NOTA ECONÓMICA
Impacto del aumento del salario mínimo
sobre el sector de obras civiles
POR UNA COLOMBIA UNIDA
Impacto del aumento del salario mínimo
sobre el sector de obras civiles
Ginette Sofía Lozano Maturana Directora de Asuntos Económicos de la CCI
Daniel Fernando Criollo Figueroa
Economista Senior de la CCI
Andrea Gil López
Financiera Senior de la CCI
Introducción
Históricamente, el incremento del salario mínimo en Colombia ha sido un proceso marcado por la discusión entre las principales centrales obreras y el sector empresarial, en el cual el Gobierno ha desempeñado un rol de mediador y, en la mayoría de los casos, ha terminado fijando el aumento mediante decreto. Este mecanismo ha funcionado como un instrumento para conciliar posiciones divergentes entre las partes interesadas.
El proceso de fijación del salario mínimo para 2026 no fue ajeno a estas tensiones. Mientras el empresariado y los principales gremios económicos del país proponían un incremento cercano al 7%, las centrales obreras abogaban por un aumento cercano al 16%, lo que evidenciaba una brecha de aproximadamente nueve puntos porcentuales entre las posiciones iniciales.
Tradicionalmente, este tipo de diferencias se ha resuelto mediante un decreto que fija una cifra intermedia, acompañada del ajuste del auxilio de transporte. De hecho, según lo consagrado en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, cuando no se logre el consenso en la comisión permanente de concertación de políticas salarias y laborales durante el proceso de fijación del salario mínimo, el Gobierno nacional lo determinará tomando en cuenta parámetros como la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República, los niveles de productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
No obstante, el incremento del salario mínimo para la vigencia 2026 introdujo un elemento atípico en este proceso. El 29 de diciembre de 2025, el Gobierno nacional expidió los decretos 1469 (salario mínimo legal) y 1470 (auxilio de transporte), estableciendo un aumento del 23 %, cifra que generó reacciones encontradas. Mientras algunos sectores calificaron el ajuste como desproporcionado, las centrales obreras celebraron la decisión, destacando que se trata de uno de los incrementos más elevados en la historia reciente del país, especialmente si se contrasta con una inflación anual de 5,1% al cierre de 2025. Más allá de la discusión política y sindical, resulta necesario analizar este aumento desde una perspectiva sectorial, con el fin de identificar sus posibles implicaciones económicas y financieras.
Con esto en mente, el presente documento hace un análisis sobre los determinantes del Índice de Costos de Producción de Obras Civiles (Icociv), el cual captura la evolución promedio de los principales insumos del sector, y, a partir de ello, evalúa los efectos del incremento del salario mínimo sobre los contratos de obra pública. Lo anterior, teniendo en cuenta que los presupuestos de este tipo de proyectos suelen estructurarse con márgenes limitados, por lo que un aumento de esta magnitud podría incrementar sustancialmente los costos de construcción de infraestructura en el país.
Salario mínimo desde el Índice de Costos de Producción
de Obras Civiles
El Icociv, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), tiene como propósito medir la variación promedio de los precios de los principales insumos utilizados en la construcción de obras civiles en Colombia. Este índice constituye un referente central para el análisis económico del sector, en la medida en que captura la dinámica de costos asociada a materiales, mano de obra, maquinaria, equipos, transporte y otros insumos relevantes en la ejecución de infraestructura. Su alcance abarca un conjunto amplio de tipologías de obra, entre las que se incluyen carreteras, puentes, obras hidráulicas, infraestructura portuaria, tuberías y proyectos industriales, lo que permite contar con una visión agregada y representativa del comportamiento de los costos de producción del subsector de obras civiles.
La estructura de ponderadores del Icociv se construye a partir de información proveniente de presupuestos de obra reales, formulados bajo la metodología de Análisis de Precios Unitarios (APU). Estos presupuestos descomponen cada actividad constructiva en sus elementos básicos de costo, permitiendo identificar la participación relativa de cada insumo dentro del costo total de la obra y, a partir de ello, asignar ponderaciones coherentes con la estructura real de costos del sector.
En este sentido, el uso de presupuestos elaborados mediante APU garantiza que el índice refleje de manera fiel las condiciones técnicas y económicas bajo las cuales se ejecutan los proyectos de infraestructura, así como la sensibilidad del sector frente a variaciones en los precios de insumos transversales como la mano de obra. Ejemplo de ello, incrementos en el salario mínimo y sus efectos sobre la ejecución y viabilidad financiera de las obras civiles.
Gráfica 1.
Peso por tipo de insumo para proyectos de obras civiles
La Gráfica 1 muestra la participación relativa de los tipos de insumo dentro de un presupuesto de obra civil, construido a partir de la metodología de APU. De acuerdo con esta descomposición, los materiales concentran la mayor proporción del costo total del proyecto, con una participación superior al 50% del presupuesto, seguido por la mano de obra (16,9%), que representa el segundo componente más relevante. Este resultado es consistente con la estructura técnica de los proyectos de infraestructura, en los cuales la ejecución física de las actividades demanda una combinación intensiva de insumos materiales y trabajo, mientras que otros componentes como maquinaria, transporte, equipos y herramienta presentan participaciones relativamente menores en términos agregados.
La elevada participación de la mano de obra dentro del presupuesto de obra implica que las variaciones en su costo tengan el potencial de incidir de manera directa en la estructura de costos de los proyectos de infraestructura, aun cuando su magnitud final dependa de múltiples factores como el tipo de obra, la fase de ejecución y la productividad laboral.
En este contexto, ‘mano de obra’ como segundo rubro de mayor peso en el presupuesto, permite entender por qué los
Fuente: Elaboración DAE-CCI con datos Dane (2026)
cambios en variables que determinan su costo, como el salario mínimo legal vigente, constituyen un elemento relevante a considerar en el análisis de la evolución del Icociv y en la evaluación de la dinámica de costos del sector, sin que ello implique, en esta etapa, afirmar efectos específicos sobre la ejecución o viabilidad de los proyectos.
Gráfica 2.
Peso por tipo de mano de obra para proyectos de obras civiles
Adicionalmente, al desagregar la participación del componente de mano de obra dentro del presupuesto de obras civiles, mostrando cómo se distribuye ese rubro entre los distintos tipos de perfiles laborales que intervienen en la ejecución de los proyectos. Los resultados evidencian que la mayor proporción del costo de mano de obra se concentra en categorías asociadas directamente a la ejecución operativa en campo, particularmente las cuadrillas y los ayudantes, que representan las participaciones más altas dentro de este componente. En contraste, los perfiles de mayor especialización técnica o de supervisión (como profesionales, técnicos, capataces y otros cargos similares) presentan una participación menor en el costo total de la mano de obra, lo cual es coherente con su menor número relativo dentro de la estructura típica de los frentes de obra.
Fuente: Elaboración DAE-CCI con datos Dane (2026)
Esta distribución interna de la mano de obra permite entender que el costo laboral de los proyectos de infraestructura está determinado, en gran medida, por perfiles cuya remuneración se encuentra estrechamente vinculada al salario mínimo legal vigente o a escalas salariales cercanas a este. En este sentido, la concentración del gasto en categorías como cuadrillas y ayudantes sugiere que las variaciones en el salario mínimo tienen un canal directo de transmisión hacia el costo agregado de la mano de obra, dado su peso relativo dentro del presupuesto, sin que ello implique, en esta etapa del análisis, establecer conclusiones sobre la magnitud o los efectos finales de dichas variaciones sobre la ejecución de los proyectos de obras civiles.
Gráfica 3.
Peso de mano de obra por grupo de proyectos de obras civiles
Al observar la participación de la mano de obra por tipo de proyecto de obras civiles, se evidencia que este componente presenta un peso diferenciado según la naturaleza técnica de la obra. En particular, los proyectos asociados a obras hidráulicas (como puertos, canales, presas y sistemas de riego) muestran la mayor participación relativa de la mano de obra dentro del presupuesto, seguidos por proyectos de tuberías para conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, así como por construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil. Adicionalmente, las carreteras, calles, vías férreas, pistas de
Fuente: Elaboración DAE-CCI con datos Dane (2026)
aterrizaje, puentes y túneles, así como las construcciones en minas y plantas industriales, presentan una participación un poco menor del componente laboral, lo cual es consistente con una mayor intensidad en maquinaria, equipos especializados o procesos constructivos de mayor capitalización. No obstante, más allá de estas diferencias, resulta relevante señalar que, en todos los tipos de obra considerados, la participación de la mano de obra supera el 10 % del presupuesto total. Este resultado sugiere que, independientemente del tipo de proyecto, el componente laboral constituye un componente estructural dentro de los costos de producción de las obras civiles. En este sentido, la presencia transversal de la mano de obra en la estructura de costos permite entender por qué las variaciones en su costo, particularmente aquellas asociadas al salario mínimo legal vigente, representan un elemento común a considerar en el análisis de la evolución de los costos del sector.
Impacto del aumento del salario mínimo en los contratos de obra pública: efectos y consideraciones contractuales
Desde la perspectiva de los contratos de obra pública, el aumento del salario mínimo se materializa como una variación del costo laboral que, desde el punto de vista técnico y económico del contrato, debe entenderse no tanto como un hecho aislado, sino como un factor recurrente que incide de manera continua sobre la estructura de precios, la productividad y el flujo de caja de los proyectos. En ese sentido, el aspecto central no radica únicamente en que el salario mínimo se incremente de forma periódica, sino en la manera en que cada contrato asigna, reconoce y gestiona dicha variación de costos, así como en la capacidad de las partes para absorber sus efectos durante la ejecución del proyecto.
En la práctica, los proyectos de obra pública se desarrollan principalmente bajo dos modalidades contractuales, los contratos a precios globales y los contratos a precios unitarios. En ambos esquemas, las presiones derivadas del aumento del salario mínimo pueden manifestarse tanto en los costos directos como en los costos indirectos del proyecto, aunque a través de mecanismos distintos.
Con esto en mente, la variación salarial tiende a ejercer una presión adicional sobre la liquidez del proyecto, lo que puede traducirse en la necesidad de reprogramar actividades y, potencialmente, en la reducción de los frentes de trabajo activos. Este escenario se ve acentuado cuando la estructura de precios definida durante la fase de estructuración del proyecto no es actualizada oportunamente al momento de la adjudicación, generando una brecha financiera para el contratista que se intensifica ante incrementos salariales de esta naturaleza.
Otro aspecto clave es que el impacto del aumento salarial no se restringe únicamente al nivel de los jornales, sino que puede verse amplificado por cambios en la productividad laboral. Cuando el contratista busca contener los mayores costos ajustando los equipos de trabajo, reorganizando los frentes de obra o modificando esquemas de subcontratación, pueden generarse disminuciones en los rendimientos respecto a lo inicialmente presupuestado. A este efecto se suma la reducción de la jornada laboral establecida en la Ley 2466 del 25 de junio de 2025, que fija una jornada máxima de 42 horas semanales, lo cual limita la disponibilidad efectiva de horas de trabajo dentro de los horarios convencionales definidos por la normativa laboral. Desde una perspectiva contractual y operativa, esta combinación puede producir un efecto acumulado: el costo por unidad ejecutada tiende a aumentar, no solo porque el jornal es más alto, sino también porque la producción diaria puede verse restringida, incrementando la necesidad de mayor capital de trabajo para sostener los niveles de avance originalmente previstos.
Más allá del punto de vista contractual, el incremento del salario mínimo podría impactar transversalmente el flujo de caja del proyecto, al aumentar el capital de trabajo necesario para cubrir la nómina entre el momento de la ejecución y el de los pagos. En los contratos de obra, el avance físico se convierte en desembolsos a partir de actas, revisiones, aprobaciones y pagos que, en la práctica, pueden demorar semanas o incluso meses. Si la nómina mensual crece y el ciclo de pago no se acorta, el contratista debe financiar una brecha cada vez mayor, lo que incrementa sus costos financieros y eleva la probabilidad de tomar decisiones operativas que perjudiquen el desempeño. Por ello, la oportunidad en los pagos se vuelve un factor clave para la materialización de este riesgo.
Conclusiones
Del análisis conjunto del Icociv, de la estructura de costos de los presupuestos elaborados bajo la metodología de APU y de los principales esquemas contractuales empleados en la obra pública en Colombia, se derivan conclusiones relevantes sobre la forma en que el aumento del salario mínimo incide sobre los costos directos e indirectos de los proyectos de infraestructura. Este enfoque integrado permite identificar no solo la magnitud potencial del efecto agregado, sino también su carácter heterogéneo según el tipo de proyecto y la modalidad contractual, así como los principales canales a través de los cuales este choque salarial se transmite a la sostenibilidad financiera y al desempeño operativo de las obras civiles. Desde una perspectiva agregada, el análisis del Icociv muestra que la mano de obra representa, en promedio, el 16,9% del presupuesto de una obra civil, consolidándose como el segundo componente de mayor peso después de los materiales, cuya participación alcanza el 51%. Esta composición de costos pone de manifiesto que los incrementos en el salario mínimo no pueden interpretarse como un choque marginal dentro de la estructura de costos del sector, sino como un factor con capacidad de presionar de manera relevante los costos totales de los proyectos, especialmente en contextos de rigidez presupuestal y limitada capacidad de ajuste durante la ejecución contractual.
Al desagregar el componente laboral por tipología de proyecto, se observa una heterogeneidad significativa en su participación dentro del presupuesto. En particular, la mano de obra alcanza alrededor del 28% en proyectos de puertos, canales y represas; cerca del 21% en tuberías para conducción de gas a larga distancia; aproximadamente el 19% en construcciones deportivas; y alrededor del 14% en proyectos viales, férreos y aeroportuarios. No obstante, más allá de estas diferencias, en todos los tipos de obra analizados la participación de la mano de obra supera el 10% del presupuesto total, lo que confirma su carácter transversal dentro de los costos de producción y sugiere que los incrementos del salario mínimo generan presiones generalizadas, aunque con distinta intensidad según la naturaleza técnica y el grado de intensidad laboral de cada proyecto.
En este contexto, el aumento del salario mínimo en los contratos de obra pública debe entenderse no como un evento excepcional, sino como un factor que incide de manera continua sobre la estructura de precios, la productividad y el flujo de caja de los proyectos. La sostenibilidad del contrato depende, en buena medida, de la capacidad de las partes para anticipar, gestionar y absorber estas variaciones de costos a lo largo del ciclo de ejecución, particularmente en contratos de mediano y largo plazo.
Las principales modalidades contractuales utilizadas en la obra pública (precios globales y precios unitarios) enfrentan estos incrementos salariales tanto en los costos directos como en los indirectos, aunque a través de mecanismos distintos. En ambos esquemas, el aumento de los costos laborales puede traducirse en presiones sobre la liquidez del proyecto, lo que, en ausencia de ajustes oportunos en la estructura de precios o en los flujos de pago, puede inducir a la reprogramación de actividades o a la reducción de frentes de trabajo activos.
Adicionalmente, el impacto del aumento del salario mínimo no se limita al incremento del jornal o de la nómina. En la práctica, puede verse amplificado por ajustes operativos orientados a contener costos, que en algunos casos se traducen en disminuciones de la productividad laboral. Este fenómeno eleva el costo por unidad ejecutada, intensificando las presiones financieras y afectando la dinámica de ejecución de la obra.
Desde la perspectiva financiera, el incremento de la nómina implica una mayor necesidad de capital de trabajo para cubrir los pagos entre la ejecución física de la obra y el desembolso efectivo de los recursos. Si los ciclos de pago no se acortan o no se ajustan adecuadamente, aumenta el riesgo de desfinanciación del proyecto y la probabilidad de adoptar decisiones operativas que pueden deteriorar el desempeño general de la obra. En consecuencia, la adecuada gestión de este impacto requiere una combinación de mecanismos contractuales que permitan reconocer y ajustar de manera oportuna los incrementos salariales, junto con una administración eficiente de los flujos de caja y una estructuración de precios realista, coherente con la evolución de los costos laborales y con las condiciones efectivas de ejecución de los proyectos de obra pública.
En conjunto, este análisis permite concluir que el aumento del salario mínimo constituye un factor estructural dentro de la dinámica de costos de las obras civiles, cuyo efecto no se explica únicamente por la magnitud del ajuste salarial, sino por la forma en que este se integra a la estructura de costos, a los esquemas contractuales y a la gestión financiera de los proyectos. La evidencia muestra que la mano de obra es un componente transversal y no marginal, con una incidencia diferenciada según el tipo de obra y la modalidad contractual, lo que refuerza la necesidad de abordar este fenómeno desde una perspectiva técnica y contractual, más que desde una lectura coyuntural. En este sentido, comprender los mecanismos de transmisión del costo laboral hacia la ejecución de la obra pública se convierte en un insumo clave para diseñar contratos más resilientes, mejorar la gestión del riesgo y fortalecer la sostenibilidad financiera de la inversión en infraestructura.