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Septiembre 2018

DOSSIER ESPECIAL AMÉRICA LATINA: EL CUESTIONAMIENTO DE UN MODELO Brennpunkt Drëtt Welt 303

Brennpunkt Sumario

Dossier - América Latina: El cuestionamiento de un modelo Pablo Abrão: El período actual requiere una acción más efectiva, articulada y consciente .................................................................................................................... 4 Derechos de la naturaleza y crisis ambiental................................................................ 8 Mujeres y conflictos eco-territoriales.......................................................................... 11 Las migraciones y el desplazamiento interno por violencia en Centroamérica: caso de El Salvador............................................................................................................. 14 El Salvador, el lugar donde las mujeres no pueden desear su derecho a decidir....... 17 Juicio de Chevron - Texaco: El fallo del Tribunal arbitral amenaza el acceso de las víctimas a la justicia . ................................................................................................. 20 El conflicto en Nicaragua............................................................................................ 22 En Nicaragua: "Cada poblador de un barrio, municipio o pueblo es un activista de derechos humanos" ................................................................................................... 25 México de fiesta?......................................................................................................... 28

Las grietas y cicatrices de ese modelo se nos aparecen hoy en todas las esquinas de cada uno de los países americanos. El continente sigue siendo a la vez El Dorado de antaño, terreno fértil para las oportunidades y, al mismo tiempo, infierno y prisión para las clases empobrecidas, une reguero de Estados fallidos atrapados en una espiral de corrupción y violencia que parece infinita. Sin pretender ser exhaustivos, hemos querido dedicar un dossier del presente número de Brennpunkt al continente americano, ése que se encuentra al sur del Río Bravo. La falta de oportunidades de empleo y la plaga de criminalidad que azota desde hace años América Central han tenido como una de sus consecuencias un fenómeno migratorio persistente y masivo. El deterioro (si es aún posible!) de las condiciones de seguridad de la región ha vuelto a poner en el orden del día la problemática de los desplazamientos forzados por la violencia y la urgente necesidad de una política pública al respecto. La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DERECHO APLICADO (FESPAD), contraparte de ASTM en El Salvador, ha querido compartir su reflexión sobre este tema. En este contexto, las mujeres de la región son víctimas de múltiples tipos de violencia, además de la del crimen organizado. Con una de las legislaciones más punitivas en lo que concierne al aborto, El Salvador mantiene a sus mujeres expuestas a la prisión y la muerte, constituyendo uno de los modelos más dramáticos de todo el continente. Un análisis fino de esta situación y sus consecuencias nos ha sido entregado por la COLECTIVA FEMINISTA DE DESARROLLO LOCAL, organización preeminente en la lucha por los derechos de las mujeres en el país. Por su parte, la ONG española ENTREPUEBLOS nos propone una lectura específica del impacto de otro fenómeno particularmente presente en el continente: el extractivismo. ¿Cómo afecta su violencia a las mujeres, presentes en la resistencia, pero marginadas de las instancias de decisión ?

Editor Action Solidarité Tiers Monde 55, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Tél: 400 427-20 Fax: 400 427-27 e-mail: bpn@astm.lu web: www.astm.lu Imagen de portada Efrain Ramos Copyright CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia) Responsables editoriales Antoniya Argirova y Gabriela Caceres

América Latina vive momentos de tensión e incertidumbre. ¿Serán éstos momentos de cambio ? Hace 45 años, el sangriento golpe de Estado en Chile abrió la puerta al modelo neoliberal que hasta entonces parecía delirante e improbable, pero que hoy en día campea prácticamente por todo el mundo.

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Los fenómenos sociales se inscriben y son influenciados por las coyunturas políticas. En ese sentido, dos situaciones nos han interpelado particularmente: la de México y la de Nicaragua. La llegada al poder de Manuel López Obrador en México plantea una serie de expectativas e interrogantes. ¿Qué posibilidades reales tendrá un proyecto de cambio en un contexto como el mexicano ? ¿Serán éstas suficientes para modificar el estado de cosas y sentar las bases para la recuperación de la otrora potencia intelectual, social y económica del continente ? A su vez, desde el mes de abril, Nicaragua

vive un período de ebullición social que ha costado la vida a más de 400 personas y ha provocado un intenso debate en amplios sectores. Estos temas son abordados en tres artículos específicos. Junto a esta realidad compleja, contradictoria y vibrante, América Latina es también fuente de importantes contribuciones al debate intelectual de nuestros días. Del rol de región proveedora de materias primas, exacerbado hasta el paroxismo en las últimas décadas, surge igualmente una interesante reflexión sobre la Naturaleza y sus Derechos que cuestiona la esencia de la noción de desarrollo sustentable. Una presentación de estos conceptos nos es compartida desde el Ecuador, el primer país del mundo en inscribir los derechos de la Naturaleza en su Constitución. Los mismos derechos que han sido dramáticamente violentados por la empresa Chevron quien, después de haber cometido un ecocidio en la Amazonía ecuatoriana, continúa intentando eludir su responsabilidad. Lo anterior, apelando a las instancias internacionales de arbitraje, mecanismo fuertemente cuestionado por la sociedad civil y que pone en tela de juicio la soberanía, el rol y la independencia de los poderes de los Estados nacionales. El artículo dedicado a este tema recoge el grito desesperado y urgente de las víctimas de la empresa norteamericana. Finalmente, el dossier central presenta una entrevista exclusiva a Pablo Abrão, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como representante de la principal instancia regional de derechos humanos, Abrão nos propone un panorama general de la región. Las miles de demandas que la CIDH recibe cada año son la prueba patente de los límites de los sistemas jurídicos nacionales y de la necesidad imperiosa de aumentar su eficacia y reducir la impunidad. Una justicia autónoma y eficaz es condición indispensable para la legitimidad de los sistemas democráticos. Los Estados latinoamericanos tienen mucho que avanzar para poder cumplir a cabalidad su obligación como garantes de los Derechos de las mujeres y hombres del continente. Esta selección de temas y artículos pretende mostrar no sólo algunas de nuestras preocupaciones, sino también aquellos elemenos que son objeto de nuestra admiración y que ponen a la sociedad civil latinoamericana en la vanguardia de ciertas reflexiones. Ese intercambio nos interesa particularmente. Este dossier entrega la palabra directamente a los actores, en la mayoría de los casos sin intermediación alguna. Esta es otra de nuestras vocaciones en ASTM : entregar el espacio para la palabra directa porque la sabemos valiosa y sólida. Ojalá que estas voces interpelen al lector tanto como nos interpelan a nosotros. Gabriela Cáceres Meza Responsable de proyectos para América Latina, ASTM

éditorial editorial

Editorial ....................................................................................................................... 3

El cuestionamiento de un modelo

Dossier

Pablo Abrão: El período actual requiere una acción más efectiva, articulada y consciente

El mandato de la CIDH es promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. En ese marco, ¿nos podría decir cuáles son las prioridades actuales de la organización? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene tres mandatos centrales. El primero es su sistema de peticiones, casos y medidas cautelares por medio del cual analiza denuncias presentadas por personas o grupos de personas cuyos derechos han sido violados. La CIDH recibe cada año un número creciente de estas denuncias y el año pasado recibió más de 2000 peticiones. Las medidas cautelares son una de las herramientas más efectivas con que cuenta la CIDH para atender situaciones urgentes y solicitar a los Estados la adopción de medidas de protección a quienes están en riesgo, principalmente a su vida e integridad personal. La CIDH recibió más de 1000 solicitudes en 2017. El pilar de su sistema de peticiones y casos, es el primer objetivo estratégico del Plan de la CIDH. El segundo pilar de la CIDH es su mandato de monitoreo de la situación de derechos humanos en los países del hemisferio. A través de informes,

comunicados de prensa y cartas a los Estados, la CIDH da seguimiento a la situación en la región y hace recomendaciones, con el objetivo de incidir en temas emergentes y/o estructurales.

civil, organismos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y ampliar la capacidad de seguimiento a las recomendaciones de la CIDH con miras a su efectividad.

El tercer pilar es la cooperación técnica y la promoción. La CIDH asesora a los Estados miembros de la OEA en la implementación de leyes y políticas públicas acordes a los estándares interamericanos en materia de derechos humanos. Asimismo, promueve acciones de promoción de dichos estándares y de capacitación de actores de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos y funcionarios estatales.

En 2016 la CIDH hizo pública una situación muy seria de desfinanciamiento. Dos años después, Ud podría decir que la CIDH cuenta con el apoyo político y financiero de los Estados miembros? ¿Cómo garantizar que los derechos humanos se conviertan en una cuestión prioritaria para los Estados?

Las prioridades de la labor de la CIDH han sido establecidas por su Plan Estratégico 2017-2021, entre las cuales se encuentran: ampliar el acceso a la justicia interamericana avanzando en la superación del atraso procesal; perfeccionar e integrar las prácticas de monitoreo por países y temáticas, agregando nuevos temas prioritarios y tratando ejes transversales de forma interseccional; ampliar la capacidad de respuesta oportuna e integrada de la CIDH, a través de sus mandatos, a situaciones emergentes; ampliar la articulación con actores de la sociedad

De hecho, mucho ha cambiado en estos dos años, desde el anuncio de la crisis financiera de la CIDH. Por una parte, los Estados aprobaron en la Asamblea General de junio del 2017 un incremento presupuestario a la CIDH (y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos) que duplicará, a lo largo de tres años, el fondo regular asignado a dichas instituciones. Es un paso importante, aunque no suficiente para cubrir todas las necesidades financieras de la CIDH, que sigue buscando contribuciones voluntarias. Es de resaltar que desde el 2012 ha crecido el porcentaje de contribuciones voluntarias de los Estados miembros a la CIDH,

Photo : CIDH, flickr

Tras la Segunda Guerra Mundial, hubo un entusiasmo generalizado por institucionalizar la protección de los derechos humanos. Los horrores del conflicto armado fueron en ese momento la base de un consenso mundial indiscutible y urgente. Hoy, cuando este consenso parece estar resquebrajándose ante nuestros ojos, hemos querido conversar con Pablo Abrão, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principal órgano del sistema interamericano de derechos humanos. Creada en 1959, a la Comisión se le entregó un vago mandato para proteger los derechos en la región. A lo largo de los años, sus competencias se han ampliado y reforzado, lo que le ha permitido desempeñar un papel importante en un continente que carga una larga y deplorable historia de violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales.

Pablo Abrão, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanosns

considerando las recibidas de Estados observadores y otras instituciones, alcanzando casi el 80% del total en el 2017. Por otra parte, hemos reestructurado la gestión financiera de la CIDH, implementando estrictos controles por resultados, que han optimizado la utilización de nuestros recursos. Sin embargo, asegurar la capacidad financiera mínima para que la CIDH pueda operar siempre será un desafío. Hay que mantener el diálogo con los Estados sobre la importancia de su compromiso con la institución y su estabilidad. Asimismo, la CIDH debe continuar con su política de transparencia respecto a sus acciones y resultados, lo que amplía la confianza en el órgano y favorece la rendición de cuentas.

La CIDH es una organización regional, ¿cómo se coordina con otros organismos de derechos humanos, por ejemplo los de la ONU?

La CIDH mantiene diálogo estrecho con mecanismos regionales, subregionales y con el sistema universal de derechos humanos, tratando de promover acciones complementarias y coordinadas. Respecto a los mecanismos de Naciones Unidas, en la última década, la CIDH ha tratado de ampliar su colaboración, estableciendo un punto focal y priorizando esta articulación en su Plan Estratégico. Los primeros resultados de estos esfuerzos convergentes ya están en marcha. La CIDH y el ACNUDH firmaron un memorando de entendimiento en noviembre de 2014, estableciendo el marco general para la colaboración institucional, entre otros,

intercambio de información, actividades conjuntas, comunicados de prensa conjuntos, etc. La CIDH ha colaborado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con la ONUProcedimientos especiales, incluidos grupos de trabajo y relatores especiales, y con los órganos creados en virtud de tratados. Ejemplos de éstos incluyen la implementación de un Mecanismo Conjunto sobre Defensores de Derechos Humanos; la realización de visitas conjuntas a países; ofrecer información sobre sus Estados miembros para sus evaluaciones del EPU; eventos paralelos a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos; participación en reuniones de expertos para preparar informes de la CIDH y la ONU; participación de los representantes de las Naciones Unidas en las audiencias públicas de la CIDH sobre diferentes cuestiones de derechos humanos; y la realización de un programa de intercambio de personal.

Dossier

Desde hace un tiempo, constatamos que en distintos países el espacio para la sociedad civil es cada vez más limitado. Considerando que la ciudadanía organizada y no organizada tiene un rol fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos, ¿cómo evalúa Ud esta situación en América Latina? El cierre de espacios para la sociedad civil es una preocupación central para la CIDH. Tenemos clara la importancia de su rol en materia de derechos humanos, y los retrocesos que se están verificando en la región son extremadamente graves. En un contexto de agudización de la conflictividad social en la región, vinculado a una difícil coyuntura económica-financiera en algunos países, de recrudecimiento de discursos nacionalistas y xenofóbicos, se incrementan las amenazas, criminalización, represalias y violencia contra miembros de la sociedad civil, de diversos colectivos históricamente discriminados, y en especial, para los y las defensoras de derechos humanos. Esto vuelve particularmente riesgosa la labor de los y las defensores de derechos humanos, en una región con desafíos importantes en materia de estado de derecho, equilibrio de poderes e imparcialidad de los sistemas judiciales. Asimismo, se cierran espacios de participación de la sociedad civil en los asuntos del gobierno y en la formulación de políticas públicas. La CIDH actúa para fortalecer las

capacidades de la sociedad civil en la región. Según su Plan Estratégico, la Comisión está desarrollando programas de capacitación dirigidos a la sociedad civil; y ampliando sus redes y alianzas. Asimismo, ha implementado periodos de sesiones itinerantes en la región para acercarse de las organizaciones locales; y ha realizado consultas públicas con sociedad civil para sus nuevas agendas temáticas y programas. La CIDH también monitorea la situación de las organizaciones de la sociedad civil en la región y profiere recomendaciones a los Estados para asegurar el respeto a su labor.

La explotación de materias primas está vinculada al aumento de amenazas y violencias en la región, en particular contra comunidades indígenas y afrodescendientes y defensores de derechos humanos. La CIDH se ha pronunciado en su informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo” sobre los importantes retos respecto a las violaciones de derechos humanos en la implementación de estos proyectos de desarrollo.

Un tema que tiene una relevancia particular en América latina es el de la explotación de materias primas. En los últimos años hemos sido testigos del aumento de la conflictividad social ligada a las distintas actividades extractivas. ¿Qué balance hace Ud de esta situación? ¿Son suficientes los instrumentos jurídicos actuales para encontrar soluciones a este problema?

Ha habido un importante desarrollo de los estándares internacionales sobre la materia en los últimos años, tanto en el sistema universal de derechos humanos como en el sistema interamericano. Eso ha venido de la mano con una ampliación de prácticas por parte de Estados y empresas, como la realización de consultas con poblaciones indígenas, que sin embargo no han sido suficientes. Por una parte, hay información de que muchas

Photo : CIDH, flickr

La CIDH igualmente se articula con otros mecanismos regionales y subregionales. Por ejemplo, ha promovido diálogos e intercambios de buenas prácticas con la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos; y ha implementado campañas y actividades conjuntamente con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR.

Misión de la CIDH a Nicaragua en 2018

consultas no se hacen efectivamente de forma libre, culturalmente adecuada e informada; por otra parte, que no se respeta la necesidad del consentimiento de las poblaciones afectadas, el punto de llegada fundamental de un proceso de consulta según los estándares interamericanos. Hoy día hay interesantes discusiones en marcha respecto a la elaboración por las propias comunidades indígenas de protocolos de consulta, a las que la CIDH ha dado seguimiento. Asimismo, nos parece evidente que el tema de las industrias extractivas no se puede limitar a las consultas y consentimiento, pero tiene que enfrentarse en una discusión más amplia respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones afectadas. Esta es una importante agenda que la Comisión pretende impulsar con el apoyo de su Relatoría Especial dedicada a la materia.

Al celebrar este año el 20º aniversario de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, la ONG Global Witness acaba de anunciar un informe señalando que 2017 ha sido el año más mortífero para las personas defensoras del medio ambiente y de la tierra. ¿Qué está haciendo la CIDH para combatir este problema? Las amenazas y la violencia contra los y las defensoras de derechos humanos en la región han alcanzado niveles críticos, particularmente respecto a los y las defensoras del medio ambiente y de la tierra, frente a proyectos turísticos, energéticos y actividades extractivas. Cada año se establece nuevo récord mortal en asesinatos de defensores de los derechos humanos. Decenas de personas han sido asesinadas, criminalizadas y hostigadas por ejercer su derecho a defender los derechos humanos.

La CIDH se preocupa enormemente con esto, y comparte su preocupación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los dos órganos decidieron en diciembre del 2016 aunar esfuerzos y desarrollar el Mecanismo Conjunto de Protección a las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, destinado a maximizar las capacidades de ambas instituciones para la protección de los defensores de los derechos humanos. El mecanismo de acciones conjuntas intensifica el trabajo realizado por ambas instituciones en favor de las personas defensoras de derechos humanos, aprovechando sus capacidades nacionales, regionales e internacionales, aprovechando sus fortalezas complementarias y creando conexiones más sólidas entre sus funcionarios. El mecanismo busca identificar los factores de riesgo y las fuentes de violencia contra los defensores de derechos humanos y contribuir a su prevención; reforzar las acciones urgentes y medidas cautelares para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de los defensores; promover la difusión e implementación de estándares de derechos humanos internacionales e interamericanos para proteger a los defensores de derechos humanos; y ayudar en la elaboración de políticas con ese fin. Después del lanzamiento del mecanismo, en octubre del 2017, se llevó a cabo una primera consulta pública y un taller entre todos los puntos focales de las oficinas nacionales y regionales de la OACNUDH y una reunión de expertos para diseñar el plan de trabajo del mecanismo. Algunos resultados positivos hasta ahora han sido el aumento en los comunicados de prensa conjuntos; una mayor colaboración en el seguimiento de la situación de los defensores de los derechos humanos sobre el terreno; y un mayor seguimiento de la implementación de medidas cautelares otorgadas a los defensores de DDHH en riesgo, particularmente en Guatemala

y Honduras. Está prevista también la producción de un manual de buenas prácticas en materia de protección a la labor de defensa de derechos humanos.

Considerando que en los últimos dos años las vulneraciones de derechos de las mujeres han sido un tema fuertemente presente en las agendas públicas y mediáticas y que la sociedad civil latinoamericana ha tenido un rol muy relevante en ese sentido, ¿cuál es su balance en la materia? ¿Existen mejoras en los derechos de las mujeres en los diferentes estados o a nivel regional? La violencia basada en género contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más prevalentes en el mundo. En las Américas, a pesar de representar más de la mitad de la población, las mujeres siguen estando en una preocupante situación de vulnerabilidad, resultado del machismo y de la misoginia enraizados culturalmente en nuestros países. Ante esta situación, los movimientos de derechos de las mujeres han sido clave para visibilizar las múltiples formas y para avanzar en el respeto y garantía de sus derechos. Por ello, cada día defensoras de derechos humanos son víctimas de insultos, amenazas e incluso, de muerte. Recientemente, las mujeres en la región han protagonizado movimientos de gran amplitud, como la plataforma #Niunamenos - rechazando los asesinatos de mujeres y la impunidad que los rodea- o la “ola verde” en Argentina, reclamando mayores derechos sexuales y reproductivos. Estos movimientos se han expandido a toda la región y han contribuido a mantener la lucha por los derechos de las mujeres en las agendas nacionales e internacionales. Desde la adopción de la Convención de

Dossier

balance positivo o negativo, debemos recordar que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y como tal, los Estados tienen la obligación de perseverar en sus esfuerzos por lograr su erradicación.

Finalmente, ¿podría decirnos si en la región hay “buenos alumnos” en materia de Derechos humanos? ¿Hay razones para ser optimistas? La región ha pasado por importantes avances en las últimas décadas, con los procesos de democratización y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, muchos desafíos persisten y algunos retrocesos acentuados nos preocupan. La CIDH entiende que todos los países de la región tienen desafíos en materia de derechos humanos, sin

excepción, aunque por supuesto haya situaciones más flagrantes y urgentes. Yo diría que no vivimos un momento de optimismo propiamente, sino uno que exige de las instituciones de derechos humanos y de todas las personas comprometidas con esta agenda, una acción más efectiva, articulada y consciente. Hay aliados y fuerzas en favor de los derechos humanos; tenemos que trabajar más y mejor para que seamos capaces de responder a los desafíos de nuestro momento histórico.

Entrevista realizada por Gabriela Caceres et Antoniya Argirova, Action Solidarité Tiers Monde (ASTM)

Derechos de la naturaleza y crisis ambiental Elizabeth Bravo et Esperanza Martínez Son ya 10 años desde que la Constitución del Ecuador reconoció los Derechos a la Naturaleza, estableciéndose un hito en la legislación universal. En su Preámbulo, la Constitución dice que el pueblo del Ecuador celebra “a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia”. Hace un llamado a mantener una nueva relación entre las sociedades humanas y la naturaleza y, aunque las comunidades tienen derecho a beneficiarse de los bienes de la naturaleza y sus funciones, establece que ésta tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Un sistema productivo devastador La evolución en el reconocimiento de derechos ocurre cuando el bien protegido está en peligro y, en estos momentos, el sistema urbano-agroindustrial es responsable de graves y en algunos casos irreversibles daños a la naturaleza. Los procesos biológicos y geoquímicos naturales no hubieran podido transformar el Planeta como ha ocurrido desde el Siglo XX, conduciéndonos a una crisis ambiental sin precedentes. Todo esto ha repercutido en el agotamiento de la biodiversidad, de las pesquerías, del agua limpia;

la destrucción de la capacidad de regeneración de los ciclos biofísicos; la contaminación de diversos tipos: (química, electromagnética, biológica y genética) y la transformación de los ecosistemas naturales. Este sistema urbano-agro-industrial no solamente “extrae” agua, materiales y energía de la naturaleza, sino que crea nuevos elementos, produce desechos, generando un flujo de materiales y energía que entran y salen del sistema productivo, produciendo distintos tipos de impactos en la naturaleza y transformaciones en el propio ser humano.

de la naturaleza es un campo aún en disputa. La naturaleza del conservacionismo está fragmentada: priorizando la protección de taxonómicos “paradigmáticos” (mamíferos acuáticos, grandes carnívoros, especies endémicas en peligro), desarrollan propuestas de zonificación territorial, con áreas protegidas junto a zonas de desarrollo industrial. La visión tecnocrática prioriza la aplicación de normas (estándares ambientales, planes de manejo y evaluación de riesgos) sin cuestionar las estructuras sociales y políticas, ni los modelos económicos causantes del deterioro ambiental. Para la economía ambiental, la naturaleza es un bien o un servicio transformable en mercancía. La regulación climática, el control de la erosión, la polinización, la dispersión de semillas y el almacenamiento de agua son negociables. El paisaje sirve para el turismo.

Un paradigma diferente es posible: Sumak Kawsay Otro paradigma para entender los derechos de la naturaleza es el del Sumak Kawsay, un concepto de la cosmovisión andina que plantea que los seres humanos tienen una forma de relacionamiento y complementariedad con otros seres humanos y con la naturaleza. Se vulneran derechos de la naturaleza también cuando no se aplican medidas de precaución y prevención, cuando no se restaura los daños que han ocurrido.

El enfoque conservacionista, una visión tecnocrática

Desde esta visión, los derechos de la naturaleza están relacionados con otros derechos, pero el actual sistema urbano-agro-industrial los vulnera.

El desarrollo teórico de los derechos

Si analizamos la ingeniería genética

Photo : Acción Ecológica

Belem do Pará, los Estados han dado muestras crecientes de su intención de proteger los derechos de las mujeres. La Comisión ha saludado los avances realizados para luchar contra la impunidad, para erradicar estereotipos de género, para incluir enfoques inter-seccionales o para promover la participación política de las mujeres, por ejemplo. Sin embargo, los desafíos que persisten son igualmente importantes. La criminalización total del aborto, los múltiples obstáculos para acceder a la justicia, los impactos diferenciados que tienen fenómenos como la inseguridad ciudadana o la migración, las continuas agresiones contra mujeres periodistas o el juzgamiento de casos de violencia sexual en procesos de memoria, verdad y justicia son sólo algunos ejemplos de los temas que mantienen la atención y preocupación de la CIDH. Más que un

y otras técnicas modernas, vemos cómo la alteración de la estructura del ADN, produce también cambios en su funcionamiento, lo que conlleva a disfunciones graves en la naturaleza y los seres humanos. Un ejemplo son los cultivos transgénicos resistentes a herbicidas. Millones de hectáreas de soya y maíz reciben millones de toneladas de glifosato, afectando a otros componentes del mundo natural (los microorganismos del suelo y del agua, las plantas, los polinizadores) sin mencionar el efecto en la salud humana. Varias actividades económicas alteran la estructura y las funciones de los ecosistemas, como la minería que destruye toda la capa vegetal hasta llegar a la formación geológica que contiene el mineral a explotarse, dejando en el ambiente un sitio asolado donde impera un paisaje lunar. Los cambios de la estructura y funciones de la naturaleza no se limitan al ambiente que nosotros habitamos: la biosfera. Con el desarrollo de la tecnología al servicio del capital, se ha podido llegar a lugares del Planeta donde antes era impensable… y la naturaleza ha reaccionado. El derrame

petrolero ocurrido en Estados Unidos, por la explosión de una plataforma petrolera en aguas súper-profundas en el Golfo de México explotada por la empresa BP, es un ejemplo de esto. Ante esta realidad, propusimos la Ruta por la Verdad y la Vida.

La Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos La Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos se volcó a los territorios a recoger información que permita hacer una evaluación de los primeros 10 años de reconocimiento constitucional de los Derechos de la Naturaleza. La información proviene del análisis de denuncias, de visitas a los diferentes territorios y, sobre todo, de los testimonios presentados durante las audiencias realizadas en el marco de la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, llevadas a cabo durante los años 2017 y 2018. La Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos se propuso revisar las políticas del Estado ecuatoriano en materia de derechos de la naturaleza, así como de los derechos

Dossier

"Solo una cultura (y una economía) que tiende a destruir el medio ambiente necesita el concepto de medio ambiente." colectivos e individuales vinculados con la Naturaleza, con el fin de generar “Verdad, Justicia y Reparación” para los casos de violaciones de derechos, con el fin de impedir que caigan en el olvido y la impunidad, y para que los daños producidos a las comunidades, los pueblos y las defensoras y defensores de la naturaleza, sean reparados. Se organizaron 4 rutas territoriales sobre temas que se han convertido en fuente prioritaria de denuncias. La ruta del Jaguar se acoge a la figura mítica del jaguar, símbolo de sabiduría y de la ferocidad cuando la seguridad del grupo se encuentra en peligro. Para los casos mineros, la ruta de la Anaconda recupera el símil de sus formas con las de los ríos en la selva, ríos que han debido receptar millones de barriles de desechos tóxicos durante las operaciones petroleras asentadas en la Amazonía; la del Ceibo, árbol propio de los bosques secos, icono de los pueblos montubios de la costa ecuatoriana, para la agroindustria; y la del Colibrí, que recoge como símbolo un pajarito que tiene un consumo altísimo de energía, para por los centros urbanos.

Restablecer el vínculo con la Naturaleza En este proceso de búsqueda de información y diálogos con las organizaciones y comunidades, se observa cómo en el Ecuador, hay diversas formas de relacionamiento con la Naturaleza, pero también cómo ésta ha sido afectada y sus derechos han sido vulnerados. La Ruta por Verdad para la Naturaleza y los Pueblos permitió dar un salto en la forma clásica de tratar los temas ambientales. Ya no sólo se trata de encontrar los conflictos ambientales que se leen como “fallas” de la tecnología,

sino que se apunta a restablecer los vínculos rotos con la Naturaleza que, si retomamos la premisa de Boaventura, fue una de las grandes derrotas que sufrimos con el capitalismo: “fuimos separados del mundo natural, esa alienación es una tremenda pérdida” Boa Ventura nos recuerda que sólo una cultura (y una economía) que tiende a destruir el medio ambiente necesita el concepto de medio ambiente”1. Durante las rutas se hicieron reflexiones profundas sobre qué representa la naturaleza para los pueblos que viven ligados a ella. Para algunos, es “la forma de subsistencia de un pueblo”. Otras comunidades plantean que en la naturaleza “encontramos la medicina, el alimento para nuestra familia” pero además afirman que “es parte de nuestra vida espiritual. Sin ella, no hay vida digna para los pueblos ancestrales”. En ese sentido, hay una constante relación de la Naturaleza con lo sagrado. Las comunidades indígenas hablan del poder del jaguar, de la gente invisible de la selva o de los secretos de las cascadas. Los ríos, lagunas o incluso los lugares de asentamiento humanos tienen nombres de animales o de plantas, porque a ellos les pertenecen o porque describen las particularidades de un territorio vivo. Las comunidades se siente adentro de la Naturaleza. Desde el punto de vista de las comunidades, las afectaciones son tangibles. Actividades productivas ahuyentan la fauna y destruyen la flora. En las zonas donde se practica la agricultura intensiva, la tierra ya no produce igual que antes. En todos los lugares se dice que el clima ha cambiado y se han afectado los ciclos agrícolas y por lo mismo la alimentación. Algunos animales ya no se reproducen, hay menos lluvia, hay más hormigas.

La destrucción de la naturaleza altera la vida de la comunidad, provocando conflictos internos, produciendo en las comunidades rabia, dolor, impotencia, tristeza. Las formas de reproducción social afectan de manera particular a la naturaleza, de las cuales los seres humanos somos parte. Se expresan más allá de las enfermedades o conflictos sociales, en procesos de destrucción y desajuste de los procesos metabólicos de los ecosistemas. Mediante la Ruta por la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos la sociedad civil se propuso hacer una revisión de las políticas del Estado ecuatoriano en materia de derechos de la naturaleza, así como de los derechos colectivos e individuales vinculados, con el fin de generar "Verdad, Justicia y Reparación" para los casos de violaciones de derechos, para impedir que caigan en el olvido o la impunidad y para que los daños producidos sean reparados hacia las comunidades y restaurados hacia la naturaleza.

Primeros aprendizajes Se trata de la primera ocasión en el que la sociedad de un país se organiza para hacer una lectura histórica de la naturaleza, porque es el primer país en el mundo que reconoció que la naturaleza tiene derechos propios. Las rutas nos han dejado algunos aprendizajes: - De víctimas a Defensores: la Naturaleza tiene defensores y defensoras. Si antes las mirábamos como víctimas hoy se posicionan como defensores y defensoras de la naturaleza.

- Interdependencia de derechos: los derechos son interdependientes. La verdadera garantía de derechos esta en vincular los Humanos con los Colectivos y los de la Naturaleza. - Cultura de protección: la protección de la naturaleza nos permite superar la impuesta visión de un colapso civilizatorio inevitable. Construye solidaridad frente al miedo y el individualismo. En 2017, la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos realizó 15 audiencias temáticas y regionales y en 2018 se centró en 4 audiencias sobre reparación: de recuperación del tejido social desde las mujeres; de la alegría, realizada con niños, sobre alternativas

comunitarias de producción, y finalmente sobre autonomías para enfrentar los procesos sistemáticos de destrucción, realizada con gobiernos comunitarios y gobiernos locales. Las audiencias tuvieron testigos cuyos testimonios fueron escuchados por autoridades morales del Ecuador, y en muchos casos también por delegados internacionales que acompañaron como testigos de honor. La Ruta por la Verdad y Justicia Para la Naturaleza y los Pueblos aprendió a caminar en el Ecuador, y fue más allá de sus fronteras. En un mundo natural en el que los ecosistemas se funden, surgen nuevos retos para descubrir

la verdad, trabajar por la justicia y construir escenarios de reparación. El paso a seguir debería ser una ruta que nos permita construir articulaciones internacionales, tejer visiones de los diversos pueblos, hacer contrapesos a las empresas con el fin de superar los procesos destructivos y pasar a una nueva relación con la naturaleza a nivel planetario. Referencias 1 Boaventura de Sousa Santos, 2018. conceptos que nos faltan

Los

Elizabeth Bravo, Oficina en Defensa de la Naturaleza y sus Derechos; Esperanza Martinez, Acción Ecológica

Mujeres y conflictos eco-territoriales Agustina Daguerre y Clara Ruiz1 “Los conflictos sociales ecoterritoriales son el gran problema latinoamericano del siglo XXI. El solo hecho de levantar la voz contra este modelo implica estigmatización, criminalización y muerte”

ejemplo de la distopía minera, es lugar laboratorio donde la tierra, los pueblos y los bienes comunes se ponen en venta para satisfacer las necesidades de un modelo depredador y cortoplacista. Y estos territorios en venta no son pocos: el 35% de las tierras comunales están concesionadas para explotación minera, comunidades que en su mayoría no han sido siquiera consultadas al respecto.

Rocío Silva Santisteban

Extractivismo, cuerpos y territorios Nos encontramos en un momento de crisis mundial donde se evidencia el incumplimiento de consensos como el respeto al marco de protección universal de los derechos humanos o la articulación para detener el cambio climático. Perú ya no es el milagro peruano, embajador de la minería como motor de desarrollo, Perú es más bien el

Además de explotaciones mineras se dan de manera continua concesiones petroleras, de gas, madereras, de palma aceitera, concesiones para hidroeléctricas…y proyectos de grandes vías para sacar los bienes naturales de manera rápida hacia el mar (IRSA o hidrovías). Esta política de promoción de la inversión acrecienta las desigualdades, postergando los derechos (a la vida, al medio ambiente, a la salud…) de colectivos históricamente discriminados como son los pueblos indígenas y las mujeres, entre otros. En este contexto, el

aparato del Estado, más que proteger a sus ciudadanos/as, es utilizado para reprimir y criminalizar a quien se opone al modelo de crecimiento basado en el extractivismo2. Se criminaliza a aquéllos que protestan, levantan sus voces o toman acciones frente a la incursión en sus territorios de empresas, fuerzas armadas y empresas de seguridad privada que, mediante el uso muchas veces de la violencia o de la declaración de estados de emergencia, buscan “operativizar” estas formas de economía, como ocurrió en Cajamarca o como ocurre en el llamado corredor minero del sur andino. Pero también se criminaliza el derecho a disentir3, a imaginar que otra forma de vida es posible para esos territorios y para el conjunto de la ciudadanía. Desde la economía feminista y corrientes como el ecofeminismo se señala que la contaminación, los conflictos, no son pequeños errores o desajustes del

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sistema a los que tenemos que atender para tener un mejor desarrollo, sino que nos encontramos ante un conflicto más complejo, más profundo, más de raíz: asistimos a lo que algunas autoras llaman conflicto entre el capital y la vida4. “Perú necesita crecer”, dicen, pero se olvidan de una pregunta fundamental crecer ¿a costa del bienestar de quién? Partimos de la base que el sistema neoliberal se sustenta en la explotación de territorios y cuerpos. Los territorios son objeto y escenario de disputa y despojo por parte del modelo extractivista patriarcal y colonial, que considera a la naturaleza subordinada a las necesidades del ser humano, al igual que la mujer es considerada subordinada a los varones y a la acumulación de capital. Desde ENTREPUEBLOS, de la mano de nuestras organizaciones aliadas, buscamos poner coordenadas a aquellos territorios, y nombres y apellidos a aquellas personas que se pusieron en juego para frenar ese modelo de desarrollo primario exportador.

Violencia contra las mujeres defensoras El cuerpo de las mujeres es un territorio histórico en disputa con el poder patriarcal, capitalista y colonial porque cumple un rol crucial en la sostenibilidad de la vida. Las múltiples formas de violencia contra las mujeres latinoamericanas -como la violencia sexual, el feminicidio o la estigmatización- son violencias históricas ejercidas por el patriarcado ancestral que se ven acrecentadas hoy en día por el extractivismo. Las mujeres, cuyo trabajo invisibilizado y no remunerado sostiene el mundo, se enfrentan a graves situaciones de injusticia y desigualdad. En estos años, hemos ido reflexionando sobre cómo viene impactando en la vida de las mujeres la puesta en práctica de este modelo extractivista en Perú,

poniendo en contacto la agenda del movimiento feminista, la de derechos humanos y la de defensa del territorio, desde la cosmovisión andina y la cosmovisión amazónica. La investigación “Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias”5, elaborada por Rocío Silva Santisteban, en diálogo con lo mejor del pensamiento l a t i n o a m e r i c a n o 6, comparte las experiencias de las mujeres defensoras, elevando sus voces, dolores, sentires y esperanzas, contribuyendo con ello a posicionar sus agendas y problemáticas en un país que vive de espaldas a la realidad de estas poblaciones. A partir de los testimonios de mujeres a las que hemos ido acompañando en las diferentes luchas, hemos ido ordenando aquello que sabíamos: que las mujeres son las protagonistas con un rol fundamental en las luchas por el territorio, pero también las que más sufren los impactos y la violencia de las estrategias de represión y criminalización en la esfera pública y en la esfera privada. Muestra de ello son las 10 mujeres asesinadas en contextos de conflictos entre 2003 y 2017, o las 102 mujeres procesadas por criminalización de la protesta en Perú. Esta violencia contra las mujeres defensoras se produce de manera situada y adaptada a las circunstancias del contexto que la origina, pero el diálogo entre defensoras, feministas y el movimiento de derechos humanos ha permitido ir sistematizando estas violencias. Entre ellas, destacamos las amenazas hacia ellas y sus familias (a veces con contenidos sexuales)

« Les femmes et les conflits éco territoriaux. Impacts, stratégies, résistances»

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los asesinatos, la judicialización (siendo acusadas de delitos que no han cometido y viéndose inmersas en procesos judiciales complejos sin recursos económicos ni profesionales para defenderse), la estigmatización y campañas de desprestigio a través de medios de comunicación, que atacan su honor, su sexualidad, su maternidad…, causando grave daño psicológico, y las agresiones físicas, ataques verbales y violencia sexual por parte de la policía y FFAA durante las marchas, en territorios militarizados y en estados de emergencia. A menudo, las defensoras que confrontan a las industrias extractivas no sólo desafían al poder corporativo, sino que también enfrentan al patriarcado fuertemente arraigado. Como consecuencia, son atacadas tanto como defensoras de derechos, de la tierra y de los recursos naturales, así como mujeres que desafían las normas

de género. El señalamiento de mujeres como Yeni Cojal, Emperatriz Bolaños, Teresita Antazú, Máxima Acuña, Mirtha Vázquez, Luzmila Marroquín…, pone en evidencia que las estrategias de criminalización buscan individualizar las culpas, convertirnos en sujetas de lucha sin redes de apoyo. Como reza el lema feminista: Nos quieren solas, pero nos tendrán en común. Estas formas de violencia nos permiten ampliar nuestra mirada, develando el carácter estructural en el que se enmarcan. Si bien la mayor parte de la violencia que vivimos las mujeres se da de la mano de victimarios conocidos, la violencia socio ambiental pone en el foco la violencia institucional de la que somos objeto. Entre los actores que ejercen la violencia contra las defensoras, están los Estados (autoridades, policía, ejército, operadores de justicia, salud…), las empresas y los medios de comunicación. La violencia hacia las defensoras en las esferas pública y privada está interrelacionada y siempre enraizada en relaciones de poder social, económico y político.

Estrategias: cómo reaccionamos y damos respuesta a esta situación Otro de los objetivos de la investigación era poner el foco sobre cómo muchas de estas mujeres trabajan en la construcción de otras formas de poder, de liderazgos más empáticos, más humanos, más relacionales, interdependientes, recíprocos y de cuidado mutuo, conscientes de que sin ello la reproducción de la vida no es posible. En ENTREPUEBLOS nos interesa seguir reflexionando sobre cómo construir otra cultura política que considere los saberes blandos, los cuerpos sentipensantes, colocando también en el centro del debate la importancia no sólo de lo que hacemos juntas, sino de cómo lo hacemos, la importancia de nuestras prácticas frente a la hegemonía de los discursos y construcciones meramente

teóricas. Así, desde nuestras alianzas, seguimos incidiendo para apoyar las estrategias construidas desde y por la gente para protegerse y defender sus cuerpos y territorios. Algunas de esas estrategias toman forma de escuela, como la Escuela de educación popular Hugo Blanco promovida en Celendín por la Plataforma Interinstitucional Ceoendina-PIC y las compañeras del Programa Democracia y Transformación Global- PDTG; o de intercambio de experiencias con otras organizaciones y otras mujeres que defienden el territorio como en el Foro Social Panamazónico; o de apoyo legal y psicosocial como el que proporcionan GRUFIDES, DEMUS o la CNDDHH a defensores/as criminalizados/as; o de programas de radio en medios comunitarios, reforzando las propias capacidades de los miembros de las organizaciones y fortaleciendo la vocería de las mujeres. Las formas son múltiples y diversas, y siguen floreciendo con sus diferentes acentos en cada territorio. Se trata, en definitiva, de la construcción de formas de vida comunitarias no extractivistas. Este año se cumplen 20 años de la Declaración sobre defensores de NNUU7 y en Perú, así como en el resto de América Latina, las defensoras están en riesgo por dejar en claro que los modelos alternativos de un verdadero desarrollo sostenible son posibles. Estos modelos permitirían a las comunidades decidir sobre el futuro de sus territorios, mantener sus formas de vida y respetar sus vínculos culturales y espirituales con su tierra y sus recursos, desde una ética del cuidado. Necesitamos hacer más pedagogía de esos otros mundos y del entramado de relaciones de interdependencia que posibilitan esa vida: queramos o no estas otras formas de vida serán las pistas, las líneas de fuga cuando el planeta nos diga, a su manera, que hace mucho que traspasamos sus límites. Nuestras fuentes de agua, bienes comunes,

nuestra autonomía y poder decisión, nuestra capacidad para soñar y construir estas otras formas de vida que no sólo queremos, sino que necesitamos hacer posibles hoy de manera urgente, dependen de ello. Referencias 1 Entrepueblos es una organización de solidaridad internacionalista con 30 años de hermanamiento con las luchas de los movimientos sociales del sur en la defensa de sus derechos. 2 Según el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, a marzo de 2018 había 188 conflictos en el país, y el 67% de los conflictos actuales son de tipo socioambientales. 3 Esta idea ha sido trabajada por autores como Raphael Hoetmer y es citada por Rocío Silva Santiesteban en la publicación Mujeres y conflictos ecoterritoriales, cuyo contenido íntegro se puede consultar en el siguiente enlace: http://www. entrepueblos.org/index.php/publicaciones/3017mujeres-y-conflictos-ecosociales 4 Esta idea ha sido ampliamente trabajada en el Estado español por autoras como Yayo Herraro y Amaia Pérez Orozco. 5 Esta publicación se impulsa en el marco de un convenio financiado por la AECID, donde participan dos organizaciones del Estado español, miembros de EU-LAT (Entrepueblos y Aieti), y tres organizaciones peruanas: Demus, el CMP Flora Tristán y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 6 Horacio Machado, Maristella Svampa, Eduardo Gudynas, Raúl Zibechi, Rita Segato, Claudia Korol, entre otros. 7 Según AWID,- defensoras “son las personas que defienden derechos y que están sujetas a riesgos y amenazas específicos de género debido a su trabajo por los DDHH y/o como consecuencia directa de su identidad de género u orientación sexual. Son mujeres que trabajan por los derechos y justicia, incluidos los derechos individuales y colectivos de las personas y el planeta”.

Agustina Daguerre y Clara Ruiz, Entrepueblos

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Las migraciones y el desplazamiento interno por violencia en Centroamérica: el caso de El Salvador Saul Baños Los fenómenos migratorios son quizá una de las fuerzas vivas más importantes en los procesos de consolidación de las culturas; sin embargo, con el paso del tiempo algunos se convierten en fuente de colisiones sociales permanentes, de dificultades para aceptar al otro como sujeto de derecho. Lo anterior sin considerar que la opción por la migración ha sido a veces la única solución a la condición de desventaja social. Peor aún, en otras ocasiones este desplazamiento es forzado por causas políticas y de inseguridad que hacen incierto el futuro para miles de familias, quienes finalmente deciden emigrar como solución a las diferentes manifestaciones de violencia. Este desplazamiento forzado por la violencia es un fenómeno que no siempre es reconocido, pero que sigue en crecimiento como consecuencia de la violencia sistemática y estructural que azota algunas regiones como la centroamericana, generando desplazamientos internos y externos en condiciones de alto riesgo. Incluso más allá de Centroamérica, en la región latinoamericana son pocos los países como Honduras y Colombia que han reconocido la problemática. Otros, como El Salvador, se niegan sistemáticamente a reconocerla.

países y las acciones estatales han sido insuficientes para frenar las tendencias delictivas y garantizar la seguridad ciudadana. Uno de los efectos más devastadores de esta situación es el desplazamiento forzado de familias cuyas vidas e integridad están en riesgo debido a las amenazas o la persecución por parte de pandillas y otros actores vinculados con el crimen organizado.

Existen investigaciones sobre el número de muertes violentas, así como del impacto económico que provoca la violencia, sin embargo no hay información confiable y suficiente sobre el número total de víctimas de las diferentes formas de violencia y sus costos sociales.

La perenne migración La migración parece ser parte de la realidad cotidiana de los países centroamericanos, especialmente de aquéllos que se ubican en el llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Un gran número de personas abandona el país para escapar de la violencia y la inseguridad. Existen familias que están bajo protección y bajo un esquema de reasentamiento organizado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-, de manera particular hacia los Estados Unidos y también a Canadá. En la ruta (principalmente hacia los Estados Unidos), los migrantes indocumentados sufren graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo homicidios, desapariciones forzadas y violencia sexual, además de condiciones inhumanas en los centros de detención. Un ejemplo dramático es el de los 195 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, México, cuyos cuerpos fueron descubiertos en 47 fosas clandestinas en abril de 2011. Los familiares de los migrantes muertos o desaparecidos denuncian la falta de asesoramiento, apoyo y acompañamiento por parte de los gobiernos nacionales.

La violencia también ha transformado el fenómeno migratorio. Si antes las razones económicas eran las fundamentales para migrar – aunque persisten –, la violencia ha venido a sumarse a las principales motivaciones para abandonar el país.

En Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala se encuentran entre los países más violentos del mundo. Bandas vinculadas al crimen organizado controlan territorios específicos en casi todos los departamentos de estos

Los Estados en la región no cuentan con políticas y programas integrales para atender las consecuencias humanitarias y las necesidades de protección de las víctimas. En El Salvador y Guatemala no se reconoce oficialmente el desplazamiento forzado generado por la violencia generalizada y en Honduras, aunque si hay un reconocimiento oficial de esta problemática y se han creado estructuras para atender sus efectos, no se han registrado avances significativos de impacto y beneficio directo a las víctimas. Sin reconocer oficialmente esta problemática no es posible contar con políticas públicas, programas y proyectos específicos.

La violencia como factor que empuja a la migración y al desplazamiento. Según la Policía Nacional Civil -PNC-, El Salvador cerró el 2017 con 3.954 homicidios; es decir que, en promedio, 11 personas fueron asesinadas cada día. En lo que va de 2018, de enero a agosto, la cifra de homicidios es de 2360. De seguir con esa tendencia, al cierre del año se mantendrá el promedio del año anterior. Por lo general, los altos niveles de violencia se adjudican a actividades de grupos relacionados con pandillas y crimen organizado. No obstante, aunque en menor grado pero con un comportamiento ascendente, se registran acciones perpetradas desde las propias instancias estatales, como la PNC y el ejército, que son las instituciones más denunciadas por violaciones a derechos humanos ante la Procuraduría estatal para la Defensa de los Derechos Humanos. Según el Alto Comisionado de la ONU, El Salvador ostenta la espantosa distinción de tener la tasa más alta de asesinatos basados en género de mujeres y niñas en Centroamérica - una región donde

el femicidio es ya desafortunadamente tan alto como la impunidad por estos mismos crímenes, enviando el mensaje más equivocado a la sociedad, que la violencia es tolerada, alimentando de esta manera más violencia contra las mujeres1. En su visita al país en noviembre de 2017, el Alto Comisionado de Naciones Unidas expresó: “Durante mis pláticas escuché cómo los altos niveles de violencia han afectado seriamente las vidas de las personas y noté cómo la violencia está haciendo escalar el desplazamiento forzado dentro de El Salvador y la migración. Para poder enfrentar de forma completa este problema creciente, el Gobierno necesita reconocer qué está sucediendo 2.” La violencia también ha transformado el fenómeno migratorio. Si antes las razones económicas eran las fundamentales para migrar, aunque persisten, la violencia ha venido a sumarse a las principales motivaciones para abandonar el país. Amnistía Internacional ha concluido que la violencia es un factor de expulsión clave en El Salvador3. ACNUR da cuenta de los incrementos

significativos en número de solicitudes de asilo de originarios de El Salvador4. Según esta fuente, solo entre 2010 y 2015, el número de personas solicitantes de refugio y asilo provenientes del Triángulo Norte se incrementó de 8.052 a 56.097, lo cual equivale a un aumento de 597% en cinco años5. De las nuevas solicitudes de 2015, la mayoría (22.917 casos) eran de salvadoreños6.

Las cifras del desplazamiento Al no existir cifras oficiales sobre el desplazamiento forzado, mucho menos registros estatales, las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e incluso internacionales, han debido dar seguimiento a este tema. Porque, más allá de las cifras, se trata de un fenómeno, sin duda, significativo. Según cifras del Observatorio Global sobre el Desplazamiento Interno, entre 2014 y 2017 las personas desplazadas por la violencia habrían pasado de 191.000 a 220.0007. La Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado (un colectivo creado en 2014 por un grupo de organizaciones de Derechos Humanos en El Salvador)

Photo : FESPAD

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atendió en 2016 a 699 víctimas de desplazamiento forzado, en su mayoría (83.7%) por amenazas, homicidios o tentativa de homicidio o lesiones, causadas por pandilleros, por la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada (8.1%) o por grupos de exterminio (3.2%)8. Sólo en el primer semestre de 2017 fueron atendidas 328 víctimas, 163 hombres y 168 mujeres. Es de suma preocupación constatar que algunas familias han debido emigrar por la acción de agentes del Estado.

Lo que se ha hecho desde las organizaciones sociales y desde organismos internacionales Los primeros días de octubre de 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó mediante dos resoluciones de amparo la adopción de medidas de protección a favor de dos familias que habían sido víctimas de desplazamiento forzado interno como consecuencia de amenazas, extorsión, golpes, acoso y violación por parte la pandilla Mara 18. Las demandas de Amparo admitidas forman parte de una serie de acciones de acompañamiento que organizaciones sociales dan a víctimas de desplazamiento forzado. Son un total de 5 Amparos, donde familias víctimas han demandado la necesidad de un programa de protección eficaz e integral a víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno. Ante las limitadas respuestas estatales y la falta de voluntad para reconocer oficialmente la problemática del desplazamiento interno y su magnitud, las demandas de amparo exigen la creación de un marco amplio de protección a víctimas que trascienda el actual programa de protección de testigos. La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez Damary, en su informe preliminar sobre su visita a El Salvador realizada en agosto de

2017, sostuvo que el fenómeno del desplazamiento interno provocado por la violencia generalizada y relacionada con las pandillas es una crisis significativa y, en gran medida no reconocida en El Salvador, que afecta a miles de personas, familias y comunidades. Al respecto, hizo un llamado para el establecimiento de un marco legal, político e institucional para abordar específicamente las necesidades y vulnerabilidades de los desplazados internos como una categoría de víctimas, tarea esencial y aún pendiente en El Salvador. Ante la resolución de la Sala de lo Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora Cecilia Jímenez Damary publicaron un comunicado conjunto el 27 de octubre donde se sostuvo: “Saludo estas importantes y oportunas decisiones de la Sala de lo Constitucional en estos casos. Estas resoluciones ayudan a traer visibilidad a los problemas y las muchas víctimas escondidas de la violencia y el desplazamiento interno en El Salvador quienes son altamente vulnerables y requieren protección, apoyo y acceso a la justicia. Estos reconocimientos de las deficiencias del sistema de protección vigente en El Salvador deben contribuir a inspirar una revisión necesaria por parte del Estado de sus marcos jurídicos, políticos e institucionales para la protección de los derechos humanos de todos quienes son desplazados internamente por la violencia.”

La negativa del Estado salvadoreño por reconocer el desplazamiento A pesar de la gravedad de la situación, el Estado sigue sin reconocer el problema. El Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, sostuvo públicamente que “desplazamientos ha habido siempre9”. Por su parte, la Directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública afirmó en una entrevista que “en algunos casos

de desplazamiento la gente quiere cambiarse de casa… aprovecharse”; aunque aceptó que el Estado salvadoreño no reconoce el desplazamiento interno por cuestiones políticas, pues no tiene la magnitud ni la temporalidad presentada por instituciones internacionales10. Pese a lo anterior, el Ministerio de Seguridad presentó en marzo de 2018 el “Estudio de caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador” y la "Hoja de ruta de coordinación interinstitucional para atención y protección integral de las víctimas de movilidad interna a causa de la violencia". Ambos documentos fueron presentados en coordinación con la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, dependencia del mismo Ministerio. Como lo mencionó la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos: el no reconocimiento tiene como consecuencia un vacío legal que impide la formulación de políticas o programas para las poblaciones desplazadas. Pero la consecuencia más grave ha sido la falta de atención adecuada a las víctimas, la no cuantificación del fenómeno y los escasos resultados de las investigaciones. La mayoría de veces, la intervención de las autoridades policiales se ha limitado a dar seguridad a las personas al momento de abandonar sus casas. Mientras se siga negando el reconocimiento de la importancia social del desplazamiento interno y se siga profundizando el vacío de información sobre este fenómeno, no será posible la construcción de políticas y programas sólidos de asistencia y protección a las personas afectadas, nuevas víctimas de una violencia que hace tiempo parece ser estructural en nuestra región.

Referencias: 1 Declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein al final de su misión en

El Salvador. San Salvador, 17 de noviembre de 2017 2 Ibid 3 Amnistía Internacional: ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de Refugiados. Amnesty International Ltd, London, 2016, página 6 4 http://www.acnur.org/noticias/noticia/ acnur-pide-accion-urgente-por-el-aumentode-solicitudes-de-asilo-de-centroamericanos/ consultado el 04.01.2018 5 Amnistía Internacional: ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de Refugiados. Amnesty

International Ltd, London, 2016, pág. 26 6 Amnistía Internaciona,Ibid, p.26 7 Internal Displacement Monitoring Centre http://www.internal-displacement.org/countries/ el-salvador/ 8 Mesa de la sociedad civil contra el desplazamiento forzado por violencia y crimen organizado: Desplazamiento interno por violencia y crimen organizado en El Salvador. Informe 2016. 9 https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ Desplazamientos-por-violencia-han-habidosiempre-vicepresidente-Ortiz-20170828-0032. htmlconsultado el 08.12.2017

10 http://revistafactum.com/en-algunos-casosde-desplazamiento-la-gente-quiere-cambiarsede-casa-aprovecharse/

Saul Baños, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

El Salvador, el lugar donde las mujeres no pueden desear su derecho a decidir Morena Herrera Hace poco más de 20 años se impuso en El Salvador una de las legislaciones más duras y restrictivas del mundo en materia de aborto, eliminando las excepciones de responsabilidad penal que existían desde el siglo XIX. En paralelo, se introdujo en el artículo 1 de la Constitución de la República el enunciado que dice “el Estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción”. De la mano de estos cambios jurídicos se ha fomentado una cultura punitiva y de criminalización de las mujeres, con graves consecuencias para su vida, su salud y sus libertades.

Tu salud primero… siempre y cuando no tengas un embarazo de alto riesgo Durante los últimos nueve años los gobiernos de izquierda han realizado una reforma de salud que ha permitido llevar servicios de sanidad pública a comunidades rurales que carecían de

los mismos, la creación de los ECOS (Equipos Comunitarios de Salud) ha sido el principal vehículo para esta ampliación de cobertura. Se han incrementado campañas preventivas de salud fortaleciendo el principio de que la población tiene derecho a la salud. Sin embargo, cuando las mujeres, especialmente las que viven en situación de pobreza, enfrentan un embarazo de alto riesgo, donde el proceso de gestación amenaza su salud y su vida, el enfoque de prevención basado en el menor daño cambia radicalmente, allí ellas y su salud pasan a un segundo plano, pues las políticas y prácticas asumen una perspectiva de pro nacimiento. No importa si su vida está amenazada o si son previsibles secuelas y graves padecimientos de morbilidad materna. El absurdo llega a niveles de no atender adecuadamente emergencias clínicas como los embarazos ectópicos (fuera del útero), pues mientras aún exista latido fetal, el personal médico espera a que éste se interrumpa para realizar la intervención quirúrgica. Lo mismo

ocurre ante embarazos con malformación congénita incompatible con la vida extra uterina, tales como los embarazos anencefálicos, que ya se sabe que no tienen posibilidades de sobrevida después del parto. Debido a la legislación y al temor a ser denunciados, los médicos y médicas se niegan a interrumpir. No importa el daño que la prolongación del embarazo pueda causar en la mujer, ellas han pasado a un segundo plano.

Esta fue la historia de Beatriz Vivía en una comunidad rural, tenía 22 años y un hijo que hacía un año había nacido prematuro y con muchas dificultades de salud. Después del primer parto no se esterilizó, porque aunque padecía de Artritis Reumatoide con traslape a Lupus Eritematoso Sistémico más nefritis lupica (albuminuria), quería ser madre y temía que su primer niño no sobreviviera. Su segundo embarazo se presentó con complicaciones, agudizando sus problemas de salud. Los médicos le

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Morena Herrera

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explicaron el nulo pronóstico de sobrevida de su hijo ya que era anencefálico. También las complicaciones previsibles en su embarazo, tomando en cuenta las enfermedades de base que padecía y los antecedentes de complicaciones en embarazo anterior. En ese momento Beatriz solicitó interrumpir su embarazo. Los médicos dijeron que legalmente no estaba permitido en el país y que si procedían, ella y ellos podían ser enjuiciados.

lares de los principales periódicos con voces antiderechos le decían “Beatriz no lo mates, puede tener tus ojos” mientras la angustia de Beatriz crecía y recibía llamadas de personas que se dicen “provida” que le ofrecían regalías, como llevarla a un hospital privado o dar trabajo a su esposo, si ella desistía de su petición. Su firmeza fue inclinando la balanza social a su favor, la mayoría de la gente pensaba que el Estado debía realizarle la interrupción del embarazo.

Aferrándose a su deseo de “quiero vivir” Beatriz se encuentra con organizaciones feministas con quienes establece un acuerdo de representación para buscar una autorización legal que permitiera la realización de la interrupción de su embarazo. Con este acuerdo se buscó que los médicos pudieran realizar el procedimiento. Ante su negativa, se presentó un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia. La indiferencia y falta de respuesta institucional obligó a las organizaciones a una fuerte movilización social. Por otro lado, se abrió un escrutinio público donde la gente opinaba – con conocimientos o no de las circunstancias concretas – si los médicos debían realizar la interrupción del embarazo.

La Corte de Justicia negó el recurso de Amparo con el argumento que Beatriz no estaba en riesgo inminente de muerte. Por su parte y por la desesperación ante la falta de respuesta positiva, las organizaciones recurrieron a instancias de justicia internacional. Finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares y provisionales a Beatriz, generando las condiciones legales para que el personal médico pudiera realizar la interrupción del embarazo. Beatriz recibió muchas manifestaciones de solidaridad nacional e internacional. Por su petición simple y sencilla, “quiero vivir”, porque era un deseo y un derecho negado.

Varias semanas transcurrieron, titu-

Durante 81 días de espera, muchos de sus derechos fueron violados causándole un enorme sufrimiento y secuelas de

salud que nunca logró superar. Decidió demandar al Estado salvadoreño ante las instancias del Sistema Interamericano de Justicia. Beatriz murió hace casi un año, pocos días después que su caso había sido admitido por la CIDH. No logró saber que su proceso había avanzado, pero expresó que no quería que otras mujeres pasaran por lo que ella había vivido. Lamentablemente la experiencia de Beatriz no es la única que ha existido en El Salvador, aunque posiblemente hasta hoy sea la más conocida. Esta es una realidad que amenaza a todas las salvadoreñas en edad reproductiva que pueden enfrentar un embarazo de riesgo que amenace su salud y su vida, pero sobre todo a las que no pueden pagar un viaje fuera del país o un procedimiento caro y discreto en una clínica privada. Para ellas, en estas circunstancias, no existe el derecho que dice “La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento”1.

La niñez primero… siempre y cuando no sean niñas y adolescentes embarazadas Otra cara de la negación de derechos que implica la cultura asociada a la legislación sobre aborto es la falta de alternativas que la sociedad y el Estado salvadoreño imponen a las niñas y adolescentes embarazadas como resultado de la violencia sexual. Una vez están embarazadas, el único camino que tienen es la continuidad del embarazo, sus proyectos de vida quedan truncados, son puestos a un lado y pasan a ser tratadas como nuevas madres que tienen la responsabilidad de aprender a cuidar. Se supone que El Salvador tiene ahora una legislación moderna que protege a las niñas, niños y adolescentes, se llama LEPINA (Ley de protección

integral de la niñez y la adolescencia) y aunque muchas de las responsabilidades institucionales que esta ley exige no se cumplen, sí ha sido difundida, incluyendo las 7 veces que menciona que la protección debe ejercerse “desde el instante de la concepción”. En El Salvador no es raro ver niñas embarazadas, los registros sanitarios de control prenatal hablan de niñas de 9, 10 y 11 años embarazadas y atendidas por parto, a veces son pareja de hombres mayores. Las estadísticas señalan que alrededor de 1500 niñas entre 9 y 14 años son embarazadas cada año, que cerca del 30% del total de partos son de niñas y adolescentes. Se habla de violaciones de integrantes de maras y pandillas. Pese a esta gravedad del problema, la Asamblea Legislativa se ha negado a discutir dos propuestas de Ley que proponen despenalizar el aborto en los casos de niñas y adolescentes embarazadas. Esta situación tiene una consecuencia aún más grave: el incremento de suicidios de adolescentes embarazadas. “No es accidente, es una intoxicación auto infringida”, explicaba una médica que hablaba de muerte materna, “las chicas ante embarazos impuestos, no se matan con arma de fuego o arma blanca, se envenenan”. En la actualidad ésta es la primera causa de muerte materna en adolescentes.

No importa lo que pasó… sí parece que abortó, es una criminal La penalización del aborto genera una cultura que criminaliza a las mujeres. Esto no es exclusivo de El Salvador, todos los países que incluyen el aborto como delito en sus códigos penales enfrentan esta tendencia. Lo que sí es bastante excepcional en el sistema judicial salvadoreño, es que mujeres que no han hecho nada para interrumpir su embarazo, pero que enfrentan compli-

caciones obstétricas en etapas avanzadas de su proceso de gestación o que tienen partos precipitados extra hospitalarios en los que ha muerto la criatura recién nacida, y que acuden a los hospitales públicos con fuertes hemorragias, sean acusadas inicialmente de aborto y después condenadas por homicidio agravado, imponiéndoles penas de 30 y hasta 40 años de cárcel. Si bien esto está pasando desde que cambió la ley sobre aborto en 1998, fue hasta el 2009 que se logró la revisión de sentencia, la libertad y el reconocimiento de un error judicial a una mujer que estaba condenada a 30 años de cárcel, que se empezó a reconocer como un problema que refleja una forma de violación sistemática de derechos de mujeres en estas circunstancias. La campaña “Una flor por Las 17, no dejemos que sus vidas se marchiten”2 que en 2014 pedía la libertad mediante el recurso de indulto para 17 mujeres que compartían la realidad de sentencias de 30 y más años de cárcel, permitió poner en evidencia la flagrante violación de derechos procesales que han vivido mujeres a quienes inicialmente se acusa de aborto, son trasladadas directamente del hospital a la cárcel y muchas veces no comprenden que fue lo que les pasó. No comprenden que nunca tuvieron el derecho a la presunción de inocencia, pues desde que fueron consideradas “sospechosas de aborto”, en la práctica ya estaban condenadas. Más de 20 mujeres han recuperado su libertad, resultado de las luchas sociales y diversas estrategias jurídicas impulsadas por las organizaciones. Pero casi un número similar todavía está en la cárcel y algunas en proceso de ser condenadas. Sigue habiendo denuncias en los hospitales públicos, pues aunque se ha conformado una organización de médicos y médicas a favor de la vida y la salud de las mujeres3, aún hay personal sanitario que continua violando el

secreto profesional y a veces por miedo, denuncia a sus pacientes. Imelda Palacios se llama una chica que enfrenta actualmente un proceso de criminalización de este tipo. Su hija no murió, quedo viva después de un parto en la fosa séptica de su vivienda en una comunidad rural. La niña fue rescatada, está bien y es cuidada por su abuela materna. Imelda llego al hospital sangrando y con anemia. No sabía que estaba embarazada, tenía 18 años entonces. Era estudiante y parecía muy silenciosa. Poco tiempo después dijo había sido abusada por su padrastro desde los 12 años, que él le amenazaba para que no lo dijera. Pese a que se comprobó que el embarazo era producto de violación del padrastro, el juez y todo el aparato judicial se niegan a reconocer que los silencios de Imelda estaban determinados por el miedo y su víctimización. Así transcurre la criminalización de las mujeres en este país, sólo las luchas sociales y la solidaridad internacional van a lograr cambiar esta cultura y esta legislación que niega tanto a las mujeres. Mientras tanto, Imelda, como otras salvadoreñas, no pueden desear, no tienen derecho a decidir! Referencias 1 Artículo 65 de la Constitución de la República de El Salvador. 2 La campaña nombrada ahora “LAS 17 Y MÁS” ha sido impulsada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico en El Salvador, y ha sido apoyada por numerosas organizaciones sociales nacionales e internacionales, incluyendo a Amnistía Internacional y a CEJIL. 3 En 2017 se fundó la Unión Médica por la Salud y la Vida de las Mujeres.

Morena Herrera, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local

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El drama de las personas afectadas por la contaminación provocada por Chevron-Texaco en Ecuador continúa. Un tribunal arbitral acaba de anular el laudo obtenido por las víctimas tras 25 años de batallas legales y que había condenado a la petrolera a pagar 9 500 millones de dólares para reparar los daños causados en la Amazonía. Al final, ¿es Goliath quien ha ganado?

Pablo Fajardo En noviembre de 1993, un grupo de ciudadanos, en forma colectiva iniciamos nuestra demanda en contra de Texaco1, por todo el daño causado en nuestra Amazonía. Esta acción la iniciamos en los Estados Unidos de América, bajo la figura de “Acción de Clase”. Enseguida, Chevron pidió que el caso se ventilara en el Ecuador, lo que obtuvo luego de 9 años de batalla judicial. En el año 2003 iniciamos la acción jurídica en Ecuador, bajo la figura de “Acción Popular”. En el 2011, luego de haber probado el crimen de Chevron, de demostrar el daño a la naturaleza, a la vida, a la cultura de los pueblos,

De 1964 a 1992, Texaco, una compañía petrolera con sede en Estados Unidos, extrajo petróleo de la selva amazónica ecuatoriana, dejando atrás más de 1.000 cuencas petrolíferas tóxicas que contaminaron las aguas y suelos de la región. Además de destruir el medio ambiente, este daño ha causado altas tasas de cáncer y mortalidad entre la población local.

luego de acumular más de 215 000 fojas de prueba contundente y fuerte contra Chevron, el Juez de Sucumbíos encontró culpable a Chevron y la condenó a pagar 9 500 millones de dólares para reparar el daño causado en la Amazonía. Chevron presentó una apelación, pero en enero del 2012 la Corte de apelaciones de Sucumbíos ratificó la sentencia. En noviembre del 2013, Chevron recurrió a la Corte Nacional de Justicia, cuyos jueces también ratifican la condena. Como último recurso, Chevron recurrió ante la Corte Constitucional, argumentando que sus derechos habían sido violados en el proceso. Los 9 jueces de la Corte Constitucional analizan el caso y no encuentran ningún solo hecho que justifique la anulación de la sentencia emitida. El pasado 10 de julio del 2018, la sentencia fue ratificada por los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Este era el último recurso que existía. Los afectados agrupados en la UDAPT ganamos el caso en forma definitiva en las cortes del Ecuador, en la Corte que Chevron escogió. En los distintos fallos judiciales, los jueces fueron explicando la forma en la que Chevron destruyó la Amazonía, como se ha segado la vida de más de 2 000 personas que han muerto a causa de casos de cáncer. El mayor caso de lucha por los

derechos humanos en Ecuador abría una esperanza para los pueblos del mundo que luchan contra los crímenes corporativos. Sin embargo, paralelamente al caso judicial, Chevron implementó distintas acciones contra los demandantes y contra el Estado ecuatoriano. Por una parte, acciones de comunicación buscando desprestigiar al Estado, lobby para afectarlo económicamente y tres solicitudes de arbitrajes internacionales. Por otra parte, Chevron inició una serie de acciones judiciales en contra de los líderes que estamos defendiendo y luchando junto a los pueblos que han sido agredidos. En el caso nuestro las acciones han sido (y son) acciones judiciales, de difamación, presión económica, amenazas, persecución, espionaje, etc. etc. El Estado hizo lo adecuado para defenderse ante los sistemas de arbitraje, tanto así que a Chevron le tocó reiniciar por dos veces la demanda. La acusación principal de Chevron es que en el proceso la petrolera no pudo defenderse adecuadamente, que existió fraude, que los demandantes pagaron 500 000 dólares a un juez, es decir, que existió denegación de justicia y fraude. La Procuraduría demostró quelas acusaciones eran falsas, incluso

Pese a todo lo anterior, el pasado 7 de septiembre del 2018, se hizo público el laudo arbitral favorable a Chevron y contrario al Estado ecuatoriano. Esto demuestra que el problema no es la calidad técnica de la defensa, el problema es el sistema de arbitraje que entra a auxiliar a las transnacionales cuando un sistema de justicia los acorrala, sin considerar las

Photo : Akimistar

Juicio de Chevron - Texaco: El fallo del Tribunal arbitral amenaza el acceso de las víctimas a la justicia

logró que los árbitros vinieran a la zona afectada. Logró también que el principal testigo que Chevron presentaba para demostrar el supuesto fraude, confiesara que había mentido a cambio de dinero.

violaciones de derechos humanos que la transnacional ha cometido. Y para demostrar la fortaleza del mismo, no le importa si se basa o no en la ley, lo que importa es cómo se salva a una Transnacional de la justicia. En el laudo arbitral los árbitros disponen entre otras cosas: a) Que el Gobierno del Ecuador anule la sentencia que legalmente hemos logrado los demandantes contra Chevron. b)

Que el Estado ecuatoriano impida a lo demandantes de Lago Agrio poder ejecutar la sentencia fuera del Ecuador. c) Que el Ecuador deberá pagar una sanción económica a Chevron para reparar el “daño causado”. Estas disposiciones son totalmente ilegales, al margen de la ley. Ordenan al Estado ecuatoriano a violar su propia Constitución. Ordenan al Estado a violar los más elementales derechos humanos y constitucionales de más de 30.000 indígenas y campesinos. En resumen, es un laudo ilegal y al margen de la ley y atenta gravemente contra la seguridad jurídica del Ecuador.

de 6 pueblos indígenas y campesinos. Hemos luchado para que se repare la Amazonía ecuatoriana. Para que Chevron pague por su crimen. Hemos llevado esa lucha con altura y la hemos ganado en las Cortes del Ecuador. Está pendiente la homologación de sentencia que se ventila fuera del Ecuador, actualmente en Canadá.

Pero en Canadá también encontramos obstáculos. En ese caso, lo más grave es la división del patrimonio de Chevron. Para la petrolera, los bienes que existen en Canadá, pertenecen a Chevron Canadá, y esa es una empresa autónoma e independiente de Chevron Corporation. Esto no es real, en el juicio hemos demostrado cómo la empresa Chevron Canadá está sometida, económica, legal y operativamente a Chevron Corporation. Hemos demostrado que no existe tal división de patrimonio, que es uno solo. Sin embargo los jueces canadienses, en segunda instancia, han aceptado el argumento de Chevron. Peor aún, para poder apelar a la Corte Suprema canadiense, nos han ordenado cancelar la suma de 350.000 dólares canadienses. Noten ustedes, nuestra lucha es por el bien común, es por la vida, es por la Amazonía. No es una lucha por dinero para particulares. Es más, los pueblos indígenas no disponen de dinero. Pese a eso la justicia canadiense nos ordena que Para la UDAPT, lo más grave además paguemos para que podamos seguir del laudo es la posición del Gobierno soñando con la justicia. ecuatoriano, quien sin ningún argumento ha expresado su voluntad Como se puede apreciar, este sistema de acatarlo. Es decir, el Gobierno del invisible, abstracto, sirve a las Ecuador está dispuesto a violar el empresas transnacionales para evadir marco jurídico nacional y a unirse a la justicia, para lograr impunidad, para Chevron para acabar con la batalla de atacar a sus víctimas y convertirlas en la UDAPT que ya acumula 25 años. victimarios. No es el sistema de justicia, Como vemos, la nuestra lucha es una que queremos, pero es el que tenemos y lucha por los derechos humanos y el que debemos cambiar. ambientales de más de 30 000 personas

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Como se puede apreciar, el sistema invisible, abstracto, pero que sirve a las Empresas Transnacionales para evadir la justicia, para lograr impunidad, para atacar a sus víctimas y convertirlas en victimarios. Como UDAPT seguimos batallando, seguimos luchando por el acceso a la justicia. En el supuesto caso que el Estado ecuatoriano nos obstaculice el acceso a la justicia, nos persiga y encarcele para neutralizarnos, con todos esos riesgos vamos a seguir luchando, por la justicia y por la reparación. No podemos dejar que nuestra Amazonía, que nuestras comunidades indígenas y campesinas,

En plena Guerra Fría, Nicaragua fue víctima de una cruel agresión de las fuerzas contrarrevolucionarias apoyadas por Estados Unidos. Desde la vecina Honduras, los "contras" se adentraron en territorio nicaragüense y cometieron los peores crímenes contra la sociedad civil, en flagrante violación del derecho internacional. El país estaba en ruinas. En 1986, la Corte Internacional de Justicia de La Haya ordenó a los Estados Unidos pagar diecisiete mil millones de dólares en compensación a Nicaragua. La sentencia no se pagó nunca.

sigan siendo víctimas del crimen corporativo, ahora con la complicidad del Estado. 1 En el año 2001, Texaco fue absorbida por Chevron, por lo tanto desde esa fecha en adelante hablamos de Chevron Corporation.

Pablo Fajardo Mendoza, abogado de la UDAPT

El conflicto en Nicaragua Jean Feyder Varios cientos de personas han muerto en Nicaragua durante las manifestaciones que han tenido lugar en estos últimos meses. Cerca de 2.000 han sido heridas. Esto puede sorprender si se tiene en cuenta que Nicaragua ha sido siempre uno de los países menos violentos de América Central, a diferencia de sus vecinos Honduras, Guatemala o El Salvador. Freres des Hommes, Terres des Hommes, Action Solidarité Tiers Monde, Amnistía Interrnacional, Fairtrade y el círculo de Cooperación han acogido el 25 de julio pasado a dos jóvenes nicaragüenses, activistas, representantes de la Caravana Informativa de Solidaridad Internacional con Nicaragua. En el verano de 2014, pude visitar el

país en el marco de un viaje organizado por Fairtrade Luxemburgo que colabora con una cooperativa de café en Jinotega. La población de Nicaragua es muy joven: 4 de cada 10 habitantes tiene menos de 18 años. Lo que sigue es un resumen de la historia del país y un análisis del conflicto que se vive.

Un país largo tiempo controlado por Estados Unidos Desde su independencia en 1821, la situación de Nicaragua siempre ha estado estrechamente controlada por los Estados Unidos. Es así como se produjeron dos invasiones de la Armada norteamericana en 1910 y de nuevo en 1912. La ocupación norteamericana duró hasta 1933. Ello provocó la oposición armada del campesinado liderado por Augusto César Sandino, quien se

permanecido imperfecta e incompleta. Al mismo tiempo, se impulsó un proceso de justicia social y organización directa del pueblo, sin precedentes en la historia de Nicaragua y de América Latina.

convirtió en un héroe nacional. En 1933, Estados Unidos se retiró después de dejar el control político a Anastasio Somoza Garcías y su guardia nacional. A partir de 1934 comenzó una dictadura que, tras la ejecución del Presidente en 1956, continuó bajo el mando de su hijo hasta 1979.

La revolución sandinista Ese año, la revolución sandinista, dirigida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocó la dictadura de Anastasio Somoza. Esta revolución despertó mucha simpatía, a menudo entusiasmo, en todo el mundo. Una cruzada nacional de alfabetización redujo el analfabetismo del 54% al 12%. Por primera vez, la atención médica llegó a la mayoría de la población. La tierra y la propiedad del dictador Somoza y su clan fueron nacionalizadas. Se emprendió una reforma agraria que ha

30.000 personas perdieron la vida en una batalla desigual. Agotados por este largo conflicto, en las elecciones de 1990, los nicaragüenses permitieron que la derecha tomara el poder. Violeta Chamorro se convirtió en Presidenta y le siguieron los Presidentes Alemán y Bolaños. Fueron dieciséis años de políticas neoliberales que, a su vez, devastaron y empobrecieron al país. Se privatizaron alrededor de 300 pequeñas empresas estatales, así como la electricidad, el teléfono y el agua. La reducción del gasto público fue drástica. La ya débil burguesía nacional ha sido prácticamente liquidada. La agricultura ha sido descuidada. Muchas de las reformas llevadas a cabo por los sandinistas fueron suprimidas.

El regreso al poder de Daniel Ortega Daniel Ortega, líder sandinista, ganó las elecciones presidenciales de 2006 con casi el 38 por ciento de los votos. Fue reelegido en 2011 con el 62% de los sufragios. Su política adopta dos vertientes: por un lado, mantiene la política de austeridad de sus predecesores, en

consonancia con los intereses del sector privado, los inversores extranjeros, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, hace un cambio espectacular al comprometer un fuerte gasto social para los más pobres, que representan la gran mayoría de la población. Los programas sociales son numerosos y reales: alfabetización, educación, atención sanitaria gratuita, reducción de la pobreza y del hambre. Algunos críticos cuestionan el clientelismo y la falta de transparencia en la distribución de estos fondos por parte del partido sandinista. Durante mucho tiempo, Venezuela ha cofinanciado una gran parte de estos programas aportando hasta 485 millones de dólares al año. Nicaragua es un país asociado de la cooperación de Luxemburgo. También mantiene una estrecha cooperación con la Unión Europea. En 2007, Daniel Ortega incorporó a Nicaragua a la "Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América" (ALBA), fortaleciendo las relaciones con los países latinoamericanos. El desempleo y la pobreza obligan a muchos jóvenes a abandonar el país en busca de trabajo. Alrededor de 500.000 han encontrado empleo en la vecina Costa Rica y proporcionan una valiosa ayuda a sus familias a través de las remesas. Mientras que Daniel Ortega mantenía su popularidad entre los nicaragüenses pobres, la clase media estaba cada vez más decepcionada por el estilo autoritario y poco transparente de su gobierno. Los críticos cuestionan el desvío de fondos públicos hacia empresas privadas controladas por familiares y amigos de Ortega. De hecho, el canal público de televisión, Canal 6, y varios canales privados pertenecen a sus hijos Maurice, Daniel y Juan Carlos. Su hijo Rafael dirige la empresa petrolera estatal.

Después de un cambio constitucional aprobado por el parlamento, Ortega pudo ser candidato en una tercera elección presidencial en noviembre de 2016. Su esposa, Rosario Murillo, se postuló como candidata a vicepresidenta. Ortega ganó las elecciones con el 72% de los votos. La oposición se mantuvo dividida. La participación fue menor que en las elecciones anteriores y los observadores internacionales no fueron admitidos.

El conflicto actual: no hay inocentes El conflicto comenzó el pasado mes de abril cuando el Fondo Monetario Internacional pidió al gobierno una reforma fundamental del sistema de seguridad social. El Gobierno propuso una reforma mucho más ligera. Esto provocó el inicio de las manifestaciones, lo que llevó al gobierno a retirar su propuesta. A pesar de ello, las manifestaciones continuaron. A medida que el conflicto y la represión se intensificaban gradualmente, los manifestantes reclamaban, si no la caída del gobierno, por lo menos la celebración de elecciones anticipadas en 2019. Esto fue rechazado por el gobierno. Varios de sus partidarios tradicionales han abandonado a Daniel Ortega, primero la Iglesia Católica, luego la patronal y finalmente los Estados Unidos, que durante mucho tiempo han podido considerar que su política neoliberal estaba al servicio de sus intereses. Se llevó a cabo un diálogo entre el gobierno y la Alianza de Ciudadanos por la Justicia y la Democracia, con la mediación de la Iglesia Católica. Hasta ahora sin resultados, mientras que la neutralidad de la Iglesia ha sido cuestionada por el gobierno. La mayoría de los medios de comunicación se han pronunciado a favor de las protestas "legítimas" de los estudiantes y han culpado a la "dictadura" de Ortega

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La otra versión del conflicto Según otra versión del conflicto, también ha sido alimentado, o incluso principalmente, por actores políticos que buscan un cambio de régimen explotando las manifestaciones masivas con fines de desestabilización. ¿Cómo se puede explicar el uso de ciertas armas por parte de los opositores? ¿Qué hay del saqueo y la destrucción, como el incendio de las instalaciones de Radio Ya, una cooperativa rural o la demolición de la fachada del estadio nacional de béisbol? Las protestas no sólo han sido espontáneas. Habría muchos indicios de que las organizaciones encabezadas por Estados Unidos han esperado el momento adecuado para crear caos, reforzar las contradicciones y desestabilizar el gobierno que surgió de las últimas elecciones. Un escenario similar ocurrió entre abril y junio de 2017 en Venezuela. La "liberación" de Nicaragua, al igual que la de Cuba y Venezuela, fue la propuesta del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, según el "Jornal do Brasil" del 2 de mayo recién pasado. Estas declaraciones están respaldadas por las actividades de USAID, del Instituto Democrático Nacional (NDI) y de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), apoyados y financiados por la CIA. Desde 2015, Estados Unidos ha

ampliado sus actividades en Nicaragua, entre otras cosas mediante la promoción de cursos de liderazgo. Según Global Research, una organización internacional de investigación con sede en Canadá, la NED ha proporcionado más de 4,4 millones de dólares desde 2014 para crear oposición en Nicaragua, más de 700.000 sólo en 2017. Cientos de ONG, universidades y partidos políticos han sido financiados por estas organizaciones. Tenemos más de 2.000 líderes jóvenes en Nicaragua que tienen influencia en la sociedad civil, dijo en su sitio web el Instituto Democrático Nacional (NDI), con sede en Estados Unidos. Mientras que una serie de personalidades e intelectuales de varios países latinoamericanos se han pronunciado a favor de los manifestantes, algunas organizaciones, como La Vía Campesina, han denunciado la violencia pero sin pronunciarse por ninguna de las partes. El Guardián cuestionó la pertinencia de adelantar la fecha de las próximas elecciones previstas para 2021, puesto que

En una declaración del pasado 20 de julio, el Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos, Jean Asselborn, y el Ministro de Cooperación y Acción Humanitaria, Romain Schneider, expresaron su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Nicaragua y condenaron enérgicamente la escalada de la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias. Los ministros expresaron sus condolencias a las víctimas y pidieron que los responsables de la violencia fueran llevados ante la justicia. Al igual que la Unión Europea, Luxemburgo ha hecho un llamado a las distintas instancias nicaragüenses a acabar de inmediato con la violencia y a respetar los derechos humanos, y ha insistido en la necesidad de aplicar todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

no aparecen partidos opositores serios y Ortega bien podría ganar esas elecciones anticipadas. Del 15 al 17 de julio se reunió en La Habana el Foro de Sao Paulo, fundado en 1990 por Fidel Castro e Ignacio Lula, entonces líder del Partido de los Trabajadores en Brasil. El Foro contó con la presencia de los Jefes de Gobierno de los países miembros del ALBA, Dilma Roussef junto a 625 delegados de 168 organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales. Ignorado por los medios de comunicación, el Foro adoptó una clara posición a favor del gobierno de Daniel Ortega y "rechazó enérgicamente la política intervencionista de Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua". Hay que condenar la violencia y la represión, hay que hacer justicia a las víctimas. Esperemos que los nicaragüenses lleguen a un diálogo real y encuentren una solución pacífica al conflicto, sin intervención extranjera. Los acontecimientos que han tenido lugar en Venezuela desde 2017 y la criminal campaña política, económica y mediática en curso orquestada por los Estados Unidos contra ese país nos obligan a ser cautelosos en cuanto a la veracidad de gran parte de la información que circula sobre los países de América Latina en general y sobre Nicaragua en particular.

En Nicaragua: “Cada poblador de un barrio, municipio o pueblo es un activista de derechos humanos”

Desde mediados de abril, Nicaragua, uno de los 7 países socios de la Cooperación luxemburguesa, vive un clima de violencia contra la población que protesta contra el nepotismo de la pareja presidencial OrtegaMurillo. Para informar a los habitantes de Luxemburgo sobre estas violaciones de derechos humanos, Frères des Hommes, Terre des Hommes, Action Solidarité Tiers Monde, Amnesty International, Fairtrade y el Cercle de Coopération invitaron a fines de julio a dos jóvenes universitarios y activistas, Yerling Aguilera y Fidel Ernesto Narváez, miembros de la Caravana Informativa de Solidaridad Internacional con Nicaragua. La conversación que sigue tuvo lugar el 27 de julio de 2018. Entrevista realizada por Magali Paulus, Frères des Hommes Luxembourg ¿Cuál era el objetivo de la creación de la Caravana Informativa de Solidaridad Internacional con Nicaragua? Yerling Aguilera – La naturaleza de la Caravana es la misma naturaleza de las movilizaciones en Nicaragua porque fue una iniciativa auto convocada de algunas personas que teníamos la sensación de que había muy poca información sobre la situación política en Nicaragua. Teníamos ciertos ejes de trabajo que se fueron ampliando con el tiempo. Inicial-

Jean Feyder, Ex-Embajador de Luxemburgo ante Naciones Unidas

mente, empezamos dando información a los medios de comunicación a partir del vacío que identificamos. Luego, a medida que esos canales se fueron abriendo, fuimos ampliando nuestro trabajo para dar seguimiento, por ejemplo, al acompañamiento que realizan instituciones de derechos humanos desde aquí y también ampliamos nuestros encuentros a grupos más políticos, sobre todo grupos de línea más progresista porque sentíamos que era necesario disputar ese relato desde la izquierda. Nosotros sentimos que un logro ha sido ampliar esa disputa y también poder sumar la solidaridad desde los grupos de izquierda, más progresistas. Otro logro ha sido obtener el posicionamiento de algunas instancias, como los ayunta-

Photo : Frères des Hommes Luxembourg

y a su esposa Murillo de las masacres que han tenido lugar. En particular, han sido señaladas las "turbas sandinistas", grupos paramilitares en los que se ha apoyado el gobierno. Un informe de Amnistía Internacional acusa al gobierno de usar de forma desproporcionada la violencia, y que en muchos casos las milicias ciudadanas y la policía nacional han asesinado deliberadamente. Camilo E. Mejía, ex preso de conciencia apoyado por Amnistía Internacional, cuestionó la objetividad del informe, que según él se basa en informes de organizaciones norteamericanas.

Yerling Aguilera et Fidel Ernesto Narvaez

mientos o como el Congreso en España, y en otros espacios a los que la Caravana se ha acercado. Fidel Ernesto Narváez – Uno de los principales (logros) ha sido ayudar a reconfigurar la migración nicaragüense en el exterior para volver a sentirse parte de un proceso histórico interno a través de las acciones que pueden tomar, independientemente del lugar donde se encuentren. Esa reconsideración se da desde el marco de la institucionalización de la migración nicaragüense como una diáspora política, es decir reconocer que los migrantes económicos ya tienen una nueva dimensión en la que uno no solamente sale del país a buscar una vida mejor, sino que también sale convirtiéndose en un agente político que puede cambiar las cosas y que internacionaliza el actuar político.

¿Sobre el encuentro con la Dirección de la Cooperación de Luxemburgo, que opinan ustedes de la posición actual del gobierno luxemburgués? YA – Consideramos como positivo el hecho de que la Cooperación luxemburguesa haya congelado temporalmente los desembolsos directos al gobierno nicaragüense. Quizás sí esperamos que haya un mayor empuje de parte del gobierno de Luxemburgo a las acciones en favor de los derechos humanos que

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se están haciendo en Costa Rica, de acompañamiento de la gente que ha sido forzada a desplazarse a causa de la violencia política. FE – La noción de la cooperación internacional con Nicaragua está cambiando y no es necesariamente sólo emitir comunicados y congelación de fondos, sino que debe tomar un papel y un rol más activos, ya que no se trata nada más de defender los derechos humanos sino de verlos desde una perspectiva de vanguardia y no sólo de defensa.

¿Cuáles son para ustedes las soluciones a la crisis? YA – Obviamente todos partimos de que para que Nicaragua pueda resurgir como una democracia con un sistema de justicia que funcione, es necesaria la salida de Ortega. Pero también es necesario que en ese proceso se puedan visualizar los actores y los sistemas que han construido la marginación del sujeto político popular. Como segundo punto, también es necesario poder articular esas bases que ya están montadas en Nicaragua (desde el mes abril ya hay una democratización desde abajo) y que han sido consecuencia del desmantelamiento institucional y también de esa percepción de que las instituciones no funcionan. FE – En tres meses hemos logrado mostrar una revolución ética. Y yo creo que sobre la base de la ética hemos demostrado que el gobierno está fuera del marco de la legalidad. Debemos tomar esta oportunidad y continuar una crítica del orden sistémico, no solamente del orden político. Entonces para que la movilización no caiga en otras manos que las que la iniciaron, yo creo que todo el esfuerzo de ahora en adelante tiene que recaer sobre crear en la historia un carácter revolucionario y unirlo con esa hiperactividad que tenemos en las trincheras, en las barricadas y en las calles. Porque así, con esa misma actividad

con la que nosotros salimos a la calle, si podemos reorganizarnos teóricamente, política e ideológicamente, yo creo que ya la batalla estará definitivamente ganada porque habremos cambiado la estructura del sujeto que constituye esta sociedad, no solamente a un gobierno para montar otro.

demostrarle y expresarle el gobierno, al unísono y con fuerza, con empuje, nuestro descontento. En conclusión, Nicaragua como pueblo tiene una forma propia de expresión política que no es parecida ni siquiera a las de sus vecinos, pero que se opone a una realidad que es la misma que la de los países vecinos.

¿Cuáles son los antecedentes del conflicto?

YA – En Nicaragua la gente venía percibiendo que el gobierno era incapaz de dar salida a ciertas cuestiones. Pero la gente se va sumando cada día más porque, precisamente, la respuesta del gobierno frente a la movilización de las universidades es una respuesta violenta. Entonces, eso demuestra que es incapaz, por ejemplo, de responder a esa demanda, de sentarse a dialogar. En la práctica, la población se da cuenta de que está frente a un gobierno ilegítimo, gobierno ilegítimo también en términos de gestión, ya que no puede hacer nada si no es matar, si no es enviar a un grupo policial o un grupo parapolicial. Por eso es que con las primeras muertes - aparte de los malestares que ya tenías, de todo este rosario de agravios- vas percibiendo cómo esa burbuja de seguridad se rompe y ahí ya pasas a un nivel más íntimo porque sabes que tu entorno está en peligro. Tu entorno está en peligro frente a un gobierno que no tiene capacidad de resolver ni darle salida (al conflicto), sino más bien que va empeorando; empeorando todo esto, porque aparte de la masacre, aparte de que lleguen a saquear tu barrio, te pueden saquear también tu casa, tu propia vida está en peligro. Cuando vos percibís esa inmediatez del conflicto es cuando también puedes movilizarte.

FE – Nicaragua durante mucho tiempo estuvo callando, sin embargo ese silencio no quiere decir que no fuese un germen de pensamiento crítico, un germen de introspección crítica. Ahora lo que sí cabe mencionar es que cuando nosotros salimos a las calles, lo hicimos transversalmente. Entonces, yo creo que nosotros, sin emitir ningún ruido ni nada, solamente danzando como lo hacen las abejas, esa danza que nosotros hacemos son las barricadas, los morteros, los ruidos, las consignas, las canciones, los poemas y todo eso en nuestra especie de danza para comunicarnos colectivamente. Es decir, ha sido ese lenguaje popular el que ha presionado al gobierno, ha sido el levantamiento popular, como si se hubiese consensuado eso, lo que le da un carácter de espontaneidad a la manifestaciones. Pero en realidad, no hay espontaneidad, es un trabajo previo de ebullición de toda la injusticia en materia de salarios, en materia de derechos sociales, de pensiones, de políticas públicas, toda esa serie de injusticias que nosotros veníamos observando. Podríamos enumerar cuáles son cada una de ellas: la reforma a la Constitución, los pactos políticos, la reforma de la ley electoral, la cuestión de la confiscación del 5% a los pensionados, la congelación del salario mínimo, el precio de la canasta básica, la migración económica, la cero presión fiscal a los grandes capitales, etcétera. Pero más que eso, me parece importante mencionar esta especie de lenguaje o de danza como pueblo que nosotros tenemos para comunicarnos y para

¿En qué momento se dieron cuenta que no eran sólo unas movilizaciones de un día, de dos días, sino que era un movimiento de largo plazo de toda la población pidiendo la salida de Ortega? YA – Para mí hubo varias señales: la primera, la más evidente como lo dicho

en otro momento, fue (la movilización) de las universidades. Las universidades cooptadas por todo este sistema del partido, gobierno o familia y que no tenían mucho margen para la autonomía ni para la movilización. Si un grupo de alumnos logró salir y hacerse escuchar, era que había también un malestar acumulado en las universidades y además porque los estudiantes han sido históricamente un sujeto político muy activo en Nicaragua. La segunda, fue el hecho de ver cómo los bastiones del sandinismo, o el orteguismo mejor dicho, de los que presumía de ser su bastión, su respaldo, se levantaron. Entonces sabíamos que estábamos frente a un escenario en que la misma gente que ha guardado simpatía con Daniel Ortega, también se distanciaba de distintas maneras. Posteriormente, los barrios populares de Managua, los barrios más marginalizados, también salieron a movilizarse, a levantar barricadas, a desplegarse. Entonces, ya con todos estos actores movilizados, te das cuenta de que prácticamente es muy difícil que se pudiera contener toda esa movilización si no se habilitaba realmente un canal de diálogo para escuchar a esta gente. Cuando te das cuenta de que no hay una voluntad política de parte del gobierno para realmente poder evacuar, sabes que en la práctica se va derivar en un conflicto mayor y de movilización a gran escala.

Muchos de los sandinistas, Ortega mismo, dicen que ustedes son agentes de la CIA, financiados por los Estados Unidos, ahora con la nueva ley antiterrorista también son “terroristas”. ¿Cómo se definen ustedes? YA – Desde antes de lo de abril he tratado de acompañar, en la medida de mis posibilidades, algunas voces, algunas luchas como la del campesinado, la del movimiento de mujeres y esto también desde una perspectiva obviamente de izquierdas. Yo me asumo como una mujer

de izquierdas, con todo lo que implique y con todas las limitaciones. También me asumo como una persona a la que me ha tocado ser activista derechos humanos, sobre todo porque ahorita mismo poner su voz y su cara implica un riesgo y hay que asumir las consecuencias de eso. Y yo lo que le diría a una persona que dice que nosotras somos financiadas por los Estados Unidos, por la CIA, es que no conoce de la solidaridad, no conocen ni la solidaridad entre el mismo pueblo nicaragüense. La solidaridad es la base porque ella ha alimentado los procesos revolucionarios como el de Nicaragua particularmente. Esa solidaridad ahorita mismo está movilizada: desde el vecino, desde la persona que cocina para los estudiantes, la persona que ayuda la gente de los barrios. Esa solidaridad es lo que lo que nos ha movida a nosotras. FE – Yo creo que prefiero no hablar de mí, simplemente me quedo con lo que hemos dicho sobre el concepto de activista de derechos humanos que ha cambiado en Nicaragua. Me gustaría quedarme con la noción de que cada persona se vuelve un activista de derechos humanos porque no debemos profesionalizar o encasillar al activismo en meras actividades institucionales. Me gustaría quedarme con la idea de que cada poblador de un barrio, municipio o pueblo, sea un activista de derechos humanos, porque al final en Nicaragua el mayor activista de derechos humanos es el que tiene que proteger primero su vida para que no los maten. Yo creo que ser profesor es de una forma también ser activista en este sentido, pero creo también que un obrero, un artesano que hace un mortero es otro activista, porque está creando los medios de defensa para que a mí no me maten. Yo creo que tenemos que actualizarnos también en ese sentido y darle cabida a estas

personas. Por ejemplo, la foto de Javier Bauluz (ver arriba) con esas personas que yo conozco, que son personas que hacen tortilla, todo el barrio compra ahí y después estuvieron levantando barricadas, no tiene ni puerta su casa. Yo me pregunto a mí mismo cuando veo esta foto: “y ellos, ¿no son activistas? Sí que lo son, son más que yo porque ellos están todos los días luchando contra esa diferencia de privilegios de clase que hay y encima tienen fuerzas y ganas para ir a levantar barricadas”. Entonces yo creo que hay que descolonizar y desprofesionalizar un poco ese concepto. YA – Yo creo que en Latinoamérica y particularmente ahorita en Nicaragua, ser activista también es tener una militancia pues no te puedes distanciar. Entonces a mí me cuesta un poco reconciliar como si ser activista está en función de al menos tratar de darle un poco de voz a lo que está pasando, desde un trabajo obviamente un poco limitado y reducido. Desde el momento que por ejemplo nosotros nos movemos para acá en la Caravana, fue porque nosotros estamos abocadas algo y creíamos en ese algo y militamos también ese algo, no fue porque sólo queremos hablar. Es porque sentimos e interiorizamos la injusticia que estaba pasando y eso te hace ser parte y tomar parte por algo.

Photo: Javier Bauluz

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Elecciones históricas: ¿México de fiesta?

Raquel Luna

Photo : MarioDelgadoSi

El 1 de julio de 2018, los mexicanos no podían creer los resultados de las elecciones más grandes en la historia de nuestro país (más de 3,000 posiciones estaban en juego a nivel federal, estatal y local). El nuevo partido de izquierda de López Obrador, Morena, ganó el escaño presidencial con un 53% (más de 30 millones de votos) y mayoría simple y mayoría en cada una de las cámaras del Congreso. Este partido nuevo se convierte en la principal fuerza política. Sin precedentes. La gente literalmente lloraba de alegría. Los pequeños empresarios prometieron comida gratis, servicios gratuitos y regalos si López Obrador ganaba. Muchos cumplieron

sus promesas. México estuvo "de fiesta" el 1 de julio. ¿Es esta celebración un reflejo de que la sociedad venció, por una vez, al sistema corrupto y violento?1 Estas elecciones se llevaron a cabo bajo las peores circunstancias que ha enfrentado el país: un clima de violencia insoportable, una economía neoliberal en decadencia con una desigualdad cada vez mayor y una tradición de impunidad y corrupción generalizadas.

Un clima de violencia insoportable México carga sobre sus hombros 12 años de guerra contra las drogas: más de 200.000 personas muertas, 30.000 desaparecidas y niveles de violencia

en aumento. Las familias de al menos 230.000 personas han quedado destrozadas. El año 2017 fue, por mucho, el más sangriento del que se tiene récord (más de 30.000 personas muertas), pero parece que el 2018 le superará. En mayo de este año, un promedio de 93 personas fueron asesinadas al día, o sea 4 personas por hora 2. Nadie queda intacto: un amigo, un tío, tu hermana, el vecino, tu hijo, tú mismo. Todos tienen una historia que contar en la que su vida o la de alguien que conocían personalmente se ha encontrado bajo riesgo inminente si no enfrentados a la propia muerte.

Una economía neoliberal de desigualdad e impunidad Las políticas neoliberales que comenzaron en la década de 1980 y se consolidaron con el Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, han dejado una economía nacional estancada y endeudada basada en la provisión de mano de obra y recursos baratos. México, que alguna vez fue independiente en términos alimenticios y energéticos, hoy importa grandes cantidades de maíz y combustible (elementos que antaño fueron la base de nuestra dieta alimenticia y de nuestra economía). Los agricultores y ganaderos mexicanos no pudieron competir con la carne y los cultivos baratos industrializados y congelados. Mientras tanto, las empresas que llegaron y siguen llegando de la mano de nuestros vecinos del norte, ignoran los estándares

ambientales, de salud y laborales, todo con el respaldo del gobierno mexicano. Las compañías mineras extranjeras han contaminado y destruido grandes ecosistemas, mientras explotan cantidades de minerales comparables a los tiempos de la Colonia española 3. Los salarios desde el TLCAN se han estancado, mientras que los beneficios de las empresas extranjeras aumentan con el tiempo (por ejemplo, la industria automotriz). No obstante, el TLCAN ha beneficiado a las élites de ambos lados de la frontera: los recursos y los bienes se mueven libremente hacia aquéllos que pueden pagarlos. Su productividad aumenta. Sin embargo, la gente común no puede moverse libremente y la desigualdad aumenta invariablemente4 . De acuerdo a los últimos estudios del CONEVAL, el 43.6% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza (53.4 millones de personas)5. Muchos mexicanos, debido a la falta de oportunidades, se unen a los cárteles de la droga al no encontrar otra alternativa. Al mismo tiempo, la élite mexicana cuenta a Carlos Slim entre los diez hombres más ricos del mundo6. El actual Presidente Peña Nieto, ha dado los últimos pasos hacia la liberalización de todos los mercados. Su "Pacto por México" asesta el último golpe con reformas integrales para privatizar y desmantelar los sindicatos de los sectores de la energía, la educación y la salud. Actualmente, México está siendo literalmente desmantelado. Todo ello sucede en un contexto de corrupción e impunidad total, rodeado de escándalos que han involucrado al Presidente y a sus más cercanos aliados. Los escándalos incluyen la adquisición de edificios lujosos, la triangulación de dinero, enormes contratos de infraestructura otorgados a empresas dudosas e incluso la falsificación del tratamiento para niños con cáncer, entre muchos otros. Hasta ahora, no hay justicia en ninguno de los casos mencionados.

Mientras tanto, muchos políticos de los partidos en el poder (el PRI, PAN y PRD) están tomando todo lo que pueden: vacían oficinas gubernamentales (llevándose equipo e información) y proponen leyes para proteger sus privilegios antes de irse. El papel de la sociedad En este contexto, la sociedad civil ha aprendido a movilizarse, a través de las redes sociales y fuera de ellas, para su auto preservación. El vacío institucional ha sido parcialmente reemplazado por ciudadanos organizados (cuando no por los cárteles de la droga): madres valientes, periodistas, abogados, maestros y activistas. La gente informa, comparte y se coordina a pesar de los riesgos7. Las familias comenzaron a buscar por sí mismas a sus parientes desaparecidos, a exigir justicia en los tribunales, a proporcionar información fidedigna y a organizar incluso su propio gobierno y protección. En el marco de esta “movilización de a pie”, muchas personas decidieron apoyar a la nueva izquierda de López Obrador. Se motivaron mutuamente para votar a través de una campaña popular, caótica y siempre arraigada, que gastó poco dinero en comparación con los tres partidos políticos más grandes.

Posee una casa de clase media y viaja en clase económica (aún hoy como Presidente electo). Su campaña política (en comparación con sus competidores, que se mantuvieron alejados de la realidad de la persona de a pie), se centró en disminuir los niveles de violencia, brindar justicia social y poner fin a la impunidad y a la corrupción. La campaña resonó en muchas personas, obtuvo un amplio apoyo popular y varios intelectuales y políticos respetados formaron parte de su círculo más cercano.

El presidente electo

Su primera propuesta política es un recorte de 60% al salario presidencial, su propio salario. Su plan de austeridad republicana busca implementar la sección constitucional ignorada que establece que ninguna posición política puede ganar más que el Presidente. La clase política está asustada. Se revisarán los costosísimos proyectos de Peña Nieto: desde la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco sobre terrenos inestables y a costos inflados (pagados con los fondos de pensiones de los mexicanos) hasta la adquisición de un lujoso avión para el confort presidencial. Se revisarán las reformas de la educación, la salud y la energía.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es un político de izquierda de larga trayectoria (ésta fue su tercera candidatura a la presidencia8) que actúa como predica. A pesar de los numerosos intentos de desacreditarlo, ninguna investigación seria ha podido ligarlo a escándalos de corrupción.

Al mismo tiempo, López Obrador tiene como objetivo reconstruir la economía interna (industria petrolera, agricultura, ganadería e infraestructura pública). Su agenda progresista incluye la legalización del aborto, la legalización de ciertas drogas, el aumento al salario mínimo, el inicio de un proceso de

Cada voto contó: fue una victoria aplastante.

Dossier

Lamentablemente, no hemos sido capaces de ofrecer una alternativa creíble y expansiva al sistema económico actual. Hemos visto una y otra vez que los países están atrapados en la "mano invisible", pero esto no es resultado de leyes naturales, como insiste la teoría económica. La "mano invisible" resulta de estructuras de poder ocultas por el mercado pero muy reales… que controlan los recursos y las personas en todos los países.

Image : Mauricio Gómez Morín

El Zeitgeist

Hidra Capitalista

amnistía y la retirada de los soldados en las calles. Hoy, López Obrador y su gabinete (50% mujeres y 50% hombres) actúan como si estuvieran en el poder. Ellos establecen la agenda y las noticias pero el Presidente electo sólo tomará posesión de su cargo el 1 de diciembre de 2018.

Mientras tanto Mientras tanto, muchos políticos de los partidos en el poder (el PRI, PAN y PRD) están tomando todo lo que pueden: vacían oficinas gubernamentales (llevándose equipo e información) y proponen leyes para proteger sus privilegios antes de irse. Algunos están tratando de unirse a las filas del nuevo gobierno. El mes pasado, el gobierno de Peña Nieto contrajo un préstamo de 10.000 millones de dólares de los EE.UU.

para "fines generales del gobierno", agrandando la deuda récord actual. El Departamento de Estados Unidos aprobó recientemente la solicitud del gobierno mexicano de comprar misiles y otros equipos por al menos 41 millones de dólares9. Todo esto sucede tres meses antes de que el actual gobierno deje su cargo. El nuevo gobierno electo se enfrentará a retos sin precedentes y la sociedad civil seguirá atentamente sus acciones.

El panorama general A pesar de la victoria electoral masiva, más allá de las particularidades nacionales y la relevancia de las elecciones mexicanas, el futuro sigue siendo sombrío. Es en el marco de la economía mundial neoliberal capitalista que el margen de movimiento del

nuevo gobierno es limitado. Según el Subcomandante Zapatista Galeano10, la hidra capitalista llega a todas partes y a todos al explotar recursos y personas por igual dejando detrás un rastro de desastres ambientales, desigualdad creciente, impunidad y corrupción. México ha sido un buen alumno11 de la economía neoliberal, liderado por la ingenua y miope élite mexicana educada en los Estados Unidos bajo la enorme influencia de los Chicago boys. Como era de esperarse, México enriqueció a los creadores del TLCAN y a sus amigos. Como era de esperarse, falló increíblemente con el resto de la sociedad. El panorama general es que éste no es un problema particular de México. Esta historia de desigualdad, corrupción, desastres ambientales y violencia se repite en países cercanos y lejanos.

El voto de la sociedad mexicana ha dado una clara señal de que México está harto del status quo. Esta misma frustración de las sociedades se repite con el Brexit en el Reino Unido, el referéndum para dejar la Unión Europea por parte de Grecia hace algunos años, la elección de un personaje como Donald Trump como presidente en Estados Unidos, el ascenso de la extrema derecha en Europa, entre otros. La sociedad responde a los síntomas. Pero, ¿somos capaces de afrontar el verdadero problema? Si existe una solución a la actual situación económica y social de México, ésta se encuentra -en gran medida- más allá de sus fronteras al norte y sur. La agenda neoliberal no se detiene: las discusiones para la renovación del TLCAN están en marcha, al igual que el Acuerdo Comercial UE-México12, ambos por firmarse este año. Los dos restringirán aún más al país a un sistema que ha fallado totalmente al pueblo mexicano y exacerbará aún más la violencia, el desplazamiento forzado, los desastres ambientales, la corrupción y la impunidad. Los derechos humanos son desplazados por los derechos de las empresas multinacionales. O, mejor dicho, por los derechos de quienes están detrás de las multinacionales. Todo en nombre de algo llamado ganancia con el objetivo de un crecimiento canceroso.

México "de fiesta"?

mexico-may-2018-deadliest-month-since-1988-2018-6 3 Mexico country mining guide (2016) KPMG Global

Entre los primeros en expresarse y rebelarse contra los peligros del capitalismo neoliberal se encuentran los zapatistas de la región más pobre de México. En su levantamiento del 1 de enero de 1994, afirmaron que la aplicación del TLCAN (y de todos los demás tratados que le seguirían) significaba una "sentencia de muerte" para las comunidades indígenas y para otras formas de vida. El tiempo ha demostrado que es una sentencia de muerte para la vida misma.

Mining Institute. Fuente : https://assets.kpmg.com/ content/dam/kpmg/pdf/2016/03/mexico-miningcountry-guide.pdf 4 México y los Estados Unidos tienen la frontera más larga entre un país desarrollado y un país del tercer mundo. Es un cementerio para los que fallan en el intento. Más información: https://www.nytimes.com/ interactive/2017/05/04/us/texas-border-migrants-deadbodies.html 5 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ PobrezaInicio.aspx 6 Carlos Slim, gran ganador del TLCAN, compró la infraestructura de telecomunicaciones de todo el país. 7 Las redes sociales proporcionaron un instrumento

¿Se encuentra México "de fiesta" con la elección de López Obrador? Sólo por una fracción de segundo (después de todo, somos mexicanos). No olvidemos que como la raíz del problema está más allá de las fronteras nacionales, también lo están las soluciones. La agravación del cambio climático, de la desigualdad y del desplazamiento de personas a nivel mundial, son crudos y constantes recordatorios.

invaluable de información creíble sobre temas políticos (tienen una larga historia proporcionando información creíble sobre eventos violentos. 8 Muchas irregularidades impregnaron las dos últimas elecciones presidenciales lo cual colabora la sospecha de fraudes electorales en contra de López Obrador. 9 Fuente : https://navaltoday.com/2018/01/08/mexicobuying-harpoon-ram-missiles-mk-54-torpedo-forsigma-10514-patrol-vessel/ 10 Anteriormente conocido como Subcomandante Marcos, es uno de los personajes más conocidos y articulados de los zapatistas. Los zapatistas son

Después de que López Obrador ganara las elecciones, los zapatistas declararon: "Cambiamos al capataz, pero el granjero sigue siendo el mismo".

comunidades indígenas que se rebelaron en 1994 contra la globalización y el TLCAN. A pesar del tiempo, han podido mantener su forma de vida y continuan luchando para protegerla. 11 México fue uno de los primeros países en firmar un

Posdata: ¿Es cierto que todos los caminos conducen a Roma –o sea, al capitalismo neoliberal? Porque hoy Roma está en llamas y el tiempo para cambiar al granjero a escala mundial se está acabando. Algunos, como México, sufren antes las consecuencias.

tratado de libre comercio tan amplio y vinculante. 12 Ambos tratados tienen especial hincapié sobre lo siguiente: los derechos de propiedad intelectual, las normas de origen, la escasa o nula consideración de los derechos humanos y medioambientales, y las controvertidas disposiciones sobre inversiones que protegen la inversión extranjera directa debido a pérdidas de beneficios futuros.

Referencias 1 Después de todo, las elecciones ocurrieron a pesar de : los asesinatos brutales de más de 100 políticos y candidatos durante la campaña, cientos de candidatos

Raquel Luna, ASTM

abandonando la carrera por miedo a sus vidas, la cultura dominante de compra de votos y fraudes electorales, el duopolio de los principales medios de comunicación y muchas noticias falsas. 2 http://www.businessinsider.fr/us/violent-crime-in-