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Irregularidades de mil 600 millones para salud en los estados
trabajo no había personal pagado con recursos del programa; no obstante, en las bases de datos estaban registrados ahí 175 trabajadores que percibían 40 millones 593 mil 500 pesos; asimismo, en el Hospital Materno Infantil de Chalco, Josefa Ortiz de Domínguez, la labor de dos trabajadores en nómina no fue validada por el responsable de ese lugar, aunque se les transfirieron 49 mil 800 pesos.
La ruta siguió: autoridades de los hospitales Materno Infantil Guadalupe Victoria, Atizapán, y General Valentín Gómez Farías no pudieron documentar que dos personas, remuneradas con 181 mil y 24 mil 900 pesos, respectivamente, laboraron ahí.
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En total, los cargos por salarios de personal no localizado sumaron 40.8 millones de pesos, pero la administración de Del Mazo proporcionó “formatos de movimientos de personal, tarjetas de asistencia, listas de asistencia y oficios de validación del personal de las unidades médicas”, signados por los responsables de dichas unidades, por lo que la ASF justificó 38.5 millones de pesos y quedaron pendientes los 2.3 millones citados anteriormente.
Los auditores detectaron que el Estado de México transfirió 124 mil 320 pesos a personas después de la baja laboral definitiva. También detectaron que el gobierno entregó 5 millones de pesos que intentó acreditar con “pólizas de egresos” pero sin comprobar actividad o servicio. Igualmente, 521 mil pesos en “pagos por anteojos” para cumplir indebidamente con el fondo “Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo”.
De otros 72 millones 327 mil pesos no hay documentación que acredite el gasto, y tampoco existe evidencia de 709 mil pesos de rendimientos financieros.
Asimismo, de una muestra de 14 facturas por 13 claves de medicamento, en nueve –por 77 millones 936 mil pesos–no se ajustaron a los precios máximos.
Los más irreguLAres La entidad con más posible daño al erario en este programa de salud es Hidalgo, gobernada por el priista Omar Fayad Meneses, cuyo secretario de Salud fue Alejandro Benítez Herrera, investigado por un presunto cobro ilegal de préstamos a trabajadores. De estas retenciones –según denuncias en curso–obtenía un porcentaje cuyo destino es indagado por la procuraduría local.
El monto asciende a 522 millones 940 mil pesos, que equivale a financiar en un año 2 mil 134 tratamientos de cáncer de mama, con base en el estimado de gasto de esta enfermedad que hace la Secretaría de Salud federal.
Las anomalías detectadas en la auditoría 1014 consisten en el uso de 57 millones 932 mil pesos en “reactivos para muestras de laboratorio”, de los que, no obstante, los servicios de salud no proporcionaron remisiones del almacén que permitan validar la entrega por parte del proveedor, la fecha de la entrega ni el número de bienes; 21 millones 998 mil pesos por supuestos servicios integrales de mastografías, “de los que no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria suficiente que permita validarlos”, más 443 millones 9 mil pesos dispersados en bancos.
Los auditores detectaron que el Sector Salud de Hidalgo (SSH) utilizó una cuenta bancaria productiva para recibir y administrar los recursos del programa; sin embargo, en la cuenta se incorporaron otras fuentes de financiamiento y el gobierno utilizó seis cuentas más en las que movilizó dinero del mismo fondo. Ya que la cuenta bancaria no fue única ni específica, “impidió verificar si los saldos corresponden a los recursos del Programa U013 2021”.
Además, aunque no generó observación económica, el ente federal detectó que Hidalgo retuvo en Salud 65.4 millones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por salarios, y que reportó 54.8 millones por enteros de marzo a diciembre de 2021. Sin embargo, de retenciones del ISR por 10.5 millones de enero y febrero no se acreditó el entero de las mismas. Por tal motivo, la ASF requirió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) auditar al SSH.
En posible daño a la hacienda pública, a Hidalgo le sigue Tamaulipas, que en el 2021 estaba a cargo de Francisco García Cabeza de Vaca, con 402 millones 438 mil pesos.
La auditoría 1780 detectó las siguientes inconsistencias: no acreditar que el dinero de cheques cancelados fue devuelto; diferencia entre el monto registrado en Remuneraciones al Personal y la nómina presentada, y pagos no acreditados en los capítulos 1000, 2000 y 3000.
Las irregularidades en este estado, que utilizó 12 cuentas para movilizar el dinero, equivalen a pagar 3 mil 72 tratamientos de diabetes todo un año.
Sigue Coahuila con 207 millones 800 mil pesos que, refiere la auditoría 690, se usaron para transferir recursos (8.3 millones de pesos) hacia otras cuentas bancarias sin que el dinero fuera devuelto, y para remunerar a 557 servidores públicos (176.8 millones de pesos). No obstante, estos pagos ya se habían ingresado en otro fondo: el de Aportaciones para los Servicios de Salud. Es decir, el gobierno intentó cargar la misma nómina dos veces.
En Coahuila, bajo el mando del priista Miguel Riquelme Solís, igual se detectaron presuntos “aviadores”: 22 millones 530 mil pesos en servicios personales por los que no hay documentación comprobatoria, más 22 mil pesos de pagos en exceso a 82 servidores públicos.
PAgos extrAs Entre las inconsistencias con el uso de recursos aparece que el gobierno de Cuitláhuac García, en Veracruz, usó 77 millones 192 mil pesos para cubrir dos compensaciones no autorizadas: Alto Riesgo y Mediano Riesgo.
En Zacatecas, primero al mando del priista Alejandro Tello y los últimos cuatro meses del 2021 del morenista David Monreal, el gobierno no acreditó que se llevara a cabo el servicio de Administración y Abasto de Medicamentos a Farmacias Subrogadas, por el que pagó 24 millones 374 mil pesos (contrato SSZ-ADQ-SERV-125-2021).
La ASF observó en Zacatecas irregularidades por 26.6 millones. Entre ellas, las sanciones no aplicadas por atrasos en el suministro de materiales, accesorios, medicinas y productos farmacéuticos (106 mil pesos), y por pagos que excedieron los precios de los medicamentos (contratos SSZ-LPN-LA-932057995E20-2021-019 y SSZ-ADQ-MAT-155-202, por 2.1 millones de pesos). Algunas entidades pagaron a personal sin créditos académicos o por insumos a sobrecosto, además de ocupar el fondo para fines no relacionados: El gobierno de Morelos destinó 486 mil pesos en un trabajador que, tras consulta en el Registro Nacional de Profesionistas, no contaba con el grado mínimo requerido; el de Tabasco usó 4 millones 348 mil pesos en prestaciones de Contratos Colectivos de Trabajo, mientras que el de Samuel García, en Nuevo León, cargó 97 mil pesos por concepto del ISR que excedió el monto retenido en las nóminas del personal financiado con el programa.
En Oaxaca, la administración priista de Alejandro Murat adquirió cuatro claves de medicamento a sobrecosto (227 mil pesos), además de que pagó a un Médico Especialista “A” que no tenía el nivel académico (650 mil pesos) y gastó 7 millones 738 mil pesos en “Pago de Ayuda de Tesis”, “Ayuda de Anteojos”, “Día del Trabajador, Día de las Madres y Reyes”.
En Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum pagó 277 mil pesos en sueldos más altos que lo fijado en el tabulador. Las observaciones por 11 millones 360 mil pesos en la capital se completan con 149 mil pesos por recursos que no se pagaron al 31 de marzo de 2022, y los rendimientos financieros que no se comprometieron al 31 de diciembre de 2021; 778 mil pesos por no acreditar adquisición de medicamentos, y 10 millones 154 mil pesos por no comprometer al 31 de diciembre de 2021, ni devengar y pagar el saldo bancario al 31 de marzo de 2022.
Chihuahua debe comprobar 132 mil pesos por penas convencionales no aplicadas a un proveedor; Michoacán por 4 millones 161 mil pesos por medicamentos no contemplados y que, además, excedieron el precio de referencia; y Colima, 1.5 millones de pesos: 53 mil por el entero en exceso de las retenciones de ISR, y un millón 517 mil pesos por recursos devengados no pagados al 31 de marzo de 2022 que corresponden a retenciones, cuotas y aportaciones patronales de seguridad social, vivienda y retiro.
Entre el mal manejo del presupuesto, la ASF señala que, en medio de la crisis, no se encontraron insumos supuestamente pagados para enfrentar el Covid.
El gobierno de Baja California, indicó, no justificó con facturas, remisiones de producto u órdenes de remisión la recepción en sus almacenes de insumos valuados en 185 millones 613 mil pesos, además de que la auditoría reclama otro millón 972 mil pesos porque no presentó pólizas contables junto con documentación que ampare el gasto en “medicinas y productos farmacéuticos”, ni acreditó que estos fueran entregados, ni llevó un control en el almacén mediante el registro de las entradas, salidas y existencias.
Además de los mil 616 millones observados en los estados por el manejo de este programa, el Instituto de Salud para el Bienestar debe aclarar 105 millones 677 mil pesos por compras de medicinas a un precio superior al establecido por Hacienda y por Cuentas por Liquidar Certificadas asignadas a Michoacán y Puebla, pero de las cuales las órdenes de remisión indican que su destino final sería el Estado de México; otra recibida por Michoacán, pero cuya orden indicaba que su destino final sería el Estado de México, y dos más de las que se carece de documentación que compruebe y justifique el gasto.
/ Gloria leticia Díaz
Familiares de víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas armadas y de seguridad denuncian que la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico ha conseguido avances mínimos en sus investigaciones sobre el paradero de sus familiares mientras el presidente López Obrador sigue enviando señales de apoyo al Ejército. En tanto, la Comisión enfrenta falta de presupuesto, reticencia de los militares para entregar documentos y falta de colaboración de la FGR.
Reunidos en las instalaciones del Archivo Histórico de Sinaloa, una veintena de familiares de personas desaparecidas por las fuerzas armadas y de seguridad durante la Guerra Sucia protestaron ante la Comisión para el Acceso a la Verdad, que depende de la Secretaría de Gobernación, por “por no haber sido considerados como colectivo, para ser convocados y entrevistados como lo fueron un grupo de familiares de perpetradores”.
Así se lee en la minuta fechada el 26 de octubre de 2022 que la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos en Sinaloa de los Años 70 enviaron al organismo –creado por decreto en 2021– al enterarse de que, la víspera, los investigadores de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEH) se entrevistaron en ese recinto oficial con familiares de perpetradores de graves violaciones a derechos humanos.
La molestia se acentuó cuando los investigadores Daniel Herrera y Laura Rojas, que trabajan de manera directa con el comisionado Carlos Pérez Ricart, intentaron convencer a los familiares de los desaparecidos políticos de que los policías desaparecidos también eran víctimas.
