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Il gran rifiuto
cuerda, luego, que en 2000, después de que el ingeniero volvió a perder por tercera vez la presidencia y AMLO se hizo de la representación de la capital del país, el actual presidente de la República fue desplazando el liderazgo de Cárdenas y traicionando los principios democráticos del FND y del PRD. Mientras Cárdenas tomaba una tibia distancia del partido, asumiendo puestos marginales y escribiendo propuestas de hacia dónde debería ir México, AMLO avanzaba de manera autoritaria.
Veintitrés años después, el anuncio de su reaparición con el Colectivo por México creó la expectativa de que Cárdenas estaba de regreso. Crespo, como muchos, creyó que era la oportunidad del ingeniero para “reivindicar su proyecto original frente a las distorsiones de AMLO” y decirle que “quienes hoy gobiernan fueron quienes le arrebataron su triunfo en 1988 (Bartlett para empezar y el propio AMLO, quien estando aún en el PRI neoliberal nada dijo sobre el fraude)”. No lo hizo.
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Lejos de ello, “Cárdenas fingió haber sido sorprendido por #Mexicocolectivo y casi casi ofrece disculpas al presidente por su ‘descuido’”, avalando así, contra él mismo y la nación, el autoritarismo de AMLO.
Crespos tiene razón. En lo que se equivoca es que allí Cárdenas perdió “la gran oportunidad”. Il gran rifiuto del ingeniero está en 1988, cuando a raíz del fraude electoral no llamó a la resistencia civil. Muchos la esperábamos. Pero Cárdenas reculó. Más tarde supe que lo hizo “para evitar un baño de sangre”. En realidad lo pospuso: los crímenes del salinismo fueron el preludio de la tragedia humanitaria que iniciaría con el gobierno de Calderón y se agravaría con el peñanietismo y el obradorismo.
La recusatio del ingeniero, no es la de la cobardía --Cárdenas no lo es; lo demostró en 1986; tampoco Celestino V--, sino la de la excesiva prudencia. Hombre de instituciones, el ingeniero no quiso tomarlas y limpiarlas de corruptos, criminales, arribistas y megalómanos para hacerlas funcionar; no quiso asumirlo para reformarlo. Su exagerada prudencia, lo hizo retraerse. El “no” del 88 sería desde entonces una constante en él. Recuerdo, en este sentido, la primera marcha por los 43 de Ayotzinapa. Yo había tomado mi lugar con lo que quedaba del MPJD. Alguien me llamó preguntándome si Cárdenas podía caminar a nuestro lado. Dije sí. Siempre he querido al ingeniero. Su bondad me es una fuente de alegría. Mientras avanzábamos por Reforma, muchos le gritaban improperios. “No entiendo --le dije-- por qué no renunció esta mañana al PRD. No lo estarían insultando. Estaría encabezando la indignación”. No me res- pondió. Siguió avanzando imperturbable al lado de Adolfo Gilly y Salvador Nava, que lo acompañaban. Al final, los imbéciles lo apedrearon. Renunciaría un mes después sin rearticular la reserva moral que lo acompañó en 88. Contra lo que Crespo y muchos piensan, “la oportunidad perdida” de Cárdenas no está en la abjuración al Colectivo por México (controlado desde cúpulas partidistas y manipulado por Delgado, un Dante pequeño, el colectivo nació muerto; Delgado sabía con antelación que Cárdenas no iría y guardó silencio obligándolo a una retractación indigna), sino en il gran rifiuto del 88. Lo demás es su reincidencia. Cárdenas nos debe la democracia; Fox, la transición que el “no” del ingeniero hizo posible, según Crespo. Al decirlo recuerdo con tristeza el poema que Cavafis escribió sobre el verso de Alighieri, Che fece… il gran rifiuto. Cito la versión de Cayetano Cantú: “Para algunos el día llega/ en que se tiene que dar el gran “SÍ” o el gran “NO”//Quien tiene el “SÍ” dispuesto/ sobresale de inmediato y entra/ al glorioso camino de sus convicciones./ El que rehúsa nunca se arrepiente;/ si de nuevo le preguntan, repetirá: “NO”;/ y sin embargo, ese “NO” es la derrota de su vida”.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Le Barón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.
/ GloRia leticia Díaz
El pasado 2 de febrero, funcionarios de Gobernación propusieron a Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile aplazar el cumplimiento de la sentencia que dos semanas antes emitió en su beneficio la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un día después el titular de aquella dependencia, Adán Augusto López, calificó esa resolución de la Corte como “un despropósito”. Para Jorge quedó claro que el gobierno “no quiere cumplir” dicha sentencia, pero –advierte– “no vamos a quitar el dedo del renglón: queremos que se elimine el arraigo y se modifiquen las leyes sobre la prisión preventiva”.
Jorge Tzompaxtle Tecpile, beneficiario de la sentencia contra México emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), es firme en su exigencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador: “No queremos dinero, lo que queremos es que se elimine el arraigo y se modifiquen las leyes sobre prisión preventiva oficiosa”.
A dos semanas de emitida la resolución Tzompaxtle Tecpile vs México, que ordena reformas estructurales en materia de arraigo y prisión preventiva oficiosa, Jorge Tzompaxtle Tecpile, alerta que el gobierno de López Obrador, “no quiere cumplir la sentencia, eso lo vimos en la primera reunión con la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Fue claro que no están dispuestos a ceder”.
En entrevista con Proceso , Tzompaxtle Tecpile detalla que el pasado 2 de febrero las víctimas del caso, él y su hermano Gerardo, así como sus representantes legales que integran la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC), participaron en una primera reunión virtual convocada por la Coordinación para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos (CACOIDH), de la SEGOB.
“En esa reunión nos dijeron que la parte de la sentencia que correspondía al arraigo y a la prisión preventiva la iban a dejar para luego, para cuando la Corte Interamericana resolviera otra sentencia, la de García Rodríguez y Reyes Alpízar.
“No sé si esperaban que porque pusieron a puras mujeres a negociar íbamos a aceptar lo que nos decían. Nosotros respondimos que no estábamos de acuerdo, porque no vamos en paquete con el otro caso que está en la Corte Interamericana. Nosotros queremos que se quite el arraigo y se modifiquen las leyes sobre prisión preventiva oficiosa. No vamos a quitar el dedo del renglón”, sostuvo Tzompaxtle Tecpile.
Explica que el encuentro fue decepcionante porque se esperaba que ya con sentencia en mano, el gobierno de López Obrador diera paso a su cumplimiento.
“Era evidente que las negociadoras recibieron instrucciones de no ceder, más cuando vimos al otro día que el secretario de Gobernación (Adán Augusto López) declaró en contra de la resolución de la Corte Interamericana”, apunta.
El 3 de febrero, al término de un evento partidista en Tlaxcala, López se refirió a la sentencia de la COIDH como “un despropósito”, por ordenar reformas legales para abolir el arraigo y adecuar la prisión preventiva a la Convención Americana de Derechos Humanos.
En esa ocasión, el aspirante a la candidatura presidencial por Morena descalificó al tribunal regional por pretender “ponerse por encima de la Constitución y faltarle al respeto al Estado mexicano, no puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano, tiene que haber respeto para nuestra ley suprema por parte de los tribunales internacionales”.
Jorge Tzompaxtle Tecpile insiste en que si él y su hermano, así como Gustavo Robles, quienes fueron detenidos arbitrariamente en 2006, arraigados y sometidos a prisión preventiva sin haber cometido delitos, decidieron llegar hasta la COIDH “es porque no queremos que se repita lo que vivimos, no queremos que haya más víctimas de esas leyes injustas, violatorias de derechos humanos. Los jueces de la COIDH lo dijeron: no es posible que México sea el único país en el continente en el que se arraigue y se detenga a una persona para investigarla”.
Renuencia oficial
El jueves 2, en una reunión virtual presidida por la titular de la CACOIDH, Nancy Desiderio Noyola; la directora de Resoluciones Internacionales, Carolina Hernández Nieto; y la subdirectora de área Montserrat Topacio León García, en nombre del gobierno federal ofrecieron a los representantes y víctimas hacer una revisión de las iniciativas legislativas que había en materia de arraigo y prisión preventiva oficiosa y recomendaron “esperar al fallo próximo de la Corte IDH en el caso García Rodríguez y Reyes Alpízar” con el argumento de que se esperaba que esa sentencia, de la que no hay fecha para su emisión, estuviera en sintonía con la de Tzompaxtle Tecpile.
En el encuentro incluso las representantes de la SEGOB fueron renuentes para atender temas básicos como la publicación de la sentencia, como lo ordenó la COIDH. Argumentaron que antes de publicarlo en el Diario Oficial, se emitiría un “dictamen jurídico sobre lo ordenado por la Corte y en ese sentido poder realizar la publicación”.
La resistencia a publicar la sentencia se extendió incluso en el portal en que se cumpliría este punto: si en el del gobierno de la República o en las páginas de la SEGOB y la Cancillería.
Magdalena López Paulino y Ernesto Rodríguez Cabrera, integrantes de la RSDCIAC, relatan los obstáculos con el gobierno de López Obrador durante el litigio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el rechazo constante a realizar modificaciones a la legislación.
La defensora recuerda que, a diferencia de otros casos que se iniciaron en administraciones anteriores, el caso Tzompaxtle Tecpile fue litigado totalmente durante el gobierno de la 4T.
Aunque el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007, un año después de la detención arbitraria de las tres víctimas, se admitió en 2015 y el 7 de diciembre de 2018 fue emitido el Informe de Fondo, por el que la CIDH desarrolló una serie de recomendaciones, entre ellas precisamente la eliminación del arraigo y el sometimiento de la prisión preventiva oficiosa a los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En la sentencia se explica que fue hasta el 20 de febrero de 2020, que se firmó “un acta de entendimiento para la eventual celebración de un Acuerdo de Cumplimiento del Informe de Fondo No. 158/18”, atendiéndose algunos puntos recomendatorios, “en particular, las relativas a las medidas de compensación pecuniaria”, evitando las de tipo estructural.
“A partir de 2020, el gobierno pedía prórrogas a la Comisión Interamericana para cumplir las recomendaciones del Informe de Fondo, específicamente las relacionadas con arraigo y prisión preventiva oficiosa. Esos fueron los temas que atoraron las negociaciones y fueron los que al final llevaron a la CIDH a presentar el caso ante la Corte, en mayo de 2021, porque el gobierno se resistió todo el tiempo a eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa”, dice López Paulino.
Sobre la primera reunión sostenida tras la notificación de la sentencia, la defensora reitera el posicionamiento de las víctimas.
“Nosotros rechazamos la propuesta de esperar al cumplimiento hasta que se emita la sentencia García Rodríguez y Reyes Alpízar por ser inadmisible. Cada sentencia debe tener su propio cumplimiento, pero también entendemos que esa reacción es compatible con la forma en que el gobierno mexicano actuó a lo largo del juicio”, dice Magdalena
Ernesto Rodríguez, agrega que durante todo el proceso, “el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se ha negado a reunirse con nosotros, para explicarle la importancia de la eliminación de ambas figuras, que son contrarias a lo establecido por los estándares internacionales de derechos humanos”.
Recuerda que, durante la audiencia ante la Corte del 23 de junio de 2022, “los jueces de la Corte estaban intrigados, y cuestionaron reiteradamente a la representación del Estado mexicano de cómo era posible que México era el único país en América en el que se detiene para investigar a las personas, violando la Convención Americana de Derechos Humanos y toda la legislación internacional”.
Rodríguez Cabrera considera que las palabras del secretario de Gobernación, competencia contenciosa
Adán Augusto López, descalificando la sentencia, “confirma lo que vimos en la reunión del 2 de febrero, que no hay intención del gobierno de acatar la sentencia”.
Ante la resistencia, apunta que las víctimas tendrán que recurrir a otras instancias del Estado mexicano, como el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aun cuando en la sentencia por el caso Tzompaxtle Tecpile la COIDH fijó seis meses para eliminar el arraigo y adecuar la prisión preventiva a la Convención Americana de Derechos Humanos, y dar un informe de total cumplimiento en un año, los defensores alertan que notificarán a la Corte Interamericana sobre la respuesta que hasta ahora han recibido de rechazo a su sentencia, lo cual es violatorio de la propia Constitución.
“El cumplimiento obligatorio de las sentencias de la Corte está plasmado en los artículos 1 y 133 de la Constitución. No hay manera de que el fallo pueda considerarse como un ‘despropósito’ o ‘falta de respeto’ como ha dicho el secretario de Gobernación”, apunta el abogado Rodríguez.
Tras resaltar que desde 1998 México aceptó la competencia contenciosa de la COIDH, el abogado reconoce que hasta ahora de las 12 sentencias emitidas contra México, la única sentencia totalmente cumplida es la emitida por el caso Jorge Castañeda, relacionada con las candidaturas independientes.
Magdalena López Paulino retoma: “Con la primera respuesta que hemos recibido del Estado, y con las declaraciones que hizo el secretario de Gobernación, tenemos elementos para enviar una comunicación a la Corte Interamericana y que llame a cuentas al Estado mexicano, porque lo real es que no quieren acatar la sentencia”.
Después de 17 años de haber sido víctima de abusos, Jorge Tzompaxtle Tecpile insiste en que no claudicarán en su búsqueda por la eliminación de las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa.
“Nos sorprende que este gobierno se diga de izquierda, que todo el tiempo se refieren al ‘antiguo régimen’ y a ‘la mafia del poder’ y que estén defendiendo unas leyes que son muy perjudiciales a los derechos humanos de las personas detenidas.
“Quisiéramos que el gobierno entendiera que ser un país más democrático y más igualitario, no significa repartir becas, hay que procurar justicia”, puntualiza Jorge Tzompaxtle Tecpile.
