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UN FARREO CONSTITUCIONAL ¿LA PRIMERA Y ÚLTIMA? La Convención terminó su cometido. Entregó un proyecto constitucional que deberá ser escrutado por la ciudadanía de cara al plebiscito. ¿Cómo evaluarlo? Hay dos maneras complementarias de hacerlo, que provienen de las expectativas con las que se abrió el itinerario y aquellas que alimentaron los propios convencionales. Así, propongo que analicemos el proceso constituyente y su resultado, y veamos si se ajusta a lo que los ciudadanos esperábamos de todo ello. Echemos un vistazo al proceso. Si dejamos fuera los escándalos de los convencionales –y vaya que los hubo, incluyendo la mentira más infame que se haya visto en nuestra política reciente, la de Rojas Vade– lo cierto es que se mantiene una sensación de desengaño, de que el proceso fracasó. Exceso de disputas personales, gustitos, lenguaje grandilocuente, desconexión con la ciudadanía, entre otros vicios, hicieron que muchos termináramos tomando una distancia irremontable con el órgano constituyente. No contribuyeron a reparar la fractura que existía entre sociedad y sistema político; más bien, su lamentable desempeño colectivo terminó aumentando la irritación. Como proceso, estuvo lejos de cumplir sus objetivos. Se dirá que solo algunos convencionales actuaron así, pero lo cierto es que estos poderes colectivos terminan contagiados completamente por los errores de algunos de sus miembros. Esto llevaría a muchos a rechazar el proyecto. Pero no es el único motivo: la propuesta constitucional también tiene defectos importantes en términos de contenidos, que ha-
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cen difícil que sirva como punto de partida para la recuperación de la crisis que se visibilizó en octubre de 2019. Pienso en dos ejemplos concretos. El sistema político establece un Congreso que corre, a la vez, el riesgo de excesiva fragmentación y de concentrar demasiado poder en mayorías circunstanciales. La manera en que se recogió la demanda por mayor equidad para con los pueblos indígenas, contrasta con la experiencia diaria de muchos, que no comprendemos la razón de instaurar sistemas de justicia paralelos, sin límites fijados constitucionalmente, ni menos de exigir el consentimiento, no la consulta, de tales pueblos para hacer algunas modificaciones en la Constitución. Vemos, entonces, que es un mal punto de partida. Con todo, algunos han sostenido que es mejor aprobar para reformarla de inmediato. Curiosa forma de apoyar un texto, reconociendo en el acto que tiene graves deficiencias. Por todo lo anterior, el proceso, que seguirá luego del 4 de septiembre, reúne muchos desperfectos, que no hacen sino pensar que todo esto fue una oportunidad mal aprovechada. Rodrigo Pérez de Arce es abogado y magíster en sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y actualmente es subdirector de desarrollo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES CHILE).
