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BRÚJULA ÍNDICE

CARTA DE NAVEGACIÓN 3 / Algo pendiente que urge resolver / El Director 10 / La tarea de la memoria aplicada al Perú / Liliana Regalado de Hurtado MAPA MUNDI 31 / La política del chantaje / Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) 34 / UNA masacre programada / Eduardo González Viaña VIENTO EN POPA 37 / Violencia y los medios de comunicación / Rómulo Franco Temple 43 / La TV, el acusado principal / Juan Gargurevich CUADERNO DE RUTAS 49 / Los rostros de la Violencia contra la mujer / Nidia Vílchez 55 / Sobre el femiNICIDIO y el monopolio en uso legitimo de la violencia / Jaris Mujica ALLENDE LOS MARES 67 / Agresión pasiva en contra de los discapacitados / Luis Nicanor González Salazar PROA AL NORTE 71 / Bullying: Reflexiones sobre acoso u hostigamiento escolar / Sheyla Blumen LOS DE ABORDO 78 / RELACIÓN DE AUTORES

BRÚJULA

Revista de ideas de la Asociación de Egresados y Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Año 10

Nº 20

DIRECTOR Alejandro Sakuda Moroma CONSEJO DE REDACCIÓN Beatriz Boza Dibós Roque Benavides Ganoza Javier Recuenco Murillo Antonio Blanco Blasco Alejandro Sakuda Moroma COORDINACIÓN Solange Hernández Blas PRODUCCIÓN EDITORIAL Helen Gomero Caldas Karina Reynafarge Herrada CORRECCIÓN DE ESTILO Juana Iglesias López REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN AEG-PUCP, Pontificia Universidad Católica del Perú Av. Universitaria 1801 San Miguel, Lima 32, Perú Telf. (51-1) 626-2000, anexo 3500 Correo electrónico: asocegre@pucp.edu.pe PRODUCCIÓN GRÁFICA Punto & Grafia SAC Av. Del Río 113 - Pueblo Libre, Lima (51-1) 332-2328 ISBN 1813 – 5110 Depósito legal 2001 – 1304 Los artículos sólo expresan la opinión de sus autores. La Dirección se reserva el derecho de selección y publicación de las colaboraciones recibidas. La publicación de las colaboraciones está supeditada a disponibilidad de espacio. No se devolverán las colaboraciones recibidas. 2

AEG-PUCP CONSEJO DIRECTIVO PRESIDENTE Roque Benavides Ganoza (Ingeniería) VICEPRESIDENTE Alberto Varillas Montenegro (Derecho-Letras) SECRETARIO Patricia María Escobar Cáceres (Educación) TESORERA Sheyla Blumen Cohen (Psicología) VOCALES César Gutiérrez Muñoz (Archivero) Jorge Antonio Rodríguez Hernández (Ingeniería) Juan José Ruda Santolaria (Derecho) COMITÉ CALIFICADOR PRESIDENTE Juan Carlos Ibarra Schambaher (Derecho) MIEMBROS María del Carmen Esteves Ostolaza (Física) Ana Virginia Pastor Revoredo (Química) REPRESENTANTES DE LA PUCP Aldo Italo Panfichi Huamán (Ciencias Sociales) Eduardo Ismodes Cascón (Ingeniería) PAST PRESIDENTE Juan Carlos Crespo L. de C. (Historia)

Carta de navegación

Algo pendiente que urge resolver La violencia es un mal que convive con nosotros y que, consciente o inconscientemente, alimentamos día a día. No hay momento en el que no seamos actores o testigos de un acto de violencia, sea en nuestras propias casas, en la calle, en el centro de estudios, en el trabajo e, incluso, en una apacible reunión social. No se trata solamente de agresiones físicas o verbales, la violencia implica también lo mímico y lo gestual. La mentada de madre o el putear, aun sin pronunciar palabras, sino simplemente moviendo los labios, es algo tan fuerte que irrita y hiere a quien se dirige. Lo mismo sucede con los gestos: mostrar el puño cerrado con el dedo medio levantado basta para insultar o expresar ira u odio contra alguien. Hay también frases que amenazan, como aquella tan común en nuestro medio: “¿Sabes con quién estás hablando?”, típica de quien se ufana de tener poder o simple vara, aunque muchas veces no se trate de ninguno de los dos casos y simplemente se busca amedrentar, para lograr un objetivo que lo beneficie. Con la violencia física la cosa es más grave. Vemos con frecuencia padres desalmados que golpean a sus hijos o violan a sus hijas, hijas que se confabulan para asesinar a sus madres, cómo se simula un secuestro para chantajear a la propia madre, casos de pedofilia por parte de malos sacerdotes…

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Como si eso fuera poco, cada mañana, al abrir el periódico o encender la radio o el televisor la violencia nos golpea en la cara y nos la tiñe de sangre. Si salimos a la calle sucede otro tanto, pues la agresión es igual o mayor. Las combis nos embisten mientras choferes y cobradores nos lanzan improperios, las bocinas de los vehículos taladran nuestros oídos, el limpiador de parabrisas amenaza con una piedra o le mienta la madre a quien le niega una moneda, y desde los vehículos –buses o autos de lujo– se arroja a la calle todo tipo de basura: papeles higiénicos, cáscaras de plátano o de naranja, cajas, botellas vacías… En ámbitos públicos, como en el Congreso por ejemplo, la cosa es más dramática pues se supone que los llamados “padres de la patria” deberían dar el ejemplo y, sin embargo, es allí donde la violencia se ve “en vivo y en directo”. Hay abuso de poder contra los empleados, así como insultos, amenazas y agresiones entre congresistas. Ni qué decir de las carreteras que periódicamente son tomadas y bloqueadas, con todas las consecuencias negativas que esas acciones causan al país y en especial a los más pobres. La violencia nos agrede todos los días porque “la violencia existe desde que el hombre es hombre y la sociedad ha padecido sus conclusiones a lo largo de toda la historia humana. Sus orígenes o causas han sido buscados, investigados e interpretados desde diversos puntos de vista, sin que hasta la fecha haya sido erradicada de las relaciones sociales” (García Silberman y Ramos Lira, 1998). Para Friedrich Hacker (1973), “la violencia pura y simple es la manifestación visible, desatada, ‘libre’, de la agresión. No toda agresión es violencia, pero toda violencia es agresión”, dice. Por su parte J. Corsi (1994) opina: la violencia es siempre una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica, política) […] e implica la existencia de un “arriba” y un “abajo”, reales o simbólicos […] La violencia implica una búsqueda de eliminar los obstáculos que se oponen al propio ejercicio del poder, mediante el control de la relación obtenido a través del uso de la fuerza […] En el ámbito de las relaciones interpersonales, la conducta violenta es sinónimo de abuso de poder, en tanto y en cuanto el poder es utilizado para ocasionar daño a otra persona.

Hacker señala que el fenómeno de la agresión lo determinan factores hereditarios específicos, innatos, genéticos, influencias psicológicas y culturales, estructuras del sistema nervioso, y también hormonas y modelos sociales, en su interacción e interferencia.

García Silberman y Ramos Lira se preguntan si la violencia es innata al ser humano y la cultura se encarga de “domesticarla” o si se aprende culturalmente. Por otro lado, ¿es posible que la violencia sea producto de instintos, herencias, funciones hormonales o disfunciones cerebrales? “En nuestra opinión –dicen–, la violencia es ante todo un producto social, sin negar por eso que otros factores cumplan un papel muy importante en ella”. En el Diccionario de la tolerancia (2001), de Paolo Collo y Frediano Sessi, se señala que es violencia la guerra, pero también es violencia la amenaza atómica de la guerra fría; era violencia la de la Inquisición contra los herejes, brujos e infieles; ¿pero quizás no es violencia contra la entera humanidad destruir, por intereses puramente comerciales, millones de kilómetros cuadrados de selva amazónica o contaminar los mares y los océanos con sustancias tóxicas o radiactivas? Ciertamente fue un acto de violencia inaudita el exterminio de los judíos por parte de los nazis, asimismo como la violencia perpetrada por los europeos contra las poblaciones indígenas americanas, que duró cuatro siglos; es violencia […] la teorizada y practicada por los llamados naziskin contra los inmigrantes de color; así como, menos claramente, pero en una cantidad mayor, adolescentes y mujeres de todo el mundo sufren actos de violencia. También es violencia manifestar los propios prejuicios contra los homosexuales o aquellos que son injustamente catalogados como diversos (disminuidos, ciegos); ¿y acaso no es violencia matar o mutilar animales indefensos por el solo gusto de hacerlo? ¿O dejar morir, todavía hoy, de hambre y de sed a enteras poblaciones del Tercer Mundo? Prosiguiendo de este modo, podremos descubrir que, detrás de muchos de nuestros comportamientos y pensamientos, puede ocultarse la “semilla” de la violencia.

Continuando esa línea de análisis podemos afirmar que la exhibición de los “vladivideos” fue sin duda un acto de violencia, una agresión a la decencia, a la dignidad, a la democracia y a las más elementales normas éticas de la convivencia humana. La violencia está frente a nosotros y muchas veces nos encontramos indefensos ante ella. ¿Cómo se explica, si no, la existencia de sindicatos del crimen como el del gremio de construcción civil que chantajea a las compañías constructoras y les exigen no solo cupos para colocar a sus miembros, que cobran pero no trabajan, sino que además las extorsionan con fuertes sumas de dinero para dejarlas construir sus edificios?

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¿Cómo entender la existencia de la mafia japonesa del Yakuza que opera casi sin miedo a la ley y cuyo mayor grupo, el Yamaguchi-gumi, cuenta con 39 mil miembros que tienen el desparpajo de repartir tarjetas de visita y se ufanan de sus cuerpos tatuados? ¿Y qué decir de los otros sindicatos del crimen como la mafia rusa con miles de sus integrantes repartidos en centenares de grupos distintos, o la mafia italiana, que solo en el 2005 registró ingresos por 50 mil millones de dólares, o los cárteles de la droga en México, cuyos tentáculos llegan hasta el Perú? A lo largo de la historia, la violencia ha estado presente en todo momento, pero baste recordar el siglo que hace una década nos dejó. Antonio Caballero, en Y Occidente conquistó el mundo (2000), nos hace un doloroso recuento: El terrible siglo XX se puede condensar en media docena de nombres de horror. Verdún, el gran osario de la Primera Guerra, con su millón de muertos; Guernica, la pequeña ciudad vasca bombardeada por la aviación alemana en la guerra de España, primer ensayo de la guerra total moderna; Auschwitz, el campo de exterminio nazi en Polonia que simboliza el holocausto de los judíos; Stalingrado, la inmensa carnicería que detuvo en Rusia la máquina alemana de conquista; Nankin, flor de vergüenza del imperialismo japonés en China; Hiroshima, la ciudad japonesa aniquilada por la primera bomba atómica norteamericana. Son nombres de ciudades, no de batallas: la guerra, en este siglo XX, se ha hecho contra los civiles sin armas. Y un nombre más, que en realidad es una sigla burocrática en ruso: Gulag. La cadena de campos de trabajos forzados del llamado “socialismo real”: la negación totalitaria de una utopía de liberación. Para esos pocos nombres, muchas guerras. El siglo XIX se cerró en 1898 con la “espléndida guerrita” (Teodoro Roosevelt dixit) con la que el nuevo imperio norteamericano estrenó sus fuerzas arrebatándole Cuba y Filipinas a España. La enumeración de las que siguieron en el siglo XX, aun a grandes saltos, va a ser larga. La primera Mundial, en la que participaron todas las potencias de la época, y que deshizo a casi todas ellas. La revolución mexicana: de todas las revoluciones sociales, la primera en ser traicionada. La revolución rusa (y la consiguiente guerra civil), rendija de esperanza que muy pronto acabaría convirtiéndose en un faro de tinieblas. La guerra de España, preludio de la expansión de los fascismos totalitarios. La segunda Mundial, universal de veras, librada en todos los continentes y en todos los océanos, en el aire, en la tierra y en el mar; y en las conciencias. Las invasiones imperialistas del Japón, y su inmediata consecuencia: la revolución maoísta en China, que despertó

a un coloso dormido durante medio milenio. Las guerras de la descolonización en Asia y África, con su largo epílogo de incontables y sangrientos enfrentamientos civiles o entre países vecinos. La interminable guerra entre los árabes e Israel, inesperado corolario del holocausto nazi de los judíos de Europa. La guerra de Corea, primera del equilibrio bipolar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La revolución cubana, primera rebelión nacionalista contra el poderío de los Estados Unidos en el hemisferio americano. La guerra del Vietnam, primera en que el imperio norteamericano no salió victorioso, y su secuela atroz, el genocidio camboyano. La guerra rusa de Afganistán, primera en que el imperio soviético fue derrotado, y las guerras civiles de América Central, últimos reflejos de la Guerra Fría entre las dos superpotencias. Y finalmente las guerras religiosas (entre Irán e Irak, entre la India y Pakistán); o étnicas (las de la disolución de Yugoslavia, la de hutus y tutsis en África); o prácticas (la del Golfo por el petróleo, la de los Andes por la cocaína); o nacionalistas (la de Bangla Desh, la de Sri Lanka, la de Irlanda, la del País Vasco, la de Córcega, la de Chechenia). El siglo XX ha sido una vasta lección de geografía, escrita con sangre humana.

Lamentablemente hay más violencia para contar, como la perpetrada en las Torres Gemelas de Nueva York, los actos terroristas con gas sarín en el metro de Tokio, los crímenes de Sendero Luminoso y el MRTA con su secuela de la toma de rehenes en la residencia de la embajada japonesa, los hooligans, las pandillas o maras, las barras bravas, el ajusticiamiento de delincuentes en Trujillo o su linchamiento en Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho o Villa María del Triunfo… porque la policía no hace nada. Reflexionemos en torno a los siguientes conceptos: En la actualidad el Perú se encuentra atravesando un período de crisis caracterizada por una espiral de violencia cotidiana y por un resquebrajamiento visible de los valores tradicionales. Muchos son los indicadores de esta crisis, motivo de una profunda preocupación. • La irrupción en los últimos años de un estado de caos en la vida cotidiana de las ciudades y en particular en Lima Metropolitana, donde la mendicidad infantil ha pasado a ser una realidad “normal”. • El estallido de una violencia cruda y prolongada que, aunque asociada por muchos exclusivamente con el terrorismo, es en realidad un fenómeno habitual en las calles de Lima y en otras partes del Perú. • El incremento del narcotráfico con la consecuente degradación moral y desintegración social en grandes regiones del país. • Los frecuentes actos de abuso del poder y de corrupción en las propias fuerzas del orden. • El deterioro significativo de los núcleos básicos de formación de la persona (familia, escuelas, universidades, etc.).

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• El empeoramiento de la situación familiar en los barrios de clase media y sobre todo en los barrios marginales donde el alcoholismo, la promiscuidad, la delincuencia y la drogadicción han pasado a ser realidades cotidianas. • El resquebrajamiento del ethos cultural propio del país que resulta, en buena medida, de la presencia de valores ajenos mal asimilados por muchas personas inseguras de su propia identidad. • El aumento de la pornografía y del espíritu consumista, así como la apología de la violencia en ciertos medios de comunicación social. Todo ello es en su conjunto expresión de la existencia de una profunda crisis de valores que, para poder ser superada, tiene primero que ser hondamente comprendida y analizada desde diversas perspectivas. Pareciera ser evidente que la crisis actual puede sobrepasar la capacidad de cualquier gobierno y que su superación requiere entonces el esfuerzo decidido de todos los sectores de la sociedad.

Estos conceptos fueron formulados hace 23 años en un importante libro denominado Violencia y crisis de valores en el Perú (1987), editado por el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y hoy se encuentran tan vigentes como en ese entonces. Consciente de que, en efecto, la violencia que vivimos requiere “el esfuerzo decidido de todos los sectores de la sociedad”, Brújula dedica este dossier al tema. En él participan ex alumnos de la PUCP en sus diversas especialidades, así como amigos de la Asociación de Egresados y Graduados, porque ciertamente es un problema que nos compete a todos y, además, reclama la convergencia de una variedad de disciplinas, cuyos aportes deben tener un efecto complementario. Los ex alumnos de la PUCP están llamados a ser contribuyentes principales a la solución de los más apremiantes problemas que enfrentamos. A ese propósito apunta este número de Brújula porque como hemos repetido aquí, en frase de Robert Kennedy: “en este mundo nuestro nadie puede ser un observador o un crítico al margen de la vida”. El Director

Referencias bibliográficas Caballero, Antonio 2000 Y Occidente conquistó el mundo. Bogotá: El Áncora Editores. Collo, Paolo y Frediano Sessi 2001 Diccionario de la tolerancia. Bogotá: Editorial Norma. Corsi, J. 1994 Violencia familiar: Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Buenos Aires: Paidós. Departamento de Humanidades, PUCP 1987 Violencia y crisis de valores en el Perú. Lima: Fundación Tinker. García Silberman, Sarah y Luciana Ramos Lira 1998 Medios de comunicación y violencia. México: Instituto Mexicano de Psiquiatría y Fondo de Cultura Económica. Hacker, Friedrich 1973 Agresión, la brutal violencia del mundo moderno. Barcelona: Grijalbo. Kennedy, John F. 1964 Perfiles de coraje. Buenos Aires: Plaza & Janes S.A.

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L i l i a n a

R e g a l a d o

d e

H u r t a d o

La tarea de la memoria aplicada al Perú. Una reflexión a partir de la historia de nuestro tiempo presente* Los hombres son responsables de sus historias en las que se han enredado, tanto si son culpables de las consecuencias de sus acciones como si no lo son. Los hombres deben responder de la inconmensurabilidad entre intención y resultado, siendo lo que le confiere un sentido enigmáticamente verdadero a la expresión hacer la historia [...] (Koselleck 1993: 265)

* Este texto corresponde a una parte del capítulo VI, “Escapando del territorio de los orígenes”, pp. 186-204 del libro de la autora Clío y Mnemósine. Estudios sobre historia, memoria y pasado reciente. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007; obra ganadora del Premio Anual de Investigación PUCP 2007, categoría docentes, trabajo publicado.

No es difícil entender cómo la expresión “hacer la historia” está aludiendo no solamente a tener que asumir la responsabilidad respecto a nuestras acciones individuales y a sus resultados, sino en lo que nos atañe en lo concerniente a la pluralidad de actores y a la contingencia que tiene que ver con los hechos y situaciones colectivas así como con sus consecuencias. Dichas actuaciones nos remiten a una conciencia de temporalidad que nos obliga no solo a pensar ese hiato que separa realizaciones y expectativas sino a ensayar la forma de superarlo. Habrá que plantearse, en consecuencia, la manera cómo manejar y aceptar el olvido. De lo que trata todo esto es de qué, cuándo y cómo se recuerda, pero también de qué y cuándo se olvida y, en ambos casos para qué. También se puede tomar en cuenta que la cuestión remite a cómo denominaremos a ese pasado o a esos acontecimientos rememorados en la medida en que se considere que nombrar equivaldría, en este caso, a escoger o determinar cómo y

con qué sentido el evento se va a fijar en la memoria (Sánchez 2005: 164). Asimismo, tenemos que considerar que el asunto del deber de la memoria como temática (y obligación) de nuestra época se ha orientado por lo menos hacia tres grandes direcciones: ofrecer sustento a identidades y allanar el camino –en lo que le corresponda– para restablecer el orden y la paz social o procurar justicia, particularmente en relación a hechos traumáticos que afectaron derechos fundamentales de personas o grupos. En lo que respecta al Perú, tras dos décadas de violencia de todo tipo debido al conflicto armado o guerra interna desatada por grupos terroristas y a la manera cómo las fuerzas del orden (en donde se incluye no solo a policías y militares, sino muchas veces a los civiles armados en los llamados grupos de “ronderos”) buscaron combatirlos1, los peruanos nos vemos enfrentados a una realidad que exige que asumamos responsabilidades fundamentalmente respecto a saber y analizar todo lo que

1 Como se sabe, de los dos grupos terroristas que desencadenaron y animaron el conflicto Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, sobre todo el primero manejó un fundamentalismo sui géneris de base. Por ello conviene recordar cómo Hartog asocia el fenómeno del fundamentalismo con la relación que se entabla con el tiempo en algunas sociedades o grupos de esta, la llamada época postmoderna. Según el autor mencionado, el ascenso de múltiples fundamentalismos ha trastocado nuestra relación con el tiempo, cuyo orden ha sido puesto en tela de juicio en distintos lugares. Señala que en su calidad de mezclas de arcaísmo y de modernidad, los fenómenos fundamentalistas resultan de manera parcial de una crisis del porvenir e inventan tradiciones hacia las cuales volver la mirada en un afán por responder a las desdichas del presente (Hartog 2003: 77).

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sucedió –lo que fuera no solo el origen y desarrollo de ese proceso con sus crisis política y social, masacres y asesinatos, desapariciones forzadas, raptos de jóvenes y niños, violaciones, autoritarismo y corrupción, etc., sino con el hecho de asumir las razones por las que todos esos fenómenos, pero particularmente la violencia y las violaciones de los derechos humanos, se cebaron con los grupos más excluidos de nuestro país. Entre todos, los historiadores estamos particularmente comprometidos a asumir esa responsabilidad de saber y analizar. A manera de ejemplo, dentro del crecido número de temas por considerar podría mencionarse que si es posible distinguir entre la violencia expresiva y la instrumental, el análisis histórico podría partir de dicha diferenciación para alcanzar la especificación y dilucidación de los acontecimientos, al igual que procesos marcados por su signo, y ver la forma cómo ambos tipos de violencia mantienen sus diferencias o se articulan; esto permitiría ver la manera cómo se opera en nombre de cada una de ellas (o de ambas) en situaciones históricas específicas2. Queda entendido que nuestra tarea de la memoria exige que nos ocupemos, en primer lugar, de entender fenómenos como la violencia y la violencia política, el terrorismo, particularmente la llamada

« La violencia y las

violaciones de los derechos humanos, se cebaron con los grupos más excluidos de nuestro país. »

“insurrección senderista”, la dimensión histórica de las situaciones imperantes de exclusión, entre otros, desde distintos horizontes interpretativos. Por ejemplo, el tema de la exclusión dada su especial complejidad exige un tratamiento que aunque se haga solamente desde la historia requiere considerar un número significativo de asuntos como el racismo, la inequidad, la pobreza, etc. Encarar cada uno de ellos requiere además un enfoque en diálogo con otros saberes puesto que estudiar el racismo, por citar uno de los mencionados asuntos supone, entre otras cosas, averiguar la ideología y los mecanismos de reproducción que operan, por ejemplo, en los discursos que se expresan a través de diferentes medios. Dijk distingue varios rasgos de los discursos racistas en textos escolares españoles que bien pueden

2 Se entiende que la violencia expresiva es la que demuestra enojo y la instrumental es la que persigue un fin. Telésforo 2006: 490.

considerarse típicos también en casos fuera del estudiado. Estos rasgos son los siguientes: exclusión, al presentar a la sociedad como homogénea; diferencia y exotismo, a través de descripciones que enfatizan lo distintos y extraños que son los otros frente a un nosotros positivamente autorrepresentativo; empleo de estereotipos y representaciones negativas, es decir, visiones esquemáticas y simplificadas acerca de los otros que se repiten muchas veces de un texto (o discurso) a otro; negación del racismo que en todo caso presenta a tal situación como una cuestión superada o ubicada en el pasado; y, finalmente, ausencia de voz –hablamos o escribimos sobre los otros omitiendo su propia opinión– (cf. Dijk 2004). En cuanto a la búsqueda de inclusión como respuesta a su opuesta la exclusión, debemos considerar por ejemplo quién incluye a quién y si ello no hace sino imponer nuevamente una perspectiva, y si por el contrario la relación de intersubjetividades, culturas y modos de encarar la realidad no deberían producir una historiografía con esas mismas características. No hay que olvidar que no pocas veces se nos reclama contribuir a elaborar “una memoria feliz”, para alcanzar una identidad y una ciudadanía común. En el sentido, en este caso, de una “historia justa”

[…] que cree un nosotros plural, que nos saque de la melancolía criolla y de la beligerancia andina: las “memorias heridas” en las que los peruanos estamos atrapados [...] La lucha por una “historia justa” en la que los habitantes de este país podamos reconocer nuestras heridas y agravios, haciendo los respectivos duelos y concediendo los necesarios perdones, es, pues, el camino para lograr esa “memoria feliz” que nos haga tener fe en nuestro destino como comunidad (Portocarrero 2004: 45-46).

Por lo que se puede ver de lo mencionado, el asunto es ciertamente complejo y lo que lo hace todavía más difícil es que frente a una situación social de crisis, cambios extremos, enfrentamientos y diferenciaciones de todo tipo, se ha llegado a proponer desde una perspectiva liberal, la búsqueda de un nuevo contrato social; este, lejos de apelar al deber o a la tarea de recordar propone –por el contrario– que se lleve a cabo el esfuerzo de olvidar, tal como en el capítulo anterior se mencionaba en relación a las ideas de John Rawls3. De todas maneras, la idea que parece prevalecer en distintos lugares y latitudes es que los historiadores debemos enfrentar inexcusablemente la tarea de recordar, no solo en el sentido tradicional que se

3. Se refiere al capítulo V titulado “El deber de la memoria” y a la obra de Rawls 1971.

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nos confería, sino también de manera específica, para facilitar la más adecuada administración individual y colectiva de los recuerdos traumáticos, al igual que coadyuvar a la justicia necesaria, lo mismo que a las reparaciones y la reconciliación. Sin embargo, lo que nos atañe directamente es ofrecer el mejor y mayor conocimiento posible para que la sociedad pueda enmendar las condiciones que se mantienen (o adquieren mayor dimensión y tal vez nuevas formas) y que hicieron posibles las crisis y situaciones traumáticas de los últimos tiempos. Se requiere que, a la vez, la historiografía desarrolle al máximo sus funciones en tanto disciplina humana y social para que contribuya a que los diferentes grupos y el conjunto de la sociedad puedan encarar las consecuencias de los hechos pasados. Si bien para el asunto que estamos tratando el objetivo principal puede ser facilitar el trabajo de la memoria lo mismo que el resarcimiento de las víctimas, propósito no menos importante será también aportar el conocimiento

« ...coadyuvar a la

justicia necesaria, lo mismo que a las reparaciones y la reconciliación »

necesario para que en las expectativas acerca del futuro se consideren los cambios necesarios como para que las causas de las situaciones traumáticas sean superadas; igualmente, para que quienes sufrieron las consecuencias (en sus diferentes formas y niveles) encuentren no solo justicia sino nuevas y mejores condiciones de vida. Por ejemplo, resulta justificado tomar en cuenta los casos de respeto o violaciones de los derechos humanos para un conocimiento y análisis desde la historia si se parte de la idea de que los mismos siempre se encontrarán relacionados con situaciones históricas concretas. A pesar de que hay que anotar que en lo relativo a los derechos humanos (que en realidad es un asunto de la sociedad moderna) existe una discusión respecto a si ellos constituyen un todo cuya validez es universal o si más bien, reconociéndose la existencia de un núcleo duro de derechos universales, el resto depende de circunstancias y contextos históricos por lo que los derechos humanos no serían algo dado y construido de una vez por todas, sea en 1789 o en 1948, sino resultado de dinámicas históricas concretas (cf. Herrera 2004: 301). En ambos casos, pero sobre todo en el segundo, el conocimiento aportado desde la historia resulta fundamental. ¿Cómo cumplir adecuadamente la tarea de recordar si de hecho hay que reconocer que, por ejemplo, los que perecieron son un tipo de víctimas y que otro está constituido por los que sobrevivieron?; estos últmos, muchas veces, cargaron

además del trauma con sentimientos de culpa y consecuencias sociales de diversa índole: viudez, orfandad, emigración, etc. Asimismo, si debemos diferenciar entre las víctimas directas de aquellas otras para quienes las consecuencias resultan menos cercanas en compromiso corporal y psíquico, también tendremos que distinguir que en la relación de las víctimas con los demás existen diferencias de involucración y responsabilidad ética. Y tampoco debemos dejar de tomar en cuenta que todas estas distinciones suponen el riesgo de llevarnos a agudizar las disociaciones entre los individuos y su grupo –entre las víctimas y los otros (Kaufman 1998: 15). ¿Cómo cumplir la tarea de recordar sin que las víctimas y los victimarios lo sean eternamente al punto de impedir no solo la enmienda de las situaciones de inequidad que contribuyeron al desarrollo de la guerra interna y la manera cómo se desenvolvió sino también alcanzar la reconciliación? Y es respecto a esto último que se impone la necesidad de ver en qué medida y de qué manera es factible consensuar no solo la memoria sobre aquellos hechos según sus distintos actores, sino también al imaginario relacionado a los mismos. La pregunta es

« Distinguir que en la relación de las víctimas con los demás existen diferencias de involucración y responsabilidad ética.»

si puede ser posible delinear una memoria colectiva que pueda ser transmitida como tal, “una memoria dialogada” que ayude a reinstaurar la armonía en la sociedad (cf. Giusti 2004)4. En todo caso, una explicación suficientemente razonada acerca de los temas arriba mencionados siempre facilitará superar traumas individuales y colectivos. Desde la sociología, Gonzalo Portocarrero recordaba en las primeras líneas de su libro Razones de sangre. Aproximaciones a la violencia política lo siguiente: En el Perú la dificultad para elaborar una memoria colectiva es un hecho recurrente, sintomático y de consecuencias muy profundas. Esta dificultad nos revela como una sociedad que es aún prisionera de su

4 Theidon (2004: 22) señala que una de las especificidades de las guerras internas es que muy a menudo el enemigo fue un vecino, pariente o una comunidad cercana, es decir, “un enemigo íntimo”, por lo que la reconciliación no se refiere solamente al sufrimiento experimentado sino también infligido, siendo entonces la tarea pendiente “rehumanizar” tanto al enemigo como a uno mismo.

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pasado. En ella se expresa el poder del autoritarismo, el escaso vigor de la crítica y, sobre todo, lo precario de la identidad nacional (Portocarrero 1998: 9).

No vamos a discutir aquí qué concepto de historia puede considerarse que está detrás de la frase “sociedad prisionera de su pasado” o por lo menos qué idea de su discurrir, si desde la perspectiva de una reflexión académica o de la percepción común. Lo mismo para el caso de la siempre tan reclamada identidad nacional. En última instancia hemos de suponer que la citada noción bien pudiera entenderse, a partir de un análisis histórico, como la asimilación de la idea de varias identidades o de distintas maneras de ser peruanos, como alguna vez afirmara Franklin Pease. Retomando el tema del imaginario, debemos recordar –como ya lo hemos discutido en páginas anteriores– que memoria e imaginario guardan estrecha relación. Por eso también es posible conocer cómo el imaginario se plasma a

« El problema que

plantea la santificación de la memoria es cómo reconocer el momento en el que la emancipación se vuelve exclusión. »

través de diversos medios con características diferenciables en distintos momentos. En el estudio realizado por Valdés acerca del imaginario sobre la violencia y el conflicto armado en el Perú entre 1980 y 2000 expresado a través de la cinematografía, citado anteriormente, se observa, en lo que respecta al cine limeño, una evolución de los imaginarios y mentalidades a través del tiempo que va desde “un mayor manejo de estereotipos con el pasar de los filmes y una sublimación paulatina del conflicto” (Valdés 2005: 141-142). Mencionar esto nos da pie para señalar que la contingencia que enfrentamos al mirar ese pasado –o a esa historia del tiempo presente– está marcada justamente por la diversidad de imaginarios, memorias –e intereses– respecto a dichos hechos (sean unos y otras verdaderos o falsos; justos o injustos) y, junto con ello, dos posibilidades indeseables: la santificación de la memoria o el olvido cómplice. En efecto, El problema que plantea la santificación de la memoria es cómo reconocer el momento en el que la emancipación se vuelve exclusión. Reclamar el derecho a la memoria es pedir la aplicación de justicia, pero esta proliferación de demandas morales puede degenerar hasta convertirse en un llamado al asesinato. Es este mensaje de la memoria el que también debemos recordar (Nora 2001: 2).

Por cierto que en la cita anterior se nos ofrece una visión radical de la cuestión, que deberíamos matizar, ya que la santificación

(o por lo menos la canonización) de cierta memoria no siempre se constituye finalmente en un llamado al asesinato. Aunque tampoco es deseable que ella promueva ciegamente venganza o injusticia derivada de enjuiciamientos prematuros o abiertamente sesgados. Por lo contrario, la memoria humana podría ser, finalmente, el orden pacificado de un saber que nos deja esperar el futuro con sosiego (Eickhoff 1996: 29). Ello no significa exculpar a los responsables, maquillar convenientemente a la realidad y dar por superadas situaciones que requieran resolución. En todo caso, memoria colectiva e historia deberían tener en común su capacidad, o por lo menos su interés, de hacer en el presente un uso reflexivo y éticamente responsable del recuerdo y del olvido; de esa manera, el pasado transmitido a las nuevas generaciones –a través de canales como los lugares de la memoria de Nora o los canales (receptáculos) de la memoria de Yerushalmi, por citar dos medios similares– se constituiría en herencia valiosa y promotoras de humanidad derivadas del conocimiento (el mejor que nos sea posible) del pasado. Por ello nos parece que resultó acertado que, con la restauración de la democracia en el país, se constituyera una comisión para investigar los sucesos que nos afectaron y proponer recomendaciones. En esta Comisión de

« No significa exculpar

a los responsables, maquillar convenientemente a la realidad y dar por superadas situaciones que requieran resolución. »

la Verdad y la Reconciliación5, en efecto, lo que estaba en juego no era solo la memoria y el olvido sino el uso de ambos. Pero ha sido evidente que cuando fueron saliendo a la luz detalles del proceso vivido y particularmente a partir del Informe Final y Recomendaciones de la citada comisión, diversas memorias sobre lo acontecido entraron rápidamente en contradicción. No solo porque el recuerdo de dicha historia del tiempo presente provenía de distintos actores sociales y grupos sino porque además, y como era de esperarse, cargas ideológicas e intereses disímiles entraron en conflicto. Al respecto, como lo indicó oportunamente Manrique, hay que tomar en cuenta que en el caso de nuestro país la creación de la Comisión de la Verdad

5 El mismo nombre de aquella otra que en su momento se creó en Sudáfrica.

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no fue ni el resultado de una exigencia de organizaciones revolucionarias en armas interesadas en el esclarecimiento de los hechos, ni de una sociedad civil movilizada para conseguir que se restableciera la verdad y se repararan los daños, sino que el colapso del régimen de Fujimori permitió una especial correlación política al desbaratarse la llamada “mafia” que se había hecho del poder y que la demanda formulada por un puñado de organizaciones involucradas en la defensa de los derechos humanos tuviera eco (cf. Manrique 2002). Lo cierto es que se inició una discusión sobre verdad, víctimas y responsables no solo desde que la citada comisión evacuó su Informe Final, sino también durante la etapa de sus investigaciones y análisis; esta discusión se renovó luego en torno a cuestiones tan concretas como, por ejemplo, las propuestas o las insinuaciones de otorgar amnistía a los miembros de las llamadas fuerzas del orden que se encuentran sujetos a denuncias penales por cargos de violaciones de derechos humanos.

« Al parecer,

la aspiración moralmente más razonable debería ser la de recordarlo todo y permanentemente. »

En tales circunstancias, al parecer, la aspiración moralmente más razonable debería ser la de recordarlo todo y permanentemente; no obstante, tal deseo tiene que conciliarse con el hecho de que debemos admitir que no hay memoria ni historia que no estén señaladas por la contingencia y el olvido. Y no es menos cierto que memoria e historia están afectadas en función de conocimiento, dependiendo este último en mucho de la posición de quién recuerda o para qué lo hace, o de quién elabora una historia y con qué propósito. De todas maneras, pese a estas limitaciones, no cabe duda de que las víctimas sobrevivientes y los muertos merecen que se conozcan sus nombres y sus casos para obtener reparación y justicia, pero nunca, ni siquiera sus propios testimonios, harán transferibles de manera plena sus experiencias. He ahí un olvido derivado de la opacidad de las fuentes y por el hecho de que nunca es posible resucitar plenamente el pasado, aunque este sea inmediato o cuando el que cuente los hechos haya sido un actor de los mismos: Ante las múltiples peticiones en aras de una historia contemporánea o muy contemporánea, se ha solicitado e incluso en ocasiones se ha exigido a la profesión [histórica] aportar respuestas. Si bien está presente en frentes distintos, dicha historia ha ocupado la primera plana de la actualidad judicial, durante los juicios por crímenes

contra la humanidad, cuya principal característica es atender la temporalidad inédita de lo imprescriptible (Hartog 2003: 85-86).

Como lo mencionamos anteriormente, el caso de la manera cómo se enfrentó en Alemania de la segunda postguerra el recuerdo y el olvido de los crímenes perpetrados por el nacionalsocialismo constituye un excelente ejemplo para tipificar las reacciones de una sociedad frente a hechos tan traumáticos como aquel. Josefina Cuesta, tomando como base la obra de P. Reichel, L’Allemagne et sa mémoire (1998), señala que en el conjunto de recuerdos y olvidos han coexistido elementos tan diversos como: el moralismo de principios y el realismo pragmático; comportamientos y decisiones responsables e irresponsables; educación crítica y mentira histórica; esperanza de reconciliación y angustia de culpabilidad; negación de los crímenes por parte de sus autores; arrogancia y desarraigo, suficiencia y ostentación de los que reclamaban el “punto final”; deseo de normalidad política y miedo a olvidar. “Debates que muestran las considerables dificultades a las que se ven confrontadas las instituciones y la sociedad de un Estado de Derecho cuando deben asumir semejante herencia y que ilustran bien los procesos a los que se ven enfrentados otros países cuando abordan las transiciones de la dictadura a la democracia” (Cuesta 1998 a: 90). Una postura más explícita y concreta respecto al rol que le correspondería al

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« Sacar a la historia

del hermetismo del claustro académico y difundirla ante la opinión pública. »

historiador considerando que las ventajas del protagonismo del historiador en la corte tribunalicia serían fundamentalmente las siguientes: 1. Agitar la memoria salvaje y sacudir la comodidad en la que se atrinchera el historiador esperando el paso del tiempo para hacerse cargo de una remota responsabilidad ético-social; 2. Sacar a la historia del hermetismo del claustro académico y difundirla ante la opinión pública en tanto los actores (historiadores) vienen a ser sus propios testigos; y 3. El texto de los expedientes ante los cuales se abocarán los tribunales será, a la postre, una memoria que la historia recuperará de diversas formas puesto que, de hecho, hay que reconocer que luego de una crisis se plantea una lucha ideológica por imponer una interpretación del proceso vivido, lo que también es parte del conflicto social y expresa la voluntad de los sectores involucrados por legitimar o deslegitimar hechos en el imaginario colectivo (Godoy 2002 a: 35). Pero también se trata de la manera cómo se valorarán hechos, procesos y

hasta épocas históricas. El conocimiento –la interpretación– que ofrece la historia acerca de acontecimientos concretos estará, quiéralo o no el historiador, orientado por valores de carácter moral y producirá, la mayoría de las veces, efectos en dicho ámbito; ello pese a la ya vieja sentencia de que “los historiadores no somos los jueces del valle de Josafat” y, asimismo, el análisis histórico aplicado a los procesos vividos en el pasado permitirá una perspectiva centrada por ejemplo, en la duración. En cuanto a las épocas históricas ya nos hemos referido anteriormente a la significación que adquiere el hecho mismo de periodizar, pero ahora queremos denotar que, por ejemplo, al aplicar la noción de Renacimiento (movimiento cultural en sí mismo) a una época específica se establecían parámetros cuya connotación, más que temporal, era de orden cualitativo. Y lo mismo sucede cuando hablamos de la época de guerra interna, conflicto armado interno o el período del terrorismo, nominaciones todas ellas que reflejan en sí mismas interpretaciones valorativas. En suma, se aporta desde la historia una forma particular de comprensión de la realidad y que, como también se ha discutido en páginas anteriores, tiene que ver no solo con el pasado sino con el presente y la imagen que proyectamos acerca del futuro. En cierta forma actualmente se vive la paradoja de la aceleración de la historia que convierte lo inmediato en pasado pero también el

« Actualmente se vive

la paradoja de la aceleración de la historia que convierte lo inmediato en pasado... »

crecimiento de un presente que incluso casi se torna continuo. Así, por ejemplo, una noción como “crimen contra la humanidad”, que alude a un delito para el que no existe prescripción, hace que el mismo esté siempre presente (Mendiola 2003:118). Se trata de un pasado que no solo por su judicialización sino porque se lo reconoce como un deber de la memoria no abandona su condición de actualidad. En todo caso, la demanda histórica y los imperativos de justicia y de moral son los que nos llevan a colocar algunos hechos en la categoría de lo inolvidable; entonces se hace necesario cumplir con la tarea de la memoria sin que ello signifique que el pasado resulte una carga y una obsesión o que estemos actuando en contra del natural devenir del tiempo. Tampoco se trata de pensar que la investigación policial o la instrucción del fiscal y los juicios sirven, entre otros, al propósito de aclarar a la historia. Como dijo Pierre Vilar “el proceso Barbie” no aclara a “la historia”, sino es “a la

historia” a la que le corresponde “aclarar el proceso Barbie” (Vilar 2004: 73). Sin embargo, es interesante indicar que sobre los problemas relacionados a la judicialización de las violaciones de los derechos humanos en el Perú en una investigación realizada por IDEHPUCP se recogió la opinión de una víctima del llamado conflicto armado interno en el sentido de “[...] que la capacitación de los magistrados y miembros de la PNP para favorecer el procesamiento judicial de las violaciones de los derechos humanos debe comprender, además de aspectos técnico jurídicos, temas de la historia reciente del Perú, especialmente de lo ocurrido en los últimos 25 años” (IDEHPUCP 2006: 113). Lo cierto es que aun cuando se haya alcanzado la justicia concreta, los hechos del pasado deben ocupar el lugar que les corresponde, pues una historia y una memoria bien configuradas y rectamente utilizadas deberían ser suficientes para garantizar esa relación esencial entre los tres niveles básicos de lo temporal: pasado, presente y futuro. El ejercicio de recordar –lo hemos visto– no está separado del acto de seleccionar y olvidar; por lo tanto,

« Lo que se requiere,

junto con la evocación, es la explicación y la prevención... »

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si a pesar de todo cada nombre propio deberá a la postre perderse dentro de una denominación genérica, ello podrá facilitar la enmienda y la reconciliación al desembocar en la inclusión de los excluidos, cuando se procure (ojalá algún día) ciudadanía auténtica y reconocimiento a quienes no gozan plenamente de ellos y también permitiendo que una memoria (esperemos que la mejor ajustada a los hechos) se manifieste sobre el conjunto de evocaciones diversas. De cualquier manera, en todos los casos lo que se requiere, junto con la evocación, es la explicación y la prevención, conforme lo veíamos cuando hablábamos de las funciones sociales de la historia. Apelando nuevamente a Koselleck, diremos que se hace indispensable que una conciencia colectiva tome nota de lo ocurrido y de sus consecuencias. En efecto, el historiador alemán –cuya esclarecida visión nos está sirviendo de orientación en este tema– dice que una conciencia colectiva presupone una comunidad, una mentalidad colectiva que se funda necesariamente sobre experiencias y supuestos comunes de la conciencia. Añade que la cuestión que surge es hasta dónde llega la comunidad de los afectados y de los que tomaron parte activa, dónde se marcan las diferencias según el grado en que hayan sido afectados y cuáles son los distintos presupuestos de las respectivas conciencias. Señala como ejemplo el hecho de que una guerra común no fue experimentada por todos y por ello

es necesario proceder analíticamente: distinguir la guerra (factores sincrónicos) de sus consecuencias (factores diacrónicos) porque en la experiencia de los afectados se encuentran inseparablemente unidas. El autor indica que los factores que configuran la conciencia pueden ser, en suma, variados: proceden de un pasado anterior, del período inmediatamente anterior al hecho o de sus consecuencias que continúan modificando la conciencia. Además, siempre desde su perspectiva como historiador pero denotando influencias recibidas desde la sociología, nos esclarece más su visión cuando especifica factores sincrónicos y efectos diacrónicos, tomando como ejemplo el caso de la Segunda Guerra Mundial. Considera que los factores que influyeron al mismo tiempo (aunque cada uno en medida diferente) serían los siguientes:

« Una conciencia

colectiva presupone una comunidad... que se funda necesariamente sobre experiencias y supuestos comunes de la conciencia. »

I. Las vivencias a) Los significados, comportamientos y actitudes, así como la conciencia afectada por ellos y que reacciona ante ellos se ven afectados por las experiencias inmediatas que han producido los sucesos, es decir, por las respectivas vivencias. b) Acontecimientos estructurados o estructuras de acontecimientos que llevan a configuraciones de la conciencia semejantes. Es decir que las vivencias presentan puntos comunes que cabe clasificar como situaciones típicas. Las semejanzas y los aspectos comunes de las vivencias individuales generan disposiciones similares de la conciencia. Se trata siempre de acontecimientos singulares ensamblados en una estructura común y que presentan un modo común de influir en la conciencia. II. Disposición previa de la conciencia para elaborar los acontecimientos y vivencias. Son las numerosas condiciones de socialización que influyen en la conciencia antes de los acontecimientos y que actúan como un filtro. Determinan el tipo y la manera en que pueden realizarse las experiencias; las condicionan y limitan al mismo tiempo. a) Pertenencia a una comunidad lingüística. La lengua o dialecto que cada uno habla ordena las posibles experiencias según las imágenes,

metáforas, tópicos, conceptos y, sobre todo, según la capacidad de articulación y de expresión que configuran y limitan al mismo tiempo la conciencia. b) Conciencia religiosa y cosmovisiones junto con los esquemas ideológicos heredados, por medio de los cuales se liberan, frenan y clasifican los datos de la experiencia. Fundan un contenido de conciencia común que puede traspasar las fronteras lingüísticas e incluso las fronteras del enemigo de la guerra. c) Pertenencia a una comunidad de acción política. En primer lugar el Estado, luego las organizaciones políticas (partidos y asociaciones) e iglesias, cuya pertenencia genera experiencias posibles y mentalidades comunes. Son condiciones de índole organizativa. d) Diferencias generacionales ya que la capacidad de impresión será distinta según la edad o etapa de la vida. e) La función desempeñada por el género y la familia ya que las experiencias suelen afectar de manera diferente a los hombres que a las mujeres e, incluso, ante experiencias como una guerra es probable que los roles tradicionalmente atribuidos a los sexos se hayan visto modificados. f) Pertenencia a clase y criterios de estratificación social que conducen de manera abierta u oculta a configuraciones de la conciencia. También circunstancias de vivir en la ciudad o en el campo, el lugar que se ocupa en el proceso de producción, la

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« La lengua o dialecto

que cada uno habla ordena las posibles experiencias según las imágenes, metáforas, tópicos... »

escala profesional, entre otros. Se trata de la red de condiciones económicas y sociales que hacen posible que determinadas vivencias se impriman en la conciencia. III. Factores específicos condicionados por el hecho, aquellos que únicamente se han podido experimentar en él. Deben distinguirse de los acontecimientos y vivencias, y de las condiciones de la conciencia colectiva enumerados en los parágrafos anteriores. En este caso tenemos a los siguientes factores específicos: a) funciones desempeñadas por los individuos; b) actividades surgidas en relación al acontecimiento mismo. Acontecimientos concretos que cada persona encuentra o que ha contribuido a producir; y c) condiciones sociales afectadas por el suceso. Como es fácil colegir, este conjunto de factores parece particularmente útil como instrumento para el establecimiento

ordenado de los hechos ocurridos en el Perú, su comprensión e interpretación y una forma que a priori consideramos útil para manejar las distintas memorias y testimonios acerca de lo ocurrido en nuestro país en las últimas décadas y cuyas raíces acusan una larguísima data. Es útil, asimismo, para encarar parte de nuestra historia del tiempo presente. El modelo, de base fenomenológica, planteado por Koselleck, lleva a este autor a preguntarse también acerca del peso que debe darse a los sucesos y sus estructuras comunes directamente relacionados al acontecimiento; a las actitudes de conciencia heredadas de la tradición y que determinaron el carácter específico de las experiencias relacionadas al acontecimiento y, finalmente, a las condiciones sociales. Hay que tomar en cuenta la serie de cambios en la sociedad y la conciencia que no se habrían producido sin mediar el acontecimiento (la guerra, en el caso del ejemplo proporcionado por Koselleck). En cuanto a los efectos diacrónicos en la conciencia, Koselleck señala, en primer lugar, que todos los factores sincrónicos señalados anteriormente aparecen de manera distinta en sus efectos diacrónicos y, así, al término de un hecho (v.g. la guerra) cambia el estado de la conciencia acerca de ese acontecimiento y surge la memoria del mismo. Dicho recuerdo, a su vez, produce consecuencias que actúan como un filtro en la capacidad que tienen los recuerdos de configurar la conciencia. Por eso, a la hora de estudiar

« Particularmente

útil como instrumento para el establecimiento ordenado de los hechos ocurridos en el Perú. »

las consecuencias de un hecho en la conciencia colectiva habría que distinguir los efectos que se han producido durante el acontecimiento de aquellos que solo pueden ser considerados como una consecuencia posterior al hecho. La propuesta de Koselleck resulta ser una esclarecida y pormenorizada explicación fenomenológica sobre los mecanismos de configuración de la memoria (diferentes memorias, en realidad) y sus funciones en una relación dialéctica individual y social también asociada a la formación de una conciencia histórica. Igualmente, el autor llama la atención acerca de que la memoria no es una magnitud constante que sigue actuando permanentemente de forma inmutable debido a que se olvidan muchas cosas, otras permanecen en la conciencia “tozudamente como un aguijón”. Algunas cosas se suprimen, otras se ensalzan. Hechos como las guerras son acontecimientos unitarios por lo que han traído consigo experiencias comunes.

Sin embargo, ciertas distinciones entre los participantes (como en el caso de una guerra la diferenciación entre vencedores y vencidos; desaparecidos y sobrevivientes) canalizan de manera distinta la capacidad y el proceso de la conciencia. Aun así, en el caso de las guerras, por ejemplo, no toda victoria o derrota permanece en la conciencia como tal. Pero las formas de ambas producen numerosas quiebras en la constitución de la conciencia, hasta el punto de que resulta difícil delimitar unas semejanzas mínimas en la conciencia colectiva. La cuestión de la analogía o las diferencias en la conciencia colectiva hay que seccionarla según un criterio diacrónico en lo referido a la cuestión de la continuidad y discontinuidad (Koselleck 2001: 131-146). En buena cuenta, de lo que se trata es no solo de la búsqueda de explicación sumergiéndose en la tierra de los orígenes, sino también, y sobre todo, cumplir la función social de la historia a través de la búsqueda del significado de los acontecimientos y de la manera cómo se otorga sentido a los mismos a lo largo del tiempo. Ello supone mencionar nuevamente que los que llamamos “hechos u objetos registrables” cuando son más bien vistos como “mensajes” permiten que, desde nuestra posición, efectuemos un diálogo con dichos registros, por lo que el acto de cargarlos de sentido o significación emana ahora de una actividad hermenéutica diferente a la que se solía emplear en el siglo XIX.

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« En el caso de

las guerras, por ejemplo, no toda victoria o derrota permanece en la conciencia como tal.»

Nuevamente veamos cómo trata Koselleck este último asunto manteniendo como referente el ejemplo suyo de la Segunda Guerra Mundial, pero que –como hemos señalado– parece calzar bastante bien en su aplicación al caso peruano del llamado conflicto armado interno. Koselleck dice que en el caso de las guerras se plantea a la conciencia la cuestión del sentido de la muerte violenta y generalmente los intentos pueden orientarse a dotarla de un sentido político o teológico. Surge una suerte de culto a los muertos y las conmemoraciones se constituyen en respuestas comunes para dotar de significado, en la medida de lo posible, a la muerte masiva. La matanza masiva organizada genera semejanzas y diferencias en la manera en que se elabora la experiencia y en la capacidad de recuerdo de los supervivientes. Por eso el culto a los muertos tiene una función configuradora de la conciencia, especialmente a través de los monumentos

cuyo fin consiste en dar significado a la muerte pero también aunar en un horizonte de significado común el pasado de la muerte con el futuro de los supervivientes. Es además interesante lo que indica respecto tanto a los casos de los monumentos conmemorativos de los campos de concentración, como a los de los monumentos a los muertos en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, ya que considera que se hace patente que “[…] la muerte ya no se entiende como una respuesta, sino solo como una pregunta, no como algo que confiere sentido, sino como algo que requiere un sentido” (Koselleck 2001: 145-148). Pero en otra dirección también habría que considerar la constante –desde la época clásica hasta nuestros días– de considerar que la utilidad de la historia viene de su carácter magistral. En efecto, si bien de la visión lineal del curso de lo histórico se desprendió la noción de que la historia no se repite, que resultó reforzada en el siglo XVIII por la idea ilustrada acerca del progreso y el positivismo del siglo XIX, permanentemente individuos y sociedades han seguido formulado apelaciones en el sentido de que el conocimiento histórico debería servir para evitar la repetición de aquellos hechos considerados negativos, sea en el sentido de que el pasado no se repita o de que nefastos acontecimientos acaecidos en el presente no vuelvan a ocurrir en el futuro. En suma, opera así la demanda de “para que no se repita”, pedido justificado si se toma en cuenta

« El culto a los

muertos tiene una función configuradora de la conciencia, especialmente a través de los monumentos.»

que los procesos históricos si bien no se repiten acusan una “lógica equiparable” (Aróstegui 2004: 36). Configurar una conciencia histórica común respecto a lo sucedido en nuestro país debido al conflicto armado interno desatado por el terrorismo, a los factores que lo hicieron posible y que conformaron sus características requiere que se tomen en cuenta los distintos modos de establecer la memoria sobre los hechos por parte de los distintos actores y las diferentes generaciones que se vieron y ven involucrados por el conflicto o por sus efectos. Es decir, se requiere considerar, por ejemplo, a la memoria y a la posmemoria. Nos referimos aquí a la distinción que establece que la última de las mencionadas es aquella que se despliega desde una distancia generacional y desde otra conexión personal con la historia. En la práctica ello quiere decir que la

posmemoria está vinculada con su objeto o su fuente a través de distintas formas de mediación (Hirsch 2002: 22, citada por Amado 2006: 615). En la medida de que la conmemoración es vista como un deber de la memoria y que se suele entender que implica otorgar sentido a acontecimientos tanto inexplicables como absurdos, la función de la historia apuntaría a evitar no solo que tales hechos se repitan sino también a lograr su asimilación por los individuos y el grupo. Cuando decimos

asimilación estamos pensando en evitar las negaciones de los mismos, el agobio, la angustia y el duelo no superados. Pensando no solo de manera particular en el caso peruano sino en cualquier otro de semejantes características, habría que llamar la atención acerca de la necesidad de considerar, desde una perspectiva histórica, a los diferentes factores que dieron origen a las décadas de violencia extrema vividas y a sus consecuencias, para que el deber de recordar se oriente a asumir el deber de cambiar.

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Mapa Mundi

A s o c i a c i ó n p a r a I n f r a e s t r u c t u r a

e l F o m e n t o d e l a N a c i o n a l ( A F IN )

La política del chantaje De acuerdo al Informe de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, hasta el 31 de marzo de 2010 existen 156 conflictos sociales activos. De ellos, 84 están en proceso de diálogo, cincuenta de los cuales surgieron después de un hecho de violencia. En 102 conflictos se registró, por lo menos, un caso de violencia. En nuestro país se ha vuelto costumbre que cada vez que la población tiene una demanda que hacer a sus autoridades siente que la única manera de ser atendida es tomando medidas radicales. La insatisfacción social hizo que la práctica de violencia como forma de reclamo resultara productiva, puesto que se descubrió que solo así se captaba la atención de quienes debían solucionarlo. Además, los grupos que por lo general encabezan y organizan las grandes manifestaciones contra el Estado percibieron que a mayor violencia más rápida era la acción estatal y mayores eran las concesiones otorgadas.

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Algunos ejemplos recientes de actos de violencia perpetrados por la población y/o por grupos organizados de interés son: toma de la Curva del Diablo en Bagua, toma de la Panamericana Sur a la altura de Chala (Arequipa), toma del Puente Montalvo en Moquegua, bloqueo de la Panamericana Sur en El Fiscal (Arequipa), bloqueos de la Carretera Central, toma de la represa de Enersur en Pasco, toma de la municipalidad del distrito de Ulcumayo (Junín) y toma de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco. Todos los casos antes mencionados y muchos otros significaron el quebrantamiento de la ley. El artículo 283 del Código Penal sanciona con pena de cárcel a quienes creando o no una situación de peligro impiden o entorpecen el transporte o los servicios públicos. Además, el artículo 315 del referido código sanciona con pena privativa de libertad al que atenta contra la integridad física de las personas y/o

« Sanciones que

nuestro Código Penal impone a quienes alteran la paz y el orden público son rara vez aplicadas. »

« Pena de cárcel a

quienes creando o no una situación de peligro impiden o entorpecen el transporte o los servicios públicos. »

causa grave daño a la propiedad pública o privada. Estas sanciones que nuestro Código Penal impone a quienes alteran la paz y el orden público son rara vez aplicadas. Sin embargo, vemos con mucha frecuencia cómo los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son enjuiciados y perseguidos por tratar de restablecer el orden en estas situaciones de violencia. Es en este contexto que aparece publicada en el diario oficial El Peruano la Ley Nº 29519, que modifica el artículo 369 del Código Penal, referido al delito de violencia contra autoridades elegidas para impedir el ejercicio de sus funciones. Esta ley aumenta la pena privativa de la libertad para quienes mediante violencia o amenaza impiden a una autoridad elegida juramentar, asumir o ejercer sus funciones.

Esperemos que la dación de esta ley venga acompañada de un cambio en la manera en que el Estado “controla” estas situaciones de desorden y violencia. Es necesario atender los reclamos de la población de manera oportuna, así como

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informar cualquier cambio importante en las políticas estatales antes de su implementación. Sin embargo, una vez llegada la situación de conflicto tienen que primar la ley y el orden, no el caos y la violencia.

E d u a r d o

G o n z á l e z

V i a ñ a

Una masacre programada A las diez de la noche del 26 de enero, Erik Ayala empujó la puerta del night club “The Zone” de Portland, Oregon. Antes de que entrara, un portero lo miró con alguna atención, pero no le notó anormalidad alguna. Le reclamó su entrada. Lo dejó entrar. En ese establecimiento para adolescentes está prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Erik tenía 24, y ocultaba algo envuelto en un periódico, pero eso al portero no le interesó. Lo que Erik cargaba era una pistola italiana Tanfoglio de 9 mm. En la recámara iban doce balas. Lo que sucedió después todo el mundo lo sabe. Lo que los diarios no han dicho es que aquella era una masacre con una programación inflexible: tenía que ocurrir… y ocurrirá otras veces. Vamos a ver por qué, y comencemos por Bryan Kellim. Bryan es el orgulloso propietario de la tienda “99 Empeño y Armas”. En un país donde la norma es ser casi invisible, este ciudadano se ha hecho famoso para el resto de su vida. Ha aparecido en todos los diarios y la televisión luciendo ropa nueva, ensayando diversas sonrisas e incluso lanzando miradas de inteligencia como las de Adrian Monk, el ficticio detective de la pantalla chica.

Su negocio es legal y, no tan solo ello, es protegido por las normas constitucionales. El derecho a portar armas se ampara en este país en la Segunda Enmienda según la cual, “siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho a tener la responsabilidad de un arma no debe ser vulnerado”. Los republicanos conservadores interpretan ese ya bicentenario mandato como una ley sagrada que tan solo tiene parangón con los inderogables mandatos de la Biblia. Los norteamericanos más modernos apenas han logrado algunas regulaciones, pero no pueden apuntar a la extinción del derecho. Un candidato que se atreviera a exigirlo tendría la elección perdida de antemano. Más todavía, la Corte Suprema – terminada de armar en la era Bush– ratificó hace muy poco el derecho a la tenencia de armas. En su dictamen, la máxima instancia judicial anuló incluso el requisito establecido en Washington DC de que las armas de fuego contengan seguros que las bloqueen. Es decir, nada ni nadie deben robar a los ciudadanos ese derecho que, según John McCain, es sagrado y solo se parece al de la libertad de expresión. En la exposición de motivos, la Enmienda –que data de 1791– ofrece armas a los norteamericanos para que puedan esgrimirlas contra el agresor británico. Felizmente para los ingleses de hoy, Erik ignoraba esas razones. Incluso, a pesar de haber terminado secundaria, es

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muy posible que no supiera localizar a la isla en un mapamundi. Con frecuencia los universitarios de este país no pueden hacerlo. Recuerden ustedes que una candidata a la vicepresidencia no sabía dónde estaba África, ni si era un país o un continente. El 6 de enero a las cuatro de la tarde, Ayala entró en la tienda de armas, pero no tuvo suerte. No le vendieron lo que buscaba porque no había llevado su identificación. El 9 volvió con su carné de conducir y sus tres últimas cuentas de electricidad. Es una exigencia local para inmigrantes. Se la vendieron. A su pedido, le ofrecieron, además, información de cómo aprender a usarla. Ayala había mostrado problemas de conducta en la escuela secundaria e incluso había estado hospitalizado por depresión, pero nada de eso le impidió adquirir el arma. Tampoco hubo intervención familiar alguna. En esta sociedad hiperindividualista, los padres no suelen

« Los republicanos

conservadores interpretan ese ya bicentenario mandato como una ley sagrada... »

ser informados del desarrollo escolar. En las universidades, el profesor que hable con la familia acerca del rendimiento de sus alumnos podría perder el puesto. Por último, los jóvenes abandonan la casa paterna al final de la high school, y muy pocos vuelven a visitar a los suyos. Mexicano de nacimiento, a los 24 años Erik ya no era un latinoamericano. Ninguna norma cultural hispana prevalecía en su conciencia. No veía a sus padres. No frecuentaba a otros mexicanos. No asistía a ninguna iglesia. Casi no hablaba español. Como un típico American young man era autosuficiente, experto en mecánica, no había leído libro alguno y era capaz de valerse solo frente al mundo. Eso fue justamente lo que hizo. Solo frente al mundo disparó. Una estudiante peruana, Marta Paz de Novoa, 17, y la estadounidense Ashley Wilks, 16, murieron de inmediato. Severamente heridos resultaron Anne Sophie Rialland, 16, de Francia; Susy de Sousa, 18, de

« ¿La globalización de la violencia? Sí, y también de la barbarie individualista.»

Italia; Gonzalo Vásquez Orozco, 17, de Guatemala; Jalontae Howard, 16, de Estados Unidos; la ecuatoriana Ana Zambrano Soledispa, 18; Brad Yoast, empleado de la discoteca, y Trista Chang, 18, de Taiwán. ¿La globalización de la violencia? Sí, y también de la barbarie individualista. En vista de que ya ocurrió muchas otras veces y de que está en el sentido común de los norteamericanos el axioma de que las armas son un derecho sagrado, todo esto volverá a ocurrir. Está programado.

Viento en popa

R ó m u l o

F r a n c o

Te m p l e

Violencia y medios de comunicación. Pistas para una reflexión En cuanto se plantea el tema de la violencia y los medios de comunicación, inmediatamente surge la afirmación de que en ellos hay un exceso de presentación de escenas de violencia, y que esto es incorrecto e inconveniente. Y cuando hablamos de “violencia”, normalmente nos referimos a “hechos de sangre” y accidentes, que acaparan espacio en los diarios y en la televisión, y menos a la “violencia de la naturaleza”, como también se llama a los desastres naturales. Por otro lado, al tratar de desagregar la violencia que se presenta en los medios, nos vemos en la necesidad de distinguir entre la presentación de escenas y situaciones de violencia en la información que se ofrece, y la presencia de la violencia en las producciones de ficción que se da sobre todo la televisión.

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El hecho de que nuestra sociedad esté saturada de mensajes de diversa procedencia exige que precisemos también que, cuando hablamos de “los medios de comunicación” en este artículo, nos referimos esta vez a los más tradicionales, como la prensa escrita, la radio y la televisión, y no entramos a “los nuevos medios” como Internet. La comunicación no es solo cuestión de medios o mensajes, sino una dimensión que articula nuestra vida común. Es preciso, entonces, ampliar nuestra mirada a ese conjunto de nuestra existencia. Comencemos con otros “medios” que a veces no advertimos, pero que también soportan o usan la violencia como recurso. Por ejemplo todos esos mensajes que, al salir por carretera hacia el centro o sur de Lima, nos exponen a un bombardeo visual de imágenes de contenido y estética distintos pero de intención semejante: apelan a que al pasar, inevitablemente y a falta de otro foco de atención, seamos capturados por señales para registrar invitaciones, sugerencias u órdenes para consumir (avisos comerciales), participar (fiestas, movimientos políticos), tomar conciencia (defensa civil, policía, regulación), etc. Se trataría más bien en este caso de comunicación publicitaria, que tiene su propio lenguaje y características, sea que se haga a través de los medios tradicionales o de nuevos canales de publicidad más personalizados. Aunque los afiches

aparecieron hace mucho tiempo, tenemos actualmente algunos que no son demasiado diferentes de los “afiches” urbanos del siglo XVIII, pero hay otros que juegan con otros elementos como la trayectoria y velocidad de vehículos que se desplazan a más de 80 kilómetros por hora. ¿Explotan estos mensajes la violencia? En algunos de ellos se apela a ciertas imágenes que juegan con sexo y violencia sadomasoquista softcore para vender (ciertos jeans) y en otros a la violencia del horror del accidente, como un auto destrozado por efecto de un choque, para alertar contra la práctica de beber licor y manejar. Por otro lado no hace mucho las paredes portaban graffitis que vivaban la violencia política y procuraban también generar comportamientos mediante mensajes amedrentadores. En este nivel de comunicación de rotación menos “rápida” encontramos, asimismo, los elementos básicos sobre los que conviene leer la relación entre medios y violencia: recursos, contenidos, prácticas promovidas y prácticas resultantes. Otro horizonte de comunicación y violencia mencionado con frecuencia es el de la violencia y hostilidad en los videojuegos, en los que participan mayormente niños, pero también muchos adultos jóvenes que se iniciaron con el pinbol de pequeños (y que ahora tienen de 30 a 40 años). Se dice que algunos son de estrategia, sin embargo muchos (junto con las estrategias) manifiestan abundantes contenidos de violencia, venganza, desconfianza en el otro.

« En el espacio de

los medios existe hoy una fuerte competencia por captar y mantener la atención. »

Reacciones, respuestas y responsabilidad Es verdad. El desarrollo de los medios de comunicación ha conducido a una sobreabundancia de fuentes y sistemas de distribución de información, por lo que en el espacio de los medios existe hoy una fuerte competencia por captar y mantener la atención. La atención humana es frágil. El tiempo no se puede acumular. Un mensaje, no importa su contenido, requiere captar la atención. Algunos estímulos obtienen mayor prioridad en el sistema perceptivo humano. Son los estímulos más básicos y conectados a la supervivencia: violencia y sexo. La violencia está asociada y dispara muchas reacciones en las personas; entre ellas, procediendo de lo más primario a más complejo y humano: 1. Un primer modo es el de llamar la atención para elegir instantáneamente entre “enfrentar o correr”. 2. Otro es el de catarsis: salvándome de ser víctima (“menos mal eso le pasó a

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otro”; “que suceda a otro me confirma en mi buena suerte”) o identificándome con el agresor (“de este modo vengo, restablezco la justicia, descargo mi agresividad, me entreno, juego”). 3. Otro modo muy complejo de catarsis simbólica es el del sacrificio: “es bueno que uno muera por todos…”. 4. Un último modo es el de la empatía y la compasión. No hay manera de hacer un discurso simple sobre asuntos complejos… Nadie denunciaría a la tragedia griega como “apologética” de la violencia, pero es indudable que en el corazón del proceso liberador que quiere producir la tragedia están el horror y la compasión frente a hechos violentos y las más de las veces indeseados. A eso es a lo que Aristóteles se refiere como catarsis. Indudablemente, la presentación de escenas violentas en los informativos debería tener características diferentes, ya que debiera responder específicamente a las funciones de la información periodística y no solo servir de “reclamo” primario. Todo lo dicho apunta hacia el hecho de que será difícil, y en el extremo podría ser incluso erróneo, pretender eliminar la violencia del entorno de información. Existen hechos violentos que deben ser reportados. El reporte de estos hechos puede resultar incluso un deber. Sin embargo, conviene distinguir entre aquello que se presenta y el modo cómo se hace. En el caso de la información,

se subraya la necesidad de mostrar con discreción, y sobre todo de contextualizar los hechos, establecer relaciones y señalar causas. Que la información lleve al lector o espectador a un análisis; a una reflexión más que a una identificación acrítica. No es menos importante que en la presentación de los hechos se respete a la persona, y su derecho a la propia imagen y fama. En caso de accidentes, puede haber imágenes que sean verdaderas, pero que en su “realismo” sean denigrantes para la persona, y ofendan su recuerdo y a sus familias. No sería exacto adjudicar toda la responsabilidad a los medios y a los comunicadores. La autoexposición de la miseria es un recurso buscado para procurarse ayuda, en ausencia de mecanismos e instituciones más eficientes e inclusivas. Esta “espectacularización” de lo violento dice mucho de nuestra realidad social y cultural. Otro punto que se considera y que se estudia es la influencia que la presentación de situaciones e imágenes de violencia puede tener para exacerbar la violencia, o incluso llevar a las personas a ser más violentas. Aunque los estudios parecen ir hacia la afirmación de que la repetición excesiva de imágenes de violencia puede llevar a una insensibilización frente a ella, y a aceptar tales situaciones como “normales”, la psicología subraya más la importancia del ambiente donde se vive y la violencia

« La violencia vivida y

sufrida en la familia o en el trabajo influye más que la violencia que se ve en la prensa. »

que puede haber en él como elementos que favorecen las reacciones violentas en las personas. La violencia vivida y sufrida en la familia o en el trabajo influye más que la violencia que se ve en la prensa o la televisión. Podríamos también reflexionar sobre la violencia que se vive en las largas horas de transporte cuando vamos al trabajo o regresamos a nuestras casas. Se teme que los niños que juegan videojuegos por muchas horas, puedan aumentar sus niveles de agresividad; sin embargo, las investigaciones reportan que son los niños que viven en situaciones de mayor violencia quienes muestran mayor interés y apego por estos videojuegos; otros niños escogen juegos de otros contenidos y aceptan mejor cuando sus padres ponen límites a las horas de entretenimiento. No obstante, sigue siendo un tema complejo. En este marco podemos compartir algunas otras consideraciones sobre el asunto.

Comunicación: ¿para qué? La influencia de los medios es más bien cultural, y la cultura está más bien controlando la violencia que justificándola. La violencia doméstica no era violencia; la violencia contra los niños en la escuela no era violencia; la violencia de los niños unos sobre otros no era violencia. Los medios también han contribuido, y contribuyen, a redefinir los espacios de violencia al resaltar esas formas tradicionales de violencia “normal” como ilegítimas. Es probable que la influencia real de los medios como explicación de la violencia sea menor que la que se suele juzgar, en el ámbito de corto plazo. No hay evidencia fuerte de que la mayor circulación de material de violencia explícita fomente la violencia. Quizás el problema esté más bien relacionado con el hecho de que los medios, que deben renovar cotidianamente el interés de su público, visibilizan números crecientes de hechos que pasarían desapercibidos si hubiera menos recursos procurando construir noticias que conciten atención. Así, contra lo que se suele pensar, la presencia de la violencia en los medios tendría menor significado social en el corto plazo, mientras en el largo plazo en cambio los medios son probablemente la herramienta educativa más importante para modificar prácticas culturales haciendo inaceptables, y por tanto descalificando, ciertas prácticas violentas previamente aceptadas.

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Nuevamente: los medios no están solos. Lectores y televidentes pueden no solo aceptar violencia, sino también responder proponiendo o promoviendo otras formas de representación. Podemos tomar posición y plantear iniciativas. Los medios periodísticos buscan en primer lugar informar, pero junto a ello tienen como deber formar opinión y orientar la opinión pública, buscando que los ciudadanos participen en la sociedad civil de manera madura y responsable. Muchos medios se limitan a informar, dando prioridad a lo que atrae más lectores o televidentes, y renuncian a los otros objetivos de su quehacer profesional. Podríamos incluso distinguir los medios en “serios” y “amarillos”. En general los medios mayores –tanto escritos como radiales y de TV– suelen ser más serios. Los más pequeños e informales suelen ser más “amarillos”, y son ellos los que hacen uso de formas más primarias y crudas de reclamo de atención. Esto no quiere decir que los medios serios no usen de historias sobre violencia para captar y mantener la atención. Los asesinatos de personas “acomodadas”, de la farándula, etc., dan lugar a sagas muy elaboradas. Sin embargo el tratamiento del tema suele mantener ciertos criterios de procedimiento y respeto de la regulación sobre privacidad, por ejemplo. Como hemos señalado antes, hay que considerar que en ciertos casos no solo resulta lícito sino que es un deber difundir casos de violencia, por ejemplo para

condenar la violencia injusta (violación de derechos humanos), para destacar un comportamiento heroico, o para iluminar –con fines pedagógicos o para suscitar solidaridad– áreas de violencia ilegítima que todavía es considerada aceptable. Pero siempre será necesario cuidar el modo en que se informa de modo que se preserven los derechos a la intimidad de las víctimas, los derechos a juicio justo de los presuntos culpables, y la sensibilidad del público, en particular de los niños y menores de edad. Una última reflexión sobre el tema. Como decía Gandhi: “La humanidad no

puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia”. Pero es necesario fortaleza de ánimo para resistir la violencia sin ejercerla sobre los demás, y para formar la conciencia capaz de hacerlo hay que tener información sobre la violencia injusta. No se trata de ocultar la violencia. Acaba de concluir la Semana Santa en que la Iglesia conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La presentación de la violencia debería alimentar siempre la esperanza de que la humanidad logrará erradicar la violencia injusta o, dicho en términos evangélicos, de que lograremos apoyar el advenimiento del reino de Dios.

J u a n

G a r g u r e v i c h

La TV, el acusado principal En ambientes académicos se comentaba hace poco si sería posible “medir” la violencia de la prensa, del periodismo escrito; es decir, establecer gradaciones según el tipo de violencia, sus consecuencias, etc. Y todo motivado por una visión rápida de un kiosco con diarios en los que la agresión se exhibía de una manera horrorosa. Poca atención se ha dedicado –que sepamos– a la violencia exhibida en titulares de primeras páginas, y no estamos refiriéndonos a la llamada prensa amarilla o popular de bajo precio, sino a los periódicos en general. Porque desde que las circunstancias acabaron con aquel personaje voceador de diarios, el canillita, la forma más segura de “gritar” la mercancía periodística es colgarla de los kioscos. El periodismo serio y el no serio privilegian un asesinato en desmedro de cualquier otra noticia.

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A dichos pequeños establecimientos acuden miles de transeúntes, de todas las edades, a dar una mirada a la agresión del día, encontrando una variedad de posibilidades que van desde la violación hasta el parricidio, pasando –claro– por el robo que ya resulta simplón como objeto de noticia. Y es probable entonces que el baño de violencia y sexo sea más impactante en mentes menudas que en adultas. Se calcula que en Lima hay unos cinco mil kioscos o puntos de venta de periódicos cuyo número ha crecido a la par de la ciudad y porque ya no hay la tradicional venta de los famosos canillitas. Los newsboys norteamericanos ayudaron de manera sustancial al desarrollo del periodismo popular y así también sucedió en el Perú desde principios del siglo diecinueve hasta los años setenta. No conocemos un estudio sobre las razones de la desaparición de

« Es probable entonces

que el baño de violencia y sexo sea más impactante en mentes menudas que en adultas. »

los canillitas limeños pero se especula que se debió a los cambios de horario de los escolares –niñas en las mañanas, niños en las tardes– implantados por la reforma educativa del gobierno militar de aquellos años. Pero hasta entonces la violencia en los diarios era manejada con prudencia, si lo comparamos con la exhibición de hoy. Tanto La Tercera de La Crónica, como su principal competencia, Última Hora, no derramaban la sangre que hoy surge de los medios. La prensa llamada “chicha” aportó de manera significativa a la exposición de los dramas reales de la vida pero sus crónicas más descarnadas no se acercan siquiera a las dramatizaciones de crímenes que hace la televisión. El acusado principal Los noticieros de televisión siguen siendo los primeros acusados, en tal grado que su exhibición de violencia ha merecido tanto amplios comentarios como sesudos estudios, lo que nos releva de abundamiento. Hemos conocido un trabajo canadiense que propuso un “violenciómetro”, una escala para medir los excesos de las empresas y que mostramos en síntesis nuestra: 1. Ausencia de violencia. 2. Golpes muy ligeros, fines humorísticos. 3. Violencia ligera, amenazas verbales no específicas. 4. Breves escenas de violencia fuerte, amenazas severas.

« La violencia

en la TV es explícitamente ficcional, y a determinada edad el niño normal 'sabe' que aquello es mentira. »

5. Mucha violencia fuerte; escenas con sangre. 6. Mucha violencia fuerte y brutalidad. 7. Numerosas escenas de violencia gráfica; algunas escenas violentas de contenido claramente sexual. 8. Escenas brutales y explícitas, así como violencia en un contexto sexual. 9. Violencia “gratuita”. Violencia gráfica y brutal con el único objetivo de horrorizar y sin ningún valor intrínseco en el drama. Se podría añadir más categorías pero los canadienses hallaron que esta tabla tenía un valor instrumental para aplicarla en casos de discusión. En todo caso es una propuesta abierta a la reflexión. ¿Cómo confeccionar una tabla parecida destinada a la prensa diaria para que los periodistas tengamos claro que no es solo la televisión la que propone a nuestros niños la más terrible violencia?

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Probablemente la primera objeción estaría basada en la discusión sobre los efectos, arguyéndose que las imágenes en color y movimiento son de muy lejos más impactantes que la imagen en color colgada al viento en el kiosco de la esquina. Salvo los noticieros la violencia en la TV es explícitamente ficcional, y a determinada edad el niño normal “sabe” que aquello es mentira. La prensa, en cambio, insiste en que todo lo que dice es verdad y no existe una conducta paternal sistemática dirigida a negar veracidad al periodismo. Las variables son múltiples y podrían clasificarse en grupos grandes como violencia delincuencial, familiar, sexual, etc., para de allí marchar al detalle como asesinatos, venganzas y, en fin, toda una serie de matices que no es el caso proponer ahora. Lo que deseamos decir, en síntesis, es que la prensa suele regocijarse cuando surgen reclamos enérgicos contra la violencia en la televisión, en reproches que provienen incluso de la Santa Sede, insospechable de intereses subalternos. Se puede observar que efectivamente los periódicos no dudan en anunciar que los expertos claman por una reducción de las horas de exposición a la TV de nuestros niños. Los niños y la TV En un estudio titulado “Los medios de comunicación: ¿son buenos para sus

niños?”, elaborado por la Asociación Nacional de Agencias de Recursos y Referencias de Cuidado de Niños (NACCRRA por sus siglas en inglés) de EE.UU. se dice lo siguiente. Cuando usted piensa en los periódicos, la televisión o la radio, o cuando escucha la frase “medios de comunicación”, ¿en qué clase de cosas piensa? ¿Piensa en los niños y en todo aquello que ellos escuchan y ven en estos medios? Es posible que no piense automáticamente en los niños, pero hay buenas razones para hacerlo. He aquí algunas estadísticas sobre los medios de comunicación y los niños (desde el nacimiento hasta la edad de seis años) tomadas de un estudio realizado en 2003 por la Kaiser Family Foundation. Niños y televisión desde el nacimiento hasta la edad de seis años 99% vive en un hogar con un televisor. 50% vive en un hogar con tres o más televisores. 75% vive en un hogar con una computadora. 63% vive en un hogar con acceso a Internet. 34% vive en un hogar donde se recibe un periódico.

« Nunca pasaba nada

o no se sabía porque, debe puntualizarse, carecía de estaciones de radio y televisión. »

Esta elevada exposición de los niños a los medios ha preocupado mucho a los investigadores de los países desarrollados que exhiben también altos porcentajes de violencia de todo tipo. Las cifras deben ser iguales o estar muy cercanas en nuestro caso pues la mayoría de hogares peruanos tiene televisor y son muy pocas, raras diríamos, las familias que aplican control estricto sobre la programación que ven los niños. El Consejo Nacional de Televisión de Chile tiene una política de investigaciones destinada al consumo televisivo infantil y en los últimos años ha realizado y publicado estudios importantes y significativos. Leemos que este año se dedicará a cuatro temas principalmente: • Los preescolares y su relación con la pantalla televisiva. • La caracterización de la oferta de programación infantil en el país.

« Imitación de

modelos occidentales que llegó al colmo de abandonar los trajes milenarios para reemplazarlos por los famosos jeans. »

• La percepción de calidad televisiva que tienen las audiencias. • El abordaje de género presente en programas de nuestra televisión. El singular caso del remoto Bután Los estudiosos de la cultura han tenido para su trabajo un singular y enorme laboratorio, nada menos que el país de Bután. Es pequeño –por lo menos en comparación de los gigantes que lo rodean: China e India– y no llega al millón de habitantes. Era tan lejano y remoto, y seguramente carente de valor estratégico y económico, que fue ignorado por las grandes potencias, dejándolo vivir su vida milenaria, conservando sus costumbres pero sobre todo su aislamiento. Hasta 1950 no había en Bután ni sistemas informativos, ni hospitales, ni escuelas públicas. Muchos lo consideraban el “verdadero Shangri-La”, especie de paraíso perdido donde nunca pasaba nada

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o no se sabía porque, debe puntualizarse, carecía de estaciones de radio y televisión. Se trata de una monarquía y el soberano es llamado el Rey Dragón. Recién en los años cincuenta uno de estos Dragones inició la apertura de su país para conocer y darse a conocer. El proceso fue seguido por su hijo, el actual Rey Dragón de Bután, un verdadero fanático de la búsqueda de la felicidad, educado en Inglaterra y conocedor por tanto de los adelantos occidentales. En 1998 permitió una pantalla gigante para que los butaneses siguieran “en vivo” la final del Mundial de Fútbol en Francia. Y un año después se consintió la instalación de una empresa de TV por cable, a la módica suma de cinco dólares mensuales. Fue una verdadera revolución cultural porque ahora todos querían ver televisión y hasta se descuidaban tareas laborales para seguir las series norteamericanas. El primer impacto fue solamente familiar pero luego sobrevino un fenómeno juvenil de imitación de modelos occidentales que llegó al colmo de abandonar los trajes milenarios para reemplazarlos por los famosos jeans. Lo más notorio sin embargo fue el impacto social y una elevación espectacular de los niveles de violencia, asesinatos, robos, drogadicción, cosas que no habían pasado nunca en el bucólico Bután. Todos han señalado a la televisión como la causante de los problemas,

debido a que muestra modelos que se desea imitar; al encontrarse las lógicas limitaciones, una salida puede ser la delincuencia. Lucas Outeda, comentarista del caso, escribió: “Todo el peso de la

cultura occidental cayó sobre Bután. La llegada sin anestesia de la televisión a un pequeño país que la desconocía… Bután sufre la occidentalización vertiginosa de su cultura”1.

1. “El origen de todos los males: ¿la televisión?”. Lucas Outeda. En: http:www.voltaire.org.net/ article164165.html. Consultado el 19.2.2010.

Cuaderno de Rutas

N i d i a

V í l c h e z

Los rostros de la violencia contra la mujer Se ha convertido en un hecho cotidiano que los medios de información nos muestren noticias sobre asesinatos o intento de asesinatos a mujeres, más allá de la edad, territorio o situación civil. Lo que llama la atención es que algunos medios justifican a través de sus titulares la conducta agresiva de los varones, como leeremos a continuación: Pegalón despechado acuchilla a su mujer Nunca aceptó que la madre de su hija lo dejara y decidiera rehacer su vida, por lo que dolido en su amor propio decidió cobrar venganza. Fue así que antes de verla con otro hombre, Gilbert Escate Contreras (23) fue a buscar a su ex conviviente y utilizando dos filudos cuchillos le incrustó uno en el cuello y otro en el tórax, dejándola al borde de la muerte. (Diario Ajá 8.3.2010). Celoso mata mujer a cuchillazos Cegado por los celos, un hombre asesinó a cuchilladas a su conviviente y, después, intentó suicidarse con la misma arma. El terrible hecho ocurrió en una casa de la calle Condamine, en Iquitos, donde Ana Elisa Montes García (32) vivía con Anderson Freitas Pinedo (33). (Diario Trome 21.1.2010).

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Estas historias que se repiten constantemente ya no nos sorprenden y más bien se han hecho cotidianas. La indiferencia es la que alimenta las cifras de violencia contra las mujeres peruanas. Vivimos y reproducimos la violencia, orquestando una cultura del silencio, de amargura, de desprecio por la vida y sobre todo, de pérdida de nuestra humanidad. La violencia contra la mujer como un tema de debate público El feminicidio hoy en día es conocido como el último eslabón de una larga cadena de violencia a la que se ven sometidas las mujeres, sobre todo en sus hogares. En la mayoría de los casos, la víctima no presentó denuncia ni solicitó ayuda a alguna institución y solo un 18% tuvo antecedentes de haber acudido a una instancia (policial o fiscal); es decir, la mujer sujeto de agresión previa y sostenida no comunicó su situación, aislándose y convirtiéndose por tanto en una persona con mayor vulnerabilidad. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) ha implementado desde el 2009 el Registro de Feminicidio y Tentativas. De acuerdo a la Resolución Ministerial 110-2009-MIMDES, para efectos del registro se considera feminicidio al homicidio de mujeres cometido por: • Cualquiera de las personas comprendidas en la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. • Alguna persona desconocida por la víctima siempre que el homicidio

revele una situación de discriminación contra la mujer. Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos por la mujer. Se califica como tentativa cuando la mujer sobrevive al intento de feminicidio. En el año 2009 se registraron 139 casos de feminicidio y 64 tentativas. Año

Feminicidio

Tentativas

Total

2009

139

203

68%

32%

100%

En el Perú, como promedio, cada mes son asesinadas 12 mujeres y siete de cada diez casos están vinculados a una relación de pareja. La mayoría de las mujeres víctimas se encuentra entre los 18 y 35 años de edad y el lugar donde con más frecuencia se cometen los hechos de feminicidio es en su hogar. Toda esta información evidencia la necesidad de implementar servicios especializados con personal capacitado, que permitan enfrentar la problemática de una manera eficaz. Mostrarla públicamente se convierte en un elemento indispensable para sensibilizar a la sociedad y motivar el cambio de conducta social, familiar e individual. Cada caso de violencia es un tema

“nuestro”, no solo de “ella” o del “otro”. Es de todas y de todos. El Estado ante el feminicidio: actuar es una obligación Colocar el tema de violencia contra la mujer en la agenda pública, debatirlo y generar el diálogo social constituyen acciones prioritarias en todos los niveles de gobierno, así como procurar, simultáneamente, que las mujeres víctimas de violencia encuentren protección y justicia. La violencia contra la mujer es una violación a los derechos fundamentales, atenta contra la dignidad y se ha convertido en un problema de enormes proporciones que afecta a millones de peruanas, además de ser intergeneracional y cíclico. El Centro de Información de Naciones Unidas señala que “en algún momento de sus vidas, más de la mitad de todas las mujeres latinoamericanas ha sido objeto de agresiones en sus hogares”1. De igual manera, en nuestro país, diferentes estudios nos revelan la gravedad de la situación, indicando que más del 50% de mujeres ha sufrido violencia en la

ciudad de Lima, cifra que se eleva al 68% en el caso de la ciudad del Cuzco2. Los reportes del año 2009 del registro de atenciones de los Centros Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional nos informan de un total de 40.882 casos atendidos, de los cuales 35.749 (87%) corresponden a mujeres de todas las edades y, de estos casos, el 53% corresponde a violencia psicológica, el 36% a violencia física y el 11% a violencia sexual. Asimismo, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) realizada en el 2000 reporta que cuatro de cada diez mujeres han sufrido violencia física alguna vez. La ENDES Continua 2004-2005 informa que el 41% de las mujeres alguna vez con pareja refirió haber sufrido algún tipo de violencia: han sido empujadas, golpeadas o agredidas físicamente por el esposo o compañero3. Estas son cifras que se refieren a las mujeres adultas y que se extienden a la población de niñas y adolescentes. Otros estudios estiman que la violencia genera una pérdida de 9,5 años de vida saludable para las mujeres, así como

1 “La violencia de género, un obstáculo para el desarrollo”. Centro de Información de las

Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, http://www.unam.mx/cinu/ mujer/m19.htm 2 Guezmes, Palomino y Ramos. Violencia sexual y física contra las mujeres en el Perú; estudio multicéntrico de la OMS sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres. Lima: Organización Mundial de la Salud-Universidad Cayetano Heredia-Flora Tristán, 2002. 3 Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES Continua 2004-2005). Informe principal, p. 180.

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la pérdida de días laborales y baja productividad económica4. En el caso del estudio realizado en Lima y Cuzco, dos de cada tres de las mujeres que declararon haber sufrido violencia señalaron que esta había afectado su salud, la mitad dijo que había tenido incidencia en su trabajo y una de cada tres manifestó que tuvo que interrumpir su actividad laboral5. Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye un asunto de interés público, el Estado peruano ha ratificado los tratados internacionales más importantes relativos a su eliminación: • Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), aprobada por la Asamblea General en diciembre de 1979. Fue ratificada por el Perú en septiembre de 1992. • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará), adoptada por la Asamblea General de los Estados Americanos en junio de 1994. Fue

ratificada por el Estado peruano en marzo de 1996. Esta convención establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, reconociendo a la violencia contra ella como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Determina también que una de las formas más frecuentes en que se manifiesta la violencia hacia la mujer es la violencia familiar; es decir, la que ocurre dentro del ámbito doméstico, definiéndola e indicando que afecta la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas, con un gran impacto en su salud, y limitando tanto sus posibilidades de desarrollo como las de sus comunidades. La violencia familiar ha sido calificada por la Organización Panamericana de la Salud como “un problema de salud pública demostrado por los alarmantes aumentos en las tasas regionales de mortalidad, morbilidad y discapacidad, así como por los abrumadores años de vida potencial perdidos y sus efectos psico-sociales en las poblaciones”6.

4 Heise, Lori et al. Violencia contra la mujer: la carga oculta sobre la salud. Mujer, salud y

desarrollo. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud, 1994.

5 Guezmes, Palomino y Ramos, ob. cit, p. 53. 6 Declaración de la Conferencia Interamericana sobre Sociedad, Violencia y Salud, aprobada en Washington el 17 de noviembre de 1994, convocada por la Organización Panamericana de la Salud y coauspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

La violencia familiar también puede tener consecuencias irreversibles y, como ya lo hemos señalado, sus manifestaciones son los eslabones de la cadena que lleva al feminicidio. Los reportes de los CEM hablan de que aproximadamente en el 70% de los casos el agresor ha sido la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, y que el feminicidio es resultado de situaciones de violencia familiar acumulada. Tanto la violencia familiar como la violencia sexual merecen especial preocupación, ya que afectan no solo a las mujeres que las padecen sino a su entorno, sobre todo a niños, niñas y adolescentes, quienes son sus víctimas directas o indirectas. Algunos estudios sindican que el 49% de padres propina golpizas como medida correctiva a sus hijos e hijas (INEI 1996). La violencia es casi siempre transmitida generacionalmente, a través de niños (as) que han presenciado o han estado sujetos (as) al abuso, quienes tienden a reproducirla y la aceptan como una manera viable de resolver conflictos o ejercer influencia. Al igual que sus padres, crecen para ser tanto abusadores (as) como víctimas, perpetuando el ciclo de violencia. Es así que el registro de atenciones de los CEM señala que durante el 2009 se atendieron 10.905 casos de niños, niñas y adolescentes, constituyendo el 27% de los casos atendidos a nivel nacional por los 89 CEM. Las ocurrencias más frecuentes son la violencia psicológica (43%), la violencia

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física (27%) y la violencia sexual (29%), debiendo señalarse que los principales agresores son los padres y las madres. Otro grupo poblacional afectado es el de los adultos mayores. Los registros de los CEM señalan que en el año 2009 se atendió a un total de 1.632 personas adultas mayores, 75% de ellas por violencia psicológica y 24% por violencia física. En la mayoría de los casos la persona agresora fue el hijo o hija o un familiar cercano. Agenda para una vida sin violencia contra las mujeres Para enfrentar esta nefasta situación, el Estado Peruano aprobó la Ley 26260, denominada “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar”, que establece la política estatal al respecto. Asimismo, existe el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, aprobado el año pasado, donde mediante la acción concertada de los diferentes sectores y niveles de gobierno se busca reducir sustancialmente los índices alarmantes de violencia contra la mujer que hoy existen. El MIMDES, en concordancia con lo establecido por el gobierno en el DS 0272007-PCM, que señala las políticas de observancia obligatoria (una de las cuales es la erradicación de la violencia familiar y sexual a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual), se encarga de diseñar y ejecutar las estrategias para su atención, prevención e investigación. Cumpliendo con este

mandato, viene realizando acciones de atención a través de los 90 CEM y de la línea telefónica gratuita 100. Los CEM son servicios gratuitos e integrales para la atención de personas afectadas por violencia familiar y sexual, cuentan con área legal, área psicológica y área social, así como con un área de promoción que realiza actividades preventivo-educativas en las comunidades donde funcionan los servicios. Reducir los índices de violencia hacia la mujer y la violencia familiar es una prioridad para el MIMDES, de allí la importancia de intervenir de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil. Desde el sector se impulsa la implementación del ya mencionado Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, que cuenta con mecanismos que permiten dicho trabajo articulado.

Sin embargo, aún hay retos pendientes para poner fin a una cultura de impunidad de la violencia y lograr la modificación de patrones socioculturales que toleran, legitiman y justifican la violencia contra la mujer y la violencia familiar, percibiéndolas incluso como una forma natural de comportamiento social. La transformación de dichos patrones debe apuntar a un modelo de sociedad donde se promuevan nuevos estilos de convivencia armónica entre mujeres y varones, en un marco irrestricto de respeto por los derechos y de igualdad de oportunidades para las mujeres y varones, con el objetivo de construir una sociedad que garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En esta tarea, todos y todas tenemos responsabilidad, en especial los medios de comunicación, que pueden contribuir a cambiar estos patrones o a perpetuarlos.

J a r i s

M u j i c a

Sobre el feminicidio y el monopolio del uso legítimo de la violencia Elena se casó con un hombre con el que había convivido por dos años. Tenía una niña pequeña con él, quien la agredía cada cierto tiempo. A veces le golpeaba el rostro, le amorataba las mejillas y le quebraba los labios. Otras veces le daba de puntapiés en las piernas, la abofeteaba o la golpeaba contra un muro hasta que su cabeza sangrara. Elena nunca denunció nada, ella siempre justificaba los golpes, los insultos, la humillación. Todos los vecinos oían sus gritos cuando era golpeada con los puños, con una vara de acero o de madera, con la correa o con los zapatos. Ninguno dijo nada nunca. Para ellos era un asunto de la pareja: “esas cosas se arreglan en casa”. * * *

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El Estado no tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. En realidad nunca lo tuvo. Y esto porque la legitimidad es un concepto que sobrepasa la formalidad de las leyes establecidas. La legitimidad del ejercicio de la violencia o de otros actos se dispone, en la vida cotidiana, en la aceptación de determinadas prácticas por las comunidades humanas. Por ello hay momentos en el que los juegos de legitimidades se muestran en tensión, evidenciándose la discontinuidad entre aquellas que están determinadas por las leyes y aquellas que funcionan como dispositivos de la cotidianidad. El fenómeno de la violencia entre las parejas es un tema que se liga a lo señalado. Y es que entre las parejas heterosexuales en los espacios urbanos (aunque también y de manera predominante en los espacios rurales) las formas de la violencia aparecen en muchos casos como prácticas cotidianas. Es fácil indicar que estos casos no son pocos y que ocurren habitualmente (habitus) en el seno de las familias, formando estructuras de relaciones que legitiman dichas formas de violencia en los imaginarios locales; sustancialmente de los varones a sus parejas mujeres (amantes, enamoradas, novias, convivientes, esposas). Lo esencial es que el ejercicio de la violencia en este campo excede los dispositivos de la dominación masculina, las formas de control local y opera también dentro de un contexto político. Surge entonces la pregunta: ¿cuál es el

significante político del ejercicio de la violencia entre las parejas? Para entender el contexto de esta pregunta es necesario atravesar una ruta más larga. Por ello expondremos los modos de ejercicio de la violencia entre parejas para deconstruir técnicas de violencia y entenderlas como un modo de comunicarse (Mujica 2006). Partiendo de dicha disposición teórica, podremos entender la violencia como un lenguaje y preguntar qué es lo que este indica. En ese punto mostraremos cómo es que estos ejercicios de la violencia y el lenguaje se ponen en práctica en campos particulares, “zonas liberadas”, “campos de excepción” (Agamben 2000) en los espacios locales, dentro de los que se fundan otras legitimidades. A su vez, esto permite mostrar que las parejas fundan una suerte de contrato social que, en analogía a la idea de Hobbes, significan una cesión del derecho de la violencia exclusiva y legítima al varón, quien distribuye su uso para castigar, reprimir y ordenar las prácticas locales en un ejercicio micropolítico. En ese mismo ejercicio se muestra una grieta del Estado, que ve espacios en donde la violencia se utiliza con la anuencia de los propios actores como elemento “normal”, legitimado por los múltiples acuerdos sociales que existen en la vida cotidiana. 1. La violencia contra las mujeres como práctica cotidiana En uno de los informes elaborados para CLADEM, se da cuenta cómo

entre enero del 2004 y julio del 2007 se ha asesinado a 403 mujeres en el Perú, siendo el promedio de más de 9 mujeres cada mes. En estos casos, el 34% de agresores señaló que cometió el crimen por celos o como consecuencia de una supuesta infidelidad por parte de la víctima1.

En la misma línea, un estudio de la OMS sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres indica que en Lima: una de cada dos mujeres ha sido víctima de violencia a lo largo de su vida: 48% recibieron alguna vez maltrato físico y 22.5% maltrato sexual. En Lima, el 45.8% de las mujeres han salido lesionadas (ya sea con rasguños, cortes y mordeduras hasta llegar, en el peor de los casos, a roturas de tímpano y heridas en los ojos), el 16.4% han sido forzadas a tener relaciones sexuales y el 14.8% recibieron violencia física durante el embarazo (lo cual incluye golpes y patadas en el abdomen)2.

En efecto, la violencia contra las mujeres y en particular la violencia contra las parejas resultan temas importantes en América Latina. Empero los estudios al respecto no abundan y las argumentaciones se orientan sustancialmente a la figura del machismo y a la dominación de

género como explicativas de los móviles de esta conducta. Un informe de Miguel Rodríguez del año 2005: [indica que en los] casos de feminicidio íntimo el afán de poder se manifiesta en que el móvil han sido los constantes problemas conyugales, celos por la creencia o constatación de que la víctima mantenía relaciones con otro hombre, rechazo al pedido de establecer o mantener una relación, la humillación, desprecio o indiferencia sufrida por el victimario por parte de su pareja. En base a estas razones, los inculpados alegan como defensa la emoción violenta, momentos de descontrol o figuras análogas (Rodríguez 2005: 10).

Estos homicidios y agresiones se producen sustancialmente en campos locales, en el espacio de la casa. Los agresores tienden a ser los propios esposos o convivientes; a veces maridos celosos, en otros casos hombres que golpean “sin razón aparente”, aunque lo que queda claro es que “en su mayoría (56%) el agresor, sea este esposo o conviviente, comparte el hogar con su víctima” (Rodríguez 2005: 4). Queda claro entonces que se trata de un modo de la violencia que se pone en práctica en el seno de la vida doméstica,

1 En: www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,201139/Itemid,0/ (18 de junio de 2008). 2 www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,194066/Itemid,0/ (18 de junio de 2008).

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dentro de las relaciones de pareja. Así, la correlación con las lógicas de homicidio es clara: “el mayor número de mujeres fue asesinado en su propia casa, 42%”. Pero el homicidio –y el feminicidio en particular– es el último elemento de un fenómeno más complejo. El ejercicio del asesinato no está separado de un sistema de violencia constante. De este modo, al menos el “30% de las mujeres asesinadas en manos de sus parejas o ex parejas sentimentales, era maltratado física o psicológicamente por quienes luego se convirtieron en sus asesinos” (Rodríguez 2005: 4). Asimismo, esta forma del ejercido de la violencia hacia las parejas no está separada de la estructura que dirige sus prácticas contra las hijas o contra las mujeres en general. Las preguntas que surgen son: ¿cómo se dispone esta estructura?, ¿qué permite el ejercicio de la violencia? Evidentemente la idea de la dominación masculina ha sido una de las vías de comprensión más recurrentes. En efecto, la idea del machismo como imposición del mandato de poder resulta coherente. Y sin suspender esta posición es importante entender la configuración de una infraestructura política mayor, que demarca el soporte de las acciones y que, a su vez, resulta una afrenta al Estado y a sus leyes.

Cada uno de los usos de la violencia entre las parejas resulta un modo de ejercicio del poder y a su vez un lenguaje complejo que permite deconstruir sistemas de interacción. La idea es que el homicidio y la violencia no significan una ruptura de la significación, sino más bien un continuum radical de la estructura. En este sentido, cada modalidad de la violencia y la técnica empleada son formas del lenguaje sobre las cuales se pueden construir gramáticas. Así, el homicidio, “es un lenguaje tan radical, que su mera enunciación implica el exterminio de uno de los interlocutores” (ver el argumento completo en Mujica 2006). Las modalidades de la violencia frente a las parejas mujeres se refieren sustancialmente al uso de los golpes, cortes y patadas. Los homicidios son realizados sobre todo por la exacerbación de los golpes, por ahorcamiento o usando una daga o cuchillo; aunque en algunos casos se emplean también armas de fuego (Villanueva 2009: 583). El caso de Giovanna Huamán ilustra estas escenas. Ella, una mujer de 25 años, fue agredida con un palo de escoba, el pico de una botella y la cacha de una pistola por su conviviente (…). La agresión se produjo luego de haber salido de una fiesta (…) en Barrios Altos.

3 Se indica que en los casos de feminicidio íntimo registrados entre septiembre del 2008 y junio del 2009 las mujeres muertas fueron acuchilladas (31%), asfixiadas o estranguladas (22%), golpeadas (12%) y baleadas (25%). En los casos de feminicidio no íntimo fueron estranguladas (70%), asfixiadas (20%) y golpeadas (10%).

La mujer no imaginó que al retirarse del evento (…) terminaría ensangrentada por una rotura en la cabeza y cortes en los brazos, además de quedar casi inconsciente, por lo que fue trasladada al hospital Dos de Mayo (…) El agresor le reclamaba un supuesto coqueteo con un asistente a la fiesta4.

El espacio local constituye un campo de control. Salir de dicho espacio implica simbólicamente un “riesgo” para la pareja: se pone en “riesgo” la integridad física y simbólica de la mujer y se pone en “riesgo” la autoridad masculina, su posibilidad de control, regulación y mando. Los celos no significan solamente la posibilidad de terminar una relación íntima, sino que son síntoma de la sospecha de cuestionamiento de la autoridad micropolítica y de las posibilidades de ejercicio de poder del varón. Las técnicas utilizadas no tienen un control refinado del uso de la violencia o del dolor, sino más bien se asemejan a la estructura del suplicio o de la tortura del cuerpo del período clásico (Foucault 1979). Sin embargo, existen elementos recurrentes. Veamos brevemente dos de estos modos (aunque no se trata de los únicos): el castigo a través de golpes y cortes sistemáticos, y el homicidio (feminicidio). En el castigo, muchas veces los golpes y cortes se producen inicialmente en las piernas, para eliminar la posibilidad

de “movilización”. Parecería que el significante se refiere a una orden de permanencia dentro de la casa, un mandato de inamovilidad. Posteriormente, estos golpes y cortes se practican sobre zonas visibles del cuerpo: el rostro y los brazos. Su carácter manifiesto implicaría, en este caso, un significante más abierto: por un lado el mandato de no salir para no divulgar la vergüenza del castigo (que simbolizaría una mala acción de la mujer). Por otro lado, el significante indica justamente que se expone públicamente el castigo, se muestra a todos esta afrenta y la capacidad puesta en práctica del control de la pareja, la demostración del contrato y de las consecuencias de su transgresión. [Elsa Mamani señala:] recuerdo a una muchacha que fue masacrada por su pareja. Este, después de pegarle en su casa, la bajó arrastrando de los pelos por las escaleras ante la vista de todos sus vecinos y nadie hizo nada. Grada por grada la pobre mujer se golpeaba la cara, el cuerpo5.

Se trata del suplicio público, que no es solamente significante de la irracionalidad patológica, “pasional”, sino de un modo de dominio del cuerpo de la mujer. Significante micropolítico de sus posibilidades de ejercicio de poder, de control y del mantenimiento de un contrato.

4 www.ojo.com.pe/nota.php?nota_id=29129 (18 de junio de 2008). 5 www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,216745/Itemid,0/ (18 de junio de 2008).

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Estas técnicas, que no están separadas del sistema de ejercicio de la violencia en la vida cotidiana, tienen un polo radical: el homicidio. Este no puede leerse solo como mero machismo, sino como el suplicio definitivo que se utiliza también como una restitución del acuerdo social o para vengar su ruptura (o la sospecha de la ruptura).

de celos”, también ve desprotegido el contrato que se ha establecido con su pareja y desprotegido su campo de acción micropolítico.

Preso de sus celos enfermizos, un ex

a alto volumen y el cuerpo de Priscilla

presidiario asesinó a su ex mujer al

Cinthia Bacilio Rodenas (23)7.

atacarla con un filudo cuchillo de cocina y cortarle la yugular, intentando luego suicidarse ingiriendo veneno para ratas (…) Antonio Benigno Gómez no soportó encontrar a su ex conviviente Sonia Irma Nolverto Soto, tomando un caldo de gallina con un amigo en el mercado El Metrito (…). Doralisa Silva Gonzales, amiga de Sonia Nolverto y testigo de los hechos, dijo que el asesino golpeó a su víctima y a empujones la metió en su cuarto porque estaba tomando caldo de gallina con un amigo. “Después no escuchamos nada y cuando entramos a ver a mi amiga Sonia, la encontramos muerta con el cuello cortado, y él tirado en el piso botando espuma por la boca

Ofuscado por los celos, un sujeto clavó cinco puñaladas a su esposa (…) en su vivienda del distrito de El Tambo, en Huancayo. (…) En el interior de la casa los agentes hallaron el televisor encendido

Muchos de estos homicidios se producen con cortes en el cuello, pero también, como indica la policía, en el vientre, senos, pubis y piernas. Es frecuente, asimismo, la violencia sexual, antes o después del asesinato. El significante nos muestra un campo de la estructura de acción. Los cortes en el cuello refieren a un significante comunicante, un símbolo de la anulación de la comunicación: “ya no es posible comunicarse, ni siquiera a través de los golpes”. Aquellos que se dirigen al vientre, el pubis o los senos muestran el componente de posesión sexual que resulta fundamental en el control micropolítico y en la exclusividad del contrato de convivencia.

(…)”6.

Una vez más, el tema de los celos no implica solamente un “arranque” irracional patológico, sino que muestra el significante del control. Cuando el esposo, enamorado o novio entra en un “arranque

2. Los usos “legítimos” de la violencia ¿Qué significa entonces el uso de la violencia entre las parejas? El campo muestra un significante más grande que la propia dominación masculina. Se trata

6 http://www.ojo.com.pe/nota.php?nota_id=27034 (1 de abril del 2008). 7 http://www.ojo.com.pe/nota.php?nota_id=25716 (6 de marzo del 2008).

de un asunto político, pensado desde la localidad de las relaciones, pero también frente al Estado. Significa un campo de la práctica de la violencia que es posible de ser ejercido en la vida cotidiana y donde el Estado y sus formas de control y punición no tienen siempre el interés o posibilidad de intervenir (porque no es una prioridad o porque las personas no lo denuncian). El Estado, en efecto, no logra siempre penetrar el campo de la localidad y muestra en esas grietas la construcción de campos privados que “suspenden” –en ciertos lugares y momentos– su capacidad de acción. El Estado no siempre controla el espacio local de la familia, de la casa, de la pareja, aunque así lo pretenda su mandato. Persisten en su seno “zonas liberadas”, campos que escapan a su control formalizado y a la norma punitiva, represiva, incluso a la propia ley. Una suerte de campos de excepción (Agamben 2000) en el espacio local. Los derechos y las leyes existen formalizados por el Estado y se encarnan en los discursos normativos, en el deber ser, en la prohibición del uso de la violencia; pero no funcionan totalmente en las prácticas, en donde se construyen aquellos márgenes, zonas que funcionan bajo una lógica diferente del poder y, por ende, bajo un sistema distinto de

la distribución de la fuerza y del uso de la violencia: otros modos de punición, castigo, reprimenda8. Estas “zonas liberadas”, sin embargo, no son físicamente marginales, sino que existen en diferentes núcleos. No residen solo en la periferia (lo marginal exterior), sino en el interior del hogar, en la convivencia de la pareja. Aquí se reconfiguran las relaciones sociales y se abre un campo en donde se reinventan los usos legítimos de la violencia y de la aplicación de la fuerza. La familia es uno de esos campos. Para muchos, los padres tienen “derecho” a golpear a sus hijos, a castigarlos violentamente, a “torturarlos”, con la legitimidad otorgada “por ser el padre de familia”. Se reconoce localmente dicho ejercicio legítimo de la violencia, aun cuando existe la punición legal por el castigo físico y la tortura de padres a hijos. “Dar como a hijo” resulta una frase que ilustra este ejercicio de la violencia en el seno del hogar, reconocido como un campo común, normal, legítimo. Muchas familias resultan de ese modo terrenos que funcionan con reglas propias, “naturalizadas” en mandatos locales. Sin embargo, en esa constitución funcionan como “zona liberada”, más allá de las reglas que dispone el Estado. “Uno no se debe meter en los problemas familiares”,

8 El tema de las formas de ejercicio del poder en la vida cotidiana resulta fundamental. Se trata de entender que existen múltiples prácticas sociales que gestan formas diferentes de pensar la estructura del ejercicio legítimo de la violencia: los castigos en la escuela, los linchamientos, los conflictos sociales, que se piensan en la localidad como ejercicio legítimo.

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“cada uno arregla lo que sucede en su casa”, “no te metas en lo que no te importa”. Así, en el interior de la casa, en la familia, en el hogar simbólico se construyen reglas de convivencia que exceden al propio Estado, formas políticas de acción y contratos sociales. La familia es, también, un campo político. Así, en este terreno, se gesta una de esas “zonas liberadas” dentro del Estado. Asimismo se construyen otras legitimidades que soportan el uso de la violencia. El propio matrimonio, la convivencia gestan un tipo de contrato, de acuerdo local que funda prácticas normalizadas de poder y del uso de la violencia. El varón adquiere aquí cierta autoridad local, esposo, pareja, padre, como jefe de familia, como proveedor, como patrón. Esta legitimidad inventada localmente y sostenida por el seno familiar y comunal, le permite actuar con cierto margen naturalizado que evita la denuncia ante el uso de la violencia. En este sentido, el Estado no tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, tiene solo un control normativo exterior y, en su mirada, la legitimidad dependería solo de la ley o de la norma. Sin embargo, la legitimidad excede la formalidad normativa. Bajo esta disposición teórica la legitimidad lo es en tanto tiene la posibilidad de actuar dentro de un margen de elementos asumidos, dentro de los habitus que los actores no cuestionan radicalmente. Estos habitus permiten la existencia de prácticas legitimadas y pensadas como formas “normales”. Es así,

por ejemplo, que durante mucho tiempo se asumió el esclavismo como una práctica legitima. Asimismo, la violencia también ha sido usada de modo legítimo por diferentes sujetos, grupos y actores en la historia moderna. En el período feudal de Occidente los señores tenían la posibilidad del uso legítimo de la violencia en sus feudos, lo que les permitía administrar los sistemas de control, suplicio y punición dentro de la localidad, en un mundo sustentado en sistemas políticos que no tenían un aparato legal común sobre el conjunto de las personas. Pero llegaría un momento imaginario en que la aparición del Estado requeriría de otra disposición: el Leviatán de Hobbes simboliza que ante “la guerra de todos contra todos”, que determina un combate permanente y la aniquilación de los sujetos, es necesario ordenar el uso de la violencia para gestar el principio de convivencia (ante el temor de una muerte violenta). Frente a dicha condición teorética para la constitución del Estado moderno se postula el monopolio del uso legítimo de la violencia como potestad de tal Estado. Según este marco, solamente la estatalidad formal, la norma, la ley, los gobernantes dentro del sistema pueden utilizar la violencia de manera legítima: la guerra, el ejército, la represión policial son sus brazos más evidentes. No obstante, esta mirada ha implicado algunos olvidos. Primero, que la legitimidad excede la normativa, la ley y el deber ser del Estado. La legitimidad se construye

también en la localidad y es determinada por los imaginarios y las prácticas. No puede haber un monopolio de la legitimidad más que en la teoría y en la prescripción. Segundo, se ha olvidado que en la vida cotidiana se utiliza la violencia de diferentes formas, antes y después de la aparición del Estado; pero como no resultan prácticas que ponen en peligro la fortaleza de las fronteras, el abastecimiento de las ciudades o la seguridad de las calles no han sido pensadas –sino hasta hace poco– como formas de violencia que deben ser controladas y castigadas. Partiendo de esas dos premisas es importante repensar el fenómeno. La violencia doméstica, la violencia contra los niños y, en este caso, la violencia contra las parejas mujeres y el feminicidio no resultan simplemente una forma subversiva o una patología, sino un ejercicio de reconocimiento de otras legitimidades, legitimidades locales que atentan contra los dispositivos normativos y contra las propias leyes, pero que paradójicamente conviven con ellos. De este modo, los sujetos le dicen al Estado que no tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, le dicen que en la vida cotidiana, en esos microespacios, existen otras reglas de juego que sobrepasan la ley y la norma; que la violencia “es un derecho de ser hombre frente a una mujer”; que el compromiso de una pareja implica la cesión de ese uso local legítimo de la violencia, “pues otro hombre no puede agredir a mi mujer”, “sino solo yo”,

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“porque es mía”; porque en el acto de comprometerse, en la firma simbólica de esta suerte de contrato social, de pacto, de acuerdo, se hipoteca la libertad a cambio de la seguridad, la protección, la defensa y la tutela. Como en la vieja idea de Hobbes, el Leviatán implica la cesión del poder y de la violencia a cambio de la protección. Se trata de múltiples contratos locales, de cesión del derecho del uso de la violencia. La pregunta es: ¿qué tipo de contratos o pactos se construyen en las relaciones de pareja?, ¿qué tipo de relaciones permiten el uso de la violencia como un ejercicio legítimo? Es por eso que esta disposición de la estructura de relaciones implica un sistema que sobrepasa la disposición de género y muestra una infraestructura política como disposición del ejercicio del poder y la violencia. Lo que no anula la interpretación de la dominación masculina, sino que la sitúa en un campo político más extenso. La existencia del Estado no elimina otras prácticas legítimas de la violencia, no subsume los otros pactos políticos (como el matrimonio), sino que ordena públicamente los contratos. Esta estructura que gesta legitimidad en el contrato tácito de la paternidad o del matrimonio permite otro monopolio local del uso de la violencia. De este modo, la violencia sobre la mujer ejercida por un varón que no es el padre, esposo, novio o conviviente es una afrenta a la estructura micropolítica determinada en el contrato formal o tácito de protección. Ejemplos

en donde la protección de la pertenencia radica en que los padres o esposos utilizan la violencia para defender su monopolio de protección local se pueden ver en casos como el siguiente: Le clavó ocho puñaladas porque le pegó a su hija. En represalia porque su hija fue agredida por su enamorado, un ex convicto, en complicidad de otra de sus hijas, asesinó a palazos y de ocho cuchilladas a un trabajador de una empresa de cerveza, en el Callao9.

Así, el enamorado no tiene la potestad del ejercicio legítimo de la violencia, pues aún la tiene el padre en su contrato tácito. Lo mismo sucede con los noviazgos. Sin embargo, en muchos matrimonios o en la convivencia este uso legítimo de la violencia es posible. Hay una tensión en este sistema. La violencia se ejerce por los varones sobre las mujeres, y lo que tenemos es una pugna entre los varones por la legitimidad de la aplicación. El matrimonio gesta, en muchas ocasiones, la posibilidad del ejercicio de la violencia en reemplazo del padre. Ser la pareja formal funda un nuevo campo de acción, un contrato, un nuevo terreno, una zona liberada para legitimar la práctica de la violencia, para golpear, para patear, para cortar, para violar, para humillar en pos de la protección, la defensa, la vigilancia, la tutela y el control. En efecto, el Estado no tiene el monopolio legítimo del uso de la violencia.

Esta, ejercida por algunos varones sobre sus parejas, es una muestra de dicha situación. Se trata de un asunto político, de una práctica que reta a las estructuras estatales, que le muestra sus grietas, sus campos de inflexión. 3. Micropolíticas de la vida cotidiana En los campos de la estructura política cotidiana se muestra también esa disposición del sistema. Los elementos sobre los cuales se sustentan las denuncias de violencia contra la mujer mantienen también un sistema de legitimación del uso de la violencia. La policía en las comisarías, los médicos legistas, los espacios judiciales resultan también campos en donde este sistema masculino, esta estructura política se ejerce, se pone en acción en las prácticas de los actores. Si bien no resulta un tema central en este caso, lo importante es indicar que la estructura de la intervención o la acción de recepción de denuncias sobre violencia de género y entre las parejas maneja más o menos el mismo discurso. Es el padre, esposo o conviviente el que detenta el uso legítimo de la violencia en el espacio cotidiano, de modo que muy pocas mujeres aceptan denunciar estos casos (por temor a las represalias, por la normalidad de las prácticas, por desconocimiento, etc.). Sin embargo, en las situaciones en las que estos son denunciados y deben pasar por los campos formales, la propia policía

9 http://www.ojo.com.pe/nota.php?nota_id=24050 (18 de junio de 2008).

o el sistema judicial se resisten en no pocas ocasiones a dar proceso a las denuncias. Muchas veces no por falta de pruebas, sino más bien por la reproducción de una estructura política y de un sistema de ejercicio de la violencia. Así, los propios policías se muestran renuentes a recibir las denuncias indicando que se trata de un problema que debe ser solucionado por los propios actores y en donde es el hombre quien tiene la autoridad o el derecho de ese ejercicio. Lo mismo sucede, aunque de una manera más compleja, en los ámbitos judiciales, donde los actores muestran una disposición activa de las formas de discriminación y resistencia a la denuncia. Los casos no son procesados formalmente por corrupción en algunas ocasiones y en otras por prejuicios o formas de discriminación asentados en los imaginarios. Esto permite abonar en la dirección del argumento central. Es decir, que el ejercicio de la violencia entre las parejas está dispuesto en cotos sociales, por campos construidos sobre microcontratos, sobre una estructura política que cuestiona la determinación del Estado como una totalidad absoluta. Incluso en el campo policial o judicial, muchos de los actores que ocupan el cargo de autoridades formales muestran que la estructura se sobrepone a la existencia de estos sistemas. En otras palabras, que conocen de un modo u otro la existencia de esa legitimidad del uso de la violencia en el campo doméstico y que prefieren no intervenir.

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Si bien la ley existe como un dispositivo formal que supuestamente penetra toda la estructura, en la práctica esto no siempre es así; no se trata de un campo racional total, sino más bien de uno en el que los modos de pensar el poder y de conocer el uso legítimo de la violencia están cruzados. No es solo “complicidad masculina”, “encubrimiento”, “machismo”, sino también el reconocimiento de este uso legítimo, de esa zona privada-pública en la cual los sujetos ejercen la violencia. Se trata de un reconocimiento de múltiples contratos que no pueden ser rotos por la ley formalizada del Estado. La violencia contra la pareja –contra la mujer– en el seno de la vida cotidiana de las relaciones sociales no está separada de los otros modos de ejercicio de la violencia de los varones en el hogar. La política excede al Estado. Aparece también como sistema de gobierno de la economía, de la casa, del cuerpo. Este gobierno local, esta economía, resulta un campo micropolítico que hay que repensar. Cada golpe, cada corte, cada patada, cada gota de sangre son la muestra de la existencia de una tecnología política de la vida cotidiana que constituye la evidencia de modos del poder y de la violencia dentro del Estado; que le muestran sus fronteras interiores, aunque de la manera más radical. * * * A Elena la mataron a golpes. Su propio marido la violó, le arrancó mechones enteros de cabello con las manos. Tirada en el piso, él la pateó en el vientre, le

dijo que era “una perra”, que “solo tenía valor porque él la mantenía”. A Elena le dijeron que ella “no tenía derecho a nada si es que su marido no le daba permiso”. Y es que ella se había casado, ella le había prometido fidelidad total. Él, a cambio, le daría protección, alimento, casa. Elena no

quería denunciar las agresiones porque estas eran parte de la promesa, del contrato que tenía, de ser una mujer casada, una pareja fiel. Cuando la mataron, Elena no se defendió. Su cuerpo amoratado por los golpes, enrojecido por los cortes nunca reclamó nada. Elena tenía 26 años.

Bibliografía Agamben, Giorgio 2000 Homo sacer. I. El poder soberano y la nuda vida. Madrid: Pretextos. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Reporte. Feminicidio en el Perú. http://www. flora.org.pe/investigaciones/feminicidio.pdf Foucault, Michel 1979 Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Madrid: Siglo Veintiuno. Gushiken, Alfonso, Gino Costa y otros 2010 ¿Quiénes son asesinad@s en Lima? ¿Cómo, cuándo y por qué? Lima: Ciudad Nuestra. Mujica, Jaris 2006 “Instrumentos asesinos. Ideas preliminares para pensar el homicidio”. En: Psiqué. Lima: PUCP, Vol. 1, Nº 1. Observatorio ciudadano para monitorear la impartición de justicia en los casos de feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua 2006 Informe final. Evaluación y monitoreo sobre el trabajo de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el Municipio de Juárez. Chihuahua: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. Rodríguez, Miguel 2005 Informe sobre feminicidio en el Perú. Material de trabajo. Lima: Demus. Villanueva, Rocío 2009 Homicidio y feminicidio en el Perú. Septiembre 2008-junio 2009. Lima: Ministerio Público. www.feminicidio.cl www.larepublica.com.pe www.ojo.com.pe

brazo con la verdad

Allende los Mares

L u i s

N i c a n o r

G o n z á l e z

S a l a z a r

Agresión pasiva en contra de los discapacitados Creo que todos somos conscientes de que las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas, quienes sostienen infantes en sus brazos y los discapacitados tenemos determinados derechos para que nuestra vida cotidiana sea más fácil, tales como el ser atendidos con prioridad, tener asientos preferenciales en los cines, teatros, transporte público, etc. Sin embargo, es preciso reconocer que muchas veces los referidos derechos no son tomados en cuenta por personas o entidades y son trasgredidos. Pienso que se debe a una falta de información por parte del Estado y a una desidia o indolencia del sector privado.

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Nadie ha considerado el hecho de que existen minusvalías que no son visibles como, por ejemplo, una enfermedad cardíaca. La ley sí ha previsto esta situación otorgándonos un carné para gozar de los antes referidos derechos, el cual es emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), organismo público que es parte del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, de acuerdo a las leyes 27050 y 28164, y a su reglamento, después de hacer un engorroso trámite, el cual demora aproximadamente seis meses. Estoy seguro de que lo expuesto en el párrafo anterior no es de conocimiento de casi ninguna persona: naturales o jurídicas, empleados de organismos públicos y privados y ni siquiera del personal de las fuerzas de orden público, hecho que va contra la razón pues son dichas fuerzas las obligadas a proteger al ciudadano. Tal premisa se comprueba cuando el discapacitado enseña su carné y quienes lo leen no creen en su validez, pues desconocen su existencia. El discapacitado se ve obligado a realizar las explicaciones del caso, con la molestia de las personas sobre las cuales tiene precedencia en la atención de acuerdo a ley. Los empleados a veces llaman a sus supervisores para verificar la validez legal del carné, situación que demora innecesariamente los hechos. Enseñar el carné en el transporte público o privado es imposible, pues el discapacitado corre

« El discapacitado

enseña su carné y quienes lo leen no creen en su validez, pues desconocen su existencia. »

el riesgo de caerse mientras aclara los hechos. El lector pensará que se trata de una explicación de pocos minutos, lo cual es cierto, por lo que no debiera originar un gran fastidio o molestia. Pero no ha pensado que si al discapacitado le ocurre la antedicha situación tres o cuatro veces al día llega a ser una pesadilla y pudiera tener efectos nocivos sobre su salud pues tal vez su médico le haya advertido que no permanezca de pie por mucho tiempo, aparte del dolor físico o del riesgo de caídas, hechos que ocurren en casi la generalidad de todos casos. También tengo la certeza de que nadie ha observado que de las 30 cajas registradoras de pago de las grandes tiendas solo hay una –y mal señalizada– para las personas en cuestión, en el mejor de los casos (y como esta, infinidad de situaciones lesivas a la discapacidad). Por tal razón los incapacitados se ven obligados diariamente a preguntar la ubicación

de las referidas cajas registradoras y su discapacidad es cuestionada, por más que enseñe el carné en cuestión al hacer la pregunta. Evidentemente el desconocimiento de esta situación se debe a una deficiente difusión por parte del Estado y, en las empresas, a una absoluta desidia y negligencia del área correspondiente, la cual no proporciona la información debida a sus empleados, que debieran conocerla obligatoriamente. Personalmente me ha ocurrido lo mencionado en Ripley, en su local de Las Begonias, San Isidro; en la cadena de tiendas Wong, en su local de la cuadra 10 de la Avda. Dos de Mayo, San Isidro; en Plaza Vea, en su local del Centro Comercial Risso, Lince; en Telefónica, en su local de Las Palmeras, San Isidro; en casi todos los organismos públicos, en el transporte público, etc.

« La única solución

para esta agresión pasiva es que el Estado brinde la información de una manera más amplia. »

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Cuando ocurren estos hechos uno puede acudir al Conadis –que enviará una carta de recomendación a la entidad correspondiente y comunicará el caso a la municipalidad para la aplicación de una multa (la ley no le da esta potestad)– o directamente a la municipalidad del sector, donde sus empleados no reconocerán, al hacer el trámite, la validez del carné; con lo cual volvemos a la situación inicial. ¿Usted haría este trámite? La respuesta es evidentemente negativa pues se enredaría en la burocracia estatal. La única solución para esta agresión pasiva es que el Estado brinde la información de una manera más amplia, para lo cual se podría formar una comisión conformada por representantes del Conadis, del Ministerio del Interior (para efectos de informar a su personal), del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (para efectos de informar a los choferes del transporte público o privado) y del Ministerio de Educación (para que se enseñen los derechos inherentes a la persona); y, en representación de la rama privada, por delegados de las cámaras de comercio o de cualquier otra asociación dedicada al caso (para efectos de comunicar el hecho en cuestión a las empresas). Los medios de comunicación podrían también contribuir en gran medida a la solución del problema. Por otra parte, el Estado debería darle potestad al Conadis para imponer multas a las empresas infractoras (habría menos burocracia y se

ejecutarĂa la ley con mayor efectividad). El lector comprenderĂĄ que por falta de conocimiento o por indolencia, el discapacitado se ve altamente frustrado en el ejercicio de un derecho que

precisamente debiera facilitarle la vida diaria (esta situaciĂłn podrĂa agravar su dolencia). Y todo como resultado de una violencia pasiva, que en este caso es la ignorancia.

Proa al Norte

S h e y l a

B l u m e n

Bullying: Reflexiones sobre el acoso u hostigamiento escolar ¿El bullying es “cosas de chicas”?, como diría una mamá cuya hija lideraba el acoso hacia otra. O son sus víctimas “personas mediocres y sensibles que no toleran el trabajo bajo presión”, como diría un jefe respecto a un trabajador hostigado verbalmente por él y obligado a trabajar sobretiempo con amenazas de despido. El bullying es definitivamente una forma de abuso muy común del que nos gustaría dar cuenta. Es el tratamiento inapropiado o perverso de un(a) agresor(a) hacia un(a) víctima, a través del maltrato físico o verbal, que puede o no incluir prácticas corruptas de poder, coerción de todo tipo, incluyendo el acoso virtual (on line) o el sexual, así como insultos o lenguaje inapropiado. En este artículo trataremos de realizar una breve revisión del acoso u hostigamiento, específicamente en el espacio escolar.

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El fenómeno del bullying escolar se caracteriza según Olweus (1999) por cuatro principios que se cumplen siempre: (a) un desequilibrio evidente o desbalance de poder entre el agresor y la víctima, (b) constante repetición de los incidentes de hostigamiento a lo largo del tiempo, (c) una clara intencionalidad por parte del agresor o de los agresores por hacer daño a la víctima, y (d) se trata de un fenómeno grupal que afecta a todo el entorno. Por su parte Toro (2005) señala que los hombres tienden a agresiones corporales (bullying físico) y las mujeres prefieren la exclusión, las bromas y las pandillas sociales (bullying verbal y exclusión social). El bullying se define además según el contexto cultural en el que viven los individuos, aunque si el abuso es sistemático, repetido y deliberado tomará definitivamente el nombre de bullying. ¿Por qué las personas incurren en el bullying? Para Olweus (1999) son tres las fuentes psicológicas determinantes de la conducta de hostigamiento: (a) características de personalidad donde la necesidad de poder y dominio sobre el otro es determinante para los hostigadores, que disfrutan teniendo el control de la situación y sometiendo a los otros; (b) condiciones familiares donde los hostigadores se desarrollan, que suelen tener elementos de hostilidad hacia los demás, así como cierto placer al provocar daño o sufrimiento hacia los otros; y (c) clima de la institución

que promueva y facilite la aparición e incidencia de este fenómeno. En lo que respecta a las características de personalidad que juegan un rol determinante en el bullying, se observa que los agresores son inmaduros, impulsivos, envidiosos, sigilosos, con temperamentos difíciles, suelen tener dificultades en el hogar y tienden a la agresión debido a sus limitadas habilidades comunicativas y sociales, presentando inseguridad y baja autoestima. Por su parte las víctimas tienden a ser tímidas y poco asertivas, por lo general pertenecen a un grupo vulnerable sea por características físicas, socioeconómicas, étnicas y/o creencias. De tal modo, suponen un objeto en el cual el agresor deposita su agresión y libera sus tensiones. En este sentido, el hecho de que la víctima modifique ciertas características no la liberará de ser blanco de la agresión del otro, dado que estas son simplemente una excusa para poderla agredir. Más aún, las víctimas tienden a poseer algunas cualidades personales que recela el hostigador, tales como empatía, independencia, sensibilidad, inteligencia, práctica de la no violencia, desinterés en el poder, capacidad de perdonar fácilmente, entre otras (Field 2001). En cuanto a las características familiares, según Barton (2006) los acosadores tienden a tener un hogar con elevados niveles de conflicto que incluyen la violencia, la burla o el menosprecio hacia los sentimientos de los menores, escaso nivel de involucramiento entre

los miembros de la familia, bajo nivel de calidez en la relación familiar, uso de métodos disciplinarios inadecuados (sarcasmo y abuso de poder), con estilos parentales extremos (permisividad o autoritarismo) y coerción materna que involucra el castigo físico. Esta situación inhibe el desarrollo de la habilidad para tomar decisiones y conlleva al desarrollo de conductas de hostigamiento bajo presión social. Más aún, según Barton (2006), padres conflictivos tienden a criar hijos con dificultades de regulación de emociones, por lo que estos tenderán a menospreciar y agredir a los otros con el fin de poder sentirse mejor con ellos mismos. Por otra parte, las relaciones entre hermanos influyen también en el modelamiento de la conducta agresiva, ya que las interacciones filiales sirven como modelo para el aprendizaje social. A nivel del ambiente, el clima es un factor determinante en la incidencia del bullying. Así, cuando se habla de bullying escolar el clima de la institución educativa es significativo para la emergencia del acoso, desde el nivel socioeconómico de los alumnos hasta la estructura del edificio, las reglas de conducta y convivencia, así como las expectativas implícitas sobre el comportamiento de los alumnos y de los profesores. Es así que la cultura escolar y el sistema social dentro del colegio determinarán la calidad del ambiente. Si es usted un padre de familia preocupado por el bullying escolar es importante saber reconocer los signos de

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abuso en un niño o niña que puede ser un abusador(a) o víctima de esta situación. Por un lado, los afectados no reportan el maltrato ya que no desean pasar por el proceso de explicar cómo es que son humillados y, por otro, porque muchas veces asumen que los adultos los acusarán de exagerados o simplemente les dirán que deben aprender a enfrentar solos este tipo de situaciones. Por su parte los abusadores no informan su conducta de hostigamiento ni a padres ni a maestros y, si es que son acusados, por lo general niegan su participación en cualquier situación de abuso. Hay algunas condiciones que tienden a hacer más vulnerables a los niños y adolescentes frente al bullying, como la presencia de discapacidad de aprendizaje o de trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad. Desde la práctica privada hemos observado que es significativo el número de niños y jóvenes con estas condiciones de aprendizaje que se constituyen en víctimas del bullying en el Perú. ¿Cómo identificar los signos y síntomas del hostigamiento escolar? La víctima de bullying por lo general presenta una o más de las siguientes conductas: (a) llega a casa con el uniforme desarreglado o desgarrado, o con su material de trabajo maltratado; (b) regresa con rasguños, heridas o golpes sobre los cuales no puede dar una explicación lógica; (c) tiene miedo de ir al colegio por la mañana dando excusas tales como

dolor de estómago o de cabeza; (d) sufre de pesadillas o temores nocturnos; (e) si va caminando al colegio, escoge rutas aparentemente más largas en lugar de usar el camino directo; (f) parece estar desmotivado y baja su rendimiento; (g) se muestra triste o deprimido, o presenta irritabilidad; (h) puede incluso pedir dinero dado que es víctima de chantaje; (i) parece socialmente aislado o sin amigos. Por su parte, el o la agresora pueden presentar las siguientes conductas en casa: (a) tiene una fuerte necesidad de dominar a los otros o de demostrar su poder tratando de hacer su voluntad; (b) intimida a sus hermanos o a sus pares; (c) alardea de su superioridad frente a otros; (d) tiene temperamento fuerte, fácilmente se molesta, es impulsivo(a) y tiene bajo nivel de tolerancia frente a la frustración; (e) tiende a hacer trampa o mentir; (f) se muestra opuesto y desafiante frente a los adultos; (g) puede presentar conducta antisocial (hurtos o vandalismo) a edades relativamente tempranas y participar en bandas. ¿Qué es lo que los padres pueden hacer? Si los padres sospechan que su hija o hijo está siendo víctima de bullying y el colegio aún no se ha percatado de la situación, lo primero es contactar al profesor del niño, dado que el primer objetivo es lograr la cooperación del centro educativo para lograr detener la situación de hostigamiento. Si bien saber que su propio hijo está siendo víctima de bullying puede generar sentimientos de cólera o

frustración, el padre de familia obtendrá mayor cooperación del personal escolar si puede relatar los hechos con objetividad evitando involucrarse emocionalmente. Antes de lograr que todos los abusadores reciban su merecido, lo primero es detener el proceso de bullying. ¿Qué pueden hacer los padres de la víctima? Se sugiere que los padres de la víctima: (a) escuchen objetivamente los informes de hostigamiento, siendo empáticos y tomando el problema con la seriedad que amerita, tratando de no sobre-reaccionar al respecto; (b) no critiquen a la víctima, ya que está siendo lo suficientemente valiente como para reportar el abuso, y consideren que su único refugio es el hogar (i.e. evitar preguntar “¿qué hiciste tú para que esto ocurra?”); (c) busquen apoyo profesional en caso necesario; (d) animen a su hija o hijo a conversar sobre el tema, invirtiendo el tiempo que sea necesario, brindando apoyo y refuerzo, diciéndole siempre cuánto lo quieren. Asimismo, hay algunas estrategias que usted como padre puede realizar: (a) enséñele a reportar los incidentes de hostigamiento de manera efectiva al adulto responsable (tutor, encargado de disciplina, director), con información sobre qué le están haciendo, quién lo hace, qué es lo que ha hecho para solucionar la situación y qué está solicitando del adulto (que el agresor se aleje); (b) recuérdele que la respuesta agresiva no es una opción en

los colegios con políticas establecidas de “tolerancia cero hacia la agresión”, donde además el agresor puede agredir cuando no hay testigos; (c) ayúdele a identificar lugares “seguros” en la escuela, donde pueda pasar el recreo, o recomiéndele buscar a un adulto o a niños mayores que lo protejan. Otras prácticas que los padres pueden aplicar y que ayudarán a reforzar la autoestima de la niña o del niño son las siguientes: (a) dar información sobre la situación de acosadores y víctimas con el fin de analizar el problema de manera objetiva; (b) enseñarle a su niña o niño a caminar de manera segura; (c) revisar sus destrezas sociales y personales; (d) identificar los talentos y atributos positivos que apoyen la conducta asertiva con sus compañeros; (e) animarlo a establecer nuevas amistades, de manera que se favorezca un entorno libre de estereotipos negativos que otros puedan tener hacia ella o él, especialmente entre los estudiantes más calmados y amigables; (f) estimularlo a participar en entrenamientos deportivos, dado que el ejercicio físico mejorará la coordinación física y disminuirá la ansiedad corporal, a la vez que brinda nuevos espacios de relación interpersonal. Si la situación de hostigamiento ocurre dentro del contexto escolar es importante que los padres de la víctima colaboren con el colegio en un plan coordinado para solucionar el problema, lo que en numerosas ocasiones supone la participación del profesional externo

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que brinda apoyo psicológico a la víctima. El primer paso es contactar al profesor encargado de su hija o hijo y si este no está en capacidad de manejar la situación, el siguiente paso es contactar con el director de manera formal, solicitando apoyo para detener la situación de bullying dentro del espacio escolar. Es importante llevar el registro exacto de cada incidente de hostigamiento que se presente con el fin de informar al colegio y así trabajar de manera coordinada. ¿Qué pueden hacer los padres del agresor(a)? Los padres del hostigador deben tener en consideración que las niñas y los niños que son agresivos con sus compañeros cuando son pequeños están en riesgo de presentar conductas antisociales e incluso criminales en el futuro. Es por ello importante ayudar a los hostigadores a cambiar sus actitudes negativas y sus conductas hacia los otros. En este sentido, los padres de los hostigadores deberán: (a) considerar el problema con la seriedad que amerita, resistiendo la tendencia a negar la situación con pensamientos tales como “son cosas de chicos” o “es parte de su desarrollo”; (b) escuchar los hechos y tener cuidado con lo que su hija o hijo les dicen, dado que los hostigadores son altamente manipuladores, especialmente con los adultos, frente a los cuales se presentan como incapaces de realizar acto negativo alguno; (c) revisar la evidencia de las situaciones de acoso en las que su hija o hijo tomó parte activa,

aunque niegue su participación en ellas, y fijarse si puede encontrar algún patrón en su conducta; (d) analizar las razones por las cuales su hija o hijo puede presentar conductas negativas y buscar apoyo profesional de ser necesario para su hija, hijo o para la familia en su conjunto. Asimismo, hay ciertas estrategias que los padres de los hostigadores pueden considerar: (a) evite culparse a sí mismo, dado que su hija o hijo es responsable de sus propios actos; (b) aclare a su hija o hijo que usted no tolerará conductas de acoso u hostigamiento en el futuro y que espera que detenga sus actividades de inmediato; (c) monitoree la ocurrencia de bullying a través de preguntas directas a su hija o hijo y también contactando al colegio para determinar si la conducta se detuvo. Algunos pasos para ayudar a un acosador a cambiar su conducta consideran: (a) desarrollar un sistema de reglas familiares simple y claro, que contemple refuerzos positivos, la supresión de beneficios en caso de incumplimiento, pero la eliminación de los castigos; (b) no usar el castigo físico por la mala conducta de su hija o hijo, dado que estaría reforzando la validez de hostigar a aquellos más débiles para lograr el objetivo; (c) mantener la consistencia colegiohogar en la aplicación de consecuencias negativas por la conducta de bullying; (d) invertir mayor tiempo con su hija o hijo y supervisar sus actividades de manera cercana, fijarse quiénes son sus amigos y cómo se comportan; (e) ayudar a su niña o

niño a desarrollar sus talentos y fortalezas, así como a desarrollar conductas más empáticas y menos agresivas, reforzando acciones positivas y de solución de problemas de manera pacífica. ¿Qué puede hacer el colegio? Sea el caso del acosador, de la víctima o de un testigo de bullying, se espera que el personal del colegio: (a) asuma el caso de hostigamiento de manera seria y objetiva e investigue la situación con el fin de detenerla; (b) redacte políticas claras de tolerancia cero frente al hostigamiento, abuso o intimidación, que formen parte de las normas del colegio; (c) tome parte activa en el proceso de solución, conversando por un lado con la víctima y por otra con el acosador, planteándole claramente los límites de tolerancia del colegio; (d) incremente la supervisión en las áreas donde los incidentes de hostigamiento pudiesen ocurrir; (e) acopie información sobre la situación de acoso de la cual la víctima es objeto, con el fin de monitorear o brindar apoyo en caso necesario. Los programas de prevención de bullying o acoso escolar en los colegios constituyen la manera más efectiva para detener el hostigamiento. Si bien el fenómeno ha existido desde hace siglos, esta no es una excusa para que continúe permitiéndose. Los investigadores han obtenido a lo largo de los años información valiosa sobre la dinámica del hostigamiento escolar y de los roles que supone.

En la actualidad, el impacto de situaciones de hostigamiento por períodos prolongados es demasiado doloroso como para ignorarlo. En los Estados Unidos, la CIA ha informado que las dos terceras partes de los incidentes con arma de fuego en los colegios estadounidenses fueron cometidas por jóvenes víctimas de bullying. En el Perú, la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Vida sin Drogas (Devida) señala que cuatro de cada diez escolares han sido víctimas recurrentes de agresión y violencia dentro de sus centros educativos, con consecuencias nefastas para los involucrados, vinculadas con el refugio en las drogas, donde las víctimas tratan de olvidar su debilidad y la impotencia que sienten al ser agredidos. Así pues, Devida afirma que los adolescentes víctimas de agresión repetida en sus colegios son más propensos a consumir 36% más alcohol y tabaco y cuatro veces más drogas ilegales en comparación con los adolescentes que no son víctimas de este comportamiento. Más aún, en un estudio transversal sobre violencia escolar en escuelas

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primarias en los departamentos de Ayacucho, Cuzco, Junín, y en Lima Este, se encontró que la incidencia del bullying es de 47%. De este porcentaje, el 34% no reporta ni comunica a nadie la agresión. Más aún, al 65% de los compañeros no le interesa defender a las víctimas y el 25% de padres de familia y profesores no toma medidas preventivas ni reacciona ante el problema, permitiendo que la conducta agresiva se consolide de manera preocupante en la sociedad. Tomando en consideración las consecuencias del bullying a largo plazo, que incluyen elevados niveles de depresión, ansiedad, bajo nivel de autoestima, así como la mayor probabilidad de tendencia al suicidio y la alta probabilidad de pasar de ser víctima a ser victimario en un futuro no muy lejano, es necesario institucionalizar normas de “tolerancia cero hacia el acoso escolar”, no como una moda de algunos colegios privados sino como una medida preventiva de dramática necesidad en todos los colegios a nivel nacional.

Los de a Bordo

AFIN (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, antes ADEPSEP).- Gremio empresarial que agrupa a las principales empresas privadas de infraestructura de servicios públicos en los sectores de energía, transportes, telecomunicaciones y saneamiento. Actualmente cuenta con 28 empresas asociadas, las cuales vienen invirtiendo más de US$ 12.500 millones en el país, sus ingresos agregados equivalen a más del 6% del PBI y da empleo directo e indirecto a más de 52 mil personas, desarrollando la infraestructura imprescindible para la mejora de la calidad de vida y la competitividad del país. Sheyla Blumen.- Profesora principal de la PUCP, Templeton Fellow y Ph. D. en Psicología por la Radboud University de Holanda. Representante latinoamericana ante el European Council for High Ability y secretaria electa de la Federación Iberoamericana del World Council for Gifted and Talented Children. Reconocida por el Banco Mundial / GDLN como una de las mejores investigadoras jóvenes de países con economías en transición en temas de educación aplicada, y designada presidenta del VII Congreso de la FICOMUNDYT en Creatividad, Innovación y Talento. Rómulo Franco Temple.- Doctor en Literatura por la PUCP, bachiller en Educación y profesor de Lengua y Literatura en la Facultad de Educación. Magíster en Comunicaciones por la Northwestern University (1995). Fue jefe del Departamento de Comunicaciones de la PUCP desde su fundación en 1997 hasta el año 2005. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Juan Gargurevich.- Periodista profesional e historiador del periodismo. Es profesor principal de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP. Autor de varias publicaciones, entre las más recientes: Capturamos a Hawkins. Historia de una noticia del siglo XVI, Historias de periodistas, Mario Vargas Llosa: reportero a los quince años. Prepara un libro sobre la prensa chicha. Luis Nicanor González.- Egresado de la Facultad de Derecho de la PUCP, especialista en derecho laboral. Ha sido nombrado representante del Comité Peruano del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC por sus siglas en inglés) y con ese nombramiento asistió a las conferencias del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC por sus siglas en inglés), en una de las cuales el Perú fue aceptado como miembro.

Eduardo González Viaña.- Escritor peruano radicado en los Estados Unidos, se desempeña como catedrático en la Universidad de Oregon. Abogado de profesión, tiene estudios de lingüística y literatura en España y de etnología en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Los sueños de América, uno de sus libros, se convirtió en un best seller en español. Ha ganado el premio Juan Rulfo, que se concede anualmente en París y México al mejor cuento escrito en el mundo de habla castellana, como también el Premio Nacional de Fomento a la Cultura “Ricardo Palma” y el Premio Nacional de Novela “Universo”. Entre sus libros figuran El corrido de Dante, Vallejo en los infiernos, Sarita Colonia viene volando y Don Tuno, el señor de los cuerpos astrales. Jaris Mujica.- Doctorando en Ciencia Política, máster en Ciencia Política y licenciado en Antropología por la PUCP. Ha merecido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio de la Asamblea Nacional de Rectores, Premio del Congreso, Premio Sur y Premio Latinoamericano del CLAD. Ha sido becario de excelencia del Concytec e investigador becario del Instituto Francés de Estudios Andinos y del Colegio Mexiquense. Es autor de Microscopio (2009), El mercado negro (2008), Economía política del cuerpo (2007) y editor de Después de Michel Foucault (2006). Actualmente es profesor de la maestría en Ciencia Política de la PUCP. Liliana Regalado DE Hurtado.- Doctora en Historia y profesora principal del Departamento de Humanidades de la PUCP, cuya revista electrónica Summa Humanitatis dirige. Es miembro ordinaria del Instituto Riva-Agüero, integrante del Comité Asesor Internacional de la Revista de Historia de América –publicación del Departamento de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid– y del Comité Editorial de la revista Histórica del Departamento de Humanidades de la PUCP. Nidia Vílchez Yucra.- Contadora pública colegiada, graduada en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), los tres primeros años de pregrado los realizó en la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo. Magíster en Administración de Negocios por la PUCP. Cuenta con el doctorado en Administración por la UNFV y es estudiante de la Doctoral Estado y Política de la Universidad de San Martín de Porres. Es congresista y fue ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En la actualidad se desempeña como ministra de la Mujer y Desarrollo Social.

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INFORMACIÓN DE CONTACTO: Teléfonos: 626 2000 anexos 3508 3512 3500 3502 3510 www.pucp.edu.pe/aeg/almuerzo10

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