, motivating the involuntary client, using authority client, using authority for making decisions and for exerting control over behavior as a part of treatment, working with the constellation of persons in the family and in the community who are related to the client in each case, contributing to the process of change in the development of services in his agency. Attitudes of patience, perspective, flexibility and readiness to act arising from understanding of the field, its tasks, and the people with whom it deals, and requiring resolution of personal problems with authority.

En contraste con las normas deseables de adiestramiento que citamos anteriormente, las características del personal que trabaja en criminología en Puerto Rico a la luz de los hallazgos de la Encuesta, es como sigue: El empleado que mas comúnmente se dcsempeña. en el campo de criminología en Puerto Rico tiene una edad de alrededor de 30 años; es casado, más comúnmente; viene de un hogar de nivel económico y social clase media baja o baja alta; estudió un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Sociales o en Pedagogía en la Universidad de Puerto Rico, e ingresó al campo de criminología mediante certificación de la Oficina de Personal, pero teniendo muy poca preparación profesional para desempeñarse en este campo. Lo motivó al ingreso su necesidad de encontrar trabajo rápidamente y el mejoramiento económico que éste .representaba, pero no contempla permanecer en la posición si es que se le ofrecen otras oportunidades. Si tiene ambiciones y consigue otras oportunidades, abandona el servicio antes de los 3 años. Le agrada trabajar con gentes y ayudarlas, pero las condiciones de trabajo le desagradan, pues se siente muy cargado de casos y con pocas facilidades e incentivos profesionales y económicos. Asimismo, se siente algo desorientado en su trabajo, pues lo que sabe lo aprendió al ingresar al mismo. Desea mejorarse profesionalmente y buscar mejores oportunidades de progreso. Si el campo de criminología no se las ofrece, lo abandona, como ocurre frecuentemente. Estas dos citas establecen claramente que el desenvolvimiento profesional en el campo de la criminología no tan sólo conlleva actitudes y características de personalidad apropiada, sino que también conlleva conocimiento del campo de la ley, la etiología del crimen, prevención y el tratamiento del criminal; y de técnicas para trabajar con casos. Al considerar los hallazgos sobresalientes del estudio, llegamos a las siguientes conclusiones: 1. El personal actual en el campo de la criminología en Puerto Rico carece del adiestramiento específico que se requiere para rendir la labor profesional correspondiente a las tareas que la naturaleza de su trabajo conlleva. 2. La mayoría del personal ingresó al servicio por necesidad económica, más bien que por la selección de una profesión definitiva donde hacer carrera. 39

3;, F~,xiste una grin fálta~de oriéntación para ayudar al personal a resolvér lós'probler'nas curé cónfYóntáñ en su labor profesional. 4. Se carece de incentivos y oportunidades de progreso que estimulen al personal a permanecer en el servicio. 5. Se carece de recursos técnicos y profesionales; lo que limita la acción eficaz en el manejo de los casos. 6. Se deja sentir la necesidad de comunicación más estrecha entre agencias que bregan con delincuentes. 7. Se demuestra claramente una profunda desorientación en cuanto a qué constituye la mejor actividad conducente al mejoramiento profesional y se hace sentir la falta de estímulo para buscarla. 8. Finalmente, se manifiesta el efecto desfavorable que resulta de las facilidades físicas y condiciones de trabajo insatisfactorias existentes. Si es que usamos los estudios universitarios como punto de referencia para la capacitación de personal para realizar labor profesional, llegamos a la conclusión de que urge instrumentar un programa de adiestramiento en el campo de la criminología en Puerto Rico. En el Boletín Informativo del Programa de Criminología en el Centro de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales. Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, indicamos el concepto que tenemos de lo que debe ser la preparación mínima para una persona que aspira a desempeñarse profesionalmente en este campo. Cito de este Boletín: El Programa de Criminología contempla el ofrecimiento de cursos en los campos de Sociología de la Ley, Etiología del Crimen y Tratamiento del Criminal. Para aquellas pérsonas interesadas en este campo, se recomienda cursar estudios, cuando la oportunidad se le ofrezca, en Criminología, Penología, Patología Social, Psicología Anormal, Psicología de la Adolescencia, Delincuencia Juvenil, Procesos de Administración Correccional; y aprovechar cursillos y seminarios que serán ofrecidos oportunamente. Como puede observarse, la preparación profesional para el campo de la criminología supone un acervo cultural polifacético pues comprende adiestramiento en el campo de las leyes, del comportamiento humano y el tratamiento del delincuente. Consideramos esenciales y básicos en este adiestramiento las materias de Criminología, Penología, Patología social, y Delincuencia juvenil; para luego 40

BIALIOTECA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES En contraste con las norP}g~~plleglybe~►ID1eOBi~tffáf~iéf~toRíu~` citamos anteriormente, las características del personal que trabaja en criminología en Puerto Rico a la luz de los hallazgos de la Encuesta, es como sigue: El empleado que mas comúnmente se desempeña en el campo de criminología en Puerto Rico tiene una edad de alrededor de 30 años; es casado, más comúnmente; viene de un hogar de nivel económico y social clase media baja o baja alta; estudió un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Sociales o en Pedagogía en la Universidad de Puerto Rico, e ingresó al campo de criminología mediante certificación de la Oficina de Personal, pero teniendo muy poca preparación profesional para desempeñarse en este campo. Lo motivó al ingreso su necesidad de encontrar trabajo rápidamente y el mejoramiento económico que éste representaba, pero no contempla permanecer en la posición si es que se le ofrecen otras oportunidades. Si tiene ambiciones y consigue otras oportunidades, abandona el servicio antes de los 3 años. Le agrada trabajar con gentes y ayudarlas, pero las condiciones de trabajo le desagradan, pues se siente muy cargado de casos y con pocas facilidades e incentivos profesionales y económicos. Asimismo, se siente algo desorientado en su trabajo, pues lo que sabe lo aprendió al ingresar al mismó. Desea mejorarse profesionalmente y buscar mejores oportunidades de progreso. Si el campo de criminología no se las ofrece, lo abandona, como ocurre frecuentemente. Estas dos citas establecen claramente que el desenvolvimiento profesional en el campo de la criminología no tan sólo conlleva actitudes y características de personalidad apropiada, sino que también conlleva conocimiento del campo de la ley, la etiología del crimen, prevención y el tratamiento del criminal; y de técnicas para trabajar con casos. Al considerar los hallazgos sobresalientes del estudio, llegamos a las siguientes conclusiones: 1. El personal actual en el campo de la criminología en Puerto Rico carece del adiestramiento específico que se requiere para rendir la labor profesional correspondiente a las tareas que la naturaleza de su trabajo conlleva. 2. La mayoría del personal ingresó al servicio por necesidad económica, más bien que por la selección de una profesión definitiva donde hacer carrera. 39

3. Existe una gran falta de oriéntación para ayudar al personal a resolver los problemas que confrontan en su labor profesional. 4. Se carece de incentivos y oportunidades de progreso que estimulen al personal a permanecer en el servicio. 5. Se carece de recursos técnicos y profesionales; lo que limita la acción eficaz en el manejo de los casos. 6. Se deja sentir la necesidad de comunicación más estrecha entre agencias que bregan con delincuentes. 7. Se demuestra claramente una profunda desorientación en cuanto a qué constituye la mejor actividad conducente al mejoramiento profesional y se hace sentir la falta de estímulo para buscarla. 8. Finalmente, se manifiesta el efecto desfavorable que resulta de las facilidades físicas y condiciones de trabajo insatisfactorias existentes. Si es que usamos los estudios universitarios como punto de referencia para la capacitación de personal para realizar labor profesional, llegamos a la conclusión de que urge instrumentar un programa de adiestramiento en el campo de la criminología en Puerto Rico. En el Boletín Informativo del Programa de Criminología en el Centro de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales. Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, indicamos el concepto que tenemos de lo que debe ser la preparación mínima para una persona que aspira a desempeñarse profesionalmente en este campo. Cito de este Boletín: El Programa de Criminología contempla el ofrecimiento de cursos en los campos de Sociología de la Ley, Etiología del Crimen y Tratamiento del Criminal. Para aquellas pérsonas interesadas en este campo, se recomienda cursar estudios, cuando la oportunidad se le ofrezca, en Criminología, Penología, Patología Social, Psicología Anormal, Psicología de la Adolescencia, Delincuencia Juvenil, Procesos de Administración Correccional; y aprovechar cursillos y seminarios que serán ofrecidos oportunamente. Como puede observarse, la preparación profesional para el campo de la criminología supone un acervo cultural polifacético pues comprende adiestramiento en el campo de las leyes, del comportamiento humano y el tratamiento del delincuente. Consideramos esenciales y básicos en este adiestramiento las materias de Criminología, Penología, Patología social, y Delincuencia juvenil; para luego 40

pasar a otras materias especializadas según los intereses particulares de la actividad profesional, como por ejemplo: Libertad bajo palabra y Probatoria, Administración correccional, el Tratamiento del criminal adulto, el Tratamiento del delincuente juvenil, etcétera. De los resultados y conclusiones obtenidos por este estudio podemos hacer recomendaciones en tres niveles: 1. Adiestramiento. 2. Orientación de personal en servicio. 3. Clasificación. Estas recomendaciones las sometemos a la consideración de las autoridades pertinentes y leen como sigue: a)

Sobre actividades de adiestramiento: 1.

Que se implementen en las instituciones de educación superior en Puerto Rico y en especial la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, programas profesionales dentro del campo de criminología y penología. Estos programas deben comprender cursos sobre Sociología de la ley, Etiología del crimen y Tratamiento del criminal. Esta gestión podría conducir, a la postre, a una concentración en el Bachillerato, al otorgamiento de un certificado profesional para aquéllos que ya poseen un grado universitario; y servir de gestión inicial a un futuro desarrollo de cursos graduados en el campo de criminología.

Que se inicien las gestiones para la organización de una sociedad profesional dentro del campo de criminología. Sería gestión propia de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, o de algún grupo en alguna agencia gubernamental.

Sobre orientación de personal en servicio: 1.

Que se ofrezca orientación al personal que trabaja en criminología actualmente para que se les permita aclarar sus dudas y cambiar el concepto que tienen formado de su trabajo. 41

Que se estudie la posibilidad de ofrecer adiestramiento continuo en servicio a tono con las necesidades específicas de cada agencia, con el uso de los recursos disponibles en las instituciones universitarias y otras agencias gubernamentales.

Sobre el reclutamiento y clasificacón de personal: 1.

Que se solicite a la Oficina de Personal la revisión de los requisitos de ingreso para plazas relacionadas con el campo de la criminología exigiéndose para dichas plazas adiestramiento profesional, de manera que se estimule la profesionalización de este campo.

Que se solicite de esta misma oficina, un estudio encaminado a determinar si es factible revisar las clasificaciones, diversificando las categorías y aumentando las perspectivas de ascenso y de compensación. Esta medida servirá para estimular al personal a permanecer en el servicio y hacer carrera dentro del mismo.

Un estudio de esta naturaleza resulta inútil si es que no pasa de ser mera información objetiva y orientación. Su verdadero valor reside en que sirva como base para futura acción de las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su desarrollo y en el mejoramiento de la calidad de los servicios profesionales. Sólo resta meditar sobre estos hallazgos, a usarlos como punto de apoyo para sus acciones futuras y beneficiarse de las recomendaciones que se hacen, en la medida que éstas sean factibles en nuestro medio.

EL IMPACTO DE LA LIBERTAD BAJO PALABRA EN LA REHABILITACION DE CONFINADOS Y LAS CARACTERISTICAS SOCIALES DE LOS CONFINADOS, ASOCIADOS CON EL EXITO O FRACASO EN EL DISFRUTE DE LA MISMA* Pedro A. Vales Historia de la Libertad Bajo Palabra en Puerto Rico El sistema de libertad bajo palabra, o sea, el sistema bajo el cual se le permite a un confinado cumplir parte de su sentencia en la libre comunidad, comenzó a regir en Puerto Rico para el 1907, aunque en forma rudimentaria. En sus comienzos la libertad bajo palabra era concedida por el Gobernador, a recomendación del Procurador General. La supervisión de los liberados era ejecutada por la policía. En el 1940 se creó la Junta Consultiva de Indultos y Libertad Bajo Palabra, lo cual constituyó un paso adelante en el desarrollo del concepto anterior. La Junta Consultiva era formada por cinco miembros, a saber: El Procurador General, un juez de distrito, un médico, un trabajador social y el Presidente del Colegio de Abogados. Esta Junta Consultiva tenía como función el asesoramiento del Gobernador, quien aún mantenía el poder de otorgar o denegar la libertad. En el 1946 se inició en Puerto Rico lo que podríamos considerar como el sistema de libertad bajo palabra moderno. El mismo consistía de una Junta de Libertad Bajo Palabra, con un presidente y dos miembros asociados. A ellos les fue transferida la autoridad para otorgar o denegar peticiones de libertad condicionada. *Tomado de Primer Ciclo de Conferencias Públicas So bre Temas de Investigación Social, Centro de Investigaciones Sociales, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1969.

En el 1965 se legisló para crear la Junta de Libertad Bajo Palabra en la forma que la conocemos actualmente. En esta legislación se evidencia el énfasis en la libertad bajo palabra como un instrumento de rehabilitación para los confinados. Esta ley adopta el principio de que la libertad bajo palabra es una forma de tratamiento al delincuente. No es un derecho que pueda reclamarse, sino una gracia legislativa cuya concesión y administración se confía a un organismo designado como Junta de Libertad Bajo Palabra, para que este organismo conceda dicha gracia con los grados de discreción, independencia y juiciosa ponderación indispensables a la mejor justicia criminal. Metodología En este estudio tratamos de medir el impacto que la libertad bajo palabra pueda tener en la conducta post-institucional del liberado. De hecho, nuestra hipótesis consiste en que, dado el que la libertad bajo palabra funciona en dos aspectos, por un lado es un privilegio que se otorga por índices de buena conducta, y por el otro se deniega o se revoca por índices de conducta desviada, la mismá tendría un impacto sumamente fuerte y poderoso en el control y la rehabilitación de confinados. Sustentamos esta hipótesis fundamentada en dos razones psicológicas, a saber: (1) a toda persona normal le motiva la recompensa y se considera la' libertad bajo palabra como una recompensa; (2) a nadie, salvo en casos de masoquismo, le agrada el castigo, y la denegación o revocación de la libertad bajo palabra puede considerarse como un castigo. Este estudio se llevó a cabo en el área de San Juan, usando como control la zona de Supervisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra que corresponde al San Juan Metropolitano. Se incluyeron casos liberados desde el 1 de julio de 1960 hasta el 30 de junio de 1965. Quiere esto decir que el estudio comprende los cinco años fiscales correspondientes a 1960-61; 1961-62; 1962-63; 1963-64; 1964-65. La población penal, egresiones y liberados bajo palabra se presentan en la Tabla 1. En este proceso hicimos uso de dos técnicas de investigación: el análisis profundo de los expedientes, y la entrevista de una muestra pareada de los liberados. El primer método fue usado con el propósito de tomar cada caso específico liberado durante las fechas indicadas, y hacer seguimiento de ese caso hasta el presente para 44

Tabla 1 r "

m ~ n

MOVIMIENTO TOTAL DE CONFINADOS EN PUERTO RICO PARA LOS AÑOS 1961-65*

AÑO FISCAL

1960-1961 1961-1962 1962-1963 1963-1964 1964-1965 Total promedio para los cinco años

Por Ciento Confinados de Liberados Población Egresiones Población Liberados Bajo Palabra Netas Penal Penal Egresiones Bajo con relación Activa del Penal del Penal Estable Palabra a las Egresiones Netas

27,787 28,887 29,887 29,530 29,406

29,099

23,701 24,661 25,689 25,102 24,738

24,778

6,376 6,566 6,690 5,930 5,835

6,279

4,086 4,226 4,198 4,428 4,668

4,321

576 565 716 662 693

643

*FUENTE: "Movimiento de la Población Penal, 1960-1964", Sumario Estadístico, 1964, Departamento de Justicia, pág. 55, cuadro núm. 9.

9.03 8.6 10.7 11.2 11.9

10.2

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Hallazgos Empíricos Nuestro primer análisis nos clarifica los índices de éxitos y fracasos en el uso de la libertad bajo palabra y algunos de los conceptos básicos en este sistema. La Tabla 2 demuestra estos resultados. Tabla 2 RELACION PORCENTUAL ENTRE REVOCADOS Y CUMPLIDOS POR AÑO FISCAL

AÑO FISCAL

Total

Revocados

Cumplidos

1960-1961 1961-1962 1962-1963 1963-1964 1964-1965

10.5 15.05 18.3 14.8 17.4

89.5 84.9 81.7 85.2 82.6

1960-1965

15.21

84.7

Los por cientos obtenidos en este análisis son más altos que los publicados por la Junta, 1/10 (10%), debido a que nosotros no hemos incluido en nuestro estudio los que aún están en libertad condicionada para lograr estos índices. Al efecto nos basamos en la consideración de que estas personas aún no han concluido el uso de su libertad condicionada y que de incluirlas en el análisis, se hubiese asumido que todas han cumplido favorablemente. En segundo lugar, la Junta obtiene sus índices a base de una relación estadística anual, mientras que nosotros tomamos casos específicos, liberados durante los cinco que comprende el estudio, los cuales seguimos durante este período para poder observar su resultado. Además, nuestro estudio se circunscribe a la zona de San Juan, y no sabemos la situación en otras partes de la Isla. Hemos indicado que el índice de fracasos en el uso de libertad condicionada es considerablemente bajo durante los cinco que cubre el estudio. En los Estados Unidos, el promedio nacional de revocaciones gira alrededor de un 25%. Si en Puerto Rico, y en

específico en San Juan, es de sólo un 15.1%, podemos considerarlo como un índice bajo de fracasos en el uso de la libertad bajo palabra. El que alrededor de un 84.9% de los liberados condicionalmente cumplan satisfactoriamente su tiempo supervisado, sin que se les haya revocado su libertad condicionada, bien puede reflejar la validez del sistema de libertad bajo palabra como instrumento de rehabilitación. Sin embargo, no queremos adelantarnos a nuestros hallazgos. Estado Civil En primer lugar estudiamos la posible relación entre el resultado de la libertad bajo palabra y el estado civil del liberado. La Tabla 3 indica los resultados obtenidos. En este análisis, que cubrió la relación durante los cinco años fiscales seleccionados para estudio, es evidente que la proporción de personas que no pertenecen a alguna estructura de familia conyugal* —tales como solteros, viudos, divorciados o separados— son más propensos a la reincidencia penal, o al fracaso en el uso de la libertad condicionada, que aquéllos que pertenecen a alguna estructura d' familia conyugal. De hecho, nuestro análisis demuestra que existe una diferencia significativa entre los revocados y los cumplidos, en términos del pertenecer a una estructura conyugal de familia. Se acepta éste como un hecho sociológico, proclamado desde el siglo XIX por Emile Durkheim, cuando expuso su teoría sobre la cohesión social. Ha sido comprobado que la cohesión familiar es un control social sumamente efectivo en la conducta de los individuos.

1 El término de "familia conyugal" se usa para distinguir entre aquéllos que han formado un hogar, ya sea a través del concubinato, consensualismo, o procedimientos legales, de los que no lo han hecho.

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Tabla 3 DISTRIBUCION GENERAL DE CASOS REVOCADOS CUMPLIDOS Y ACTIVOS, POR ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL Casados legalmente Familias consexuales o en concubinato Separados, viudos o divorciados Solteros

Totales

Revocados

Cumplidos

Activos

Totales

10 8

14.1 11.3

115 51

30.9 13.7

70 31.1 29 12.9

195 88

29.2 13.2

10 43

14.1 60.6

33 173

8.9 46.5

26 11.5 100 44.4

69 316

10.3 47.3

225

668

372

los revocados cayeron en esta categoría, mientras que solamente el 54% de los cumplidos lo hicieron. El promedio de los revocados que no tienen familia conyugal sobrepasó en un 20% el promedio de los cumplidos que están en la misma condición. Esta relación demuestra que es muy probable que el hecho de que un liberado tenga una compañera a donde ir cuando sale en libertad bajo palabra, le induzca a comportarse mejor o a reajustarse a las exigencias sociales de tal manera que pueda seguir viviendo en la libre comunidad. Antecedentes Criminales La segunda relación que nos interesa es aquélla entre la vida criminal (historia criminal) del recluso y su libertad bajo palabra. Nos intriga la posibilidad de una socialización en el crimen como uno de los factores que afectan negativamente las probabilidades de éxito en el cumplimiento de la libertad condicionada. Para estar más seguros en este análisis hicimos una doble clasificación. Distinguimos entre primarios y reincidentes, y a la vez clasificamos los reincidentes en dos categorías: los que tenían una sola incidencia y los que tenían múltiples incidencias criminales anteriores a la libertad condicionada bajo estudio. Nuestro análisis revela la siguiente situación: de un total de 701 casos, 344 son primarios. Esto es, que éste es su primer delito, o por lo menos aparece oficialmente como su primer delito. De los restantes 357 casos, 115 tienen una incidencia a su haber, y 233 son reincidentes habituales. Hay 9 casos no informados. En términos porcentuales encontramos que el 49.1% de esta población de liberados son primarios. Esta relación compara con el por ciento de reincidencia informado para Puerto Rico, donde uno de cada dos reclusos (50%) retorna a presidio luego de haber salido en libertad. Los hallazgos en este aspecto se pueden ver detalladamente en las Tablas 4 y 5.

Tabla 4 RELACION ENTRE REVOCADOS, CUMPLIDOS Y ACTIVOS Y ANTECEDENTES CRIMINALES

TIPOS DE CRIMINALES

Revocados

Cumplidos

Activos

Total

Primarios Una incidencia Múltiples incidencias Otros (no aparece o no se especifica)

15 16 41

237 67 91

92 32 101

344 115 233

404

225

701

Total

Tabla 5 RELACION PORCENTUAL ENTRE CUMPLIDOS, ACTIVOS Y REVOCADOS POR ANTECEDENTES CRIMINALES

TIPOS DE CRIMINALES Revocados

Cumplidos

Activos

Total

Primarios Una incidencia Múltiples incidencias

20.8 22.2 57.0

58.7 16.6 22.5

40.9 14.2 44.9

49.1 16.4 33.2

Total

100.0

Al profundizar más en la hipótesis de que a mayor socialización en el crimen menores van a ser las probabilidades de éxito, encontramos una relación que sustenta dicha hipótesis. Separamos los reincidentes que sólo tenían en su historial una incidencia criminal de los que tenían múltiples incidencias, y los unimos a los primarios. Asumimos que el hecho de haber cometido un sólo delito anterior al actual, lo hacía más similar al primario que al reincidente habitual. Este nuevo análisis revela que el 94.0% de este grupo tuvo éxito en el cumplimiento de su libertad bajo palabra. Mientras tanto, 50

el 73.5% de los reincidentes habituales lograron cumplir su libertad bajo palabra sin dificultad. Tabla 6 RELACION PORCENTUAL DE PERSONAS CON HISTORIAL CRIMINAL Y SU RESULTADO EN EL USO DE LIBERTAD BAJO PALABRA (1961-65)

TIPOS DE CRIMINALES

Una incidencia y primarios Reincidencia habitual

Exito en el Uso de Libertad Bajo Palabra

Revocado o Fracaso

Total

94.0 73.5

6.0 26.5

100 100

Esta relación demuestra una propensidad clara y evidente hacia el incumplimiento de la libertad bajo palabra por parte de los reincidentes habituales. De hecho, al someter a prueba estadística estos resultados encontramos una diferencia significativa que se manifiesta durante todos los cinco años del estudio. Tipo de Crimen Cometido La próxima relación que deseamos analizar envuelve el resultado del uso de la libertad, bajo palabra y el tipo de crimen que la persona cometió, y por el cual estuvo encarcelado en el tiempo que se le otorgó la libertad condicional actual. La clasificación de crímenes incluye cuatro categorías, éstas son: Tipo 1, delitos contra la persona; Tipo 2, delitos contra la honestidad y moral pública; Tipo 3, delitos contra la paz pública y la Administración de la Justicia; y Tipo 4, delitos contra la propiedad y otros.

Tabla 7 RELACION GENERAL DE REVOCADOS, ACTIVOS Y CUMPLIDOS POR TIPO DE CRIMEN COMETIDO

TIPOS

Cumplidos

Activos

Revocados

Total

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 No aparece

150 74 7 171 2

94 34 3 94 0

24 2 0 46 0

268 110 10 311 2

Total

404

225

701

Al observar nuestros cómputos, vemos una distribución desigual entre cumplidos y revocados en términos del tipo de crimen que cometen. Esta relación nos intriga por sus implicaciones. Pues si bien es cierto que hay tipos de crímenes que están más expuestos al arresto que otros, también es cierto que hay tipos de crímenes que requieren una enseñanza o socialización. Creemos que los tipos 1, 2 y 3 de crímenes están más expuestos al arresto debido a la presencia de la víctima o de un querellante. De hecho, en el tipo de crimen número 3 se requiere la presencia de algún agente de la policía. En el caso de crimen tipo 4, no necesariamente tiene que haber víctimas presentes. Además, este tipo de actividad, como el escalamiento, requiere el conocimiento de técnicas de trabajo al igual que el desarrollo de destrezas especiales. Tomando la situación general de los liberados bajo palabra y el tipo de crimen que cometieron, vemos que la proporción más alta de los revocados cometieron crímenes tipo 4. Por el contrario la proporción más alta de los cumplidos cometieron crímenes tipo 1, 2 y 3, Podemos concluir que de nuestro análisis se desprende la presencia de dos tendencias básicas entre los revocados y los cumplidos. Los revocados tendieron a cometer una mayor cantidad de delitos contra la propiedad, o sea, de tipo 4. Un 63.9% de los crímenes cometidos por los revocados se encuentran en esta categoría. Además, un 33.3% se concentró en la primera categoría, es decir, en delitos contra la persona. Los cumplidos tendieron a cometer delitos Tipos 1, 2 y 3 en mayor proporción. Creemos que la 52

primera observación es de suma importancia dada la situación de que los revocados cometieron muy pocos delitos clasificados en las categorías 2 y 3, de hecho, sólo un 2.8% de los delitos. Tabla 8 RELACION PORCENTUAL DE CUMPLIDOS Y REVOCADOS POR TIPO DE CRIMEN COMETIDO (1961-65) RESULTADO EN L. B. P.

Cumplidos Revocados

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Total

37.31 33.3

18.41 2.8

1.74 0

42.54 63.9

100.0 100.0

Tiempo por Cumplir en Libertad Bajo Palabra

La próxima relación estudiada es la relación del tiempo que le queda por cumplir bajo palabra al liberado y el resultado de su libertad condicionada.* Los resultados de nuestro análisis demuestran una tendencia marcada a que el cumplimiento de los requisitos de tiempo y condiciones de la libertad bajo palabra van a estar altamente influenciados por el tiempo que la persona tenga que cumplir bajo supervisión. Esta situación se manifiesta en forma casi idéntica para del estudio. De los 15 confinados que todos los cinco cumplieron su tiempo de libertad condicionada sin problemas, todos tuvieron menos de dos años de tiempo que servir. El promedio de tiempo cumplido resultó ser 11.25 meses. Sin embargo, el 33.3% de los revocados tenían sentencias que excedían a los dos en libertad supervisada. De hecho, a un 20% de los revocados le 2. Estas relaciones fueron estudiadas conduciendo una entrevista con una muestra pareada entre cumplidos y revocados que se obtuvo de la población de liberados y clasificados en estas dos categorías. Se parearon un total de veinteséis pares. El pareo se hizo a base de edad, tipo de crimen cometido, historial criminal y educación académica. Debido a las dificultades en poder localizar estos casos, sólo se pudieron entrevistar 24 casos de revocados y 15 cumplidos. Los revocados son más fáciles de localizar, puesto que por lo regular se encuentran en prisión.

quedaban más de cuatro años que cumplir en libertad bajo palabra. El promedio de este grupo resultó ser de 18.34 meses, siendo este resultado una vez y media más que la mediana del grupo de cumplidos. Observando más detalladamente estos resultados, encontrarnos que el 66.6% de los cumplidos tenían un año o menos que cumplir en supervisión. De hecho, casi la mitad de los entrevistados, para ser' exacto el 46.6% tenían menos de seis meses que cumplir al salir en libertad bajo palabra. De más está decir que las diferencias observadas probaron ser significativas al .05 de confiabilidad. Estas observaciones tienen varias implicaciones. Una de ellas es que el peso de una larga condena a cumplirse bajo palabra podría producir, en algún momento, un estado de desesperación mental en el liberado, y que debido a esa larga condena llegaría a la conclusión de que no tiene valor el portarse bien o suprimir su conducta delictiva (que podría ser fructífera para él) ya que en algún momento durante todo ese tiempo que le queda podría reincidir. En cierta medida, podríamos llamar esta condición mental como ansiedad apática. Es en este sentido que creemos que esta variable, de carácter sociopsicológico, es de gran importancia en el resultado de la libertad bajo palabra. Por otro lado, el darle libertad condicionada a personas que tienen sentencias cortas que cumplir es una forma de asegurarnos el éxito del sistema. Si convertimos la relación anterior en una relación porcentual acumulativa, se nota esta implicación más claramente. En esta relación acumulativa se observa que sobre el 75% de los liberados tenían menos de un año que servir en libertad bajo palabra al otorgárseles la misma. De hecho, en la muestra entrevistada, el 100% de los que cumplieron efectivamente su período bajo supervisión tenían menos de dos años de sentencia que cumplir. Empleo Otra de las variables analizadas es el tipo de empleo realizado por el confinado antes de entrar a presidio y la relación de éste con el resultado de su libertad bajo palabra. Los resultados encontrados demostraron que el tipo de empleo no tiene relación alguna con el éxito o fracaso en la libertad condicionada. Este hallazgo puede deberse a nuestra situación criminógena donde el crimen organizado y de cuello blanco es prácticamente desconocido. Casi el total de nuestros confinados están presos por haber cometido crímenes tradicionales. Este tipo de crimen, que es común y corriente, se 54

manifiesta principalmente en las clases de privación económica. De acuerdo a nuestro análisis, el 81.58% de los liberados en las categorías de cumplidos y revocados desempeñaban labores de cuello azul antes de estar en presidio. A pesar de que la tendencia es mayor entre los revocados, el 94.33% contra el 78.69% de los cumplidos, estas diferencias demostraron ser no significativas en una prueba de Chi-Cuadrado usando como criterio el .01. A través de la entrevista obtuvimos datos referentes a la influencia que el hecho de haber estado empleado antes de ir a presidio pueda tener en el resultado de libertad bajo palabra. Teóricamente, el haber estado trabajando necesariamente implica que la persona tiene que haber internalizado una serie de pautas o normas organizacionales las cuales le rigen en gran medida su conducta. Además, las expectativas creadas por el empleo y la ansiedad de disfrutar de ciertas comodidades pueden ser estímulos para que el liberado trate de responder a las exigencias de la libertad condicionada y de esa forma cumplir satisfactoriamente su condena en libre comunidad. De nuestro análisis se desprende que el 79.5% de los liberados estaban empleados antes de cometer su primer delito. El por ciento de los revocados empleados era de 79.0 y el de los cumplidos 80.0. Estas estadísticas demuestran que no hay diferencia entre los revocados y cumplidos en términos de la influencia del trabajo. Sin embargo, es interesante notar la influencia que el confinamiento puede tener en las posibilidades de empleo de los liberados. Por ejemplo, el 53.8% de la misma muestra respondió que no estaban empleados al cometer el último delito. Tabla 9 RELACION PORCENTUAL ENTRE LOS LIBERADOS BAJO PALABRA Y LA PROPORCION DE EMPLEO AL COMETER EL PRIMERO Y EL ULTIMO DELITO

LIBE R A D OS Revocados Cumplidos Total

Al Cometer Primer Delito

Al Cometer Ultimo Delito

79.0 80.0

54.0 53.0

79.5

53.8

Educación Académica La educación no aparenta tener efecto en el éxito o fracaso del disfrute de libertad bajo palabra. De nuestro análisis se desprende que el 84.6% de los cumplidos tenían menos de noveno grado. Por inferencia se deduce que el 15.4% tenían estudios de escuela superior o mas. En los revocados, el 79.2% tenían menos de noveno grado y el 20.8% tenían estudios de escuela superior o más. La mediana de preparación académica es de 6.1 años escolares para los cumplidos y 6.9 para los revocados. Estas tendencias son homogéneas en la población penal, pues entre los liberados clasificados como activos, el promedio es de 6.9 años escolares. A la vez, el 83.0% de los activos tienen noveno grado o menos. Las pruebas estadísticas demostraron que no hay diferencias significativas entre revocados y cumplidos en términos de preparación académica. Edad al Salir en Libertad Bajo Palabra Resultados similares se observaron con referencia a la edad de los liberados al salir en libertad bajo palabra. El 49.6% de todos los liberados tenían entre 20 y 29 años al salir en libertad condicionada. De hecho, el 52.7% de los revocados tenía menos de 29 años de edad. El 56.9% de los cumplidos se clásifica en esta misma categoría. El análisis estadístico de edad al salir en libertad bajo palabra demostró que la edad no era una variable significativa entre cumplidos y revocados. Las otras variables analizadas, tales como afiliación religiosa, presencia de enfermedades mentales, lugar de residencia y pariente con quien se crió, no presentaron evidencias para asumir su función como responsables de que el liberado cumpliera satisfactoriamente o se le revocara la libertad bajo palabra. Conclusión El resultado de este estudio demuestra que nuestro sistema de libertad bajo palabra tiene un índice de fracasos considerablemente bajo al compararlo con los índices en Estados Unidos. Esto demuestra que el sistema está funcionando a un nivel de efectividad muy satisfactorio. Sin embargo, él índice de fracasos puede estar determinado por el uso restrictivo o limitado que se hace de este instrumento. En nuestra sociedad se está utilizando conservadoramente, ya que sólo 56

un 10% de nuestros liberados salen en libertad bajo palabra. Un programa con la eficacia del estudiado debería ser usado al máximo. Los resultados indican que en la Zona de Supervisión de San Juan, el índice de fracaso se aproxima a un 15% de los liberados. Es evidente que en la mayor parte de estos fracasos los reclusos que no se beneficiaron de la libertad bajo palabra en su rehabilitación se caracterizan por tener, en primer lugar, un historial penal que demuestra una sucesión de confinamientos. Además, estas personas cometen por lo regular crímenes contra la propiedad. Estas dos características son indicativas de un proceso de socialización en la vida criminal. El crimen contra la propiedad, como el escalamiento, robo y hurto, requiere el conocimiento de ciertas técnicas y estrategias mejor conocidas por los criminales más diestros. Necesariamente tiene que haber una asociación entre ellos para poder, aprender las maneras o formas propias de su trabajo. En este proceso hay una inversión de tiempo y esfuerzo por el criminal, y es razonable pensar que a medida que la inversión es mayor, menor será la disposición del criminal de salir de su profesión, por lo menos hasta que logre un trabajo que le permita retirarse. A la par con el proceso de socialización indicado, encontramos que el revocado tiende a ser un individuo aislado. Por lo general está ausente de la atracción, cariño y atenciones de una familia conyugal.. Es un individuo solo, en un mundo atomista. No sólo carece de una familia conyugal, sino también de la aceptación de la sociedad. Este rechazo por parte de la sociedad es general para todos los confinados. Por ejemplo, el tipo de empleo que por lo general desempeña el confinado es de naturaleza manual y poco diestra. Entre otras cosas, esta situación puede ser el resultado de las pocas oportunidades que la sociedad le provee a estas personas. Pero aun más importante es el rechazo abierto y manifiesto en términos de la oferta de empleos disponibles para ex convictos. La tasa de empleo bajó de un 79.5% antes de cometer el primer delito, a un 53.8% al cometer el último' delito. A pesar de no haber encontrado diferencias significativas entre revocados y cumplidos en términos de nivel académico y de edad al salir en libertad bajo palabra, los resultados nos indican lo siguiente: (1) la mediana de educación académica resultó ser 6.9 años escolares para ambos y (2) el promedio de edad al salir en libertad bajo palabra resultó ser de 29.0 años para los cumplidos y de 28.0 años para los revocados. Otro factor estudiado que demostró guardar relación con el éxito o fracaso de la libertad bajo palabra resultó ser la longitud de la 57

sentencia que el liberado tenía que cumplir al salir en libertad bajo palabra. Hay evidencias para creer que una supervisión continua y por un tiempo demasiado largo conduce a un estado de ansiedad en el individuo, presionándole cada vez más hacia la culminación de tal estado. Si acompañamos esta reacción psicológica a una condición de frustraciones y limitaciones, podríamos esperar que al cabo de cierto tiempo el individuo trate de satisfacer sus ansiedades importándole poco las consecuencias de su conducta. Nuestro análisis demostró que hay diferencias significativas en la longitud de la sentencia a cumplir en libertad bajo palabra entre cumplidos y revocados. Podríamos resumir los hallazgos empíricos en la siguiente caracterización: alrededor de 15 de cada 100 liberados bajo palabra fracasan en cumplir efectivamente su tiempo supervisado; el revocado (o fracasado) tiende a ser una persona de aproximadamente 28 de edad, tiene sexto o séptimo grado de educación académica, trabaja en labores de cuello azul y por lo regular en trabajos no diestros, tiene un historial penal de confinamientos continuos, preferiblemente comete delitos contra la propiedad, y es una persona que no ha formado un hogar conyugal. Sugerencias Es evidente que el uso de la libertad bajo palabra se ha reducido a un nivel muy bajo. Creemos que esta medida, que ha probado ser muy eficaz, podría ampliarse utilizando sus servicios al máximo. Este aumento no deberá implicar la reducción de su eficacia aun cuando las estadísticas de revocados aumenten. Sugerimos, como medida experimental, la adopción de las características relacionadas con el éxito como criterio de selección de candidatos a libertad bajo palabra. Esta selección debería regirse por las cualidades de los candidatos y no por limitaciones de número. Formulamos esta sugerencia en forma experimental, pues es muy posible que existan otras variables de gran influencia en el éxito o fracaso de los liberarlos pero que debido a las limitaciones de los expedientes, de los datos y del mismo estudio no pudieron ser analizados. En segundo lugar, creemos recomendable que se le conceda autoridad a la Junta de Libertad Bajo Palabra para anular, revocar o conmutar las sentencias de un confinado a un cierto número de años en supervisión. En otras palabras, que la Junta le pueda conmutar una sentencia larga a un individuo por el tiempo que él esté en libertad bajo palabra. Tomando un caso hipotético para ilustrar esta 58

un 10% de nuestros liberados salen en libertad bajo palabra. Un programa con la eficacia del estudiado debería ser usado al máximo. Los resultados indican que en la Zona de Supervision de San Juan, el índice de fracaso se aproxima a un 15% de los liberados. Es evidente que en la mayor parte de estos fracasos los reclusos que no se beneficiaron de la libertad bajo palabra en su rehabilitación se caracterizan por tener, en primer lugar, un historial penal que demuestra una sucesión de confinamientos. Además, estas personas cometen por lo regular crímenes contra la propiedad. Estas dos características son indicativas de un proceso de socialización en la vida criminal. El crimen contra la propiedad, como el escalamiento, robo y hurto, requiere el conocimiento de ciertas técnicas y estrategias mejor conocidas por los criminales más diestros. Necesariamente tiene que haber una asociación entre ellos para poder, aprender las maneras o formas propias de su trabajo. En este proceso hay una inversión de tiempo y esfuerzo por el criminal, y es razonable pensar que a medida que la inversión es mayor, menor será la disposición del criminal de salir de su profesión, por lo menos hasta que logre un trabajo que le permita retirarse. A la par con el proceso de socialización indicado, encontramos que el revocado tiende a ser un individuo aislado. Por lo general está ausente de la atracción, cariño y atenciones de una familia conyugal.. Es un individuo solo, en un mundo atomista. No sólo carece de una familia conyugal, sino también de la aceptación de la sociedad. Este rechazo por parte de la sociedad es general para todos los confinados. Por ejemplo, el tipo de empleo que por lo general desempeña el confinado es de naturaleza manual y poco diestra. Entre otras cosas, esta situación puede ser el resultado de las pocas oportunidades que la sociedad le provee a estas personas. Pero aun más importante es el rechazo abierto y manifiesto en términos de la oferta de empleos disponibles para ex convictos. La tasa de empleo bajó de un 79.5% antes de cometer el primer delito, a un 53.8% al cometer el último delito. A pesar de no haber encontrado diferencias significativas entre revocados y cumplidos en términos de nivel académico y de edad al salir en libertad bajo palabra, los resultados nos indican lo siguiente: (1) la mediana de educación académica resultó ser 6.9 años escolares para ambos y (2) el promedio de edad al salir en libertad bajo palabra resultó ser de 29.0 años para los cumplidos y de 28.0 años para los revocados. Otro factor estudiado que demostró guardar relación con el éxito o fracaso de la libertad bajo palabra resultó ser la longitud de la 57

Es evidente que el uso de la libertad bajo palabra se ha reducido a un nivel muy bajo. Creemos que esta medida, que ha probado ser muy eficaz, podría ampliarse utilizando sus servicios al máximo. Este aumento no deberá implicar la reducción de su eficacia aun cuando las estadísticas de revocados aumenten. Sugerimos, como medida experimental, la adopción de las características relacionadas con el éxito como criterio de selección de candidatos a libertad bajo palabra. Esta selección debería regirse por las cualidades de los candidatos y no por limitaciones de número. Formulamos esta sugerencia en forma experimental, pues es muy posible que existan otras variables de gran influencia en el éxito o fracaso de los liberados pero que debido a las limitaciones de los expedientes, de los datos y del mismo estudio no pudieron ser analizados. En segundo lugar, creemos recomendable que se le conceda autoridad a la Junta de Libertad Bajo Palabra para anular, revocar o conmutar las sentencias de un confinado a un cierto número de en supervisión. En otras palabras, que la Junta le pueda conmutar una sentencia larga a un individuo por el tiempo que él esté en libertad bajo palabra. Tomando un caso hipotético para ilustrar esta

Un tarjetero índice, ordenado en forma alfabética. Aquí aparecerá una tarjeta para cada liberado. La tarjeta, además de incluir el nombre y otros signos de identificación, llevaría el número de identificación asignado al liberado, en que se le otorga la libertad bajo que indicará el palabra, el mes en que sale, y el orden cronológico de salida entre todos los que fueran liberados en ese mes. Además, incluirá unos últimos dos dígitos para indicar la zona de supervisión a la cual ha sido designado. La primera parte del número de identificación será invariable. Los últimos dos dígitos podrán variar. Como cuestión de ejemplo, podemos ilustrarlo con un señor X a quien de acuerdo a las actas oficiales de la Junta de Libertad Bajo Palabra se le concede la libertad condicionada en el 1966, en el mes de mayo, y él es la décimo-cuarta persona que sale en ese mes. Este señor es asignado a la zona de supervisión de San Juan. A este señor se le' podría asignar un número de identificación como el siguiente: 66051401, asumiendo que San Juan es la zona o

recomendación, tenemos que X persona comete un delito. Esta persona es sentenciada de tres a diez años de presidio, y a los tres de estar confinada sale en libertad bajo palabra. La Junta, si tuviera la autoridad, podría ofrecerle a este individuo un indulto de él demuestra su adaptación a su sentencia si durante dos o tres las normas de la sociedad. Sugerimos dos de cumplimiento porque éste resultó ser el período más largo en nuestro análisis donde el 100% de los cumplidos habían completado su tiempo supervisado. Luego de este período, aparentemente se desarrolla una cierta ansiedad en la persona que podría provocarla a la comisión de nuevos delitos, a la despreocupación de su obligación penal. En tercer lugar, creemos que la Junta debe aplicar más la libertad bajo palabra en aquellos casos de sentencias largas. Casos de sentencias cortas no deben ni siquiera ir a prisión; se les debe poner en probatoria al sentenciarles, respondiendo decididamente a los méritos del caso. En términos del funcionamiento administrativo, específicamente en el control de casos, queremos hacer la siguiente recomendación: creemos necesario la estructuración y funcionamiento de un sistema de identificación claro y preciso, que permita la localización de individuos y expedientes en forma inmediata y correcta. Este sistema podrá estar constituido por lo siguiente:

de supervisión enumerada en primer orden. Con este sistema no puede existir confusión entre liberados, porque, aun cuando dos liberados tengan el mismo nombre, lo cual• es probable, sería muy difícil el que salieran en libertad bajo palabra en el mismo año, en el mismo mes y que se asignaran a la misma zona de supervisión. Pero asumiendo que diera la casualidad de que dos liberados coincidieran en todos estos aspectos, necesariamente tendrían que diferir en el tercer par de dígitos, pues no podrían ocupar el mismo orden cronológico de salida en ese mes por ser ese orden particular y sencillo. El segundo aspecto de este sistema estará compuesto por los expedientes de los liberados. El control de los expedientes se hará a base de los números de identificación ya asignados. Este aspecto funcionará por duplicado. Se deberán establecer dos expedientes para cada caso. Uno de los expedientes se considerará como el expediente de control, el cual permanecerá en la oficina central de la Junta dé Libertad Bajo Palabra, o en el local designado para ello por la Junta. El segundo expediente será un expediente movible, que acompañará al liberado dondequiera que esté, siempre y cuando sea bajo la supervisión directa de alguna división del Departamento de Justicia. Esto quiere decir que ese expediente estará en la Penitenciaría, si el hombre está confinado; en la oficina local de la Junta de Libertad Bajo Palabra, si está disfrutando del privilegio; o en las Cortes, si está bajo proceso judicial. Esta labor implica que todo lo relacionado con algún liberado condicionalmente se hará por duplicado. Además, tiene como ventaja que podrá ser de uso no solamente en el proceso de sentenciar personas encontradas culpables, sino también para la implementación de 'medidas de rehabilitación. Por tanto, tiene la gran ventaja de que siempre habrá un récord del liberado, aun en aquellos casos o situaciones en que el expediente es destruido o perdido.

Como sugerencia final creemos sumamente útil y necesario ampliar el uso de las investigaciones científicas en relación con la conducta delictiva y la eficacia de los medios que la sociedad provee para su prevención, control y rehabilitación, y como consecuencia el uso de esos resultados para implementar nuevos programas, mantener programas existentes o reorientar los mismos. 60

APORTE AL CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN PUERTO RICO En el cuadro que describe la creciente criminalidad conocida en Puerto Rico, el comportamiento desviado con consecuencias legales entre los menores de edad (7 a 17 años) resulta ser de primordial importancia en sus proyecciones mensurables. Un análisis de los datos oficiales suministrados por la Policía de Puerto Rico, usando criterios comparables como son los arrestos de adultos y las intervenciones con menores por infracciones de igual naturaleza, bien puede sostener plenamente esta afirmación. A manera de ilustración, veamos los datos para el año 1972-73, los últimos publicados con que contamos. Primeramente, consideremos la naturaleza de los actos delictivos para ambos grupos. Para ese año se informaron 5,395 arrestos de adultos imputándoseles la comisión de Delitos Tipo I, esto es, los más serios y más frecuentes en las estadísticas policiales, los que al desglosarse muestran que 3,115 (equivalente al 57.73%) los motivaron arrestos por delitos Contra la Persona, y los restantes 2,280 (equivalentes al 42.27%) los motivaron delitos Contra la Propiedad. Los datos correspondientes a menores nos señalan que el total de menores detenidos por presuntamente haber cometido Faltas Tipo 1 fue de 4,625, y que al desglosarse este total, 3,475 (equivalente al 74.6%) lo motivaron Faltas Contra la Propiedad, y 1,200 (equivalente al 25.94%) a Faltas Contra la Persona. En base a estos datos, que aunque se refieren a un año particular, reflejan la tendencia general observada comúnmente para esta estadística, podemos concluir que los que cometen actos violentos en mayor proporción son los adultos (en una proporción de 6 a 4 de cada diez actos delictivos informados para este grupo) y los que cometen actos delictivos contra la propiedad en mayor proporción (7.5 de cada diez de sus actos delictivos) son los menores. Una segunda consideración se refiere a la magnitud de la 61

delincuencia juvenil en el cuadro total de la criminalidad. Mientras que las estadísticas policiales asumen que la totalidad de los actos delictivos que se les informan están vinculados a comportamiento delictivo perpetrados por adultos, un análisis y ponderación detenido de los datos no parece sostener este supuesto. Cuando estudiamos los datos referentes al mismo período mencionado anteriormente (1972-73) encontramos que la población estimada de Puerto Rico fue de 2,826,000 habitantes. De éstos, se estima que para ese 1,749,272 eran adultos (de 18 años o mayores) y como, señalamos anteriormente, se arrestaron 5,395 adultos por presuntamente haber cometido delitos Tipo I, lo que es equivalente al 0.0031% de la población adulta antes señalada. En contraste, para el mismo año se estimó la población de menores en Puerto Rico (7 a 17 de edad) en 741,703 menores y se informó 4,625 intervenciones policiales con esta población, lo que es equivalente a 0.0062% de dicha población juvenil. En base a estos datos se deja claramente establecido que, en proporción a la población correspondiente, los menores son detenidos dos veces más que los adultos, lo que parece indicar una participación mayor de los menores en la criminalidad conocida que la impresión prevaleciente o que córrientemente se admite. Asimismo, parece completar esta interpretación el señalamiento de que para ese mismo año los delitos contra la propiedad que llegaron a conocimiento de la Policía de Puerto Rico representaron el 81% de la totalidad de la criminalidad. Si consideramos que ese tipo de acto delictivo es el más comúnmente perpetrado por menores (una proporción de 7.5 de cada 10 faltas), bien podemos especular que una alta proporción del 81% de los delitos contra la propiedad que llegan a conocimiento de la Policía, presuntamente cometidos por adultos al aparecer informados en las estadísticas de éstos, en la realidad objetiva fueron actos delictivos perpetrados por menores. No obstante lo dramático de este cuadro que describe la delincuencia juvenil, la administración de la justicia de menores en Puerto Rico, como se manifiesta en todos sus componentes, refleja gran ineficiencia y negligencia en su funcionamiento. La voz que clama por remedios a esta situación se extiende desde la petición de reforma de la ley de menores en vigor y el proceso en la detención y radicación de casos, hasta la disposición de casos en los tribunales y las indeseables condiciones en las instituciones correccionales para menores. Toda esta situación parece evidenciar lo poco conocido y entendido que es el problema de la administración de la justicia de menores en Puerto Rico, y por las buenas o malas razones que lo 62

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expliquen, sin lugar a dudas la negligencia crasa que refleja este cuadro. Los escritos incluidos en esta sección representan importantes contribuciones al conocimiento objetivo y entendimiento del problema, así como la exposición de acuciosas alternativas para bregar con el mismo. Las primeras tres selecciones incluidas nos reseñan hallazgos relativos a la descripción de menores delincuentes, la problemática de la delincuencia juvenil y la administración del sistema de la justicia de menores en Puerto Rico. En la primera de éstas, Toro-Calder (1970) nos presenta el cuadro de datos sobre las características sociales y personales sobresalientes de los delincuentes menores que vienen a la atención del Tribunal de Menores de San Juan, así como importantes señalamientos sobre el inicio, manejo y disposición de los casos, siendo esta una de las más valiosas de las escasas contribuciones que dan noticias y nos permiten entender el proceso de la administarción de la justicia de menores en Puerto Rico. El cuadro de características de la población de delincuentes menores suscita especial interés, pues confirma con datos objetivos algunas impresiones, así como presenta otras noveles. El más importante aporte del escrito lo constituye lo referente a conclusiones y recomendaciones en el estudio. De instrumentarse las recomendaciones expuestas en el escrito, ello resultaría en un paso gigante en la solución de problemas en el sistema de la administración de la justicia de menores en Puerto Rico. Abundando al tema de etiología del comportamiento delictivo y el papel de la deserción escolar en el mismo, Otero de Ramos (1969) nos da noticias de los hallazgos de su estudio. Para entender la importancia del tema basta destacar que aproximadamente el 50% de los menores intervenidos por la Policía de Puerto Rico no estaban asistiendo a la escuela al cometer la falta que motivó la intervención. Esto señala la importancia de hacer un esfuerzo máximo por retener al adolescente en la escuela. El impacto psico-social del abandono de la escuela sacude más profundamente al menor que lo que generalmente percibimos. Muy a menudo esta acción culmina, —como bien señala la autora, el cúmulo de problemas de diversa naturaleza,— familiar, económico, personal, circunstancial, psicológico o social— y macula social e individualmente a su actor al poner en evidencia su fracaso e incapacidad para alcanzar una de las exigencias básicas en nuestra sociedad. Asimismo, lo coloca fuera de la carrera de la en una sociedad competencia social que es un elemento altamente competitiva como la nuestra. A esto tenemos que sumar las pocas oportunidades que ofrece nuestra sociedad al adolescente

para dotarse de destrezas que le permitan integrarse saludablemente a la fuerza trabajadora del país. Resulta esperanzadora la nueva tendencia de un despertar a esta realidad que podemos observar al presente. En la más reciente contribución al tema, incluida como una selección especial, Ferracuti y sus asociados, luego de una comparación multidisciplinaria de casos de menores delincuentes y no delincuentes confirman una vez más la inutilidad del acercamiento positivista para explicar el comportamiento delictivo y ofrecen abundante respaldo a la importancia del proceso de aprendizaje social al concluirse que la experiencia socializadora del niño de la subcultura de arrabal no lo enseña a enfrentarse a las demandas de una sociedad cambiante. En la búsqueda de alternativas se inclinan a señalar la experiencia educativa en la escuela, en la comunidad, como la alternativa y recurso más prometedor. Este estudio resulta ser una contribución única por la enorme cantidad de información multidisciplinaria que se recopila y por lo novel del análisis estadístico empleado. Asimismo, confirma una vez más la necesidad del inicio de estudios con orientación sociológica encaminados a entender la dinámica social de la experiencia del niño en la cultura de privación socio-económica que lo lleva a fracasar al no poder alcanzar los niveles de exigencia que le demanda una sociedad en rápido cambio económico y social. Es este un señalamiento revelador de la necesidad de re-orientar tanto los programas de prevención como de tratamiento de adolescentes delincuentes hacia un marco de referencia sociológico, en contraste con el fracaso del acercamiento psicoanalítico. En la última de las selecciones, Palau de López (1971) discute una alternativa a la atención profesional de los casos de menores con problemas delictivos, al proponer el re-examen del acercamiento psicoanalítico a la delincuencia juvenil. En sustitución de éste propone un modelo sociológico, abundando una vez más sobre los puntos de vista expresados anteriormente. No podemos poner punto final a este comentario sin llamar la atención a la necesidad del estudio integral del proceso de la administración de la justicia de menores en Puerto Rico, y en base a datos empíricos recopilados por medios científicos, proyectar una reforma con metas de impacto. Es este el compromiso y reto a que nos enfrentamos, misión a la que el Centro de Investigaciones Sociales ha hecho una significativa contribución en esta publicación.

ALGUNOS HALLAZGOS DE UN ESTUDIO SOBRE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN PUERTO RICO* Jaime Toro-Calder

La investigación científica social de la conducta antisocial de los menores en Puerto Rico, a pesar de lo mucho que se habla sobre el tema, es escasa. Es justo reconocer como pioneros en este campo a los estudiantes graduados de la Escuela de Trabajo Social de nuestra Universidad. Desde la década del 40 han hecho diversas contribuciones al tema en forma de tesis de maestría. Recientemente el Departamento de Medicina Preventiva de la Escuela de Medicina y el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico se han destacado en los esfuerzos por lograr avanzar el estado del conocimiento sobre este fenómeno social. El informe del más reciente de los estudios sobre el tema de la delincuencia juvenil en Puerto Rico acaba de concluirse. Este estudio fue financiado por un donativo de la Oficina de Investigaciones del Negociado de la Niñez, Departamento Federal de Salubridad, Educación y Bienestar; se llevó a cabo durante los 1966 al 1968. Este informe está próximo a salir de prensa en forma de libro. El libro se intitula, en su versión en inglés Juvenile Delinquency in Puerto Rico: A socio-cultural and socio-legal analysis. Su redacción estuvo a cargo de la señorita Leonore R. Kupperstein, analista en investigaciones para el estudio, con la colaboración del profesor Jaime Toro-Calder, director del estudio para Puerto Rico. Este estudio constituye parte de un esfuerzo internacional, auspiciado por el Negociado de la Niñez, por llevar a cabo un estudio comparado sobre los procedimientos para iniciar los casos de menores y el manejo de los mismos en las cortes de menores en

*Tomado de Revista de Ciencias Sociales, Vol. XIV, Núm. 2, junio 1970.

diferentes países. Asimismo se provee amplia oportunidad para incluir temas de especial interés para los países participantes. Manifestaron interés en participar representantes de Yugoeslavia, Polonia, Israel, Italia y Egipto —todos ellos participantes del Programa de Moneda Extranjera, de donde se disponían a obtener fondos para financiar los estudios. En el caso de Puerto Rico que no participa en dicho programa, se le concedió un donativo para estos fines. 1. Problema y metodología del estudio

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El propósito central del estudio al nivel internacional se definió como un intento de desarrollar una tipología operacional basada en el comportamiento de menores delincuentes que sirviera para comparaciones internaiconales. El método propuesto fue ir más allá de las categorías y clasificaciones legales ya conocidas y existentes diseñar una tipología basada en comportamiento que se originase en las descripciones de los actos o faltas que motivaron la comparecencia de los menores ante la corte. Toda la información se obtendrá de los récords de la Corte y se vaciará en un cuestionario pre-codificado. Para la elaboración de dicho cuestionario para Puerto Rico, se preparó una lista de datos que nos interesaba obtener, y luego de discutirlo con el personal administrativo de la Corte, se seleccionaron aquellos tópicos sobre los cuales era factible obtener información, pues se sabía que existía en los récords. Al nivel local nos interesaba obtener información sobre las características de los menores delincuentes en Puerto Rico con la esperanza de poder elaborar un perfil descriptivo de éstos y recopilar el mayor número de datos sobre los procesos y manejo de los casos de menores en el Tribunal. A estos fines se diseñó un cuestionario para recoger datos, que comprende tres áreas, a saber: 1) la falta cometida, 2) el manejo de los casos por la Corte, 3) el menor delincuente y su familia. La unidad para tabulación es el caso, y cada caso representa un menor (edad 7 a 17 traído a la Corte de menores como caso nuevo o una reconsideración de un caso previamente resuelto por la Corte de menores. La muestra se seleccionó entre los casos sobre los que tornó acción la Corte de Menores de San Juan para el 1966. Se enconcasos, tomó acción sobre un total de 2,130 de los cuales tró que se 804 casos en radicó querellas y son casos 1,299 son que se a los que se rindieron servicios breves. Se seleccionaron al azar 649 casos con

querella radicada en la Corte y 402 casos de servicios breves, para un total de 1,051 casos. Esto corresponde a un 50%. del universo de casos. Antes de proceder a la recolección final de datos, se sometió a prueba el cuestionario y los procedimientos a usarse, para detectar y corregir problemas que no habíamos anticipado. Para la recolección final de datos se prepararon dos copias del cuestionario. Una era enviada a Washington, donde se procesarían los datos y la otra sQ retuvo en nuestros archivos. Esta fase del estudio se comenzó el 15 de noviembre del 1966 y se terminó el 30 de septiembre de 1967, y como indicáramos anteriormente incluyó un total de 1,051 casos. 2. Contenido del informe sobre el estudio

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La redacción final del informe del estudio se sometió al Negociado de la Niñez en Washington en octubre 1968. Su extensión es de 369 páginas, que comprende los siguientes capítulos: I. Recuento de la literatura sobre delincuencia juvenil en Puerto Rico para los últimos 20 II. Plan de investigación y metodología; III. El significado y la funcionabilidad de la ley como un agente de control social; IV. El desarrollo legislativo y filosófico de la Corte Juvenil, y servicios y facilidades asociados a ésta; V. Métodos administrativos y procesales para bregar con casos de menores en Puerto Rico; VI. El cambio social en Puerto Rico y su relación con la delincuencia juvenil y la administración de la justicia de menores; VII. Características personales y sociales significativas de los menores delincuentes referidos a la Corte de menores de San Juan; VIII. La naturaleza de las faltas cometidas por menores en Puerto Rico; IX. La recepción, el manejo y disposición de los menores delincuentes en la Corte de San Juan; y, X. Resumen, conclusiones y recomendaciones. Una temática tan diversa y extensa nos impone la necesidad de ser selectivos y, estando limitados en espacio, ceñiremos nuestra presentación a cuatro áreas: a) Las características sociales y personales de los delincuentes referidos a la Corte de San Juan; b) La 67

naturaleza de las faltas cometidas por éstos; c) El manejo de los casos en la Corte; y d) Las conclusiones y recomendaciones del estudio. Tengo la certeza de que estos temas son los de mayor interés. Debido a que Puerto Rico ha sido el único participante que ha completado y sometido informe sobre el estudio, la fase internacional del estudio queda por el momento incompleta. En nuestro informe, y con la colaboración de los profesores Gerhard O. W. Mueller, de la Escuela Graduada de Derecho de la Universidad de Nueva York, y del profesor Marvin E. Wolfgang, de la Escuela Graduada de Sociología de la Universidad de Pennsylvania, se presenta una tipología basada en el comportamiento de los menores delincuentes. No obstante, la comprobación de la validez functional de esta propuesta queda pendiente hasta tanto se cuente con los informes de todos los participantes. Prevalece la impresión de que esta etapa del estudio internacional tomará algún tiempo adicional, si es que llega a completarse. 3. Hallazgos y experiencias del estudio a)

Algunas características sociales y personales sobresalientes de los delincuentes menores referidos a la Corte de Menores de San Juan.

os.

Aun cuando nos interesaba obtener un cuadro completo de las características de los menores que vienen a la atención de la Corte de San Juan, incluyendo información sobre sus familias, sus características psicológicas y datos psiquiátricos, etc.: no nos fue posible obtener la totalidad de información deseada pues no estaba disponible. En consecuencia nos vimos obligados a limitar la información a características personales y sociales de los menores. El siguiente es un cuadro descriptivo de las características de los menores en nuestra muestra, que de ser válido para el universo, correspondería a una descripción de los menores delincuentes en Puerto Rico: La mayoría de los menores delincuentes (85%) son varones Tal parece que los varones más entre las edades de 15 y 17 jóvenes son referidos con una frecuencia seis veces mayor que los casos correspondientes en edad del sexo opuesto. Las niñas referidas a la Corte cometen sus faltas a una edad mas temprana que los niños, pues dos terceras partes de las niñas en la cuando cometieron sus faltas y muestra tenían menos de 16 sólo como la mitad de los niños eran menores de 16

Un 65% de los menores en la muestra residían en arrabal o en urbanización una pública cuando cometieron las faltas, mientras que un 11% de los sólo casos residían en la zona rural. Aparentemente esto confirma la impresión general de que existe una alta incidencia de delincuencia juvenil entre los residentes de los caseríos públicos y arrabales de San Juan. Sobre este particular deseo comentar que uno de los argumentos que más corrientemente se levantan en contra de esta conclusión es que los casos de delincuentes menores de clase media no llegan a la Corte con la frecuencia que debían llegar o que, si llegan a la Corte, consiguen arreglarse. Como nuestro estudio se basa en los récords existentes de la Corte, este hallazgo podría tener una limitación, si es que dicho argumento es válido, dato que desconocemos. De los que residían en arrabales el 98.2%, y de los que residían en caseríos el 93.7%, aparecen en los informes como viviendo en áreas de alta patología social. Esto contrasta con los casos residentes en áreas urbanas residenciales, donde sólo el 38.6% se identifican como viviendo en vecindarios de alta patología social. Entre aquellos casos que residen en zona rural, el 89% de aquéllos que viven en fincas se expusieron muy poco a áreas de alta incidencia de patología social, mientras que un 60% de los que no residían en fincas se expusieron a esta situación. Se encontró una alta relación entre la presencia o ausencia de patología social y el área de residencia. Esto es, los residentes en zonas urbanas se exponen con mayor frecuencia a zonas de alta patología social, en comparación con los residentes de zonas rurales. Una alta proporción de los casos (50%) vienen de hogares rotos y de familias relativamente inestables. En contraste, sólo 35% de los menores vienen de familias que cuentan con padre y madre, cuyos padres están legalmente casados y viven juntos. Prácticamente a todos los casos de este último grupo se le rindieron servicios breves en la Corte. Casi un 8% de los casos vienen de hogares rotos por el abandono de uno de los padres, y en un 25% de los casos los padres estaban separados o divorciados. Menos del 50% de los menores vivían con ambos padres naturales, 23% vivían con el padre o con la madre y un 15% con uno de los padres naturales y padrastro o madrastra. Un 87% de las familias de los menores reportaron ingresos por debajo del promedio para Puerto Rico y sólo 4.5% sobre este promedio. En relación al empleo de los padres, encontramos que casi el 7% de los padres naturales o sustitutos estaban sin empleo, y un 21% eran retirados o impedidos para trabajar. De los que trabajan, el 69

os,

80% tenían empleo de tarea completa, y un 14%,empleos ocasionales o temporeros. Un 60% de los que trabajaban estaban ocupados en tareas manuales, el 8 eran propietarios de pequeños negocios y 30% trabajaba en ventas o servicios. De igual manera, de las madres o madres sustitutas, casi un 59 eran amas de casa y no devengaban ingresos; de las que trabajaban, el 79% tenían trabajos de tarea completa, 8% de tarea parcial y el 34% trabaja ocasionalmente, casi siempre como domésticas en períodos de crisis financiera para la familia. Aun cuando los datos relativos a la educación de los padres estaba muy incompleto en los récords de la Corte, tenemos la impresión de que el nivel educativo de los padres de los menores delincuentes es bajo y muy pocos sobrepasan una escolaridad correspondiente a los grados elementales. Sobre la educación de los menores, se cuenta con un cuadro bastante completo: el 43% de los casos en la muestra asistían a la escuela cuando cometieron la falta que motivó la intervención de la Corte, sólo 7 casos habían terminado escuela superior y 56% desertaron la escuela antes de completar su educación secundaria. Encontramos seis menores que nunca habían asistido a la escuela, y de los desertores de la escuela, sólo 39 habían sobrepasado el sexto grado y 6% el noveno grado. La edad mediana a que abandonaron la escuela fue de 12 años y el 60.1% de los menores estaban atrasados en sus estudios, esto es 2 ó más años atrasados en la edad que se espera tengan en el grado, presumiendo que empezaron su educación elemental a los 6 menos del 40% al nivel esperado. Del 25 de la muestra que se obtuvo información sobre su ajuste escolar, el 60.7% tenía problemas serios de ajuste, y de los desertores antes de graduarse de escuela superior, el 91.7% abandona= ron la escuela antes de cumplir los 16 años. El hecho de que los 99 casos que se ausentaban de clase injustificadamente todos vinieron a la atención de la Corte como incorregibles nos sugiere que la escuela hace muy poco para ayudar a los casos que presentan problemas. Con relación al empleo de los menores, tenemos que el 88% estaba desempleado al cometer la falta y de éstos el 46% asistía a la escuela. Sólo 6% de los menores tenían un empleo de tarea completa y de éstos 10 menores asistían a escuela nocturna. De menos de 6% que tenía empleos de tarea parcial, el 43% asistía a la escuela. De los 7 que habían terminado su educación secundaria, todos estaban bien empleados, mientras que los desertores escolares sólo el 14% estaban empleados y el 80% estaban desempleados. Menos del 9% de los desertores escolares tenían trabajos de tarea

completa y menos del 6% trabajo de tarea parcial. Mientras que la tasa de desempleo para las edades de 16 a 19 para San Juan es de 33.1%, de los menores de la muestra el 82.5% estaba desempleado, de los cuales el 53% no asistía a la escuela ni tenía un trabajo, el 11% de éstos trabajaba en tareas completas y el 7% en tareas parciales. Para las edades de 13 a 15 años, encontramos que el 48% no trabajaba ni asistía a la escuela. De éstos el 8% estaba empleado y el 47% todavía asistía a la escuela. En cuanto a la naturaleza de las faltas cometidas por menores en Puerto Rico encontramos las siguientes características como sobresalientes: Nuestra muestra incluye 1,046 (casos) episodios delictivos cometidos por un total de 1,399 delincuentes juveniles. El promedio de menores delincuentes por episodio delictivo fue de 1.28, la tasa de faltas por episodio fue 1.50, y la proporción de menores delincuentes por episodio fue 1.23. La gran mayoría de los episodios delictivos (73%) se llevaron a cabo por un menor y sólo 27% envuelve dos o más participantes. Estos datos nos sugieren que la delincuencia tipo "ganga", que tanto prevalece en los Estados Unidos, no existe en una proporción apreciable en Puerto Rico. Más de la mitad de las faltas (58%) ocurrieron durante el día y el resto luego de caer la noche, y la mayoría de los episodios delictivos ocurrieron en la calle o en la carretera. El 14% de los episodios delictivos ocurrieron en los terrenos de escuelas públicas —principalmente violaciones de ordenanzas municipales que prohiben entrar a los terrenos de las escuelas en hora fuera de clase, obligando a los jóvenes a salir a la calle para sus actividades. Menos del 3% de los episodios delictivos ocurrieron en hoteles o en playas y las víctimas fueron jóvenes o adultos conocidos por el actor. En la gran mayoría de las faltas contra la persona, las víctimas fueron amigos, vecinos o compañeros de juego. De los casos en que se les infirió daño corporal a las víctimas (30% de la muestra) en un 85% de los episodios existe una relación de uno a uno entre el número de víctimas y el número de infractores. Para este mismo tipo de falta se encontró que el grupo de menores que comete el mismo, con mayor frecuencia son hembras entre las edades de 16 a 19 años, siguiéndole las hembras entre las edades de 8 a 12 años, mientras que el grupo del mismo sexo de 13 a 15 años tiene la proporción más baja. Los datos expuestos anteriormente sugieren que el miedo a ser atacada por un extraño en la calle resulta grandemente exagerado y algo de fantasía. En los casos en que se usó un arma para cometer la falta, un 71

41% de las víctimas necesitaron ateñción médica y un 27% hospitalización. Solamente un 11% de los casos escaparon de daño. En los casos de peleas a puños, 71% escaparon de daño y sólo 6% necesitaron hospitalización. Sobre faltas contra la propiedad, tenemos que este tipo representa un 31% de los episodios delictivos en la muestra; 11% consistieron en sustraer propiedad de la persona usando fuerza (robo) y 23% la propiedad sustraída consistía de un vehículo o accesorios del mismo. El precio de la propiedad sustraída fluctúa más frecuentemente entre $10 y $249 y solamente en un 9% de los casos el precio excede a $1,000. La labor de recuperación por la policía de propiedad clasificada como difícil de recuperar señala una alta efectividad, pues en un 90% de los episodios se recuperó la propiedad. En un 30% de los episodios la propiedad sustraída fue comida y ropa, y la "ratería" en establecimientos comerciales (shoplifting) representó un 23% de los episodios. En un 10% de los episodios la falta consistió en la destrucción de propiedad pública o privada —de los cuales 35% consistió en daño a vehículos de motor y 34% en daño a edificios. De especial interés para nuestro estudio eran los casos denorninados como incorregibles —unos 169 en la muestra. El análisis del comportamiento que motivó la imputación de incorregibilidad nos revela que la gran mayoría de las faltas manifiestan problemas de comportamiento esencialmente no-criminales y que en realidad resulta del manejo negligente e impropio del menor por parte de sus padres, guardianes u otro adulto responsable de éste. El 49% de los servicios breves y 18% de los casos eñ que se radicó querella envuelve desobediencia y falta de respeto a los padres, llegar tarde por la noche o ausentarse por varios días sin el conocimiento de los padres, faltar a la escuela, asociarse con personas de dudosa reputación y usar lenguaje obsceno. La naturaleza de estas faltas nos sugiere una reacción a la incapacidad o negligencia de los adultos responsables, para ejercer control y autoridad sobre los menores en cuestión. b)

Datos sobre el inicio, manejo y disposición de los casos en la Corte de Menores de San Juan:

Un total de 2,103 casos de delincuentes menores fueron referidos a la Corte de San Juan. En un 61.3% de los casos se radicó querella y a un 38.7% se les rindió servicios breves. El análisis de los datos de nuestra muestra revela que el 97.4% •de los casos fueron referidos por la policía. Sólo el 1.9% fue 72

referidos por los padres, un caso por la escuela, ninguno por el trabajador social u oficial probatorio y nueve por otras agencias. Un 35.5% de los casos fue referido por la policía. Sólo el 1.9% fue referido a la Corte, pero el 97.5% de éstos recibió servicios breves. El 24.5% de los casos fue atendido dentro de 10 días desde la fecha de referencia, y en general 60% de los casos referidos a la Corte fueron atendidos dentro de 10 días de la fecha en que fueron referidos, y en 21.8% de los. menores se dispuso del caso entre 11 y 30 días después de ser referidos. En cuanto a los servicios rendidos a los menores encontramos que en el 78% de los casos se hizo un historial social como parte de la investigación anterior a la vista del caso, sólo el 1% recibió examen psiquiátrico y en un 20.8% de los casos la investigación conllevó servicios adicionales sobre el historial social. Sobre acción tomada en los casos, encontramos que cerca de un 80% de los casos fueron puestos bajo la custodia de los padres y regresaron a la comunidad. De los casos que no se pusieron bajo la custodia de los padres, tres fueron puestos bajo la custodia de un ciudadano, uno enviado a un centro de observación, 148 enviados al hogar juvenil y 24 a la cárcel. Como parte del informe de historial social del caso, el trabajador social debe hacer una recomendación al juez sobre acción a tomarse en el mismo. Como revelan nuestros datos, la práctica común es que el juez siga la recomendación del trabajador social, aunque, de jure, la autoridad reside en el juez. En un 83.7% de los casos el juez siguió la recomendación del trabajador social en su totalidad. En 36 casos adicionales la aceptación de la recomendación fue parcial y sólo en el 9.9% de los casos se pasó por alto totalmente la recomendación del trabajador social. En cuanto a la acción tomada en los casos, encontramos que, de los casos que se radicó querella, sólo un 11% fueron absueltos; en contraste, en un 93% de los servicios breves los casos fueron absueltos. Como la práctica es evitar recomendar institucionalizar o remover el menor de su hogar, a menos que sea absolutamente necesario, podemos esperar una investigación más detenida de los casos. Como resultado, encontramos que un 76% de los casos absueltos tomaron 30 días para decidirse y sólo en 64% de los casos institucionalizados se tomó acción en ese período. De hecho, en 83% (de los absueltos) se tomó acción el mismo día que se refirió el caso en contraste con 2% de los institucionalizados. 73

El historial de faltas cometidas por los menores tiene gran peso en la decisión del caso: 84% de los casos absueltos no tenían récord en la Corte, mientras que entre los institucionalizados sólo 32% no tenían récord en la Corte. Igual situación impera para la concesión de probatoria: más de 2/3 partes no tenían récord en la Corte y 9% tenían récord de tres o más querellas. Antes de abandonar este tema queremos llamar la atención a la práctica de la policía de referir automáticamente todo caso a la Corte. Esta práctica resulta en un exceso de trabajo para el personal de la Corte y para los jueces, lo que impide atender mejor los casos que por su naturaleza sí necesitan una detenida ponderación. A esto sumamos el efecto psicológico negativo en la persona del menor, pues pasa por la experiencia de ser detenido e investigado, con el inevitable trauma que conlleva y que a la postre mina los recursos de reeducación del menor. Nuestra última consideración va dirigida a comentar las conclusiones y recomendaciones del estudio. 4. Conclusiones y recomendaciones En general podemos decir que los actos delictivos de los menores que vienen a la atención de la Corte de San Juan reflejan las condiciones sociales y los acomodos culturales a una sociedad urbano-industrial y con orientación tecnológica. En estos períodos de cambio social rápido, la vida de los segmentos jóvenes menos privilegiados de la población se hace particularmente dificultosa, pues éstos se exponen en su vida diaria a los símbolos que representan el éxito de la clase media que contrasta con el estilo de vida de privaciones que éstos tienen que' llevar. Las frustraciones, las expectaciones torcidas, las pocas oportunidades reales de mobilidad social y la ausencia de logros significativos en sus vidas, acompañado de una alta tolerancia comunal a la patología social, les provee las justificaciones y estímulos para sus desvíos sociales y su delincuencia. Estos se manifiestan en abierto desafío a la autoridad, en su temprana independencia de la familia y de otros controles institucionales, y en actividades encaminadas a ganar prestigio social y reconocimiento en su grupo a la vez que le provee medios para satisfacer otros deseos materiales. Este cuadro nos sugiere que, repetitivamente, es el joven de condición económica baja el que viene a la atención de la Corte y del sistema correccional, mientras que aquellos bendecidos por el ambiente de un hogar relativamente estable y con algunas conexiones sociales y políticas no 74

llegan a los procesos judiciales para menores. Es este el grupo que con mayor frecuencia, recibe servicios sociales y psiquiátricos que, teóricamente, están a la disposición de toda la comunidad. Si a estas circunstancias sumamos los cambios legales y administrativos introducidos y el excesivo énfasis burocrático en el manejo de casos de menores, podemos ver cómo el sistema perpetúa modelos de tratamiento basados en custodia en instituciones superpobladas y totalmente desprovistas de facilidades físicas y personal adecuado para reeducar el delincuente. A esto tenemos que sumarle que, por virtud de la más reciente legislación sobre menores y los desarrollos administrativos, el sistema judicial para el menor en Puerto Rico parecería resúltar modelo. Pero en realidad nó lo es, pues a pesar de su potencial teórico, en la realidad no se ajusta a la verdad socio-cultural puertorriqueña y no sirve con la eficiencia esperada a la juventud y a la comunidad. A la luz de estas conclusiones, se sometieron las siguientes recomendaciones: a) El establecimiento de un centro de información relativo a todos los procesos de menores intervenidos por autoridades o agencias públicas en Puerto Rico. Esta recomendación va encaminada a mejorar la eficiencia de las fuentes de información sobre los casos. A menudo, varias agencias han intervenido con el caso y recopilado valiosísima información sobre el mismo. No obstante al venir el caso a la atención de la Corte, se inicia una vez más la recolección de datos en la preparación de un historial social. El logro del establecimiento de un Centro de Información resultaría en gran mejoría en la eficacia de la recolección de datos pues permitiría contar con un cuadro de datos más completo, con un esfuerzo infinitamente más corto. Deseamos señalar que al presente, y bajo los auspicids de la Comisión del Niño, se desarrolla un esfuerzo por crear este servicio. Carecemos de criterios para emitir un juicio sobre esta experiencia y ojalá que la misma satisfaga las necesidades para las cuales fue creada. b) El establecimiento de criterios operacionales prácticos para el uso de los poderes discrecionales de la policía para disponer de los casos de menores cuando el caso lo amerite. Esta medida va encaminada a reexaminar la práctica de referir a la Corte automáticamente todos los casos intervenidos pór la policía. Esta práctica se bar en el principio de que no existe base legal para que la Policía use poderes discriminatorios en los casos, y resulta en el abarrotamiento de casos en Corte, sobrecargando el trabajo del 75

personal y la función de la corte con casos que podrían haberse resuelto fuera de la misma. Esta medida supone conceder administrativamente poderes discrecionales a la División de Ayuda Juvenil de la Policía, lo que impondría tomar medidas en cuanto: 1) al aumento de personal especializado en casos juveniles, destacándoles en suficiente número en los diferentes cuarteles de policía a través de la zona metropolitana; 2) que este personal sea el que bregue con casos de menores exclusivamente desde la investigación hasta que el caso se radica en la Corte y 3) desarrollar criterios claros como guía para tomar decisiones sobre los menores, y sumar personal técnico (trabajadores sociales) como recursos a Ayuda Juvenil. c) Reexamen y modificación de la jurisdicción de la Corte de menores, en especial en los casos de incorregibilidad y servicios breves. Esta recomendación responde a nuestro sentir de que en gran medida, aunque no del todo, el tribunal de menores a menudo actúa como una agencia de servicios sociales más que como un tribunal, y ha estado atendiendo toda clase de problemas que podrían haber sido y debían ser atendidos por la escuela, agencias de servicios a familia, Bienestar Público y otras agencias y servicios gubernamentales y privados fuera del marco judicial. Estas experiencias sugieren que la jurisdicción de la Corte debía limitarse solamente a aquellos casos donde se ha establecido una clara violación de la ley criminal, donde existe evidencia de la intervención de agencias de servicio social en el caso y su fracaso en resolver el problema, o el convencimiento comprobado de que existe la necesidad de remover el menor de su hogar para asegurar su seguridad y bienestar y el de la comunidad. d) Reexamen y expansión de servicios a jóvenes con problemas. La implementación de esta medida sería un esfuerzo para mejor utilizar los servicios existentes mediante la mejor coordinación de los mismos y el logro de un esfuerzo de servicios integrados en beneficio de la juventud necesitada. Esto podría resultar en la creación de centros de servicios múltiples donde impere la dedicación, el entusiasmo y la creatividad que las nuevas situaciones sociales en Puerto Rico ameritan y demandan. e) Modificar y mejorar los procedimientos básicos en el proceso judicial para menores. Esta recomendación clama por un reexamen de las prácticas de la administración de la justicia juvenil y llama la atención a situaciones y prácticas que resultan detrimentales a la mejor 76

administración de la justicia. Se recomienda examinar: a)

Prácticas de detención de menores: i) Bajo ninguna circunstancia debe retenerse un menor por más de 48 horas sin habérsele radicado querella; o ser recluido en una cárcel o institución con criminales adultos o en instituciones para menores junto a menores ya convictos. ii) Investigación del caso: Las investigaciones del caso, por hacer recomendaciones sobre la disposición del mismo, debe incluir, idealmente: (1) historial social completo, (2) evaluación psicométrica y psiquiátrica, (3) historial escolar y de empleo, (4) investigación de historial previo de manifestaciones patológicas (personales y sociales), (5) examen médico, (6) examen neurológico. No obstante, y ajustándonos a la realidad puertorriqueña, condiciono esta recomendación a que se haga un esfuerzo máximo en recolectar, en adición al historial social rutinario, aquella evidencia que los casos, por su naturaleza y circunstancia, dictan como crítica. Me temo que, de otra manera, se dé margen a grandes errores en la disposición de los menores con el consecuente perjuicio individual y social. iii) Otras dos medidas de tipo procesal son mantener separados la radicación de la querella y la disposición del caso, pues teniendo estos dos procesos dos propósitos distintos, aunque relacionados, requieren información y gestiones separadas; y colocar la autoridad para separar al menor de una institución correccional en una agencia separada de la Corte Juvenil será una medida que facilitará grandemente el manejo de los casos en el momento y en la manera más eficiente.

f) Reexamen del adiestramiento y reclutamiento del personal que brega con menores. Tenemos claro en nuestras mentes que existe una íntima relación entre la preparación profesional del personal que rinde los servicios y la calidad y eficacia de los mismos. Asimismo, se ha dejado establecido objetivamente las limitaciones del personal que rinde labor en las agencias de servicio a menores en Puerto Rico. Esta 77

recomendación se encamina a señalar la necesidad de mejorar la calidad de los servicios profesionales a menores y la expansión de los mismos mediante el reclutamiento de personal profesional de la mejor calidad y la mejor utilización de los recursos disponibles. g) El desarrollo de un genuino espíritu de dedicación comunal al tratamiento del menor delincuente. Esta recomendación lleva la misión de exhortar a la comunidad puertorriqueña a aceptar su compromiso social de aunar esfuerzos en beneficio de una mejor utilización de la escuela, la iglesia, las organizaciones cívico -culturales, etc., en beneficio del tratamiento del menor que revela en su comportamiento la necesidad de ayuda. Pero es más que una mera exhortación, es una demanda de acción, de salirnos de la rutina de aceptar compromisos y luego no cumplirlos. Una de las contribuciones de la investigación científico social es que ayuda a identificar áreas de problemas para futura investigación. No pretendo adentrarme en el tema, pues por la naturaleza del material presentado podría ser objeto de otra amplia presentación, pero sí deseo señalar mi parecer que una de las más significativas contribuciones de esta investigación es el haber dejado establecida la necesidad de un estudio integral y a fondo de la administración de la justicia de menores en Puerto Rico.

ESTUDIO SOCIO-ECOLOGICO DE LA DESERCION ESCOLAR Y LA DELINCUENCIA JUVENIL EN PUERTO RICO* Mercedes Otero de Ramos Introducción Los problemas a considerarse en esta conferencia son problemas de actualidad y a los cuales se les ha venido prestando gran interés y atención, según se ha reflejado en la prensa local, en revistas, libros y en otros medios de comunicación masiva prevaleciente en nuestra sociedad. Recientemente varios funcionarios gubernamentales han expresado públicamente su preocupación ante la magnitud e incidencia de estos problemas. El Dr. Pedro José Rivera, actual Subsecretario de Instrucción Pública, manifestó que existen más de 45,000 jóvenes entre las edades de 16 a 21 años que no han terminado sus estudios secundarios, los cuales, en su gran mayoría, se encuentran desempleados.) En una conferencia ofrecida ante un grupo de xTiaestros que participaba en la Universidad de Puerto Rico en un taller de trabajo sobre El Presente y el Futuro de la Escuela Secundaria, el doctor Rivera indicó que el problema es muy serio y señaló la necesidad de fortalecer el sistema de educación escolar. El periódico El Mundo, comentando editorialmente la información ofrecida por el Dr. Rivera, sostiene que la deserción escolar es "una llaga sangrante en el corazón puertorriqueño" y que los desertores escolares "son vidas que se frustran y se pierden cuando tanto y tanto podrían

*Tomado de Primer Ciclo de Conferencias Públicas Sobre Temas de Investigación Social, Centro de Investigaciones Sociales, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1969. 1. Véase periódico El Mundo del 27 de junio de 1967, pág. 3.

representar para el bienestar y el futuro del país" . 2 The San Juan Star nos informa también que comparativamente Puerto Rico tiene una tasa mayor de deserción escolar que los Estados Unidos, y que cerca de un 50% de los estudiantes puertorriqueños abandonan la escuela antes de graduarse de escuela superior.3 El anterior Secretario de Justicia, Lic. Rafael Hernández Colón, sostuvo en una conferencia ante el Concilio de Niños Escuchas de América, que "para analizar el problema de la delincuencia juvenil hay que situarse, ante todo, en la realidad socioeconómica del Puerto Rico de hoy " . 4 El conferenciante mencionó también los factores psicosomáticos, ambientales y familiares en los cuales crece, se desarrolla y vive nuestra juventud como determinantes de la delincuencia juvenil.

Son muy pocos los estudios realizados en Puerto Rico donde se trate de relacionar ambos problemas. Sin embargo, algunos de los estudios realizados sobre el problema de la deserción escolar indican la necesidad de que se investigue la relación de éste con el problema de la delincuencia. Entre otros, el Dr. Efrén Ramírez, ex-director del Centro de Rehabilitación de Adictos a Drogas Narcóticas, ha manifestado, que existe una correlación entre la deserción escolar y la adicción a drogas.5 El problema de adicción a drogas se ha incrementado en los últimos y creemos que al presente necesita estudiarse detenidamente. Igualmente, un estudio realizado por el Consejo Superior de Enseñanza señala la necesidad de investigar el problema de deserción escolar, tomando en consideración otras variables.6 En dicho estudio se consideraron algunos factores socio-económicos y escolares presentes en la deserción escolar. En la conferencia ofrecida en un taller sobre los servicios a niños y jóvenes de Puerto Rico, celebrado el día 3 de marzo de 1962, en el Hotel Barranquitas, el Dr. Ismael Rodríguez-Bou hace la observación de que el problema de deserción escolar requiere continuada 2. Véase periódico El Mundo, del 28 de junio de 1967, pág. 6. 3. Véase periódico The San Juan Star del 10 de junio de 1967, pág. 3. 4. Véase periódico El Mundo del 19 de septiembre de 1966, pág. 1. 5. Véase el editorial del periódico El Mundo del 13 de septiembre de 1965. 6. La deserción escolar en Puerto Rico, estudio realizado por la División de Investigaciones Pedagógicas del Consejo Superior de Enseñanza, Serie II, Núm. 25, 1964, pág. 184.

investigación.? Aun en una sociedad económicamente tan próspera como la norteamericana, el problema es evidente. En su discurso ante el Congreso en 1963, el Presidente Kennedy señaló: El futuro de cualquier país depende del interés y la sabiduría de sus ciudadanos, se afecta irreparablemente cuando cualquiera de sus niños no se educa al grado máximo de sus capacidades. Hoy día se estima que cuatro de cada diez estudiantes en el quinto grado no termina la escuela superior —y esa es una pérdida que no puede afrontarse . 8 Creemos, por lo tanto, estar justificados en nuestro empeño de realizar un estudio socio-ecológico de la deserción escolar y de la delincuencia juvenil en Puerto Rico. Propósitos del Estudio: En el presente estudio nos proponemos relacionar los problemas de la delincuencia juvenil y deserción escolar con las características socio-económicas de los municipios escolares en Puerto Rico para los años 1960-64. Específicamente, el propósito fundamental de esta investigación es estudiar y analizar la distribución ecológica de los desertores escolares y la de los delincuentes juveniles en Puerto Rico, descubrir si existen áreas específicas en que ambos problemas se reflejen marcadamente, y ver cómo comparan estas distribuciones con la situación socio-económica de los distintos municipios que integran la Isla. Nos proponemos determinar, por lo tanto, la configuración espacial de la delincuencia juvenil y la deserción escolar por medio de la cual podríamos adquirir conocimientos sobre la étiología de la delincuencia juvenil, a través del análisis detenido de aquellas áreas o municipios donde la incidencia de estos problemas sea más alta. Sin embargo, no intentamos en el presente estudio profundizar en el análisis del problema con el propósito de determinar si existe alguna relación de causa y efecto entre deserción y delincuencia.

7. Rodríguez-Bou, Ismael, Deserción escolar: hallazgos sobresalientes y algunas interpretaciones, División de Investigaciones Pedagógicas, Consejo Superior de Enseñanza, Serie III, Núm. 8, 1962, pág. 34. 8. "The President's Message on Education", Higher Education, 19:3-12, marzo, 1963.

Al mismo tiempo, nos interesa saber en qué forma se relaciona la delincuencia y la deserción con otras condiciones de la comunidad. En muchos de los problemas de investigación sobre la ecología humana es importante conocer la situación socio-económica de la población de las diversas áreas. Por esta razón, trataremos de analizar algunas características socio-económicas del grupo de los desertores así como de los delincuentes para el 1962-63, único año donde los datos sobre el universo tanto de unos como de otros están completos. A la luz de estos hallazgos podrían implementarse ciertos programas de acción social que tiendan a reducir la alta incidencia de deserción escolar y de delincuencia juvenil en dichos municipios. Problema: Datos obtenidos de la División de Estadísticas del Departamento de Instrucción Pública demuestran el siguiente cuadro en cuanto a las bajas escolares en las escuelas públicas de Puerto Rico. A partir del año 1960 hasta el 1964 (período que originalmente cubría el presente estudio), un promedio anual de 5,200 estudiantes abandonaron la escuela superior, representando éstos un promedio anual de un 7.5% de la matrícula total en dicho nivel escolar. El problema presenta un aspecto interesante en el nivel de escuela intermedia. Mientras en las escuelas intermedias urbanas las bajas escolares a partir del 1960 hasta el 1964 presentan la proporción más baja de desertores, fluctuando entre 3.8% en el 1961-62 a 4.5% en el 1962-63, en la escuela intermedia rural las cifras de bajas escolares, excepto para el año 1963-64 que representó un 6.1% fueron en aumento progresivo a partir del 1960-61 hasta el 1962-63, aumentando de 6.7% hasta 7.2%. En general, las cifras indican que en los últimos cinco años un promedio de 11,500 estudiantes han abandonado las escuelas anualmente en el nivel de escuela secundaria, representando éstos de un 5% a un 6% de la matrícula total de este nivel. En relación al problema de la delincuencia juvenil, encontramos que la situación se ha agudizado especialmente durante los-últimos cinco años. El problema se hace más complejo si consideramos que no existe aún una fuente verdaderamente confiable que revele con exactitud la magnitud del problema. En el presente estudio utilizaremos los datos recopilados por el Tribunal de Menores por considerar 82

éstos los más confiables.9 Según los informes estadísticos del Tribunal de Menores, encontramos que para los 1960-64 se les radicaron querellas a 15,485 menores, o sea, al 72.4% de los menores traidos ante el Tribunal. De éstos, 7,793 menores (50.3%) no estaba asistiendo a la escuela al momento de radicárseles querellas. No podemos concluir, sin embargo, que dicha cifra revele que dichos menores eran desertores escolares, pues lo único que revelan estos datos es que en el momento específico de radicárseles las querellas no asistían a la escuela. Sin embargo, sabemos que muchos estudiantes se encuentran fuera de las aulas escolares por diversas razones y aún así no son considerados desertores escolares. Algunos estudiantes se ausentaron frecuente y periódicamente de las aulas sin considerárseles desertores escolares. Considerando la situación anteriormente expuesta, y luego de haber revisado la literatura más reciente con relación a estos problemas, encontramos que son muy pocos los estudios realizados en Puerto Rico que realmente enfoquen la intensidad y magnitud de ambos problemas simultáneamente. Marco teórico de Referencia: En las últimas cuatro décadas, los sociólogos han venido interesándose en la aplicación de los diversos enfoques ecológicos que ayudan a explicar problemas de desviación social uno de los cuales es la delincuencia. Los enfoques ecológicos asumen esencialmente que los elementos del ambiente natural ejercen gran influencia en el crecimiento y desarrollo de los organismos de las instituciones sociales. Esta teoría ha sido aplicada a diferentes estudios sobre delincuencia en Chicago y otras ciudades. También este enfoque ha sido de gran utilidad para descubrir factores comunes a enfermedades contagiosas y mentales. A. Hipótesis Generales 1.

Las tasas de la deserción escolar y de la delincuencia juvenil tenderán a variar de acuerdo a las distintas regiones y distritos escolares de la Isla. Las diferencias en trasfondo y características socio-econó-

9. Christiansen, Karl O., Report on Statistics on Juvenile Delinquency in Puerto Rico, Copenhagen, 1966 (informe mimeografiado), pág. 28; Wolfgang, Marvin E., Delinquency Statistics for Administration and Research in Puerto Rico (informe mimeografiado), págs. 4-27.

micas de los municipios tenderán a reflejar diferencias en las tasas de deserción escolar y delincuencia juvenil en cada municipio. Las tasas de la deserción escolar y de la delincuencia juvenil tenderán a variar de acuerdo al grado de heterogeneidad poblacional y de desarrollo urbano logrado por las distintas regiones escolares.

Hipótesis Específicas

B. 1. 2.

Las tasas de deserción escolar y delincuencia juvenil tenderán a varias con relación al sexo. La concentración de desertores y delincuentes tenderá a ser mayor en los grados iniciales de la escuela intermedia y superior (7 y 10 respectivamente) que en los grados terminales (9 y 12 respectivamente). La mayor concentración de desertores escolares y delincuentes juveniles tenderá a encontrarse en el nivel intermedio antes que en el nivel superior. Los adolescentes que no viven con sus padres tenderán a cometer más actos delictivos y a abandonar más frecuentemente la escuela que aquéllos que viven con ambos padres. Los adolescentes residentes en las zonas rurales de Puerto Rico tenderán a presentar una mayor incidencia de deserción escolar al compararse con aquéllos que residen en zonas urbanas. Lo contrario es de esperarse con relación a la delincuencia juvenil.

Antes de pasar a considerar la metodología usada en el presente estudio es necesario definir algunos de los términos y conceptos metodológicos usados en esta investigación. Definición de Términos:

a. Desertor escolar. —Estudiante que fue dado de baja en la escuela pública diurna de Puerto Rico durante el escolar seleccionado comprendiendo los grados 7-12, exceptuando los traslados a otras escuelas y las muertes. b. Nivel escolar. —Se consideran dos de los tres niveles de escolaridad existentes en las escuelas públicas de la Isla, a saber: el nivel intermedio (séptimo a noveno grado) y el nivel superior (décimo a duodécimo grado). Para efectos de este estudio se 84

considerará a cada alumno desertor en el nivel a que pertenecía en el momento de abandonar la escuela. c.Regiones escolares. —Siguiendo la definición que utiliza el Departamento de Instruccion Pública, existen seis regiones escolares en Puerto Rico, a saber: Arecibo, Caguas, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan. d. Características socio-económicas de los municipios.) o —La distribución de los municipios de acuerdo a: 1) Indicadores económicos seleccionados, 1960; 2) Indicadores de condiciones de viviendas seleccionados, 1960; 3) Indicadores de nivel educativo seleccionados, 1960; 4) Empleo por lugar de establecimiento de fábricas promovidas por Fomento por cada mil habitantes en el municipio, marzo 1963; 5) Densidad poblacional, abril 1960. e. Delincuente juvenil. —Su definición según la Ley Núm. 97 del 23 de junio de 1955; para propósitos de nuestro estudio se consideraron delincuentes a todos los menores a quienes se les radicaron querellas en los tribunales de menores. No se tomaron en consideración aquéllos a quienes se les ofrecieron servicios breves. Definición y Descripción de los Universos:

Para fines del presente estudio se utilizaron los universos de los desertores escolares y de los delincuentes juveniles para los 1960-64. (Este último incluye las bajas hasta enero ya que los directores escolares enviaron los informes de bajas de las escuelas secundarias en el transcurso del segundo semestre.) Durante los cuatro años que cubre este estudio, solamente un 10% de las escuelas no informaron desertores escolares. Por lo tanto, consideramos que nuestro universo de desertores es representativo de la población total escolar. Un total de 43,640 bajas escolares fueron informadas por los maestros de las escuelas secundarias en Puerto Rico para los cuatro años. De este total se excluyeron 1,969 casos de transferencias a otras escuelas y 110 casos de muertes por considerar que, no estaban 10. Datos tomados del Cuadro Comparativo del Nivel de Vida de los Municipios, Negociado de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación, 1960.

clasificados como bajas de acuerdo a la definición operacional utilizada en el presente estudio. El universo de los desertores escolares está compuesto por 41,561 y el universo de los delincuentes juveniles a quienes se les radicaron querellas, en los tribunales de menores, está compuesto por 15,485 menores entre los 8 y Jos 18 años. Para los años 1960-64 se consideraron todos los delincuentes a quienes se les radicaron querellas por primera vez, así como aquellos En el análisis reincidentes de años anteriores y dentro del mismo descriptivo de las características de los menores no se incluyeron los reincidentes de anteriores excepto para el año 1962-63 y así, para no incurrir en error de duplicidad en el caso de los reincidentes, 1960-62 fue se identificó a éstos con una sola querella. Para los anteriores. A identificar incluir los reincidentes de años e imposible pesar de tener información sobre los reincidentes delincuentes para el año 1963-64, la comparación con los desertores escolares fue imposible ya que solamente había información para un solo semestre escolar. Fuentes de Información Estadística:

a. Recopilación, codificación y tabulación de los datos de los desertores escolares. Los datos sobre bajas escolares fueron recopilados en la siguiente forma: un formulario y sus instrucciones fueron remitidos por la División de la Escuela Secundaria del Departamento de Instrucción Pública al Superintendente de Escuelas de cada distrito escolar para ser debidamente cumplimentado por los maestros de los niveles intermedio y superior, esto es, grados 7 al 12. El formulario brinda información sobre las siguientes variables: nombre de la escolar, nombre del escuela y nivel escolar, distrito escolar, zona, estudiante, sexo, grado, dirección residencial, y razón o motivo para darse de baja. Dichos formularios fueron luego transferidos al Centro de Investigaciones Pedagógicas del Colegio de Pedagogía para su codificación y análisis. b. Datos suministrados por la División de Estadísticas de la Oficina de la Administración de los Tribunales. La División de Estadísticas de la Oficina de Administración de los Tribunales suministró la información a utilizarse sobre delincuenque cubre el presente estudio. Los datos cia juvenil para los estaban recopilados y codificados en tarjetas IBM. Solamente seleccionamos e incluimos en nuestro análisis aquellas variables relevantes a nuestro estudio. Las tarjetas fueron reclasificadas, 86

obteniéndose información sobre las siguientes variables: año, sala, origen, sexo, zona, edad, escolaridad, convivencia y motivo de querella. Debido a que las tarjetas para los años 1960-62 estaban incompletas o mutiladas fue necesario hacer uso de la información que aparece en los informes anuales de los Servicios Sociales Prestados en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Oficina de Administración de los Tribunales, para estos dos años. Para los años 1962-64 fue necesario sortear dichas tarjetas para incluir los casos de menores reincidentes de otros años que no fueron considerados en dicho informe. Finalmente, tan sólo fue posible obtener información sobre ambos problemas para el año 1962-63 ya que para los otros tres años los datos estaban incompletos. Las tarjetas conteniendo la información sobre la delincuencia juvenil se clasificaron por municipio y regiones escolares para propósito de análisis comparativo. Procedimos igualmente a clasificar dichos datos de acuerdo al año fiscal. c. Datos suministrados por el Negociado de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación. Los datos sobre las características socio-económicas fueron. obtenidos del cuadro comparativo Nivel de Vida de los Municipios, suministrados por la Junta de Planificación. La elaboración de los cuadros estadísticos usados en dicho estudio fue obtenida de los Censos de Población y Vivienda de 1960, de la Administración de Fomento Económico, de la Oficina Federal del Seguro Social, del Negociado de Bienestar Público del Departamento de Salud, de la División de Análisis de la Junta de Planificación y de otras fuentes. Los datos sobre la población de dichos municipios fueron obtenidos de la División de Estadísticas del Departamento de Salud y del Censo Federal de 1960. Procedimiento de Medición: Las frecuencias absolutas no son suficientes para establecer la incidencia relativa de la delincuencia juvenil y de la deserción escolar en áreas geográficas como son los distritos y regiones escolares. Estas pueden inducir a muchos errores, ya que tanto el tamaño como la composición de la población de las diversas áreas indudablemente presentan grandes diferencias. Es esencial conocer, además de las frecuencias absolutas en la presentación de estos problemas, el número de personas que están "expuestas" a los mismos. Es natural, por ejemplo, encontrar comparativamente más delincuentes en una población que tenga una alta proporción de niños entre los 8 y 18 87

años que en una que casi todos los habitantes sean adultos. Tomando estos factores en consideración, para calcular una incidencia válida de delincuencia juvenil así como de desertores escolares, es necesario relacionar el número de áreas registradas durante un determinado período de tiempo en un área particular con el número de niños que residen en dicha área. Así, las cifras que entran en discusión en nuestro estudio pueden expresarse en términos de la siguiente fórmula básica: Por ciento — Número de desertores o delincuentes en cada distrito escolar (tasa) Número de menores de edad 8-18 años en cada distrito escolar Después de haber obtenido las tasas por distritos escolares se procedió a clasificar éstos en rangos, asignándole el número uno (1) a aquellos pueblos con una alta tasa de deserción o delincuencia. Luego se obtuvieron cuartillas para clasificar los distritos escolares a base de la incidencia de deserción o delincuencia alta, baja o promedio. Se localizaron y se relacionaron los distintos pueblos en las categorías específicas a base de: a. pueblos con alta deserción y alta delincuencia b. pueblos con baja deserción y baja delincuencia c. pueblos con alta deserción y baja delincuencia d. pueblos con baja deserción y alta delincuencia e. pueblos con deserción y delincuencia promedio f. pueblos con deserción promedio y alta delincuencia g. pueblos con deserción promedio y baja delincuencia h. pueblos con delincuencia promedio y alta deserción i. pueblos con delincuencia promedio y baja deserción También se les asignaron rangos a los distritos escolares a base de las siguientes características socio-económicas: 1. ingreso per cápita 2. escolaridad 3. vivienda 4. empleo en industrias 5. densidad poblacional 88

Se les asignó el rango de acuerdo a los pueblos de mayor a menor riqueza o de mayor a menor población. Las categorías de altos, promedio y bajos fueron utilizados en la clasificación de las características socio-económicas de cada pueblo. Se utilizaron las cuartillas como medida de medición estadística. Se procedió a relacionar las tres variables: deserción, delincuencia y características socio-económicas tomando como base la delineación de los pueblos incluidos en cada cuartilla. C. Limitaciones del Estudio: El presente estudio intenta presentar un cuadro general de la incidencia y de algunas de las características de los desertores escolares y de los delincuentes juveniles en los distritos escolares y regiones escolares que integran el sistema escolar de la Isla. 1.

Al evaluar y utilizar los resultados del estudio debe considerarse que los datos aquí utilizados procedieron básicamente de tres fuentes diferentes de información: del Departamento de Instrucción Pública, de la Oficina de Administración de los Tribunales, y del Negociado de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación. Estos datos fueron recopilados por las distintas agencias gubernamentales con otros propósitos ajenos a nuestra investigación. Sin embargo, dentro de esta gran limitación, creo que pudimos hacer, a nuestro juicio, el mejor uso de los mismos. Esta razón básica limitó el uso de variables a analizarse en el estudio. Solamente se tomó en cuenta el nivel secundario por considerar que es en este nivel donde se intensifican ambos problemas. Sin embargo, un análisis incluyendo también el nivel elemental hubiera sido más abarcador y quizás mucho mas significativo. Nuestro mayor interés hubiera sido analizar aquellos desertores escolares que abandonaron la escuela y luego se convirtieron en delincuentes juveniles, y aquéllos que se convirtieron en desertores por haber cometido un acto delictivo. Esto no fue posible en nuestro estudio por no haber un número control para desertores y delincuentes, y por la omisión de uno de los apellidos del menor desertor en un gran número de casos. Otra de las limitaciones del presente estudio fue la omisión 89

de algunos datos básicos: en el caso de los desertores escolares no se informó la a. edad de éstos al abandonar la escuela; b. en la información respecto a los delincuentes juveniles no se sabía el último grado cursado por el menor, la escuela o el nivel escolar en que se encontraba al cometer la falta; c. tampoco se tenía información sobre la residencia exacta del menor delincuente, con excepción de la zona (urbana o rural) donde éste residía. De tener este dato hubiera sido muy interesante observar la movilidad de los delincuentes para cometer actos delictivos. Ejemplo: El hecho de que Maricao sea el distrito escolar con la tasa más alta en delincuencia juvenil, no indica que todos los delincuentes incluidos eñ esta tasa sean originalmente de Maricao, pues en algunos casos podrían incluir alguna institución como sitio de residencia; d. no se pudieron analizar directamente las características de los desertores y delincuentes para los cuatro que cubre el estudio. Esto se debió a que las tarjetas I.B.M. conteniendo la información sobre los menores delincuentes y sus características estaban incompletas o mutiladas para los años 1960-62. De otra parte, hubiera sido posible sustraer la información de los informes de los Servicios Sociales prestados en el Tribunal Superior, pero tampoco fue factible por la siguiente razón: en dichos informes se publican solamente las características de aquellos menores a quienes se les radica la primera querella y Sin embargo, no se aquéllos que reinciden en el analizaron en ese informe las características de los menores a quienes se les han radicado querellas en bajo análisis. anteriores y reincidieron en el e. a pesar de conseguirse la información sobre los menores para los 1962-64, la relación directa de desertores y delincuentes durante el último año (1963-64) fue imposible ya que solamente había datos sobre los alumnos que abandonaron la escuela durante el primer semestre escolar. Mucho más desconcertante resultó ser el hecho de que la información recopilada contenía variables que no eran idénti-

cas, lo que hizo imposible el análisis comparativo. El estudio no tomó en cuenta la posible influencia de ciertos factores sobre la deserción escolar y la delincuencia juvenil como probablemente lo son la preparación, experiencia y actitudes de los maestros, el currículo, la organización escolar y los métodos de enseñanza, el ambiente familiar y social, el coeficiente de inteligencia, y otras variables sobre el alumno desertor y/o delincuente. De considerarse estas variables, y tal vez otras como el desempleo y oportunidades de trabajo para estos menores, hubiéramos tenido un cuadro más amplio sobre la magnitud de ambos problemas; finalmente, la falta de personal para trabajar en un estudio con universos tan extensos (41,561 desertores y 15,485 delincuentes) fue una de las limitaciones básicas. Algunas de las variables no pudieron ser tabuladas y analizadas más específicamente por esta razón. El hecho de que eran dos universos distintos imposibilitó el hacer un análisis estadístico comparativo y el empleo de las técnicas estadísticas más refinadas y precisas.

El presente estudio ofrece al lector un cuadro bastante general y abarcador sobre la magnitud de los problemas de la deserción escolar y la delincuencia juvenil, a la luz de los propósitos diseñados en este estudio, por medio del análisis de los distritos escolares y regiones escolares que integran nuestra Isla. Nos proponemos incluir en esta conferencia algunos de los hallazgos más sobresalientes y algunas conclusiones, implicaciones y recomendaciones que pueden servir de estímulo a la implementación de ciertos programas socio-económicos que ayuden a minimizar estos problemas: A. Hallazgos y Conclusiones La información recopilada nos demuestra que numéricamente la incidencia y la distribución de desertores escolares y de delincuentes juveniles aumentaron progresivamente durante los cuatro años que comprende este estudio. Anualmente unos 12,000 alumnos se ausentan de nuestra escuela y unos 3,871 menores cometen acciones delictivas en la sociedad puertorriqueña. Creemos, por lo tanto, que 91

a juzgar por la tendencia de aumentar la incidencia de estos problemas, es necesaria la implementación de programas de acción social que tiendan, dentro y fuera del salón de clases, a remediar, prevenir y a evitar estas acciones que representan ser desviaciones de nuestras normas sociales. Considerando que las razones para abandonar la escuela en el nivel secundario eran muy específicas y algunas estaban íntimamente relacionadas, se procedió a clasificar las razones en las seis categorías que siguen: cambio de status, situación económica, falta de interés, enfermedad, conducta indeseable y otros problemas. Referirnos al lector a la sección de definiciones operacionales en la metodología, si desea conocer más a fondo lo que comprende cada categoría. Cuando consideramos los estudiantes que abandonaron las escuelas de acuerdo a las categorías mencionadas anteriormente, encontramos que, en general, el cambiar de status (24.1%), la situación económica (20.8%), y la falta de interés (15.9%), fueron las causas más frecuentes entre los desertores para abandonar la escuela. La relación existente entre la deserción escolar y la situación económica de las familias de desertores se puede visualizar más claramente cuando consideramos las razones específicas para darse de baja. Específicamente, las razones primordiales para abandonar la escuela fueron: el irse a trabajar (19.?%), los problemas en el hogar (13.4%), y la emigración (13.3`/). Es interesante observar que la gran mayoría de las razones que exponen los desertores escolares para abandonar la escuela en los niveles intermedio y superior son causas ajenas al ambiente escolar. Todo parece indicar que la conducta indeseable no parece ser una razón importante para abandonar la escuela de acuerdo a la información suministrada por los profesores. Es, además, significativo el que en un 14.6% de los desertores escolares se desconocía la razón o motivo de la baja escolar. Al relacionar la asistencia a la escuela en los delincuentes juveniles encontramos que más de la mitad de ellos (51.9) no asistían a la escuela ni estaban trabajando cuando les fueron radicadas querellas en su contra. Es igualmente importante el conocer que uno de cada tres delincuentes (34.9%), aunque asistían a la escuela, no estaban trabajando en el momento de radicárseles las querellas. La ociosidad puede ser un factor de importancia que facilita la comisión de acciones delictivas. En relación con la reincidencia entre los delincuentes, se encontró que un promedio de 3,089 menores cometen acciones delictivas anualmente en Puerto Rico si se consideran las cifras de los 92

menores a quienes se les radicaron primeras querellas y reincidieron fiscal. El total de los delincuentes juveniles dentro del mismo primarios para los cuatro años ascendió a 12,355. Se puede observar la tendencia de aumento numérico en la incidencia de este problema social, culminando en el 1963-64 con un total de 3,994 delincuentes juveniles. El lector puede observar también la alta reincidencia entre los delincuentes juveniles, ya que el 29.4% de los delincuentes reincidieron en el mismo año fiscal. Esta tendencia prevalece durante los cuatro años que comprende este estudio. Un análisis de las querellas radicadas a los menores durante los años fiscales de 1960 al 1964, nos revela que el 29.6% de todas las faltas cometidas por los delincuentes juveniles corresponden a escalamientos realizados. La segunda falta cometida correspondió a los hurtos, o sea, un total de 14.4% de todas las faltas analizadas. Cuando agrupamos los escalamientos y los hurtos cometidos, encontramos que las querellas radicadas ascendieron a un 44%. A un 12.6% de los delincuentes juveniles se les radicaron querellas por acometimiento y agresión, constituyendo ésta la tercera falta cometida en orden de importancia. De otra parte, nuestra primera hipótesis específica sostenía que existían diferencias en las tasas de deserción escolar y de delincuencia juvenil por sexo en nuestra sociedad. La información recopilada para el año 1962-63 nos demuestra que mucho más de la mitad de los desertores escolares (58.5%) eran miembros del género masculino, mientras que el 41.5% de los desertores lo constituían miembros del género femenino. Como hemos podido observar, los promedios en la son distribución de los desertores, obtenidos para cuatro básicamente los mismos que los obtenidos para el año 1962-63. La distribución de la delincuencia juvenil por sexo nos señala un porciento mucho mayor de varones (88.5%) que de hembras. Esto es, cuatro de cada cinco delincuentes son varones. La proporción de varones en relación a las hembras es mucho más marcada en la delincuencia juvenil que entre los desertores, tanto para el año 1962 comprendidos entre el 1960 al 1964. como durante los cuatro Podemos afirmar, por lo tanto, que la deserción escolar y la delincuencia juvenil son problemas que encontramos más entre los varones que entre las mujeres en nuestra sociedad. Las conclusiones a que hemos llegado después del análisis de la información recopilada respaldan nuestra primera hipótesis. Sin tener que discriminar por sexo, creemos que se puede hacer una labor de orientación más intensiva entre los varones en el nivel educativo secundario. Nuestra segunda hipótesis específica sostiene que los adolescen-

que

tes que no residen con sus padres abandonarán más frecuentemente viven la escuela y cometerán más acciones delictivas que aquéllos con ambos padres. No pudo comprobarse la primera parte de la hipótesis ya que no se recopiló información sobre la convivencia de los desertores para el 1962-63. Sin embargo, la información recopilada al respecto sobre los delincuentes juveniles nos indica que uno de cada cuatro delincuentes (25.4%) residía con una de sus padres. A este dato podemos agregarle que el 30% de los delincuentes residían con otros familiares, amigos o personas particulares. Esto es, más de la mitad (55.4%) de los delincuentes residían en hogares con personas donde ambos cónyuges no eran sus padres. Indudablemente este tipo de estructura familiar puede influir grandemente e inducir a la acción delictiva. Sin embargo, no podemos pasar por alto que el 44.6% de los delincuentes juveniles residían con ambos padres en el momento que cometieron el acto delictivo. La situación descrita implica que debemos considerar, no sólo el tipo de estructura familiar, sino también las condiciones imperantes en términos de relaciones interpersonales entre los miembros de una familia; igualmente los roles sociales que se desempeñan dentro de la organización familiar pueden influir positiva o negativamente en el comportamiento social del adolescente. La tercera hipótesis específica expone que los adolescentes residentes en las zonas rurales o en las pequeñas comunidades de Puerto Rico representarán una mayor incidencia de deserción escolar al compararse con aquéllos que residen en zonas urbanas o en grandes núcleos poblacionales. Lo contrario es de esperarse con relación a la incidencia de la delincuencia juvenil. Los datos recopilados demuestran que uno de cada tres desertores (33.8%) son residentes de la zona rural. Por el contrario, el 59.3% de los desertores escolares residen en zonas urbanas. Cuando consideramos el tamaño de la población donde reside el desertor, encontramos que nuevamente uno de cada tres (35.2%) de los desertores escolares residían en comunidades con una población total de menos de 2,500 habitantes. El 58.0% de los desertores residían en comunidades con una población mayor de 2,500 habitantes. Es decir, nuestras estadísticas indican que la incidencia de la deserción escolar es mayor en las zonas urbanas y en comunidades con un núcleo poblacional mayor de 2,500 habitantes. Estos datos rechazan lo propuesto por nuestra tercera hipótesis. Sin embargo, los datos sobre la delincuencia demuestran que dos de cada tres (66.9%) delincuentes provienen de la zona urbana, mientras que uno de cada tres delincuentes (33.1%) eran de la zona 94

rural. Estos datos confirman la segunda parte de nuestra hipótesis que asumía una mayor incidencia de delincuencia juvenil en zonas urbanas al compararse con las zonas rurales de Puerto Rico. La cuarta hipótesis específica proponía una mayor incidencia de desertores escolares y de delincuentes juveniles para el nivel de escuela intermedia que para el nivel de escuela superior. Los datos recopilados señalan que aproximadamente dos de cada tres desertores escolares (61.4%) pertenecían al nivel de escuela intermedia, mientras que el 38.5% estaba en el nivel de escuela superior. Igualmente, más de la mitad de los delincuentes juveniles (53.1%) tenían una edad de 15 años o menos, mientras que el 46.9% de los delincuentes tenían de 16 a 18 años. Podemos inferir, por lo tanto, que existe una mayor incidencia de deserción escolar y de delincuencia juvenil en el nivel de escuela intermedia al compararse con la incidencia en el nivel de escuela superior. Finalmente, nuestra quinta hipótesis sostenía que existiría una mayor concentración de desertores escolares y de delincuentes juveniles en los grados iniciales de la escuela intermedia y superior que en los grados finales. La información recopilada sobre el grado en el cual el desertor se dio de baja indica que en la escuela intermedia uno de cada cuatro desertores abandonaron la escuela en el séptimo grado, mientras que la mayor deserción en el nivel de escuela superior ocurre en el décimo grado (21.1%). Los grados que siguen al séptimo y al décimo tienen respectivamente el mayor por ciento (19.8% y 12.8%) en cada nivel escolar. La incidencia de la deserción en ambos niveles escolares va disminuyendo gradualmente según se progresa en los grados educativos. Esta es una tendencia que se caracteriza en todas las regiones educativas de Puerto Rico. Nuestras fuentes de información no recopilaron datos relacionados con el grado al cual asistían los delincuentes. Sin embargo, podemos señalar que el mayor número de delincuentes (53.1%) se encuentra en las edades características de los alumnos de nivel intermedio (15 años o menos). Por el contrario, el 46.9% tenían edades comunes a los estudiantes de escuela superior (16 a 18 años). Sin embargo, no podemos establecer que existe una correlación perfecta entre edad cronólogica y grado educativo alcanzado. Los datos sobre deserción evidencian que este problema tiene mayor incidencia en el nivel de escuela intermedia. Los datos sobre delincuencia indican que la delincuencia tiende a ocurrir en aquellas edades características de alumnos de escuela intermedia. Podemos, por• lo tanto, aceptar tentativamente que ambos problemas son más característicos del nivel de escuela intermedia, a juzgar por la información recopilada para el año 1962-63. 95

En resumen, nuestra primera hipótesis general propone que la incidencia o tasas de la deserción escolar y de la delincuencia juvenil tenderán a variar de acuerdo a las distintas regiones educativas de Puerto Rico. La información recopilada en este estudio indica que existen diferencias en los índices de deserción escolar y de delincuencia juvenil en las distintas regiones educativas. Los datos señalan que el por ciento de desertores en las regiones educativas de San Juan (24.1%) y Ponce (19.0%) era aproximadamente el doble que el de Caguas (12.0%) y Humacao (11.6%). Las regiones escolares de Arecibo (17.4%) y Mayagüez (15.8%) se acercaron más al promedio general de desertores para toda la Isla de Puerto Rico, que era de un 17.5% para el año 1962-63. La información recopilada sobre la incidencia de la delincuencia juvenil señala igualmente la existencia de diferentes por cientos por región escolar. Las regiones escolares de San Juan (33.2%), Ponce (22.4%) y Mayagüez (18.4%) representaron la mayor incidencia de delincuencia juvenil para el año 1962-63. La inforamción vertida no sólo corrobora la primera hipótesis, sino que también sostiene la segunda hipótesis que proponía que las diferencias en las tasas de deserción escolar y de delincuencia juvenil variaran de acuerdo al grado de heterogeneidad poblacional y de desarrollo urbano logrado por las distintas regiones educativas. Aunque la deserción escolar y la delincuencia juvenil son problemas de todas las regiones escolares, éstos son más serios y presentan una mayor incidencia en las regiones más urbanizadas como lo son las de San Juan, Ponce y Mayagüez. Creemos, sin embargo, que las afirmaciones hechas anteriormente deben ser consideradas con sumo cuidado. Por tal razón, procedimos a utilizar un instrumento de medición más riguroso, haciendo uso de la población de 8 a 18 años como base para derivar las tasas de deserción y delincuencia durante el año 1962-63 por cada distrito escolar. La información recopilada demuestra que al comparar ambos problemas encontramos que la región Oeste tiene lamayor incidencia de deserción y de delincuencia juvenil, mientras que el Noreste tiene la menor incidencia en ambos problemas. Distritos escolares como los de Salinas, Humacao, Bayamón, Adjuntas y Utuado poseen altas tasas de deserción y delincuencia, mientras que Aguas Buenas, Aibonito y Ceiba tienen bajas tasas en ambos problemas. Los datos suministrados tienden a sostener la primera hipótesis general que señala la existencia de diferencias entre las incidencias de ambos problemas entre las distintas regiones y distritos educativos de Puerto Rico. 96

La segunda hipótesis general proponía que las diferencias en trasfondo y características socio-económicas de los municipios reflejarían, a su vez, diferencias en las tasas de deserción y delincuencia entre los distintos distritos escolares. La evidencia recopilada demuestra que nueve de los 19 distritos escolares con características socio-económicas altas tenían también una alta tasa de delincuencia. Por el contrario, de los 22 distritos escolares con un bajo nivel socio-económico, seis tenían una alta tasa de deserción y cinco tenían una alta tasa en delincuencia juvenil. Nótese que la región Centro-oeste está representada en los pueblos de Utuado, Adjuntas, San Sebastián, Lares, Las Marías y Maricao. Los distritos escolares de Bayamón y Humacao tenían altas tasas de deserción y delincuencia y un alto nivel socio-económico. Utilizamos categorías más específicas para clasificar las tasas de deserción y delincuencia en altas, semi-altas, promedio, semi-bajas y bajas. Los datos indican que de los 16 distritos escolares con tasas altas y semi-altas en la incidencia de deserción y delincuencia, trece tenían a su vez un alto nivel socio-económico. Los pueblos en esta categoría tienen, a su vez, una mayor población urbana y un mayor número de escuelas intermedias y superiores. Información adicional sobre la variable bajo consideración nos indica que cuatro de los once distritos escolares con bajas incidencias de deserción y delincuencia tenían igualmente un nivel socioeconómico bajo. Sin embargo, de los nueve distritos escolares clasificados con una alta incidencia de deserción y delincuencia, seis exhibían características socio-económicas bajas. Todo parece indicar que no podemos descartar el nivel socio-económico del distrito escolar al considerar y estudiar la incidencia de la deserción escolar y de la delincuencia juvenil. Los datos discutidos sostienen la segunda hipótesis general. Aunque el nivel socio-económico del municipio puede estar relacionado con los índices de deserción y delincuencia, no es la única variable que se debe tomar en consideración. En vez de considerar el nivel socio-económico del municipio, quizás sea más realista considerar el nivel socio-económico de la familia del desertor escolar. Se encontró también que de los diez distritos escolares con una baja deserción escolar y una alta incidencia de delincuencia, seis tenían un nivel socio-económico alto. Por lo tanto, podemos concluir que el problema de la delincuencia se intensifica en los distritos escolares con un alto nivel socio-económico, mientras que la deserción escolar se agudiza en municipios con un bajo nivel socio-económico. Si recordamos que el 51.9% de los delincuentes 97

juveniles no asistían a la escuela ni estaban trabajando cuando se radicaron sus querellas en el Tribunal de Menores, entonces podemos deducir varias implicaciones y sugerir algunas recomendaciones que tiendan a disminuir, simultáneamente, la alta incidencia de ambos problemas. B. Implicaciones Aunque las implicaciones más importantes, del presente estudio pueden colegirse de la mera lectura del mismo, hemos creído oportuno señalar algunas de ellas. Una de las implicaciones, quizás la más importante, que se desprende de esta investigación es el desperdicio de recursos humanos que está sufriendo la sociedad puertorriqueña. Lo más grave de esta situación es que el tipo de recurso humano que se pierde o deteriora es aquél que va a ser utilizado en la clase trabajadora del futuro: la juventud. Y mientras tanto, el problema es bastante serio cuando consideramos que el por ciento de jóvenes en las edades de 8 a 18 años que se mantienen ociosos en nuestra sociedad es bastante alto. No creemos que exageramos nuestra preocupación por esta situación, cuando nos enfrentamos a las cifras y a las estadísticas que se presentan en este estudio. Tampoco creemos necesario entrar en un análisis de las condiciones socio-económicas en que hoy día vive Puerto Rico, para dejar claramente establecida la importancia que tiene para la sociedad puertorriqueña el hecho de que cerca de 12,000 alumnos anulamente abandonen la escuela en el nivel secundario, y que más de 3,000 menores anualmente se conviertan en delincuentes juveniles. C. Recomendaciones Creemos que el presente estudio quedaría incompleto si no establecemos algunas recomendaciones. A continuación hacemos algunas sugerencias que estamos seguros pueden ayudar como guía en la implementación de programas por las diferentes agencias que intervienen con los problemas de la juventud puertorriqueña. 1.

Indudablemente los menores varones necesitan que se les preste atención especial a través de programas de orientación individual que deben ofrecerse preferiblemente al nivel de escuela intermedia e inmediatamente después de 98

os.

haber cumplido el menor los doce años de edad. Requiere un programa de esta índole el proveer el personal debidamente preparado e integrado, como, por ejemplo, un profesional especializado en nuestro sistema educativo. La orientación debe ser individualizada y considerando las limitaciones y habilidades de cada estudiante. Recomendamos que se establezcan al nivel de cada región educativa un núcleo de orientadores que se dediquen a orientar a los adolescentes en las edades críticas de 13 y 14 y de 16 y 17 Recomendamos que traten de lograr fondos federales para implementar un programa de estudios y trabajos al nivel de escuela intermedia que no sólo le ofrezcan cierta estabilidad económica al estudiante, sino que a la vez obtenga ciertas destrezas de trabajo que puedan ser de gran utilidad en su vida adulta. La ubicación y localización de las escuelas intermedias y superiores deben estudiarse y planificarse. Sabemos que de un 10 a un 18% de los desertores se vieron afectados por la carencia de movilidad. Igualmente sería recomendable conservar, en la medida posible, cierta homogeneidad y núcleos de población estudiantil no tan grandes que el estudiante se sienta en un estado de confusión. Creemos que se pueden preparar unidades de estudio dentro de los estudios sociales que tiendan a crear en los estudiantes una mayor conciencia de la unidad familiar. Creemos conveniente que se estudien y analicen aquellas áreas o distritos escolares donde las tasas en deserción escolar y delincuencia juvenil son altas, de manera que se puedan determinar los factores que están influyendo en la incidencia de estos problemas. Asimismo, deben también analizarse aquellos distritos escolares cuya incidencia es baja en ambos problemas. Sería muy deseable, además, que los trabajadores sociales que. intervienen con los menores a quienes se les radican querellas en el Tribunal Superior, puedan relacionarse directamente con los orientadores de las escuelas para el mejor análisis de su caso y así poder brindarle ayuda a dicho menor. Una mayor relación y coordinación entre ambas agencias sería muy recomendable. Finalmente, recomendamos que haya una mejor supervisión y control de los "récords" de los estudiantes.

loo

Específicamente, creemos conveniente que la "tarjeta acumulativa" del estudiante debe ser llenada con cuidado y en todas sus partes. De esta forma, tanto los orientadores de las escuelas como los educadores e investigadores sociales, podrían hacer un mejor uso de dicha información.

DELINQUENTS AND NON DELINQUENTS IN THE PUERTO RICAN SLUM CULTURE* Franco Ferracuti, Simon Dinitz and Esperanza Acosta de Brenes Chapter Nine Overview of the Results Occasionally a delinquency research study yields positive results that have immediate implications on the policy level. Little did we realize, however, when we initially embarked on this study of matched delinquents and nondelinquents in the slums (both arrabales and caseríos) of metropolitan San Juan that so much significant data would emerge from this venture. Less still was there much reason to think that the findings of this research would point to specific priorities for prevention and control programs in the slum settings in which many disadvantaged Puerto Rican youths grow to manhood. Nor did we anticipate that this would be the first reported investigation in which, through refined statistical techniques, it would be possible to correctly identify retrospectively every one of the subjects as either delinquent or control. This achievement, using a stepwise multidiscriminant function analysis begs replication. If the results can be replicated on the United States mainland, or in other countries, one major obstacle to criminological intervention, preven-

*Originally published as Chapter IX of Delinquents and Non-delinquents in the Puerto Rican Slum Culture, by Franco Ferracuti, Simon Dinitz, and Esperanza Acosta de Brenes. Copyright (c) 1975 by the Ohio State University Mess. All rights reserved. Reprinted with permission of the authors and the publisher. 101

tion, and control will have been eliminated. The fear of labeling and stigmatizing nondelinquents as delinquents —a serious matter, indeed— will have been lessened. Some intervention will be possible before the development of a juvenile delinquent career and chronic involvement with the criminal justice system. We will present a summary of major findings and policy suggestions for action in delinquency identification and intervention —a blueprint not limited, is possible, to the specific cultural ambience that is Puerto Rico. Of course, many of the variables that have emerged as significant defy action since they involve profound pathologies and maladjustments at the family or social level. Thus, uncontrolled migration or endemic unemployment are not easy to correct or change. Although we offer no definitive answer to the most vexing of questions in the field, namely, why only a minority of boys living under the same adverse social and economic disprivelege become known to the police and courts, we have at least isolated constellations of variables that do, in fact, differentiate this minority from the others who are noncriminal and grow to be reasonably stable lower-class adults. Again, our concern is not etiology but identification and intervention. The variables we shall focus upon are those that can be identified and altered with a minimum of violation of the former life style, avoiding labeling and costly judicial interventions. Juvenile delinquency is now almost a universal phenomenon. It is associated with migration, urbanization, and modernization as well as the inadequacy of traditional social institutions and controls that fail to operate effectively in the emerged or emerging social contexts of overdeveloped, developed, and developing nations. So ubiquitous is this phenomenon of youthful involvement in crime that most professionals, to say nothing of laymen, underplay juvenile delinquency as a social problem. Most simply take it for granted that, like pollution, congestion, and the deteriorating quality of life, delinquency is a price —a substantial one at that— we pay for all the amenities and "progress" of the urban industrial milieu. Whether this price is too high or not is not really germane; with the exception of a few utopians, hardly anyone is prepared to revert, even if such were possible, to a simpler life style and the oppressive external controls of preindustrial society. At any rate, this ubiquitous phenomenon called juvenile delinquency is not only inherent in twentieth-century life, but perhaps more importantly, its characteristics vary widely by country, culture, and class. If there is one thing that needs highlighting in this 102

investigation it is that the Puerto Rican slum boy who becomes delinquent is different in several important respects from his counterpart in Spanish Harlem or the Bronx or Brooklyn, and also very different from the black juvenile offenders whose native tongue is English and who also live in the metropolitan slums in the United States. More even than social class, Wolfgang, Figlio, and Sellin (1972) show that color is the most important determinant of police and court involvement in their study of nearly 10,000 juveniles in Philadelphia. In fact, nearly all recent theorists —from the structural functionalists to the labelers— have implicitly or explicitly developed their conceptions of the problem by focusing on the special inequalities, blockages, and frustrations experienced by immigrant groups and later by blacks in the United States. It is for this reason, too, that our Puerto Rican research is significant. The San Juan delinquents defy many mainland etiological conceptions of juvenile criminality. For example, even though crime in the streets is a major problem in San Juan, many of the attributes of juvenile offenders encountered in mainland cities are absent. Thus, the color problem and ethnic differences have not poisoned slum life in San Juan. Color alone is not much of a factor in entering or remaining in the slum culture. Rather, economic factors and mobility aspirations tend to determine assignment to and escape from an arrabal or caserío, the Puerto Rican equivalent of the inner-city ghetto. Consequently, Puerto Rican delinquency data are largely "color-free" in distinct contrast to the situation in continental United States cities. Further, the "West Side Story" syndrome, with youth gangs as a way of life and gang warfare an endemic problem, is almost completely absent. Juvenile crime is likely to be solo or dyadic. Rumbles, turf, gang identification symbols, and all the other aspects of group conflict so aptly described and carefully studied by several generations of United States criminologists are foreign in San Juan even though prevalent among the cousins of these same youths in New York. Recapitulation As in many projects that originate out of a variety of inputs and expectations, several design and methodological decisions were made that did not necessarily optimize the feasibility of this investigation. Since little was known of Puerto Rican delinquency, for example, the research strategy employed was to use a multifactor approach in designing the study and collecting data. Within the range of possibilities that existed for a multifactor 103

approach, the decision was made to pattern the study on the work of Sheldon and Eleanor Glueck (1950). The critical analyses of the Glueck work that have appeared in the literature were examined and were utilized in the revisions of their methodology to which we finally adhered. The decision was made that all data (or as many as possible of the data) collected by the Gluecks in the original Boston study would be included in the Puerto Rican study, with those modifications and additions made necessary by one of the following rationales: (1) revision of a technique, subsequent to the Glueck study, which provided a more reliable, less expensive, or more meaningful assessment; (2) nonfeasibility, in practical terms of obtaining realiable data (e.g., somatotyping was unusable because the Puerto Rico juvenile law specifically forbids any photographing of delinquents for any purpose); (3) specific differences that warranted the inclusion of data not collected in the original Boston study or in similar research efforts (e.g., the high rate of addicts in the Puerto Rico population warranted the inclusion of more data on addiction than the original Glueck study that was conducted when the use and abuse of drugs was not a problem of epidemic proportions); (4) specific improvements, suggested by critical analyses of the Glueck methodology (e.g., searching for "hidden" delinquency and eliminating it from control cases, or avoiding institutionalized index cases). The research design was limited to an operational plan for data-gathering on matched pairs. of delinquents and nondelinquents. Our design included unusually careful checking of the delinquency and nondelinquency status of the 101 matched subjects. This made our nondelinquents as free as possible from hidden delinquency involvement thereby bringing their percentage in our sample closer to their percentage in the general population. The following general objectives were accepted as basic in our study: (1) to assess the medical neurological, psychiatric, psychological, and social patterns of Puerto Rican juvenile delinquents as compared to nondelinquents; (2) to establish the relationship, if any, between these factors and antisocial behavior; (3) to draw from the analysis indications for control and treatment policies to be based simultaneously on general theoretical k_iowledge about juvenile delinquency in other cultures and on specific data on Puerto Rican delinquency. The total group of subjects included in the study was composed of 202 males varying in age between 11-17 years, all residentin one of the several underprivileged areas in the city of San Juan. Of the 104

101 pairs, 20 percent were living in arrabales and the remainder in caseríos. The subjects were divided into two groups. Each subject in the delinquent group was carefully matched with a nondelinquent subject. The delinquent group was composed of 101 juveniles with a case pending in the juvenile court in San Juan. They were selected from all cases on the court list, year by year, between 1966-69. Each year a certain number of cases were selected, following the procedure of choosing every twenty-fifth name from the court listing until the predetermined number of cases for that year have been reached. If for any reason the twenty-fifth., fiftieth, and so on, subject was not available, the preceding or following name was chosen. The control group was composed of a number of juveniles equal to that of the experimental group. Each member of the control group was individually matched with a member of the experimental group on the following variables: sex (all males), area of residence, socioeconomic level, family income, and age) with a six-month tolerance margin in both directions). Each member of the control group had no known criminal history. This was checked not only in the court records, but also in the police records for police contacts that might have happened without leading to court proceedings. If any evidence of criminal behavior appeared subsequently while taking the social history of the case, the subject was dropped and replaced with another one. The control were located by the social workers attached to the project from the universe of juveniles attending public schools in the areas where the experimental group subjects were residing. Whenever possible, they were attending the same class as the delinquent match. In many cases the delinquents were not attending school and in these instances the control group subjects were selected from the classes that the delinquents would have been attending had they not dropped out. Automatically, this meant that no control group subject was a dropout. For each subject the following data were collected: (a) social history, including educational history and criminal history (for the experimental group); (b) psychiatric examination; (c) psychological test battery; (d) physical examination, including laboratory tests; (e) neurological examination; (f) electroencephalogram. The 42-page social history was taken from the subject himself, his available relatives, and his neighbors; it was checked against available records from the school, courts, police, and public welfare. Taking the social history involved a minimum of two to a maximum of eight visits by the social worker to the family. The psychiatric examination was conducted in an interview that 105

lasted approximately one hour. The interveiw was conducted in the psychiatrist's office and, as was the case in all other examinations, the subject was accompanied to the office of the examiner by the social worker. The psychiatrist was aware of the delinquent-nondelinquent status of the juvenile. The results of the interview were summarized in a psychiatric descriptive report and a final diagnosis was formulated following the APA Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (1968 edition). The psychological examination consisted of the administration of a battery of tests over a period of two sessions. The battery included the following: 1.

2. 3. 4. 5.

Wechsler-Bellevue Intelligence Scale for Children (WISC) or Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), depending on the age of the subject (the cut-off point for using the WAIS was, as usual, 15 years of age and above). The Puerto Rican standardization of the WAIS was used; in the case of the WISC, the scores were adjusted for the Puerto Rican population. Bender-Visual-Motor-Gestalt Test Draw-a-Person Test. Rorschach Test. Five plates from the Make-a-Picture-Story Test. Tie five plates were the following: "Dream," "Street," "Bedroom," "Medical," and "Shanty."

The psychological tests were administered by a qualified psychologist who had knowledge of the delinquency-nondelinquency status of the subjects. However, the protocols were neither scored nor interpreted by him. They were sent to another clinical psychologist who interpreted them without any information on the subjects. The interpretation was scored on a psychological report blank that listed different areas of intellectual functioning, personality characteristics, and modalities of reaction. The physical examination was administered by a physician following standard procedures. The laboratory tests included the following: urinalysis, complete blood count (CBC), venerial disease serology (VDRL), and stools examination for parasites. The neurological examination included standard testing of cranial nerves, motor areas, coordination, sensation, reflexes, and station. The electroencephalogram was administered under standard conditions, and included hyperventilation and photic drive. 106

The data yielded in these several protocols —medical, neurological, encephalographic, psychological, and social history— were anlyzed in two principal ways: by univariate and multivariate techniques. First, the two groups were compared on every variable in a straightforward chi-square analysis. In general, the results supported the Gluecks' results in Unraveling Juvenile Delinquency in all important respects. Second, after eliminating all but 184 variables (on statistical or theoretical grounds) each on the 101 delinquents was compared with his control across each variable in a sign test analysis. The purpose of the sign test was to answer the question, did the matched pairs differ significantly from each other and, if so, on which items. In contrast, the chi-square indicated whether the two groups differed from each other at an acceptable level of confidence. Third, all 184 items were subjected to a factor analysis and seven separate clusters of variables emerged accounting for more than a third of the total variance. Fourth, using the highly sophisticated stepwise discriminant function analysis approach, the identification of delinquents and nondelinquents in terms of small subsets of variables was compared with their actual status. Eventually, perfect discrimination was obtained using only 13 variables taken together and treated as 1. Findings In their order of presentation in the text, the following results were obtained using the two univariate and the two multivariate methods described briefly above. 1. Medical, neurological, and electroencephalographic variables, laboratory tests, and carefully taken histories failed to distinguish the delinquents from the nondelinquents. More important than the specific items were the clinical impressions. On this grosser interpretive level, the nondelinquents predictably were rated as being in better overall health and having fewer organic signs and symptoms. 2. The psychological and psychiatric items were highly discriminating. Furthermore, clinical impressions and ratings suggested that well over half of the delinquents, but only three matched nondelinquents, were psychologically disturbed. The data point to a rather serious degree of maladjustment in the delinquents. Whether antecedent to, concomitant with, or consequence of delinquent behavior, interpersonal and emotional problems are clearly associated with delinquency in court-derived cases. This association, of course, tells us nothing very definite about 107

the etiological implications of disturbance for delinquency. 3. The major specific distinctions between the matched groups occurred on the individual family and school items. In summary, interpolating from individual variable differences, the families of the controls were more cohesive and stable in every respect. The economic aspirations were greater, the religious interests more firm. On nearly every major measure of school performance and attitudes toward school, the controls showed to great advantage. The policy implications here are evident, and will be discussed later in this chapter. With regard to the specific school, family and psychologicalpsychiatric variables, it is important to note that the results obtained in Puerto Rico are similar to the findings obtained in mainland city slums. 4. On the sign test, the matched pairs differed significantly on 29 of the 184 variables. Nearly all of these 29 differences occurred on the psychological and school behavior items. However, and at least as important, on all but 1 of the 184 items did the matched pair differences fail to fall in the expected direction. Thus, no matter what the variables, the delinquents were not performing as well as their individually matched controls. 5. The principal axis factor analysis yielded seven clusters or patterns of variables that totally accounted for more than 34% of the dariance. These seven patterns were named and identified as follows: (1) personal and social pathology (34 items); (2) psychological traits (12 variables); (3) school misconduct and problems (14 items); (4) competent housekeeping (11 variables); (5) broken home (11 items); (6) interpersonal hostility and incompetence (17 variables); and (7) physical and intellectual maturity (11 items). Weighted factor scores were computed on each of these seven clusters or patterns and an analysis of variance yielding F-ratios was run on each cluster. All seven patterns of items significantly differentiated the delinquents from the controls. In addition, the 101 delinquents and 101 controls, as pairs, were compared on these seven factors with the result that the discrimination was even more pronounced within these pair sets than within the groups. 6. The most significant achievement of this research was the retrospective prediction, classification, or identification of all 202 subjects as either delinquents or controls. This altogether unique outcome was achieved in a stepwise multidiscriminant function analysis. The specific process involved in obtaining perfect discrimination 108

was described in some detail before. It need only be noted here that the variables used in the inivariate analyses and others, principally of a historical and clinical nature, were grouped logically into the following subsets of items: medical, psychological-psychiatric, home-family, school and other performances, and electroencephalographic. Each subset was then used to retrospectively identify the subjects. The optimal medical subset misidentified 18 of the 202 boys, erring on 11 delinquents and 7 nondelinquents. The optimal psychological-psychiatric subset misclassified 12 boys, calling 7 delinquents controls and 5 controls delinquents. The family variables subset was markedly more accurate. Only 3 of the delinquents and 1 control were mistakenly classified. The school subset was even more accurate. No controls were misidentified and 6 delinquents were called controls. In contrast, the EEG-neurological subset was of no use at all. Nearly as many subjects were misplaced as were identified correctly. In view of the success with the first four subsets, a final analysis was done using as discriminators the first ten variables from each of medical psychological-psychiatric, home-family, and school analyses. Error-free classification of all 202 subjects was accomplished with only thirteen variables including two from the medical, three from the clinical, five from the family and three from the school subsets. 7. The stepwise discriminant function analysis also yielded something never before reported in delinquency research: a paradoxical effect phenomenon. This phenomenon explains, in part at least, the seemingly erratic patterns obtained from social history data in prediction studies. The implications for diagnosis and outcome research are, therefore, of marked importance. In the paradoxical effect phenomenon, variables that operate in one direction when analyzed separately, may reverse direction when included as part of a broader function. This reversal is reflected in the relative weight as well as the sign (direction) of the coefficient attached to the item. In our analysis, "father's church attendance" proved to be paradoxical in the context of children's church attendance and 11 other concurrent variables that resulted in perfect discrimination. 8. In the San Juan arrabales and caseríos, juvenile delinquency in the index cases appears to be only one element of a multiproblem family syndrome. This is evident in the clusters (broken home and competent housekeeping) obtained in the factor analysis. It is evident in the lengthy case histories of each of the subjects. It is even more obvious of a multiproblem family syndrome. This is evident in the clusters (broken home and competent housekeeping) obtained in 109

the factor analysis. It is evident in the lengthy case histories of each of the subjects. It is even more obvious in the repeated visits to the homes and in interviews with the parent or adults in the households. Of the three principal family patterns characteristic of mainland families —the truncated-extended as in some ethnic groups (Jewish, Italian), the nuclear-atomistic, and the mother-children— the latter, the female-based household, devoid of a significant father figure, or at least astable one, best describes the index families. This instability is coupled with a subsistence standard of living, physical and mental disabilities of every description, and a retreatist philosophy that makes coping with external problems and realities impossible. Social agency intervention, geared to alleviating specific problems, has failed to enable these household units to reach the critical mass stage from which achievement and mobility are possible. The band aid approach has merely reinforced the coping inadequacies of these households and created hardcore families without the resources —inner or outer— to alter their destinies. It is noteworthy that the biological parents of these delinquents were most often born and reared in San Juan arrabales. The parents, of the controls, in contrast, were more often than not rural migrants for whom the metropolitan slum was a first but probably not final residential location. Thus, mainland and island are not so very different in respect to the multiproblem family origins of court-adjudicated delinquents. 9. A careful analysis of police and court records and the 42-page social history suggests that mainland and island patterns in delinquency differ in two very important respects. First, Puerto Rico delinquent index cases are largely loners; gang involvement is minimal. Second, the personal violence so endemic in Hispano-American culture is effectively reflected in the aggravated assaults and simple assaults that dot the records of the index cases. This propensity to violence, some 33 violent episodes resulting in court action were found, may well account for the deaths of 11 of the 101 index cases in the approximately three years that elapsed between data collection and final analysis and writing. This extraordinarily high mortality rate among the delinquents —now 21 years of age or under— is most unusual, even in the very tough environment of the San Juan slums. 10. Although Puerto Rico has very high rates of heroin abuse and addiction the data regarding the drug use in the delinquent group are still astonishing. A careful check of police and court records revealed that 11 delinquents were either hard drug users or addicts. 110

Interviews revealed 15 others who were also hooked —26 out of the 101 cases in all. Two observations are in order on this matter. First, official records grossly underestimated the problem of hard drug use. Clearly, there is need for other procedures to estimate the prevalence of the problem in order to determine the effectiveness of drug-prevention and control programs. Second, the 26 delinquents with serious drug problems were found to be even more seriously disadvantaged and impaired, in relation to their controls, than the other 75 delinquents studied. Whether cause or effect, this special group, aged 11-17 at the point of study, needs something more than the present institutions can offer if they are to survive and settle down. Yet another interesting sidelight was the finding that the holding power of the family was greater in those family situations in which one or both of the parents were born in rural areas and small villages. The highest concentration of delinquent subjects occurred in the families that had been part of the metropolitan setting for at least a full generation. This would tend to contradict or at least call into question the notion that social disorganization tends to accompany recent migration from a rural to an urban setting. Recommendations Juvenile delinquency is a ubiquitous, complex, and vexing social problem that defies easy explanation, effective intervention and successful social control. All modern societies suffer, in greater or lesser degree, from the unlawful and socially disruptive behavior of considerable numbers of adolescents. A concommitant of industrialization, urbanization .and the alteration or destruction of traditional institutions, social symbols, values, and life-styles, juvenile delinquency reflects the coloration and character of the specific culture and time period studied, for example, San Juan and Spanish Harlem. Within countries, juvenile delinquency is tied to subcultural patterns and varies by economic, demographic, and ecological characteristics. Short of draconian and fearfully repressive measures, alien to free societies but not unknown historically or temporally, the prevention of delinquency has been a failure. With few exceptions all juvenile delinquency prevention programs have been found wanting —and not just in the United States. These repeated failures have not deterred the initiation of other and usually similar programs. But the problem continues to overwhelm the remedy and free societies are unwilling to forfeit personal privacy and liberty for the repressive 111

112

measures such as preventive detention, monitoring and surveillance, citizens' committees and courts and harsher penalties, whic'h are all too common elsewhere. Whatever the specific etiology and pathology of the various acts and actors collectively called delinquents, the United States, Puerto Rico and most Western countries have attempted instead to prevent delinquency and to rehabilitate those who have already transgressed with a variety of health, education, and especially welfare measures. There are literally hundreds of social agencies, hundreds of thousands of trained workers, and countless millions of dollars involved and expended annually in the difficult tasks of community organization and reorganization, the provision of clinical services, recreational áctivities, public education, family and children's services, and police and juvenile court referrals including probation, counseling, and detention. In Puerto Rico, no less than on the mainland, problem youth and their families may be handled or processed, if not served, by many agencies, whose efforts are largely uncoordinated, discontinuous, and noncomprehensive. Most agencies are geared to react to crises. They specialize in the services they render, provide little follow-up, and usually move on to the next cry for help or referral with unseemly haste. Like many of their clients, the agencies are "present oriented" and lack the structure and legal status for responding in comprehensive and continuous terms. In brief, not the police, the courts, the community agencies, the private groups, the families, or the individual residents themselves are capable of reorganizing and reintegrating the arrabales and caseríos that produce and reproduce the "culture of poverty" and its associated problems of high mortality and morbidity rates, marginality and frustration, resignation and despair, low achievement and subsistence living, and the various pathologies of alcohol ahuse, drug experimentation and addiction, violence, and crime and delinquency. And yet, as we and others have stressed, the Puerto Rican slum, like its counterparts elsewhere, is a response to the exigencies of daily life and the need to survive. The arrabales and caseríos are indeed organized, life is clearly patterned, children are reared and socialized and family life is no less a reality than in the middleclass districts. The substance and format is certainly different but the structure and life style is nonetheless as real, as compelling, as in other nieghborhoods. The puzzle is that despite economic deprivation, familial instability as conventionally understood, socialization for failure, a milieu tolerant and accepting of property crimes and personal violence, and the stigma of living in

a slum, so many "good boys" were found as controls for the delinquents. Minor adolescent involvement aside, it may be that the prevalence of nondelinquency exceeds that of delinquency among boys 10-17 inclusive even in the misery of the San Juan slums in which we worked. If so, we must still isolate, describe, and comprehend the dynamics that make for delinquency, on the one hand, and lower-class respectability on the other. This study has already linked this differential response to a number of areas —the family, religious identification and affiliation, migration, expectations, achievement and general attitudes toward the self and "significant others." The problem was to translate these retrospective findings into programmatic terms. For this purpose the detailed results of this investigation were presented to a cross section of the leading figures in the medical, psychiatric, psychological, social work, educational, police, judicial, and welfare specialties in a seminar in which we requested comments and policy recommendations. The proceedings were recorded and the recommendations were distilled from the discussion. Instead of presenting these specific recommendations we wish to stress that, as at any such conference, far more recommendations —usually conflicting in character, or too general to be linked specifically to our research— were presented. Many recommendations were made concerning juvenile statistics, police and court handling of juveniles, case dispositions, and institutional and community 'alternatives in treatment and prevention. The importance of the obvious link between slum family life, inadequate school performance, and economic opportunity and official delinquent behavior was stressed with the objective of pinpointing specific targets for policy and programming in these areas. All recommendations conform to prevailing conceptions in the prevention of juvenile delinquency. In view of the acuteness of the problem of juvenile delinquency in the slums of the San Juan metropolitan area, all participants urged that experimentation in the prevention of delinquency be carried out on a systematic and continuous basis. Recommendations are, of course, a much abused form of speculation in the field of delinquency prevention. What follows is mainly a brief recapitulation of what was suggested and agreed upon in the meeting held in San Juan in 1972 with a group of interested professionals and government officers. We report some of these considerations here, without any claim of completeness, priority, or even feasibility. In essence, the 101 delinquent subjects seem to have failed to 113

achieve in terms of goals, aspirations, opportunities, abilities, and level of mental health, a threshold of efficiency that would put them above the danger line of official judicial intervention. Delinquency therefore appears to be in our index cases a course of action and a way of life that represents an imitative problem-solving technique through which the youngster tries to cope with a hostile environment overtaxing his resources. Iñ other words, the problem of delinquency, seen in this context, reduces to one of inadequate coping mechanisms rather than specific cultural factors with a possible causal connotation. Thus, the search for causes loses primacy since alternate causal chains of events seem to lead to various personal and social pathologies that -include eminently but not exclusively delinquency. As a consequence, prevention efforts must perforce be directed toward the development of more adequate coping techniques in more or less equally disenfranchised and disadvantaged youth. It becomes, however, the problem of preventing not so much delinquency per se but rather the institutionalization of a set of conditions that leads to inadequacy in the development of coping mechanisms of the individuals concerned. A prevention emphasis obviously must move away from a strictly legal, court-oriented frame of reference toward an educational, opportunity-oriented structural approach to facilitate at least minimally successful coping. This is in keeping with recent attempts to decrease stigmatization attributable to police and court intervention. The problem becomes one of identifying, in the broad set of variables that accompany delinquency, those which are susceptible to change and can be most effectively modified by early and adequate intervention. Several policy alternatives are inherent in our results. However, one of the critical areas for intervention appears to be that of school adjustment. In the slum areas of Puerto Rico family socialization often fails. When this happens, the child has a second, and lesser, chance of being socialized if -his peer group or his school structure can assume the task of socializing him. If, however, the school also fails in this important, and often unrecognized, nonacademic task, the child becomes a likely prospect for delinquency. This calls fora shift in emphasis from judicial preventive measures to the educational system. We are, of course, concerned with the relationship between school failure and delinquent behavior. We are also concerned with the identification of areas for remedial action, which possess the qualities of high relevancy, relative easiness of identification, and feasibility of intervention. Among the factors isolated in 114

our study as relevant to delinquency, school adjustment appears to present the major setting for intervention. The often discussed problem of overidentification and overprediction of delinquent behavior loses much of its priority, since delinquency is just one of several alternative modalities of coping, along with general maladjustment, mental illness, addiction, and retreatism from conventional aspirations and achievement. Therefore, the legal category called delinquency becomes less significant and the problem shifts to that of the identification and spotting of nor achieving juveniles in whom adequate socialization is not taking place, either at the primary (family) or at the secondary (peer group and school) levels. The fact that this appears to take place outside of a racial conflict context adds validity by way of purity of data to our general conclusions. What differentiates delinquents from nondelinquents is not delinquency but the inability to become adequately socialized, the inability to reach a satisfactory level of adjustment, after which one or more personal pathologies will emerge. The juveniles who ended up in. the delinquent groups failed to achieve a level of performance in keeping with the goals that a rapidly developing economy imposes on an upwardly mobile lower social class. In essence they do not fit, for one or more of several reasons, into the rising expectations picture that the economic planner has patterned for Puerto Rico. The mistake of the economic planner has been to assume that the dream of countrywide upward mobility could and would be equally shared by all participants, regardless of personal abilities, levels of adjustment, shelter and coping mechanisms, value systems, and the like. The social planner, had one been utilized, could have easily predicted the failures and misfits and could have suggested adequate mechanisms for remedial or preventive care. Obviously, a negative, exclusion-oriented, and elimination approach to delinquency-prone subjects can only continue to make chronic what may at times be a temporary failure in adjustment or achievement. Dropping out of school, and the academic and other vocational nonachievement factors, which have been studied, appear to precede delinquency and should be the starting points in prevention, before delinquency becomes stabilized. Two separate paradigms have characterized European and American approaches to the management of delinquency-prone subjects in the public school system. The typical United States pattern has been to identify and stigmatize the inadequate and misbehaving youngsters to the point that they are eventually forced 115

out of school entirely. A very elaborate set of mechanisms have evolved for degrading the school misfit. These mechanisms include the creation of special classes, sending students to school counselors, adding failure to previous failure and stigma to label. The only alternative left for most undearchieving and antisocial school youngsters is to desert the school entirely. Perhaps the most .cruel mechanism of all is to keep the youngster in school by passing him from grade to grade when his performance fails to achieve a minimum level of competency. Thus high school students may be reading at elementary school level. Recently a good deal of controversy has risen in the United States concerning the decline in achievement scores by grade level. Unfortunately, in the United States this conflict over the role of the school has taken on even political overtones. The relationship between school inadequacies, school dropouts, and delinquency has been an important issue in criminological literature for a long time, and this problem has been assessed in Polk and Schafer (1972) and in Wenk's (1974) detailed survey of the literature. In the conventional wisdom, dropping out of school substantially increases the delinquency rates. However, some divergent opinions and researches have appeared recently. In his wellknown study, Elliott (1966) concluded: "(1) the rate of delinquency referral is greater for boys while in school than while out of school; and (2) delinquents who drop out have a higher referral rate while in school than while out of school." Mukherjee (1971) reached similar conclusions in his dissertation. A Puerto Rico study (Otero de Ramos 1970) has focused on preventive methods for minimizing school failure and dropouts. The problem of school dropout in Puerto Rico has always been of paramount importance. The report of the U.S. Puerto Rico State Commission (1966, p. 168), citing a study by Ismael Rodríguez Bou, shows that in 1953-54 this percentage had risen to 27.19%. Although this situation continues to improve, it is still far from optimal. Clearly a decision has to be made whether to tolerate this level of school dropout or to make a concerted effort to improve the situation. The second paradigm is to compel school attendance. This approach is currently favored, for example, in the USSR (Munkowski et al. 1968). A recent official statement by the European Committee for Crime Problems (Council of Europe 1972) stresses systematic screening and clinical procedures as delinquency prevention techniques in the schools. In Task Force Report: Juvenile Delinquency 116

and Youth Crime, the U.S. Office of Education states the following: How do these deficiencies in the school contribute to delinquency? 1) School experience, irrelevant to life experience and to employment opportunities, contributes heavily to dropout rates. An unemployed dropout stands a good chance of becoming delinquent. 2) School organization, which isolated and excludes according to ability, race, or economic class, denies to youth the opportunity to meaningfully interact with diverse segments of society. Delinquency can be defined in part as the inability to generalize the effects of one's own behavior on others. This inability is sustained by the organizational arrangement of schools. 3) A school which denies opportunity for youth —all youth, `bad' as well as `good'— to actively participate in meaningful decision making does not assit the development of mature behavior. Delinquency can be described as a dramatic manifestation of immature behavior. What can be done? 1) School offerings can be made relevant to experience in the real world outside the school and can be coordianted with opportunities which exist there. 2) Schools can be arranged so that meaningful group interaction is possible within an inclusive school setting. 3) Opportunities can be provided by the school, and in the school, for youth to assume real responsibility. Our study leads us to believe that this intervention should be more fully implemented. Other areas, of course, clinical, multiproblem family help, economic assistance, child welfare and care services, are equally vital in any well-rounded social program of intervention. However, the experience of many years with family and child welfare type intervention is not too promising. Dispersion of resources is inevitable, and vital clinical skills are scarce and costly. The school system, on the contrary, has probably not been utilized to the fullest of its capabilities, at least in most Western countries. Yet, it is a relatively easy and obvious point of action and entree into the prevention of delinquency and other maladaptive behavior.

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CRISIS DE UN ENFOQUE TEORICO SOBRE LA DELINCUENCIA JUVENIL* Awilda Paláu de López A. Introducción Es mi propósito tratar aquí algunas de las diferencias que existen entre el acercamiento teórico de origen sicoanalítico o sicológico y el acercamiento sociológico a la delincuencia juvenil. Me propongo contrastar ambos. Con este marco teórico analizaré, aunque muy superficialmente, la situación existente en Puerto Rico en cuanto a los programas gubernamentales para bregar con el problema de la delincuencia juvenil. Es mi hipótesis que los sistemas establecidos en la Isla, para trabajar con los jóvenes que vienen en conflicto con la ley descansan mayormente en el acercamiento sicológico mientras que la realidad parece indicar que resultaría más conveniente que se utilizaran enfoques sociológicos. Es por eso que creo que existe una crisis teórica en el acercamiento a la delincuencia juvenil, que debe ser resuelta pronto si se desea de veras tratar el problema en sus raíces. Describo también aquí, brevemente, la raíz colonial en la preferencia por el enfoque psicoanalítico y el método de trabajo de casos y propongo que se dé énfasis a otros métodos, como el trabajo de grupo y la acción social, más afines a la realidad puertorriqueña. B. Enfoque psicoanalítico' Dentro del marco psicoanalítico se ofrecen varias explicaciones

*Tomado de Revista de Ciencias Sociales, Vol. XV, Núm. 2, junio 1971. 1. Para la interpretación de este enfoque, he descansado mayormente en una fuente, por considerarla la más concisa y apropiada: United Community

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como causas de la delincuencia. Entre ellas hay, por lo menos, nueve que se mencionan a menudo: 1. 2. 3. 4.

6. 7.

personalidad psicopática (o falta de un superego fuerte que controle el impulso de gratificación instantánea); falta de un modelo de rol masculino; rebelión —debida a las tensiones de la adolescencia, ansiedad del sexo y problemas con la autoridad; agresión contra la autoridad —por sentimientos de inadecuacidad, tendencias homosexuales o impulsos heterosexuales sin resolver; dificultad en asumir un rol sexual apropiado —dificultad en la transición de afectos homosexuales latentes a relaciones heterosexuales maduras; fracaso en las relaciones interpersonales; problemas de identidad del ego —problemas en cuanto al rol del adolescente en la sociedad y de su rol frente a otros que le son significativos; el moratorio psicosocial —donde se ve a la adoléscencia como un compás de espera antes de asumir las responsabilidades del adulto. Este compás de espera es tolerado y hasta esperado en la sociedad. crisis psicosocial -----sucesos precipitantes en la vida de un individuo que lo motivan a cometer actos delictivos.

A excepción de la explicación sobre el moratorio psicosocial, todas las otras pueden resumirse en la "tesis del niño perturbado", que ve las causas o raíces de la delincuencia en el individuo delincuente. La orientación sicoanalítica y el enfoque de tratamiento de casos presupone la idea de que se requiere conocer a fondo la personalidad del individuo con quien se va a trabajar para entender su dinámica y poder determinar qué puede estar causando su mal funcionamiento. El terapista, típicamente, levanta lo que se conoce como un historial social, donde se hace un análisis de la conducta que presenta el sujeto y de las circunstancias que rodean su vida familiar y su medio-ambiente inmediato, que puedan ser relevantes a la

Fund of San Francisco, Juvenile Delinquency: An Analysis of Theory and Research Towards a Program of Action, mimeografiado, enero 1961, págs. 113 a 178. También Martin y Fitzpatrick ofrecen un breve resumen de este enfoque en su Delinquent Behavior, Random House, 1964.

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situación estudiada. En el caso de un menor, se trata de conocer su nivel intelectual, sus relaciones con los padres y sus amigos, su funcionamiento escolar, etc. Esto es, mayormente se estudia al individuo en particular y un poco de su red de relaciones primarias. Establecido el diagnóstico de la situación, se hace un plan de tratamiento que consiste, generalmente, de una serie de entrevistas con el sujeto (o quizás con sus padres, en el caso de los menores) donde se trata de ver cómo ayudarlo a resolver los problemas que él presenta. En este proceso, mientras tanto, no se buscan los problemas de la sociedad donde él vive ni se exploran los efectos que los mismos pueden tener en su conducta. El plan de tratamiento, pues, trata de lograr que Juanito modifique su conducta "antisocial" o que la cambie o la elimine. Se busca que se ajuste a la sociedad, que reingrese a la misma, y que deje aquella conducta que lo clasifica como un ente social marginado o desviado. Cuando más, a veces se trata de modificar el ambiente inmediato, reconociéndose así las posibles influencias del ambiente y la familia en la conducta de Juanito. En ocasiones se brega con la familia completa o con el medioambiente, buscando modificaciones a los fines de mejorar o corregir los problemas del cliente. (Por ejemplo, a veces se trata de que el padre regrese al hogar que ha abandonado o que la madre deje de tomar licor, o que la maestra entienda las peculiares necesidades de Juanito, que se manifiestan en una conducta antisocial en el salón de clases). En la práctica, sin embargo, el plan de tratamiento que se instituye da muy poca prioridad o función efectiva al tratamiento del medioambiente y ninguna o casi ninguna al manejo de aquellas otras redes sociales que posiblemente determinan el porqué de la conducta de Juanito y de los grupos primarios que componen su entorno inmediato. Después de todo, si el que está mal es Juanito, ¿por qué ocuparse de su entorno? C. El enfoque sociológico2 En contraste con el marco conceptual ya mencionado, existe otro tipo de enfoque sobre las causas de la delincuencia que ve sus raíces en la sociedad y el medioambiente, teniendo a Juanito más como una víctima o resultado de los procesos sociales que como el actor principal de esos sucesos. Los cuatro puntos básicos en este enfoque son los siguientes: 2. United Community Fund of San Francisco, opus cit., págs. 221 a 234.

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2. 3.

conflictos entre la clase baja y la clase media en cuanto a sus sistemas de valores y la orientación hacia los fines y los medios; la presencia de una subcultura delincuente que se perpetúa en su revuelta contra la sociedad; los medios ilegítimos como alternativas al éxito cuando a los individuos se les bloquea el acceso a los medios legítimos; asociación diferencial —la existencia de modelos criminales que han tenido éxito y el acceso a la instrucción en técnicas criminales.

Ante cualquier problema que afecta al ser humano, es imposible olvidarnos del individuo en particular que los sufre. No se está, por lo tanto, diciendo que no se bregue específicamente con el caso de Juanito. Tampoco, que no se reconozcan sus peculiaridades psicológicas, físicas y emocionales. El énfasis es, sin embargo, en las nociones, ya reconocidas por décadas en la sociología y en otras profesiones, que llevan a ver los problemas sociales desde una perspectiva distinta, donde se trata de ver cuáles son los factores comunes a los muchos Juanitos que presentan una misma situación y donde se trata de ver, además, cuáles son las condiciones sociales que llevan a que existan esos Juanitos en la sociedad. Cuando se asume esta posición, entonces la preocupación del que brega con estas cuestiones va de lo general a lo específico en vez de lo específico a lo general, como es ahora. Este cambio de enfoque o de énfasis es uno importante, puesto que entonces se habla no de las circunstancias específicas de Juanito, que lo han llevado a exhibir determinada conducta, sino de las circunstancias sociales que lo han creado a él. No se piensa ya en 'utilizar todo el tiempo en entender la dinámica específica de cada caso, sino en entender la dinámica general de la sociedad que lleva a que se manifiesten determinados tipos de conducta. A manera de ejemplo, se interesaría en contrastar la forma en que la sociedad cubana y la puertorriqueña bregan en la actualidad con adictos, prostitutas, homosexuales y los empresarios del vicio, en vez de en los casos individuales cubanos y puertorriqueños. En el caso de la delincuencia, cuando ésta comienza a verse desde la perspectiva sociológica, se da importancia a aquellas cuestiones sociales y a aquellos procesos modernos que llevan al individuo a sentirse de momento falto de normas y de guía, 122

dejándolo en cierto sentido a la deriva (anomía).3 Se habla también de la realidad de que algunos Juanitos crecen en unos ambientes donde la conducta llamada antisocial por los grupos dominantes es sólo una conducta y manifestación normal de su propio grupo.4 Se habla de socialización anticipatoria, mediante la cual algunos jóvenes van adquiriendo hábitos y actitudes de grupos a los cuales ellos aspiran a incorporarse, pues para ellos son importantes, aunque la sociedad pueda ver esos grupos como desviados. Se pregunta si los grupos de referencia de Juanito, esto es, silos grupos que para él son importantes son los mismos que los llamados agentes de tratamiento consideran antisociales.5 Se adelanta la hipótesis de que la sociedad siembra ella misma la semilla de la disidencia y la desviación al fomentar unos valores y unas expectativas que llevan a sus ciudadanos a aspirar a un mejor nivel de vida, y a su vez, a establecer un sistema social, económico y político que permite solamente .a unos pocos obtener altos niveles de vida, condenando a los más a aspirar y a no llegar. Si a esta "privación relativa" se le añade la "asociación diferencial" que limita las oportunidades de relación a aquellas personas más cercanas en nivel social, se complica el problema. Se ve entonces que algunos, no solamente no tienen acceso a aquellas relaciones que les permitirían llegar por los canales aceptados al logro de sus aspiraciones, sino que, además, por los grandes medios de comunicación en masa actualmente existentes, son continuamente expuestos al desagradable sentimiento de saber que hay unas metas que algunos pueden lograr y que a ellos les están vedadas. Para hacer el problema un poco más complicado aún, bajo este enfoque sigue uno preguntándose si para algunos, no solamente están bloqueados los caminos legítimos de acceso para el progreso, sino que, también, están bloqueados los caminos ilegítimos del progreso, toda vez que tampoco tienen acceso a las grandes estructuras ilegítimas de poder.6

3. Véase a Merton, Robert, Social Theory and Social Slruclure, Free Press, 1957. 4. Miller, Walter B., "Lower Class Culture as a Generation Milieu of Gang Delinquency", The Journal of Social Issues, Vol. XIV, No. 3, 195íi; págs. 5-19. 5. Véase a Hyman, Herbert, A Reader on Reference Groups, recién publicado, o su artículo sobre grupos de referencia en la Inlernalional Encyclopedia of the Social Sciences, para una explicación de este concepto. 6. Cloward, Richard y Lloyd E. Ohlin, Delinquency and Opporlunily, Free Press, 1960, especialmente las págs. 77-107.

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En resumen, cuando se ve que la situación específica de Juanito quizás, sólo un síntoma que se repite debido a la situación general es de la sociedad, recobra otra perspectiva. Se comprende, y esto es, quizás el punto más importante de esta diferencia de enfoque, que muchas de las manifestaciones que llamamos antisociales o desviadas son sólo una respuesta normal y lógica de protesta y de adaptación a unos procesos sociales que benefician a unos y perjudican a otros. Se entiende que el conflicto y la diferencia no son necesariamente disfunciones de la sociedad, sino que tienen la función positiva de llamar la atención a aquellas partes del sistema que están funcionando mala Sería improbable, pues, cuando se tiene este punto de vista, que se establecieran programas de tratamiento que traten de presionar a Juanito para que elimine aquella conducta o deja aquel medio de vida que para él y los suyos viene a ser la única alternativa posible de bregar con la escasez de oportunidades y recursos que le ha dado la sociedad en que le tocó nacer. Se ven los sistemas y las alternativas de tratamiento, no como unidades aisladas de un mismo enfoque, sino como unidades encadenadas entre sí que llevan a afrontar el problema no sólo en sus productos, o sea, en los individuos que presentan los síntomas, sino en sus raíces. Se trata, entonces, al medio social, se recurre a la acción social, se promueve el cambio social, se brega con el poder político y económico y se presta ayuda a Juanito para que bregue y se defienda de las presiones e injusticias del sistema. Cuando se enfoca la situación desde el punto de vista sociológico, se dice que la sociedad tiene cuatro alternativas para bregar con el comportamiento desviado: (1) puede facilitar oporturiidades legítimas, (2) puede eliminar oportunidades legítimas, (3) puede presentar oportunidades ilegítimas y (4) puede eliminar oporturiidades ilegítimas. Una manera de presentar oportunidades legítimas a los muchos Juanitos que no lograron terminar su escuela debido a que su familia era muy pobre, a que no había una buena escuela en el lugar en que se criaron, o a que los maestros que tenían no comprendían la forma de vivir de sus familias y los rechazaban, sería facilitarles los medios para que regresen a una escuela que tenga significado para ellos. 7. Coser, Lewis, The Functions of Social Conflict, Free Press, 1965, y un artículo suyo, "Functions of Deviant Behavior" en Mc Donagh and Simpson eds., Social Problems: Persistent Challenges, Holt, Rinehart and Winston, 1965. 7. Véase a Olmsted, Los pequeños grupos Paidós, Argentina, 1967.

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También se les podrían ofrecer oportunidades de empleo a aquéllos que porque no son bonitos o no visten bien o son "jibaritos" o "trigueñitos", no consiguen emplearse regularmente. Una manera de eliminar oportunidades legítimas es cuando. para castigar a alguien porque demuestra cierta conducta que no gusta a la sociedad, se le bloquean todos los accesos a las oportunidades legítimas, a menos que no cambie de conducta. No hay que ir lejos para buscar el ejemplo de cómo brega en la actualidad la burocracia y parte de la sociedad puertorriqueña con aquellos individuos catalogados como "subversivos", evitando darles empleo en el gobierno y presionando a los patronos particulares para que no los empleen o haciéndoles la vida imposible hasta que renuncian o los destituyen. Se ajustan al "sistema" o se les elimina del mismo. Presentarles oportunidades ilegítimas conllevaría entrar en un sistema de conclusión, donde las propias autoridades facilitan a los individuos que lleven a cabo tareas que luego consideran ilegítimas. Por ejemplo, una manera de hacerlo es haciéndose de la vista larga con los individuos que manejan los grandes negocios de bolita, de prostitución y de drogas, a cambio de "servicios" que éstos prestan a los políticos. Por el contrario, una manera de eliminar las oportunidades ilegítimas es encerrando a los individuos para que no tengan la oportunidad de cometer los actos que se quiere evitar. Esta última alternativa parece ser la que está detrás del sistema institucional que crea un micromundo dentro de sus paredes. ¿Resuelve algo este sistema cuando regresa a la sociedad a individuos más hostiles que los que ingresaron? Cuando se piensa en términos sociales más que individuales, se ve que la manera lógica de bregar con el problema es la de presentar todas las oportunidades legítimas posibles a Juanito. De hecho, estas oportunidades debieron haberse presentado antes de que sucedieran las acciones que lo llevan a actuar de manera "antisocial", antes de que se crearan los productos que ahora queremos eliminar. Bajo este enfoque se acepta que ciertas manifestaciones de conducta que se han catalogado como ilegítimas o desviadas, son solamente legítimas manifestaciones de, y contra, las injusticias del sistema. En ese caso, en ocasiones, habría que "hacerse de la vista larga" con los individuos que así se comportan y facilitar un mínimo de oportunidades ilegítimas. En parte, las sociedades modernas están bregando así con algunos grupos, como con los hippies, a los cuales se da una aparente libertad para el uso de drogas, y con los adolescentes a los 125

cuales se permite cierto grado de experimentación sexual sin que se les persiga tajantemente como a los grupos subversivos. La eliminación o la falta de oportunidades legítimas dentro del sistema es quizás la principal raíz de los males sociales. La eliminación de oportunidades ilegítimas, es simplemente castigar al efecto, al producto, por lo que hicieron las causas. D. Conflictos y diferencias entre ambos enfoques ¿Cómo se diferenciaría, por ejemplo, un sistema de tratamiento que utiliza este enfoque sociológico del sistema tradicional psicológico mencionado anteriormente? Esto es, si un hada madrina consiguiera un millón de dólares a las personas que bregan con la delincuencia juvenil, ¿cómo lo utilizarían? Posiblemente, aquéllos que la ven como la manifestación de un problema que acosa a la sociedad debido a los problemas internos de Juanito, invertirían ese millón de dólares en crear un mayor número de plazas para trabajadores sociales y siquiatras que pudieran dar tratamiento individualizado a Juanito. Probablemente también se invertiría parte del dinero del hada madrina en crear más instituciones a los fines de segregar la clientela a base de criterios como el de edad, sexo y naturaleza del problema. Esto es, quizás se harían más instituciones para tener a los adictos a drogas en una institución, a los enfermos mentales en otra, a los retardados mentales en otra, a los muchachos con problemas leves de conducta en otra, a los predelincuentes en otra, y así por el estilo, hasta lograr instituciones por tipos de problemas cada vez más específicos. El tratamiento dentro de la institución, sin embargó, iría encaminado a lograr que cada uno de estos jóvenes pudiera o aprendiera a bregar con su problema individual. Por lo tanto, es de esperarse que todas tendrían un mismo enfoque y programa con sus adaptaciones a la clientela específica: tendrían una escuela, talleres vocacionales, trabajadores sociales, sicólogos y psiquiatras para el tratamiento individualizado, alguna que otra forma de recreación, una enfermería, ayos y encargados y personal de custodia. Serían "un pequeño mundo" aislado de la sociedad general, que duplica para los muchachos casi los mismos servicios que se prestan en la comunidad a cualquiera de sus miembros, y que cuida y protege al joven dentro de sus paredes hasta que los profesionales lo consideren apto para reintegrarse a la sociedad libre. Si el hada madrina ofreciera un millón de dólares a una persona 126

convencida de que muchas de las manifestaciones de conducta antisocial o de conducta desviada, son en sí el resultado no de un mal funcionamiento individual sino de un mal funcionamiento de la sociedad, ésta probablemente invertiría el millón de dólares de la siguiente manera: Usaría parte del dinero para determinar dónde se manifiesta el problema con mayor intensidad, en términos humanos y geográficos. Esto es, trataría de ver si ese problema se manifiesta mayormente en determinados municipios de la Isla o en determinadas áreas geográficas, si se manifiesta más en áreas urbanas o rurales, si se da en mayor o menor grado en ciertos tipos de familia, de barrios, etc. Haría también un diagnóstico de los casos, pero en vez de concentrar en el individuo en particular trataría de ver cuáles son los grupos a que pertenece este individuo y cuáles son sus grupos de referencia, a manera de determinar cuál puede ser el origen social de su delincuencia y cuál podría resultar el mejor enfoque terapéutico para el problema en general. Por ejemplo, hay información que demuestra que la comunicación en masa no llega directamente a toda la población sino que es un proceso de dos etapas mediante el cual se llega primero a determinados individuos que están predispuestos a ese tipo de información (radio, prensa, televisión) y luego éstos la comunican a los miembros de los grupos a los cuales ellos pertenecen. Desde ese punto de vista, se daría mayor énfasis al rol que pueden jugar los líderes de opinión en una comunidad en la cual vaya a instituirse un programa de tratamiento para X tipos de personas que demuestran desviación social, en vez de concentrar esfuerzos en programas de comunicación en masa solamente o de acercamiento individual directo. En cuanto a los grupos de referencia y las afiliaciones de los individuos, se ha comprobado que, a la postre, estos grupos primarios tienen mayor efectividad para el cambio de actitudes y valores que los grupos secundarios y las organizaciones formales.? De esta manera, el profesional que actúa como agente de cambio oficial vendría a reconocer que lo básiLo, a lo mejor, no es la relación artificial que se crea entre terapista y paciente sino una relación natural entre el paciente y sus pares o iguales en la cual el terapista podría ejercer alguna influencia indirecta si logra penetrar y entender el marco de esas afiliaciones. Posiblemente, con el enfoque sociológico, muy poco de ese millón de dólares se invertiría en pagar a agentes profesionales que den tratamiento individual. Se invertiría más, en cambio, en pagar agentes que trabajen en la comunidad para crear conciencia en 127

diferentes niveles de cuáles son las raíces de los males que le aquejan y que tienen como resultado que ciertos individuos se vean en la necesidad de asumir el rol de desviados. No quiere decir esto que los agentes sociales no tomen en consideración que, independientemente de las fuerzas sociales que operen en un determinado problema, la peculiar idiosincracia del individuo lo lleve a responder a unas u otras presiones o de una u otra manera. Pero es muy diferente y menos productivo invertir el dinero en pagar a trabajadores sociales, sicólogos y psiquiatras que hagan pruebas diagnósticas y que escriban historiales sociales que lleven a ver por qué están funcionando mal estos imdividuos, a que se haga un diagnóstico de la situación que haga ver toda la estructura y el andamiaje social que produjo a esos individuos. Es por eso interesante traer aquí la contención del sociólogo norteamericano Eugene Litwak,8 quien dice que, en aquellos casos donde la destreza requerida puede tenerla cualquiera o los conocimientos existentes aún no justifican al experto, es preferible descansar en el grupo primario como principal fuente de tratamiento que tener al experto o a la agencia burocrática para ello. Esto pone a pensar si de hecho los profesionales como hoy se conocen son tan importantes y necesarios para bregar con los menores delincuentes o si no se lograría más utilizando otro tipo de personal o, tal vez, al propio delincuente como principal fuente de tratamiento. Mi propia experiencia con un proyecto de demostración me enseñó los muchos recursos de que disponen los jóvenes delincuentes y los empleados semi-profesionales para buscar soluciones y alternativas a los problemas que tenían en sus manos.9 Fue un proyecto piloto con un total de 62 jóvenes delincuentes que de otra manera hubieran sido recluidos en la Escuela Industrial de Mayagüez. Utilizando la técnica conocida como "interacción de grupos dirigida", que parte del convencimiento de que el propio grupo es el agente terapéutico más efectivo, logramos mantener en la comunidad a muchos de esos jóvenes con los cuales se había perdido toda

8. Litwak y Meyer, "A Balance Theory of. Coordination Between Burocratic Organizations and External Primary Groups", Administrative Science Quaterly, Vol. 11, no. 1, June 1966, pp. 31-58. 9. Paláu de López, Awilda, Final Report on a Demonstration Project on an Alternative to Institutionalization, a ser sometido próximamente a la Oficina de Delincuencia Juvenil del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos, mimeografiado, Departamento de Salud Pública, Escuela de Medicina, 1970.

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esperanza de que pudieran hacerlo.l O Teníamos un mínimo de personal; no utilizábamos el historial social ni el diagnóstico psiquiátrico como base para el tratamiento, y, de hecho, era el propio grupo el que determinaba lo que cada joven necesitaba hacer o lograr antes de ser graduado del programa. Sin embargo, la experiencia fue sumamente positiva y reveladora de las posibilidades de tratamiento que este acercamiento ofrece. Dar poder y participación al grupo o a la clientela, se está reconociendo a fuerza de encontronazos entre las instituciones educativas y los estudiantes en protesta y ya, en algunos sitios, entre los clientes y las agencias de bienestar social. Permítaseme apuntar aquí la diferencia de enfoque en cuanto al rol del conflicto en la sociedad se refiere. En el acercamiento psicológico o psiquiátrico, se tiende, generalmente, a ver al desviado social como persona que tiene conflictos individuales y que crea conflictos al grupo. Este individuo que no se amolda, que es diferente, hace necesario que la sociedad establezca programas para reeducarlo en sus mores y tradiciones, para que "se acople". Aun los sociólogos y trabajadores sociales de hoy día (no los originales, que fueron en su mayoría revolucionarios) han concentrado su atención en las disfunciones del conflicto, en aquellas situaciones que crean problemas, disgustos y malestar al grupo porque no permiten un funcionamiento suave, ordenado y engrasado de la maquinaria social.1 1 No obstante, nuevas corrientes de pensamiento entre sociólogos y trabajadores sociales, plantean el conflicto como un proceso que llena unas funciones básicas y positivas en la sociedad. Aquellas sociedades donde todo el mundo está de acuerdo, donde todos se amoldan y donde pocas personas protestan de la situación, tienden a estancarse, a anquilosarse, a dirigirse hacia lo que los políticos llaman "la derecha" y a vivir con sus ojos puestos en el pasado. Para que el cambio social pueda producirse, para que las injusticias puedan borrarse, para que el progreso pueda lograrse, hace falta; sin embargo, una buena dosis de inconformidad y conflicto.12 Desde ese punto de

10. Paláu de López, Awilda, El grupo delincuente como agente de cambio positivo, conferencia ante el Seminario Internacional de Criminología celebrado en Puerto Rico bajo los auspicios del Centro de Investigaciones Sociales, en octubre de 1969, mecanografiado. 11. Véase a Coser, Lewis, op cit. 12. Como ejemplo del clamor que ya empieza a oírse para que la sociología cambie sus enfoques y deje de servirle al status quo, véanse

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vista, el conflicto no es entonces negativo o disfuncional, sino positivo y funcional. Otra crítica sustancial al enfoque que brega con el producto del problema, y no con las causas o factores relacionados, es que olvida que al aplicar a un individuo el sello de "desviado" (sea llamarlo "delincuente", "neurótico", "subversivo") se le aplican las normas establecidas no necesariamente por la mayoría sino por las clases dominantes.. Si quien impusiera la norma de lo que es el delito fuera la mayoría, posiblemente no se castigaría el robo y el hurto en la forma que hoy se hace, porque la mayoría de las personas no poseen propiedades y, por lo tanto, verían de otra manera la necesidad de protegerse con una ley contra el robo de éstas. Las leyes son establecidas generalmente por grupos privilegiados, sea porque tienen mayores recursos económicos, mayor instrucción que los demás o mayor poder. (Algunos añadirían que tienen, además, mejor "moral"). Por lo tanto, no necesariamente puede decirse que ayudar a un individuo a conformarse a la norma implica ayudarlo a conformarse al sentir y a las necesidades de la mayoría, sino que, en ocasiones, significa acomodarse como mayoría a las normas impuestas por la minoría dominante. E. La situación puertorriqueña Una rápida ojeada a los programas existentes para bregar con los jóvenes que vienen en conflicto con la ley permite determinar que las tres agencias claves que bregan con delincuentes en el país, en la actualidad, son la Policía (especialmente su División de Asuntos Juveniles), el Tribunal Superior, Sala de Menores (conocido como Tribunal Tutelar de Menores), y el Departamento de Bienestar Social (especialmente su antiguo Negociado de Instituciones, que ahora se conoce como Programa de Centros de Tratamiento Social). Las leyes principales que enmarcan la acción que se toma en estos casos son aquéllas que crean la antigua División de Bienestar Público (ahora Departamento de Bienestar Social), y la Ley 97 de 1955 (conocida como Ley de Menores). En ambas leyes se puede distinguir la preponderancia que se da al análisis individual de los casos, buscándose con ello ajustar la decisión que se toma a las particulares necesidades y situaciones del menor envuelto, pero comentarios de Martin Nicolaus en la convención de la Asociación Sociológica Americana, en Boston, 1968, según aparecen en Catalyst, Primavera 1969, núm. 4. Universidad del Estado de Nueva York, Recinto de Buffalo.

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viendo al menor que viene en conflicto con la ley, mayormente, como un "desajustado" o "desadaptado" al medioambiente, que necesita supervisión y ayuda de los adultos.13 Los profesionales en los cuales descansa el llamado tratamiento o terapia que se ofrece son mayormente trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras. Estas tres profesiones (trabajo social, sicología y siquiatría) recibieron un gran impacto de las teorías freudianas. En su mayoría, pues, utilizan el enfoque sicoanalítico y sus posteriores variaciones, para explicarse los problemas de los menores que vienen en conflicto con la ley. De hecho, de los cinco enfoques teóricos sobre las causas u orígenes de la delincuencia juvenil, el enfoque psicológico es el más conocido y usado por las personas que bregan con este problema hoy día.14 En 1898, cuando Puerto Rico pasa de ser una posesión de España a una de los Estados Unidos, sólo existían en el país dos instituciones para menores (una para niños y otra para niñas), que no contaban ni con trabajadores sociales ni con psiquiatras ni con psicólogos, pues estos profesionales no existían para esa época. El consiguiente desarrollo de los servicios institucionales y los cambios habidos en las leyes para menores, incluyendo las leyes de menores de 1917 y de 1955, siguieron como patrón o modelo las modas terapéuticas establecidas en los Estados Unidos, desde donde llegan a Puerto Rico vía el personal del país que prosigue estudios especializados en el Norte y vía los consultores que empezaron a llegar desde los comienzos del cambio de soberanía.15 Sirva de ejemplo la Ley 97 de 13. Por ejemplo, véase la sección 10 de la Ley 97 de 1955 donde se determinan las resoluciones que puede tomar el Juez con el menor, siendo la primera la de someterlo a un diagnóstico por un médico, psiquiatra o psicólogo: la segunda, para desestimar el ingreso a una institución, y las otras tres para poner al menor bajo la custodia de los padres, del Secretario de Salud (ahora el de Bienestar Social) o de una organización adecuada. El artículo 12 provee para "informes periódicos sobre la conducta y el progreso físico y emocional del niño". En la regla de procedimientos 7.4 sobre el estudio social se autoriza a "estudios físicos, mentales, psicológicos y psiquiátricos del menor"; y la regla 9.6d pide a la institución un "informe acreditivo de si el menor se halla en condiciones físicas, emocionales y morales que permitan regresar a la comunidad", como condición para solicitar modificación de la resolución. 14. Para un resumen breve sobre los diferentes enfoques teóricos véase mi artículo "Cinco teorías, ¿dónde está la solución? " en la Revista Vitae, vol. I, núm. 1, 1965. También a Isabel Suliveres, "Delincuencia juvenil: implicaciones teóricas para Puerto Rico, en Suliveres, Isabel, ed., Manual de Lecturas para adiestramiento de oficiales probatorios juveniles, Centro de Investigaciones Sociales, U.P.R. 1969, págs. 64-68. 15. Véase mi Esbozo para la Historia de las Instituciones y las Leyes para

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1955, nuestra Ley de Menores, que es una copia casi exacta del Standard Act preparado en los Estados Unidos.16 El punto que intereso destacar aquí es que esa dependencia en enfoques que responden a unas realidades diferentes a las de Puerto Rico, ha sido lo que ha llevado en gran parte a que en 1970 todavía el acercamiento primordial de las autoridades del país a la delincuencia juvenil sea desde el punto de vista de las teorías sicológicas, y que el personal y los programas de tratamiento o acción utilicen básicamente el acercamiento de casos. A mi entender, tanto el enfoque como los planes de acción que surgen del mismo resultan inadecuados y obsoletos para la realidad puertorriqueña y no se justifican a la luz de otros enfoques más en armonía con nuestro presente. De hecho, sólo demuestran que, tras que imitamos, no lo hacemos al mismo ritmo que los del Norte ("rezago cultural" lo llaman algunos) y cuando venimos a enterarnos de nuevas corrientes (como las teorías sobre la delincuencia que cobran impulso al finalizar la década de 1950) ya éstas tienen 15 ó 20 años de continuas modificaciones. A mi juicio, el sistema del gobierno de Puerto Rico, para bregar con menores que vienen en conflicto con la ley, hace por lo menos 15 años que es casi totalmente obsoleto. Trataré de explicarme más en detalle: Para tomar un ejemplo concreto de lo diferente que sería el sistema de seguirse otras orientaciones, examinemos brevemente lo que se está haciendo en Puerto Rico con el problema de la adicción a drogas, aunque reconocemos que no todos los adictos son delincuentes ni todos los delincuentes son adictos. El programa en que el nuevo gobierno se ha enfrascado implica que va a haber un mayor número de facilidades físicas para bregar terapéuticamente con los adictos a drogas. Esto conlleva aportaciones de cientos de miles de dólares para llegar a unas docenas o, quizás, a unos cientos de adictos. El enfoque preferido, según el titular del Departamento de Salud, será el tratamiento psiquiátrico, el cual es, todos sabemos, sumamente costoso.» Menores de Puerto Rico, próximo a publicarse por la Editorial de la U.P.R. para el Centro de Investigaciones Sociales, para una sinopsis histórica de esas leyes. 16. Leyes de Puerto Rico Anotadas, Equity House, N.Y., Título 34, Ley 97 de 1955. 17. El Dr. Ernesto Colón Yordán, según citado por Martha Dreyer en el San Juan Star del primero de marzo de 1970, en el artículo "Anti-Drug Campaign Will Be Centralized", dice "Although addiction has a very, very large

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El problema es, sin embargo, que existen por lo menos 13,500 adictos en Puerto Rico, por lo cual se requerirían inversiones cien o doscientas veces mayores a las actuales.i 8 Es claro y es obvio que a menos que Puerto Rico entero se convierta en un solo pozo de petróleo, el gobierno de la Isla jamás tendrá los recursos económicos necesarios para seguir bregando así con este problema, y aunque tuviera los recursos económicos, ¿de dónde iba a sacar la enorme cantidad de psiquiatras y otros profesionales que se necesitarían? Sin embargo, se han cerrado los ojos a una serie de realidades alrededor del problema de las drogas, con las cuales se podría estar bregando para que, a la larga, disminuya el número de adictos. Mientras el actual programa enfoca en la personalidad difícil, inmadura, distorsionada, mal integrada del adicto, existen una estructura y un engranaje ilícitos que hacen accesible la droga a estas personas. Se argumenta que si el adicto no tuviera defectos de la personalidad, no caería en las garras de la estructura ilícita de la venta de drogas. Puede argumentarse, por otro lado, que si no existiera el engranaje ilícito, estas personas nunca tendrían.el acceso inicial a la droga. Esta estructura y engranaje no oficial que consigue la droga fuera del país, la trae a Puerto Rico y la distribuye desde al por mayor hasta al detal, es un negocio que produce millones de dólares a unos individuos que, a su vez, dejan como consecuencia un gasto de millones de dólares al gobierno que brega con los productos que ese tráfico ilegal de drogas crea, y una estela de dolor y angustia a miles de individuos y familias. Por conveniencia electoiera, la peculiar situación política de Puerto Rico con los Estados Unidos ha pretendido ser ignorada oficialmente, cerrando los ojos a la realidad colonial de la Isla. Esto ha hecho, además, que se cierren los ojos a la realidad de que, si pudiéramos controlar nuestras aduanas y la inmigración, estaríamos cortando el mayor tráfico de droga que viene a Puerto Rico vía los Estados Unidos. Solamente hay que estudiar por encimita el vocabulario de los adictos a drogas para convencerse que no es un social component, it will now be handled as the medical problem which it is". Más adelante ella dice que "Until something better comes along, he explained, psychiatric treatment will be used in an effort to get to the root of the problem". 18. Datos obtenidos por los doctores Carmen Silvia García y Juan Roselló en el primer censo de adictos llevado a cabo en Puerto Rico, según aparece reseñado en El Mundo del 19 de marzo de 1970. Ellos estiman que los adictos entre 1964 a 1969 ascienden a 6,749 y estiman un adicto adicional por cada adicto conocido.

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vocabulario nativo, ni un vocabulario de origen hispánico, sino un vocabulario anglosajón adaptado al español desde los Estados Unidos. Es importante preguntarse, además, cuál ha sido el impacto de la inmigración cubana en la ampliación de ese tráfico de drogas luego que el régimen de Fidel Castro cerró casinos y prostíbulos en Cuba. Se podría argumentar que el impacto mayor de las drogas en Puerto Rico se debe, no a los norteamericanos y otros extranjeros, sino a los puertorriqueños en Nueva York. Si de veras se quieren estudiar todas las alternativas del problema, pregúntense entonces por qué hay tanto puertorriqueño presa de las drogas en Nueva York. Por definición natural, puertorriqueño es aquél que nace en Puerto Rico. ¿Qué situaciones sociales llevaron a estos individuos a emigrar de su país natal a otro país? ¿Qué tipo de vida hacen ellos allí? Se encontrarán, entonces, que algunas raíces del problema de drogas con el cual estamos ahora bregando, están en una política no escrita del pasado gobierno de Puerto Rico, el cual, para solucionar parte del problema de población, fenómeno sotto voce la emigración del puertorriqueño a la urbe neoyorquina. Por otro lado, además de los programas gubernamentales para combatir la adicción a drogas, han proliferado últimamente varios otros programas voluntarios, todos los cuales descansan en la fuerza del grupo o de un poder extraterreno para ayudar al adicto a dejar la droga. Aunque vemos la necesidad de evitar la posibilidad de que algunos grupos o empresarios inescrupulosos tomen estos programas como medio para lucrarse, no vemos la consistencia de enfoque pedir fondos públicos para invertir en un acercamiento oficial único mientras se desalientan los grupos particulares mediante la reglamentación por el gobierno de todo intento de programa nuevo o diferente. Esto sólo refuerza el enfoque único que descansa en la supuesta pericia de algunos profesionales. Si se va a juzgar la labor de los profesionales por el porciento de adictos rehabilitados en sus programas, tenemos que concluir que, por ser éste tan bajo, difícilmente puedan reclamar pericia en la solución del problema, y deberían no tan sólo no combatir, sino más bien estimular, las aportaciones de otros enfoques y acercamientos que no utilizan al psiquiatra profesional como eje del programa de tratamiento. Aunque existe un pequeño proyecto experimental muy reciente, debería probarse más ampliamente con la Metadona y toda otra droga que, aunque sustituya una adicción por otra, evitan algunos de los males sociales alrededor del problema.l 9 Eliminar el tráfico ilegal 19. Véase El Mundo del 20 de marzo de 1970 para un amplio reportaje

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de drogas haciendo innecesario al intermediario y quitar el estigma de asunto prohibido, es ya en sí un paso hacia la búsqueda de soluciones al problema. Sabemos que con eso no se logran cambios básicos en la estructura de la personalidad del adicto, pero quizás se evita que otros caigan presas de la adición. Además, hay ocasiones en que, a grandes males, grandes remedios. Si el llamado derecho del individuo a tomar las decisiones que crea convenientes choca con el derecho de la sociedad a protegerse a sí misma y a protegerlo a él, aunque resulte doloroso, ha de darse prioridad a la solución del problema social por encima del problema individual. Se dirá que un análisis de esta naturaleza, que lleva a asociar el problema de las drogas en Puerto Rico con los problemas de la inmigración, del status político y del control de las aduanas para evitar el ingreso al país de ciudadanos norteamericanos y extranjeros que estén envueltos en el tráfico de drogas, y con el problema del control policíaco • (que parece existir para el adicto y no para el vendedor y el real "peje gordo"), hace tan complicada la cuestión que impide instrumentar programa alguno. Pero es. que, precisamente, cuando las cosas comienzan a verse como resultado de unos procesos sociales básicos, hay que empezar a buscar en la sociedad las raíces de muchos de los problemas individuales. Se llega entonces a la conclusión de que solamente mediante un cambio total, radical y revolucionario de las estructuras sociales se puede bregar con algunos de los problemas sociales, ya que éstos no son tan sencillos y reflejan toda una complicada madeja de relaciones y actitudes, normas y roles sociales. Los medios de tratamiento para el menor delincuente en Puerto Rico incluyen la prestación de servicios de Bienestar del Niño cuando el joven viene de la consideración de esa agencia porque tiene características de ser un delincuente potencial o un predelincuente.2 o Cuando el caso no puede ser solucionado al nivel de Bienestar del Niño y/o el joven se convierte en un delincuente oficial, es el Tribunal Tutelar de Menores quien brega con él mediante dos acercamientos básicos: adjudica la custodia del menor a los propios padres, a un familiar, amigo o agencia particular para que breguen sobre ese programa experimental con metadona. 20. Para una explicación de los conceptos de delincuente, pre-delincuente y delincuente potencial, véase el artículo de la Juez Gladys Lasa "Principios Fundamentales que rigen la Moderna Legislación de Menores", Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Vol. 32, Núm. 4, 1963.

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con el joven, o lo coloca en libertad a prueba bajo la supervisión de un oficial de la Corte, que trata de lograr el cambio de conducta deseada. Si este método tampoco funciona, el menor pasa a la custodia del Secretario de Bienestar Social para que lo ingrese a una de las instituciones que él administra, donde se espera un cambio de conducta en un lapso de tiempo que varía entre algunos meses y varios años. Todos estos eslabones en la cadena de tratamiento, sin embargo, utilizan básicamente el mismo acercamiento: el de bregar con el joven como causa y no producto de la situación en que se encuentra. Utilizando una analogía médica, los programas que bregan con el problema de la delincuencia juvenil en Puerto Rico concentran su esfuerzo en el joven delincuente; esto es como decir en el individuo tuberculoso o en el individuo que tiene dengue. Este acercamiento casuístico impide una visión más amplia del problema mediante la cual se brega no sólo con el efecto del mismo sino con sus causas. Esto es, se brega con el bacilo de Koch o con el virus que causa el dengue mediante la erradicación o extinción de esos bacilos o de las condiciones que propician el que los mismos se desarrollen en el individuo, o mediante la eliminación de los posibles organismos que actúan de intermediarios entre el organismo causante y el organismo que sufre la enfermedad (como lo es el mosquito anófeles en el caso del virus que produce el dengue). Pero todo el enfoque de la delincuencia en Puerto Rico (con algunas excepciones esporádicas) concentra en el producto (el joven delincuente) y olvida bregar activamente con las condiciones socioestructurales que generan la delincuencia. Volviendo a los orígenes históricos y el inicio de la profesión de trabajo social, al igual que las de sicología y psiquiatría en Puerto Rico, encontramos una época que coincide con un plan masivo de americanización de la Isla. Estas profesiones crecen en la sociedad norteamericana, que tiene recursos ilimitados para bregar con sus desajustados o desviados y que pone un énfasis desmedido en la libre competencia, en el capitalismo, en la obligación y el derecho de cada cual de conseguir la posición más ventajosa dentro de la jungla humana. Sin querer, los profesionales de Puerto Rico, han implantado en este país copias de sistemas americanos que no responden jamás a una sociedad pobre, sin muchos recursos, donde a la libre competencia hay que poner unos controles mínimos para asegurar por lo menos, una distribución justa de los escasos recursos de que disponemos. 136

En Puerto Rico, por una serie de factores socio-políticos, se dio énfasis a la "revolución pacífica" del pueblo y a la necesidad de cambiar una serie de estructuras. Sin embargo (en parte quizás por estar continuamente sumergidos en las corrientes de un país altamente industrializado, rico y que no sentía la necesidad de esas grandes transformaciones básicas), la tendencia a la reforma ha chocado con la tendencia al conformismo y a la estabilidad. Véase por ejemplo cómo la mayoría de la prensa y de los grupos formales de las clases media y alta de Puerto Rico están contra todo intento de cambio en la Universidad de Puerto Rico que ofrezca genuina participación a profesores y estudiantes; están contra que se analice hasta sus raíces el problema del status político y que se tome la decisión crucial de romper 500 de coloniaje. Esto es, el andamiaje socio-económico y político que controla la situación en Puerto Rico está a favor del status-quo y no del cambio social. Se preguntarán ustedes, ¿qué tiene esto que ver con la delincuencia juvenil? A mí personalmente me costó varios de trabajo e investigación en delincuencia juvenil comenzar a ver la asociación existente entre ésta y otros problemas sociales, económicos y políticos del país. Al principio me negaba a aceptar que los problemas pudieran tener su origen no en el id ni en el ego ni en el super-ego de Juanito, tampoco en las relaciones de Juanito con sus padres, sino en la situación socio-económica y política del pueblo de Puerto Rico donde nació Juanito. Sin embargo, la teoría sicoanalítica, a la cual se da mayor importancia en Puerto Rico, propende a llevar al individuo a ajustarse a la sociedad. No lo hace un protestante de los males sociales, no lo hace un reformador, no lo hace un revolucionario; lo hacé`un conformista, un ajustado. Es por eso que está tan acorde este enfoque de ajuste y tratamiento individual con el enfoque de preservar el status-quo, de no hacer nada que agite, que moleste, que cambie, que irrite a las instituciones y a las estructuras prevalecientes. A mi juicio, en el caso de la delincuencia juvenil, por ejemplo, ayudar a un joven a conformarse con los patrones sociales, y aun la Ley 97 de 1955 para menores que ha de invocarse en su caso, corresponden al sentir y a las necesidades del grupo a que él pertenece. Un análisis de esta situación podría llevarnos a abogar por un cambio total del sistema para que sean los pobres, los descarriados y los actuales delincuentes los que establezcan las normas que los profesionales luego ejecuten. No quiere esto decir que crea que los recursos se dediquen 137

exclusivamente a bregar con las raíces y no se bregue, además, con las ramas. Hago énfasis nuevamente en esto, porque no quisiera dejar la impresión de que estoy pidiendo que se olviden de los delincuentes actuales para que se dediquen todos los recursos y los profesionales a ver las causas de problemas en la solución de los cuales podrían pasarse muchos más que los que Juanito puede vivir. Pero es necesario quitarse la venda de los ojos y empezar a tomar alternativas de enfoque y de acción con nuestros problemas sociales. Hay que aceptar que somos un pueblo pequeño, subdesarrollado, que no puede adoptar soluciones de pueblo rico, de recursos físicos, geográficos y técnicos enormes. Se tiene que actuar con la sicología de David y Goliat, viendo cómo con escasos recursos se puede tirar la onda a gigantes como la adicción a drogas, el desempleo y la delincuencia juvenil. Esto no requiere grandes elaboraciones. Basta un ejemplo. Un oficial probatorio, con 90 casos para supervisar en 20 días de trabajo mensuales (sin contar sus vacaciones regulares, los días por enfermedad y los festivos) tendría que visitar cuatro individuos y medio cada día para poder verlos aunque fuera una vez al mes. Estas cuatro visitas y media por día de siete horas y media de trabajo, tomando ea consideración el tiempo que toma trasladarse de un', sitio a otro, se reducirían a escasamente unos minutos, o a lo sumo, media hora mensual de tratamiento por caso. Esto no deja tiempo al oficial para escribir historiales ni comparecer a corte ni para hablar con otros colegas, o visitar colaterales y patronos o asistir a reuniones profesionales. Por el contrario, si ese mismo oficial probatorio citara en sa oficina a 10 grupos de nueve jóvenes cada uno, podría verlos a todos en dos días y medio a la semana, por dos horas cada grupo. De esta manera podría utilizar el poder del pequeño grupo sobre el individuo para que unos a otros se dieran la supervisión y la ayuda necesaria. Podría estimular en esos grupos la acción conjunta y concertada para tratar de convertir a esos jóvenes en verdaderos agentes de cambio en su comunidad, que ayudaran a promover los cambios necesarios para que ellos y sus iguales sean justamente incorporados en los procesos sociales. Todavía le quedarían dos días y medio semanales para dar tratamiento individual cuando así fuera necesario y para visitar colaterales y hacer otras gestiones. Este mero cambio de enfoque, de trabajo de casos a trabajo de grupo, permitiría no solamente que se pudiera dar más tiempo a cada individuo, sino que se pudiera lograr con ellos una acción concertada que hasta ahora no se ha probado. 138

Es precisamente, me parece, el temor de no saber qué hacer con la acción concertada, el temor de que cuando la gente se una y empiece a pensar por sí misma se dé cuenta de las raíces de los males y trate de solucionarlos y entonces nos encontremos sin destrezas para bregar con eso; es el temor a encontrarnos en la disyuntiva de determinar si debemos responder a los clientes, o a la agencia, si debemos responder al desviado con todos sus problemas o las estructuras y a los programas de paliativos que la sociedad instituye para aquietarlos; son precisamente esos temores los que, a mi juicio, hacen que se prefiera los métodos individuales a los métodos de grupo. En adición a la preferencia por el enfoque individual, los profesionales del país demuestran una incapacidad tremenda para descansar en sus propias habilidades para solucionar problemas. Continuamente piden más y más recursos para llevar a cabo su labor. A manera de ejemplo, cito un incidente que ocurrió en una institución para menores en 1965. Esto llevó a una compañera, trabajadora social a criticar fuertemente en la prensa el castigo físico que se imponía a los menores recluidos en esa institución. Este hecho provocó una controversia pública que terminó con un total de 60 artículos periodísticos publicados en la prensa del país en un término de dos meses. Lo curioso del caso es que, tanto los trabajadores sociales que criticaron a las instituciones como aquéllos que las defendieron concluyeron que era muy poco lo que ellos podían hacer por bregar con el problema de la delincuencia juvenil, toda vez que, según ellos, se necesitaban mayores recursos físicos, técnicos y económicos. Alegaban que sin psiquiatras y psicólogos suficientes, sin espacio para segregar a los jóvenes en diferentes tipos de instituciones, sin dinero para pagar al personal y para proveer mayores oportunidades vocacionales y técnicas, muy poco podían ellos hacer. Decían, además, que el poder de los encargados de caseta era tal que lo que había costado meses de esfuerzo de un trabajador social para lograr un pequeño cambio con un caso, era borrado de cantazo por un acto negativo del encargado. 21 De toda la controversia pública se obtuvo una imagen de un profesional, que se suponía que poseyera las destrezas para bregar

21. Véase mi Carta Pública a los Trabajadores Sociales (Algunos Datos y Comentarios sobre la Controversia de las Instituciones Juveniles), que iba acompañada de un análisis de dichos 60 artículos, y que fue presentada a los asistentes a la Asamblea Anual del Colegio de Trabajadores Sociales en noviembre de 1965 (mimeógrafo).

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con el delincuente y en quien la sociedad puertorriqueña ha descansado para que ejecute su programa institucional, que alegaba públicamente no tener las destrezas ni los recursos para bregar con los menores como no fueran aquéllos que el dinero podía comprar. El grito lanzado a la conciencia del país sobre la situación caótica dentro de las instituciones quedó perdido en una nube de mutuas recriminaciones. Al día de hoy todavía la situación interna dentro de las instituciones parece ser la misma, no empece los intentos de otros trabajadores sociales y psicólogos por crear conciencia sobre la realidad interna de las mismas. La mayor parte de los profesionales sólo se queja de la falta de recursos. Por eso, pensar en la probatoria juvenil y, peor aún, en la creación de instituciones como solución o cura al problema de la delincuencia juvenil, cuando no se han agotado las alternativas de mejorar las condiciones dentro de la sociedad o de revolucionar a la sociedad misma para evitar que surjan individuos desviados, es, a mi modo de ver, izna manera de castigar injustamente a algunos individuos, no importa que se llame a las instituciones "centros de tratamiento", no importa que se vea la ley de menores como un "manto protector" que cuida al menor y le evita males mayores y no importa que se utilice el personal profesional mejor preparado, más competente y más humano de que pueda disponerse. De hecho, el prestigioso psiquiatra Thomas Szasz ha escrito un interesante libro de ensayos sobre el rol que la pisquiatría moderna ha jugado en ayudar a poner rótulos y etiquetas nuevas que sólo esconden y camuflajean viejos conceptos y actitudes.22 Según él, cambios de nombre como "psicótico" por "loco", u "hospital de psiquiatría" por "manicomio", son sólo maneras de engañarse uno mismo y a la sociedad, a menos que estos cambios no vayan acompañados de transformaciones reales y de nuevas visiones sobre los llamados desviados sociales. Lo mismo pasa, añado yo, con algunos supuestos cambios ocurridos en el tratamiento a menores delincuentes reflejados en leyes y documentos que, al verlos más detenidamente, vienen a ser sólo cambios de nombre y no de actitudes. Por ejemplo, aunque el menor en Puerto Rico no comete "delitos" sino "faltas", la clasificación de estas últimas sigue el mismo esquema de los delitos de adultos. Así pues, un menor no comete el delito de escalamiento en primer grado sino la falta de escalamiento en primer grado. Una 22. Szasz, Thomas, Insanity and Ideology, Doubleday Anchor, 1970, especialmente el ensayo "The Theory of.

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manera diferente de llamar la misma cosa. Ahora, las "instituciones juveniles" no se llaman así sino "centros de tratamiento", pero al día de hoy la situación interna dentro de ellas parece ser la misma de 1963, cuando realizamos un estudio de observación partícipe en varias de ellas, que fue publicado bajo el título En la calle estabas.23 El programa de probatoria individual y el programa institucional, con sus excepciones, son para mí la admisión de nuestra incapacidad para bregar con el problema; es sacarlo fuera de foco, es acallar la conciencia y echar una nube de humo a la realidad, en vez de utilizar ese tiempo, esos recursos y ese personal en llamar la atención a todo grito a las lacras sociales que están produciendo a estos individuos. Resumen Generalmente, en Puerto Rico, en cuanto a delincuencia juvenil se refiere, se ha practicado un acercamiento sicoanalítico o psicológico. Aun en las instituciones el menor, supuestamente, recibe un acercamiento individual, y el resto de servicios que se le prestan no se ven como la parte central del mismo sino como algo auxiliar y de segunda importancia.24 Este enfoque de casos,a mi juicio, tiene una raíz de importación colonial, que ha establecido métodos, técnicas y prácticas de país grande, rico, protestante y capitalista, en país pequeño, sub-desarrollado, católico, y de tendencias y necesidades socialistas. Este enfoque de casos ha permitido que muchos de los problemas sociales se nos vayan trágicamente de las manos, porque la escasez de recursos económicos y profesionales impide que siquiera se comience a bregar con una minoría de los sujetos que presentan esos problemas. Implica, además, que se ve como desajustado al individuo que sufre el problema, y que no se concentra ni presta mucha atención a •las causas sociales y al andamiaje estructural que genera, permite, provoca, facilita y ayuda a que esos problemas existan. 23. Paláu de López, Awilda y Ernesto Ruiz, En la calle estabas, Editorial Edil, 1969, sobre la vida en la Escuela Industrial de Mayagüez. Sobre la situación_ actual de motines y lucha interna por el poder, véase la prensa del país de febrero y marzo de 1970, incluyendo el San Juan Star del 2 de marzo de 1970 y El Mundo del 12 de ese mismo mes y año; también Claridad, del de de 1970. 24. En realidad, en la práctica, tampoco se presta tratamiento individualizado, puesto que es en raras excepciones que existe un plan de tratamiento objetivamente formulado y escrito, que sirva de guía u orientación a los empleados de la institución sobre cómo bregar con Juanito.

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Sugiero, como alternativas, aquellos enfoques que permiten un análisis global y frontal de la situación y que llevan a ver las raíces sociales del problema, aunque estemos conscientes de que no siempre se pueden atacar los mismos con los recursos de que se dispone. He dado énfasis al hecho de que los individuos pueden y deben ser ayudados a desarrollar la fuerza y el poder necesarios para bregar ellos mismos con el problema. Posiblemente, ellos puedan determinar el porqué del problema y cómo solucionarlo mejor que el profesional que no lo sufre. Tenemos que examinar críticamente nuestro sistema social, que pretende basarse en la igualdad, pero que niega oportunidades de educación, de empleo, de readiestramiento y adiestramiento a jóvenes que, a su vez, están viendo cómo un pequeño grupo de privilegiados podemos educarnos, conseguir empleo y participar del llamado progreso de Puerto Rico, mientras ellos quedan a la zaga. Se necesita desarrollar profesionales con conciencia nacional, que puedan ver la delincuencia en sus manifestaciones generales en el mundo entero y, a su vez, la delincuencia puertorriqueña, la que corresponde a las peculiares condiciones de la sociedad de Puerto Rico y no a la sociedad americana, colombiana, china o cubana. Además, hay que adiestrar profesionales en métodos que permitan llegar a los más con los menos recursos posibles, olvidándonos, si es necesario, del enfoque de casos para comenzar a dar prioridad a los enfoques de grupo, de organización de la comunidad y de acción. social. De esta manera podríamos llegar a más en menos tiempo. Sugiero también que se bregue con la comunidad para hacerla consciente de sus propios procesos que crean la mayoría de los problemas sociales. Creo que cuando así se haga habrá una transformación total tanto de los miembros de la comunidad como de los individuos que se enajenan de ella, como de los profesionales que con ellos bregan, y se podrá entonces trabajar certera y eficazmente en la búsqueda de soluciones satisfactorias para la mayoría, y que es a la larga quien más sufre con y por los problemas sociales.

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APORTE AL CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DE LA DELINCUENCIA ADULTA EN PUERTO RICO

En Puerto Rico los informes sobre la criminalidad adulta que llegan a conocimiento de la Policía se refieren a aquellos delitos tradicionales que la sociedad cataloga como graves, y/o que resultan más frecuentes en dichas estadísticas. Consecuentemente, el cuadro sobre la incidencia criminal que se nos ofrece resulta ser no tan sólo un reflejo incompleto de la realidad (pues incluye solamente aquellos delitos que se le informa a la Policía), sino una selección de delitos tradicionales, y por ende, aún más limitados. A esto tenemos que sumar la peculiaridad de los datos que se suministran pues omiten información de gran importancia sobre la relación entre víctima y victimario en casos de delitos contra la persona; e información sobre el sector de la población de donde proceden y el grupo de edades a que pertenecen. Este tipo de informe se limita a presentar frecuencias en números absolutos y tasas generales que recogen delitos seleccionados de un los compara con los correspondientes registrados en anteriores, pero no incluye un análisis de los datos en porporciones relacionadas con la totalidad de la criminalidad de un determinado, lo que permitiría llevar a cabo una comparación con otros períodos similares. De contarse con estos acercamientos a la información sobre la extensión y la naturaleza de la criminalidad conocida, ello resultaría en un entendimiento más profundo del problema. Es necesario, además, llamar la atención a la más significativa limitación relacionada con los datos a los cuales tenemos acceso. Esta se refiere, no ya a la manera cómo se brega con la información con que se cuenta, sino a la otra criminalidad, la que no se ve, la que se omite casi totalmente, "la desconocida", ya sea por falta de conciencia de su existencia, por ignorancia, como resultado del manejo de las situaciones por sectores interesados, o por otras razones. Esta comprende la violación de derechos civiles por parte de 143

grupos con intereses particulares, abuso del poder por parte del Estado, corrupción con fines de lucro por parte de funcionarios gubernamentales, conspiraciones para estafar, de parte de grupos profesionales (crimen de levita) o por agencias de servicios, y el crimen organizado en nivel nacional e internacional. La conspiración con fines de lucro parece ser la modalidad delictiva preferida, en la que observamos un incremento a pasos agigantados en nuestra sociedad. Sin embargo, es muy poco lo que sabemos de ello. Esta delincuencia desconocida es según nuestro criterio, la actividad de mayor importancia en el estudio de la criminología contemporánea. Desafortunadamente, y como advertimos anteriormente, es muy poco, o nada en algunos casos, lo que objetivamente conocemos sobre ella. En general, la investigación criminológica tradicional positivista ha resultado limitada en su temática y alcance, por las limitaciones impuestas en la orientación descrita anteriormente. En el Centro de Investigaciones Sociales no obstante ser una de las fuentes de más abundante actividad investigativa científico-social en el campo de la criminología puertorriqueña, la producción sigue también esta corriente. Las selecciones incluidas representan parte del aporte de la investigación criminológica lograda en este Centro. Estas resultan significativas, no tan sólo por su calidad, sino por venir a satisfacer —aunque parcialmente— necesidades patentes sobre el conocimiento y entendimiento del problema. En la primera de estas selecciones, Toro-Calder (1975) presenta una interpretación del cuadro de la criminalidad puertorriqueña al presente en su extensión y naturaleza. También presenta un recuento de la literatura sobre investigación criminológica a nuestro haber, y su versión de las perspectivas futuras. Este intento, de presentar un cuadro integral y exhaustivo de estos temas, por lo abarcador de los mismos, siempre corre el peligro de resultar incompleto. No obstante, es el primer intento de la investigación sobre la historia de la criminología puertorriqueña en reseñar la misma y una de las más recientes interpretaciones de la situación puertorriqueña al presente. Luego de la presentación de este panorama general se pasa a considerar informes de investigación sobre temas particulares. En primer término, la contribución de Wallace (1964), quien se anticipa al candente tema contemporáneo de la violencia al llamar la atención al tercer elemento de la situación sociológica en la comisión de un acto de violencia: la audiencia, tema ignorado la más de las veces en este análisis. Muy acertadamente cataloga de crítico el papel que juega la audiencia, ya sea envolviéndose activamente (al no interceder 144

para reconciliarlos, o al estimular la agresión, o al desalentarla), o permaneciendo neutral. Una interesante contribución la constituye el estudio de Toro-Calder, Cedeño y Reckless (1968) sobre diferencias en las actitudes de una muestra de reclusos convictos de delitos graves al compararse con una muestra de obreros no-diestros, así como la comparación de los resultados de estos dos grupos con muestras de guardias penales y policías estatales. En todos los casos, usando una escala referente a actitudes hacia el sistema legal que interviene con el crimen, se dejó establecido una tendencia favorable-desfavorable— hacia el sistema, lo que nos sugiere que la escala se podría usar como un instrumento que detecte inclinación favorable-desfavorable hacia la conducta delictiva. Finalmente, dos contribuciones de Ferracuti (1958 y 1968) que versan sobre temas específicos de desviación social con consecuencias legales. En la primera de éstas (1958), usando técnicas psicológicas proyectivas se examina una muestra de 40 casos (20 casos experimentales, 20 casos de control) en la búsqueda de signos de homosexualidad en mujeres, encontrándose gran asociación entre casos con comportamiento homosexual y la presencia de por lo menos uno de los signos Wheeler en el protocolo Rorschach. El segundo estudio (1969) resulta novel y único en la investigación criminológica. Ofrece un cuadro de características sociales y sicológicas de un grupo de convictos por incesto (que de por sí constituye una contribución significativa al escaso conocimiento sobre el problema), así como una interpretación del funcionamiento psico-social de la víctima y el victimario que nos permite penetrar en el entendimiento de la etiología de esta desviación social. Finalmente, ofrece orientación en cuanto al manejo penal de los convictos por este delito. Con relación a la perspectiva de la investigación criminológica en el futuro creemos haber dejado claramente establecida la importancia de un viraje hacia la "delincuencia desconocida". Este nuevo acercamiento deberá examinar el sistema de la justicia criminal y su impacto en la problemática criminológica, así como el cuadro de los derechos civiles, posible corrupción en las esferas gubernamentales, el crimen de levita y la conspiración organizada para estafar, en su versión local y sus vínculos exteriores. En esta nueva orientación de la criminología contemporánea ciframos nuestra esperanza de una sociedad que pueda justipreciar objetivamente su problemática delictiva, y delinear un plan para aplicar medidas adecuadas para bregar con la misma dentro de lo razonable. 145

APUNTES SOBRE CRIMINOLOGIA CARIBEÑA: PUERTO RICO 1975: NATURALEZA Y EXTENSION DE LA CRIMINALIDAD, RECUENTO DE LA LITERATURA SOBRE INVESTIGACION CRIMINOLOGICA, PERSPECTIVAS* Jaime Toro Calder 1. La sociedad puertorriqueña al presente La sociedad puertorriqueña contemporánea ha alcanzado un desarrollo social y económico en las últimas dos décadas que la coloca entre los países desarrollados en el área del Caribe. La transformación de su economía de una eminentemente agrícola a una industrial, trae una aceleración en la producción industrial y en el ingreso nacional individual. Al presente, y debido al impacto de la crisis económica mundial, se observa un estancamiento en este progreso e incertidumbre en cuanto al futuro. Otros elementos de importancia en el trazado de este cuadro es el impacto de importantes transformaciones en la demografía. Puerto Rico es todavía un país con alta tasa de crecimiento poblacional (2.7% entre 1974 y 1975) y con una movilidad poblacional a áreas metropolitanas con consecuencias sociológicas y psicológicas que preparan el camino para otros fenómenos sociales menos felices. De una población estimada en más de 3,000,000 de habitantes, cerca de 1,400,000 viven en la zona metropolitana de San Juan, donde la concentración poblacional contrasta dramáticamente con el promedio para el país. Para Puerto Rico, la concentración poblacional al presente es de más de 900 habitantes por milla cuadrada (en el censo

*Ponencia presentada ante el Seminario de Criminología Comparada del Caribe, auspiciado por el Centre D'Estudes et de Recherches Criminologiques, Centre Universitaire Antilles-Guyane, Guadaloupe-Martinique, F.W.I., fro. al 4 de diciembre de 1975.

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del 1970 fue 792 habitantes por milla cuadrada), una de las más altas del mundo; y en la Ciudad Capital de San Juan Bautista, de más de 10,000 habitantes por milla cuadrada (9,856 habitantes por milla cuadrada en el censo de 1970). Consecuentemente, "observamos en las áreas metropolitanas el surgimiento de la vida urbana con su transformación en las relaciones interpersonales de unas relaciones tradicionalmente íntimas y altamente emocionales, en la sociedad rural agrícola, a unas formales, impersonales, altamente racionales, en la sociedad urbana industrial. Este cambio resulta en una mayor libertad individual, pero que a su vez genera mayor inseguridad, y es fuente de tensión y ansiedad para el puertorriqueño metropolitano" (Toro Calder, 1975) elemento que contribuye significativamente a la aparición de manifestaciones de comportamiento desviado, en especial delictivo. Asimismo, deseamos destacar el efecto psicológico de esta transición, "el estado de anom(a que prevalece en la nueva sociedad puertorriqueña: unas normas diversas, indefinidas, de flaco y confuso impacto en el aprendizaje social. Resulta esta situación en reacciones públicas de manifestaciones histéricas, alimentadas por la versión distorsionada que ofrecen los medios noticiosos —prensa, radio y televisión— quienes en su empeño por atraer audiencia, dan amplios despliegues a los delincuentes y los delitos, pero muy poco a lo que la sociedad (la policía y los tribunales) están logrando por controlarlos. Se crea una imagen en el sentido de que cualquiera puede hacer lo que le venga en gana y salirse con la suya. Esto, que es cierto en alguna medida, crea gran ansiedad en la población. Ciertamente, ésta resulta ser una imagen sumamente perjudicial para la sociedad y sus esfuerzos por combatir el crimen cuando asociamos los elementos mencionados anteriormente en el proceso que describe la realidad de la sociedad puertorriqueña" (Toro Calder, 1975). Expuestos los cambios sociales y económicos que caracterizan la sociedad puertorriqueña al presente, deseamos destacar que entre nuestras expectativas tenemos que contar con el aumento en la criminalidad. Este dato ya ha sido ampliamente discutido por Clinard y Abbot (1973:V), los que nos advierten: Today de process of developing is bringing pronounced changes, and among the more serious is the general increase in crime. In fact, one measure of the effective development of a country probably is its rising crime rate. Esta afirmación, producto de observaciones en sociedades en 148

desarrollo, tiene su correspondiente manifestación en la situación en Puerto Rico descrita anteriormente. De la naturaleza y la extensión recientes nos de la criminalidad en Puerto Rico en los ocuparemos en la sección que sigue. 2. Naturaleza y extensión de la Criminalidad en Puerto Rico

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De entre las fuentes de información estadística sobre criminalidad en Puerto Rico, los datos relativos a delitos informados a la policía resultan ser aquéllos que reflejan el cuadro más cerca de la realidad. Huelga advertir de las limitaciones de las estadísticas criminales, pues representan solamente una variante porción de la realidad delictiva. No obstante, una secuencia de información sobre un período relativamente extenso de nos mostrará las tendencias, que es el fenómeno que deseamos comentar. A los efectos de presentación, las estadísticas policiales se categorizan éñ dos tipos, Tipo I y Tipo II. Tipo I son aquellos delitos más serios y/o más frecuentes, que son los que generalmente sirven para establecer índices de criminalidad. Los tipo II son todos los demás. A su vez, y a los fines de presentación, los Delitos Tipo I se subdividen en Delitos contra la Persona y Delitos contra la Propiedad. Hemos recopilado datos para los años 1958-59 hasta 1973-74, en secuencia de cada cuatro años. Presentamos dichos datos mostrando fluctuaciones en números absolutos (Tabla I) y fluctuaciones relativas a la criminalidad de un año o período particular en relación a la criminalidad del o período anterior considerado, esto es, la proporción que representa un renglón específico del total de los delitos informados a la Policía, comparado con igual renglón en el año o período anterior en una igual mesura. Estos aparecen ilustrados en el Cuadro Estadístico 2. Cuando observamos el Cuadro Estadístico número 1 de inmediato impresiona el aumento en delitos informados. En 1958-59 se informaron 23,727 delitos. En contraste, en 1973-74 se registró un total de 77,087, representando un aumento de 224.89 porciento para el período considerado, esto es, quince (15) años. Veamos ahora las tendencias de los Delitos contra la Persona en comparación con Delitos contra la Propiedad. Como podemos observar, para ambos grupos de delitos se registran impresionantes aumentos. No obstante, resulta interesante apuntar que los Delitos contra la Propiedad aumentan en una mayor aceleración y proporción que los Delitos contra la Persona, como podemos ver en la comparación que ilustramos seguidamente:

Años

Delitos contra Persona

Delitos contra Propiedad

1961-62

+352.6

+417.19

+ 32.47

+ 42.01

— 1.5

+ 23.07

+ 11.07

3.72

Una consideración de los delitos en particular nos muestra una tendencia de aumento en general. No obstante, resulta interesante que las agresiones graves, que a nuestro entender es el renglón de mayor importancia entre los Delitos contra la Persona, muestra, una tendencia descendente. Igual tendencia prevalece en cuanto a hurtos, que entre los Delitos contra la Propiedad resulta ser de igual importante proporción, pero en tendencia descendente. En contraste, Asesinato-Homicidio Voluntario registra aumentos alarmantes en el último período, y Hurto de Auto aun mayor. Una segunda consideración es la tendencia que se muestra cuando las fluctuaciones se comparan en su dimensión relativa. En el Cuadro Estadístico número 2 se muestran dichas tendencias. En términos generales, para el período considerado, los Delitos contra la Persona muestran una tendencia proporcional a aumentar hasta el 1966, y luego a disminuir en la década del '70. Las proporciones para los Delitos contra la Propiedad se muestran fluctuantes, no obstante, observarse una pequeña tendencia a aumentar en la década del '70. 150

Cuadro Estadístico Núm. 1 Delitos Tipo I Informados a la Policía de Puerto Rico Años 1958-59; 1961-62; 1965-66; 1970-71; 1973-74. (Fluctuación en números absolutos)

1958-59

1961-62

Delitos Fluctuación en Fluctuanúmero ción en Número Absoluto porciento Número

Fluctuación en Fluctuanúmero ción en Absoluta porciento

Total

(2496)

Asesinato Horn. Vol.

118

Contra la Persona ----

----

(11298)

(8802)

(352.6)

----

181

+ 63

+53.39

271

Violación Robo

436

653

+217

+49.77

Agresiones Graves

1942

10,193

+8251

+424.87

Contra la Propiedad

(21231)

(31250)

(10019)

(47.19)

Escalamiento

8402

12,951

+4549

+54.14

Hurto

11,340

15,732

+4392

+38.73

Hurto de Auto

1,489

2,567

+1078

+72.40

42,548

------

Totales

23,727

-----

151

1965-66

1970 - 71

1973 - 74

Número

Fluctuación en Fluctuanúmero ción en Absoluto porciento Número

l'luctuación en 1'luctuanúmero ción en Absoluto porciento Número

(14967)

(3669)

(32.47)

(14756)

(-211)

(-1.5)

(15305:

(549)

(3.72)

182

+ I

+0.55

235

+ 53

+22.55

439

+204

+86.80

430

+159

+36.98

528

+ 98

+18.56

645

+117

+22.16

1615

+962

+59.57

2450

+835

+34.08

4128

+1678

+68.48

12,740

+2547

+19.99

1 1,543

-1 197

-10.37

10,093

-1450

-12.56

(23.07) (61,782)

(7,164)

(11.09)

Fluctuación en Fluctuanúmero ción en Absoluto porciento

(44379) (13,129) (42.01)

(54618) (10239)

18,689

+5738

+30.70

26,008

+7319

+28.14

26,671

+663

+ 2.55

19,974

+4242

+21.24

22,182

+2208

+ 9.95

22,106

- 76

-0.34

5,716

+ 149

+ 2.61

6,428

+ 712

+11.08

13,005

+6577

+102.31

69,374

-------

77,087

59,346

152

Cuadro Estadístico Núm. 2

Delitos Tipo I Informados a la Policía de Puerto Rico, - Años 1958-59; 1961-62; 1965-66; 1970-71; 1973-74. (Fluctuaciones Relativas en porcientos)

1958-59

(Contra la persona)

cc,i w

Número

Delitos

(2496) (10.52)

1961 -62

1970-71

Número

(11298) (26.56)

(14967)

(25.22)

(14756)

Número

1965-66

1973-74 Número

(21.27) (15305)

(19.85)

Asesinato - Horn. Vol

118

0.50

181

0.43

182

0.31

235

0.34

439

0.57

Violación

271

0.64

430

0.72

528

0.76

645

0.84

Robo

436

1.84

653

1.53

1615

2.72

2450

3.53

4128

5.36

Agresiones Graves

1942

8.18

10,193

23.96

12,740

21.47

11.543

16.64

10,093

13.09

(31250) (73.44)

(44379)

(74.78)

(54618) (78.73)

(Contra la propiedad) (21231) (89.48) Escalamiento

(61782) (80.15)

8402

35.41

12,951

30.44

18,689

31.49

26,008

37.49

26,671

34.60

Hurto

11,340

47.79

15,732

36.97

19,974

33.66

22,182

31.97

22,106

28.67

Hurto de Auto

1,489

6.28

2,567

6.03

5,716

9.63

6,428

9.27

13,005

16.87

Total:

23,727

100

42,548

100

59,346

l00

69,374

100

77,087

100

En las tendencias en renglones en particular resulta importante destacar que, aunque en general las tendencias se sostienen, se introduce una visión particularizada que nos permite justificar el peso de cada delito en el cuadro de la criminalidad. Nótese, por ejemplo, que mientras Asesinato-Homicidio Voluntario en números absolutos tiene un aumento de 86.8 porciento en el último cuatrenio comparado, ésto representa sólo 0.57 porciento del cuadro de la criminalidad para el mismo período, y que la proporción para Agresiones Graves, un importante renglón con tendencia a reducción, representa un 13.09% (veintiséis veces mayor que el renglón anterior). Esto nos sugiere que la violencia criminal, tan abusada por los medios noticiosos, requiere una reconsideración en su interpretación. Finalmente, veamos algunos apuntes sobre la participación de delincuentes menores en el cuadro de la criminalidad. Para esos efectos nos tenemos que referir a criterios comparables, esto es, a invervencioites con menores y arrestos de adultos por presuntamente ambos haber cometido actos considerados como Delitos o Faltas Tipo I. Consideramos primeramente la naturaleza de los actos delictivos para ambos grupos, y a los fines de ilustración, el cuadro más reciente con que contamos, el Año Fiscal 1972-73. Para ese año se arrestaron 5,395 adultos imputándoseles Delitos Tipo I. El desglose de los arrestos nos muestra que 3,115 (57.73%) los motivaron delitos Contra la Persona, y los restantes 2,280 (42.27%) arrestos por delitos Contra la Propiedad. En contraste, se intervinieron un total de 4,625 menores por presuntamente haber cometido faltas de Tipo I. De estas intervenciones, 3,475 (74.06%) lo motivaron Faltas Contra la Propiedad, y 1,200 (25.94%) Faltas contra la Persona. En base a estos datos que hemos usado para fines de ilustración, podemos concluir que los que cometen actos violentos en mayor proporción son los adultos, y los que cometen actos contra la propiedad en mayor proporción son los menores. Este dato confirma hallazgos' en muchos otros países alrededor del mundo.l Al presente, y en el futuro inmediato, el cuadro que hemos 1.

Véase por ejemplo, Reckless, W. C., The Crime Problem, Appleton-Century Crofts, 1973, 624; the President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Task Force Report: Crime and Its Impact On Assessment, 1967:64; Clinard, M. B. & Daniel J. Abbot, Crime in Developing Countries: A comparative Perspective, John Wiley & Sons, New York, 1973:166-67; Kupperstein, L. R. y Toro-Calder, Jaime, Delincuencia Juvenil en Puerto Rico, Edición Revisada por el Prof. Jaime Toro-Calder, 1975, Editorial Universitaria, 1975:165.

154

155

os)

presentado anteriormente parece prevalecer. No obstante, las fuertes inversiones monetarias encaminadas a reducir el crimen, no se han observado reducciones significativas en Puerto Rico. Sobre este particular ya en los Estados Unidos de Norte América, nos indican fuentes autorizadas que se han invertido en lo que ha transcurrido de la presente década un total de $901,000,000.00 en el esfuerzo por combatir el crimen. Desafortunadamente, no hay evidencia de reducción significativa en la criminalidad, aun cuando se observa un mejoramiento general en la administración de la justicia criminal. Sin lugar a dudas todo parece indicar que carecemos del entendimiento necesario para bregar con el problema, o lo que es peor, que los que tienen el poder para hacer las decisiones parecen carecer del conocimiento; y los que tienen algún entendimiento y conocimiento carecen de poder para poner en función alternativas que puedan ofrecer algunas esperanzas para la reducción de la criminalidad. No obstante el reto que ha representado en el pasado, y que mantiene al presente la criminalidad en nuestra sociedad, la investigación criminológica no ha sido abundante, más bien, incipiente en los años recientes. Ahora bien, veamos como consideración final, una mirada al papel que juega la delincuencia de menores de edad (menores de 18 en el cuadro de la criminalidad en Puerto Rico, usando los mismos datos y períodos expuestos anteriormente. Para ese año, 1972-73, se estimaba la población de Puerto Rico en 2,856,000 habitantes., De éstos, 1,749,272 eran adultos (de 18 de edad o mayores). El número de arrestos por delitos Tipo I, según ya advertimos, fue de 5,395, equivalente a .0031% de la población adulta. En contraste, para el mismo período se estimó la población de menores (entre 7 y 17 años de edad) en Puerto Rico en 741,703 menores, y se intervinieron 4,625 por presuntamente haber cometido faltas que, de haber sido un adulto, se le hubiese imputado un delito Tipo I. Esto equivale al .0062% de la población juvenil. Se deja claramente establecido que en proporción a la población correspondiente, los menores son detenidos dos veces más que los adultos, siguiendo una participación de los menores mucho mayor en el cuadro de la criminalidad informada a la policía que la que generalmente se destaca. Si tomamos la consideración que para ese año los delitos Contra la Propiedad informados a la Policía representaron el 81% de la totalidad de la criminalidad informada, y que este acto delictivo es el más frecuente de los menores, —en tres de cada cuatro faltas— bien podemos especular que una alta proporción, tal vez hasta la mitad de los actos delictivos informados a

la Policía, presuntamente cometidos por adultos, pero que no se sabe quien los cometió, en realidad fueron actos delictivos perpetrados por menores. i!

3. Reseña de la literatura sobre investigación criminológica en Puerto Rico A los fines de ser abarcador al tratar el tema, usamos el concepto "investigación" en un sentido amplio. Por lo tanto incluimos en esta reseña todo esfuerzo por recopilar datos sobre el fenómeno, o analizarlos, o exponerlos, o exponer opiniones sobre algún tema vinculado al mismo. De habernos apegado a un concepto purista hubiéramos incluido solamente noticias de aquellos informes que por su calidad metodológica se señalarían como estrictamente científicos, lo que hubiese reducido significativamente el número de trabajos citados. La reseña de la literatura sobre el tema de criminalidad en una sociedad resulta ser una importante aportación al entendimiento del estado del control social y las manifestaciones de desequilibrio que se observa en ésta. La reseña de la literatura que presentamos seguidamente, en vez de presentarse en orden cronológico se organiza por temas de interés criminológico, a saber, incidencia de la criminalidad, causas de la criminalidad, y finalmente prevención del crimen. a. Sobre incidencia criminal

156

En el siglo pasado, Jimeno Agius (1885:117-129), compara las estadísticas sobre el crimen que aparecen en Audiencia de Puerto Rico para comparar el período de 1885-1862 con 1877-1882, señalando que el crimen se ha triplicado para ese período. No obstante, su señalamiento no ofrece una explicación para el aumento. En 1901, De Diego señala estadísticas sobre criminalidad para el distrito de Mayagüez, y Fleagle (1917), ofrece una explicación sociológica para la creciente incidencia en el crimen. En marzo y mayo de 1944, Casanova publica dos estudios estadísticos sobre el crimen en Puerto Rico, siendo el segundo una justificación del método usado en el primer estudio. Más de veinte más tarde el mismo autor publica Estudio del Crimen en especial referencia a Puerto Rico, donde revisa y amplía los temas presentados originalmente. A mediados de la década del sesenta Toro-Calder, en ponencia ante la Comisión de Derechos Civiles, llama la atención al creciente

cuadro de la criminalidad; y en 1970 López-Rey, Toro-Calder y Cedeño analizan las estadísticas de cinco años (1966 al 1970) para identificar la problemática de la administración de la Justicia en Puerto Rico. Esta extensa obra bien puede considerarse un inicio para una sociología penal puertorriqueña. Culmina este análisis una síntesis de la problemática criminológica puertorriqueña, exponiendo alternativas para bregar con éstas. Recientemente, en una ponencia ante el XXIII Curso de Criminología Comparada en Venezuela, Toro Calder, (1975) discute las estadísticas relativas a delitos violentos en Puerto Rico, destacando el impresionante incremento en números absolutos que se ha registrado en los Asesinatos-Homicidios Voluntarios, así como Violaciones por la Fuerza, siendo éste la última contribución al tema de que tenemos conocimiento. b. Sobre las causas del crimen en Puerto Rico En 1917 Fleagle atribuye la criminalidad en áreas urbanas a fluctuaciones en la población, en especial entre las clases de obreros sin educación. Relaciona la relativa alta incidencia del crimen en los pueblos con la industria establecida en éstos, pues la situación hace que los sujetos se sientan fuera de su ambiente. Consecuentemente, no se tiene una alta estimación a la comunidad, pues se consideran de paso por ésta. Asimismo indica que los crímenes contra la persona se cometen principalmente bajo los efectos de bebidas alcohólicas y que la mayoría de las infracciones son de carácter menos grave (mala prohibita), como ordenanzas municipales. Rossy (1923) enfoca las causas del crimen desde el punto de vista sicológico, retando el concepto clásico de que el hombre es un ser libre responsable de sus actos (libre albedrío). Su posición se recoge en la siguiente cita: Existen en el individuo tendencias físicas y mentales favorables a la comisión del crimen aún antes de su nacimiento y constituye su herencia biológica .10 Casanova (1944) enumera los siguientes factores como vinculódos a las causas del crimen: tamaño y concentración poblacional, ingreso económico promedio de los habitantes, ocupación del grupo bajo estudio, facilidades educativas, recreativas y religiosas existentes, número de policías por cada 1,000 habitantes, normas adoptadas por el gobierno para la selección del personal para la administración de la justicia y la Policía, la opinión pública respecto a la ley penal y grado 157

de eficiencia de las autoridades encargadas para hacer cumplir la ley. En 1947 la Convención de Trabajadores Sociales de Puerto Rico fue dedicada a la discusión del tema de la delincuencia. Los trabajos presentados en esta reunión se publicaron como Memorias de la Cuarta Convención de Trabajo Social de Puerto Rico en marzo 1947. Campos del Toro (1947), que presidió la Convención, enfatiza la relación existente entre la criminalidad y la orientación hacia el materialismo en nuestra sociedad, así como la declinación en valores éticos que podemos observar. Advierte que el criminal no es básicamente malo, sino que se va al crimen por falta de educación, una situación económica precaria, problemas en la familia, de salud y religiosos, el ambiente social y por su herencia biológica. Lugo de Sandrá (1947) apunta la importancia del hogar y la religión corno factores en el control de la delincuencia, señalando como una causa de la delincuencia en Puerto Rico, el hecho de que muchos hogares son azotados por los efectos de crisis de la civilización. Alvarado (1947) intenta establecer una correlación entre deficiencia académica enlos delincuentes y su comportamiento. Obtiene información para el 77% de la población penal (1944-45), examinando su condición social, nivel económico, escolaridad y convicciones previas. Sus hallazgos revelan que el 19% de los reclusos eran analfabetos y que los delincuentes con menor escolaridad cometían los delitos más graves, así como registraban la reincidencia más alta. En contraste, Maymí (1947) expone la creencia de que la criminalidad se origina en factores psicológicos -biológico-sociales. Concibe la delincuencia como resultado del impacto de la sociedad en el individuo. Considera a los delincuentes como perturbados emocionalmente, por lo que son incapaces de ver las injusticias sociales y económicas en su proporción justa, llevándolo a exagerarlas. La persona normal no reacciona emocionalmente ante las injusticias ni desarrolla comportamiento delictivo sino que lucha por cambiar las situaciones, en la medida en que se pueda. También describe las diferencias entre el delincuente deficiente mental, el psicótico, el neurótico, y el psicópata, enfatizando la peligrosidad de este último por su extremo egoísmo y ausencia de sentido moral. Rodríguez Pastor y Gómez (1947) llaman la atención al hecho de que el retardado mental tiene mayor dificultad al reaccionar ante las presiones de las normas sociales, por lo que están en mayor peligro de desarrollar comportamiento delictivo que las personas de inteligencia normal. Marcano (1947) enumera la pobre educación, enfermedades, falta de facilidades recreativas y deportivas, alcoholismo y desempleo como factores causantes de la criminalidad. Asimismo, atribuye a la mentalidad puertorriqueña una 158

inclinación a desafiar la autoridad, un rasgo que vincula históricamente al espíritu de los conquistadores españoles. De Jesús Medina (1947) también menciona el desempleo, la pobre educación, la falta de facilidades culturales y recreativas como avenidas que conducen al crimen. Urdaneta del Valle (1949) estudia el desarrollo de la personalidad de doce puertorriqueños convictos por delitos federales. Postula la hipótesis de que el delincuente es un individuo cuya personalidad ha sido deformada bajo influencias ambientales desfavorable, que no tiene la capacidad de controlar sus "impulsos animales" y por lo tanto no pudo desarrollar comportamiento socialmente aceptable. Y finalmente, que en el caso de los enfermos mentales (neuróticos o psicóticos) la sociedad no les brindó una atención adecuada. Sus hallazgos muestran que los delincuentes vienen de hogares rotos, desde su niñez sufren de ansiedades, sus padres son casi analfabetos, se expusieron a un medio social de vicios desde temprana edad, estuvieron enfermos frecuentemente, no tuvieron un desarrollo sexual normal, tuvieron dificultades en sus relaciones interpersonales, con frecuencia estuvieron desempleados, y se les hizo difícil ajustarse a la rutina del trabajo. En cuanto a su capacidad intelectual, sólo tres de los doce casos resultaron normales. Concluye que el comportamiento delictivo en este grupo era sintomático de sus necesidades que habían sido frustradas por su cultura. En 1950 Toro-Calder, usando como marco de referencia la teoría sociológica de asociación diferencial de Sutherland, estudia por primera vez en la criminología la relación entre crímenes contra la persona y factores culturales. Este estudio muestra la importancia de los valores de la subcultura para la mayoría de delitos contra la persona en los grupos aislados social y culturalmente, al predisponerlos a tal comportamiento. Asimismo, señala el papel del consumo de bebidas alcohólicas, juegos ilegales, peleas sobre faldas, o el sentimiento de haber sido deshonrado, con la comisión de crímenes contra la persona, pues es comportamiento esperado en esta subcultura, so pena de ser señalado como cobarde. En 1952 Fernández Méndez, hablando ante la Séptima Convención de Trabajo Social de Puerto Rico culpa por aumento de la criminalidad al rápido crecimiento poblacional, el rápido cambio social, y a las migraciones internas de áreas rurales a metropolitanas y a los arrabales que surgen. Atribuye la pérdida de control social al anonimato del individuo en la nueva situación social. Méndez Muñoz (1958:184-214) en "Apuntes sobre la criminalidad en Puerto Rico" 159

también expresa su preocupación por el rápido cambio social que conlleva desajuste moral y la desintegración de la vida familiar. Asimismo, apunta hacia el alcoholismo y el desempleo como caminos potenciales hacia la criminalidad. A su vez, González, López y Rico (González, 1960) al analizar los factores psicosociales presentes en 46 puertorriqueños sentenciados por el uso ilegal de narcóticos, muestran la correlación exist, nte entre el uso ilegal de drogas y la falta de religiosidad de estos individuos. En 1961 Wallace describe la situación social en que se comete el crimen en San Juan, la que enmarca en la relación: "El agresor, la víctima y la audiencia constituye la situación social". En esta investigación se justifica el estudio de la situación social en su totalidad en vez de sólo el agresor. Entre los hallazgos, encuentra que 9 de cada 10 actos de violencia ocurren frente a una audiencia, y que en sólo tres quintas partes de los casos estudiados las víctimas provocaron para llevar a la comisión del crimen. De otra parte, Rosario (s.f.) también atribuye el crimen a migración de áreas rurales a las urbanas y cambios en los grupos primarios, esto es, la familia, y afirma que el 75% de los delincuentes han sufrido problemas en su niñez. En la última década Toro-Calder contribuye con dos escritos que arrojan luz a la problemática de las causas del crimen. En el primero de éstos, en 1966, sugiere la importancia del aprendizaje social al nivel de la familia. Cuando nos dice: "La familia ha sido universalmente el instrumento de la sociedad para socializar al individuo" . . . "el individuo adquiere, en un proceso de aprendizaje, un entendimiento de lo que es ese mundo; los medios para bregar con éste, y sus actitudes hacia la vida que condicionan el comportamiento". En el segundo de estos escritos (1975) apunta hacia un análisis sociológico examinando los cambios demográficos y su relación con el surgimiento de la vida urbana y su impacto psico-social. Señala el fracaso de la sociedad para bregar con estas nuevas situaciones y sus influencias negativas como el factor criminogénico hacia el cual debemos dirigir nuestro interés en la investigación criminológica, toda vez que los esfuerzos orientados hacia el positivismo criminológico hasta el presente han probado ser estériles. Igual sugerencia podemos encontrar en otro de sus escritos (1973) que, aunque no versa sobre el origen del crimen, expone incidentalmente esa posición. En 1967, un informe publicado por el Departamento de Justicia enumera, sin comentar, circunstancias que influyen en los criminales. Las circunstancias mencionadas son: clima, situación económica, 160

medios noticiosos (prensa, radio, televisión), grado de religiosidad en la comunidad, índice cultural, movilidad poblacional, cantidad de extranjeros en el país, crecimiento de áreas urbanas y metropolitanas, densidad poblacional, y crecimiento anual poblacional. Entre el 1972 y 1974, la Sección de Neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico recopiló datos de naturaleza multidisciplinaria (médico-clínico-neurológico, psicológico y social) en relación a un proyecto de la Comisión para Combatir el Crimen en Puerto Rico. En base a los datos recopilados se prepara un informe bajo la dirección de Toro-Calder que versa sobre el perfil de las características sociales, psicológica y médico-neurológicas de la población penal de Puerto Rico. Los hallazgos de este estudio dejan establecidó una vez más la importancia del aprendizaje social y su vinculación al comportamiento criminal en general, y al violento en particular. La capacidad intelectual y el estado emocional no resultan ser significativamente diferentes a la población correspondiente, así como los factores médico-neurológicos. No obstante, el historial social, —la familia, el vecindario, y las relaciones interpersonales del recluso— arrojan entendimiento para sus actitudes antisociales y su comportamiento delictivo. Asimismo, esta investigación, de gran rigor científico, permitió adquirir conciencia de las limitaciones de los instrumentos con que contamos en la investigación científica para la recopilación de datos, y avanza un paso gigante en la identificación de áreas para la investigación del comportamiento humano en general, y del criminológico en particular. Al presente, agencias gubernamentales proyectan estudios masivos en relación a los crímenes de violencia, aun cuando no tenemos noticia de los progresos habidos. Como tema final veremos la literatura sobre prevención. c. Sobre prevención del crimen El concepto prevención puede tener diferente significado para diferentes personas, de acuerdo a sus particulares intereses y orientaciones. Dada esta circunstancia, procede expresar la noción que queremos dejar establecida a los fines de esta exposición. Entendemos por prevención aquella acción que va encaminada a afectar positivamente los elementos que entran en juego en la socialización del individuo en forma tal que propicie la satisfacción de las necesidades biológicas, psicológicas y sociales individuales sin tropezar con el proceso de internalización de normas sociales que le 161

permiten al individuo integrarse satisfactoriamente a su sociedad; esto es, su socialización. Sobre este tema encontramos en la literatura criminológica que Rossy (1923) recomienda una mejor educación, como la mejor medida preventiva, pues una buena educación puede modificar los "instintos peligrosos' de un temperamento anormal. Asimismo señala el buen ejemplo de la familia como un elemento primordial en la prevención. Igual orientación expresa Lugo de Sendra (1947) al analizar el buen ejemplo en los padres y el hogar, que debe ser un buen sitio para estudiar, trabajar, adquirir una sólida filosofía de vida, así como ofrecer oportunidades para practicar tales principios. Propone la enseñanza de religión basada en el amor, no en el miedo, toda vez que una persona con estos principios no cometerá crimen contra su vecino, en quien ve a Dios, que también es parte de él. De Jesús Medina (1947) señala que las medidas preventivas del crimen deben incluir la construcción de facilidades comunales tales como más escuelas, bibliotecas, y centros con fines culturales y recreativos. Ampliando esta noción, Urdaneta del Valle (1950) recomienda como medida preventiva que las agencias públicas de servicio social desarrollen programas de higiene mental de fácil acceso y entendimiento para el público, y la eliminación de la duplicidad en los servicios mediante la creación de un Concilio de Agencias Sociales. Destaca como primer objetivo que el Gobierno logre que cada individuo en sociedad encuentre el medio para satisfacer las necesidades básicas de su vida. Meléndez Muñoz (1958) aboga por la creación de nuevos frenos sociales toda vez que los viejos resultan obsoletos. Asimismo demanda la educación universal, una mejor fuerza policial y una mejor administración de la justicia. En ponencia ante la Comisión de Derechos Civiles Toro-Calder (1966) señala la prevención como el principal objetivo del sistema de control social. Expresa tres ideas centrales que resumen su ponencia, a saber: 1.

Que la prevención, para que sea efectiva, tiene que ser integral: con el apoyo del Estado, la comunidad, y la familia. Cuando esta situación se consiga, se estará reconociendo el derecho que tiene el ser humano a que se le ofrezcan una oportunidad justa para cultivarse a la medida de sus limitaciones individuales. Que, cuando por circunstancias ajenas al individuo, éste se desarrolle en un proceso de deformación social y a la postre se envuelva en problemas con el orden público, el 162

Estado viene obligado a ofrecer protección a la sociedad, proteccion al individuo y una oportunidad justa y a tono con la realidad social necesaria para reeducarse. Que la comunidad, como fuerza social que guía el comportamiento en el grupo, necesita entendimiento y actitudes que se ajusten a la verdad científica para apoyar la acción del Estado, dando así una oportunidad razonable al individuo que ha delinquido para que pueda ajustarse al retorno a la comunidad, y a disfrutar de una convivencia social saludable. el

mismo autor En su más reciente escrito (Toro Calder, 1975) adelanta su pensamiento sobre el tema al expresar sus dudas sobre la capacidad de la sociedad para implementar programas de prevención: "En la sociedad moderna . . . una verdadera prevención positiva resulta altamente difícil",,. . . "es esta una meta casi inalcanzable"; y como solución práctica propone que "sin abandonar esfuerzos por orientar e intentar afectar la familia positivamente, el gran énfasis debemos ponerlo en el control del problema". Se implica el contar con "el acercamiento y la orientación acertada", y tener a la disposición "los servicios adecuados en cantidad y calidad a la disposición de los casos que vienen a la atención del sistema de la administración de la justicia", y concluye que es la sociedad la responsable al no ofrecer las condiciones adecuadas a la re-educación del delincuente, advirtiendo que: "Mientras prevalezca esta situación. . . es muy poco lo que podemos esperar del esfuerzo social por controlar el comportamiento delictivo, y en igual proporción por prevenir la criminalidad". Culminaremos la exposición del tema intentando identificar y señalar las necesidades de la investigación criminológica en Puerto Rico. 4. Necesidades y Perspectivas de la Investigación Criminológica en Puerto Rico En años recientes, y como resultado del creciente interés por tomar medidas —ya preventivas, ya remediativas— contra la criminalidad, la investigación criminológica debió experimentar un importante avance. En la realidad, no ha resultado así. El esfuerzo por combatir el crimen ha excluido sistemáticamente la investigación científica en la planeación para bregar con el fenómeno, enfatizando programas de acción encaminados a afectar los componentes principales de la 163

administracion de la justicia, esto es, la policía, los tribunales, los programas de corrección, y la prevención al nivel de la comunidad. Como podemos esperar, con demasiada frecuencia se ha dependido de supuestos que empíricamente son inexistentes, o muy alejados de la realidad; o del consejo de "expertos" que carecen del conocimiento, la experiencia y la formación profesional ladecuada. Este acercamiento, como podemos esperar, no ha logrado los resultados programados. Consecuentemente, ha resultado en pérdidas de las inversiones económicas y el esfuerzo humano, sembrando cada día más un sentimiento de que es muy poco lo que podemos hacer para mejorar la situación, cuando en la realidad no se obtuvo el resultado deseado porque no se identificó la situación a cambiarse, y mucho menos se consiguió impactarla. Asimismo, se carece de los datos mínimos, o con los que se cuenta no reflejan la realidad, lo que lleva a decisiones sin validez, tomadas en un vacío de conocimientos, o lo que es peor, motivadas por razones espurias, ya de intereses particulares; de tipo político, u otras. Creemos que el integral al esfuerzo por combatir la criminalidad un programa de investigaciones básicas sobre el fenómeno resulta ser una necesidad imperiosa si se pretende conseguir algún impacto. Por el contrario, ignorar, o desconfiar, como se ha evidenciado, en la investigación científica para que provea los datos básicos sobre los cuales identificar las situaciones a cambiarse, ha resultado en trágica experiencia. De ahí la importancia de enumerar las áreas críticas que ameritan investigación criminológica, lo que proveería los datos básicos para identificar áreas críticas de cambio. Pasemos a exponer estas necesidades: Area I — Recopilación de datos relativos a la naturaleza y extensión de la criminalidad en Puerto Rico. La acción investigativa en esta área crítica iría encaminada a recopilar datos objetivos que nos permitan describir con propiedad las características de los cimientos del fenómeno, y la extensión del mismo. La investigación a desarrollarse sería de carácter exploratoria descriptiva, encaminada a describir el fenómeno, lo que nos permitiría identificar las situaciones críticas suceptibles de cambio, por ejemplo, necesitamos establecer índices apropiados para entender la dimensión del problema; y ampliar y mejorar las estadísticas que se recopilan, como por ejemplo, sumar datos personales descriptivos de la población de arrestados. Area II - Investigación relativa a problemas sociales con posible vinculación a la criminalidad. Este esfuerzo investigativo se encaminaría a dejar establecida la 164

asociación o relación causal —de poderse establecer—, entre algunas situaciones sociales identificadas como problemas sociales, las que recurren como aparentemente asociadas a la criminalidad, pero cuya vinculación no se ha comprobado científicamente. Especialmente, intentar contestarse las siguientes interrogantes: a.

¿Qué relación existe entre el problema del alcoholismo y la criminalidad? ¿Qué tipo de criminalidad? De comprobarse una asociación o relación casual, ¿qué acción remediativa es aconsejable? ¿Qué relación existe entre el problema de las drogas y la criminalidad, con especial interés en la violencia? ¿Qué acción inmediata es aconsejable? ¿Qué relación existe entre la situación económica y social del delincuente y la criminalidad?

Son estos señalamientos mínimos que tienen el propósito de meramente ilustrar el potencial de acción investigativa en esta área. Area III — Examen evaluativo de la administración de la justicia. Este esfuerzo resulta ser de primordial importancia toda vez que existe justificada especulación sobre el efecto criminogénico de la ineficiencia de la administración de la justicia. Con demasiada frecuencia se admite públicamente por las agencias participantes en la administración de la justicia serias deficiencias y limitaciones en su funcionamiento. Está claramente implícito lo inadecuado de los servicios, la inutilidad de los programas y el fracaso de nuestra sociedad para bregar con las consecuencias. Las áreas a examinarse en cada elemento del sistema de administración de la justicia en sus perfiles generales nos lleva a proponer estudios relativos a: a.

¿En qué medida la definición de la función asignada a cada elemento (policía, justicia, corrección) en la administración de la justicia se ajusta a las necesidades imperantes al presente? ¿Cuán aptos son los recursos con que cuentan estos elementos para cumplir su misión? (Niveles de personal, recursos técnicos y materiales). ¿En qué medida el fracaso de la administración de la justicia en Puerto Rico está vinculado a la criminalidad imperante? Por ejemplo, la supuesta brutalidad policial; el 165

atraso y acumulación de casos en los tribunales; o la reincidencia de un 50% entre reclusos. ¿Qué consecuencias podemos señalar en la clientela de estos programas el que las necesidades sociales no se satisfagan? ¿En qué medida funcionan como un agente criminogénico? ¿Cuáles son las normas que rigen los programas?, ¿cuáles son sus metas?, ¿cuál es la relación con unos criterios válidos para justipreciar el impacto de éstos en la criminalidad en Puerto Rico ? mas

Son éstos algunos señalamientos que ilustran una vez la justificación y necesidad de un programa de investigación criminológica como un paso de avance para la planeación de estrategias para bregar con la criminalidad.

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PATTERNS OF VIOLENCE IN SAN JUAN* Samuel E. Wallace Brandeis University Violent behavior reflects the social and cultural environment of the society. Who commits the assault, who gets taken to hospital or morgue, who witnessed the event, and the reaction of the community reflect in part how a society is socially structured and what that society considers important. Like other types of behavior, violence does not take place in a vacuum but owes its birth as well as its expression to a number of social and cultural influences. Victim and Aggressor Who is the aggressor? Is he young? . . . male? . . . unemployed? . . . uneducated? Where, when, and with what weapon did he commit the assault? What led him to perpetrate violence on another? These questions are crucial, but the study of violence can not be understood through the exclusive study of aggressor alone. What role did the victim play? Did he encourage his aggressor —taunt and provoke him into a fit of anger leading to aggression? Perhaps he actually started the fight, insulting another, initiating the physical conflict and then later losing the battle. Violence between

*Adknowledgements are due to Professors Millard Hansen and Rafael de Jesús Toro, successive directors of the Social Science Research Center or the University of Puerto Rico, under whose auspices this study was carried out. I would also like to express my appreciation to Allen Barton, Director of the Bureau of Applied Social Research, Columbia University, for providing a home for the project during the period of data analysis. *Reprinted by special permission of the Editors from Interdisciplinary Problems in Criminology: Papers of the American Society of Criminology: 1964.

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two persons is a type of interaction, subject to the same laws of reciprocal influence in the sequence of events which lead to a violent act. It is therefore necessary to study both victim and aggressor, if the role of each is to be fully appreciated. Victim and aggressor are the two principal elements in an act of violence, and yet there is a third crucial party, namely, the audience. Who, if anyone, witnessed the violence? What role did they play —supporting and encouraging the aggressor, the victim, or neither? Did they attempt to reconcile the initial conflict and prevent the violence, or perhaps refuse to become involved? Clearly, the role played by the audience is critical, whether it is neutral or actively involved. Aggressor, victim, and audience make up the social situation, the basic unit of a study of interpersonal violence carried out with the Social Science Research Center of the University of Puerto Rico. Data were collected on 988 situations involving 1,049 victims and 1,189 aggressors. The matrix of interpersonal relations which existed between aggressor and victim, between aggressor and those present, and between victim and those present was a primary emphasis. Aggravated Assault as Incipient Murder The study made another departure from ordinary practice by treating assault with a deadly weapon as an incipient murder. There are many more cases of assault than there are of murder and it is fruitful to ask why the life of the victim was spared in these, but not other cases. The fact that the victim's life was spared might have little if anything to do with the motivations and intentions of the aggressor. Studying aggravated assault also allowed the investigator to inverview assault victims and to seek to determine first-hand the victim's participation in the criminal act. The Sample The specific acts of violence included in the San Juan study are all incidents reported to the police, this agency providing the best. means of access to the universe of violent behavior. Seven types of offenses, ranging in severity from aggravated assault to first-degree murder, were studied. All acts of violence were committed during the first five months of 1961. Data were gathered from interviews with most of the victims, some of the eyewitnesses, and in a few cases, from the victim's relatives. Official crime and arrest reports, 172

interviews conducted by the San Juan Homicide Squad, and court records provided additional data. In all cases, the data were secured as soon as possible after the violence occurred —in practice about 5 to 10 days. Several articles are now available, and a book-length manuscript, now in preparation, will be completed by September 1965. The type of approach attempted by the San Juan study is perhaps best indicated by a comparative profile description of aggressor and victim, and then by a glance at the social support components of these situations of violence. The reader should keep in mind that although we refer to the two parties in conflict as victim and aggressor, the term aggressor should not be taken to mean criminal or even police offender, since some of these cases were dismissed immediately upon their presentation in court; other persons were found not guilty; and in some cases the individual noted as the victim by the police in fact turned out, upon closer examination, to be the aggressor. A total of 1,397 assailants were reported by the victims to the interviewing staff. Of these, 1,189 were officially reported by the police to a magistrate who in turn swore out an order for the arrest of these 1,189 individuals. To this initial 15 per cent loss of assailants between assault and preliminary court action, the additional loss of 615 cases must be added —the number who had not appeared in court one year after the crime had been committed. That is, only 574, or 48 per cent of the aggressors even actually appeared in court. Further erosion of cases (not discussed here) takes place during the subsequent trials of the persons apprehended. The aggressor Using the 574 persons brought into court as our primary source of data, with additional information about the aggressor from the homicide squad interviews with only 51, the following general profile emerges. Crimes of violence in the San Juan metropolitan police area district (slightly larger than the Standard Metropolitan Statistical Area) are overwhelmingly committed by males against other males. Eight of nine of the aggressors were male and four of five victims were male. Research by Verkko has indicated that if the rate of violence is relatively high, the proportionate number of women involved is low. Puerto Rico has a realtively high rate of crimes of violence and conforms to the rule in that women were involved in only half as many cases as that reported for Philadelphia. It is also 173

known from Verkko that as the rate of violence decreases the proportionate number of women involved increases. In fact, this means that those who become involved in violence remain relatively consistent through time. One reason for the consistency of female involvement is that women seldom assault other women, and the men they assault (or are assulted by) are typically those with whom they have had, or are having, sexual intercourse. San Juan conforms to all these generalizations. Violence in- San Juan takes place on weekends and on holidays. After a low of 3.5 acts of violence per day on Tuesday and Wednesday, violence begins to climb on Thursday to eventually reach 11.4 acts per day on Sunday, a figure nearly twice the daily median. These acts are relatively low throughout the early morning hours, rise and then fall with lunch-time activities, then increase in the late afternoon and reach a peak between 8 and 10 P.M . Assault typically occurs in public places where liquor is served. The males who commit the aggressions are most often found between the ages of 20 and 24, and males aged 20 to 39 contribute more than half of the acts studied. The male aggressor has had some grade school, is married, and is living with spouse. He is unemployed in two-thirds of the cases. Perhaps the most interesting statistic available is the aggressor's previous involvement with the police. Prior to the commission of the act which brought these persons within the study group, nearly one half had been charged with the commission of some kind of felony. The Victim The profile of the victim parallels that of the aggressor in that the modal case is also between 20 and 24 years of age, but the concentration within a few age brackets is not so pronounced. The median age of the victim exceeds that of the aggressor. Eleven per cent of the victims and 10 per cent of the aggressors were reported to be illiterate and about half had completed some grade school. Only 77 of the 812 victims for which the data were available had completed a high school education or additional schooling. Twenty-nine per cent of the victims stated they had never married and 46 per cent were married and still living with their first wife. About one-fourth reported that they had been married two or more times, a figure not much different from that for the aggressors. Whereas two-thirds of the aggressors were unemployed at the time the act of violence was committed, only 38 per cent of the victims fell into this category. It is important to note that this data was 174

reported for the period of time before the act of violence occurred, and that a number of victims lost their jobs through hospitalization. The details of the activities of the aggressor before he met up with his victim are not known, since victims but not aggressors were interviewed in the study. Information regarding the activities preceding the crime are avilable for the victim and indicate a gradual transition from private and inaccesible environments to involvement in public places of amusement and entertainment. Twelve hours preceding the crime, half of the victims were in their own homes and one-fourth of them were at work. The remaining 171 cases for which data are available were in bars, someone else's home, on the street, or in a place of amusement, in that order. Three hours preceding the crime, the number in private locations dropped from 84 per cent to 54 per cent. Forty-three per cent of the victims had already met and joined the company of their agreessors. In 90 per cent of the cases there were other persons present in the social situation which eventually culminated in violence. Not only were victim and aggressor in each other's company before the violence took place, but in the majority of the cases (59 per cent) they were also drinking together. The alcohol consumption of the victim and aggressor is matched by that of the spectators. In over half of the cases where spectators were present, they were also drinking. Thus the picture emerges of the victim leaving his home or place of work to join his friends at a local bar or perhaps on the street corner. His friends include his aggressor and the two of them spend some time drinking together in the place where the violence eventually occurs. Those present also share in this pattern of alcohol consumption. Since 9 in 10 acts of violence take place in front of an audience, the role of the audience, whether it be support or non-involvement, seems to be critical. The Audience In about one-fifth of the cases where there is an audience present, a spectator intervened between the initial combatants, and in half of these cases ended up in the hospital himself. The audience more often contains friends of the victim rather than those of the aggressor. In addition to direct intervention, the audience at times encouraged and at times discouraged the ensuing aggression. The importance of the participation of the audience is also indicated by the fact that in the majority of cases the entire sequence of violent 175

behavior was built up from the immedate situation. In other words, violence was usually a product of forces and tensions inherent in the same situation within which the violence occurred, rather than a carryover of previous episodes between victim and aggressor. The Victim's Contribution to Violence Police, court, and other official and unofficial investigators attempt to determine the participation of the victim in various ways. Although several alternative definitions were employed in the San Juan study, perhaps the best measure within the confines of our own data was that based upon an evaluation by our research staff after all assembled data on each case had been read. According to this staff evaluation, three-fifths of the victims in the San Juan study were considered to have had little or no participation in the commission of the crime. These persons were not guilty of provoking or leading the aggressors to the act of violence which he committed. In approximately one-fourth of the cases, however, victims and aggressors were considered to be either official or unofficial collaborators. Official collaborators refer to those cases wherein the police and/or the court considered the victim and the aggressor to be equally involved, and the officials either convicted both, released both, or carried out some other action aimed at both parties. Unofficial collaborators are those with the same characteristics but in these cases the judgment was made by the research staff, rather than by police or court officials. Official collaborators outnumber the unofficial ones by a ratio of two to one. In about one-tenth of the cases, the staff evaluation considered the person officially charged as the aggressor as practically innocent. Some of these cases were those where A assaulted B but ended up losing the fight. When the police arrived, they took the actual aggressor to the hospital since he was more seriously injured. The person who had successfully defended himself was sent to jail. Since most of these crimes occur among low-income groups who know little about legal defense, and lack the means to afford it, pleas of self-defense were rarely entered and these innocent aggressors served their time in prison with the others. Conclusion These are some of the preliminary and tentative findings of the San Juan data, presented here as an indication of the approach used. 176

Even these preliminary findings, however, seem to justify the study of the social situation as the essential unit, rather than the aggressor by himself. This may serve as a reminder that violent behavior, like human behavior generally, does not take place in a vacuum.

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A COMPARATIVE STUDY OF PUERTO RICAN ATTITUDES TOWARD THE LEGAL SYSTEM DEALING WITH CRIME* Jaime Toro-Calder, Ceferina Cedeño and Walter C. Reckless

An attitudinal gradient was found by the authors to exist between adult male Puerto Rican prisoners a maximum security institution and Puerto Rican laborers. The former made a more unfavorable showing on a questionnaire which had been pre-tested to measure attitudes toward the law, court system, and police. The same sort gradient difference between male prisoners and male laborers was found to exist in six other jurisdictions. The sample prison guards in Puerto Rico made a better showing in attitudes than the laborers and the Puerto Rican police made still a more favorable showing. It is felt that the favorable to unfavorable direction attitudes toward the legal institutions on the part various adult groups indicates an internalization life experiences which are related to involvement and noninvolvement in delinquency and crime. Such attitudes might be used as a criminality index, indicating a direction toward or away from involvement in crime as an adult.

The present studyl focuses upon the comparative showing of a sample of adult male Puerto Rican prisoners, laborers, prison guards and police on a questionnaire type of schedule which contained, among other things, 89 items dealing with attitudes toward the criminal law, the court system, and law enforcement officials. The same schedule of so-called "law items" was administered to similar samples in Ohio, Ontario (Canada), Quebec (Canada), Rome (Italy), Athens (Greece), West Pakistan, and South Korea.2 In all countries or sections of countries where the "law items" have been administered to various adult male samples, the prisoners have shown a more unfavorable attitude toward the legal system dealing with crime than have the workers or laborers (presumably noncriminal for the most part). And there have been other samples, such as the police, who have shown even a more favorable attitude than the laborers. Does this trend hold true in Puerto Rico? The present report attempts td answer this question and at this juncture it can be said that the answer is YES. Method and Procedure A questionnaire type of schedule, which was originally developed for the Ohio study and subsequently used in other countries, was administered to a sample of 202 prisoners at the State

1. The funds for implementing the administration of schedules in Puerto Rico were supplied by the Development Fund of The Ohio State University. The Office of Research of The Ohio State University contributed funds which enabled Professor Reckless to have the responses on the schedules processed through the Data Center of the College of Commerce and Administration, Ohio State University, by Dr. Patrick T. Cleaver of the Department of Sociology, who developed a dataprocessing program for this study on the IBM 1620 computer. Funds for administering the research schedule in other countries, mentioned in this report, were also supplied by the Development Fund and the Office of Research. Dr. Cleaver also did the data processing of the schedules from the other countries. 2. The collection of schedules and analysis of data in all countries involved has been under the direction of Professor Reckless. Dr. A. D. Mylonas administered the schedule in Greece; Dr. Riaz Hassan, in West Pakistan; Dr. Sung Tai Cho, in South Korea; Dr. Mylonas, in English-speaking Canada (Ontario)and in French-speaking Canada (Quebec). Dr. Cho made a comparative analysis of the data from the schedules administered in South Korea, West Pakistan and Ohio. He presented his findings in his doctor's dissertation. See Sung Tai Cho, A Cross-Cultural Analysis of the Criminality Level Index, Ph.D. dissertation, Ohio State University, 1967.

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Penitentiary (Río Piedras), to 204 laborers, 69 prison guards at the penitentiary, and 137 Puerto Rican police, during the last part of 1966 and the first half of 1967. The schedule consists of three parts: the Socialization Scale of the California Psychological Inventory, containing 54 items; 89 so-called "law items," developed by A. D. Mylonas;3 and the Crissman Moral Judgment Scale, consisting of 50 items. This report will be primarily concerned with the 89 "law items." The schedule was translated into Spanish of the common man by the first two authors of this paper and the translation was pretested on a small number of prisoners and laborers to make adjustments in language for comprehension of the items by respondents. The revised schedule was then administered by the first two principals to the prisoners, laborers, prison guards, and police. The schedules were sent to the senior author at Ohio State University for data processing, which consisted of coding the responses from the schedules to code sheets, verifying the coding, punching the coded respoñses onto IBM statistical cards, verifying the punched cards, and processing the statistical cards through the IBM 1620 computer, according to an especially designed program. It should be noted that the scoring format for the 89 law items was 5, 4, 3, 2, 1, in which 5 was the most unfavorable and 1 was the most favorable direction of the response to any item. The scores on each item for each respondent were summated into a total score. The total scores for each respondent in each of the four Puerto Rican samples were added and the sum was divided by the number of respondents in each sample. Hence, an average (mean) total score was obtained. The responses to the 54 items in the Socialization Scale were scored according to format 1 or 0, where 1 represented the favorable and 0 unfavorable response. The 1's were added and the sum became the score on the Socialization Scale. Likewise, the (total) scores on the Socialization Scale were added for all the respondents in each sample and the sum was divided by the number of respondents in each sample, thus giving an average (mean) score. The Crissman Moral Judgment Scale, consisting of 50 items, has a response format of 1 to 10. The respondent was asked to circle a number from 1 to 10 according to how wrong he felt the itemized behavior was. Hence, high scores represent a moral response in the 3. Mylonas & Reckless, Prisoners' Attitudes toward Law and Legal Institutions, 54 J. Crim. L., C. & P.S. 479-84 (1963). 181

favorable (most wrong) direction; low scores, a moral response in the unfavorable (least wrong) direction. A respondent's total score on the 50 moral values items was procured and the total scores for every respondent in the sample were added. The average (mean) score was obtained by dividing the sum of the total scores by the number of respondents in each sample. Findings The findings of the present study are presented in Table 1 in the form of average (mean) scores for the four Puerto Rican samples studied. One notices that the average (mean) total score of the prisoners on the 89 "law items" (scored in the unfavorable direction from 5 to 1) is considerably higher than that of the laborer. Hence, the Puerto Rican prisoners display a more unfavorable attitude toward law than the Puerto Rican laborers.

TABLE I Average Scores for Selected Samples in Puerto Rico

Sample

Prisoners laborers Prison Guards Police Officers

Sociali189 "Law zation Items"a Scale b 285.83 259.52 212.75 198.78

28.09 31.89 34.32 37.54

Moral Judgment Scale C

I Number of Re-

294.86341.24 335.86 337.96

202 204 69 137

spondPntc

aHigh scores are in the unfavorable direction. bContains 54 items. Higher scores in favorable direction; lower scores, unfavorable direction. `Consists of 50 items. The scores were computed on the basis of 0 to 9, instead of 1 to 10 as given in the response format. Hence, 50 points should be added to the average score of each sample.

182

The sample of prison guards is much lower in average total score than the common laborers and the police sample is still lower in average (mean) total score. In other words, the prisoners display the most unfavorable attitudes toward law, legal institutions, and officials of any of the four groups, even more unfavorable than their presumable "first-cousins" —the common laborer. In all other jurisdictions where the same schedule of 89 "law items" was administered, the prisoner sample always displayed a more unfavorable attitude toward law and legal institutions than did the laborers. See Table 3. Hence, a gradient in attitude seems to exist and one can assume that prisoners, as a result of life experiences, internalize more unfavorable attitudes toward law than the nonprisoners (laborers). In Greece, as well as in English- and French-speaking Canada, where police samples were collected, the police group tested much more favorable in direction than the laborer group and very much more than the prisoner group. See Table 3. The same is true in Puerto Rico. A glance at Table 1 will indicate that the Puerto Rican police have an average score very much more in the favorable direction than the laborer group and still much more favorable than the prisoner group. In the three countries involved, one might be justified in saying that the police represent a specially selected group who develop favorable occupational or professional attitudes toward the law after joining the service or who internalize favorable attitudes toward the law prior to entering the service, which set of attitudes makes them gravitate toward police work. One notices in Table 1 that the prison guards in Puerto Rico have a much more favorable direction of score on the 89 "law items" than the laborers but not quite as favorable in direction as the police. This trend is born out in the direction of the average total scores on the 89 items for the prison guards of English-speaking Canada and French-speaking Canada, which represent the only places where comparable samples of prison guards are available at the time of this writing. See Table 3. The average (mean) scores on the 54 Socialization items and the 50 moral judgment items are also listed in Table 1. They are presented to give directional validation to the average (mean) total scores on the "law items." The Socialization Scale, scored in the favorable direction (higher scores favorable; lower scores less favorable to unfavorable), represents a measure of direction toward or away from good socialization or away from or toward delinquen183

cy and crime. One notices that the Puerto Rican police test the most favorably on socialization which is in line with their testing the most favorably on the "law items." The Puerto Rican prisoners test much less favorably than the police on the Socialization Scale and they test the most unfavorably on the law items. The prison guards come next in favorable showing and the laborers next. The same trend is found for these groups on the average (mean) scores for the 89 "law items." The Puerto Rican prisoners test the least favorable on the 50 moral judgment items, while the laborers, prison guards, and police score more favorably. However, the latter three groups are very close in total average score. While there is a gradient difference between the offender sample and the three nonoffender samples in the expected direction, the difference in the scores for moral judgments are not as discriminating between the samples as the difference in the scores on the Socialization Scale. The average (mean) score of the Puerto Rican prisoners was compared with the average (mean) score of the Puerto Rican laborers on each of the 89 "law items," and the 24 items which showed the greatest difference between the average (mean) scores were selected. (The difference in the average scores between the prisoner and laborer samples in the instance of the 24 items was so large, that it could hardly be due to chance.) This practice was followed in Ohio, English-speaking and French-speaking Canada, Rome, Athens, West Pakistan, and South Korea. The Puerto Rican samples were rescored for total average score on the 24 "law items" which most significantly differentiated the adult male prisoner from the adult male laborer. One notices that the Puerto Rican prisoners, as would be expected, score higher (more unfavorably) on the 24 most significant "law items" than the laborers, and that the prison guards and police score lower than the laborers on these items. See Table 2. The list of the 24 significant items, discriminating the most between prisoners and laborers in Puerto Rico, are presented in Appendix A. One notices that 12 of the 24 significantly differentiating Puerto Rican law items are focused on the police, while 10 deal with the court system (judges, trial, prosecutors, etc.) and 2 are general items. In the analysis of the 24 significant "law items" for the other countries studied, the major concentration of attitude gradients (between laborers and prisoners) dwelt on the police. Undoubtedly, the police as an authority figure act as a magnet for unfavorable attitudes of the prisoners but not for (the presumably 184

noncriminal) laborers. It could be that the experiences which are associated with involvement in delinquency and crime generate attitudes of hostility and distrust of police as the enemy of the person and as an authority figure to be feared. TABLE 2 Average Scores on 24 Most Significant "Law Items" for Puerto Rican Samples Sample

Score°

Number of Respondents

81.70 64.63 60.36 54.89

202 204 69 137

Prisoners Laborers Prison Guards Police Officers

°Higher scores in unfavorable direction; lower, in favorable direction.

Cross-Cultural Observations While the gradient difference in attitude between prisoners and noncriminal samples was the major concern of this report, there are, some cross-cultural overtones which have emerged from comparisons of samples in different countries. Table 4 presents the rank order of the average (mean) scores on the 89 "law items" for the prisoner and the laborer samples in seven jurisdictions. One notices that the Puerto Rican sample of prisoners ranks third highest in unfavorable attitudes toward the law as measured by the 89 items and that the French and English-speaking Canadian prisoners rank first and second in the list. Fourth, fifth, sixth, and seventh places are occupied by West Pakistan, Greek, Korean, and Ohio prisoners. Some of the average scores of the prisoner samples are very close but there are sizable differences between the French Canadian and the Puerto Rican prisoners and between the latter and the South Korean and Ohio prisoners. The total difference between the French Canadian and the Ohio prisoners is very large. It is possible that historical and/or cultural factors could cause this difference, assuming that the two groups of prisoners represent about the same selection in the law enforcement process —namely, maximum security cases. Just what this historical-cultural factor is that determines the height of the unfavorable attitude toward law is not known. On the other hand, if the various samples of prisoners are 185

not comparable, then it is possible that factors having to do with the selection of adult males who get arrested, sentenced, and committed to prison control the variation in attitudes toward the law. TABLE 3 Average Scores for Selected Samples in Six Additional Jurisdictions Socializa-

Moral

Number

281.48 249.09 210.IR

—* 30.61 32.28

326.86 344.29 368.37

200 200 200

Korean Prisoners Korean Laborers

250.19 224.07

22.04 23.79

328.35 320.03

194 179

W. Pak. Prisoners W. Pak. laborers

283.75 262.28

—* —

165 170

Engl. C. Prisoners Engl. C. Laborers Engl. C. Prison Guards Engl. C. Police Guards

290.67 235.83 191.05

25.02 33.58 36.97

258.70 312.94 339.39

202 190 200

173.68

37.17

317.56

199

French C. Prisoners French C. Laborers French C. Prison Guards French C. Police Guards

302.21 237.49 206.91

24.60 35.58 36.93

289.61 328.00 326.52

200 200 200

187.18

37.65

321.20

200

238.81 208.32

27.47 35.82

305.48 328.23

218 195

Sample

189 "Law Items"

Greek Prisoners Greek Laborers Greek Police

Ohio Prisoners (white) Ohio Laborers

tion 1Judgmentl of Res1 Scale Scale pondents

*Not available.

Rank

1 2 3 4 5 6 7

Laborers

Prisoners Jurisdiction

Average Score

Jurisdiction

French Canadian English Canadian Puerto Rican West Pakistan Greek South Korean Ohio

302.21 290.67 285.83 283.75 281.48 250.19 238.81

West Pakistan Puerto Rican Greek French Canadian English Canadian South Korean Ohio

186

Average Score 262.28 259.52 249.09 237.49 235.83 224.07 208.32

The laborer samples in each of the seven places where the "law" schedule was administered also show sizable differences in average (mean) total score on the 89 items. The samples of West Pakistan and Puerto Rican laborers occupy first and second place (very close) in the average total score, followed by the Greek laborer in third position. French and English Canadian laborers occupy fourth and fifth place (very close together) and their average total scores are in a more favorable direction than the scores of the Pakistani and Puerto Rican laborers. Korean laborers occupy sixth place, still more favorable in direction than the English and French Canadian samples, while the most favorable place is occupied by the Ohio laborers. Undoubtedly, the reason that the Ohio labor sample shows up the most favorably in attitudes toward the law is due more to a special selection factor than to possible historical-cultural differences. The Ohio sample consisted of labor union members who elected to take a course in labor education, offered as continuing education by The Ohio State University. On the other hand, the best guess by the senior author would be that an ordinary laborer sample in Ohio would score somewhere in the vicinity of where the South Korean laborers scored —favorable but not extremely favorable in attitude. One final comment or observation is in order. One notices that the difference in average (mean) total scores between the Canadian. prisoners and the Canadian Laborers who were members of the Canadian Labour Congress is the largest between any of the prisoner-laborer groups, while the smallest gradient difference in attitudes toward the law is found between the prisoner-laborer samples of West Pakistan. Whether the size of the gradient difference in attitudes between laborers and prisoners, as between the Canadian samples and the Pakistani groups, is controlled by historical and cultural factors or by the special selection of persons drawn into the samples is not known. The most plausible explanation would be to say that the large or small differences between the average scores of the sample pairs is due to special selection of the samples and not to historical and cultural factors. Conclusion Obviously an attitudinal gradient exists between Puerto Rican adult males who become maximum security prisoners or remain laborers and those who find their way to prison- and police-service. The prisoners in Puerto Rico make a more unfavorable showing on attitudes toward the law than do laborers, while the prison guards 187

apparently have a more favorable and the police a still more favorable set of attitudes toward legal institutions. The attitudinal gradient, whereby the prisoners display more unfavorable direction than laborers, was found to exist in six other jurisdictions, confirming the directionality obtained in Puerto Rico. Quite likely, the attitudinal gradient which is found to exist between laborers and prisoners results from a differential internalization of life experiences which are concerned with involvement and noninvolvement in delinquency and crime. If attitudes toward the law are found to be an efficient indicator of the amount of involvement in criminal behavior, it is possible, as has been suggested, to use a scale of the most significant "law items" as a "criminality level index, "4 which might be more revealing than the present records of arrests, sentences in criminal courts, and admissions to jails and prisons which, in turn, are very fortuitous. If attitudes toward the law are not found to be an efficient indicator of past and future involvement in crime, it is possible that an allied set of attitudes might measure directionality more effectively. Still further, if attitudes are found not to be an efficacious index, there are other "self factors" which can be explored, such as the self concept. There is no question but what we need in criminology and corrections indicators or indices of directionality of behavior which are more meaningful than accidental arrests or fortuitous sentences to prison, in order to make better decisions in the process of criminal justice, all the way from arrest through probation and sentencing to release on parole. In addition, administrators need effective indicators to make decisions on inmates relative to granting daily work furloughs, allowing home visits, release to "half-way" houses, and so forth. There seem to be important differences in the levels of the average total scores between the comparable samples, wherein Puerto Rican prisoners rank third highest and the Puerto Rican laborers second highest in unfavorable direction of attitudes toward the legal system which deals with crime, in a study of seven jurisdictions. The extent to which the highness or the lowness of attitude scores reflects historical-cultural . factors or factors of selection in the sampling process of the research project, is not known. 4. See Reckless, The Development of a Criminality Level Index, in Reckless & Newman, Interdisciplinary Problems in Criminology: Papers of the American Society of Criminology, 1964, pp.71-82 (1965). 188

Appendix A Twenty-four "Law Items" Having the Highest Significant Differences Between the Average Scores on the Response of the Samples of Prisoners and Laborers in Puerto Rico

Number of the Item in the Schedule 65 69 91 92 93 95 98 101 103 104 108 111 112 118 120 124 127 130 132 135 136 138 140 143

Description of the Item

We would have less crime if our laws were more strict. Most people have to do something dishonest every day. On the whole, judges are honest and kindhearted. Almost any jury can be fixed. Court decisions are almost always just. My trial was a farce. Almost anything can be fixed in courts if you have enough money. My trial did not get at all the truth. For the most part, police and the courts are just. A judge is a good man. On the whole, lawyers are honest. Fake witnesses are often produced by the prosecutor. On the whole, policemen are honest. A policeman usually judges you as guilty. Police work rests mainly upon information given by stool pigeons. The police departments do not use humane methods in obtaining confessions. Our society would be better off if there were more policemen. Policemen show favoritism to politicians. Police are careful not to arrest innocent persons. Police usually apprehend criminals in difficult cases. Policemen are mostly selected for personal merit and ability. Policemen are just as crooked as the people they arrest. Policemen should be paid more for their work. Police almost always respect constitutional rights of suspected criminals.

189

SIGNOS SOBRESALIENTES DE HOMOSEXUALIDAD EN UNA POBLACION PENITENCIARIA FEMENINA, OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACION DE TECNICAS DE PROYECCION• Franco Ferracuti y G. B. Rizzo Problema El diagnóstico de homosexualidad femenina mediante el empleo de técnicas de proyección es un campo de investigación que aparece poco explorado en el examen de la literatura especializada. En efecto, mientras abundan los estudios sobre grupos homosexuales de sexo masculino (3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 35, 36, 37) y mientras la repetición de las investigaciones ha asegurado un cierto grado de validez a algunos signos diagnósticos, hemos encontrado sólo un trabajo (II) sobre homosexualidad femenina examinada a través de técnicas de proyección. Este trabajo está basado en el análisis de un caso de psicoterapia. También para la homosexualidad femenina rige la misma incertidumbre nosográfica que se constata en la homosexualidad masculina (1, 22) y las hipótesis sobre la etiología y sobre su patogénesis están muy lejos de llegar a un acuerdo. En efecto, con

*La presente investigación ha sido efectuada con la cooperación del Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. A su Director, Dr. M. Hansen, al Director de la Sección Correccional del Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico, Sr. Porfirio Díaz Santana, así como a la Directora de la "Escuela Industrial de Mujeres", Sra. Lydia Peña de Planas y a la psicóloga Sra. Ceferina Cedeño, damos nuestro más encarecido reconocimiento por su inestimable colaboración. *Tomado de Revista de Ciencias Sociales, Vol. II, Núm. 4, dic. 1958.

191

prescindencia de las teorías que colocan en la base de la homosexualidad la presencia de anomalías constitucionales endocrinas, las hipótesis psicoanalíticas se han encauzado hacia corrientes principales diversas, según se desprende del trabajo de E.O. Fromm y A.S. Elonen (II). Freud en un primer momento afirmó que la homosexualidad femenina es el resultado de la regresión edípica. Más tarde, la atribuyó a la destrucción de la unión basal hacia la madre fálica, destrucción efectuada durante el período de transición de la fase pre-edípica a la edípica. Fenichel ha aislado recientemente dos factores principales en la homosexualidad femenina: la repulsión hacia la hetero-sexualidad, que tiene origen en el complejo de castración, y la atracción hacia el sexo femenino, que se verifica a través de una fijación precoz de la libido hacia la madre. Siempre la homosexualidad femenina ha sido menos estudiada que la masculina, porque aquella lleva con menos frecuencia hacia comportamientos irregulares que hagan indispensable un tratamiento psiquiátrico y, además, casi nunca es legalmente penada. Por ejemplo, recientes estadísticas inglesas (34) dan para Inglaterra, a través del período comprendido entre los años 1947-51, una media anual de 25 mujeres denunciadas por delitos sexuales, un tercio de los cuales es de carácter homosexual; mientras que durante el mismo período antes señalado, la media de hombres denunciados por delitos sexuales es de 4,450 con un porcentaje que varía entre el 30% y el 40%, correspondiente a delitos de carácter homosexual. El número de delitos de tipo homosexual cometidos por mujeres es, en consecuencia, muy pequeño. Prescindiendo de cualquier teoría sobre etiopatogénesis del comportamiento homosexual femenino, nos hemos limitado a estudiar el valor discriminatorio de algunos signos de homosexualidad obtenidos por medio de técnicas de proyección aplicadas sobre una población femenina de detenidas homosexuales y sobre un grupo de detenidas no-homosexuales. Ninguna interpretación se ha dado sobre la justificación teórica de los diversos signos tomados en consideración y sobre este aspecto del problema remitimos a la respectiva literatura. Método En una penintenciaría femenina puertorriqueña 20 detenidas, clasificadas como homosexuales a base de observaciones de su 192

comportamiento, fueron individualizadas entre la población carcelaria. Por cada una de ellas se eligió otro sujeto de sexo femenino, de la misma edad, detenido por el mismo tipo de delito y con una condena, aproximadamente, por el mismo período de tiempo. El promedio de la permanencia en la cárcel para el grupo de las detenidas homosexuales era de 16 meses, con un sigma de 23; para el grupo de las no-homosexuales el promedio era de 15, con un sigma de a los 20. La gama de la edad de nuestros sujetos varía de los 16 40 años. Los 40 sujetos examinados representan un tercio de la totalidad de la población penitenciaria femenina de Puerto Rico. Ninguna de las detenidas que forman parte del grupo estudiado había sido arrestada o condenada por homosexualidad. En la penitenciaría donde se efectuó la experiencia, la homosexualidad no es penada en forma específica y sólo produce la separación de las parejas. Téngase presente que en la opinión de la Dirección del Presidio, se trataba, presumiblemente, de casos de homosexualidad vicaria institutiva. Las detenidas fueron sometidas a visita médica a fin de excluir la presencia de graves enfermedades orgánicas y sobre todo la presencia de anomalías endocrinas o morfológicas indicadoras de estado intersexual. Todos los sujetos fueron examinados con el "Bender Visual Motor Gestalt Test", a fin de tener un criterio indicador que permitiese eliminar eventuales sujetos con enfermedades orgánicas cerebrales. Los 40 sujetos fueron sometidos al examen psicológico individual, incluyendo el Test de Rorschach, el dibujo de persona aplicado según la técnica de K. Machover (19) y el M.A.P.S. (Make a Picture Story Test). De este último fue utilizado en cada sujeto un grupo de seis escenarios, constituidos por: 1) "Sala de estar", 2) `,Consulta médica", 3) "Cuarto de baño", 4) "Dormitorio", 5) "Sueño", 6) una lámina escogida por el sujeto entre las 17 restantes. La comprensión de las instrucciones y la colaboración de parte de los sujetos fueron, en general, adecuadas. Entre los varios signos de homosexualidad que se encuentran en la literatura sobre "tests" de proyección, limitamos nuestro análisis a aquellos más fácilmente objetivables y, en consecuencia, menos sujetos a deformaciones interpretativas. Los referimos a continuación divididos por grupos: 1.

para el dibujo de persona: dibujar por primera vez una persona del sexo opuesto, en este caso una figura masculina (12, 17, 19, 31, 33). para el Rorschach: los 20 signos de homosexualidad descritos por W. M. Wheeler en el 1949 (35, 36), que nos 193

parecieron más apropiados de ser tomados en consideración. Los signos de Wheeler han sido objeto de repetidos estudios y su valor discriminatorio en lo referente a la homosexualidad masculina aparece suficientemente demostrado (7, 9). Dichos signos se basan sobre el análisis del contenido del protocolo Rorschach y consisten en la presencia de las siguientes respuestas: Lámina I: Signo 1: Signo 2:

Lámina II: Signo 3:

Lámina III: Signo 4: Signo 5: Signo 6:

Lámina IV: Signo 7:

Lámina V: Signo 8:

Lámina VI: Signo 9:

Máscara o rostro humano o animal, como W o W. Busto masculino o femenino musculoso, como D central, en la parte inferior.

Cangrejo o langosta, como D, central, en la parte inferior.

Seres humanos de sexo confuso, como W o W. Seres humanos de sexo incierto, como W o W. Animales o seres animaloides (deshumanizados) como W o W.

Ser humano o animal, contrahecho, monstruoso o amenazante, como W o W.

Ser humano o animal humanizado, como W o W o como D central.

Objeto con implicación de foso, cavidad, hendedura, como D central o superior.

Lámina VII: Signo 10: Ser humano, femenino, de aspecto decadente, como W o W o D superior. Lámina VIII: Signo II: Figura animal, varios animales incongruentes o 194

un solo animal con partes incongruentes como D lateral. Lámina IX: Signo 12: Seres humanos, deshumanizados, como D lateral externa. Lámina X: Signo 13: Animales que atacan o se combaten entre sí alrededor de un objeto central, como D central superior. Signo 14: Seres humanos, con la parte azul como detalle oral, como D que comprende toda la parte rosa, o su mitad superior, y, además, el azul central. Signos generales: Signo 15: Detalle oral humano o animal. Signo 16: Detalle o especificación anal humano o animal. Signo 17: Seres humanos o animales, descritos como "espalda contra espalda". Signo 18: Objeto humano o arquitectura con especificación religiosa. Signo 19: Genitales masculinos o femeninos. Signo 20: Vestidos femeninos. Como los signos de Wheeler se basan sobre los análisis del contenido, era muy importante que el número de las respuestas y de la gama de los contenidos, en el grupo experimental y en aquellos de control, fuesen similares (9). De las respuestas de nuestros sujetos hemos obtenido —en el grupo que tenía comportamiento homosexual— una gama media de contenido de 5,35, con un sigma de 1,82 y un número medio de respuestas de 16,65, con un sigma de 4.91. En el grupo que tenía un comportamiento no-homosexual, la gama media d.e los contenidos ha sido de 5, con un sigma de 1,14, y el número medio de respuestas ha sido de 13,9, con un sigma de 3,81. Como puede verse, las diferencias entre el grupo experimental y el grupo de control, para la gama de los contenidos y el número de las respuestas, no eran significativas. 3.

para el M.A.P.S., en ausencia de trabajos específicos sobre el problema de la homosexualidad, limitamos en forma experimental nuestra investigación a los siguientes elemen195

los

personajes y valuación de tos: análisis de la elección de elección entre los dos cuantitativas en dicha diferencias las grupos en examen. Para este análisis tomamos en consideración sólo aquellos personajes que fueron elegidos diez o más veces por cada uno de los grupos. Además, ha sido tomada en consideración la distribución de las preferencias demostradas de los sujetos en la elección de la última lámina entre las 17 restantes después de dadas las cinco primeras. En efecto, como se ha recordado anteriormente, la sexta lámina del M.A.P.S. es elegida libremente por el sujeto. Hemos desatendido intencionalmente el análisis del contenido de las historias, dada la escasa posibilidad de objetivar este tipo de evaluación. Resultados En el dibujo de persona, 13 de los sujetos homosexuales y 11 de los no-homosexuales dibujaron en primer lugar la figura masculina. El correspondiente X2 de Pearson (5) para estos datos tiene un valor de 0,38 con un P comprendido entre 0.70 y 0.50, lo que indica prácticamente la falta de asociación entre "presencia de comportamiento homosexual" y el "dibujar en primer lugar una persona del sexo opuesto". En relación con el test de Rorschach, ambos grupos de sujetos, homosexuales y no-homosexuales, presentaron los signos de Wheeler con la siguiente frecuencia: Signo de Wheeler Número Frecuencia en el grupo de homosexuales Frecuencia en el grupo de no-homosexuales

123456789101112131415 1617 181920 001016203 000004210

1 1 0 1 02 11 3 37 1

1 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2

Los signos de Wheeler presentes en los protocolos de los sujetos homosexuales fueron en total 61, con un promedio, por sujeto, de 3.05 y un sigma de 2.56. Los 20 sujetos presentaron por lo menos uno de los signos de Wheeler y en 12 casos había dos signos o más, con un máximo de 10 en un sujeto. En los protocolos Rorschach de los sujetos no-homosexuales los signos de Wheeler fueron en total 19 (Promedio = 0.95; Sigma = 1.07). De estos 20 sujetos, 8 no presentaron ningún signo y sólo 4 196

presentaban 2 ó más signos, con un máximo de 4 en un sujeto. De los 20 signos de Wheeler, cinco (signos 1, 2, 4, 12, y 14) no aparecieron en ningún caso en el total de los 40 protocolos. Pero, analizando separadamente los dos grupos, se observó que 6 signos (1, 2, 4, 8, 12 y 14) no se encuentran nunca entre los sujetos homosexuales y 13 signos (1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17i entre aquéllos no-homosexuales. El problema de la validez de los signos, considerados singularmente, no fue abordado en este trabajo. Analizando en conjunto los sujetos examinados, calculamos la diferencia entre los promedios de las frecuencias de los signos de Wheeler para cada grupo, obteniendo un t (20) de 3.28, igual a un P comprendido entre 0.&1 y 0.001: este último valor indica que la diferencia entre el promedio de los grupos examinados es muy significativa. El X2 de Pearson, para la presencia de un mínimum de 1 de los signos de Wheeler, tiene un valor de 10, con un P comprendido entre 0.01 y 0.001, lo que indica una notable asociación entre la modalidad "comportamiento homosexual" y "presencia de por lo menos uno de los signos de Wheeler en el Rorschach". Antes de calcular la distribución exacta de los signos de Wheeler en los dos grupos de sujetos, uno de nosotros intentó un diagnóstico ciego basándose solamente en los protocolos Rorschach, sin haber jamás observado ninguna de las 40 detenidas ni los "otros tests practicados o las relativas informaciones sobre el comportamiento de los sujetos, con el fin de poderlos subdividir en dos grupos según la variable "comportamiento homosexual". Para formular dicho diagnóstico, además de la distribución de los signos de Wheeler, se consideró también el protocolo en conjunto para aquellos dudosos. Fueron situados exactamente en los dos grupos de distinto comportamiento 30 protocolos sobre 40. Este resultado indica que el conocimiento de los signos de Wheeler es sumamente útil para el diagnóstico ciego individual, dado que si la elección hubiese sido hecha al azar, la probabilidad de obtener 30 diagnósticos correctos sobre 40 habría sido del uno por mil. Respecto al M.A.P.S., sólo las figuras a continuación indicadas resultaron correspondientes a los criterios precedentemente descritos. Aquí se expone el cuadro de los personajes con el número de las elecciones efectuadas en conjunto por los dos grupos y los respectivos X2 y P.

197

Personaje

Frecuencia grupo homosexuales

M2 M8 M15 N2 F1 F2 F5 F9 C1 CS C6

11 10 15 17 6 9 17 13 12 6 13

Frecuencia grupo no homosexuales 3 3 5 12 10 14 14 17 11 11 7

4.57 3.77 5 1.04 1 1 0.29 0.59 0.04 1.47 1.80

0.05-0.02 0.10-0.05 0.05-0.02 0.50-0.30 0.50-0.30 0.50-0.30 0.70-0.50 0.50-0.30 0.90-0.80 0.30-0.20 0.20-0.10

Solamente las diferencias de elección relativas a los personajes M2 y M15 alcanzan un nivel de significado de 0.05. No obstante ello, existe una mayor selección de personajes de sexo masculino (considerando como tales sólo aquéllos con la sigla M) de parte del grupo de sujetos homosexuales. En efecto, el número total de personajes "M" escogidos por dicho grupo es 109, mientras el escogido por los no-homosexuales es 72; el X2 para estas dos frecuencias de elección resulta ser de 7.56, correspondiente a un P comprendido entre 0.01 y 0.001. Este es el único dato estadísticamente relevante entre las otras diferencias tomadas en consideración (número de personajes "F" escogidos por el total de los sujetos, número total de personajes de sexo masculino y de sexo femenino, número total de personajes elegidos). En lo concerniente a la distribución de la frecuencia de la elección de la sexta lámina, los 20 sujetos homosexuales escogieron: 5 veces el "cuarto de los niños", 2 veces el "escenario", 1 vez la "sala", 4 veces la "cabaña", 1 vez "el campo", 5 veces el "cementerio", 2 veces el "bosque". Los sujetos no homosexuales escogieron: 4 veces el "cuarto de los niños", 1 vez la "sala", 3 veces la "cabaña", 3 veces el "campo", 5 veces el "cementerio", 2 veces el "bosque", 1 vez la "cantina" y una vez el "paisaje". Resulta evidente que desde este punto de vista no aparece ninguna diferencia notable entre ambos grupos. Discusión y Conclusiones En lo referente al dibujo de persona, con base a los resultados 198

obtenidos por nosotros en las 40 detenidas examinadas, el sexo de la primera persona dibujada no presenta ninguna diferencia notable entre el grupo de sujetos de conducta homosexual y el grupo de control. Esta conclusión se contrapone a las hipótesis de la Machover (19), pero concuerda con los resultados de varias investigaciones efectuadas con homosexuales de sexo masculino y recientemente reseñadas por Swensen (32). También para el M.A.P.S. los datos analizados por nosotros no muestran una diferencia altamente significativa entre los grupos estudiados, con excepción hecha del número de personajes "M" escogidos. Debe mencionarse, sin embargo, que el análisis ha sido conducido por nosotros sólo sobre los aspectos no temáticos de este reactivo. En relación con el Rorschach, la diferencia entre los promedios de las frecuencias por sujeto de los signos de Wheeler resulta ser altamente significativa (P comprendido entre 0.01 y 0.001). Igualmente aparece significativa la presencia, en un solo protocolo de uno o más signos de Wheeler. Si bien estos resultados confirman para sujetos sexo femenino el alto valor discriminatorio —tantas veces demostrado en sujetos de sexo masculino— de los signos de Wheeler, debe recordarse que la aplicación "ciega" de los signos mismos con finalidad diagnóstica no está suficientemente justificada por nuestros resultados. De hecho, nuestra tentativa de diagnóstico ciego, si en un sentido absoluto dio resultados positivos, se efectuó discriminando entre dos poblaciones absolutamente equivalentes entre sí, salvo la variable "comportamiento homosexual". Los datos referidos son obviamente utilizables con un margen de error omisible sólo sobre una población penitenciaria, mientras que para su aplicación sobre sujetos provenientes de diversas poblaciones deberá ser objeto de posteriores investigaciones. Será necesario, además, investigar el valor discriminatorio de cada uno de los signos de Wheeler para tratar de darles un valor diferencial.

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HOMOSEXUALITY SIGNS IN PROJECTIVE TECHNIQUES IN A FEMALE PRISON POPULATION F. Ferracuti, G. B. Rizzo (Abstract) In a Puerto Rican penitentiary for female convicts, 20 inmates were examined, who had been classified as homosexuals on the basis of observation of their behavior. For each homosexual inmate, another inmate of the same age, convicted for a similar crime and with the same length of stay in prison was chosen. All the inmates were examined to exclude any evidence of endocrinological disturbance and the Rorschach Test, the Draw a Person Test and the Make a Picture Story Test (M.A.P.S.) (6 backgrounds, the last one chosen by the subjects) were administered to the 40 subjects. Among the different signs of homosexuality described in the literature, the following have been studied in our Subjects: a) b) c)

For the "Draw a Person Test": to draw first a person of the opposite sex. For the Rorschach: the 20 Wheeler signs. For the M.A.P.S., in the absence of any literature on homosexual subjects, we have analyzed the choice of figures in the two groups (homosexuals and non-homosexuals).

Results For the "Drúw a Person Test" and for the M.A.P.S., no statistically significant differences were found between the two groups, with the exception of the total choice of M figures in the 200

M.A.P.S. (109 were chosen by the homosexual group and 72 by the non-homosexual group, with a X2 of 7.56, significant at a level between .01 and .001). For the Rorschach Test, the Wheeler signs in the protocol of the homosexual subjects were a total of 61 (Mean: 3.05, S.D.: 2.56) and those present in the protocols of the non-homosexual subjects were 19 (Mean: .95, S.D.: 1.07). The difference between the two means was highly significant (t = 3.28; P = between .01 and .001). The Pearson X2 for the presence of at least one Wheeler sign is 10, with a P between .01 and .001. Consequently, there is a great association between the modalities: "homosexual behavior in our subjects" and "presence of at least one of the Wheeler signs in the Rorschach protocol". The diagnostic validity of the Wheeler signs has already been studied in male subjects and our results prove that they are also valid for female subjects. However, it must be remembered that our results are obtained in a penal population and that they do not warrant a blind use of the Wheeler signs for diagnostic purposes.

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ESTUDIO CLINICO SOBRE EL INCESTO EN PUERTO RICO Franco Ferracuti El delito de incesto ha atraído siempre el interés del criminólogo y del científico social en proporción mayor a su incidencia y gravedad real. En este estudio, hecho en Puerto Rico, durante los años 1959-60, se considera clínicamente una muestra de personas convictas por incesto, de sus familiares y sus víctimas, con el propósito de analizar patrones etiológicos de conducta recurrente. Unos cuantos comentarios introductorios son necesarios para ilustrar las definiciones básicas usadas en el mismo. El incesto no era considerado anormal ni penalizado al principio de la vida asociada. En Irán se permitieron los matrimonios incestuosos durante muchos siglos. La conducta incestuosa tampoco era ajena a las antiguas culturas egipcias, judía y griega, pero gradualmente la misma se fue prohibiendo en ellas. La evolución de las normas legales sobre el incesto puede seguirse en detalles en el derecho romano, según la cual se consideraba como una violación de la Ley Divina y como tal era perseguido públicamente. En el derecho alemán, la posibilidad de perseguir el incesto fue influenciada por la religión. En la Edad Media, se hacía la distinción de si el incesto se había cometido fuera o dentro del matrimonio. La Ley Canónica prohibía rígidamente este tipo de unión. En el curso del Iluminismo, se hizo controversial la necesidad de acabar con el incesto y el Código Napoleónico, por lo tanto, no lo incluía como delito. En Italia, el sistema francés fue aceptado por los códigos de Sicilia y Parma, mientras que los de Tuscania y Sardinia lo identificaban como delito. El Código

*Tomado de Revista de Ciencias Sociales, Vol. XIII, Núm. 4, 1969.

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Zanardelli consideraba el incesto como un crimen, pero castigaba, sin embargo, no el hecho per se, sino la relación incestuosa, cuando constituía un "escándalo público". Este último elemento es también necesario para constituir el delito en el presente Código Italiano. Algunas legislaciones no incluyen el incesto como delito, mientras que otras lo señalan como tal, en formas distintas, castigándolo como delito o como circunstancia agravante de algún otro delito sexual. La Alemania Occidental, Suecia, Noruega, Dinamarca y Suiza siguen la primera alternativa. Los códigos francés, belga y portugués, siguen la segunda, mientras que el Código Español lo considera como una forma de violación. En la Gran Bretaña, al igual que en todos los países donde rige el Derecho Común, el incesto era castigado originalmente por los Tribunales Eclesiásticos y la primera ley escrita al respecto apareció sólo al comienzo de este siglo. Los códigos libanés y etíope consideran el incesto como un crimen, mientras que el egipcio sólo se refiere a él como una circunstancia agravante. La misma alternativa legal existe en los países latinoamericanos: Colombia,Costa Rica, Chile y Cuba consideran el incesto como un delito, mientras que Argentina y Brasil lo consideran como una circunstancia agravante. Los códigos de los Estados Unidos, Canadá y México, incluyen todos el incesto como un crimen. La legislación en Puerto Rico fue modificada en 1902. Hasta ese regía la española, la cual consideraba el incesto como una forma agravada de violación. A partir de entonces ha sido considerado como un delito de por sí. El Código Penal de 1937 (Artículo 275 derivado del 285 del Código de California), define como culpables del delito de incesto a aquellas personas quienes estando relacionadas hasta el grado que hace ilegal el matrimonio entre ellas, se casan, tienen relaciones sexuales o cometen adulterio. La penalidad máxima por incesto puede ser hasta 10 En la definición se incluyen los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad (aunque el Tribunal Supremo puede, por causa justificada, conceder una dispensa a los familiares en el cuarto grado de consaguinidad). Las relaciones sexuales son innecesarias, bastando con el matrimonio. De hecho, en la mayoría de los casos ha habido relaciones sexuales fuera del matrimonio. El Tribunal Supremo ha incluido en la definición del Código, las hijas naturales, aun cuando no hayan sido legalmente reconocidas. Aunque el incesto lo cometen ambas partes, el ofensor y la víctima, según la definición de ley, solamente en casos excepcionales la víctima es enjuiciada. Los casos que pueden ser localizados en los archivos de las

cortes y de la Penitenciaría, son los relativos a las relaciones entre padre e hija y hermano y hermana. Sólo el primer grupo ha sido objeto de nuestro estudio. Al incesto se ha dedicado una rica literatura criminológica, que sería imposible resumir aquí. Los puntos principales estudiados por los muchos autores que se han ocupado del asunto son los siguientes: 1. La incidencia del delito es baja y no confiable. 2. No existen razones biológicas para el tabú de incesto. Los efectos dañinos sobre los hijos producidos por las relaciones incestuosas son en gran medida un mito. 3. Se ha explicado el origen del tabú contra el incesto mediante hipótesis de orden biológico, antropológico, sociológico y psicoanalítico. Ninguna de ellas es completamente satisfactoria ni parece válida en todas las culturas. Sin embargo, es obvia la trascendencia del tabú contra el incesto en el proceso de socialización y en la conservación de la estructura familiar. 4. Muchos autores han propuesto distintas tipologías de sujetos incestuosos. Su validez en distintas culturas es, por supuesto, dudosa. 5. Constantes hallazgos con casos incestuosos demuestran una alta incidencia de enfermedades mentales y de deficiencias intelectuales en los ofensores y sus víctimas, así como una alta incidencia de alcoholismo, de desintegración, promiscuidad y retraimiento familiar. 6. El estudio criminológico del incesto no debe limitarse al ofensor. La familia y la víctima son parte de la situación pre-incestuosa que conduce al delito, y deben ser estudiadas como tal. 7. Los efectos del incesto en la víctima son fenomenológicamente diferentes, pero en general, son sumamente perjudiciales en las áreas del desarrollo social y psicosexual. En vista de la gran variedad de hipótesis explicativas y de tipologías descriptivas que han sido formuladas en torno a la conducta incestuosa, no se ha seguido esquema limitativo alguno para la compilación de datos. Se ha optado por un enfoque clínico de causación múltiple, que incluye el estudio total de los participantes incestuosos. El mayor número posible de variables etio-patogenéticas ha sido considerado para análisis sistemático, según su incidencia o para inclusión en nuestros casos. En criminología, más que en las otras disciplinas del comportamiento, las relaciones etiológicas entre los factores patogenéticos y el comportamiento antisocial pueden ser ilustradas al nivel individual, aunque se defraude al nivel general, haciendo imposible así la formulación de una teoría genérica. Este enfoque clínico parece corresponder mejor a la realidad jurídica y sociobiológica del caso individual, según tienen que encararla en su 207

labor diaria el magistrado y el funcionario correccional. Según este enfoque, antes de considerarse un factor como causa debe constituirse en motivo, para que así pase a formar parte de la constelación criminogenética específica del individuo. Como se apuntara antes, los datos sobre la incidencia del incesto no son confiables. Como con los demás crímenes sexuales, el llamado "Número Negro" (las cifras desconocidas) es alto y las cifras que se informan guardan r..uy poca relación con el volumen cierto de la conducta criminal específica. Debe señalarse, además, que en Puerto Rico, como en otros países en proceso de desarrollo, las estadísticas correccionales, judiciales y policiacas son punto menos que confiables. No coinciden, y su ámbito carece de coordinación cronológica. Por eso, sólo se pueden derivar índices tentativos de las mismas. En los del 1800 al 1920, sólo se encarcelaron doce casos por incesto (uno de ellos el de una mujer declarada culpable por tener relaciones con su propio hermano.) Hoy no hay mujeres recluidas por incesto, pero el número de varones convictos ha aumentado gradualmente. Como la mitad de las personas arrestadas y acusadas por incesto son finalmente convictas. En recientes, el número de casos ha sido: 1956-57 1957-58 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 24 25 19 28 39 16 1964-65 1962-63 1963-64 21 12 16

en año no son fáciles de explicar. El Los cambios de número total de convictos presentes en el sistema correccional, en un día determinado, muestra menos variación, y alcanza un promedio de 40. Las proyecciones de una fuente informada calculan que ese número aumentará a 66, para 1985. Como las cuatro quintas partes de los convictos son culpables de incesto entre padre e hija. Tomando los casos informados, el Esta promedio es de 12 a 14 casos por millón de habitantes, por es una cifra altísima si la comparamos con las de Canadá, Inglaterra o Suecia (cuyos promedios fluctúan entre 0.7 y 5.1). Fuera de Puerto Rico, el promedio más alto se ha encontrado en Nueva Zelandia (9 pero no se tiene, sin embargo, por millón de habitantes, por información sobre la incidencia en los distintos grupos étnicos. cubierto por el estudio, hubo 49 casos de incesto en En el 208

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las instituciones penales. Se examinaron 33. Después de excluir los casos entre hermanos y hermanas y los casos dudosos o incompletos, se incluyeron 20 en la muestra final. Ningún "bias" sistemático operó en la selección de los casos. De modo que no hubo necesidad de seleccionar la misma al azar, considerándose 20 casos como lo suficientemente representativos del grupo de sujetos convictos. Desde luego, es altamente cuestionable que lo fueran del total de las cifras desconocidas (Número Negro). Los datos para cada sujeto incluyen: un historial social completo y la historia del delito, obtenidos mediante entrevista directa con él, así como sus antecedentes; el historial social de la víctima o víctimas y sus familiares, conseguido en el lugar donde se cometieron los hechos, considerando particularmente la conducta de la víctima y la actitud de los familiares y vecinos hacia el autor de los hechos; un informe psicológico del ofensor, obtenido mediante la administración de las pruebas Wechsler-Bellevue Scale, Formulario 1; Rorschach, Bender Gestalt Motor Test, Draw a Person Test, Make a Picture Study Test; el examen neurológico, consistente de una entrevista psiquiátrica y de un examen neuro-psiquiátrico del ofensor, y un examen médico con pruebas de laboratorio y radiografía del cráneo. A continuación resumimos los hallazgos principales del estudio, de acuerdo con la información social obtenida sobre los sujetos, la víctima y con la informacióm contenida en los informes médico, psicológico y psiquiátrico. Diez y siete de nuestros sujetos nacieron en la zona rural y vivían en pequeñas fincas o en zonas rurales aisladas, o semiaisladas, dispersas por toda la isla, sin concentración específica alguna. Solamente tres .casos pueden ser considerados como propiamente urbanos. La edad del ofensor al ocurrir los hechos promediaba 45 fluctuando entre 32 y 67. Solamente cinco sujetos tenían menos de 42 cuando ocurrió el incesto. El ingreso promedio de las familias de los ofensores fluctuaba entre cero y $160 por mes, pero solamente cinco de las veinte familias tenían un ingreso de $100 o más, por mes. Ocho sujetos estaban casados, tres viudos y nueve vivían en concubinato. Aunque se hace difícil establecer diferencias raciales en Puerto Rico, trece sujetos podrían ser clasificados como blancos, cinco como mulatos y dos como negros. Solamente un sujeto no usaba el alcohol habitualmente. Diez tomaban moderadamente y nueve podrían ser clasificados como alcohólicos. Ninguno de los 20 casos usaba drogas. Es de observarse que la adicción a drogas comenzó en

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Puerto Rico muy recientemente y que se concentra principalmente en la zona urbana, entre los menores y jóvenes adultos. Diez y siete de los sujetos eran agricultores; tres, obreros manuales; once de los veinte eran analfabetas y seis sólo tenían una educación marginal. Solamente tres habían estado en la escuela por más de cuatro años. El número de hijos, por sujeto, variaba entre uno y dieciocho. Las condiciones del hogar eran satisfactorias solamente en dos casos; y regulares, en seis. Los demás estaban bajo el promedio, o en pésimas condiciones. Cuatro personas dormían en cada habitación, como promedio. Los vínculos de la familia con la familia original del ofensor eran buenos o regulares en 15 casos. Sin embargo, la familia inmediata del ofensor con frecuencia se hallaba disgregada, mutilada o fragmentada debido a separación o mudanza. Solamente dos de los 20 casos tenían récord criminal. En uno de los casos el incesto estuvo acompañado del delito de infanticidio. En los otros 17 casos el incesto fue el único delito. La pena mínima impuesta a los ofensores fluctuó entre uno y ocho la máxima, de tres a doce con un promedio de ocho A muy pocos se había concedido la libertad bajo palabra, debido a las dificultades en conseguir trabajo, por razón de su edad, en alguna ocupación estable. En algunos casos, la razón fue que la familia rehusó recibirlos. En seis de los casos el delito había sido informado por los vecinos. En los otros 14, la información se recibió de algún pariente. Solamente en 5 de éstos el caso fue informado por la esposa o concubina y en uno, por la propia víctima. La reputación del ofensor en la comunidad era buena en doce casos y regular en seis. En quince casos el delito se cometió en la casa, y en los demás, fuera de ella. Por lo demás, en diez casos, los miembros de la familia sabían y aceptaban los hechos; en otros cuatro, probablemente se sabía; en seis había venido ocurriendo por años, y en dos, el incesto había sido múltiple, con más de una hija como víctima. En ninguno de los veinte casos se tomaron precauciones para evitar el embarazo, el cual ocurrió en nueve casos. La familia, en diez casos, podría describirse como aislada y de muy pocos amigos. En trece casos, la mujer estaba ausente o alejada temporalmente o se había muerto o mudado. Solamente tres de los veinte ofensores tenían historial previo de promiscuidad sexual y de relaciones permanentes con otras mujeres, que no fueran la esposa o la víctima. Solamente en siete casos la familia rehusó recibir de nuevo al ofensor. Los vecinos mostraron tolerancia hacia el ofensor en diez y seis casos.

Datos sobre la víctima

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Por la inclusión en el grupo de dos casos de incesto múltiple, nuestros datos se refieren a veinticuatro víctimas. Sus edades con un promedio de quince fluctúan entre diez y veintiún En tres de y seis meses. Solamente nueve tenían dieciséis o más los casos la víctima padecía de retardación mental seria. En doce casos la víctima había contribuido claramente a la comisión del delito y la actitud de la víctima en siete de ellos era indiferente. Solamente en tres casos se interpuso una clara resistencia. En siete casos, la víctima había estado ausente del hogar por un período largo antes del delito y el seis había venido sustituyendo a la esposa muerta o ausente, en los quehaceres del hogar. En tres casos la víctima contrajo matrimonio después del delito; en cinco, se metió a la prostitución; y en cuatro, se hizo imposible localizarla. Solamente, en dos casos se sabe que la víctima logró hacer un buen ajuste. En ocho de los veinte, la familia había cambiado de residencia; y en diez de los veinte, había empeorado la desintegración familiar. Datos médicos, psicológicos y psiquiátricos Nuestros sujetos estaban en condiciones físicas regulares, según situación social, económica y ocupacional. Hubo un caso de su otro, serio, de hernia y uno de tuberculosis. En un caso bilharzia, un historial de malaria. En ninguno había arterioesclerosis u existía sintomático. El examen físico, en cuatro casos, reveló otro elemento evidencia de alguna deterioro debido a alcoholismo crónico. Los psicológicos demostraron datos que los sujetos estaban claramente bajo el promedio. El IQ verbal promedio fue, específicamente, 72, variando entre 53 y 94. El IQ de ejecución fue 68, variando entre 54 y .94; y el promedio total de intelignecia fue 70, variando entre 49 y 97. Solamente un sujeto tenían un cociente de inteligencia total de escala normal, siendo todos los demás de inteligencia marginal o retardada. En ellos la creatividad, la originalidad y la habilidad para observar son muy limitadas. La valoración en cuanto a conformidad con el grupo es muy baja y la aceptación de la realidad, menos de lo normal. El proceso mental está orientado hacia patrones concretos. Quince sujetos dieron muestras de estereotipia, mientras que nueve las dieron de perseverancia. La gama de intereses en diez y siete casos era muy limitada. Catorce sujetos demostraron tener una memoria inferior a lo normal. En quince de ellos no había deterioro mental, según la fórmula de Wechsler y muy poco deterioro mental 211

en otros cinco. Debe observarse que debido al bajo nivel educativo en estos casos la fórmula Wechsler no tiene ningún valor_ diagnóstico. En sólo uno de los veinte casos se halló suficiente madurez de la personalidad. En los demás prevalecía el impulso y la reacción extrovertida. Eran frecuentes las tendencias agresivas hacia la familia y hacia el ambiente, acompañadas de una gran dependencia y de una capacidad pobre para establecer buenas relaciones. En sólo ocho sujetos se hizo evidente una gran ansiedad. El sentido de culpa existía claramente en sólo cinco sujetos. Cuatro casos ofrecieron muestras de homosexualidad latente. La prognosis de reajuste social era buena en cuatro casos, dependiendo, en los demás, de la clase de ambiente social en que habrían de vivir después de su salida. El examen psiquiátrico confirmó los hallazgos psicológicos relativos al nivel intelectual de los sujetos. En seis de ellos hubo evidencia clara de características psicopáticas, con tendencias paranoides en uno. En otro, la reacción depresiva era manifiesta. Psiquiátricamente, quince casos podían ser considerados como de inteligencia infranormal. De estos quince, ocho tenían síntomas de trastorno mental orgánico. Conclusiones: Del estudio clínico de estos veinte sujetos pueden derivarse algunas conclusiones generales. El cuadro general presenta un alto nivel de patología social y personal, en el cual el aislamiento, la desintegración familiar, el bajo nivel social y cultural, la ausencia de valores familiares estables se funden con factores criminogenéticos personales. Entre éstos prevalecen la retardación seria (ocasionalmente de origen orgánico), el alcoholismo y la personalidad inmadura. Los factores sociales y personales contribuyen a la dispersión familiar y son determinantes de la situación pre-incestuosa en la cual todos los miembros de la familia, en grados varios, contribuyen a la conducta criminal. La naturaleza antisocial del hecho, sin embargo, no es percibida ni por el ofensor ni por la víctima, y con frecuencia, ni siquiera por el resto de la familia o los vecinos. El acontecimiento incestuo, a menudo, es casual y se desarrolla sin que las partes se envuelvan demasiado emocionalmente. Lo facilitan las incertidumbres en el rol personal y en la estructura familiar, el bajo nivel de integración de la familia y del papel que juegan padre e hija, debido, ocasionalmente, a lazos conyugales diferentes, pero coexistentes. El delito se materializa en condiciones excepcionalmente promiscuas y con frecuencia encuentra su último factor determinante decisivo en 212

el bajo poder de inhibición, propiciado por la patología intelectual y la intoxicación alcohólica. No pocas veces la víctima juega un papel de participación activa y, en todo caso, raramente se resiste. No siempre el ofensor es un miembro olvidado de la familia. Sin embargo, el incesto aumenta la dispersión familiar y sella un destino de gran patología social para la víctima. Los datos sobre estos veinte casos puertorriqueños no son muy diferentes de los reflejados por estudios similares en otras culturas. En Puerto Rico, así como en otros países, el intercambio y la integración criminogenética de los factores sociales, sicológicos y psiquiátricos y la trascendencia del comportamiento de la víctima son muy evidentes. El alcoholismo, la desunión familiar, el aislamiento y la promiscuidad juegan todos un papel primordial. Desde un punto de vista práctico, se hace necesario reexaminar críticamente la conveniencia de imponer a los ofensores en esta clase de delitos unas penalidades automáticas y largas, si se les ha de aplicar un tratamiento criminológicamente razonable. La incriminación y el juicio por incesto, como en otros países, deben ser precedidos por un estudio social cuidadoso de la situación incestuosa y por la opinión psiquiátrica experta, sobre el ofensor. Debe observarse que aunque ninguno de nuestros veinte casos fue objeto de examen o de estudio alguno, antes del juicio, la situación hoy ha cambiado mucho en cuanto al extenso uso de este importante recurso. El propuesto proyecto para un nuevo código penal, actualmente bajo consideración legislativa, reduce a tres la pena por incesto. Esta parece ser una disposición muy sabia que corregiría tan ilógica situación. La reclusión larga de estos casos tiene como única consecuencia la fragmentación definitiva de una familia de por sí ya inestable. Los intereses de la sociedad podrían quedar mucho mejor servidos, en la mayoría de los casos, mediante tratamiento social y médico-sicológico adecuado, al ofensor y a la víctima, durante un período de reclusión breve, serapando posiblemente la víctima de su familia. REFERENCIAS Una serie completa de referencias sobre el delito de incesto es contenida en los artículos que se enumeran a continuación y que ha constituido la base del presente escrito: 1. 2.

María Cristina Giannini: L`incesto Note di legislaziones comparata. Sessuologia, 1967, 1. Franco Ferracuti: L `incesto padre-figlia. Studio clinico-criminologico Parte I: Sessuologia, 1967, 2. Parte II: Sessuologia, 1967, 3..

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INDICE DE NOMBRES DE PERSONAS Abbot, J. 148, 154 nc Alvarado, A.J. 158 Campos del Toro, E. 158 Casanova, T. 156, 157 Cedeño-Zavala, C. 145, 157, 179 Cleaver, P. 180 nc Clinard, M.B. 148,154 nc Cloward, R. 123 nc Colón Yordán, E. 132 nc Col y Cuchi, C. 6 Coser, L. 124 nc Cho, S.T. 180 nc Christiansen, K.O. 83 nc De Diego, J. 156 De Jesús Medina, J. 162 Delgado, G. 25 Dreyer, M. 132 nc Fernández Méndez, L. 159 Ferracuti, F. 64, 101, 145, 181 215, 213 nc Figlio, R.M. 103 Fitzpatrick, J.P. 120 nc Fleage, F.K. 156 García, C.S. 133 Gianni, M.C. 213 nc Glueck, E. 104 Glueck, S. 104 González, C. 160 Hassan, R. 180 nc Hernández Colón, R. 18, 80 Hyman, H. 123 nc Jiménez Asúa y Méndez, L. 9 Jimeno Agius, J. 156 Kennedy, J.F. 81 Kock, J. 136 Kupperstein, L.R. 65, 154 nc

Lasa Díaz, G. 135 nc Litwak, E. 128 nc López-Rey, M. 2, 5, 157 Loveland, F. 14 Lugo de Sandra, C. 158, 162 Marcano, H. 158 Martin, J. 120 nc Maymí, J. 158 Meléndez Muñoz, M. 159, 162 Méndez, J. A. 159 Merton, R. 123 nc Miller, W.B. 123 nc Mueller, G.O.W. 68 Mukherjee, S.K. 116 Mylonas, A.D. 180 nc Nicolaus, M. 130 nc Ohlin, Ll. E. 123 nc Otero de Ramos, M. 63, 116 Palau de López, A. 64, 119, 128, 129 Pagán Rodríguez, F. 7, 8, 10, 13, 14, 19 Polk, K. 116 Ramírez, E. 80 Reckless, W.C. 145, 154, 179, 180 nc 188 nc Rivera, P.J. 79 Rodríguez-Bou, I. 80, 116 Rodríguez Pastor, S. 158 Rosario, J.C. 160 Roselló, J. 133 nc Rossy, J.M. 162 Ruiz, E. 141 nc Schafer, W.E. 116 Sellin, T. 103 214

Silving, H. 7 Soler, S. 8 tudt, E. 37 Suliveres, C. 131 nc Szasz, T. 140 Toro-Calder, J. 2, 21, 24 nc, 31, 32, 63, 65, 144, 145, 148, 154 nc, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 179 Trujillo, R.L. 11 Urbaneta del Valle, M. 159, 162 Vales, P. 2, 43 Wallace, S.E. 144, 160, 171 Wenk, A. 116 Wolfgang, M.E. 68, 103

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INDICE ANALITICO aborto 15 estadística 17 actitudes hacia sistema legal instrumentos para su medición 180-182 entre obreros 182 entre reclusos 182-283 entre guardias penales 183 entre policías 183 comparado con otros países 183 adictos a drogas tratamiento 132-133 limitaciones en 133 control 132-133 causas 133 adultos delincuentes arrestos 61 naturaleza del delito 61 extensión comparada con menores 61-62 anomía 123, 148 Centro de Investigaciones Sociales y sociología penal 1 y estudios de violencia 171 y estudio sobre delincuencia juvenil 65, 79, 101, 119 Código Penal procedimiento en su preparación 5-7, 9-10 acercamiento formal tradicional acercamiento socio-criminológico 7-8 en América Latina 8 Código Penal de Puerto Rico (1974) y la realidad puertorriqueña 2 información básica para su revisión 2, 9 historial 5-7 216

Proyecto Pagán Rodríguez 6-8 Proyecto Silving 7 Proyecto Miró Cardona Comisión de Derechos Civiles y directrices de orden filosófico penal 2, 22 y tratamiento de los convictos 2 confinados en instituciones penales movimiento de población penal 45 criminalidad incidencia 21, 149-156, 157 la "desconocida" 143-144 imagen popular de 148 natÚraleza y extensión de 149-156 comparación entre adultos y menores 155-56 deserción escolar necesidad de su estudio 80-81 extensión 82-83 y la delincuencia juvenil 63 definición 84 razones para abandonar la escuela 91-92 por sexo 93 y residencia con padres 94 y zona de residencia 94-95 por nivel escolar 95 implicaciones de 98 recomendaciones en base a estudio 98-100 estadísticas policiales 17, 149-156 limitaciones de la criminal 143-144 homicidio 15, 153 homosexualidad etiología 191-192 incidencia 192 217

características de grupo femenino estudiado 193 instrumentos psicológicos para su estudio 193-196 resultados de estudio 196-199 incesto historia del 205-206 como delito 206-207 definición 206 penalidades del delito 206-207 enfoque clínico en su estudio 207-208 incidencia 208-209 instrumentos usados en su estudio 209 características: del ofensor 209-210 de la víctima 211 de la muestra general 211-212 investigación criminológica reseñada (en Puerto Rico) sobre incidencia 156-157 sobre causas 157-161 sobre prevención 161-163 sobre necesidades y perspectivas 163-166 investigación sobre delincuencia en menores y la Escuela Graduada de Trabajo Social 65 y el Centro de Investigaciones Sociales 65 financiamiento por DFSEB 65 metodología usada en estudio 66-67 justicia criminal y sociología penal 1 componentes 3 y su investigación 3 justicia de menores manejo y disposición de casos en el Tribunal 72-74 recomendaciones para su mejoramiento 75-78 libertad bajo palabra definición de 43 218

historial en P.R. 43 revocados 44, 46-47 y el estado civil del liberado 47-49 y antecedentes criminales 49-51 y tiempo por cumplir 53-54 y empleo 54-55 edad al salir en LBP 56 y la familia 57 y educación 56 sugerencia para servicios 58 sugerencias para funcionamiento administrativo 59-60 M.A.P.S. y su aplicación en un estudio de homosexualidad 193 resultados 196-198 menores delincuentes definición de 85 intervenciones policiales 61, 83 naturaleza de faltas 61, 71-72 extensión comparada con adultos 62 características 63, 68-71 y la deserción escolar 63, 82, 98 etiología de su comportamiento 64, 74, 107-111 características sociales y personales sobre sexo 68 sobre residencia 69 patología social 69 en área residencia 69 familias de 69 ingresos de familia 70 educación de padres 70 educación de 70 ajuste escolar 70 empleo de 69-70 diferencias entre tasas por sexos 68 y residencia con padres 69 y zona de residencia 69 por nivel escolar en el arrabal 69 puertorriqueños comparados con los EEU .1 i02-103, 135 menores en Puerto Rico 219

escolaridad 79 y problema de drogas 80, 135 menores, tratamiento a modelo psicoanalítico 64, 119-121 y dépendencia política modelo sociológico 64, 121-126 enfoques diversos comparación entre modelos 126-130 situación puertorriqueña en relación a 130-141 probación 137 personal en servicios correccionales características 2, 34-37 preparación profesional 2, 37-39 preocupación por 31-32 planificación racional concepto de 1 prevención definición de 161-162 niveles de 22 y el Estado 22, 23-26 y la comunidad 26 y la familia 26-28 y la educación 161-162 y los servicios públicos como parte de sistema de control social 162 su dificultad 163 probatoria definición de 3 recomendaciones sobre organización y administración 3 Rorschach, Test de su aplicación en estudio de homosexualidad 193-195 y los signos Wheeler 193-195 resultados 196-198 220

socialización 27, 116 medición comparada: entre reclusos y policías 179, 184 con guardias penales y obreros 179-184 comparada con otros países 183, 185-188 sociedad puertorriqueña desarrollo social y económico 147 demografía 147-148 vida urbana en 148 impacto psicológico 148 de urbanismo 148 violento, comportamiento función social 171-172 elementos en 171-172 papel de la audiencia 172 como asesinato incipiente en San Juan: 172 características generales: de la víctima 174-175 de la audiencia 175-176 violación (véase también incesto) 16, 153

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UNNERSIDAD DE PUERTO RICO DNDION DE IMPRESOS (Prints in Puerto Rico)