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Senadores retomarán el Plan B a partir del 1 de febrero
Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado, dijo que en la primera semana del periodo ordinario de sesiones se votará la eliminación de la cláusula de vida eterna que forma parte del Plan B de la reforma electoral. “Estuve en la reunión de la Junta de Coordinación Política y, se acordó someter en la primera semana, revisar esta parte que nos regresan las y los diputados, y que tiene que ver con la reforma electoral”, dijo Armenta Mier en conferencia de prensa.
tuciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), y con ello la minuta que envió la colegisladora.
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Dicha minuta incluye reformas a la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la ley General de Partidos Políticos, la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Las y los senadores de oposición promovieron este miércoles una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas en materia de propaganda para limitar la veda electoral, que forman parte del Plan B. Como lo había anunciado, al integrar al menos el 33% de la Cámara de Senadores, el llamado bloque de contención presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la parte ya promulgada de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se coló en la reforma electoral y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 27 de diciembre. “El objetivo de estas modificaciones, que forman parte de la reforma conocida como Plan B, buscan alterar el principio de neutralidad en las contiendas electorales, vulneran la legalidad y atentan en contra de la Constitución”, señalaron.
De acuerdo con el bloque, integrado por PAN, PRI, MC, PRD y el Grupo Plural, el decreto viola la veda legislativa, pues la ley en materia electoral se promulgó sin respetar el plazo de noventa días previos al inicio de los procesos electorales, en referencia a las precampañas en Estado de México y Coahuila.
También, indicaron, “atenta en contra del proceso parlamentario” y “los principios de publicidad, deliberación democrática y debida motivación”, que fueron vulnerados durante el proceso de deliberación en la Cámara de Diputados. Esto en referencia a que el dictamen fue avalado fast track en San Lázaro en diciembre pasado, sin que las y los diputados hubieran leído la serie de reformas.
En la demanda también argumentaron que el decreto “pone de manifiesto el uso discrecional de recursos públicos para intervenir en las elecciones a través de propaganda”. Acusaron que con estas reformas el gobierno federal pretende modificar las reglas del juego en beneficio del partido oficial, Morena, y sus candidatos. Las y los opositores urgieron a la SCJN a resolver a la brevedad, considerando la cercanía del proceso electoral federal.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta recordó que en diciembre el Senado aprobó el Plan B de reforma electoral y lo reenvió a la Cámara de Diputados, donde, tras el rechazo del presidente, se eliminó la figura de candidaturas comunes, para darle supervivencia a los partidos satélite con el reparto de votos.
Pero como el receso legislativo llegó y Morena no tenía mayoría calificada para convocar a un periodo extraordinario, quedó pendiente la modificación del artículo 12 de la Ley General de Insti-
El pasado 27 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que también forman parte del paquete de reformas en materia electoral del Ejecutivo Federal, pero que estaban contenidas en otro dictamen. “¿Qué tenemos que hacer? Lo vamos a someter al Pleno y lo haremos seguramente en las primeras sesiones que tengamos a partir de febrero”, insistió el morenista.
Armenta Mier también dijo que la JUCOPO acordó que las sesiones del próximo periodo ordinario, que inicia el 1 de febrero, serán martes y miércoles durante febrero, marzo y abril.
Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Coahuila, en la cual se consideró que, durante el periodo de precampañas, las personas precandidatas únicas pueden hacer actos de acercamiento con su militancia, siempre y cuando no incurran en actos anticipados de campaña.
El asunto tiene su origen en una consulta realizada por Morena al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en la cual preguntó qué actos podría realizar su precandidatura única durante la etapa de precampañas. El Instituto local respondió que su legislación local prohíbe a las precandidaturas únicas la celebración de actos de precampaña de forma absoluta.
Por su parte, el Tribunal local modificó la respuesta al determinar que, conforme a la jurisprudencia de la Sala Superior, cuando una precandidatura única está sujeta a un proceso de ratificación al interior de su partido político, sí puede realizar actos de acercamiento con la militancia, siempre que no impliquen actos anticipados de campaña.
En sesión pública presencial, a propuesta del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, el pleno de la Sala Superior, con el voto particular conjunto en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, confirmó la resolución del Tribunal local al considerar que la interpretación legal realizada por el Tribunal local es constitucional, desde una perspectiva formal y material.
Lo anterior, pues la interpretación busca armonizar todos los principios, derechos y valores involucrados en esta controversia, como la libertad de expresión, reunión y asociación de las precandidatas únicas cuando están sujetas a un procedimiento de ratificación, frente a la equidad en la contienda, además de ser consistente con los criterios sostenidos por esta Sala Superior (SUP-JRC-2/2022 y acumulado).
Urgen a actualizar legislación pesquera
SEnado dE la REPública
Especialistas y representantes de organizaciones civiles, convocados por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, exhortaron a revisar la legislación reglamentaria y la Carta Nacional Pesquera, para lograr un manejo responsable de las pesquerías en las costas del país, con el fin de evitar la sobreexplotación de especies marinas.
Son las opiniones expresadas durante el seminario continuo sobre El marco jurídico de la pesca en México a debate. Áreas de oportunidad para la mejora y la innovación, al que convocó el Instituto Belisario Domínguez, que preside el senador Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI.
La doctora María José Espinoza Romero, directora general de Comunidad y Biodiversidad, organización civil que promueve la pesca sostenible en América Latina y el Caribe, indicó que se debe revisar la Carta Nacional Pesquera para ver qué especies están sobreexplotadas, porque no en todas existen instrumentos regulatorios.
El problema, advirtió, es que muchas especies tardarán muchos años en recuperarse y otras no podrán hacerlo, debido a la sobreexplotación a la que han sido expuestas.
Agregó que, en la asignación de derechos a través de la renovación de permisos, deben depender del tipo de recurso pesquero existente por zonas y hacerlo en condiciones de equidad, porque las especies en deterioro o colapsadas quizá no se recuperen, además que sean un procedimiento ágil para que los pescadores tengan estabilidad legal.
A su vez, Ana María Frías Salazar, presidenta de la Federación Regional de Sociedad Cooperativas Pesqueras, Turística, Acuícolas y Artesanales del Estado de Yucatán, al explicar la vigencia del marco jurídico, exhortó a legislar de manera clara para lograr un manejo responsable de las pesquerías en las costas del país.
“Necesitamos que se legisle con mayor responsabilidad sobre la pesca en nuestro país; que todos pongamos de nuestra parte para poder cuidar de los mares, que son patrimonio y la herencia que le dejaremos a las futuras generaciones”, expuso.
Indicó que se debe revisar la actividad pesquera en términos de sustentabilidad y rentabilidad, promover el desarrollo social y económico de las comunidades pesqueras, al generar empleos y aportar alimento al pueblo, además de luchar para conservar los recursos pesqueros del país.
Al respecto, la doctora Angelina del Carmen Peña Puch, especialista de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Campeche, consideró que las comunidades pesqueras deben contar con información accesible sobre el estado del recurso, la fragilidad de los ecosistemas ante el uso de artes de pesca prohibidas y de materiales contaminantes.
“Esto es porque muchos de los pescadores no miden el peligro en el que se encuentran los ecosistemas marinos costeros, además de que existen muchos problemas por los arrecifes artificiales que, como en el estado de Campeche, afectaron muchísimo a las especies y al ecosistema marino en sólo tres años y afectó a numerosas especies”, alertó.
En tanto, la Maestra Mariana Aziz Pico, abogada ambiental por la Universidad de Londres y directora de Campañas y Transparencia en Oceana México, al hablar sobre los permisos de pesca comercial, precisó que se otorgan para aprovechar y comercializar un recurso pesquero y no se deben ver como un tema de transferencia de propiedad.
“Tener un sistema jurídico eficiente y transparente en la asignación de permisos, es una condición clara para sacarle el mayor provecho económico a los recursos pesqueros. Sin este sistema eficiente, todo el potencial que tenemos puede ser mal manejado, sobreexplotado y se puede perder la posibilidad de alimentar a millones de personas y generar empleos”, pronosticó.
TEPJF
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, que desechó la queja presentada en contra del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de diversos medios de comunicación, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, así como uso indebido de encuestas y difusión de noticias falsas. En noviembre pasado, un ciudadano presentó una queja en contra de Marcelo Ebrard y de las páginas electrónicas Poligrama, Revista 32 y los medios de comunicación Swiss Info y El Financiero, por la difusión de encuestas que presuntamente posicionaban al secretario de Relaciones Exteriores como la persona con más apoyo, tanto en la militancia de Morena, como de la ciudadanía en general, de cara a la elección presidencial.
A propuesta de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, el pleno de la Sala Superior, en sesión pública presencial, señaló que la Unidad Técnica sí fundó y motivó el desechamiento de la queja, pues consideró que, de un análisis preliminar, las conductas denunciadas no constituyeron una violación en materia electoral.
Lo anterior, porque las publicaciones en cuestión obedecieron a ejercicios de opinión y libertad de expresión, respecto de los cuales no se aportó alguna prueba en contrario, y porque tales publicaciones no están sujetas a la regulación aplicable a las encuestas y sondeos, pues aún no está en curso el proceso electoral presidencial.
Finalmente, se indicó que el desechamiento no implicó que se realizara un estudio de fondo, pues eso corresponde a la Sala Regional Especializada, sino que derivó del análisis preliminar de las pruebas aportadas y la normativa aplicable (SUP-REP-793/2022).
Discuten en el Senado mecanismos para despenalizar uso de hongos
Queremos considerar los saberes ancestrales de los pueblos originarios: senadora Alejandra Lagunes
SEnado dE la REPública
En el segundo día del “Foro intercultural de medicina enteógena”, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz enfatizó que es necesario encontrar los mejores caminos, para despenalizar el uso de algunos hongos para el tratamiento de enfermedades mentales en México.
Agregó que nuestro país está rezagado en estas alternativas terapéuticas, porque la comunidad médica y científica no realiza investigaciones sobre plantas y hongos medicinales, a pesar de que integrantes de los pueblos originarios tienen amplio conocimiento de sus propiedades y las formas de usarlo.
“Queremos considerar los saberes ancestrales de las comunidades, pero también queremos tomar en cuenta lo que está pasando en el mundo y no quedarnos atrás”, subrayó.
Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA, consideró indispensables espacios de diálogo sobre el uso y consumo del cannabis, para que las y los legisladores puedan decretar a favor de los grupos que son vulnerados por consumir la planta.
Comentó que se espera una iniciativa integral con justicia social por parte del Poder Legislativo, para que las personas ya no sean obstaculizadas al querer formalizarse ante la ley, y que puedan realizar sus cultivos y consumirla de forma legal.
En tanto, Ismail Alí, director de Política y Defensa de la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos, mencionó que el uso de sustancias psicodélicas es amplio, pero debe enfocarse al uso exclusivo medicinal y al campo científico, a fin de proporcionarle legitimidad, por medio de estrategias legales y políticas.
Además, de que se necesita construir una conexión entre el uso médico y espiritual, sin fines de lucro; por ello, se requiere una postura que siente las bases de una sociedad justa posterior a su legalización.
Armando Loizaga Pazzi, presidente del Instituto de Medicina Intercultural Nierika, afirmó que México tiene la oportunidad de ser un ejemplo de innovación legislativa para el mundo, al legalizar este tipo de plantas y hongos, por el acervo cultural que poseen los pueblos originarios.
Y “hacer una nueva ley adaptada a la realidad, que impulse el desarrollo integral de las personas indígenas, que proteja y apoye a quienes necesitan usar las propiedades medicinales”.
Eran Blumenauer, senador estadounidense por el estado de Oregon, dijo que México está en la dirección correcta al “enfatizar la salud pública en lugar de la fallida guerra punitiva contra las drogas”, ya que la prohibición no funcionó y no reflejó las prácticas culturales ancestrales, ni los beneficios de la psilocibina.
Se sumó como aliado de la senadora Lagunes Soto Ruíz, en este tipo de acciones positivas que, dijo, beneficiarán la salud de la población mexicana.
Por su parte, Angela Allbee, directora de la Sección de Servicios de Psilocibina de Oregón, dijo que ese estado fue el primero en crear un marco regulatorio para ofrecer esos servicios, y la responsabilidad recae en las autoridades de salud.
Además, se creó un consejo consultor de esa sustancia para determinar las formas en que se suministrará, a través de proveedores con licencia.
