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Sheinbaum, hacia una colisión legal
/ sara pantoja
El “acuerdo” entre la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el magnate dueño de Carso, Carlos Slim, para que este ayude económicamente a rehabilitar la Línea 12 del Metro, no le evitará conflictos legales a la autoridad de la Ciudad de México, como lo anunció el tabasqueño el miércoles 23.
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El despacho de abogados Carbino Legal prepara tres acciones jurídicas contra el gobierno capitalino y las empresas Carso, ICA y Alstom –constructoras de la Línea Dorada–, en representación de 18 víctimas fallecidas o lesionadas, más las que se sumen en el camino.
Miguel Ángel Alcalde Huerta, socio de la firma con sede en Monterrey, explica en entrevista con Proceso la estrategia legal con la que defenderán a las víctimas en búsqueda de la indemnización y reparación del daño justas: una demanda administrativa, una civil y una penal.
Maestro en derecho por la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, explica que el caso administrativo se presentará en máximo tres semanas, aunque por ley tendrían hasta un año para hacerlo. La demanda se interpondrá ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y se basará en la Ley de Responsabilidad Patrimonial local.
Según su interpretación, dicha ley señala que “si el Estado comete irregularidades y le causa un daño al gobernado, tiene una responsabilidad patrimonial y debe responder y reparar el daño”. Y subraya: “Aquí la actividad irregular es la puesta en operación de una estructura que no cumplía los requisitos, la falta de mantenimiento y de inspección, y la certificación de una obra que no estaba bien hecha. El gobierno le falló a las víctimas y debe costarle”.
El sujeto denunciado será el gobierno capitalino y las dependencias involucradas en el diseño, construcción, supervisión, operación y mantenimiento de la Línea 12, independientemente de quién haya estado a cargo en cada momento. Entre ellas, menciona la Jefatura de GoClaudia Sheinbaum | Foto Gobierno de la CDMX bierno, las secretarías de Obras y Servicios y de Protección Civil, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y las alcaldías donde se ubica la línea.
“Señalaremos a todas las dependencias que consideremos que tuvieron una falla. Es tema del gobierno decidir cuál tuvo falla y cuál no. La falla está ahí y me pagas”, dice Alcalde Huerta.
La Ley de Responsabilidad Patrimonial local fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de octubre de 2008. La firmaron los entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y los secretarios de Obras, Jorge Arganis, y de Finanzas, Mario Delgado, quienes ya estaban involucrados en la construcción de la Línea 12, cuya primera piedra se colocó un mes antes, el 28 de septiembre.
De acuerdo con Alcalde Huerta, reclamarán el pago por el daño moral y físico a las víctimas, así como daños punitivos. Detalla que entre las situaciones que tomarán para calcular el monto del pago está el ingreso o sueldo que dejaron de percibir las personas fallecidas para sus dependientes económicos.
En el caso de quienes perdieron alguna extremidad, recuerda que la Ley Federal del Trabajo establece un proceso para calcular el valor de la indemnización “dependiendo la extremidad que perdió” o si les quedaron secuelas que no les permitirán desempeñar el mismo trabajo que realizaban para ganarse la vida.
El litigante asegura que la mencionada ley tiene un mecanismo para calcular las cantidades por exigir, pero adelanta que serán “de millones de pesos” y deberán ser cubiertas con el presupuesto que el gobierno local debe tener para el pago de indemnizaciones por actividad irregular. “Eso está en la ley. Entonces, hay recursos para cubrir esto. Además, la vida no se puede valuar ni escatimar”.
Sin embargo, advierte que esta demanda podría durar años y escalar hasta el máximo tribunal del país, pues la resolución de la Contraloría se puede impugnar en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y de ahí a un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación.
“Prevemos que va a ser una batalla larga, de dos o tres años. Ojalá nos sorprendan las autoridades y no lo sea, por el bien de las víctimas… Es posible que, por las características del asunto, termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”
También defensor de damnificados por el derrumbe de edificios tras el sismo de 2017 en la capital, Alcalde Huerta afirma que, además de buscar justicia para las víctimas, la intención es “crear un parteaguas en el tema de las construcciones irregulares, pues es un problema generalizado en todo México. Sigue sucediendo porque no hay consecuencias, porque si se hace una obra de mala manera no se lleva a nadie ante un juez y al Estado no le cuesta. Nuestra estrategia es integral, primero por las víctimas, pero también para que no se repita la situación en ninguna parte del país”.
El abogado Alcalde Huerta compara la respuesta de las autoridades de la Ciudad de México frente a la tragedia de la L12, con la de las autoridades de Piamonte, Italia, tras la caída de una cabina de teleférico el 22 de mayo pasado, que provocó la muerte de 14 personas y lesiones graves a un niño de cinco años.
En Italia, el 25 de mayo fueron arrestados el dueño de la empresa que opera el teleférico, su director y el jefe de operaciones, por los delitos de homicidio múltiple doloso, desastre por negligencia y eliminación de herramientas para evitar accidentes de trabajo.
“Fue un accidente más pequeño que el de la Línea 12, pero no habían pasado ni cuatro días cuando ya había funcionarios detenidos y ya sabían lo que había ocurrido. En nuestro caso, es evidente que esa publicidad y esa transparencia que presumen no está ocurriendo. ¡Aquí el presidente sale exculpando en su conferencia a una de las constructoras!”, reclama Alcalde.
En “la mañanera” del miércoles 23, López Obrador envió un mensaje a las víctimas de la L12: “Decirle a los familiares que nosotros vamos a estar pendientes para que se haga justicia y que no hace falta de estos abogados que sacan raja del dolor humano, que les interesa el dinero, ya están metidos queriendo sacar más, para decirlo con claridad, pero no en beneficio de los familiares de las víctimas, sino de ellos. Incluso, creo que un despacho estadunidense, como si ellos fueran muy justos y nosotros injustos”.
En respuesta, Carbino Legal emitió un posicionamiento público en el que aclara: “No es una cuestión de lucro como peyorativamente señaló, sino que constituye una campaña por la justicia y la verdad, que trasciende a cualquier interés personal, pues nos enfrentamos a una oportunidad histórica de lograr una verdadera reparación del daño ocasionado por el contubernio negligente y generalizado que existe en las obras públicas en nuestro país”.
Y destacó que seguirá adelante con su objetivo “de garantizar el acceso a la justicia de las familias afectadas, sin temor a enfrentarnos a un Goliat institucionalizado”.
México dialoga con autoridades estadounidenses para abrir frontera con Baja California
goBierno de méxiCo
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras concluir la vacunación contra covid-19 a personas mayores de 18 años en Baja California, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, inició el diálogo con autoridades del estado de California en Estados Unidos para impulsar la reapertura de las actividades comerciales en la frontera.
“Ya están en Baja California vacunados todos los mayores de 18 años (…), porque queremos que se abra la frontera (…) y nos conviene a las dos naciones. Ya estamos haciendo gestiones con el gobierno estadounidense con ese propósito, con el gobernador de California, con las autoridades de San Diego, para que juntos sigamos fortaleciendo esta frontera en beneficio de nuestros pueblos”, destacó.
Al inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en Rosarito, el mandatario reconoció que gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas en solo ocho días se logró completar la vacunación universal en la entidad.
“Las dos instituciones apoyando al cien en todo lo relacionado para enfrentar la pandemia. ¿Qué haríamos sin el apoyo de enfermeras, de médicos de la Marina, del Ejército que nos han ayudado tanto para reconvertir hospitales? (…) En el programa de vacunación nada más imagínense la logística y la distribución de vacunas por todo el país. (…) Se han distribuido más de 50 millones de dosis y aquí está el ejemplo en Baja California; en ocho días se aplicaron un millón 200 mil dosis”, subrayó el presidente.
Agregó que el Ejército y la Marina también participan en labores de construcción de infraestructura, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, así como las sucursales del Banco del Bienestar y las instalaciones de la Guardia Nacional ubicadas en todo el país.
Cada muniCipio de méxiCo Cuenta Con al menos un programa para el Bienestar: presidente
El presidente López Obrador sostuvo que garantizar la seguridad de la población no se logra con “mano dura” sino generando condiciones de bienestar a la población.
Informó que en cada uno de los cerca de 2 mil 500 municipios de la República los habitantes que más lo necesitan acceden a mínimo un Programa para el Bienestar.
Dio a conocer que en Rosarito, Baja California, hay siete aprendices inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Cuatro mil 170 estudiantes de bachillerato reciben becas, así como mil 748 familias con hijos estudiantes en preescolar, primaria y secundaria.
En el municipio, 5 mil 598 adultos mayores cuentan con pensión bimestral; mil 360 niñas y niños reciben apoyos, al igual que hijos de madres trabajadoras.
Con el apoyo de ingenieros militares se construyen dos sucursales del Banco del Bienestar que se suman a las 2 mil 700 que habrá en todo el país.
Acompañaron al presidente, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda Durán y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; la subsecretaría de Egresos de la SHCP, Victoria Rodríguez Ceja; el secretario técnico del Gabinete de la Oficina de la Presidencia, Carlos Torres Rosas; el comandante de la II Región Militar, Celestino Ávila Astudillo; el comandante de la II Zona Militar, Saúl Luna Jaimes; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Baja California, Francisco Javier Hernández Almanza y la presidenta municipal de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo.
Ataques sin freno, un fracaso transexenal
/ Patricia Davila
Al menos desde el gobierno de Vicente Fox diversas corporaciones militares y de seguridad pública han tenido la misión de enfrentar al crimen organizado y derrotarlo, pero hasta ahora ha sido una batalla perdida.
Sexenio tras sexenio los cárteles y sus brazos armados han exhibido la nulidad de resultados de parte de soldados, marinos, policías federales y recientemente de efectivos de la Guardia Nacional. La actual estrategia federal de “abrazos, no balazos”, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco ha podido acabar con la estela de homicidios.
Desde Palacio Nacional, el presidente asegura que “no hay guerra” entre cárteles y afirma que “se puede hablar de paz y tranquilidad” en México. Sin embargo, la realidad exhibe a comandos que salen de cacería para asesinar a inocentes, como el sábado 19 en Reynosa, Tamaulipas, cuyos actos crueles dejaron un saldo de 14 civiles muertos.
La reciente matanza en la urbe fronteriza se suma a la enorme lista de hechos violentos que los habitantes de Reynosa han padecido desde al menos hace cuatro sexenios, sin que algún presidente haya logrado la paz.
Aunque algunos actos violentos de los cárteles se cometieron en los ochenta, la situación se recrudeció entre 1994 y 2004, periodo que incluye la gubernatura de Tomás Yarrington. En 2005, el presidente Vicente Fox inició el operativo policial “México Seguro”, que sería el primero que estaría enfocado a combatir la violencia generada por los grupos delictivos.
En su edición 1368, Proceso publicó un texto titulado “Tamaulipas: las narcodesapariciones”, en el cual se señala la desaparición de 51 personas entre 2002 y 2003, así como el homicidio de 59 durante 2002, la mayoría atribuidas a la disputa por el territorio del Cártel del Golfo, dirigido entonces por Osiel Cárdenas Guillén, convirtiendo a esa frontera en la región más violenta de México.
En 2003, el Gobierno Federal capturó a Cárdenas Guillén y en 2007 lo extraditó a Estados Unidos, dejando al cártel en manos de su hermano Antonio Cárdenas y de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, expolicía de Matamoros.
De acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República, ante el supuesto debilitamiento del Cártel del Golfo, Los Zetas, brazo armado de Osiel Cárdenas, organizan secuestros, imponen impuestos de protección, cobran deudas y controlan extorsiones, secuestros y desapariciones; además, cooptan corporaciones policiacas y ejecutan con extrema violencia a sus enemigos.
La crueldad de Los Zetas –grupo criminal fundado por exmilitares– los llevó a controlar el suministro de cocaína y las rutas de tráfico conocidas como “plazas”. | Foto Gobierno de México
Para octubre de 2010 el terror paraliza a autoridades, empresarios, políticos y a la ciudadanía tamaulipeca por igual. La gente evitaba salir a la calle por temor a encontrarse con una balacera.
La noticia en torno a la matanza de 72 inmigrantes en un rancho del municipio de San Fernando, que comenzó a difundirse el 24 de agosto de ese año, sorprendió al mundo, pero no a los tamaulipecos. Los vecinos de la zona comentaron entonces que el hallazgo no es ni 10% de lo que sucede en la localidad.
Tenía siete meses que el Cártel del Golfo, en alianza con La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa, le declaró la guerra a sus antiguos aliados: Los Zetas. Desde entonces, el terror alcanzó a todos los sectores sociales y a la mayoría de los municipios del estado. En Tamaulipas sólo la discreción salva la vida.
Entre el 27 y 29 de agosto de 2010 los grupos delictivos perpetraron siete ataques con explosivos: dos con cochebomba, tres con bombas en lugares públicos cercanos al puente internacional de Reynosa, uno más frente a las oficinas de la policía en Tampico y otro con granadas en la base de la Naval en Matamoros.
Para 2011 todos estos meses de violencia y caos afectaron la salud mental de los tamaulipecos. Silvano Martínez Cano, jefe del Departamento de Salud Mental del estado, denunció que la inseguridad ha “desquiciado” a los tamaulipecos llenándolos de miedo, estrés y depresión.
En 2014, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los cárteles cumplían más de una década de complicidad con funcionarios en Tamaulipas, permitiéndoles controlar la universidad autónoma del estado, hoteles, casinos y empresas de espectáculos. También incursionaron en el robo de ganado, operaron carnicerías y controlaron la distribución de pollo, tortillas y cerveza.
En el sexenio de López Obrador la estrategia de “abrazos, no balazos” no ha ayudado en los resultados de las fuerzas federales. La incursión de Reynosa del pasado sábado 19, en la cual asesinaron a 14 inocentes, es una muestra del poder e impunidad que tienen los cárteles.
/ ricarDo raPhael
Un taxista, un joven que vendía celulares, el dependiente de una tienda de abarrotes y su cliente, una mujer y dos hombres a quienes, además de asesinarlos, les robaron un vehículo, y un adulto mayor que caminaba despreocupado sobre la acera de su casa.
Entre otros individuos, ellas y ellos fueron personas inocentes sacrificadas a plena luz del día el sábado 19 de junio en las colonias Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
A diferencia de otros actos terroristas, en este caso la demanda de los perpetradores no ha sido dada a conocer de manera pública. Tal cosa, sin embargo, no implicaría que no haya habido demanda.
Sin ambigüedad, el asesinato azaroso de las víctimas de Reynosa debe ser definido como un acto terrorista; corresponde tanto a la noción jurídica prevista por el tipo delictivo del Código Penal Federal (CPF), como a los conceptos desarrollados por quienes estudian este violentísimo fenómeno.
El artículo 139 del CPF advierte como acto terrorista, entre otros, aquel cometido intencionalmente, mediante armas de fuego, en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzca alarma, temor o terror en la población para presionar a la autoridad a que tome una decisión determinada.
Aun si todavía no se conocen con precisión las razones del sacrificio de personas inocentes, ni tampoco con puntualidad la autoridad destinataria del mensaje terrorista, en la tragedia de Reynosa hacen acto de presencia las características previstas por el artículo referido: 1) los homicidios fueron cometidos intencionalmente; 2) mediante arma de fuego; 3) contra la integridad física y la vida de las víctimas; 4) produjeron efectivo temor y terror entre la población y; 5) hubo al menos una autoridad que acusó de recibido respecto del presumible mensaje.
De haber dudas a propósito del último elemento, el presidente Andrés Manuel López Obrador las despejó durante la conferencia matutina, en Palacio Nacional, del lunes 21 de junio.
Ahí solicitó explícitamente a la Fiscalía General de la República (FGR) que atrajera el caso relacionado con estas ejecuciones. Esta declaración pública del primer mandatario implicaría, de un lado, que cuenta con suficiente información como para confirmar que las atrocidades cometidas el sábado previo pueden ser encuadradas como delito del orden federal (delincuencia organizada y/o terrorismo) y, del otro, que la Presidencia de la República se asumió interpelada directamente por el mensaje de los perpetradores.
Junto con estos términos de naturaleza jurídica concurren otros que ayudan a completar el entendimiento de tan lastimoso evento.
A pesar de que el país lleva viviendo más de una década de violencia, al punto en que los umbrales de tolerancia social e institucional se han flexibilizado, la masacre de Reynosa exhibe características superlativas: en efecto, se trató de un acto violento superextraordinario dentro de un contexto extraordinario.
Tanto la inocencia de las personas sacrificadas como la dimensión atroz del acto terrorista hacen que este episodio sobresalga entre muchos otros que continúan ocurriendo en el país.
Las víctimas de la masacre de Reynosa son doblemente inocentes, primero porque como cualquier víctima del delito (robo, secuestro, asesinato, violación, extorsión, etcétera) merecen sin regateo alguno la calidad de inocente y, segundo, porque en este caso las personas fueron elegidas al azar con el propósito explícito de hacer saber que se les sacrificaba debido a un propósito político específico, el cual, de no concederse, podría añadir a otras personas inocentes en el futuro.
En otras palabras, si las personas asesinadas por los perpetradores no hubiesen sido seleccionadas al azar el mensaje de los terroristas habría sido otro.
De ahí que merezca repudio el discurso de la presidenta municipal de Reynosa, Maki Esther Ortiz, quien en un principio explicó el evento aduciendo que las víctimas serían meros saldos humanos colaterales de una balacera entre dos grupos criminales.
No se necesita ser experto para concluir que la mecánica seguida por los terroristas –el modus operandi– en nada se asemeja a una batalla entre pistoleros de distintos bandos, porque fue un convoy de vehículos tripulados por gente fuertemente armada el que recorrió las colonias del sureste de Reynosa disparando contra gente inocente elegida al azar.
La urgencia de la presidenta municipal por negar lo obvio es sospechosa: 23 cadáveres en los servicios forenses de su localidad –desvinculados en biografía, actividad y ubicación– contradicen no sólo a esta funcionaria, sino a su reputación y credibilidad. ¿Qué o a quién quiso encubrir Maki Esther Ortiz con sus palabras notoriamente falsas?
Le toca ahora a la FGR, no sólo por petición presidencial sino por mandato constitucional, investigar estos hechos a partir de la premisa de que se trató de un acto terrorista. Ni las víctimas sacrificadas ni el resto de la comunidad aterrorizada merecen que el encubrimiento de la munícipe se repita, así como tampoco que el delito perseguido sea uno distinto al que corresponde a esta trágica situación.
Ciertamente se añade como complicación para la FGR, a la hora de investigar e integrar la carpeta con sus hallazgos, que esa misma institución tiene denunciado ante un juez federal al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Cómo le hará la FGR para colaborar en la persecución de un acto terrorista con un funcionario al que tiene por delincuente organizado?
Atrocidad terrorista
Maki Esther Ortiz | Foto @MakiOrtizD
