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EL ACOSO JUDICIAL
El jueves 19 de marzo de 2015, el conflicto entre Carmen Aristegui y los directivos de mvs alcanzó un nuevo nivel. Habían pasado seis días del último programa de radio. La disputa era de dominio público y se hablaba de ella en los medios. Aquel día cada una de las partes salió a dar conferencias para ofrecer su versión. Era una pugna pública. Dos días antes, el martes 17, la Secretaría de Gobernación calificó el rompimiento entre la empresa y la periodista como un “conflicto entre particulares”. La declaración hizo pensar a los periodistas que el gobierno mexicano quería deslindarse por el reportaje de la casa blanca, pero lo único que logró fue hacer más evidente su involucramiento. El equipo de Aristegui convocó aquel jueves 19 a una conferencia de prensa en el Museo Memoria y Tolerancia. El llamado se salió de control cuando los fotógrafos y camarógrafos se escabulleron al recinto para pelear por un 223
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lugar, mientras otros periodistas esperaban formados. Daniel Lizárraga, Salvador Camarena, Sebastián Barragán y Rafael Cabrera trataban de controlar a los reporteros. Había gritos y empujones. El personal del museo entró en alerta. Debido al tumulto la rueda de prensa fue cancelada. Aristegui ni siquiera había llegado al sitio cuando recibió la noticia. Los periodistas tuvieron que idear un nuevo plan para dar a conocer su versión. La alternativa fue usar el mismo auditorio del museo, pero sin periodistas presentes. En cambio, sería transmitida en vivo por internet. Una vez que solucionaron los asuntos técnicos, alrededor de las seis de la tarde aparecieron en la transmisión online Aristegui, rodeada por Lizárraga, Camarena y Kirén Miret. El resto del equipo —Cabrera, Barragán, Irving Huerta y más— estaban desde el sitio de Aristegui Noticias, en la colonia Anzures, apoyando con la transmisión y la difusión en redes sociales. En su mensaje, Carmen Aristegui detalló las presiones y los intentos de censura que los directivos de mvs ejecutaron para evitar que el reportaje de la casa blanca de Peña Nieto no saliera al aire en la frecuencia 102.5 fm. Casi al mismo tiempo, mvs también convocó a una conferencia. El vicepresidente de la empresa, Felipe Chao, rechazó las acusaciones de Aristegui. El ejecutivo incluso se atrevió a decir que Rafael Cabrera —a quien llamó “el verdadero autor” del reportaje—, aún trabajaba en la empresa y él podía seguir trabajando ahí si lo deseaba. Técnicamente tenía razón, pero omitió un hecho importante: días atrás, el 224
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lunes 16 de marzo, Cabrera y toda la producción de la Primera Emisión de mvs habían sido despedidos. A Cabrera y Barragán, por ejemplo, el área de recursos humanos de la empresa les entregó propuestas de liquidación, pero ellos decidieron no aceptarlas en ese momento para consultar a sus abogados. El equipo de Aristegui entendió que mvs trataba de dividir al grupo de periodistas. La empresa estaba decidida a todo para fracturar la unidad. Sabiendo esto, Rafael Cabrera escribió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter para refutar a Chao. Cada tuit iba acompañado del hashtag #mvsMiente. Los tuits se volvieron virales. La noche de aquel jueves, tras la tormenta de las conferencias, los periodistas se reunieron en una taquería en la colonia Anzures. Todos lucían exhaustos. Cabrera, en particular, se sentía atrapado: mvs estaba desconociendo que lo había despedido. Seguir trabajando ahí le parecía indigno. Todos estuvieron de acuerdo en que la mañana siguiente debía acudir a tomar la oferta de liquidación o renunciar. Así que buscó la ayuda de su hermana, quien es abogada. La mañana del viernes, los directivos de Noticias mvs mostraron su talante para resolver problemas editoriales tratando de seducir a Rafael Cabrera para que se quedara dentro de la empresa. Dinero y poder fue lo que ofrecieron. Ellos querían que se llevara el bocado a los labios, pues no encontraban la manera de sacudirse la presión luego de que 225
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el reportaje de la casa blanca no se difundió a través de sus micrófonos. Cabrera llegó aquella mañana a las oficinas de Noticias mvs, en Mariano Escobedo, a recoger su liquidación. Él espe-
raba firmar y salir de ahí cuanto antes, pero no imaginaba la treta que tenían preparada. Cabrera y su abogada estaban sentados en la recepción de la estación, cuando un directivo administrativo de mvs salió apresurado: “¡Rafael!, ¿qué haces ahí? Ésta es tu empresa, pasa”. El hombre guió al reportero a una oficina en el primer piso. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue absurdo: primero negaron que mvs le hubiera hecho una oferta de liquidación, aunque él le había tomado fotos a los documentos con su celular. Después, al ver que Cabrera no cedía, le dijeron que la oficina de investigaciones especiales lo estaba esperando para seguir trabajando. Él sería el jefe y armaría sus propio equipo. Ya había instrucciones —le dijeron— para hacerle una propuesta económica. Bastaba verles a la cara para saber que ofrecerían un jugoso salario. Apenas cuatro días antes ni siquiera lo dejaron ingresar en el edificio, junto con el resto del equipo del noticiero. Cabrera rechazó la oferta; lo que pretendían era una bajeza. Al final, con la ayuda de su abogada, mvs terminó aceptando que sí había sido despedido, como el resto del equipo. Parecía el fin de la historia, pero aún había más por delante. 226
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Siete meses más tarde, en octubre de 2015, se publicó la primera edición de este libro. El equipo de periodistas seguía trabajando de la misma manera, pero en el sitio Aristegui Noticias. En los años siguientes, cada integrante fue tomando un camino profesional distinto, mientras que Aristegui lanzó su programa a través de internet. En marzo de 2016, cuando este libro tenía medio año en circulación, llegaron noticias de Joaquín Vargas, el patriarca de mvs. El empresario demandó a Carmen Aristegui y a la editorial Penguin Random House por daño moral. El hombre dijo sentirse agraviado por los comentarios contenidos en el prólogo de la publicación. Según él, la periodista abusó de su derecho a la información y a la libertad de expresión. Sin embargo, no demandó a los reporteros que escribieron la obra. Ante juzgados del fuero común de la Ciudad de México, Vargas y sus abogados alegaron que Aristegui actuó con “dolo” y “malicia” al calificar como “incontrovertible” que el noticiero fuera sacado del aire a cambio de la concesión de una parte de la banda ancha de 2.5 Ghz. Según él, las opiniones en su contra le habían traído “graves afectaciones” a su “reputación intachable”. En la demanda, Vargas exigió que la editorial eliminara el prólogo de las siguientes ediciones del libro y que se prohibiera su difusión de cualquier otra manera. Además, pidió que la propia editorial pagara desplegados en dos diarios de 227
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circulación en la Ciudad de México para difundir la sentencia en contra de Aristegui. En su defensa, Penguin Random House expuso que las opiniones de Aristegui no estaban aisladas de lo que acontecía en la opinión pública. La controversia por la investigación de la casa blanca de Enrique Peña Nieto había tenido fuertes repercusiones tanto dentro del país como en el extranjero, argumentó la editorial. El ambiente adverso a Joaquín Vargas estaba vivo en los medios de comunicación, incluso en caricaturas. Además, tenían un contrato con los cuatro autores y frenar la distribución del libro sería un acto de censura. Penguin Random House logró un fallo a su favor: el prólogo de Aristegui no sería retirado. De hecho, esta nueva edición contiene las opiniones de ella como se publicaron desde la primera edición. Los abogados de Vargas tampoco consiguieron que se publicaran desplegados con una supuesta sentencia condenatoria. Pero todavía faltaba conocer el destino de la segunda demanda, es decir, la demanda en contra de Aristegui. El 28 de octubre de 2017, el juez civil del fuero común, Odilón Centeno Rendón, sí culpó a Aristegui por presuntamente “exceder” su libertad de expresión y de información dentro del prólogo de este libro. La sentencia parece una copia de la demanda presentada por los abogados del presidente de mvs. Incluso usan las mismas palabras y los mismos conceptos. 228
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Según el juez, Aristegui no pudo comprobar que Joaquín Vargas cambió su posición pública ante el gobierno mexicano. Según el argumento de la periodista, Vargas fue un empresario que primero enfrentó al gobierno del ex presidente Felipe Calderón cuando pretendieron chantajearlo con despedirla de Noticias mvs, en 2011, a cambio de que su familia mantuviera y ampliara el uso de la concesión de la banda de 2.5 Ghz. Sin embargo, después del reportaje de la casa blanca, Vargas sucumbió ante la administración de Enrique Peña Nieto a cambio de exactamente el mismo negocio. Odilón Centeno consideró que en el prólogo coexisten hechos y opiniones. Según él, los primeros debieron comprobarse de alguna manera. Es decir, el señalamiento contra Vargas por desaparecer del cuadrante al equipo de Aristegui y, poco tiempo después, resultar beneficiado en un negocio que según especialistas puede arrojar ganancias por millones de dólares, debió acompañarse de documentos o algún otro elemento que permitiera verificar que fuese cierto. Apenas se notificó de este primer fallo en su favor, Joaquín Vargas y los directivos de Noticias mvs mostraron nuevamente el sello de la casa. El lunes 7 de noviembre de 2017 pagaron desplegados en diarios editados en la Ciudad de México titulados: “Aristegui mintió”. Vargas dio su propia interpretación del fallo en cuatro puntos: 1) Que los términos utilizados por Carmen Aristegui en su prólogo del libro para referirse a mí, no tienen el 229
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propósito de informar, sino el claro afán de desprestigiarme, produciendo con ello un agravio a mi honor, al atribuirme falsas conductas que por supuesto nunca fueron probadas, configurándose así un hecho ilícito. 2) Que los argumentos utilizados por Carmen Aristegui en el prólogo no se ajustan a la realidad, además de que no tienen referencia con el contenido del libro o de la información periodística, ya que su fin fue exhibir o dirimir los conflictos personales que la periodista tiene en mi contra. 3) Que Carmen Aristegui excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio a mi persona, en sus apreciaciones contenidas en el prólogo del libro La casa blanca de Peña Nieto. 4) Que lo expresado por Carmen Aristegui en mi contra es una mentira, pues en ningún momento ofreció pruebas para acreditar lo dicho en el prólogo de este libro. No les importó que esta resolución fuera apenas la primera batalla en el largo conflicto judicial. Lo importante era golpear; exhibirse como víctimas mostrando el músculo que les ha dado su poder económico. Aunque esto tampoco fue algo nuevo: en marzo de 2015, días antes y después del despido de los periodistas Irving Huerta y Daniel Lizárraga, también pagaron desplegados para denostarlos públicamente porque les perdieron la con230
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fianza. Según ellos, sumar a la Primera Emisión de Noticias mvs al entonces naciente proyecto de Méxicoleaks sin autorización de la empresa fue motivo suficiente para pasar por encima de ellos. Además de los desplegados, transmitieron spots golpeando mediáticamente a los reporteros en sus propias estaciones. La plataforma Méxicoleaks ha permitido que la gente mande información encriptada a un grupo de periodistas de investigación pertenecientes a diversos medios de comunicación y organizaciones civiles. Un año antes de este conflicto, el equipo de investigaciones especiales de Aristegui, acompañados de reporteros de planta en mvs como Juan Omar Fierro y Sheila Amador, se aliaron con The National Security Archive, una organización estadounidense, para presentar documentos sobre espionaje gubernamental en México. Esa vez no hubo sanciones. Al contrario, Joaquín Vargas envió sus felicitaciones cuando supo que esa cobertura quedó entre los 10 finalistas del premio de periodismo Gabriel García Márquez de la fnpi, en su edición 2014. Los abogados de Aristegui llevaron el caso del prólogo al Tribunal Superior de Justicia, pero una de sus salas confirmó la sentencia del juez Odilón Centeno. No había otra alternativa que presentar un amparo ante tribunales federales porque estaba de por medio el derecho a la libertad de expresión, plasmado en la Constitución. La defensa de Aristegui ha estado convencida de que el juez Odilón Centeno ha confundido el concepto de un 231
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rólogo y, además, ha fabricado una distinción innecesaria p entre opinión y hecho. En sus alegatos, establecieron que las críticas de Aristegui en el prólogo no fueron una noticia, un reportaje o, mucho menos, una investigación periodística que, en estos últimos casos, siempre debería sustentarse con documentos o cualquier otra prueba. El diccionario de la Real Academia Española ha definido al prólogo como la opinión que antecede a una obra. Por ello, la defensa de Aristegui dijo que no pudo haber “dolo” ni “malicia” en contra de Joaquín Vargas, toda vez que se trata de un punto de vista sobre la investigación periodística conocida como La casa blanca de Enrique Peña Nieto. Además de que los propios autores describieron en el capítulo 2 los intentos dentro de Noticias mvs para que no se difundiera ese trabajo. El amparo de Aristegui contra la resolución del juez Odilón Centeno cayó dentro del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil, también ubicado en la Ciudad de México. En mayo de 2018, el reportero de la revista Proceso, Jenaro Villamil, y el columnista de El Universal, Ricardo Raphael, publicaron por separado que los tres magistrados del Tribunal, Elisa Macrina Álvarez Castro, Roberto Ramírez Ruiz y Fernando Alberto Casasola Mendoza, fueron presionados para que fallaran en contra de la periodista. Ambos comunicadores tuvieron acceso a documentos “estrictamente confidenciales” en los cuales se exponían una serie de argumentos jurídicos para considerar que A ristegui 232
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sí debía ser condenada por daño moral. De acuerdo con Villamil, estos documentos provenían de la ponencia del ministro de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y sugerían una multa de hasta seis millones de pesos. La Suprema Corte rechazó que el ministro Pardo estuviera influyendo en la decisión de los magistrados, sin embargo, no desmintieron la existencia de esos documentos confidenciales. Ricardo Raphael no atribuyó a ningún ministro en particular la redacción de esos documentos, pero preguntó lo siguiente: “¿Quién posee tanta malicia como para querer aniquilar la libertad de expresión en nuestro país? De ganar mvs —puntualizó— habrá que dejar de opinar en las cabinas de radio so pena de ser condenados a pagar ríos de dinero en caso de volverse sospechosos de malicia a la hora de analizar u opinar”. El columnista aludió al término “malicia” porque justamente ha sido uno de los pilares sobre los que ha descansado la primera sentencia contra Aristegui y, sobre todo, apareció de nuevo en esos documentos confidenciales que llegaron a los magistrados. “A Carmen Aristegui la quieren derrotada antes de que termine esta administración”, consideró Ricardo Raphael. Y agregó: Tres son los magistrados que van a decidir el asunto en fecha próxima […] Tienen una gran responsabilidad en sus manos 233
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porque, de concederle razón a mvs, este columnista y cualquier otro, todos los autores de todos los prólogos de todos los libros que vayan a escribirse y/o publicarse en México, los académicos que investigan, los reporteros que informan y prácticamente cualquier otra persona que pise territorio mexicano tendrá que asumirse limitado en su libertad de expresar cualquier cosa de la que no tenga absoluta y definitiva prueba.
¿Quiénes son esos tres magistrados? Elisa Macrina Álvarez Castro y Roberto Ramírez Ruiz han tenido una larga trayectoria dentro del Poder Judicial Federal. Los dos han tenido experiencia como jueces y llegaron a los tribunales mediante concursos de oposición. Fernando Alberto Casasola Mendoza, obviamente, también se convirtió en magistrado gracias a un concurso, no podría ser de otra manera, pero su trayectoria es distinta. Nunca fue juez. Él pasó directamente de la Suprema Corte al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil. Desde 2008, el Consejo de la Judicatura Federal permitió que los secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte, así como los secretarios de tribunales colegiados, pudieran participar en los concursos para ser magistrados, sin haber sido jueces previamente. En ese año, Jesús Aranda (q. e. p. d.), periodista de La Jornada, publicó información sobre la molestia prevaleciente entre los jueces por haber abierto ese concurso a los secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte, pues 234
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tenían una estrecha cercanía con los ministros. De hecho, ellos han sido, históricamente, quienes se encargan de elaborar las resoluciones que se debaten en el máximo tribunal del país. Aranda reveló entonces una lista de 80 aspirantes que pasaron a la segunda etapa en ese examen para elegir a nuevos magistrados. Entre ellos, 12 eran secretarios de los ministros y, justamente ahí, apareció por vez primera el nombre de Casasola Mendoza. Este hombre logró convertirse en magistrado de circuito hasta 2010, según consta en el Diario Oficial de la Federación publicado el martes 7 de diciembre de aquel año, y previamente fue secretario del ministro José Ramón Cossío. La tarde del 24 de junio de 2018, los tres magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil fallaron en contra de Carmen Aristegui. De forma unánime rechazaron ampararla y, con ello, dejaron intacta la sentencia del juez Odilón Centeno en el sentido de que ella excedió su libertad de expresión y de información al escribir el prólogo de este libro. Debido a su importancia y las implicaciones que tendrá para toda la sociedad, el caso será llevado por la defensa de Aristegui ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los perfiles de los tres magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil resultan interesantes, pues ese mismo 24 de junio ellos mismos fallaron a favor de Carmen Aristegui en otro juicio que presentó mvs en su contra. 235
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La periodista no ha cesado de decir que vive un acoso judicial por parte de la familia Vargas. Tras acabar la relación laboral con la periodista en marzo de 2015, Noticias mvs le reclamaba el pago de tres millones de pesos porque la información producida por la Primera Emisión era retomada en el sitio Aristegui Noticias. Además, la acusaron por no haberse presentado a trabajar el lunes 16 de marzo de 2015 (a pesar de que ese mismo día todo su equipo fue echado a la calle) y también pidieron castigarla por haberse sumado a la plataforma Méxicoleaks sin autorización de la empresa. La defensa de Aristegui —los abogados de la firma Quijano, Cortina y de La Torre— primero logró echar por tierra los dos últimos señalamientos: Aristegui no entró en el edificio de Noticias mvs aquella mañana de marzo porque horas antes dejaron afuera de su casa un escrito en cual le informaban de su despido. La empresa, mostrando su carácter, dejó un sobre encima de unos arbustos. Así le notificaron a Aristegui que la relación profesional se acababa. Respecto a Méxicoleaks, ella podía seleccionar libremente, sin avisar a la empresa, los contenidos de la Primera Emisión, de acuerdo con su contrato. Así fue como sólo sobrevivió el tema de los derechos para reproducir la información de la Primera Emisión de Noticias mvs en la página de Aristegui Noticias. El amparo de los abogados de Joaquín Vargas pretende revertir las dos sentencias previas en las que han perdido. 236
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En contraparte, los abogados de Aristegui han planteado que, una vez transmitidas, las noticias se vuelven del dominio público. En el caso del sitio web de la periodista, sus editores siempre citaron la fuente original y dejaron intactos los sellos de agua de Dish o Noticias mvs, cuando se trataba de videos. El 24 de junio de 2018, los magistrados fallaron a favor de Aristegui en este caso. Vargas perdió la oportunidad de cobrar por los contenidos de Noticias mvs, y, sobre todo, en ese tribunal resolvieron que la terminación del contrato con Aristegui fue ilegal. Al momento de su despido, Aristegui tenía un contrato vigente que terminaba en diciembre de 2015. Los magistrados consideraron que éste se interrumpió sin justificación legal: los argumentos respecto a Méxicoleaks, a la supuesta inasistencia a trabajar y, en especial, el imaginado uso ilegal de los contenidos informativos de Noticias mvs terminaron por desfondarse. Los abogados de Aristegui tienen la posibilidad de exigir a la empresa la reposición de los nueve meses que faltan de contrato o quizá también una indemnización. Lo único seguro es que a Joaquín Vargas ya no le queda otra cosa que no sea acatar el fallo. Actualmente, Aristegui transmite un noticiero matutino desde su plataforma web. Ella ha logrado ponerse de nuevo al aire por sus propios medios. No tenía otra alternativa, al menos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 237
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Los dueños de la radio y la televisión en México habían mostrado, desde tiempo atrás, su disposición a que no regresara. Mientras ella junto con sus abogados seguían los pasos de otro juicio de amparo para que los dueños de Noticias mvs cumplieran con el contrato y le permitieran entrar al aire de nuevo, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (cirt) intentó inmiscuirse en el juicio en calidad de “tercero interesado”. Según un escrito presentado ante el juez federal Fernando Silva, ellos se verían afectados si se permitía que, en algún momento, Aristegui regresara a su espacio habitual en Noticias mvs. Es decir, que un antecedente de esas dimensiones facilitaría que cualquier otro periodista acudiera a los tribunales cuando hubiera diferendos o algún despido. Fernando Silva rechazó que los empresarios de la radio y la televisión participaran como “terceros interesados”, pero ahí quedó plasmado su interés. Finalmente, ese amparo lo perdieron Aristegui y sus abogados; de hecho, no consiguieron que los ministros de la Suprema Corte lo atrajeran. Sin embargo, Aristegui y sus abogados siguen adelante en su defensa, la cual incluye instancias internacionales. Desde hace meses, han llevado este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). Lo que buscan es una recomendación al gobierno de México para que garantice las condiciones de libertad de expresión y, sobre todo, de información de las audiencias cuando un dueño de un medio de comunicación cancela un noticiero. 238
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Desde sus perspectiva, los dueños de las estaciones de radio y las empresas de televisión han sido concesionarios de un bien público para poder transmitir sus señales y, por ello, deberían regularse de otra manera. El Estado debería intervenir cuando se censura un trabajo periodístico. El gobierno mexicano ha sostenido que el despido de Aristegui de mvs se trató de un conflicto entre particulares. ¿Qué ocurrirá en la Suprema Corte mexicana y en la cidh? La historia de la casa blanca de Enrique Peña Nieto aún no termina de contarse.
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