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ACORE

E D I C IÓ N 136 / 2025 -2026

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General (r) Guillermo León León

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Juan David Ramírez Anzola

Coronel (r) Mayerlin Galindo Lúligo

Sandra Ximena Gallego Torres

Centro estudios Socio políticos

Juan David Ramírez Anzola

Diseño y Diagramación

Sandra Ximena Gallego Torres

Departamento de Socios

Coronel (r) Gloria Serrano Betancourt

Edición No 136

2025 - 2026

Revista Asociación Colombiana de Oficiales en retiro - ACORE 65 años

ISSN 0124 -0223

Resolución No 0286

Febrero de 1982

Colaboradores

Registraduría Nacional del Estado Civil

Misión de Observación Electoral Policía Nacional de Colombia

Escuela Superior de Guerra Eduardo Pizarro Leongómez

Carlos Alberto Patiño Villa

Mayor General (r) Ricardo Rubianogroot Román

Teniente Coronel (r) Jaime Eduardo Ordóñez Zambrano

Capitán de Fragata (r) Gonzalo Ordóñez Serrano

Coronel (r) Wilson Guillermo Niño Galeano

Coronel FAC Abelardo Moreno

Preprensa - Impresión

Grupo HOLA S.A.S

Distribución:

Envíos Logísticos

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Contenido

Editorial

Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia 4 7 13 16

Colombia en la encrucijada:entre la seguridad, la Institucionalidad y la Democracia

Entrevista Registrador Nacional del Estado Civil

Hernán Penagos Giraldo

Paz Electoral: Una estrategia por la legitimidad democrática y la defensa institucional en Colombia

Análisis ACORE

Paz Electoral: Una estrategia por la legitimidad democrática y la defensa institucional en Colombia

Análisis ACORE

Entrevista con la Misión de Observación Electoral (MOE)

Alejandra Barrios Cabrera

Directora

Alejandra Barrios Cabrera

Directora

Plan Democracia 2025-2026: sinergia, tecnología y transparencia como garantía de la voluntad popular

General William Oswaldo Rincón Zambrano

Plan Democracia 2025-2026: sinergia, tecnología y transparencia como garantía de la voluntad popular

Director General Policía Nacional de Colombia

General William Oswaldo Rincón Zambrano

Director General Policía Nacional de Colombia

¿En Colombia se adoptó la Doctrina de la Seguridad Nacional y el “enemigo interior”?

Eduardo Pizarro Leongómez

¿En Colombia se adoptó la Doctrina de la Seguridad Nacional y el “enemigo interior”?

Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia

Eduardo Pizarro Leongómez

Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia

Competencia Geopolítica Global

Carlos Alberto Patiño Villa

Competencia Geopolítica Global

Carlos Alberto Patiño Villa

38 44

De la sinergia híbrida a la integración de dominios de

la guerra: evidencia y agenda para Colombia

De la sinergia híbrida a la integración de dominios de la guerra: evidencia y agenda para Colombia

Equipo académico de la Escuela Superior de Guerra

Israel–Irán 2025: Lecciones estratégicas y geoeconómicas para la comunidad aérea

Coronel Abelardo Moreno Lemos

Subgerente de CODALTEC

50 56 64 69 74 79

Innovación y actualización asuntos inevitables

Mayor General (r) Ricardo Rubianogroot Román

Innovación y actualización asuntos inevitables

Mayor General (r) Ricardo Rubianogroot Román

Del hobby a la batalla: La proliferación de drones comerciales y el desafío de la seguridad interna

Brigadier General (r) Fabricio Cabrera Ortíz

Del hobby a la batalla: La proliferación de drones comerciales y el desafío de la seguridad interna

Brigadier General (r) Fabricio Cabrera Ortíz

Derechos Humanos frente a los desafíos de los conflictos actuales Acercamiento conceptual

Teniente Coronel (r) Jaime Eduardo Ordóñez Zambrano

Derechos Humanos frente a los desafíos de los conflictos actuales Acercamiento conceptual

Teniente Coronel (r) Jaime Eduardo Ordóñez Zambrano

Ciberamenazas al poder marítimo colombiano: Vulnerabilidades y estrategias de protección de la infraestructura crítica naval Capitán de Fragata (r) Gonzalo Ordóñez Serrano

Ciberamenazas al poder marítimo colombiano: Vulnerabilidades y estrategias de protección de la infraestructura crítica naval

Capitán de Fragata (r) Gonzalo Ordóñez Serrano

Reingeniería de la Fuerza Pública: Retos para el nuevo gobierno 2026

Coronel (r) Wilson Guillermo Niño Galeano

Reingeniería de la Fuerza Pública: Retos para el nuevo gobierno 2026

Coronel (r) Wilson Guillermo Niño Galeano

In Memoriam - Legado y agradecimiento al General

Jorge Enrique Mora Rangel, e.p.d.

In Memoriam - Legado y agradecimiento al General

Jorge Enrique Mora Rangel, e.p.d.

Colombia en la encrucijada: entre la seguridad, la institucionalidad y la democracia

General (R) Guillermo León Presidente Nacional de ACORE

Colombia enfrenta un momento crucial de su historia democrática. A las puertas de unas elecciones que deberían fortalecer la democracia, se alzan amenazas y riesgos que van desde la criminalidad organizada hasta la deslegitimación de las instituciones y la posible instrumentalización de reformas constitucionales con fines políticos. Todo esto plantea interrogantes serios sobre el rumbo del país y el papel que deben desempeñar el Estado, la Fuerza Pública y la sociedad civil.

El actual Gobierno Nacional ha trazado como metas prioritarias para la continuidad de su proyecto político las reformas estructurales, la deslegitimación institucional, un mayor protagonismo internacional y el avance en su iniciativa de “Paz Total”. Aunque estos objetivos no son ilegítimos per se, sí lo serían si se persiguen mediante mecanismos que alteren el orden constitucional o debiliten la separación de poderes. Las propuestas de

consulta popular o Asamblea Constituyente, sumadas a una creciente influencia en la conformación de las altas cortes, deben leerse con cautela, la Constitución de 1991 no es un obstáculo al cambio, ni las decisiones institucionales constituyen bloqueos al ejecutivo; de ahí la importancia de establecer límites claros a la concentración del poder.

Desde el punto de vista de seguridad, el país enfrenta una mutación compleja de las amenazas. Las fronteras entre la criminalidad tradicional, los grupos armados ilegales y los delitos transnacionales se diluyen en una convergencia criminal que hoy incluye el narcotráfico, la minería ilegal, reclutamiento forzado, la trata de personas, la extorsión, la cibercriminalidad y el tráfico de migrantes, entre otros fenónemos. La legitimidad del Estado está siendo disputada en múltiples regiones del país, donde actores ilegales ejercen control territorial, económico y social.

La Fuerza Pública ha intensificado sus operaciones. Durante el 2025, se han registrado más de 420 combates, con un incremento del 51 % frente al año anterior; sin embargo, esta ofensiva no debe medirse solo por cifras de neutralización o bajas, sino por su capacidad para restablecer la gobernabilidad y gobernanza, así como garantizar plenamente los derechos de la población civil.

Colombia llega a las elecciones de 2026 en medio de una convergencia de amenazas que ponen a prueba la solidez del Estado y la legitimidad democrática.

Proceso electoral

En el plano electoral, los desafíos son aún más preocupantes. Según análisis presentados por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral, MOE, más de 100 municipios requieren intervención inmediata y, en total, 649 presentan riesgo electoral. La violencia contra líderes sociales, el constreñimiento al sufragante y la cooptación de territorios por grupos armados ponen en entredicho la libertad del voto. El asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay evidencia que la amenaza no es abstracta: es real, inmediata y trágica, y responde a factores estructurales que condicionan el ejercicio democrático.

De cara a las elecciones de 2026, el país también enfrenta una serie de amenazas graves y concretas:

• Erosión de la confianza en el sistema electoral, mediante discursos que buscan deslegitimar la Registraduría y poner en duda la transparencia del proceso.

• Violencia electoral creciente, evidenciada en amenazas, atentados y asesinatos

de líderes sociales y políticos, incluido el caso del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

• Constreñimiento al sufragante, práctica que constituye un delito electoral grave y vulnera directamente el artículo 258 de la Constitución.

• Cooptación de territorios por actores armados ilegales, lo que impide el libre ejercicio del voto y dificulta la realización de campañas políticas.

• Compra de votos y manipulación del sufragio, prácticas persistentes que debilitan el sistema democrático.

Por otro lado, el riesgo de una “crisis inducida”, un escenario que abra la puerta a medidas de excepción -como el estado de conmoción interior- o que justifique la prolongación del poder más allá de 2026, constituye una amenaza que debe ser neutralizada desde el respeto a la legalidad. Las normas constitucionales prevén mecanismos de defensa institucional, pero no para ser usados con fines políticos, sino para proteger el Estado de Derecho y la democracia pluralista.

Frente a la instrumentalización de la seguridad, el país debe reafirmar que la Fuerza Pública es garante de la institucionalidad, no una herramienta del poder político. Su compromiso debe estar del lado de la legalidad, de la Constitución y de la defensa de los derechos fundamentales, no hay seguridad verdadera sin respeto por la vida, la libertad y la dignidad humana.

En este contexto, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen un papel crucial, como lo establece la Constitución, su misión no se limita a la defensa territorial, sino que incluye la protección del orden constitucional, la soberanía popular y la seguridad de todos los ciudadanos. La garantía de unas elecciones libres no puede depender únicamente de la logística electoral, sino del control territorial efectivo del Estado, de la neutralidad insti-

tucional y del respeto irrestricto a los derechos de la ciudadanía.

Defensa de la Democracia

Desde CONFECORE, Fuerza Púrpura,

F.A.R.O. y otras organizaciones se ha consolidado un esfuerzo estratégico orientado a la protección integral del proceso democrático colombiano, ante los riesgos emergentes que amenazan la transparencia, seguridad y legitimidad de las elecciones de 2026. Este trabajo conjunto parte como iniciativa para que las organizaciones desde la vigilancia ciudadana, el análisis de riesgos y el acompañamiento territorial, actúen como garantes y facilitadores de procesos electorales libres, seguros y participativos.

Bajo esta visión, se ha construido una hoja de ruta que articula la prevención, la reacción y la formación ciudadana en dos momentos clave del ciclo electoral: la etapa pre-electoral y el día D.

Etapa Pre-Electoral:

La defensa de la democracia comienza mucho antes del día de las elecciones. En esta etapa,

Las reformas no son ilegítimas, pero sí lo son cuando se impulsan debilitando la separación de poderes y el orden constitucional.

el Estado debe garantizar que el proceso de selección de candidatos se realice en condiciones de seguridad, legalidad y equidad, sin presiones ni amenazas por parte de grupos armados o estructuras ilegales que buscan manipular la representación política en los territorios.

Al mismo tiempo, es crucial fortalecer la legitimidad del sistema electoral mediante

campañas pedagógicas que contrarresten la desinformación, refuercen la confianza en la Registraduría y prevengan narrativas de fraude. En este contexto, el uso de desarrollos tecnológicos debe ser transparente, verificable y confiable, permitiendo trazabilidad en el manejo de datos y agilidad en los escrutinios. Asimismo, es vital fomentar la participación ciudadana activa mediante la inscripción voluntaria y protegida de testigos electorales y la capacitación rigurosa de jurados de votación, quienes son la primera línea de defensa del voto limpio y transparente en las mesas.

Día D (Elecciones):

Durante la jornada electoral, la misión institucional se enfoca en garantizar el pleno ejercicio del sufragio, libre de intimidaciones, restricciones territoriales o fraudes. La Fuerza Pública debe desplegarse con base en inteligencia previa, cubriendo zonas de riesgo sin interferir en el proceso y asegurando el respeto por los derechos civiles de los electores. En paralelo, debe existir un monitoreo permanente del funcionamiento de las plataformas tecnológicas electorales, así como canales expeditos para reportar irregularidades y brindar respuestas oportunas desde las autoridades competentes.

La presencia activa y visible de testigos y jurados capacitados y protegidos, acompañados por organismos de observación nacional e internacional, es clave para blindar la transparencia del proceso y disuadir cualquier intento de manipulación de los resultados. Este es el punto culminante en el que se demuestra si el Estado fue capaz de proteger el derecho ciudadano más esencial: elegir libremente.

Colombia está, sin duda, en una encrucijada. La salida no se encuentra en el atajo autoritario ni en la omisión institucional; reside en la firmeza del Estado de Derecho, en la ética pública, y en la acción decidida de las instituciones constitucionales, incluida la Fuerza Pública, como guardianes de la libertad, la soberanía y la dignidad de la Nación.

Hernán Penagos Giraldo Registrador Nacional del Estado Civil

Confianza Electoral en tiempos de tensión: la hoja de ruta de la Registraduría

En medio de un escenario nacional marcado por tensiones políticas, desafíos logísticos y preocupaciones de seguridad en distintas regiones del país, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha reafirmado de manera categórica su compromiso con la realización de las elecciones previstas. No hay lugar a dudas: Colombia tendrá elecciones, con todas las garantías necesarias para el ejercicio democrático.

En entrevista exclusiva para la revista de ACORE, el Registrador Nacional del Estado

Civil Hernán Penagos, compartió los avances institucionales, medidas de seguridad y estrategias operativas que se están implementando para asegurar un proceso electoral transparente, incluyente y eficaz.

Desde ACORE, valoramos profundamente este diálogo que fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y promueve una participación electoral consciente e informada, principios que son fundamentales para el fortalecimiento democrático del país.

Registraduría Nacional emplea inteligencia artificial y análisis grafológico para verificar las firmas, asegurando la transparencia de las elecciones de 2026.

Transparencia y confianza ciudadana:

ACORE: ¿Qué estrategias está implementando la Registraduría Nacional para garantizar la transparencia y trazabilidad de los resultados electorales de 2026, frente al creciente escrutinio público y la desinformación digital?

REGISTRADOR NACIONAL: En Plan estratégico 2023-2027 de la Registraduría Nacional se estableció una serie de objetivos estratégicos sobre el rumbo de la Entidad en estos cuatro años. Entre ellos, en la misional electoral se priorizó, precisamente, el fortalecimiento del proceso y, por tanto, de la confianza institucional a través de la garantía de la publicación integral y accesible de la información. La digitalización de los 3 cuerpos de las actas de escrutinio de los jurados (claveros, delegados y transmisión) es una de las novedades que apunta a la publicación integral y que brinda confianza en los resultados en tanto que toda la ciudadanía podrá consultar dichas actas una vez digitalizadas y cargadas en la página y comparar

lo registrado por el jurado y digitado por los jueces en las comisiones escrutadoras. Esto sumado a los habituales controles durante los escrutinios: autenticación de los escrutadores y secretarios de las comisiones; proyección del acta de escrutinio dirigido a los claveros; la doble digitación de los resultados para evitar errores en el ingreso de la información; disponibilidad en todo momento de los logs de auditoría para quien así los solicite; y la publicación de la totalidad de las actas y declaratorias de resultados.

También, como garantía de transparencia y confianza, tendremos, además, auditorías externas los sistemas de información que se implementen en el proceso electoral, así como el acompañamiento de los organismos de observación nacionales e internacionales.

Vale la pena también mencionar el Observatorio electoral (https://observatorio.registraduria.gov.co/views/electoral/historicos-resultados.php) en el que los ciudadanos e

Foto: registraduria.gov.co

interesados encontrarán las estadísticas de los resultados electorales, preconteo, escrutinio y los archivos planos de las votaciones con información detallada para su descarga.

ACORE: ¿Cómo construir confianza electoral, en esta coyuntura política polarizada y con estrategias de desinformación?

RN: La Registraduría Nacional del Estado Civil, según las encuestas, ha sido una de las instituciones en las que más confían los colombianos. Dado que ya hay un camino construido, el desafío es doble: mantener la confianza y posicionar aún más a la Registraduría no solo como institución de carácter técnico, sino también, desde una perspectiva más amplia, como la entidad base para la profundización de la democracia representativa y participativa en Colombia. Trascender el ámbito logístico, que es nuestra misionalidad electoral, implica un proceso de interiorización de los colombianos frente a la importancia de la Registraduría como estandarte,

parapeto de la democracia procedimental y sustancial, y ello solo ocurre si hay un proceso pedagógico fuerte de la todas las instituciones intervinientes en los procesos electorales. Trabajo que se ha ido madurando a través del fortalecimiento de los conocimientos de los actores y, sobre todo, de los jóvenes ciudadanos en quienes es necesario sembrar la semilla de la democracia.

Una ciudadanía informada es la principal herramienta para construir confianza y atacar la información no oficial que se difunde rápida y malintencionadamente por las redes sociales y que afectan el proceso y, en última instancia, la legitimidad del certamen democrático. Los ciudadanos deben contar con herramientas para rastrear y verificar la información que consumen y ese es uno de los objetivos que se ha trazado la Registraduría Nacional.

Tecnología electoral y seguridad informática: ACORE: ¿Cómo se está fortaleciendo la

Conversatorio sobre el proceso electoral: fortaleciendo el diálogo institucional y conocimiento democrático, liderado por el Registrador Nacional en instalaciones de ACORE, noviembre 18 de 2025.

seguridad tecnológica y cibernética de los sistemas de votación y escrutinio, para evitar interferencias externas o internas que afecten la legitimidad de los comicios?

RN: La Registraduría Nacional ha diseñado e implementado un modelo integral para garantizar la seguridad tecnológica y cibernética en los procesos electorales mediante monitoreo avanzado, ciberseguridad proactiva y protección de los sistemas electorales frente a interferencias internas o externas.

En concreto, el modelo incluye las siguientes características y medidas:

Seguridad tecnológica en sistemas de votación y escrutinio

• Infraestructura segura de hardware y software, con redes aisladas física y lógicamente.

• Monitoreo 24/7 mediante el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).

• Validaciones criptográficas, autenticación biométrica y auditoría de logs para trazabilidad.

• Planes de contingencia y simulacros completos para garantizar continuidad operativa.

Preconteo

• Centros de Recepción Telefónica (CRT) con infraestructura segura.

• Simulacros con el 100% de las mesas, validando transmisión, procesamiento y seguridad física, lógica y eléctrica.

• Procedimientos documentados de gestión de riesgos y continuidad.

Escrutinio

• Plataforma Seguimiento y Control en la Web para monitoreo centralizado.

• Validación automática de software y archivos básicos mediante códigos hash.

• Autenticación biométrica de miembros de comisiones escrutadoras.

• Digitalización segura de actas E-14J con lectura QR.

• Registro detallado en logs de auditoría y generación de actas con trazabilidad.

• Módulos para reclamaciones, exclusión de listas revocadas y advertencias normativas.

• Copias de seguridad cifradas y restauración controlada.

• Visores para entes de control con información en tiempo real.

• Simulacro nacional completo hasta declaratoria de elección.

• Custodia especializada de medios magnéticos y actas.

Digitalización y publicación de actas E-11

• Validación contra Archivo Nacional de Identificación (ANI) y censo de mesa División Política Electoral (DIVIPOLE).

• Publicación segura en la web para auditores autorizados.

• Verificación de correspondencia de actas con datos de mesa (departamento, municipio, zona, puesto y mesa).

Seguridad cibernética avanzada

• Contratación de infraestructura tecnológica segura para elecciones de Congreso y Presidencia:

◆ Redes internas aisladas, nube privada segura y NOC interconectado con SOC.

◆ SIEM para correlación de eventos, pruebas de vulnerabilidad y cumplimiento normativo.

• Implementación del servicio “Iron Shield for Electoral Integrity”:

◆ Inteligencia procesable sobre amenazas, detección proactiva y alertas automatizadas.

◆ Observabilidad avanzada, pruebas de penetración continuas y gestión integral de riesgos.

◆ Arquitectura escalable y monitoreo 24x7x365.

Garantías para todos los actores políticos:

ACORE: ¿Qué medidas concretas se están adoptando para asegurar la participación equitativa y segura de todos los partidos, movimientos y candidaturas, en especial en zonas con antecedentes de riesgo electoral o presencia de grupos armados?

RN: Es necesario recalcar que la misión constitucional de la Registraduría Nacional, además de registrar o identificar a los colombianos, es llevar a cabo los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. Otras instituciones contribuyen a la realización de los eventos electorales desde su propia misionalidad, como es el caso de la Fuerza Pública que tiene el mandato de garantizar el orden y la seguridad en el territorio. No

obstante, en tanto que las elecciones deben entender como un conjunto de acciones interinstitucionales para materializar el derecho fundamental a elegir y ser elegido, la Registraduría, por un lado, comparte insumos y colabora y coordina con todas las instituciones que intervienen en el proceso electoral, de tal modo que, ante la existencia de alertas relacionadas con el orden público, estas puedan actuar en el ámbito de sus competencias y garantizar la seguridad; y, por el otro, participa en las Comisiones Nacional, Departamental y Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, y es invitada a las reuniones del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral - CI3E, en el marco del Plan Democracia que construye y lidera la Policía Nacional. En estos espacios, la Fuerza Pública comparte la información relativa a la seguridad y al orden nacional y se solicitan, a la Registraduría, los reportes del avance de las actividades electorales desde una perspectiva técnica y logística.

En consecuencia, es la acción conjunta y coordinada de las entidades en la que se permite solventar este tipo de situaciones.

ACORE: ¿Qué necesita la entidad para poder garantizar las elecciones sin inconvenientes en todo el territorio nacional? ¿Existen zonas que les preocupan más que otras?

RN: Todas las actividades de las elecciones ordinarias de 2026 están garantizadas en sus tres etapas: el registro de grupos significativos de ciudadanos, movimientos y organizaciones sociales y comités promotores del voto en blanco; la inscripción de las candidaturas; la inscripción de ciudadanos y, entre otras, la conformación de la División Política Electoral. Estas fases han iniciado sin inconveniente y otras han finalizado, según los calendarios electorales, con éxito. Las actividades restantes para dichos certámenes también cuentan con el presupuesto necesario para su cabal desarrollo. Empero, como se anotó anteriormente, al tratarse de un proce -

so de Estado, todas las entidades se encuentran en etapa de preparación o ejecución de sus acciones, siempre en coordinación con la Organización Electoral. Por ello, para que una elección funcione sin contratiempos, todas las entidades deben cumplir con las funciones derivadas de sus competencias y coordinarse, en todo caso, para garantizar el buen desarrollo del certamen.

Reformas y modernización institucional:

ACORE: ¿Qué transformaciones estructurales considera prioritarias para que la Registraduría sea más moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía?

la transformación estructural debe plantearse como un todo y no de forma fragmentaria. Es decir, cambios deben pasar por el robustecimiento de la cultura política y la eliminación de las prácticas electorales nocivas para la democracia que, entre otras consecuencias, terminan minando la credibilidad de las instituciones que trabajan con denuedo para que los colombianos puedan ejercer el derecho al voto de manera libre e informada.

Educación cívica y cultura democrática: ACORE: ¿Qué programas de pedagogía electoral y educación ciudadana adelantará la entidad para fortalecer la participación informada y responsable de los votantes en las elecciones de 2026?

Acciones par a la inte gridad electoral 2026

Acciones

RN: La tecnología, es sin duda, uno de los mejores canales para que la atención a los ciudadanos sea ágil y sencilla; sin embargo, aun cuando la mayoría de los servicios electorales están sistematizados y automatizados, lograr el cien % de virtualización no depende exclusivamente de la Registraduría, sino del consenso con otras instituciones y de un entorno propicio para la implementación de más sistemas de información tecnológica. Aún así,

Acciones s par a la inte gridad electoral 2026

par a la inte gridad electoral 2026

Acciones s par a la inte gridad electoral 2026

Acciones para la integridad electoral

s par a la inte gridad electoral

Publicación de actas electorales

Formatos E-14 en sus 3 cuerpos.

Publicación de actas electorales

Formatos E-14 en sus 3 cuerpos.

Auditorías

gridad electoral

Biometría

Auditorías

Comisión seguimiento delitos electorales

Observación internacional

Auditorías

RN: La Registraduría aborda la pedagogía electoral desde dos frentes. De una parte, los actores del proceso electoral −jurados de votación, delegados de puesto, escrutadores, mesas de justicia y Fuerza Pública−, con quienes se realiza un proceso de capacitación integral mediante metodologías prácticas que permiten que cada uno conozca su rol y el de otros actores. Capacitaciones presenciales y material didáctico disponible en la plataforma del Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE) hacen parte de la dinámica pedagógica para dar conocer los procesos y procedimientos de quienes cumplen algún rol en las elecciones.

Auditorías

Observación internacional

Comisión seguimiento delitos electorales

Visor de seguimiento etapas y actividades del calendario electoral

Comisión seguimiento delitos electorales

Visor de seguimiento etapas y actividades del calendario electoral

De otra parte, en el ámbito de la pedagogía dirigida a la ciudadanía, la Registraduría ha consolidado el SICE (https://www.registraduria.gov.co/-Capacitacion-Electoral-SICE-. html) como un sitio de información oficial en el que los ciudadanos podrán encontrar los principales aspectos de las elecciones en cursos, así como un repositorio de los contenidos publicados y difundidos, al respecto, en el último lustro. Así mismo, desde 2024, se ha procurado habilitar espacios en instituciones de educación media y superior, con el propósito de brindar información sobre el sistema electoral colombiano y aspectos relacionados con el ejercicio del derecho al voto.

Visor de seguimiento etapas y actividades del calendario electoral

Paz Electoral: Una estrategia

por la legitimidad democrática y la defensa institucional en Colombia

Análisis ACORE

Este artículo es un análisis interpretativo elaborado por nuestro equipo de redacción a partir de las intervenciones, publicaciones oficiales y declaraciones del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, en torno a la estrategia Paz Electoral. El enfoque adoptado busca ofrecer herramientas para comprender la importancia de esta iniciativa en el contexto colombiano actual, resaltando su impacto en la legitimidad democrática, la

participación electoral y la defensa del orden institucional.

En un contexto nacional marcado por la desconfianza hacia las instituciones y los riesgos que amenazan los procesos democráticos, la estrategia Paz Electoral, liderada por el Procurador General de la Nación, se presenta como una respuesta concreta, preventiva y profundamente constitucional frente a los

desafíos que enfrenta Colombia en materia electoral.

Esta propuesta no solo garantizar que las elecciones se desarrollen con transparencia y seguridad, sino también fortalecer la legitimidad de las instituciones democráticas, proteger el voto ciudadano y promover una participación consciente de los colombianos. Paz Electoral es, en esencia, un llamado a unir esfuerzos desde todos los niveles del Estado y la sociedad para cuidar el proceso más sagrado de una democracia: la elección libre de sus gobernantes.

El Procurador ha sido claro al afirmar que la Paz Electoral no nace de una intención aislada del Ministerio Público, sino que responde a los reclamos y preocupaciones legítimas del pueblo colombiano, que exige procesos electorales confiables, sin violencia ni manipulación. En este sentido, la estrategia busca proteger las instituciones, no solo desde lo normativo, sino desde la acción concreta en los territorios.

Gregorio Eljac, Procurador General de la Nación.

Durante su intervención en la convocatoria nacional de personeros, celebrada en Pereira, Gregorio Eljach invitó a estos funcionarios a convertirse en actores activos de la estrategia, adaptándola a las realidades locales y fortaleciendo su implementación. Este enfoque territorial es clave, pues reconoce que la democracia debe vivirse y protegerse desde las bases sociales, allí donde amenazas como la presión armada, la compra de votos o la abstención tienen mayor impacto.

Un elemento central de la estrategia ha sido la realización de elecciones atípicas como “laboratorios” de Paz Electoral, en los cuales ya se han evidenciado resultados positivos. Según el Procurador, en estos escenarios se ha demostrado que es posible organizar elecciones en paz, con resultados confiables y una participación ciudadana efectiva, desmintiendo las narrativas que buscan sembrar dudas sobre el sistema electoral.

En palabras del jefe del Ministerio Público, “en Colombia va a haber elecciones, con el

presupuesto garantizado, en los puestos de votación habituales, con jurados, testigos y con la vigilancia del Ministerio Público”. Esta afirmación subraya el compromiso institucional de asegurar elecciones libres, conscientes y seguras, en concordancia con el artículo 2 de la Constitución Política, que establece como fin esencial del Estado proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes y derechos, incluyendo el derecho al voto libre. El respeto por los resultados constituye pilar fundamental de la estrategia. El Procurador ha enfatizado que la voluntad del pueblo expresada en las urnas debe ser acatada por todos los actores políticos, y que el dato oficial entregado por la Registraduría Nacional del estado Civil debe reconocerse como legítimo. De esta manera, se protege el orden constitucional y se previenen escenarios de desestabilización institucional.

Otro punto relevante abordado por Eljach es la crítica a la abstención electoral, definida como una renuncia al “sagrado derecho a decidir”. Esta postura busca generar conciencia sobre la importancia de participar activamente en los procesos electorales, recordando que quienes no votan, pierden la oportunidad de incidir en las decisiones públicas y luego reclaman sin haber ejercido su derecho democrático.

En relación con las amenazas a la seguridad electoral, el Procurador fue enfático al señalar que “el problema más grave del país no es el desempleo, son la inseguridad y la violencia”. Por ello, hizo un llamado directo a los grupos

armados ilegales, que cesen sus acciones de intimidación, que respeten a la ciudadanía y permitan que el pueblo elija con tranquilidad. En este punto, la estrategia se articula con la misión constitucional de la Fuerza Pública (artículos 217 a 223), encargada de garantizar el orden y proteger la democracia.

La Paz Electoral también ha logrado sumar aliados estratégicos, como la Iglesia Católica, medios de comunicación, la Federación de Cafeteros y los gremios del Consejo Gremial Nacional. Se proyecta además la vinculación de la Federación de Gobernadores, universidades y organizaciones empresariales como el sindicato antioqueño. Esta articulación multisectorial refuerza el carácter nacional y colectivo de la estrategia.

Finalmente, Eljach propone que la Paz Electoral funcione como una verdadera “cátedra pública abierta”, en la que todos los ciudadanos, especialmente los jóvenes, comprendan el valor del voto, el papel de las instituciones y la necesidad de defender la democracia de manera activa.

En conclusión, la estrategia Paz Electoral no es solo una política del Ministerio Público, sino una propuesta ética, legal y ciudadana para renovar la confianza en las instituciones y fortalecer el tejido democrático del país. Es una invitación a todos los colombianos a participar, vigilar, respetar y defender las elecciones como el mecanismo legítimo y pacífico para construir el futuro de Colombia.

El Procurador General, Gregorio Eljach, lidera el primer Plan Democracia del 2026, cuyo propósito es revisar los retos, avances y desafíos de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República.

Alejandra Barrios Cabrera

Directora de

la Misión de Observación Electoral

Garantías, retos y transparencia en el proceso electoral colombiano

En un contexto democrático donde la transparencia, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones son pilares fundamentales, el papel de la Misión de Observación Electoral (MOE) adquiere una relevancia esencial. A medida que Colombia se prepara para un nuevo proceso electoral, la atención de la ciudadanía se dirige, hacia las garantías y mecanismos que aseguren la legitimidad de los comicios.

Desde ACORE, conscientes de la importancia que reviste este momento para el país y

en sintonía con nuestro compromiso con el fortalecimiento institucional y la defensa de los valores democráticos, hemos sostenido un dialogo directo con su directora Alejandra Barrios Cabrera, y a solicitado esta entrevista exclusiva con la dirección de la MOE. El objetivo es conocer de primera mano cómo se está preparando esta organización para ejercer su rol de veeduría, cuáles son los principales riesgos identificados, y qué papel puede desempeñar la sociedad civil, incluidos nuestros Veteranos, en la vigilancia del proceso electoral.

Participación ciudadana y vigilancia

electoral:

ACORE: ¿Cómo puede la ciudadanía, incluyendo organizaciones como ACORE, contribuir activamente a la observación y veeduría de las elecciones de 2026 para fortalecer la confianza en los resultados?

MOE: La participación ciudadana en la observación electoral es un componente esencial para fortalecer la transparencia y la confianza en los resultados de los comicios. En Colombia, uno de los mecanismos más consolidados para este fin es la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma ciudadana que desde hace más de dos décadas promueve la vigilancia independiente de los procesos electorales. A través de sus 35 coordinaciones regionales, la MOE ofrece a la ciudadanía la posibilidad de vincularse como observadores electorales voluntarios, quienes reciben formación sobre la normativa, los procedimientos y las etapas del proceso. Estos observadores participan activamente en la supervisión del desarrollo de la jornada electoral, el preconteo y el escrutinio, aportando información objetiva que refuerza la legitimidad del proceso y la confianza

y auditores técnicos, encargados de verificar tanto las actuaciones en las mesas de votación como las soluciones tecnológicas implementadas por la Registraduría.

Así, la vinculación ciudadana a la MOE, junto con la creación de veedurías y el control técnico y político de los partidos, constituye una red de vigilancia integral que fortalece la democracia y garantiza procesos electorales transparentes y confiables en 2026.

Transparencia frente a la desinformación:

ACORE: En un contexto donde la desinformación y las noticias falsas inciden en la opinión pública, ¿qué estrategias lidera la MOE para mitigar su impacto y proteger la integridad del proceso democrático?

MOE: La MOE entiende que la desinformación y las narrativas que buscan distorsionar el debate público representan una amenaza seria a la integridad electoral. Por ello, desde hace varios años desarrolla ejercicios de monitoreo de medios durante procesos electorales que permiten identificar patrones de riesgo en la comunicación política del país.

PRESIDENCIA

Subregiones con focos de conflicto armado 2025

Corte 1 de enero a 8 de noviembre de 2025

1. Catatumbo. Especial análisis en la situación de municipio de Tibú como foco principal de conflictividad

2. Arauca. Sub región del Sarare . Municipios CITREP

3. Norte, Nordeste bajo cauca Antioqueños y Sur de Bolívar.

4. Sur del Chocó. Cuenca del Rio San Juan

5. Valle del Cauca y Cauca. Con focos de conflicto en las sub regiones del pacifico medio, concentrado en Buenaventura; Norte del Cauca y Cuenca del Rio Patía (sur del Cauca).

6. Sur de Meta y Guaviare .

ciudadana sobre las candidaturas, las autoridades electorales o las reglas del proceso. La segunda corresponde al monitoreo de discursos estigmatizantes o de odio, enfocado en identificar narrativas que promuevan la discriminación, los señalamientos infundados o que el incremento de las tensiones políticas y sociales.

Ambos ejercicios buscan reconocer las narrativas que generan desorden informativo, analizar su circulación y advertir sobre sus impactos. Para ello, la MOE trabaja con una plataforma académica conformada por 13 universidades en todo el país, lo que permite una mirada amplia, regional y metodológicamente sólida del ecosistema informativo.

Uno de los objetivos de estos estudios es formular recomendaciones que contribuyan a mitigar la desinformación y proteger la calidad de la conversación democrática.

Retos en los territorios y zonas de riesgo:

ACORE: ¿Cuáles son los principales desafíos que ha identificado la MOE en regiones afectadas por violencia, control armado o limitada presencia institucional, y qué mecanismos propone para garantizar allí elecciones libres y seguras?

MOE: En las regiones del país afectadas por la violencia, el control armado o la limitada presencia institucional, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha identificado desafíos estructurales que pueden amenazar principios fundamentales como la libertad del voto y la competencia política. El Departamento del Cauca enfrenta actualmente la situación más grave de violencia asociada a los procesos electorales. Según el informe sobre violencia de la MOE, el Cauca concentra el 20,49 % de las acciones de conflicto armado del país, con 392 hechos de violencia, de los cuales 338 corresponden a acciones

18 -

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

armadas y 54 a amedrentamientos, mostrando además un incremento del 7,10 % respecto al año anterior. En conjunto, los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar reúnen el 67,69 % de las afectaciones nacionales, sin embargo Cauca destaca como el epicentro de mayor riesgo, especialmente en las subregiones del Pacífico Medio, Norte del Cauca y la cuenca del río Patía, donde confluyen la presencia de varios grupos armados y economías ilegales que condicionan la actividad política y la seguridad electoral

En estos territorios, las dinámicas de control social, restricciones a la movilidad y acceso limitado a la información generan condiciones adversas para el ejercicio democrático. No obstante, la MOE advierte que aún se está a tiempo de atender la situación si se actúa con una estrategia coordinada e integral. Aunque las acciones de control social y de presencia armada han mostrado un incremento en los últimos meses, es posible controlar y mitigar sus efectos mediante una respuesta institucional oportuna que garantice tanto el despliegue logístico de la elección como el desarrollo seguro y equitativo de la etapa de campaña.

La organización subraya que estas problemáticas no se resuelven únicamente con operaciones de copamiento militar, pues si

bien pueden generar repliegues temporales de los actores armados, no transforman las condiciones estructurales que sustentan su poder territorial. La verdadera garantía de elecciones libres y seguras requiere asegurar la presencia integral del Estado, traducida en la provisión continua de bienes y servicios públicos como educación, salud, justicia, conectividad y vías de acceso. Una institucionalidad sólida y permanente reduce las condiciones que permiten el control armado y fortalece la autonomía ciudadana en la decisión política.

Por ello, la MOE propone mecanismos de articulación interinstitucional entre la Registraduría, el CNE, la Defensoría del Pueblo, las autoridades locales y la sociedad civil, con el fin de identificar zonas críticas, reforzar la pedagogía electoral y garantizar la protección de votantes, candidatos, testigos y observadores. Solo una acción estatal integral, que combine seguridad, servicios públicos y garantías políticas, permitirá que las elecciones de 2026 se desarrollen en condiciones verdaderamente libres, seguras y representativas.

De igual manera, como en cada proceso electoral, la MOE presentará ante las autoridades y la opinión pública el Mapa de Riesgo Electoral, como un insumo que permitirá priorizar y la atención de los territorios, y garantizar el desarrollo tranquilo de las elecciones legislativas y presidenciales del presente año.

Educación democrática y cultura cívica:

ACORE: Desde la experiencia de la MOE, ¿qué acciones considera prioritarias para promover una cultura electoral basada en la participación informada, la ética pública y la defensa de los valores democráticos?

MOE: Desde la experiencia de la Misión de Observación Electoral (MOE), promover una cultura electoral sólida y democrática requiere un esfuerzo sostenido de pedagogía ciudadana y de articulación entre el Estado y la

sociedad civil. La MOE, así como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio del Interior, impulsa campañas y programas educativos que buscan que la ciudadanía comprenda la importancia del voto, la trascendencia del proceso electoral y su papel como garante del sistema democrático. Estas acciones incluyen jornadas de formación, acompañamiento territorial y campañas de comunicación que fomentan la participación informada, la ética pública y el respeto por la pluralidad política.

De manera complementaria, la MOE ha desarrollado canales de denuncia ciudadana como la plataforma www.pilasconelvoto. com y su línea de WhatsApp 3152661969, a través de los cuales los ciudadanos pueden

LEY DE GARANTÍAS

electorales. Estos mecanismos fortalecen la transparencia, permiten una reacción temprana de las autoridades y reafirman el compromiso colectivo con la integridad del proceso.

Fomentar una cultura democrática no depende solo de las instituciones, sino también del compromiso activo de cada ciudadano. La democracia se construye con información, con criterio y con empatía hacia las distintas visiones del país. Por ello, cada colombiano tiene la responsabilidad de informarse sobre las propuestas, contrastar argumentos y votar de manera libre y consciente, reflejando en las urnas los valores que desea ver representados. Solo a través de esta corresponsabilidad cívica es posible fortalecer la confianza en las instituciones y consolidar una

Ingresa

Plan Democracia 2025-2026: sinergia,

tecnología y transparencia como garantía de la voluntad popular

General

William Oswaldo Rincón

Zambrano Director General Policía Nacional de Colombia

La Policía Nacional de Colombia, en cumplimiento del marco constitucional sustentado en el artículo 218, que define como misión principal el mantenimiento de la paz y la garantía del ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas, se coordina con otras entidades del Estado para asegurar la reali-

zación de las elecciones del 2026. Para ello, pone a disposición todas sus capacidades humanas, logísticas y tecnológicas, con el fin de garantizar el ejercicio de la democracia, cuyo propósito la elección de los nuevos integrantes del Congreso, el próximo Presidente de la República.

La Policía Nacional lista para garantizar la seguridad durante las elecciones interpartidistas en el marco del Plan Democracia 2025.

En este sentido, y conscientes de este gran compromiso, se han trazado tres dimensiones esenciales para el despliegue del servicio de policía bajo la estrategia S2D; Seguridad, Dignidad y Democracia, esta última orientada al desarrollo de unas elecciones libres, confiables, participativas y en paz, asumiendo este rol con el máximo rigor institucional.

Para tal fin, se ha estructurado el Plan Democracia 2025-2026, denominado “Voto Seguro”, una estrategia integral diseñada para proveer la seguridad de los candidatos y garantizar la transparencia de las etapas preelectoral, electoral y poselectoral.

La Institución ha sostenido reuniones de alto nivel con los Ministerios del Interior, y de Defensa, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Registraduría Nacional del Estado Civil y las Fuerzas Militares, con el fin de alinear las capacidades operativas, presupuestales, disciplinarias, fiscales y de defensa, consolidando

un frente común que minimice amenazas contra el certamen democrático.

La estrategia institucional se basa en cinco lineamientos que, de manera articulada ofrecen una cobertura integral al proceso electoral.

1. Protección, Seguridad Integral y Sinergia Interinstitucional

La vida, la libertad y la integridad de los actores y participantes del debate democrático son una prioridad para nuestra institución. En este marco, se ha establecido una ruta de atención liderada por la Dirección de Protección y Servicios Especiales, quienes envían los correspondientes requerimientos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que posteriormente sean tratados en el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), liderado por el Ministerio del Interior. De esta manera y de acuerdo

Foto: Policía Nacional

con la ponderación del nivel de riesgo, se instituyen los esquemas de protección y los medios necesarios en términos de movilidad.

Además, la Dirección General de la Policía implementó la estrategia denominada «Plan Diamante», que despliega una articulación territorial encabezada por los comandantes de departamento y metropolitana. A través de las 54 seccionales de protección, se preparan reservas estratégicas de hombres y mujeres pertenecientes al servicio de policía en temas relacionados con la reacción defensiva y ofensiva en cápsulas de seguridad, así como el manejo de crisis en eventos masivos, para garantizar a los precandidatos el desarrollo de su actividad política en todo el territorio nacional.

2. Lucha Frontal Contra Delitos Electorales

Se creó un Equipo Especial Contra Delitos Electorales (ECODE), liderado por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y la Dirección de Inteligencia Policial

(DIPOL), los cuales se articulan de manera constante para obtener información de interés relacionada con organizaciones o actores criminales que puedan poner en riesgo los comicios. Como resultado se adelantan investigaciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación, que permitan identificar a los autores y partícipes de estas conductas delictivas para su judicialización. El ECODE integra capacidades diferenciales con analistas en inteligencia e investigación criminal, así como expertos informáticos forenses, que, articulados con fiscales destacados, atienden las denuncias con celeridad y aseguran que no exista impunidad para quienes intenten viciar la contienda electoral y la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

3. Inteligencia y Prevención

En Marzo del 2025, se realizó el lanzamiento del CI3E, Centro Integrado de Información de Inteligencia Electoral, liderado por la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL). El cual

articula despliegue de sus capacidades de recolección de información a nivel nacional, para la elaboración el Mapa de Prevención y Seguridad Electoral, que correlaciona 36 variables de riesgo, entre otras, temas de conflictividad social, alertas tempranas, flujos irregulares de dinero e incidencia de grupos armados ilegales, lo que permite anticipar y mitigar riesgos actuales o futuros, así como, optimizar recursos en la planeación del servicio de policía.

Se han trazado tres dimensiones esenciales para el despliegue del servicio de policía bajo la estrategia S2D; Seguridad, Dignidad y Democracia, esta última orientada al desarrollo de unas elecciones libres, confiables, participativas y en paz, asumiendo este rol con el máximo rigor institucional.

El Mapa de Prevención y Seguridad Electoral, se construye en articulación con 15 instituciones del estado, entre las que se encuentran el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, Unidad Nacional de Protección, Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero, los cuales participan activamente en la revalidación de cada una de las versiones del producto final.

4. Capacitación del Personal Policial

La Dirección de Educación Policial, lidera la capacitación de todo el personal activo de la Institución, fundamentada en seis módulos que abarcan el marco legal de los delitos electorales y su tipificación, el uso táctico y operativo de los componentes policiales y el uso de la App-Pol móvil. Esta sinergia, desarrollada a partir del conocimiento, permite materializar esa relación directa entre

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia

CAI virtual: servicio especializado 24/7 para la prevención, atención, y reporte de delitos informáticos. Foto: caivirtual.policia.gov.co/

la necesidad de contar con un número adecuado de funcionarios en mesas y puestos de votación, y las competencias necesarias para el cumplimiento de la misión Constitucional en las próximas elecciones.

Todos los Policías del país somos conscientes del papel preponderante que asumimos como garantes de la transparencia electoral, y la importancia de conocer los procedimientos que orientan el actuar ético y profesional de los participantes en el proceso, el cual permitirá, en los momentos de verdad, actuar con absoluto apego a la Constitución y la Ley.

5. Desarrollos Tecnológicos Policiales para la Seguridad Electoral

A través de la creación del Sistema Plan Democracia (SIPDE), se incluyeron tres módulos de atención que permiten realizar un seguimiento estricto al progreso de las elecciones en todo el territorio nacional.

Sistema de Información Plan Democracia: georreferencia y visualiza el personal en servicio en puestos de votación del país, con

rastreo en tiempo real de las novedades que se presenten.

Bitácora de revistas: registra las actuaciones realizadas con candidatos, sedes políticas y eventos, mediante la PDA y aplicación AppPol.

Activación de Rutas de Atención: Articula las actuaciones de los comandantes de Metropolitana o Departamento, en conjunto con DIJIN, DIPRO, DIPOL y DDHH, permitiendo una atención oportuna y el seguimiento a las novedades reportadas por los actores del certamen electoral.

Adicionalmente el Centro Cibernético Policial participa en el Puesto de Mando Unificado PMU, como espacio de articulación de las instituciones del Estado responsables de la seguridad digital del país, apoyando y asesorando a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el fortalecimiento de los activos informáticos.Así mismo desarrolla protocolos para la atención de software malicioso; y atiende incidentes cibernéticos que puedan afectar a candidatos, partidos políticos y entidades territoriales.

¿En Colombia se adoptó la Doctrina de la Seguridad Nacional y el “enemigo interior”?

El jueves 1 de enero de 1959, a las 3 de la mañana, salió huyendo de Cuba el General Fulgencio Batista en un vuelo hacia la República Dominicana, para ponerse a salvo bajo la protección del dictador Rafael Leónidas Trujillo. A las pocas horas, entraron a La Habana las tropas del Segundo Frente Nacional del Escambray, comandadas por Eloy Gutiérrez Menoyo.

Por: Eduardo Pizarro Leongómez Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia

Tras el triunfo de la Revolución Cubana surgió el denominado “mito guerrillero” como mecanismo para acceder al poder y construir un régimen socialista, el cual se habría de extender a lo todo lo largo y ancho del continente americano -salvo Costa Rica- y, en buena parte del mundo occidental e, incluso, en Japón. Basta mencionar que en los Estados Unidos surgieron tres grupos guerrilleros,

Individuos posan con uniformes históricos frente a la puerta Brandeburgo, Berlín, recreando el contexto de la guerra fría. (19471991)

The Weather Underground (1969), el Black Liberation Army (1970) y el Symbionese Liberation Army (1973); en Canadá, el Frente de Liberación de Quebec (1963); en España, los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (1975); en Francia, Acción Directa (1977); en Italia las Brigadas Rojas (1970), en Alemania la Fracción del Ejército Rojo (1970); en Bélgica las Células Comunistas Combatientes (1983); en Japón, el Ejército Rojo Japonés (1971) y un largo etcétera.

Difícilmente Colombia hubiera podido ser una excepción por una razón simple: nuestro país tuvo la primera experiencia de lucha guerrillera alimentada por un partido marxista leninista en América Latina, antecediendo incluso a Cuba. En efecto, el Partido Comunista de Colombia (PCC) impulsó desde 1950 -en el período de La Violencia- grupos de auto -

Es decir, cuando se desató el “mito guerrillero” en 1959 ya en Colombia existía una experiencia acumulada,que se desarrollará inicialmente con tres grupos: las FARC, el ELN y el EPL a mediados de los años sesenta.

La Guerra Fría llega a América Latina

América Latina, que estaba lejos de los principales escenarios de la Guerra Fría localizados en Europa Oriental y Asia, entró de lleno en esta compleja confrontación entre Washington y Moscú tras la Revolución Cubana.

- 27defensa armada campesina que se habrían de transformar en guerrillas móviles en 1952, mientras que el yate Granma con Fidel Castro a la cabeza llegó a las costas orientales de Cuba proveniente de México el 2 de diciembre de 1956.

En este contexto, se desarrollaron en América Latina dos modelos contrainsurgentes para enfrentar el desafío guerrillero: por una parte, el modelo inspirado en Francia y, de otra parte, el modelo inspirado en la Gran Bretaña, tal como se puede observar en el cuadro 1.

Cuadro 1. Doctrinas militares en América

Latina tras la Revolución Cubana (1959)

Doctrina

Escuela de la Seguridad Nacional

Origen

Foco

Doctrina del “enemigo interno” Control del Estado Francia

Escuela Desarrollista

Gran Bretaña

Ganar el corazón y la mente de la población. Acción cívicomilitar

La Escuela de la Seguridad Nacional (DSN) tuvo sus focos originarios en Brasil y Argentina, dos naciones cuyas FF.MM. habían tenido relaciones estrechas con Francia. Tanto así que a la reconocida Academia Militar das Agulhas Negras -donde se forma la oficialidad brasileña- se la conocía como la Sorbonne Militaire. Los fundamentos de la DSN fueron elaborados por un grupo de coroneles franceses que debieron enfrentar los levantamientos contra la ocupación colonial en Indochina y el norte de África, principalmente, en Argelia. El calificativo era orientado a combatir a los inspiradores de los movimientos de liberación nacional, considerados como enlaces con los centros de poder del socialismo, Moscú y Pekín, y por ello eran percibidos como “enemigos internos”.

Por el contrario, la Escuela Desarrollista, perfeccionada en Gran Bretaña y considerada la forma más adecuada para enfrentar los movimientos de liberación nacional anticoloniales, privilegiaba la gobernanza civil e intentaba ganar el corazón y la mente de la población nativa.

Según el testimonio del Coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez, en la adopción de la Escuela Desarrollista en Colombia, -íntimamente ligada a la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy-, fue clave la participación de oficiales que, en sus cursos de ascenso, asistieron a seminarios en Fort Leavenwoth (Kansas), como el General José Joaquín Matallana y su propio padre, el General Alfonso Velásquez Mazuera.

En América Latina, calificada en los años sesenta como el “continente de los golpes militares”, se erigieron dos tipos de regímenes muy diferentes: por una parte, regímenes militares autoritarios y, por otra, regímenes militares progresistas. Los primeros adoptaron, en general, la DSN para enfrentar el auge guerrillero, mientras que los segundos intentaron contener ese auge insurreccional mediante medidas. Un ejemplo, de estos ultimos, fue el denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el General Juan Velasco Alvarado (1968-1975), promotor de la llamada “tercera vía a la peruana”.

Colombia constituyó una excepción en este auge de gobiernos militares autoritarios o progresistas, pues fue uno de los cuatro países de América Latina (junto con de México, Costa Rica y Venezuela), en los cuales no se produjo un golpe militar en el difícil período posterior a la Revolución Cubana y su impacto continental. ¿Por qué?

General Juan Velasco Alvarado. Militar y Político Peruano. 1968 1975

A mi modo de ver, se trató de la convergencia virtuosa de dos factores: por una parte, la adhesión de las Fuerza Militares Colombianas al modelo inglés para enfrentar la insurgencia naciente; por otra, a la excepcional tradición civilista de nuestras Fuerzas Militares que, como mostré en mi último libro Ni golpes militares, ni golpes civiles. La tradición civilista en Colombia (1831-2024), solo han estado en el poder desde el nacimiento de la actual República de Colombia en 1831 en tres ocasiones: José María Melo (1854) Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y la Junta Militar de Gobierno (1957-1958). En Colombia nadie se acuesta pensando que al amanecer va a estar un Somoza o un Stroessner durmiendo en la Casa de Nariño. Las FF.MM. se sienten profundamente orgullosas de su excepcional tradición civilista.

La evidencia de esta convergencia virtuosa se puede corroborar volviendo a escuchar el famoso discurso del entonces Ministro de Guerra, General Alberto Ruiz Novoa, en el Hotel Tequendama en 1965 invitado por la Sociedad de Agricultores de Colombia, en el cual, defiende una política de seguridad fundada en un reformismo agrario avanzado como la herramienta más adecuada para

General Álvaro Valencia Tovar. Historiador, escritor, columnista y educador. 19212014.

contener el auge guerrillero; en segundo término, vale la pena leer y releer las obras de los más destacados generales-escritores de las FF.MM. en aquel período Álvaro Valencia Tovar, Gabriel Puyana García y Fernando Landazábal Reyes en las que no hay referencia alguna a la DSN, así como los planes militares aprobados en esos mismos años (a los cuales tuve un acceso privilegiado, pues estos continúan erróneamente bajo reserva a pesar de los años transcurridos).

General Alberto Ruíz Novoa (19172017) Militar y Político. En su despacho en el entonces Ministerio de Guerra. Archivo Centro de Estudios Históricos Ejército Nacional

El discurso del General Ruiz Novoa -que le costó el cargo de ministro de Guerra, pues el muy conservador presidente de entonces, Guillermo León Valencia, lo rechazó indignado-, sostiene ni más ni menos que la nueva etapa de la violencia se origina en causas políticas, sociales y económicas, y pone el acento, en particular, en la injusticia social, “que puede llevar, y seguramente llevará, a extremos mucho más graves que la violencia politica que hemos sufrido por tantos años, de no ser suprimidos o al menos disminuidos hasta el punto de que no sigan constituyendo factores perturbadores del orden social”.

Más adelante, sostiene “que la única manera de evitar el progreso del comunismo es por la aplicación de una fina sensibilidad social que reparta la riqueza equitativamente y disminuya el abismo que hoy existe entre las clases de la sociedad colombiana”. Nada más alejado de la idea-central de la DSN, que sostenía que para lograr un clima de seguridad era necesario aplastar al “enemigo interno” y asumir los propios militares el control del Estado. Sin duda, en este discurso y en sus escritos de aquella época se ve reflejado el pensamiento de su maestro, el sacerdote francés Louis-Joseph Lebret quien dirigió la Misión de Economía y Humanismo en Colombia (1954-1956), cuando el General Ruiz Novoa ejercía como Contralor General de la República.

¡Ojalá el país hubiera

escuchado al General

Ruiz Novoa!

En relación con los altos mandos militares que, a su turno, fueron escritores reconocidos como Álvaro Valencia Tovar, (El final de Camilo, el sacerdote guerrillero), de Fernando Landazabal Reyes, (La subversión y el conflicto social) o de Gabriel Puyana García (Vivencias de un ideal: relatos que pueden ser historia), se constata la ausencia total de la Doctrina de la Seguridad Nacional como referente teórico de sus reflexiones sobre el

conflicto armado en Colombia. En los tres casos, hay una insistencia en la necesidad de introducir cambios profundos en la sociedad colombiana hacia una mayor justicia social, para poder enfrentar los nacientes focos insurgentes de la época. Resulta significativo subrayar que el General Valencia Tovar titulará uno de sus libros Mis adversarios guerrilleros y no mis enemigos guerrilleros. Tras muchas conversaciones con él no dudo que lo hizo a propósito.

Incluso, Vale pena recordar que el primer Ministro de Defensa en el gobierno del Presidente Belisario Betancur fue el General Fernando Lándazabal Reyes, dada la visión coincidente entre ambos sobre los llamados “factores estructurales de la violencia”.

En Colombia nunca hubo nada semejante a las obras claves de la DSN en América Latina, como los libros de los generales Golbery

General Fernando Landazábal Reyes, Ministro de Defensa 19821983. Escritor y Político.

do Couto e Silva, (Geopolítica del Brasil, 1978) o Augusto Pinochet, (Geopolítica, 1984).

Así mismo, es de gran interés la lectura de los planes militares en aquellos años (cuadro 2), en los cuales el eje central de la DSN -la noción de un “enemigo interno”- está ausente y, no se contempla la necesidad de un gobierno militar o civil-militar para enfrentar la insurgencia naciente.

Cuadro 2. Planes militares (1962-1973)

Plan

Plan Lazo

Plan Andes para el Desarrollo de la Comunidad

Plan de Guerra Perla

Período

1962-1967

1967-1973

1968-1973

No obstante, es necesario reconocer que, tras un conflicto tan prolongado como el que ha sufrido Colombia -tanto que, en 1965, el Presidente Guillermo León Valencia cambió el nombre al Ministerio de Guerra por Ministerio de Defensa Nacional (Decreto 3398 de 1965), para apuntalar que su objeto no era ya un improbable conflicto armado externo, sino el conflicto interno en curso-, los miembros de las Fuerzas Militares se forman en los lineamientos de la guerra de contrainsurgencia e, incluso es necesario también

General del Ejército de Chile, Augusto José Ramón Pinochet, militar y expresidente de Chile encabezó la dictadura militar. 19731990.

reconocer que ha habido excesos -tanto en el campo de las instituciones oficiales, como en la de sus adversarios.

Sin embargo, Colombia se ha visto favorecida por la tradición civilista de las Fuerza Militares y por el escaso peso de la DSN en Colombia. Sin duda, aquí y allá en las revistas de las FF.MM. se encuentran artículos favorables a esta doctrina especialmente en los años ochenta y noventa del siglo pasado, para bien del país nunca hubo una adopción de esa nefasta doctrina en el país.

Bibliografía

Armando Borrero, “La guerra fría y la doctrina de la seguridad Nacional”, en Francisco Leal, Estudios sobre la seguridad nacional en Colombia, Vol. IV, U. de los Andes y UN, 2018.

César Augusto Castaño, “General Alberto Ruiz Novoa: Un soldado de todos los tiempos”, disponible en https://esdegrevistas.edu.co/

Julián Gómez-Delgado, “El trabajo de la Misión de Economía y Humanismo en Colombia 1954 – 1958”, disponible en: https://www.academia. edu/

“Discurso del Señor Ministro de Guerra para contestar al Sr. presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia en el homenaje a las FF.MM., el día 27 de mayo de 1964 en el Hotel Tequendama de Bogotá”, disponible en: https://esdegrevistas.edu.co/

Luis Alexander Montero, “Modelos comparados de contrainsurgencia: tradiciones británicas y francesas, y su aplicabilidad en conflictos contemporáneos”, disponible en https://ceeep.mil.pe/

Gral. (r), Carlos Ospina Ovalle, “El enemigo interno y la Doctrina de la Seguridad Nacional”, disponible en: https://repository.umng.edu.co/

Eduardo Pizarro, Ni golpes militares, ni golpes civiles. La tradición civilista en Colombia (1831-2024), Bogotá, Penguin Random House, 2024.

Miembros del grupo ‹Lobos de la

Competencia Geopolítica Global

Introducción

Por: Carlos Alberto Patiño Villa Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

En este artículo se analiza sintéticamente la actual coyuntura de competencia geopolítica global, en la que grandes potencias, junto a sus aliados regionales, disputan activamente el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial mediante el tratado de San Francisco y la creación de la Organización de las Naciones Unidas ONU, dando paso a un sistema multilateral

basado en reglas (Barbé, 2025). A diferencia del equilibrio impuesto durante la Guerra Fría —que obligó a los países a alinearse con EE.UU. o la Unión Soviética, generando un cierto “orden mundial” (Westad, 2017)—, hoy se vive una ruptura abierta de acuerdos y mecanismos de gobernanza internacional. El conflicto que encarna esta fractura es la guerra en Ucrania, iniciada con la anexión de Crimea en 2014 y agravada por la invasión a gran escala de Rusia en 2022.

noche› celebran cinco años de la anexión de Crimea a Rusia, en Sebastopol, 16 de marzo de 2019. Foto France24

Esta guerra ha afectado directamente la estabilidad de regiones enteras, acelerando procesos de militarización, cambio de regímen e inestabilidad global, en medio de una paradoja jurídica, ya que Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

El presente texto se sustenta en una trayectoria de más de diez años de investigación desarrollada en la Universidad Nacional de Colombia, que ha dado lugar a diversos artículos académicos y periodísticos, así como a los libros Imperios contra Estados. La destrucción del orden internacional contemporáneo (Patiño, 2017); Guerra en Ucrania. Origen, contexto y repercusiones de una guerra estratégica de impacto global (Patiño, 2022), y La guerra global invisible. Ucrania, el mundo y el retorno de los imperios (Patiño, 2025). En conjunto, estas obras abordan cómo la guerra en Ucrania ha catalizado una transformación estructural del orden mundial, sin que exista aún un modelo claro de reorganización global.

1. La invasión a gran escala de Ucrania en 2022:

El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una in-

vasión a gran escala contra Ucrania, desplegando alrededor de 190.000 soldados a través de cinco frentes, desde Bielorrusia hasta Crimea (Clark, Barros & Stepanenko, 2022). Esta operación, ampliamente planificada, incluyó equipamiento militar, pertrechos e infiltración táctica, y fue justificada por el Kremlin como una respuesta preventiva ante una supuesta amenaza de la OTAN. Simultáneamente, Rusia negó la existencia de Ucrania como nación soberana, calificando a su gobierno como ilegítimo y fascista (Troianovski, 2022), mientras reconocía unilateralmente la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk (Cuesta & Sahuquillo, 2022).

El objetivo inmediato de Moscú era derrocar al presidente Volodímir Zelenski, tomar Kiev y establecer un régimen afín. Putin sostenía que Ucrania era parte del territorio histórico ruso y que su independencia era una ficción (Putin, 2022). La estrategia confiaba en una rendición rápida por parte de las fuerzas ucranianas. Sin embargo, esta expectativa fue desmentida por una resistencia firme que sorprendió tanto a Rusia como a Occidente, que inicialmente preveían una caída rápida de Kiev (Segura, 2024).

El presidente estadounidense Roosevelt firma la Declaración de las Naciones Unidas (enero, 1942) Foto: meer.com

Imagen de Brucha en Ucrania, utilizada por Amnistía Internacional para ilustrar la invasión rusa a gran escala de Ucrania y las graves consecuencias humanitarias desde febrero de 2022. Foto: es.amnesty.org

Para Europa y buena parte del mundo occidental, la invasión significó el regreso abrupto de la guerra al continente, alterando la percepción de seguridad y estabilidad construida tras la Segunda Guerra Mundial. Como señala Macmillan (2021), muchos europeos consideraban que la guerra era una experiencia del pasado. La invasión no solo significó un ataque militar, sino también un golpe al orden multilateral y al derecho internacional, generando una confrontación entre autocracias y democracias.

Desde la perspectiva ucraniana, la invasión representó un acto imperialista más de Rusia y se convirtió en una guerra de liberación nacional. Según Plokhy (2023) y Freedman (2023), mientras Moscú buscaba restaurar su influencia imperial, Ucrania luchaba por su soberanía histórica y diferenciación nacional. La firmeza de su defensa fue clave para desmentir las previsiones iniciales de derrota inminente.

A finales de 2025, el conflicto ha alcanzado los 46 meses, atravesando al menos cua-

tro fases marcadas por combates intensos, transformaciones tecnológicas y estrategias diplomáticas globales (Patiño, 2025). No hay señales claras de una resolución próxima, lo que convierte a esta guerra en un eje estructurante de la actual reconfiguración geopolítica global (Segura, 2025).

2. Los bandos en disputa:

Rusia llegó a la guerra con una red de alianzas previamente estructurada. Su socio más cercano, Bielorrusia, actuó como un Estado casi federado, permitiendo la acumulación de tropas y equipamiento desde 2021 y sirviendo como plataforma para el avance hacia Kiev, lo que la convirtió en parte beligerante desde el inicio del conflicto. A esta relación se sumó la alianza “sin límites” firmada entre Vladimir Putin y Xi Jinping en febrero de 2022, orientada a contrarrestar la influencia occidental y promover un nuevo orden internacional (Rizzi, Sahuquillo & Vidal Liy, 2022). China ha sido un soporte económico, diplomático y tecnológico clave, aportando incluso tecnología de uso dual para sostener el esfuerzo militar ruso (Sher, 2024).

Junto a China y Bielorrusia, Rusia consolidó alianzas militares relevantes con Corea del Norte e Irán. Pyongyang ha aportado armas, municiones, inteligencia y más de 15.000 soldados que han combatido directamente en Ucrania, fortaleciendo su propia experiencia militar y sellando acuerdos de defensa mutua con Moscú (DW, 2024). Irán, por su parte, ha suministrado drones, equipos militares e inteligencia, reforzando un eje estratégico en Medio Oriente que incluyó a Siria hasta la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, un golpe significativo para la influencia ruso-iraní en la región (Troianovski & Fassihi, 2022; MacFaquhar, 2024). Entre los aportes más decisivos destacan los drones Shahed, utilizados masivamente por Rusia en ataques ofensivos (Chulov, Sabbagh & Mando, 2023). Además de estas alianzas formales, Rusia ha recibido apoyo político, diplomático o militar indirecto —principalmente mediante mercenarios— de países como Siria, Chad, República Centroafricana, Burkina Faso, Níger, Malí, Sudán, Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En contraste, Ucrania cuenta con un bloque amplio encabezado por la Unión Europea y la OTAN. A ellos se suman 39 democracias com-

petitivas, entre ellas Japón, Corea del Sur y Australia, que han apoyado política, económica y militarmente a Kiev (español, 2022).

El cambio más significativo dentro del campo pro-ucraniano fue el abandono de la neutralidad histórica de Finlandia y Suecia, países que, tras la invasión de 2022, consideraron indispensable integrarse plenamente a la OTAN, revirtiendo décadas de distanciamiento estratégico respecto a Moscú (Lemola, 2022). Esto representó un revés directo para los objetivos rusos de intimidación regional. Estados Unidos fue el principal aliado de Ucrania hasta mediados del tercer año de guerra, cuando, con la llegada del segundo mandato de Donald Trump en 2025, surgieron tensiones, ambivalencias y desacuerdos que afectaron también a Europa y a la OTAN en su conjunto (Baker, 2025).

Finalmente, un grupo de países relevantes ha mantenido posiciones ambiguas o supuestamente neutrales, como India, Pakistán, Brasil y México. No obstante, estas “neutralidades” esconden intereses contradictorios: India, por ejemplo, oscila entre su histórica alianza con Rusia, su acercamiento estratégico

Líderes de países aliados y socios en el Foro Mundial de la Haya, durante la cumbre de la OTAN, reafirmando el compromiso de apoyar a Ucrania tras la agresión de Rusia. Junio de 2025. Foto: realinstitutoelcano.org

a Estados Unidos y su rivalidad constante con Pakistán, aliado cercano de China. Estas posturas matizadas reflejan la complejidad del reordenamiento internacional y la crisis del sistema multilateral.

3. Conflictos detonados por la guerra en Ucrania a escala global: La guerra en Ucrania ha tenido un efecto catalizador en múltiples regiones del mundo, empezando por Europa, donde la percepción de amenaza rusa ha obligado a exrepúblicas soviéticas y países históricamente bajo influencia de Moscú —como Polonia, Finlandia o Moldavia— a reforzar sus capacidades de defensa, retomar debates estratégicos y considerar medidas como el servicio militar obligatorio (Vigilant, 2025). Esta reactivación geopolítica se debe al temor de que la agresión rusa no se limite a Ucrania, sino que pueda expandirse a otras áreas de Europa Oriental o Asia Central.

En Medio Oriente, el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la respuesta militar de Israel sirvieron de excusa para expandir una ofensiva regional contra Irán y sus aliados, en una dinámica que coincide con la reconfiguración del orden

regional influida por la guerra en Ucrania (Frantzman, 2025). La caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria (MacFaquhar, 2024), atribuida a la intervención indirecta de Ucrania y sus aliados, marcó un quiebre para el eje ruso-iraní. En julio de 2025, EE.UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra el programa nuclear iraní en lo que Trump denominó la “Guerra de los 12 Días” (Fassihi, Sanger & Boxerman, 2025), debilitando aún más la capacidad de Irán para influir en la región.

Aunque públicamente criticaron los ataques israelíes, muchos gobiernos árabes aceptaron en silencio la ofensiva contra Irán, considerado un rival geopolítico (Hussain, 2025). Sin embargo, estos hechos también generaron fuertes acusaciones contra Israel por posibles crímenes de guerra en Gaza, especialmente por parte de Sudáfrica, que denunció actos de genocidio y rememoró la histórica complicidad israelí con el régimen del apartheid (McGreal, 2006). Esta ambivalencia muestra cómo la guerra en Ucrania ha sido instrumentalizada para reordenar alianzas y debilitar enemigos co munes, al tiempo que intensifica la confrontación global.

La Franja de Gaza Foto: elconfidencial.com:

En África, la influencia rusa ha resurgido mediante golpes de Estado respaldados por Moscú y la participación activa de mercenarios en conflictos como el de Sudán, donde tropas ucranianas y rusas han intervenido directamente en apoyo a bandos opuestos (Sabbagh, 2024). África se ha convertido en otro escenario de la competencia estratégica, disputada no solo mediante presencia militar, sino también con acciones diplomáticas, comercio de armas y distribución de alimentos provenientes de Rusia y Ucrania.

Asia tampoco ha permanecido al margen. Corea del Norte eliminó su compromiso de reunificación pacífica en 2024, lo que muchos interpretan como un preludio a un conflicto abierto con Corea del Sur. China, por su parte, ha advertido que no aceptará la derrota de Rusia en Ucrania, lo que refleja su temor al debilitamiento de su bloque geopolítico. Países como Japón y Australia han iniciado programas de rearme, mientras Vietnam y Filipinas reevalúan sus alianzas estratégicas ante una China cada vez más observadora y desafiante (Caruncho, 2025).

Aunque América Latina parece distante del conflicto, no está exenta de sus efectos. El retorno de EE.UU. a una política de influencia bajo el mandato de Trump, junto con la reactivación del eje Rusia-Cuba-Venezuela, ha reabierto la disputa geopolítica en la región. Pese a su retórica antiimperialista, muchos gobiernos latinoamericanos han guardado silencio sobre la agresión rusa en Ucrania, mientras critican abiertamente la guerra en Gaza, revelando posturas ideologizadas y una

Ciudadanos nigerinos enarbolan la bandera de Rusia tras el golpe de Estado de 2023. Foto: Larazon.es

escasa coherencia en la defensa del derecho internacional y del orden multilateral.

4. Consecuencias geopolíticas y disputas estratégicas:

El mundo se encuentra inmerso en una competencia geopolítica de grandes proporciones, que de facto ya está transformando el sistema internacional, la posición de las grandes potencias y las esferas de influencia. Algunos observadores, en distintos momentos de los casi cuatro años de duración de la guerra en Ucrania, han planteado que se trata de una nueva forma de guerra mundial, y aunque suena un poco impresionante, sí se debe reconocer que las dinámicas y las líneas de fractura que al tenor de las alianzas compiten por la victoria en Ucrania, han redefinido otros movimientos en diferentes regiones, de forma tal que los cambios locales no carecen de relevancia global, al tiempo que las dinámicas políticas locales deben encontrar respaldos globales para ser sostenidas y defendidas.

Las interpretaciones parciales o ideologizadas de estos conflictos evidencian los cambios de posición que asumen los Estados frente a las grandes potencias y delinean una nueva geopolítica en medio de un orden internacional que osci la entre el menos precio de los poderes y el desorden de la falta de consensos sostenibles.

QR, artículo completo con bibliografía

De la sinergia híbrida a la integración de dominios de la guerra: evidencia y agenda para Colombia

En solicitud al señor Vicealmirante León Ernesto Espinosa Torres Director Escuela Superior de Guerra

Por equipo académico de la Escuela Superior de Guerra:

Juan Camilo Urazan Chinchilla Docente Investigador

Teniente Coronel Ervin Iader Triana García Cuerpo de Infantería de Marina – Armada de Colombia

Coronel (R) Guillermo Arvey Orozco Becerra Ejército Nacional de Colombia

Conceptualizaciones operativas: amenaza híbrida, guerra proxy, guerra cognitiva y la idea de dominio cognitivo como “sexto dominio” funcional

El concepto amenaza híbrida se describe en la literatura científica y académica especializada como configuraciones de fuerza

y coerción que integran medios militares y no militares (convencionales e irregulares, cibernéticos e informacionales, económicos y jurídicos) empleados de forma sincrónica para degradar capacidades, cohesión y legitimidad del adversario bajo umbrales de atribución y respuesta estatal, aprovechando

Foto:

elordenmundial

opacidades normativas y espaciales entre paz y guerra (Hoffman, 2007). Esta convergencia desplaza el centro de gravedad desde el campo de batalla clásico hacia sistemas sociotécnicos críticos (infraestructuras, cadenas de suministro, procesos electorales y ecologías mediáticas), y exige marcos de resiliencia, coordinación interagencial y umbrales de respuesta graduada capaces de armonizar disuasión, contención y recuperación sin desencadenar escaladas indeseadas (Europejska & Zewnętrznych, 2016). La literatura especializada advierte que la elasticidad semántica del término híbrido demanda precisión conceptual, para evitar su uso totalizante y preservar criterios claros de atribución, legalidad y gobernanza democrática de la respuesta (Wither, 2020).

En ese entramado, la guerra por delegación (Proxy Warfare) opera como vector operativo decisorio. En términos funcionales, consiste en que un patrocinador (estatal o no estatal) apoya y condiciona a un apoderado (proxy) mediante financiación, adiestramiento, inteligencia, provisión de armas, apoyo logístico o cobertura política/diplomática, manteniendo grados variables de control y de negación plausible (Mumford, 2013). La arquitectura proxy

externaliza riesgos, multiplica frentes y manipula umbrales de atribución; de igual forma, se integra con ciberoperaciones, campañas de influencia y coerción económica para producir efectos sinérgicos que saturan la capacidad de decisión del objetivo e incrementan los costos políticos de reaccionar (Rauta, 2020). Lejos de ser residual, la delegación configura ecosistemas de conflicto multifacético en los que redes financieras, logísticas y mediáticas sostienen la maniobra reconfigurando el teatro más allá de lo cinético y reforzando la porosidad entre lo interno y lo externo (Mumford, 2013).

La guerra cognitiva delimita la intervención deliberada sobre procesos mentales y conductuales (percepción, atención, emoción, memoria y toma de decisiones) para moldear comportamientos y producir efectos estratégicos sostenidos, más allá de la persuasión episódica propia de operaciones de información tradicionales (Claverie & du Cluzel, 2022). En su praxis, combina microsegmentación algorítmica, explotación de sesgos y saturación informativa para alterar marcos interpretativos, disminuir coherencia situacional y erosionar la confianza entre ciudadanía e instituciones, con implicaciones directas sobre legitimidad y cohesión (Paul & Matthews, 2016).

De esta trayectoria deriva la propuesta del dominio cognitivo como “sexto dominio” funcional, la cual, más que metáfora, se trata de una categoría operativa que organiza funciones, capacidades, métricas y reglas de empeñamiento orientadas a proteger y proyectar la agencia humana en entornos altamente conectados y contestados. Así mismo, especifica su objeto (procesos cognitivos y conductuales) y su output (decisiones y comportamientos) para integrarlo con sensores, inteligencia, fuegos y maniobra en arquitecturas multidominio (TRADOC, 2018). Reconocer el dominio cognitivo no implica subsumirlo en lo informacional: exige delimitar mecanismos, umbrales y salvaguardas normativas, y vincularlo a la evaluación de desempeño y al control de su empleo, especialmente, en contextos latinoamericanos, donde la porosidad fronteriza y las economías ilícitas amplían superficies de vulnerabilidad cognitiva y comunicacional (Europejska & Zewnętrznych, 2016).

Evolución: de campañas híbridas a conflictos multifacéticos a partir de dinámicas proxy (patrocinio, control, negación plausible, autonomización)

La transición desde campañas híbridas hacia conflictos multifacéticos puede leerse como una trayectoria de complejización en la que los arreglos por delegación (proxy) operan como catalizadores de simultaneidad, dispersión y ambigüedad estratégica, y de ese modo expanden el campo de confrontación más allá de los frentes cinéticos hacia redes financieras, logísticas, informacionales y sociales que sostienen a los apoderados (Mumford, 2013). En un primer estadio, la hibridación integra tácticas convencionales e irregulares con herramientas cibernéticas y de influencia, buscando efectos sinérgicos por debajo de umbrales de respuesta automatizados; sin embargo, es la incorporación sistémica de la proxy la que habilita la multiplicación de teatros, la externalización de riesgos y la manipulación de atribución, y lle -

va, por tanto, a configuraciones “multifacéticas” en las que convergen dominios y actores heterogéneos bajo una lógica de mando indirecto (Hoffman, 2007; Mumford, 2013).

Cuatro dinámicas proxy resultan analíticamente decisivas en esta evolución: Patrocinio, control, negación plausible y automatización. El patrocinio define el vector de recursos -financiación, entrenamiento, inteligencia, armas, logística- que robustece la capacidad operativa del apoderado y le permite sostener campañas sincronizadas con fines estratégicos del patrocinador en múltiples planos, desde el territorio hasta la narrativa (Mumford, 2013). El control, que oscila entre direccionamiento operativo estricto y conducción por incentivos, determina el grado en que los efectos perseguidos por el patrocinador se traducen en maniobras coordinadas con otras líneas híbridas, como, ciberataques contemporáneos con operaciones de información para saturar la toma de

decisiones del adversario (Rauta, 2020). La negación plausible preserva la ambigüedad estratégica elevando los costos de atribución y retrasando respuestas estatales o coalicionales, lo cual resulta funcional en entornos de zona gris y para la explotación de vacíos normativos (Rauta, 2020). Finalmente, la autonomización describe el proceso por el cual el apoderado, empoderado por recursos y legitimidad local, deriva en agencia propia que puede desalinearse parcialmente de los objetivos del patrocinador, generando trayectorias no lineales del conflicto y, una mayor multifacetización (Mumford, 2013; Rauta, 2020). Esta arquitectura indirecta no opera en el vacío: se acopla a repertorios híbridos que involucran coerción económica, lawfare, sabotaje infraestructural y campañas informacionales persistentes, por lo que refuerzan la porosidad entre lo interno y lo externo y expanden las superficies de ataque a sistemas sociotécnicos críticos y a la esfera de la legitimidad (Hoffman, 2007). En térmi-

nos de diseño, el salto de la sinergia híbrida al conflicto multifacético supone pasar de la coordinación ad hoc de instrumentos a la orquestación de ecosistemas de actores y capacidades, donde proxies y habilitadores cibernético -informacionales producen efectos acumulativos y, a menudo, retardados, cuya atribución se disputa en el terreno cognitivo (Paul & Matthews, 2016). Esta deriva incrementa la necesidad de medir y evaluar efectos no cinéticos, pues la eficacia del patrocinio y del control se manifiesta tanto en desplazamientos territoriales como en variaciones de conducta colectiva y en deterioro de la voluntad política del adversario (Paul & Matthews, 2016).

Como resultado, la evolución hacia conflictos multifacéticos impone al planeamiento y a la conducción estratégica varias exigencias. Primero, reconocer que la proxy no es residual, sino estructural, en la generación de simultaneidad y ambigüedad, por lo que la inteligencia debe integrar mapeos de redes de apoyo (financieras, logísticas, comunicacionales) al apoderado, además de sus capacidades cinéticas (Mumford, 2013). Segundo, articular umbrales de atribución y respuesta que contemplen la negación plausible sin caer en la inacción, combinando criterios probatorios, trazabilidad de flujos y evaluación de efectos en el dominio cognitivo, para sustentar decisiones proporcionales y legales (Rauta, 2020; Paul & Matthews, 2016). Tercero, incluir en el cálculo operativo los riesgos de autonomización del apoderado, que pueden reconfigurar la ecología del conflicto y revertir líneas de esfuerzo si no existen mecanismos de condicionalidad y control de daños (Mumford, 2013).

Implicaciones para Colombia: difuminación interna/externa, fronteras porosas, acción integral y comunicación estratégica; aprendizajes para doctrina y planeamiento

La difuminación práctico-operativa entre amenazas internas y externas en Colombia

es favorecida por economías ilícitas transnacionales, presencia de actores armados irregulares en áreas de frontera y una capa informacional densamente disputada, lo que sitúa al país en un entorno de “zona gris” donde la atribución es difícil y la coerción se ejerce con medios combinados por debajo del umbral de la guerra abierta (Buzan et al., 1998). Esta porosidad incrementa la exposición a arreglos por delegación y a repertorios híbridos (ciber, información, finanzas ilícitas, logística transfronteriza) que conectan agendas domésticas con vectores externos, y así amplían superficies de ataque a sistemas sociotécnicos críticos y a la esfera de la legitimidad (NATO, 2020).

En este contexto, la respuesta efectiva requiere una arquitectura de acción integral que sincronice instrumentos civiles y militares en torno a cuatro líneas: conciencia situacional compartida, protección de infraestructura crítica, ciberseguridad operacional y resiliencia societal (Europejska & Zewnętrznych, 2016). La experiencia europea frente a amenazas híbridas muestra la utilidad de centros de fusión interagencial, evaluación de dependencias cruzadas en energía, telecomunicaciones y transporte, y protocolos de continuidad de servicios en entornos de presión híbrida y sabotaje (Europejska & Zewnętrznych, 2016). Para

Colombia, estas prácticas son transferibles a corredores fronterizos críticos, donde la interrupción de servicios esenciales se convierte en multiplicador de efectos informacionales y de gobernabilidad (NATO, 2020).

Ahora bien, el plano cognitivo ha adquirido centralidad operativa. En este sentido, la literatura sobre desinformación y manipulación informativa identifica que la propagación de narrativas falsas o engañosas sigue lógicas de volumen, multicanalidad y repetición que maximizan exposición y plausibilidad; sobre todo, durante periodos de alta fricción social (Paul & Matthews, 2016). En contextos democráticos, marcos de prevención recomiendan vigilancia del entorno informacional, alfabetización mediática, protocolos de respuesta rápida y coordinación de mensajes, para evitar escaladas performativas de rumores o campañas maliciosas (Wardle & Derakhshan, 2017). En el caso colombiano, integrar estas capacidades con las funciones de Acción Integral y con autoridades civiles permite anclar la protección de la opinión pública en objetivos operacionales y en salvaguardas de derechos (Europejska & Zewnętrznych, 2016).

En síntesis, la estrategia nacional debería priorizar escenarios de fusión de información y análisis de redes en corredores fronterizos; planes de continuidad para infraestructura crítica; capacidades de contra-desinformación y comunicación estratégica coordinadas con autoridades civiles, y marcos de atribución y respuesta graduada que combinen instrumentos judiciales, regulatorios, financieros e informacionales antes de escalar a medios militares. Este conjunto, además de fortalecer la legitimidad, aumenta el costo y reduce la utilidad de repertorios híbridos que dependen de ambigüedad, porosidad y fracturas cognitivas (NATO, 2020).

onclusiones: síntesis de hallazgos y agenda aplicada para las fuerzas y la seguridad y defensa nacional.

Este documento sostiene que la guerra híbrida debe entenderse como una reconfiguración de la coerción que opera mediante ensamblajes sincrónicos de medios militares y no militares, mientras que los arreglos por delegación catalizan su deriva hacia conflictos multifacéticos al multiplicar teatros, externalizar riesgos y manipular la atribución; a la par, la capa informacional y, en particular, el plano cognitivo devienen ejes de maniobra que obligan a su integración explícita en diseños multidominio con salvaguardas democráticas y control civil (Hoffman, 2007; Rauta, 2020; NATO, 2020). En cuanto a la especificidad colombiana (fronteras porosas, economías ilícitas transnacionales y ecosistemas informacionales altamente disputados) exige gobernanza de la zona gris, fortalecimiento de la resiliencia sistémica y protocolos de atribución y respuesta graduada, con énfasis en continuidad de servicios esenciales, protección de legitimidad y coordinación interinstitucional en corredores críticos (Europejska & Zewnętrznych, 2016; Buzan et al., 1998).

Estas conclusiones justifican una actualización doctrinal que incorpore el escenario proxy y el dominio cognitivo como fenómenos estructurales del entorno estratégico; de igual forma, se vuelven esenciales, la adaptación del planeamiento, para evaluar efectos no cinéticos y cognitivos, el desarrollo de ejerci-

cios interagenciales que articulen sensores, inteligencia, fuegos, comunicación estratégica y herramientas legales/financieras bajo mando y control apto para sincronizar dominios en tiempo casi real, con auditoría de legalidad y rendición de cuentas (Hoffman, 2007; NATO, 2020).

Referencias

Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). Security: a new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers.

Claverie, B., & du Cluzel, F. (2022). The cognitive warfare concept. Innovation hub, NATO alliedcommand transformation https://innovationhub-act.org/wp-content/uploads/2023/12/CW-article-Claverie-du-Cluzel-final_0.pdf

Europejska, K., & Zewnętrznych, E. S. D. (2016). Joint communication to the European Parliament and the Council, joint framework on countering hybrid threats: A European Union response. https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN%3A2016%3A18%3AFIN

Hoffman, F. G. (2007). Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars. Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies. https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0 108.pdf

Hybrid Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE). (2024). Hybrid threats as a phenomenon. https://www.hybridcoe. fi/hybrid-threats-as-a-phenomenon/

Mumford, A. (2013). Proxy warfare. John Wiley & Sons. North Atlantic Treaty Organization (NATO). (2020). Countering hybrid threats. https://www.nato.int/cps/en/ natohq/topics_156338.htm

Paul, C., & Matthews, M. (2016, July 11). The Russian “Firehose of falsehood” propaganda model: Why it might work and options to counter it. RAND. https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html

Rauta, V. (2020). Proxy warfare and the future of conflict: take two. The RUSI Journal, 165(2), 1-10. https://doi.org/10.1080/03071847.2020.17364 37

U.S. Army Training and Doctrine Command (TRADOC). (2018). The U.S. Army in multi domain operations 2028 (TRADOC Pamphlet 525-3-1). https://adminpubs.tradoc.army.mil/pamphlets/TP525-3-1.pdf

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: toward an interdisciplinary framework for research and policymaking (Vol. 27). Council of Europe. https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for- researc/168076277c

Wither, J. K. (2020). Defining hybrid warfare perconcordiam, 10(1), 18–22. https://www.marshallcenter.org/sites/default/files/files/202005/pC_V10N1_en_Wither.pdf

Ciudadanos iraníes

Israel–Irán 2025

Lecciones estratégicas y geoeconómicas

para la comunidad aérea

Resumen

Por: Coronel Abelardo Moreno Lemos

Subgerente CODALTEC

El ataque preventivo ejecutado por la Fuerza

Aérea Israelí (IAF) el 12 de junio de 2025, contra instalaciones nucleares y depósitos de misiles balísticos iraníes reconfiguró, en cuestión de horas, los equilibrios de disuasión en Oriente Medio y generó fuertes tensiones en las cadenas de suministro energético global.

El presente artículo examina, desde una perspectiva multidimensional, los antecedentes que precipitaron la operación, su desarrollo táctico-operacional, las repercusiones geoeconómicas inmediatas y las lecciones doctrinales que pueden derivarse para las fuerzas aéreas contemporáneas. El análisis está orientado especialmente a oficiales en

celebran en las calles los ataques con misiles y drones de Irán contra Israel. Junio de 2025.

retiro que continúan incidiendo en la formulación de políticas de defensa y en los procesos de modernización institucional.

1. Antecedentes inmediatos: urgencia nuclear y crisis de ambigüedad estratégica

El 31 de mayo de 2025, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) certificó que Irán había acumulado 95 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, cantidad suficiente para fabricar varias ojivas nucleares en cuestión de semanas, si se refinara al 90%.

Ese hito técnico, que marca una aceleración crítica en el programa nuclear iraní, fue seguido por una declaración del Ministro Iraní de Inteligencia, quien anunció la sustracción de “miles de documentos” sobre la capacidad nuclear israelí, amenazando así la histórica política de amimut, es decir, la ambigüedad disuasiva, mantenida por Israel.

La combinación entre el avance técnico del programa iraní y la potencial pérdida de opacidad estratégica generó en Tel Aviv una percepción de amenaza existencial. El gabinete de seguridad priorizó entonces una

acción de preventiva orientada a retrasar el progreso nuclear iraní y restaurar el equilibrio disuasivo regional.

Paralelamente, la economía iraní mostraba signos de debilitamiento estructural: sus exportaciones petroleras había caído 16 % por efecto de las sanciones internacionales y la inflación superaba el 40 %. Este escenario de debilidad interna erosionando la cohesión social fue interpretado por Israel como una ventana de oportunidad, permitiendo ejecutar una operación quirúrgica sin provocar una escalada inmediata de gran magnitud.

2. La operación “Zafiro Silencioso”: ejecución táctica y respuesta iraní

A las 02:15 horas (UTC +3:30) del 12 de junio de 2025, aproximadamente 200 aeronaves israelíes —entre ellas cazas furtivos F-35I Adir y cazas de ataque F-15I Ra’am— penetraron el espacio aéreo iraní en una operación coordinada de alta complejidad.

La incursión fue apoyada por vehículos aéreos no tripulados (UAV) tipo Harop (operadas en modo de control manual manejado por

Una foto tomada con un dron muestra los daños causados en viviendas residenciales tras un ataque con misiles de Irán contra Israel, en Tel Aviv, Israel, el 16 de junio de 2025. Foto CNNMundo

un operador de misión remoto) y municiones merodeadoras Hero 120, diseñadas para saturar defensas aéreas y neutralizar activos estratégicos. Los primeros objetivos fueron los radares S-300 PMU2, cuya neutralización permitió acceder a las instalaciones nucleares de Natanz y Fordow, así como, a los depósitos de misiles balísticos Shahab-3.

La operación evidenció una sincronización precisa entre plataformas tripuladas y no tripuladas, (mannedunmanned teaming), validando doctrinas emergentes relacionadas. Seis horas después del ataque, Irán lanzó una contrarréplica con drones Shahed136 y misiles Qiam1, de los cuales el 90 % fue interceptado por la red de defensa israelí Arrow 3 / Iron Dome, con apoyo de radares AN/ TPY-2 estadounidenses desplegados en el desierto del Néguev. Esta respuesta defensiva demostró la eficacia de los sistemas de alerta temprana y la interoperabilidad multinacional en escenarios de alta intensidad.

Aunque el golpe táctico fue contundente, la dispersión geográfica de las centrifugadoras iraníes y la protección subterránea de Fordow limitaron el efecto estratégico. Según el Center for Strategic and International Studies (CSIS), el retraso infligido al programa nuclear iraní sería de entre seis y dieciocho meses, confirmando que la acción israelí fue más disuasiva que definitiva.

3. Impacto geoeconómico: volatilidad energética y resiliencia del mercado

El ataque provocó una reacción inmediata en los mercados energéticos: el precio del crudo Brent se incrementó en un 14 %, alcanzando los 75 dólares por barril, estabilizándose luego con una prima del 7 %, gracias a la liberación coordinada de reservas estratégicas por parte de Estados Unidos y Brasil.

Este mecanismo de contención evidenció la importancia de la cooperación energética internacional ante crisis en el estrecho

de Ormuz. El oro, tradicional refugio en tiempos de incertidumbre, alcanzó un máximo histórico de 3.436 dólares por onza. Además, el cierre temporal del espacio aéreo iraní-iraquí obligó el desvío de más de 2000 vuelos comerciales, afectando especialmente a aerolíneas europeas y del Golfo, cuyas acciones sufrieron caídas superiores al 6 %.

Este episodio reafirmó la vulnerabilidad del transporte aéreo ante conflictos regionales y la necesidad de contar con rutas y protocolos alternativos.

Gracias a la elasticidad de nuevas fuentes de suministro —entre ellas el shale norteamericano y el pre-sal brasileño—, se evitó un choque prolongado, demostrando que la diversificación de la oferta energética y la coordinación internacional son amortiguadores eficaces ante crisis geopolíticas.

Para América Latina, este evento subraya la importancia de fortalecer mecanismos de cobertura financiera (hedging) y diversificar proveedores energéticos como parte integral de la seguridad nacional.

4.Repercusiones estratégicas y doctrinales: implicaciones para la aviación militar La operación “Zafiro Silencioso” deja lecciones relevantes para doctrina aérea contemporánea:

• Ambigüedad nuclear en crisis: La filtración de documentos sobre Dimona obliga a Israel a reconsiderar su postura estratégica. y los límites del secretismo como instrumento de disuasión.

• Evolución de la guerra aérea: La elevada relación costo-eficacia de los drones Shahed-136 impulsa a países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a

reforzar sus sistemas de defensa de punto (CIWS) y capacidades de guerra electrónica. La IAF, por su parte, confirma la validez del concepto de mannedunmanned teaming, que permite saturar defensas adversarias mediante enjambres coordinados.

• Economía de guerra prolongada: Aunque los precios del crudo se estabilizaron, los países importadores netos —incluidos los latinoamericanos— deberán fortalecer sus mecanismos de cobertura financiera y diversificar proveedores para mitigar futuras primas geopolíticas. La resiliencia logística se convierte en un componente esencial del cálculo estratégico.

• Innovaciones doctrinales:

◆ La redundancia sensorial, mediante la combinación de satélites, inteligencia

Vista desde la sala de estar de un edificio residencial destruido en un ataque israelí el 13 de junio de 2025 en Teherán, Irán. Foto: chathamhouse.

Drones marinos de Ucrania en el mar Negro, Foto: cnnespanol. cnn.com

de señales (SIGINT) y drones tipo loyal wingman, se vuelve imprescindible para operaciones de precisión en entornos A2/AD.

◆ La ausencia de armas hipersónicas (Mayor a Mach 5) en el conflicto indica que las infraestructuras críticas siguen siendo vulnerables ante ataques convencionales, lo que abre una ventana de oportunidad para el desarrollo de capacidades ofensivas de nueva generación.

◆ La interoperabilidad multinacional como la integración de radares AN/ TPY-2 y el intercambio de inteligencia táctica fue determinante en la eficacia defensiva israelí. Incluso fuerzas aéreas medianas deben priorizar la compatibilidad en sistemas C2 (Comando y Control) y enlaces de datos seguros con socios estratégicos.

5. Reflexiones finales dirigida a la comunidad aérea colombiana Para los oficiales en retiro que acompañan los procesos de modernización de la Fuerza

Aeroespacial Colombiana, esta crisis ofrece tres aprendizajes de alto valor:

1. Anticipación estratégica: integrar inteligencia nuclear, ciber espionaje y análisis financiero en la toma de decisiones operativas y doctrinales.

2. Alianzas tecnológicas asimétricas: combinar drones de bajo costo con plataformas tripuladas para democratizar la disuasión y compensar limitaciones presupuestales.

3. Resiliencia logística: Incorporar la seguridad energética y la diversificación de suministros al cálculo de seguridad nacional, especialmente en contextos de alta dependencia de hidrocarburos importados.

En suma, los eventos de 2025 confirman que la superioridad aérea ya no depende exclusivamente de la posesión de plataformas de quinta generación, sino de la integración de sensores multiespectrales, armas de precisión, inteligencia artificial táctica y ecosistemas digitales interoperables capaces de

responder con rapidez al entorno operacional y gestionar con eficacia la escalada diplomática, económica y cibernética que sigue a cualquier acción cinética de alto perfil.

Para Colombia, este caso plantea una reflexión estratégica profunda sobre el papel de la aviación militar en escenarios de disuasión regional, seguridad energética y cooperación hemisférica.

El fortalecimiento de capacidades ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), la adopción de plataformas no tripuladas autónomas y la consolidación de redes de mando y control seguras y compatibles con socios estratégicos deben ser prioridades en la hoja de ruta de institucional.

La guerra aérea del Siglo XXI no se libra únicamente en el cielo, también en el ciberespacio, mercados financieros y foros diplomáticos. Prepararse para esta multidimensionalidad es una necesidad estructural, no una opción.

Referencias

Bloomberg. (2025, 13 junio). Oil jumps over 7 % after Israel strikes Iran.

CSIS. (2025, 13 junio). What to know about the Israeli strike on Iran.

IAEA. (2025, 31 mayo). NPT Safeguards Agreement with the Islamic Republic of Iran.

Institute for the Study of War. (2025, 13 junio).

Iran update – Special edition.

Reuters. (2025, 8 junio).

Operaciones de seguridad vial de Batallones de Alta Montaña, asegurando desplazamiento de los colombianos en el territorio nacional. Foto: ejercito.mil.co

Innovación y actualización asuntos inevitables

«Mares calmos, jamás hicieron buenos navegantes». Franklin D. Roosvelt

Por: Mayor General (R) Ricardo Rubianogroot Román Master en Seguridad y Defensa Escuela Superior de Guerra

Es imperativo en el diario trasegar, estar acorde con los acontecimientos que nos aquejan y enfrentarlos con iniciativa para transformarlos. Cada hecho en la vida se convierten en un desafío constante. Aquello que hoy se enfrenta de una manera, es factible que mañana deba abordarse de forma diferente. En ese aspecto radica el

verdadero reto: identificar por qué lo que ayer funcionaba, hoy ya no es viable o no cumple su propósito; analizar las causas y determinar qué se debe cambiar para lograr los resultados y efectos que necesitamos. Este principio aplica tanto en la vida diaria como en escenarios y entornos organizacionales.

De allí la importancia de hacer un autoanálisis institucional, revisar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué está funcionando inadecuadamente. ¿Existe acaso algún aspecto que se encuentra fuera de nuestro control? Contamos con numerosos expertos, además de valiosos aportes y propuestas que pueden surgir de ellos.

Por supuesto, todo cambio requiere un esfuerzo adicional, una mentalidad analítica, pragmatismo, voluntad y disposición para el cambio. El objetivo es claro: “quebrar” los esquemas que no funcionan.

Actualmente, la Fuerza Pública se ha visto enfrentada a escenarios operativos inéditos que la afecta de manera significativa; se hace referencia a los ataques con drones contra tropas e instalaciones, así como, asonadas disturbios y actos de irrespeto hacia su autoridad.

Preocupa que, ante estas embestidas, la respuesta institucional más visible se limite al rechazo público, la condena verbal y el ofrecimiento de recompensas, sin que se observen medidas estructurales que aborden de fondo estos desafíos, los cuales, además van en ascenso.

Es imprescindible promover una transformación Institucional con medidas que mitiguen estos fenómenos, mediante iniciativas e innovaciones en la forma de operar y actuar. A través de nuevas capacidades y estrategias será posible superar las contingencias, fortalecer el potencial operativo y recuperar la determinación que siempre ha caracterizado a nuestra Fuerza Pública.

Vale la pena mencionar, que resulta evidente en la contraparte, subversión y grupos ilegales que a diario golpean al país, la aplicación de la premisa: evolucionar y transformarse en su accionar.

Veamos algunos ejemplos del sector institucional que demuestran cómo, en el pasado, con disposición e iniciativa, se implementaron en el entorno castrense acciones exitosas.

Hace algunos años, nuestras carreteras nacionales eran intransitables. Los retenes ilegales, secuestros, quema de vehículos y atentados con explosivos en las vías, puentes y alcantarillas eran una constante. Ante esta situación surgió una iniciativa que se denominó Plan Meteoro, donde el Ejército Nacional decidió designar una parte de sus efectivos para que bajaran de las montañas a proteger las carreteras, escoltar camiones, buses y todo tipo de vehículos, además de acompañar a todos los viajeros en caravanas.

Con estos automotores se garantizará la legalidad, la movilidad y el tránsito seguro de los transportadores y los viajeros por las distintas vías del país.

Foto: mintransporte. gov.co

Desde las alturas, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, realiza patrullajes aéreos en todo el territorio nacional como parte de la campaña #viaje seguro.

Foto: fac.mil.co

De esta manera, se disminuyeron casi de inmediato los retenes, secuestros, extorsiones y quemas de mercancías, obligando a las guerrillas a replegarse hacia las montañas. Esta estrategia permitió neutralizar el accionar terrorista de los grupos ilegales, fue reconocida y aplaudida, pero lo más importante, erradicó un inconveniente drástico de seguridad nacional.

Otra iniciativa que arrojó excelentes resultados, planificada, como complemento a la inteligencia de combate y seguridad regional, fue la implementación de los soldados campesinos. Se trató de una modalidad del servicio militar obligatorio que permitía a los jóvenes prestar servicio militar en la zona geográfica donde residían, generando múltiples beneficios: los soldados conscientes de que sus familias residían en el mismo sector donde prestaban su servicio militar, prestaban especial atención a toda información que pudiera poner en riesgo la seguridad de sus seres queridos y de su comunidad. Igualmente, las familias cooperaban con mayor determinación y confianza, con sus allegados en los cuarteles y bases de patrullajes proporcionando asiduamente, información relevante. Como resultado, los índices de seguridad en las regiones subieron favorablemente.

Implementación de redes rurales de información y alerta, que involucró a ciudadanos y comunidades de determinadas zonas.

A estos actores se les brindó capacitación y entregó medios técnicos que permitían y facilitaban suministrar información para alertar y anticipar situaciones de riesgo. Estos sistemas de alerta temprana son mecanismos integrales diseñados para proporcionar advertencias oportunas y permitir una actuación preventiva frente a peligros inminentes. En consecuencia, se logró cooperación comunitaria, brindando ayuda a las personas y colectividades a adoptar medidas para reducir sus propios riesgos al igual que, preparar respuestas ante posibles impactos, ayudando a la previsión y prevención local.

Frente a la problemática recurrente en que se veía inmersa la Fuerza Aeroespacial Colombiana, al efectuar operaciones de apoyo aéreo cercano, misiones Alfa Beta y Charly1, surgió la iniciativa de incorporar juristas institucionales en el acompañamiento de las operaciones, su función era certificar y orientar con respaldo legal, la realización de operaciones específicas, dentro de los parámetros de los Derechos Humanos, (DH); el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Conflictos Armados, DICA.

Este procedimiento evolucionó hasta consolidar a los Asesores Jurídicos operacionales 1. Entrega de armamento, Alfa (ametrallamiento) Beta (bombardeo) Charly (Cohetes), son modalidades en que la FAC realiza acciones de “empleo de la fuerza” con las armas de dotación.

respaldados por manuales2 que regulan su empleo cubriendo todos los parámetros Constitucionales. Actualmente, su acompañamiento ofrece mayores garantías legales a las operaciones de aplicación de la fuerza y constituye un respaldo efectivo, ante demandas infundadas. Este modelo, se ha venido replicando en otras Fuerzas Militares.

Respecto a los corredores de movilidad, es decir, los escenarios geográficos que facilitan el desplazamiento rápido y seguro de tropas en el terreno para realizar operaciones, fue anulado, para la subversión, de manera notoria con la creación de los Batallones de Alta montaña, que neutralizaron los corredores utilizados por los ilegales.

Durante la época de mayor intensidad del conflicto, más de 20 años, se decía que la subversión «no podía pasar más de una noche en el mismo lugar». Esa realidad fue posible gracias al permanente asedio de la FAC y su aviación de combate a campamentos y áreas de descanso de los ilegales, sostenido por el entrenamiento especializado y continuo de los pilotos militares en el empleo de visores nocturnos, lo que permitió “convertir” las oscuras noches, en días

2. MAJOA, Manual Asesoría Jurídica Operacional Aérea (FAC-3.1.0 Publico).

radiantes y realizar operaciones de entrega de armas y desembarcos con alta precisión, las 24 horas del día.

Los ejemplos anteriores, entre otros que podrían mencionarse, demuestran que cambiar la rutina, innovar, modificar y renovar el “modus operandi”, entrega sin duda, réditos operacionales significativos, incentiva la iniciativa y proporcionan mayor seguridad.

A continuación, algunas sugerencias frente a la problemática presentada inicialmente. Cabe aclarar que es solo una visión de las muchas que pueden dar los especialistas, para zanjar estos inconvenientes operacionales y neutralizar el acoso del que están siendo objeto las tropas por ataques con drones y asonadas. -A la fecha de este escrito se registran, 58 asonadas-.

Contra los ataques con drones. Partimos de reconocer estos, vehículos aéreos no tripulados (UAV), de pequeño o mediano tamaño que se conducen de manera remota o autónoma, capaces de mantener vuelo sostenido controlado y sostenido y transportar cargas de acuerdo a su modelo. Estos sistemas de drones, combinan la robótica y aeronáutica.

La Tripulación Helicóptero Black Hawk, emplea visores nocturnos para realizar misiones con alta precisión las 24 horas al día.

Foto. Cortesía Revista Aeronáutica FAC.

Inhibidor de drones de CODALTEC diseñado para bloquear señales de radio y GPS de aeronaves no autorizadas.

Codaltec Inhibidor. Foto: Infodefensa. com

En ese sentido, lo primero es regular su entorno: importación, fabricación nacional, venta y distribución. Igualmente, normatizar su funcionamiento y empleo (alturas, sectores de vuelo, determinar para que se adquiere y su finalidad). Los distribuidores y productores deben involucrarse en la cadena de regulación, firmar acuerdos y sujetarse a las restricciones definidas, con limitaciones, no pueden actuar libremente, sanciones claras por incumplimiento. Corresponde al Estado normatizar, reglamentar y legalizar todo este asunto.

En el plano técnico, una solución es emplear un sistema de producción de microondas de alta energía o inhibidores para interrumpir las frecuencias de radio GPS e ISM3, que permiten a los drones mantenerse en el aire.

De esa forma, tomar el control y guiar el dron de forma segura hasta el suelo en el lugar que se determine. Estos inhibidores, que pueden adquirirse o construirse localmente, son portátiles y de relativa implementación

3. GPS, ISM: GPS, Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema de radionavegación, basado en el espacio, que proporciona servicios fiables de posicionamiento, navegación, y cronometría gratuita e ininterrumpidamente a usuarios civiles y militares en todo el mundo.

ISM, Son un grupo de bandas de radiofrecuencia o partes del espectro radioeléctrico que suelen reservarse para fines distintos a las telecomunicaciones.

técnica. Es una tarea inmediata para nuestra industria militar. De hecho, entidades como el Centro de Investigaciones Colombiano, Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, CODALTEC, disponen de inhibidores en su inventario. Impulsemos la producción nacional de estas capacidades.

En consecuencia, cada unidad militar, policial o de interés nacional, debe contar con sistema anti drones; además, las patrullas deben disponer de versiones portátiles, modalidad existente en el mercado. Un sistema contra drones permite detectar, rastrear, identificar y neutralizar aeronaves no autorizadas que representen una amenaza para personal, instalaciones o activos.

¿Cómo contrarrestar las asonadas?

Primero, es imprescindible analizar el entorno y las causas que las originan, con el fin de formalizar una estrategia adecuada para anular este fenómeno; la razón principal de la frecuencia es el impacto sobre intereses particulares de las personas en determinadas regiones donde se cultiva la hoja de coca. Se están viendo afectados con la presencia de la tropa que erradica cultivos o destruye laboratorios muchos participantes en estos motines, sin ser necesariamente instrumentalizados; lo que hacen es defender sus propios intereses. Ellos, forman parte de la cadena de producción, distribución y venta

de los alcaloides de la cual reciben beneficios económicos por sus ventas, es decir, tienen una coparticipación. Esa vinculación explica la reincidencia y vehemencia de las manifestaciones.

Con el planteamiento anterior, lo primero que se debe acometer, es crear un marco jurídico adecuado que respalde a las tropas cuando deban actuar en estas circunstancias, para que puedan actuar con respaldo legal; igualmente, actualizando, las Reglas de encuentro, la forma de actuar ante este fenómeno; hoy en día insuficientemente reguladas.

En el terreno propiamente dicho, se sugiere aplicar una triada operativa rural, que consiste, en el empleo de tropas, más unidades especializadas antimotines, (ESMAD ahora, UNDMO) y operadores jurídicos en terreno.

Estas unidades deben adaptarse al contexto rural y su función principal será el mantenimiento del orden público, controlar el accionar de multitudes violentas y dispersar las manifestaciones no autorizadas, para proteger a la sociedad o propia tropa y Fuerza Pública.

Para evitar ser rodeados, las unidades antimotines deben operar en conjunto con las

tropas en operaciones, dotadas con equipos de protección de máscaras antigas y con medios de dispersión no letales como: gases lacrimógenos, gas pimienta4, proyectiles de goma o armas no letales existentes5 (laser, luces LED, químicos irritantes), que permitan el control de multitudes con menor riesgo de causar muertes o lesiones graves.

Complementando la triada operativa los operadores jurídicos en terreno procederán a la judicialización y extracción inmediata de los detenidos, con el fin de pasarlos a buen recaudo donde se defina su situación legal.

Finalmente, los expertos de nuestras Fuerzas Armadas deben generar iniciativas que se adapten al ambiente operativo actual; incluyendo documentos doctrinales, programas de entrenamiento y sugerir la dotación correspondiente.

4. El aerosol de pimienta o gas pimienta es un compuesto químico que irrita los ojos hasta el punto de causar lágrimas, dolor e incluso ceguera temporal. Se utiliza para dispersar disturbios o como defensa personal.

5. Tipo de arma no letal, como ejemplo, la pistola traumática de Defensa Umarex PPQ M2.

Briefing de misión de la tripulación para revisar detalles antes de la operación aérea.

Foto: Archivo FAC

Del hobby a la batalla: La proliferación de drones comerciales y el desafío de la seguridad interna

«La guerra con drones ocurre 24/7, los 365 días del año. La guerra no se detiene en Navidad. Es como ser bombero cuando hay un incendio todos los días, día tras día. Eso es emocional y físicamente agotador». Peter Warren Singer

Por: Brigadier General (R) Fabricio Cabrera Ortíz Miembro de ACORE

Introducción: La disrupción del espacio aéreo y el nuevo paradigma de la guerra

La guerra contemporánea ha sido testigo de una transformación sin precedentes con la irrupción de los Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT), más conocidos como drones.

Estos dispositivos han reconfigurado el campo de batalla, democratizando el poder aéreo y desafiando las doctrinas militares tradicionales (SIPRI, 2022; Singer, 2009). Lo que alguna vez fue un dominio exclusivo de las fuerzas armadas más sofisticadas, en

Sirtap, el dron táctico de alta gama de Airbus. Foto: eldebate.com

la actualidad, es una capacidad accesible para actores estatales y no estatales. Desde drones armados de alta tecnología, hasta la adaptación de modelos comerciales de bajo costo por grupos criminales; tecnología que ha difuminado las líneas entre la guerra convencional y la asimétrica (Cohen, y otros, 2020). Al mismo tiempo, el creciente uso de estas plataformas plantea dilemas éticos y estratégicos sobre su eficacia y legitimidad (Byman, 2013). Este análisis examina el papel de los drones en el conflicto moderno, sus retos en cuanto a seguridad, los dilemas éticos y las medidas necesarias para contrarrestar esta amenaza ubicua. El estudio se centra en dos casos paradigmáticos: la guerra en Ucrania y el contexto de seguridad interna en Colombia.

El Caso Ucrania-Rusia: la guerra asimétrica redefinida

El conflicto en Ucrania constituye el ejemplo más claro del papel disruptivo de los VANT en la guerra contemporánea. Tanto Rusia como Ucrania han empleado masivamente dichas plataformas, aunque con énfasis distintos. Moscú, recurrió a enjambres de drones kamikaze iraníes Shahed-136 (denominados Geran-2 en Rusia) con el fin de saturar las defensas aéreas ucranianas y erosionar la moral de la población mediante ataques nocturnos persistentes (Jensen & Atalan, 2025).

A pesar de que un gran número de estos aparatos es interceptado, siguen siendo el medio más barato para generar efectos dentro del arsenal ruso de ataques de precisión (Hollenbeck, y otros, 2025b).

Por su parte, Ucrania articuló una defensa y ofensiva altamente efectiva con drones comerciales y adaptaciones de bajo costo. Modelos como los DJI Mavic se han utilizado en reconocimiento y corrección de tiro, incrementando la precisión y letalidad de la artillería, mientras drones FPV, First Person View, con explosivos —cuyo costo puede rondar los quinientos dólares— han destrui-

do tanques y blindados valorados en millones, confirmando una relación costo-eficacia sin precedentes en la historia militar reciente (Kilcullen, 2023; SLDinfo, 2015).

A esta dimensión material se suma la psicológica, desde granadas arrojadas sobre trincheras hasta acometidas suicidas, ambos bandos han experimentado la sensación de amenaza constante que mina la moral de las tropas en el frente (Jensen & Atalan, 2025). En conjunto, Ucrania se ha convertido en un auténtico laboratorio de combate, donde los drones se consolidan como un arma decisiva por su economía, flexibilidad táctica e impacto psicológico.

Monitoreo de drones militares. Foto: StockCake

El Caso Colombia: la adaptación por actores no estatales

En el contexto colombiano, se han integrado como una amenaza emergente para la seguridad interna, modificando la naturaleza de la guerra irregular en el país. Históricamente, los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) han dependido de tácticas de guerrilla terrestre, emboscadas y acciones de hostigamiento directo contra la Fuerza Pública. Sin embargo, en los últimos años, especialmente en regiones como el Cauca y Catatumbo, han incorporado drones comerciales —incluso equipados con explosivos— en sus operaciones, ampliando de manera significativa su radio de acción y elevando los niveles de riesgo para las unidades estatales desplegadas en terreno (Parada Lugo, 2025).

Uno de los principales usos por parte de los GAO y GDO ha sido la inteligencia y vigilancia. La posibilidad de sobrevolar discretamente áreas de interés, les ha permitido realizar tareas de reconocimiento con una precisión inédita en la guerra irregular. En distintos reportes, se ha documentado cómo los han empleado para vigilar movimientos de la Fuerza Pública, identificar la ubicación de bases militares, mapear rutas de narcotráfico e incluso anticipar operativos: prácticas que reducen la capacidad de sorpresa de las operaciones militares y facilita a los grupos armados ajustar su estrategia en tiempo real.

Otra dimensión del fenómeno es el uso en embestidas terroristas y hostigamientos. Se han registrado incidentes donde drones comerciales modificados fueron adaptados para lanzar artefactos explosivos improvisados contra bases militares y estaciones de policía. Aunque estas ofensivas no siempre provocan un número elevado de bajas, generan un alto impacto psicológico y obligan a las fuerzas de seguridad a replantear sus protocolos de defensa y reacción. El hecho

de que una patrulla o un puesto de control pueda ser sobrevolado y atacado desde el aire incrementa la sensación de vulnerabilidad, afectando la moral y aumentando la presión sobre la Fuerza Pública.

El tercer ámbito de empleo se relaciona con el control territorial y la propaganda. Los drones han sido utilizados en la vigilancia de comunidades además como herramienta de intimidación y coerción. Casos documentados muestran su uso en el registro de operaciones armadas y difusión en redes sociales con fines propagandísticos, igualmente, en el

Imagen ilustrativa de un dron militar MALE similar al MQ9 Reaper. Este tipo de aeronaves se utilizan en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), y en ocasiones para combate. Foto: real oneamerica.org

lanzamiento de panfletos sobre poblaciones rurales. Estas prácticas buscan afianzar el dominio psicológico de los grupos ilegales sobre las comunidades, reforzando su imagen de poder y control frente al Estado.

En suma, la rápida adaptación de esta tecnología por actores criminales representa un serio desafío para la seguridad interna de Colombia, ya que permiten a los GAO

y GDO delinquir desde zonas remotas o de difícil acceso, sin exponer directamente a sus delincuentes, lo que transforma de manera radical la correlación de fuerzas en escenarios locales. Esta tendencia no solo amenaza a la Fuerza Pública, sino que también plantea riesgos crecientes en cuanto a la infraestructura energética, los corredores de movilidad y la población civil en departamentos estratégicos del país.

Proyección futura: ataques a infraestructura crítica y recursos estratégicos

El uso actual de drones por parte de actores no estatales es un preludio de lo que podría venir. La proyección futura indica una escalada en la sofisticación y alcance de los embates. Serán una herramienta de hostigamiento y una amenaza estratégica de primer orden contra activos de alto valor. Se pueden anticipar escenarios donde sean empleados en operaciones coordinadas frente a bases militares, infraestructura energética, centros de comunicaciones o incluso en atentados selectivos a figuras de alto perfil.

Un ataque en enjambre de drones podría abrumar las defensas aéreas y neutralizar infraestructuras críticas en cuestión de minutos. Como advierte el Center for a New American Security (CNAS), esta estrategia o táctica en su despliegue se constituye en una amenaza emergente porque combinan bajo costo, facilidad de adquisición y una capacidad de saturación que desafía los sistemas de defensa tradicionales (Gerstein & Leidy, 2024). Estos escenarios exigen una reevaluación de las estrategias de seguridad y defensa de las naciones. Los ataques ya no vendrán únicamente del aire, también de la fusión de tecnologías comerciales con tácticas asimétricas, creando un nuevo tipo de vulnerabilidad para las infraestructuras estatales.

Retos para la Fuerza Pública: la necesidad de nuevas capacidades

La irrupción de los drones plantea a la Fuerza Pública la urgencia de revisar su doctrina

y asumir la defensa contra VANT como una dimensión permanente de la seguridad. Esta valoración debe concebirse desde un enfoque multidominio, donde el ámbito terrestre, aéreo y el espectro electromagnético sean integrados en la detección, neutralización y disuasión de estas amenazas.

En este marco, resulta indispensable fortalecer las capacidades de Contra-UAV (C-UAV) en dos vertientes: el componente hard-kill, con radares especializados, sistemas cinéticos y armas de precisión capaces de derribar drones en vuelo y el componente soft-kill, con bloqueadores de señal, inhibidores de frecuencia y herramientas avanzadas de guerra electrónica que permitan desorientar o tomar el control de los aparatos. Estas capacidades deben articularse con sistemas de inteligencia y contrainteligencia que permitan identificarlos en operación y a sus operadores, las redes que los respaldan y sus cadenas de suministro.

Finalmente, la conciencia situacional y el entrenamiento en todos los niveles militares y policiales son esenciales: cada oficial o soldado debe estar preparado para detectar un ataque potencial, comprender la lógica de la amenaza multidominio y actuar bajo protocolos estandarizados. Solo mediante la integración coherente de doctrina, tecnología, inteligencia y formación será posible enfrentar con éxito este nuevo escenario de guerra asimétrica.

El dilema legal y ético: el operador de drones como blanco legítimo El empleo de drones por parte de combatientes irregulares plantea un complejo dilema ético y legal, especialmente bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH). La cuestión central es: ¿el operador de drones, un actor a kilómetros de distancia, es un blanco legítimo? Según el principio de distinción del DIH, un combatiente es un blanco legítimo si participa directamente

en las hostilidades. La doctrina jurídica ha establecido que dicha participación no exige la presencia física en el campo de batalla (Melzer, 2009). Por lo tanto, un operador al controlar el arma y seleccionar el objetivo, es considerado un combatiente y un blanco militar legítimo.

Sin embargo, este razonamiento no está exento de controversia. El dilema ético surge cuando el operador no es un combatiente profesional, sino un civil que ha sido reclutado.

A ello se suma el riesgo de que el blanco legítimo esté en un entorno civil, lo que podría llevar a errores de identificación y a la muerte de inocentes. La guerra con drones diluye la responsabilidad del combatiente, creando una distancia psicológica entre el operador (quien ejecuta el ataque) y el acto de matar.

Medidas

de respuesta y cooperación internacional

Para contrarrestar la amenaza que representan los drones, se requiere una estrategia multidimensional que combine esfuerzos militares, tecnológicos, jurídicos y de cooperación internacional. Los Estados deben invertir en el desarrollo de capacidades de Contra-UAV, explorando tecnologías avanzadas de detección y neutralización, desde radares y sensores especializados hasta sistemas láser, microondas y dispositivos de interferencia electrónica. Paralelamente, resulta esencial actualizar los marcos jurídicos, de manera que el uso de drones con fines terroristas o delictivos sea penalizado, regulando además su la adquisición, el empleo civil y la tipificación de nuevos delitos asociados a esta tecnología.

Infografías: Eldebate.com

En un ámbito más amplio, el control de la proliferación de drones exige una cooperación internacional sostenida, sustentada en acuerdos que permitan rastrear cadenas de suministro, compartir inteligencia y generar mejores prácticas conjuntas frente a actores ilícitos transnacionales. Por último, las Fuerzas Armadas deben

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fomentar una cultura de innovación y alianzas estratégicas con el sector privado y la academia, que faciliten el desarrollo ágil de soluciones defensivas y doctrinas flexibles, capaces de adaptarse a la velocidad del cambio tecnológico.

Conclusión

El papel de los drones en la guerra contemporánea ha pasado de ser una herramienta de nicho a un factor de cambio fundamental. El conflicto en Ucrania y el uso de drones por grupos ilegales en Colombia han demostrado que la tecnología, antes reservada a los ejércitos más poderosos, ahora es una capacidad accesible y letal, incluso para actores con recursos limitados.

El empleo de drones comerciales ha redefinido el concepto de guerra asimétrica, planteando desafíos estratégicos, operativos, legales y éticos que las Fuerzas Armadas y los estados no pueden ignorar. En la actualidad, la amenaza no se restringe al ataque directo: incluye la vigilancia, la guerra psicológica y el ataque a infraestructura crítica, lo que exige una revisión integral de las estrategias de defensa.

Recomendaciones

En Colombia, resulta indispensable una inversión prioritaria en sistemas de defensa contra drones (C-UAV), que combinen tecnologías de neutralización dura y blanda, adaptadas a las particularidades geográficas del país. Capacidad que debe estar acompañada por la creación de una doctrina nacional de defensa antidrones, que incorpore protocolos de protección desde bases militares hasta patrullas en campo.

Paralelamente, es urgente la actualización del marco jurídico, con normas claras que regulen la adquisición y el uso de drones civiles; penalicen su empleo ilícito y permitan la judicialización a los operadores ilegales. Este esfuerzo debe sostenerse sobre una cooperación interinstitucional robusta, que articule a las Fuerzas Militares, la Policía Na-

cional y los organismos de inteligencia en un frente común.

En el plano internacional, se requiere avanzar hacia una regulación global del comercio de drones y sus componentes, especialmente aquellos con uso dual, para limitar su acceso por parte de actores no estatales. Asimismo, es fundamental la creación de un foro global sobre dilemas éticos y jurídicos de su empleo, donde confluyan militares, juristas y tecnólogos a la hora de actualizar el Derecho Internacional Humanitario y definir el estatus de los operadores en conflictos armados.

Referencias

Byman, D. (1 de julio de 2013). Foreign Affairs. Obtenido de ¿Por qué funcionan los drones? El caso del arma preferida de Washington: https://www.foreignaffairs.com/articles/somalia/2013-06-11/whydrones-work

Cohen, R. S., Chandler, N., Efron, S., Frederick, B., Han, E., Klein, K., Shokh, Y. (26 de agosto de 2020). RAND Corporation. Obtenido de El futuro de la guerra (caja): https://www.rand.org/pubs/research_reports/ RR2849.html

Gerstein, D. M., & Leidy, E. N. (15 de febrero de 2024). RAND Corporation. Obtenido de Emerging Technology and Risk Analysis Unmanned Aerial Systems Intelligent Swarm Technology: https://www.rand.org/ content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA2300/RRA2380-1/ RAND_RRA2380-1.pdf?utm

Hollenbeck, N., Hamza Altaf, M., Avila, F., Ramirez, J., Sharma, A., & Jensen, B. (19 de febrero de 2025b). Center for Strategic and International Studies. Obtenido de Calculating the Cost-Effectiveness of Russia’s Drone Strikes: https://www.csis.org/analysis/calculating-cost-effectiveness-russias-drone-strikes

Jensen, B., & Atalan, Y. (13 de mayo de 2025). Center for Strategic and International Studies. Obtenido de Drone Saturation: Russia’s Shahed Campaign: https://www.csis.org/analysis/drone-saturation-russias-shahed-campaign

Kilcullen, D. (2023). The Dragons and the Snakes How the Rest Learned to Fight the West. Oxford: Oxford University Press.

Melzer, N. (s.f. de mayo de 2009). ICRC. Obtenido de INTERPRETIVE guidance on the notion of Direct participation in hostilities under international humanitarian law: https://www.icrc.org/sites/default/files/ external/doc/en/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf?utm_source

Parada Lugo, V. (21 de mayo de 2025). El País. Obtenido de El aumento del uso de drones con explosivos cambia la dinámica del conflicto en Colombia: https://elpais.com/america-colombia/2025-05-22/el-aumento-del-uso-de-drones-con-explosivos-cambia-la-dinamica-delconflicto-en-colombia.html?utm

Singer, P. W. (2009). Wired for war: The robotics revolution and conflict in the 21st century. New York: Penguin Press.

SIPRI. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Obtenido de SIPRI Yearbook 2022: Armaments, disarmament and international security. Oxford University: https://www.sipri.org/yearbook/2022

SLDinfo. (18 de junio de 2015). SLDinfo. Obtenido de Operation Spider Web: Ukraine’s Drone Warfare Evolution: https://sldinfo.com/2025/06/ operation-spider-web-ukraines-drone-warfare-evolution/

Derechos Humanos frente a los desafíos de los conflictos actuales Acercamiento conceptual

«Quienes defienden el silencio de las leyes proclaman haber descubierto una terrible verdad: lo que, por convención, denominamos inhumanidad resulta no ser más que la humanidad bajo presión». Michael Walzer.

Por: Teniente Coronel (R) Jaime Eduardo Ordóñez Zambrano

Presidente ACORE Seccional Nariño Especialista en DD.HH. y DICA

En los conflictos mundiales contemporáneos existe un elemento en común: cada protagonista sea cual fuere el bando, busca justificar su agresión y legitimar su actuación ante la opinión pública.

El presente artículo ofrece una reflexión conceptual sobre los derechos humanos desde

una perspectiva transversal a los conflictos y guerras actuales. Busca contribuir a una comprensión más profunda de su origen, evolución e incidencia, en un contexto donde se invoca con frecuencia el término “derechos humanos”, muchas veces sin conocer su verdadera naturaleza y alcance o las verdaderas repercusiones frente a este importante tema.

Logo ganador de los Derechos Humanos, por Predrag Staki, 2011.

Trabajadores londinenses rescatan a los pasajeros de un autobús gravemente dañado durante un bombardeo alemán. Foto: historia.nationalgeographic.com.es

Origen

Desde sus inicios, el ser humano se ha enfrentado a un entorno hostil, siendo necesario resolver diferencias en función de la supervivencia.

A medida que la convivencia social evolucionó en la formación de comunidades, surgió la necesidad de regular las relaciones entre individuos, siendo el punto de partida el reconocimiento, a través de la historia, de la dignidad humana como piedra angular del concepto moderno de derechos. Así lo manifiesta Luis Londoño (Construir Convivencia Democrática, 2006), «La persona es el punto de partida necesario, imprescindible para humanizar los procesos democráticos. Cada ser humano tiene su dignidad y ésta debe ser respetada hasta sus últimas consecuencias».

Los orígenes sobre los derechos humanos se remontan al estoicismo y cristianismo primitivo, pero su primera formulación histórica se ubica en las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, además de las declaraciones revolucionarias y cartas constitucionales de los siglos XVIII y XIX (Espasa Calpe, 2003). A lo largo de la historia, se han configurado como una respuesta a la injusticia y abuso de poder, en especial frente a gobiernos que vulneran las libertades de sus ciudadanos. Su propósito ha sido y sigue siendo garantizar la justicia social y la seguridad de todos.

Tras la Segunda Guerra Mundial, con la creación de organismos internacionales, los derechos humanos dejan de concebirse únicamente en naturales o nacionales para convertirse en positivos universales, respaldados

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por tratados, instrumentos y mecanismos de control internacionales y regionales (Espasa Calpe, 2003)

Retos

En pleno Siglo XXI, son numerosas las organizaciones locales e internacionales que dicen defender los derechos humanos. Sin embargo, intereses ideológicos y políticos han distorsionado en muchos casos su verdadera razón de ser. Esta tergiversación conduce a interpretaciones arbitrarias que desdibujan su finalidad esencial: promover un mundo mejor y más justo.

En Colombia, los atentados contra la vida y la dignidad persisten. Provienen de grupos armados o criminales y prácticas que degradan la convivencia: sexismo, discriminación, homicidios, extorsión y negación de derechos fundamentales, como la salud, educación, vivienda y trabajo.

Estas carencias profundizan la desigualdad y pobreza; asimismo, agravan la violencia en

regiones donde aún se registran secuestros, torturas, desplazamientos, persecuciones, siembra de minas antipersonales y reclutamiento forzado de menores.

Para construir convivencia democrática es imprescindible colocar al ser humano en el centro de toda acción social, comprendiendo el alcance y las implicaciones de su vulneración. A nivel global, la confrontación más relevante se libra con armas y en el terreno de las ideas: ideologías, movimientos, partidos y tendencias compiten por imponer narrativas creíbles que legitimen sus métodos, ya sean verbales a través de medios, redes sociales, discursos, anuncios, manifestaciones o bélicos mediante el uso de la fuerza.

Walzer (2001) propone una reforma del sistema de los Estados que complemente su estructura con mecanismos de protección efectiva de los derechos humanos y el fomento del pluralismo cultural. Sin embargo, advierte que las guerras internas y la proliferación de conflictos no internacionales en-

Investigadores de la policía colombiana recogen evidencias luego de una explosión de un motobomba en Jamundí, Valle (Colombia) Costo humano del conflicto persistente. Foto: elpais.com

Sede de las Naciones Unidas, ONU, en Ginebra Suiza, foro de discusión global sobre los Derechos Humanos. Foto: intersaber.org

frenta «menores instrumentos jurídicos para regularlas, debido al principio de no injerencia y respeto a la soberanía nacional». Este panorama ha llevado a juristas y estrategas a reflexionar sobre la relación entre estrategia, guerra, ética, moral y justicia.

De acuerdo con el Diccionario Espasa Calpe, 2003, tres ideas fundamentales sustentan la noción moderna de derechos humanos:

«La primera concierne a la noción que la persona es sagrada, que tiene dignidad inherente que es inviolable. Cada individuo es sagrado, hay cosas que son debidas a todo ser humano y hay otras que no deben hacerse a ningún ser humano. La segunda tiene que ver con la fundamentación de los derechos humanos en una cultura democrática, donde el fondo no es justificarlos, sino el de protegerlos. La tercera alude al servicio público que prestan los derechos humanos, constituye hoy la más seria tentativa de someter el mundo de la política y en particular la gestión de los gobiernos a la crítica de la ética” (p.138-139)

Michel Walzer en el libro Guerras justas e injustas, aborda los principios del “ius ad bellum”, justicia o injusticia del recurso de la guerra y del “ius in bello”, la justicia o injusticia de las conductas que se dan en las hostilidades. analizando conceptos tales como, inocencia, proporcionalidad y emergencia Moral.

Incidencias

En materia de protección y promoción de los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, desempeña un papel central de autoridad internacional fundada en el derecho de gentes y promotora de la dignidad, la justicia y la libertad de la humanidad. No obstante, la ONU ha perdido influencia como autoridad en el panorama mundial, debido a sus contradicciones e insuficiencias y la presión de potencias, donde el actual mandatario busca hacer prevalecer sus políticas por encima de las de sus “rivales”.

Su ambivalencia en las crisis en países donde se han visto vulnerados los derechos humanos, reduce su credibilidad, especialmente, en contextos dominados por la vio -

lencia delincuencial o simbólica de pedreas, enfrentamientos, marchas con bloqueos de vías, utilizados como medios de expresión política, Melo, 2021.

En numerosos escenarios de lucha los argumentos que justifican el uso de la violencia y vulneración de derechos humanos, adoptan narrativas culturales, percepciones sociales y proyectos políticos de determinado Estado o formas de gobierno. Así lo advierte (Liliana Irizar, Humanismo Cívico, 2014) «Lo alarmante es que lejos de aplacarse se acrecienta cada vez más, tanto en el potenciamiento de los medios como en el aumento de las diversas formas y mecanismos».

A pesar de los esfuerzo «las matanzas continúan, los desplazamientos persisten y os países que disponen de los medios para detenerlas consideran que tienen prioridades mas más urgentes» (Michel Walzer, Guerras justas e injustas, 2001).

Frente a la polarización social y política, resurge el uso de “todas las formas de lucha” en nombre de un supuesto cambio de orden. Lo indica Alejandro Llano al mencionar que, «la teoría política contemporánea vive tensionada entre dos polos: la defensa de la autonomía individual y la expansión del Estado como garante del bienestar y justicia. Conciliar ambas tendencias parece, entonces, inevitables».

En el contexto Colombiano, Jorge Orlando Melo (2021) expone que cuando hay motivos fundamentales de conflicto: opresión política o racial, desigualdad y pobreza, los ciudadanos aceptan con mayor facilidad usar la violencia si encuentran argumentos morales o políticos convincentes.

El reto de la sociedad contemporánea ante la protección de los derechos humanos es tan amplio como complejo; para ello, requiere regresar a la esencia de la humanidad, recuperar la solidaridad basada en la virtud cívica y reconocer el valor absoluto de cada persona como sujeto activo y centro de toda actividad humana y social. Sólo a partir de esa base ética podrá construirse una convivencia verdaderamente democrática y sostenible. Referencias

Valencia Hernando, (2003). Derechos Humanos. Diccionario Espasa Calpe S.A

Melo Jorge, (2021). Colombia: las razones de la guerra. Editorial Planeta Colombiana S.A.

Walzer Michael, (2001). Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con ejemplos históricos. Ediciones Paidós Ibérica S.A.

Londoño Luis, (2006). Construir convivencia democrática. Una mirada desde el pensamiento social católico para jóvenes. Palomino Editores Ltda.

Irizar Liliana, (2014). Humanismo cívico. Una invitación a repensar la democracia. Tercera edición revisada y ampliada. San Pablo.

Foto:

Ciberamenazas al poder marítimo colombiano:

Vulnerabilidades y estrategias de protección de la infraestructura crítica naval

Por: Capitán de Fragata (r) Gonzalo Ordóñez Serrano Miembro de ACORE Antioquia

La irrupción del ciberespacio como dominio estratégico redefine la seguridad nacional y, particularmente el papel de la Armada Nacional de Colombia frente a las amenazas cibernéticas contra sus infraestructuras críticas marítimas. Este artículo analiza las vulnerabilidades de los sistemas navales colombianos y casos representativos de ciber-

ataques regionales e internacionales, con el fin de proponer estrategias de protección basadas en un modelo integral de ciberdefensa marítima. La reflexión tiene en cuenta el estado actual del Comando Cibernético Naval y las proyecciones del Plan de Desarrollo Naval 2042. La metodología se basa en, revisión de incidentes reportados y evolución

normativa. Se concluye que es urgente fortalecer la defensa cibernética mediante estrategias de seguridad en capas, integración tecnológica y talento humano especializado.

Introducción

El ciberespacio se ha convertido en un escenario determinante para la seguridad marítima. La Armada Nacional, referente histórico y desde la independencia, enfrenta hoy un entorno tecnológico que expande sus capacidades pero también abre nuevas vulnerabilidades. Equipos modernos —GPS, radares, sistemas satelitales unidades de combate liviano— representan avances significativos, pero también des una puerta de entrada para adversarios cibernéticos que buscan afectar la función militar marítima.

La posición geoestratégico de Colombia, con costas en dos océanos y rutas marítimas fun-

damentales, incrementa la exposición frente a actores del crimen organizado y amenazas externas. Los recientes Ciberataques contra instituciones estatales y privadas de alto nivel, evidencian el alcance real de estas amenazas en el contexto nacional.

Marco teórico: Convergencia entre ciberseguridad y poder naval. El ciberespacio como nuevo frente marítimo

Las principales armadas del mundo reconocen que el ciberespacio extiende el poder naval. En Colombia, la creación del Comando Cibernético Naval responde a la necesidad de proteger activos marítimos que cada vez más dependientes de la tecnología.

La doctrina internacional señala que la defensa naval moderna exige proteger sistemáticamente la información y los sistemas críticos, cuya vulnerabilidad puede generar efectos

El cuarto de control central del Comando Conjunto de Ciberdefensa

Foto: Infobae

desproporcionados sobre la capacidad operacional y la soberanía marítima.

Vulnerabilidades sistémicas en la infraestructura naval

La infraestructura naval moderna es altamente interconectada: sensores, plataformas automatizadas, sistemas de armas y navegación dependen de redes y software. Esta “superficie de ataque ampliada” expone a la Institución a riesgos que incluyen fallas y de hardware, software y deficiencias procedimentales.. Por ejemplo, los sistemas de identificación automática (AIS) empleados globalmente, han sido objeto de suplantación y manipulación maliciosa de datos, afectando la autenticidad y localización de embarcaciones.

Amenazas cibernéticas específicas al poder naval colombiano

Taxonomía de amenazas

Las investigaciones recientes permiten clasificar los riesgos de acuerdo con los vectores y objetivos estratégicos de los adversarios:

1. Amenazas a plataformas operacionales: apuntan a sistemas de navegación, armas y comunicaciones tácticas, vulnerables por protocolos industriales inseguros y dispositivos cerrados a auditorías.

2. Amenazas a infraestructura de información: ataques que comprometen sistemas administrativos y logísticos,; afectando la cadena de abastecimiento y la planificación.

3. Amenazas híbridas: combinan ciberataques con operaciones psicológicas y campañas de desinformación, minando la confianza institucional.

4. Ciberespionaje naval: orientado a obtener información clasificada sobre capacidades, y planes operativos con alto impacto en la seguridad nacional.

Fragatas de la Armada Nacional de Colombia, utilizadas para la defensa, seguridad y soberanía del territorio marítimo y fluvial de la nación.

Archivo: Armada Nacional.

Casos documentados

Ejemplos internacionales demuestran el potencial de estas amenazas. El caso del White Rose of Drax (2013), la manipulación de señales GPS desvió el rumbo del buque. En Colombia entre 2020 y 2021 —cuando agentes externos accedieron durante 18 meses a sistemas ultrasecretos mediante credenciales comprometidas— constituye un hito en la historia nacional de ciberataques.

Vulnerabilidades específicas en sistemas navales colombianos

La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) de la Armada ejemplifica los riesgos derivados de la interconectividad: como “sistema de sistemas”, cualquier falla puede comprometer la seguridad global. Principales debilidades detectadas:

• Sistemas de navegación y posicionamiento: El uso de GPS expone a ataques de jamming y spoofing, que pueden provocar desorientación o inmovilización de unidades.

• Redes de comunicación marítima: Protocolos antiguos sin actualización elevan el riesgo de intrusión, interceptación y sabotaje.

• Sistemas de combate integrados: La interoperabilidad facilita accesos privilegiados y manipulación profunda.

• Infraestructura portuaria: vulnerabilidades que afectan control de acceso y de logística son, lo que repercute en seguridad de operaciones y abastecimiento.

Marco estratégico de ciberdefensa naval

Capacidades actuales

La Armada Nacional ha desarrollado capacidades mediante el Comando Cibernético Naval y tecnologías como SOC (Centro de Operación de Seguridad) y SIEM (Sistema de Información de Gestión de Eventos). Estas plataformas permiten la detección y análisis de incidentes, aunque aún se concentran infraestructura institucional y requieren mayor proyección hacia el dominio marítimo integral.

Estrategia nacional y su impacto naval

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025 plantea 29 acciones transversales que deben complementarse con doctrinas específicas para el dominio naval: identificación de activos críticos, detección temprana y protocolos de recuperación.

Propuesta de modelo integral de ciberdefensa marítima

El modelo recomendado se estructura en cinco capas de protección:

• Perímetro marítimo: integración de sensores navales tradicionales y herramientas de detección cibernética en tiempo real.

• Protección de plataformas: segmentación de redes, controles de acceso granular y endurecimiento específico de sistemas embarcados contra intrusiones.

• Inteligencia cibernética: caracterización de adversarios y amenazas.

• Respuesta coordinada: articulación entre el Comando Cibernético Naval, el Centro Cibernético Policial y demás entidades de seguridad.

• Resiliencia institucional: continuidad que preservan la funcionalidad de sistemas críticos ante ataques de gran magnitud.

Cooperación internacional

Las amenazas marítimas cibernéticas requieren cooperación internacional. La participación de Colombia en ejercicios multinacionales, como los realizados en 2023 permite fortalecer capacidades, compartir inteligencia y simular escenarios de ataque bajo condiciones realistas.

Desafíos y oportunidades

Talento humano

La protección del entorno naval requiere oficiales y suboficiales especializados. Las proyecciones nacionales de cien mil expertos en seguridad digital deben incluir una cuota significativa para el sector defensa.

Desarrollo industrial y tecnológico

La alianza Armada - COTECMAR permite integrar ciberseguridad desde el diseño de nuevas plataformas Los modernos buques inteligentes requieren marcos sólidos de protección incorporados desde sus concepción.

Perspectiva estratégica (2042)

El Plan de Desarrollo Naval 2042 establece la necesidad de transitar de una ciberseguridad proactiva alineada con la evolución tecnológica, normativa, e industrial del país.

Recomendaciones estratégicas

• Fortalecimiento institucional: Ampliar competencias del Comando Cibernético Naval hacia una defensa marítima nacional integral.

• Desarrollo doctrinario: Crear doctrina específica de ciberdefensa naval.

• Coordinación interinstitucional: Consolidar mecanismos de acción conjunta con fuerzas policiales y organizaciones de ciberdelincuencia.

• Modernización tecnológica: Adoptar modelos de confianza (“Zero Trust”) e inteligencia artificial.

Conclusiones

La ciberseguridad naval es uno de los desafíos para la Armada Nacional de Colombia en el siglo XXI. La convergencia entre tradición marítima y transformación digital exige renovar estrategias, fortalecer capacidades y adoptar una visión prospectiva. La amenaza es real y las vulnerabilidades sistémicas y operativas demandan una respuesta institucional robusta.

El modelo de defensa propuesto, basado en capas, talento humano y cooperación internacional, constituye una ruta estratégica para proteger la infraestructura crítica y garantizar la soberanía marítima del país.

Referencias

[Secciones de bibliografía especializada citada: Adams (2001), Armada Nacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Centro Cibernético Naval, COTECMAR, ESDEG, Gómez López (2022), Grimalt & Baró (2021), IMO, Meléndez Rodríguez (2023), MinTIC Colombia (2025), NIST, UMNG, Vicepresidencia de la República.]

Reingeniería de la Fuerza Pública: Retos para

el gobierno 2026

Por: Coronel (r) Wilson Guillermo Niño Galeano Miembro ACORE.

Colombia atraviesa un contexto Volátil, Incierto, Confuso y Ambiguo (VICA), en el que la falta de claridad en el liderazgo político del Ejecutivo ha impactado directamente el poder nacional en sus dimensiones política, económica, social y militar.

La ausencia de direccionamiento coherente en las políticas públicas ha afectado

de manera particular al Sector Defensa y a la Fuerza pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), generando un debilitamiento institucional que ha sobrepasado los límites establecidos en los artículos 216, 217 y 218 de la Constitución.

Este escenario ha comprometido el cumplimiento del deber Constitucional de garan-

tizar la defensa, seguridad nacional y la convivencia ciudadana.

Antecedentes de afectación a la Fuerza Pública:

Desde 2016, tras los acuerdos de paz de la Habana, comenzó un proceso de desbalance militar y policial para la Fuerza Pública, enmarcado en una aparente reorganización institucional. Sin embargo, esta supuesta modernización derivó en una pérdida progresiva de capacidades ideológicas, administrativas, logísticas y operacionales.

Una frase tristemente célebre del mandatario de ese momento «¿Usted prestaría un hijo para la guerra?», marcó el inicio del debilitamiento del servicio militar obligatorio, reduciendo los contingentes de incorporación y afectando el control territorial.

Esta tendencia ha llevado, hacia 2025, a un déficit en las cuotas de reclutamiento y una disminución de la presencia efectiva en varias regiones del país. De igual manera, se debilitó el liderazgo y la visión doctrinal de nuevas generaciones de Oficiales y Suboficiales,

quienes han perdido referentes estratégicos ganados durante décadas por quienes consolidaron la estabilidad operacional y el prestigio de nuestras Fuerzas ante el mundo.

La política de “Paz Total” y sus consecuencias.

En el actual gobierno, bajo la bandera de la llamada “Paz Total” el crecimiento de las amenazas terroristas y delincuenciales, también, del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas, ha generado un grave desbalance operacional.

La Fuerza pública, sin una hoja de ruta clara ni respaldo político se enfrenta a una anarquía en el control del territorio nacional, mientras la población civil, percibe mayor inseguridad y ausencia de autoridad. A partir del 7 de agosto de 2022, el Sector Defensa ha sufrido múltiples afectaciones:

Potencial Humano: la disminución progresiva de las cuotas de incorporación producto de políticas que debilitan el servicio militar y policial obligatorio, buscando reemplazarlo por el “servicio social para la paz”

Foto: elpais.com/

Multitudinaria marcha de los veteranos de la Fuerzas Pública en la Plaza de Bolívar, Bogotá, Colombia, en contra de las reformas del Gobierno Nacional.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar realizan un balance operacional en abril de 2025.

Foto: ideaspaz.org

ha generado un quebranto estructural que impacta la presencia territorial de la Fuerza Pública. A ello se suma, la salida masiva de mandos de nivel estratégico bajo decisiones gubernamentales sesgadas ideológicamente y sin criterios de transparencia. Pérdida de experiencia y continuidad, propiciando vacíos de liderazgo y desmoralización de las tropas.

Direccionamiento Estratégico, Operacional y Táctico: la ausencia de una hoja de ruta clara en defensa, seguridad nacional y convivencia ciudadana ha forjado un ambiente de incertidumbre tanto en la Fuerza Pública como en la ciudadanía. Esto ha llevado a un deterioro del control territorial, la pérdida de presencia institucional en regiones donde antes existía capacidad de disuasión y una percepción creciente de inseguridad entre los colombianos. Esta falta de norte estratégico diluye los esfuerzos acumulados por de1cadas de planificación sacrificio y coordinación interagencial.

Respaldo y voluntad política: los creciente registros de asonadas, ataques con explosivos, emboscadas, secuestros, asesinatos selectivos, hostigamientos y uso de drones

contra instalaciones militares y policiales, poniendo en riesgo la institucionalidad. A ello se suma la carencia de procesos jurídicos efectivos contra miembros de organizaciones terroristas y delincuenciales, lo que menoscaba la capacidad del Estado para sancionar el crimen y genera sensación de impunidad. En conjunto, esta falta de respaldo político, ha dejado a hombres y mujeres de tierra, mar y aire y policías de Colombia en un estado de vulnerabilidad, afectando su moral.

Recursos presupuestales, administrativos y logísticos: los recortes presupuestales destinados al Sector Defensa han afectado áreas esenciales como la salud, adquisición de capacidades, mantenimiento de medios estratégicos y sostenimiento de la infraestructura militar y policial, así mismo, la preparación y el entrenamiento. Además, la capacidad logística se ha visto comprometida por decisiones ideológicas que desconocen la relevancia técnica y operativa con el fin de garantizar la seguridad nacional.

Enfoque ideológico: Durante estos cuatro, el llamado “Gobierno del cambio”, ha generado un populismo mal orientado hacia los in-

tegrantes de la Fuerza Pública, afectando la estabilidad ideológica y el orden constitucional. Esto ha ´puesto en riesgo el enfoque estratégico, operacional y táctico al introducir discursos ajenos a la doctrina militar y La reincorporación al servicio activo de mandos estratégicos afines al actual mandatario, así como, su presencia en posiciones directivas y gerenciales de empresas del Sector Defensa, ha contribuido al rompimiento parcial de la disciplina y ordenamiento institucional en las Fuerzas.

Supra Control externo sobre el sector defensa y las Fuerzas: El actual gobierno ha ejercido

un supra control sobre la estructura del Sector Defensa interviniendo en decisiones que corresponden a los comandantes de Fuerza. Esta injerencia afecta ascensos, selección de personal, destinaciones, designación de unidades entre otras, limitando la capacidad del mando institucional para conducir y planear acciones operacionales y administrativas.

Cruzando las líneas rojas del ordenamiento constitucional de colombia.

Como expuse en el artículo de mi autoría publicado en el periódico de ACORE, edición No.630 y en coherencia con el articulo prin-

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Reunión Altos Mandos Militares Foto: ideaspaz.org/

cipal de la presente revista, los aspectos señalados como afectaciones a la Fuerza Pública, derivados de la carencia de voluntad y respaldo político del actual gobierno, son consecuencia de una narrativa y hechos gubernamentales que han generado impacto desfavorable en los ámbitos militar, policial de defensa y de seguridad.

Estas situaciones han incidido directa o indirectamente en el cumplimiento constitucional de la Fuerza Pública, establecido en los artículos 216, 217 y 218 de la Constitución política de Colombia, lo que evidencia que se han cruzado líneas rojas del ordenamiento constitucional en el Sector Defensa, parte esencial del poder nacional y cuya articulación debe estar acorde con los poderes político, económico y social.

Reingeniería fuerza pública pos-actual gobierno:

Ante una nueva concepción gubernamental en 2026, el próximo gobierno deberá estabilizar y encauzar nuevamente el país en su de -

mocracia histórica, institucionalidad y visión nacional. Esta tarea exige fortalecer el poder político, económico y social priorizando la defensa y seguridad de la nación, cuyo pilar es el Sector Defensa y por consiguiente su Fuerza Pública.

Será necesario iniciar una reingeniería total de la Fuerza Pública para recuperarla y proyectarla mediante ajustes en su estructura orgánica y operacional: potencial humano, disciplina, liderazgo, bienestar y moral, inteligencia, entrenamiento, selección de personal, recursos presupuestales, logística, infraestructura capacidad y sostenimiento de medios y la exigencia en el cumplimiento de la misión.

Igualmente, el Ministerio de Defensa y sus empresas deberán ser reevaluadas, incorporando al máximo de personal militar y policial en actividad y en retiro, además de funcionarios particulares por meritocracia, con el fin de superar el sesgo ideológico y político que han marcado en este sector y que, en el actual gobierno, se convirtió en un supra control sobre la Fuerza Pública.

Legado y agradecimiento al Señor General Jorge Enrique Mora Rangel

Con profundo dolor despedimos al General Jorge Enrique Mora Rangel, uno de los más grandes referentes de las Fuerzas Militares de Colombia, soldado íntegro, líder de temple y ciudadano ejemplar. Su partida enluta a la Nación, estremece a la institucionalidad y deja un vacío irreparable en el corazón de quienes tuvieron el honor de conocerlo, seguirlo y servir junto a él.

Fue, como muchos lo han expresado, el último de los grandes generales, un “Cid Campeador” de una estirpe que marcó la historia del país. Su vida estuvo consagrada sin reservas al servicio de Colombia. Hombre sencillo, íntegro, de autoridad tranquila y mirada firme; noble en sus procederes, humilde en la grandeza, implacable con los enemigos de la patria, firme en sus convicciones, amigo leal, de fortaleza moral inquebrantable y profundo sentido del honor.

Su liderazgo no se forjó en la comodidad, sino en las horas difíciles de la guerra, en la soledad de las decisiones que marcan

el rumbo de una Nación. En momentos en que muchos declaraban a Colombia como un “Estado fallido”, el General Mora fue protagonista directo en la recuperación del control territorial, el fortalecimiento de la seguridad y la restauración de la confianza institucional, conduciendo a las Fuerzas Militares en una de las etapas más complejas y decisivas del conflicto armado.

Siempre fue un hombre de carácter y de profundas convicciones. Por ello, expresó con claridad sus desacuerdos frente a la zona de distensión otorgada a las FARC, defendiendo con firmeza la necesidad de preservar la autoridad del Estado y la protección de la población civil. Esa misma coherencia lo llevó, años después, a asumir con sentido de responsabilidad histórica su participación en la negociación con las FARC durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, demostrando que la grandeza del soldado también se mide en su capacidad de servir a la patria en la búsqueda de la reconciliación, sin claudicar en sus principios. IN MEMORIAM

General (r)

Jorge Enrique Mora Rangel e.p.d. durante una reunión de trabajo de ACORE donde se desempeñó como asesor y mantuvo comunicación directa, franca y constante con la asociación.

Como comandante, como estratega y como hombre de Estado, dejó huella indeleble en la seguridad nacional. Su pensamiento estratégico, su experiencia operacional y su visión institucional contribuyeron decisivamente a la transformación de las capacidades de la Fuerza Pública y a la consolidación del Estado en vastas regiones del territorio nacional.

Pero más allá del general, hoy honramos al esposo, al padre, al abuelo amoroso; al hombre de hogar cálido y afectos profundos. Acompañamos con respeto y solidaridad a su amada esposa, doña Gloria Oviedo de Mora, a sus hijos, nietos y a toda su familia, expresándoles nuestro abrazo sincero en este momento de inmenso dolor.

Colombia pierde hoy a un hombre superior a su tiempo, a un líder que no solo ganó batallas, sino que dejó doctrina, carácter y ejemplo. La institucionalidad pierde a una de sus columnas morales. La Fuerza Pública pierde a uno de sus más altos referentes. Y el pueblo colombiano despide a un servidor que creyó profundamente en la patria, en su gente y en su futuro.

El General Mora y ACORE

Durante más de 21 años como asociado de ACORE, el General Jorge Mora fue también ejemplar en el retiro. Su compromiso con la institucionalidad no terminó con la entrega del mando: por el contrario, se fortaleció desde el pensamiento estratégico, el análisis permanente y el acompañamiento respetuoso a las distintas administraciones de nuestra Asociación. En su calidad de negociador del Gobierno en los diálogos de La Habana,

mantuvo siempre una comunicación directa, franca y constante con ACORE, interacción que se vio fortalecida gracias a sus asesores, el señor CA (R) Luis Carlos Jaramillo expresidente de la Asociación, MG (R) Víctor Álvarez y el MG (R) Ricardo Rubianogroot, presidente encargado en la anterior administración. A través de ellos, el General compartía con nosotros sus análisis, avances, inquietudes y, sobre todo, su permanente preocupación por la solidez institucional y el rumbo del país.

Con la actual administración de ACORE, su compromiso tampoco fue la excepción. Se mantuvo cercano, participativo, dispuesto a contribuir desde la experiencia y la reflexión. Desde la Asociación tuvimos además el honor de entregar al curso del Coronel Antonio Arredondo la Medalla al Mérito “Rafael Reyes” por sus Bodas de Diamante, gesto que simbolizó su vínculo fraterno con él y con los hombres de su generación. Así mismo, hizo parte activa del Equipo Asesor y de Seguimiento a la política de “paz total”, donde se destacó por sus análisis críticos, sus preocupaciones fundadas y sus advertencias responsables, muchas de las cuales han sido elevadas por nuestra Asociación en distintos escenarios públicos. Su acompañamiento permanente a ACORE deja en evidencia que fue no solo un soldado ejemplar en servicio activo, sino también un referente moral, estratégico y gremial en el retiro.

Su nombre queda inscrito en la historia viva de Colombia. Su legado seguirá guiando a las nuevas generaciones de hombres y mujeres que, inspirados en su ejemplo, continúan defendiendo la Nación con honor, lealtad y sacrificio.