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Gabriel Soriano
Gobiernos estatal y municipales, sin problemas para entrega de aguinaldos
Gabriel Soriano
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Gobiernos municipales y del estado, sin mayor problema para la entrega de aguinaldos, afirmó el titular del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes (Sutema), subrayando que estará presente en los institutos para apoyar a los El Banco de México (Banxico) logró frenar en el Senado que lo obliguen a integrar dólares en efectivo a las reservas internacionales. Sin embargo, el banco central aún no puede cantar victoria porque falta que la Cámara de Diputados aún procese la iniciativa.
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, ahora ha advertido a los diputados que si insisten en los cambios lesivos a su legislación se sentará un mal precedente en su operación como organismo autónomo, trasladándole, además, los riesgos vinculados al lavado de dinero.
En su plataforma de campaña y en su Proyecto de Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la autonomía del Banxico se respetaría. Sin embargo, al referirse a la iniciativa enviada al Senado, aseguró que la reforma a la Ley del Banco de México tenía que respetarse.
Por ello el banco central se prepara para interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de detener los cambios a su legislación que pretende el Poder Legislativo, confirmó una fuente del banco.
Hace dos años, la Junta de Gobierno del Banxico también instruyó a su Dirección Jurídica a impugnar la política de austeridad de la 4T y los ajustes salariales de su personal. Ganó la controversia y las percepciones de sus funcionarios no se ajustaron.
No obstante, la institución monetaria cada año debe iniciar el proceso de controversia ante el Poder Judicial y el próximo año hará lo mismo con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 BIS y 20 TER de la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas.
En el Senado la iniciativa modificada a propuesta del Banxico se aprobó con 70 votos en favor, 23 en contra y una abstención.
Al interior de la Junta de Gobierno consideran que la reforma original propuesta por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, no responde a una problemática general del sector, sino a los conflictos operativos que algunas instituciones bancarias tienen con sus corresponsales estadounidenses.
Sin corresponsales bancarios en Estados Unidos para enviar sus excedentes de dólares, Banco Coppel y Banco Azteca, principalmente, serán dos de las instituciones de crédito de capital mexicano que se verán beneficiadas con los cambios a los artículos 20 y 34 de la Ley del Banco de México, impulsados originalmente por el senador Monreal y que obligan al banco central a captar moneda extranjera en efectivo, cotrabajadores y garantizar la entrega de esta prestación.
El presidente municipal de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, señaló que para el pago de aguinaldos se tuvo que hacer un reajuste a presupuestos de las distintas secretarías y se postergaron proyectos que se tenían en puerta. La disminución de participaciones de la Federación y la incidieron fuentes del sector bancario. Banco Azteca fue consultado sobre este tema pero no aceptó una entrevista.
La iniciativa presentada por Monreal reconoce que la Oficina del Contralor de Divisas del gobierno de Estados Unidos (OCC) ha hecho saber a la banca estadounidense que los contratos de corresponsalía para recibir dólares en efectivo firmados con bancos mexicanos “son operaciones riesgosas”, ya que México es considerado un país donde se corre gran peligro de realizar transacciones con recursos de procedencia ilícita.
Así, algunos bancos mexicanos han experimentado una terminación de relaciones comerciales con los bancos corresponsales, lo que se conoce como “mitigación del riesgo”.
“Los bancos norteamericanos han procedido a cancelar y a limitar este negocio de recepción de dólares a fin de evitar que se les imponga una multa”.
Este es el caso, precisamente, de la relación que mantenía Banco Azteca con el banco Lone Star. En noviembre de 2017 el Fincen multó a esa institución estadounidense con 2 millones de dólares luego de confirmar que, en su relación de corresponsalía con Banco Azteca, violó las leyes antilavado de dinero, en específico la Ley Patriota.
Como resultado de los escasos controles que ejerció Lone Star, Banco Azteca estuvo en posibilidad durante más de dos años de “mover cientos de millones de dólares en efectivo en sospechosos cargamentos que llegaron al sistema financiero estadunidense”, según la información dada a conocer por el Fincen.
En ese caso las autoridades financieras de Estados Unidos recordaron que los accionistas de Banco Azteca estuvieron relacionados con otro expediente por fraude a inversionistas del mercado de valores, presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).
En Sinaloa, donde el Banco de México ha confirmado un activo mercado informal de divisas, Banco Azteca cuenta con más de 23 sucursales, una de sus mayores coberturas.
Y aunque el presidente de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera –también presidente de la ABM hasta marzo próximo–, ha evitado pronunciarse públicamente sobre las reformas a la Ley del Banxico, el principal accionista de ese banco y fundador de Grupo Elektra, Ricardo Salinas Pliego, defendió la reforma públicamente.
En un artículo publicado el jueves 10 en El Economista, Salinas Pliego aseguró que la autonomía del Banco de México “se mantiene intacta y de ninguna manera se redistribución de recursos para el combate al covid-19 ha complicado el trabajo de los ayuntamientos y gobiernos estatales.
El dirigente del Sutema, J. Jesús Torres Luévano, informó que no se prevé que haya problemas en la entrega de aguinaldos en ninguno de los gobiernos.
Detalló que la semana pasada, en algunas dependencias del gobierno del estado, puede afirmar que, con la reforma, su operación se subordina al Poder Ejecutivo”.
De manera unánime los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, incluso los que fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aún rechazan la iniciativa aprobada en el Senado.
El subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel, aseguró que lo aprobado atenta contra la autonomía del banco central y contra la seguridad de las reservas internacionales.
Desde hace más de una década, luego de la crisis financiera en el mercado estadounidense, las medidas para evitar el lavado de dinero en los circuitos bancarios han venido restringiendo la actividad de los bancos mexicanos que no han logrado demostrar ante el Departamento del Tesoro, pero sobre todo ante sus corresponsales en EU, los controles suficientes para prevenir el ingreso de dólares provenientes de actividades ilícitas.
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que, aunque resulta preocupante para la operación de algunos bancos, esta restricción que aplican las autoridades estadunidenses y el impacto económico y financiero en países como México han sido limitados porque la mayoría de los bancos en los países afectados ha logrado acuerdos transparentes para seguir operando en este mercado, y garantizar el acceso de sus clientes al cambio de divisas.
Díaz de León aseguró en una reunión extraordinaria ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el viernes 11, que sólo una institución crediticia –sin mencionar el nombre– ha ya hicieron el pago de aguinaldos, mientras que en los ayuntamientos prevé que esta semana deposite lo correspondiente a cada trabajador.
Aseguró que no ha habido queja alguna por parte de los trabajadores de municipios o del estado: “No ha habido alguna queja en el sindicato, porque nosotros estamos para respaldarlos, hasta ahorita no. En cada municipio tenemos representación, no nos podemos dejar llevar por rumores que hay entre compañeros”.
Resaltó que el Sutema respaldará a todo trabajador para que reciban esta prestación en tiempo y forma correcta a través de
/ Claudia VilleGaS
Reforma a la ley del Banco de México: una iniciativa con dedicatoria a Banco Azteca
los delegados de las instituciones. | Foto Gobierno de México
acumulado en muy poco tiempo más de 10 millones de dólares, lo que confirma que no es un problema generalizado del sector. Muchos otros bancos están repatriando sin problemas los dólares.
“La acumulación de excedentes que no ha sido posible exportar es problema particular de una institución y de origen reciente”, dijo el gobernador del Banco de México.
El funcionario mencionó que lo que las instituciones no pudieron colocar entre sus usuarios y clientes, o bien exportar a través de corresponsales, representa 102 millones de dólares entre enero y septiembre. En ese lapso se realizaron 34.3 millones de operaciones de captación de efectivo, de modo que el monto promedio por operación es del orden de 130 dólares.
“La sola custodia de dólares en bóveda en efectivo los inutilizaría para ser parte de las reservas internacionales”, dijo Díaz de León ante legisladores, y aseguró que también se corre el riesgo de que el Banco de México pase de una entidad pública que por sus operaciones no tiene riesgo, a ser calificada como de alto riesgo.
De aprobarse esta legislación en la Cámara de Diputados, los bancos relajarían sus controles contra el lavado de dinero porque trasladarían el riesgo al Banco de México, alertó el gobernador de la institución.
A cambio, propuso modificar la ley con el propósito de proponer a los bancos una plataforma de información para conocer el riesgo de lavado de dinero en la compra de divisas y en relación con sus corresponsalías. Incluso planteó la puesta en marcha de un organismo intersecretarial para vigilar la repatriación segura de divisas.
¿Por qué le renuncian a López Obrador?
En dos años más de 30 funcionarios federales le han dicho adiós a la 4T
EME | EQUIS
De cara a las elecciones del 2021 hay algo que tiene en alerta a los morenistas: no alcanzan los dedos de ambas manos para contar las renuncias que le han presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por el contrario: la lista suma 35 dimisiones en apenas dos años de administración.
No es cosa menor, dicen, porque todas las renuncias –el corte de relaciones con la autonombrada Cuarta Transformación, las cartas explicativas, los escándalos– dejan huella. Refuerzan la idea –tan popular entre los detractores de la 4T– de que el presidente es acaparador, un hombre que toma todas las decisiones por encima de los expertos, marginando a todo aquel que opine lo contrario.
“Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero sobrio, hacerle justicia. Entonces sí, es lealtad al pueblo básicamente, no a mi persona, la lealtad a las personas se convierte, la mayoría de las veces, en abyección, servilismo; nosotros queremos lealtad al proyecto de transformación, eso es lo que pedimos”, dijo AMLO apenas en septiembre pasado, cuestionado por las constantes renuncias de los miembros de su gabinete.
La bola de nieve comenzó a pocos meses de haber iniciado el sexenio, con la exdiputada del PAN, Clara Torres Armendáriz, renunciando a la coordinación del Programa de Estancias Infantiles, dependiente de la Secretaría del Bienestar, que lideraba María Luisa Albores González. La funcionaria no tuvo tapujos en decir que su renuncia se desprendía del desacuerdo con el presidente sobre este programa que alimentaba económicamente a aquellos espacios que servían a padres y madres para dejar a sus hijos mientras ellos salían a trabajar. Era apenas 17 de febrero y el gobierno llevaba poco más de dos meses activo.
El 26 de febrero, Gaspar Franco Hernández, integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y argumentando motivos personales renunció a cargo por medio de una carta enviada a Martí Batres en el Senado. Su dimisión está relacionada a la petición de Rocío Nahle, secretaria de Energía, de que dejaran sus cargos por su relación con el sexenio peñista y la vieja política energética.
A mediados de marzo, el escritor Mario Bellatin presentó su renuncia al cargo como director del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), organismo que depende de la Secretaría de Cultura, que está en manos de Alejandra Frausto, aduciendo motivos de salud. Su renuncia ocurrió en medio de la incertidumbre presupuestal para las becas y los apoyos a los creadores.
Luego vino Simón Levy, quien renunció el 12 de abril de 2019 a la Subsecretaría de Turismo, la dependencia que dirige Miguel Torruco. Aunque dijo que su dimisión era irrevocable y por motivos estrictamente personales, además de externar su “lealtad” a AMLO y a Torruco, su salida no pasó desapercibida. De hecho, hace algunos meses reveló que Torruco –un viejo aliado del presidente– le prohibió meterse con los hoteleros por las playas privadas y le solicitó guardar silencio, por ello renunció. “Nadie te puede obligar a hacer cosas que no quieres”.
Días después Guillermo Zúñiga, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó vía Twitter que dejaba el cargo. Sumándose a las otras cuatro renuncias de los comisionados Neus Peniche, Marcelino Madrigal, Jesús Serrano y Montserrat Ramiro.
Sin embargo, Germán Martínez Cázares, uno de los panistas que se adhirió al gobierno amlista, fue el que encendió las alarmas, con una dura renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo sentir que algo dentro del gobierno no marchaba bien. Su renuncia ocurrió el 21 de mayo de 2019 y por medio de una carta dirigida al Consejo Técnico del IMSS ante diferencias con la Secretaría de Hacienda, que entonces comandaba Carlos Urzúa.
“El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el encargo”, escribió.
¿Qué anda tan mal en la Cuarta transformaCión Que muChos haCen maletas? ¿Quién sigue?
Ante la salida de Martínez, el presidente se limitó a decir que no compartía su perspectiva y que “afortunadamente hay muy buenos servidores públicos y vamos a sustituirlo”.
Esta primera e importante salida de un funcionario de alto nivel de la administración pública fue la llave que liberó a los llamados de forma interna “los detractores de la transformación” y desde entonces las renuncias no han cesado.
En mayo 15, Patricia Bugarín Gutiérrez, subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dejó la dependencia que dirigía entonces Alfonso Durazo. También argumentó motivos personales, aunque las fuentes nos dicen que tuvo más que ver con su oposición a la polí | Foto Gobierno de México
tica de seguridad que enmarca al gobierno actual.
El 3 de junio, de la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, salieron Omar Hamid García Harfuch quien era titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y que es actualmente el secretario de seguridad ciudadana de la CDMX, así como Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF). También argumentaron motivos personales.
Para el 25 de mayo, una renuncia casi obligada. Josefa González Blanco Ortiz Mena dejó la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) luego de un escándalo: hizo que se retrasara un vuelo comercial para poder abordar.
En el Instituto Nacional de Migración también hubo movimientos. Tonatiuh Guillén López renunció el 14 de junio de 2019, justo cuando México y Estados Unidos habían llegado a acuerdos sobre los aranceles a la importación de productos mexicanos. Aunque Guillén fue muy escueto en su renuncia pública, el mismo AMLO dijo que había pedido su salida por los cambios en la política migratoria, o lo que es igual, tras la decisión de trabajar con EU para reducir el ingreso de migrantes por la frontera sur de México.
Un día después, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) salió Guillermo García Alcocer, presumiblemente por chocar con la política energética del presidente. Ese mismo día cayó la renuncia de Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Renuncias refuerzan la idea de que el presidente es acaparador, un hombre que toma todas las decisiones por encima de los expertos, marginando a todo aquel que opine lo contrario
Las bajas preocupan de cara a las elecciones de 2021… (CEAV), quien había llegado al cargo en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Un mes después, Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda haría una salida explosiva de la dependencia. Por medio de una carta dejaba en claro que estaba en contra de las decisiones de política pública tomadas “sin el suficiente sustento”.
“Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”, agregó Urzúa, un hecho que “fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”, escribió.
Ante la crítica, AMLO se limitó a decir: “es normal que haya discrepancias”.
“De qué se extrañan si la gente votó por un cambio verdadero y quieren que se acabe con la corrupción. ¿Cuál es la inconformidad?, ¿qué pensaban entonces?, ¿que yo iba llegar aquí y me iba a regodear con ser el presidente de México con la parafernalia del poder y que iba a ser monedita de oro?”, reviró el mandatario.
En agosto de 2019, a ochos meses de iniciada la administración de AMLO, el productor Édgar San Juan renunció a la Subsecretaría de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, en medio también de las críticas a la administración que ha dejado la cultura de lado.
Para noviembre, Alexandra Haas Paciuc se despidió de su cargo como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discrminiación (Conapred) también por motivos personales.
El 2 de junio de 2020, Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, presentó su renuncia tras haber transformado el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en la actual dependencia. El hombre que logró rematar las casas del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán por más de 32.5 millones de pesos dejó la batuta a Jaime Cárdenas. El relevo renunció meses después, el 21 de septiembre, acusando actos de corrupción, como mutilación de joyas, irregularidades en los procesos de valuación y falta de recursos para cumplir con compromisos de pago.
Como en una cascada imparable, el 19 de junio de 2020 Mónica Maccise Duayhe renunció al Conapred luego de la polémica en la que el Consejo invitó al youtuber Chumel Torres a un foro sobre racismo y clasismo, el mismo que ha llenado las redes de comentarios clasistas y racistas en contra del hijo menor del presidente y la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.
Ese mismo día, Mara Gómez Pérez quien había heredado el cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de otro detractor –Jaime Rochín– renunció tras seis meses en el cargo, en el contexto de un plantón afuera de Palacio Nacional organizado por familiares de víctimas de violencia que se quejaban por la disminución de recursos para el organismo, luego de la reducción presupuestal establecida por Hacienda en abril, que permitía solo un margen de maniobra para atender a no más de 5 mil víctimas.
Asa Ebba Christina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud que comanda Jorge Alcocer, también presentó su renuncia ese mismo día. Laurell había sido parte del equipo cercano al presidente desde que éste fuera jefe de gobierno en la Ciudad de México, incluso llegó a ser su secretaria de Salud. Su renuncia se debió a las diferencias con Alcocer y a la política de austeridad.
Ante estas tres renuncias AMLO dijo: “Ya no queremos simuladores, queremos gente comprometida con la transformación”. Y luego: “Quien no comparta la política de transformación que se está llevando, con toda libertad pueden decidir no seguir trabajando con el gobierno”.
Para julio, Javier Jiménez Espriú titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), enviaba una carta al presidente para expresar sus diferencias respecto a la decisión del Ejecutivo de trasladar funciones civiles de la dependencia al ámbito militar, específicamente el control de las aduanas que ahora está en manos del Ejército y la Marina.
“Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación, sobre la grave trascendencia que tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como lo político”, escribió Jiménez Espriú en su carta.
En agosto, la Semarnat sufriría una nueva baja. Su titular, Víctor Manuel Toledo renunció bajo el pretexto de cuidar su salud. Sin embargo, Toledo había tenido diversos desencuentros con el presidente y con varios empresarios agroindustriales y otros miembros del gabinete por impulsar la prohibición del herbicida glifosato. Su renuncia ocurrió tras revelarse un audio en el que denuncia las posturas encontradas con el gobierno federal, así como de señalar a Alfonso Romo, quien era el jefe de la Oficina de la Presidencia, de bloquear las energías renovables y la agenda ambiental desde Palacio Nacional.
Ya en septiembre, se anunció la renuncia de seis funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Entre ellos Eduardo Seldner, subdirector general de administración –quien fuera el encargado de finanzas de Margarita Zavala en la campaña presidencial–, Alfredo Ocón, subdirector general técnico, Celia Maya García, subdirectora general jurídica, Eugenio Barrios, subdirección general de administración del agua, Víctor Yamanaka Alcocer, subdirector general de infraestructura hidroagrícola y Patricia Ramírez de la subdirección general de Agua Potable. Ante estas renuncias, AMLO justificó los cambios diciendo que todos ellos tenían nexos con el Partido Acción Nacional.
El 16 de septiembre, un día después de la rifa del avión presidencial, se hizo efectiva la renuncia de Luis Calvo Reyes a la dirección general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación que preside Olga Sánchez Cordero.
Apenas el 2 de diciembre renunció uno de los hombres fuertes de AMLO, Alfonso Romo. El empresario se cansó de la cuarta transformación, porque el presidente solo escucha a su hijo Andy López Beltrán y esto le ha provocado diversos desencuentros con sus amigos empresarios.
Esta última salida fue la cereza en el pastel y preocupó a los estrategas de las elecciones 2020, pues si aquel hombre que fungía como enlace del gobierno con la cúpula empresarial, leal a AMLO, confiado en el cambio, dejaba el gabinete, algo debe andar muy mal. Romo salta del barco junto a una treintena de funcionarios antes de que se hunda. ¿Qué está mal en el gobierno de López Obrador que nadie quiere permanecer cerca?
Reformas a la Ley Orgánica de la FGR: “Un retroceso para el sistema de justicia”
/ Patricia Dávila
“Llevamos años tratando de transformar nuestro sistema e instituciones de justicia, así como impulsando a las comisiones de búsqueda para que den resultados y encontrar a las más de 79 mil 600 personas desaparecidas en el país. Hemos puesto mucho esfuerzo para que esto funcione, pero ahora nos damos cuenta de que todo era una farsa, un engaño, porque los integrantes de Morena trabajaron con nosotros la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y ahora, sin ninguna explicación, la quieren abrogar”, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Ciudadanos y representantes de numerosos organismos de la sociedad civil, así como el secretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas –quien en Twitter escribió: “La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la FGR representa un retroceso que rompe con el entramado institucional para la defensa, garantía y protección de los derechos humanos, y favorece la impunidad”–, y el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, coinciden en que las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) son un revés para el sistema de justicia mexicano.
“La nueva propuesta demuestra su total desconocimiento de la realidad que viven las víctimas en México. Pareciera que no se han dado cuenta de que no tenemos resultados en términos de investigaciones de gran corrupción, macrocriminalidad y graves violaciones a los derechos humanos. No se han dado cuenta de que la Fiscalía General no sabe investigar, pero además que sus servidores públicos tampoco tienen idea de lo que se requiere para ello”, señala Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Todos coinciden en que la iniciativa de Morena pretende regresar a un esquema del pasado que claramente no ha funcionado. Pretenden eliminar los mecanismos de control ciudadano.
“Les pedimos hablar con las víctimas y con las organizaciones que las acompañan para que tengan claridad de lo que quieren aprobar. Las víctimas, las organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de Búsqueda han denunciado que no hay colaboración con las fiscalías para la búsqueda en vida y entre restos y, a pesar de ello, los senadores de Morena quieren contribuir a que ahora la FGR tenga un pretexto legal para esto”, indican organizaciones de la sociedad civil.
“Quieren sacar a la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y quitarle toda obligación de colaborar en la búsqueda. Quieren que la FGR no sea integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, que no participe de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del propio Mecanismo, y también eliminarla del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
“¿Hacia dónde nos quieren llevar? ¿Por qué quieren una Fiscalía sin controles y sin participación ciudadana?”, preguntan los representantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
En una carta enviada el miércoles 9 al Senado, las OSC dicen a los legisladores: “Están trazando el camino para consolidar una fiscalía más arbitraria, burocrática y alejada de la sociedad. En la iniciativa de Morena se percibe un concepto distorsionado de la autonomía de la Fiscalía. Autonomía no es aislamiento y sí es independencia de las y los fiscales para coordinar investigaciones, justo lo que ustedes quieren suprimir”.
Piden a los senadores: “Hagan su trabajo: sean un contrapeso, defiendan a las y los individuos que habitan este país, defiendan a las víctimas que siguen en espera de verdad y justicia”.
Antes, el viernes 4, en una audiencia celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los organismos civiles presentaron el informe Situación de las fiscalías en la protección de los derechos humanos en la región; en lo que se refiere a México, señalan que es un país “con marcado déficit de impunidad, con todos los efectos perniciosos que ello conlleva en la vida diaria de millones de personas para quienes el ejercicio efectivo de los derechos queda anulado”.
Señalan que había una expectativa de que el cambio de régimen prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sumado a las garantías institucionales que tienen actualmente las fiscalías, generaría un punto de inflexión; pero la realidad es distinta, “porque existe falta de compromiso para materializar el nuevo sistema de justicia penal y de hacer frente a la impunidad mediante una fiscalía autónoma”.
Además de las deficiencias que existen para la designación del fiscal, como el no impedir que personas con vínculos partidarios puedan postularse, señalan a la CIDH, la “cuestionada” autonomía del fiscal Alejandro Gertz Manero respecto de López Obrador, único facultado para removerlo.
Juan Enrique Martínez Requenes, encargado del área de litigio y estrategia internacional de la organización Fray Juan de Larios, señala sobre el tema: “Lo único que hace es complicar más las cosas. Si bien la búsqueda de personas está en el plano de la Comisión Nacional de | Foto Fundacionjusticia
Búsqueda y se está fortaleciendo, aún no es momento idóneo de que la Fiscalía se separe del propio sistema, porque finalmente la búsqueda en algún momento también nos dará pistas y nos dará pruebas y elementos para la persecución de los delitos.
“Es decir que si se hace una investigación apegada a lo que tenemos en el plano actual, la Comisión Nacional de Búsqueda puede apoyarse de todos los elementos de investigación que la Fiscalía tiene; hablo no sólo del plano material sino también del plano de inteligencia.
La búsqueda sin el hecho de tratar de encontrar responsables sería faltar a los principios más básicos de justicia y de reparación del daño. Este sería uno de los más graves problemas que representan las modificaciones que pretende la fiscalía.
“Si la Fiscalía renuncia a este sistema prácticamente nos quedaríamos con nada. Básicamente el Estado estaría diciendo que no es competente, que no puede realizar una búsqueda y una investigación en crímenes como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales…”
Agrega: “Aunque en los hechos actualmente no hay investigación en la FGR, ellos dicen que sí porque tienen las carpetas de investigación abiertas; pero ¿cuántas personas tenemos sentenciadas? Conocemos unos dos casos a nivel nacional, pero son 78 mil personas desaparecidas”. –¿Qué mueve al fiscal, qué mueve al Senado o al presidente para proponer estos cambios, que son una regresión –Antes era mucho más fácil fabricar pruebas, llevar personas inocentes a la cárcel y detener todos esos elementos que ya conocemos de la nueva praxis judicial y de investigación. A eso apunta esta reforma que quiere hacer la Fiscalía, es un retroceso bastante grande. No sólo prevalece la incapacidad para investigar, sino que si se aprueba esta reforma, apoya la incapacidad para investigar.
Coincide en que respecto a los procesos de investigación, la propuesta de Morena suprime elementos técnicos de especial importancia para abordar los desafíos que hoy enfrenta México, como la investigación de fenómenos criminales junto con los delitos individuales.
CTM buscará garantizar el pago de aguinaldos a choferes del transporte público urbano
Hay un porcentaje de camiones que dejaron de operar debido a la pandemia por el covid-19 | Foto Cristian de Lira
Gabriel Soriano
Una operación jurídica, mediática y política desplegada por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa manipuló la investigación del asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, e impuso una versión oficial que evitó a toda costa indagar a personajes o grupos a quienes pudo incomodar el trabajo de la periodista.
Luego de años de silencio, especulaciones y un miedo que aún permea entre el gremio periodístico de esta entidad, este entramado fue confirmado por autoridades involucradas en la investigación y el juicio por este crimen, así como operadores políticos y mediáticos de ese entonces.
El consorcio internacional de periodistas Forbidden Stories investigó junto con Proceso el homicidio de la periodista, como parte de The Cartel Project, un trabajo de periodismo de colaboración en el que participaron 60 periodistas de 25 organizaciones y medios de 18 países, para exponer a nivel mundial la violencia contra los periodistas en México.
Forbidden Stories determinó indagar el trabajo y el asesinato de Regina Martínez como un caso emblemático.
En los distintos medios en los que laboró, puso una mirada crítica para retratar la corrupción y la violencia que permearon los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y su sucesor, Javier Duarte de Ochoa.
En el periodo de este último, 17 periodistas fueron asesinados, entre ellos Regina. Ha sido el lapso más oscuro y sangriento para el gremio en la historia del país.
Verdad oficial
Desde que se supo del homicidio de la corresponsal, quien fue golpeada y estrangulada en su casa de esta ciudad el 28 muchas de las falencias y omisiones de la investigación ministerial.
Así lo hizo también durante el proceso judicial, cuando el gobierno de Duarte se ufanó de haber resuelto el crimen con la condena a uno de los dos inculpados, Jorge Antonio Hernández, El Silva, a pesar de que éste alegó haber sido torturado para declararse culpable.
En ambos casos las autoridades se limitaron a validar un supuesto homicidio por robo de pertenencias de la periodista y se negaron a poner la mirada en personajes o grupos a quienes pudo incomodar el trabajo de la corresponsal, sus reportajes o notas.
el miedo, el éxodo…
Fue necesario que las reporteras se reunieran con periodistas del estado en lugares discretos, desde el anonimato o con la identidad bajo reserva, para conversar sobre el asesinato de Regina Martínez y sobre los crímenes contra otros colegas suyos.
Norma Trujillo y Élfego Riveros, ambos periodistas y amigos de Regina, coincidieron en rememorar el trabajo de la corresponsal “que marcó una huella y dejó también una ausencia muy fuerte”, pero también en el miedo que causó su asesinato, pues “el mensaje que manda este crimen es: si a ella le hicieron esto, ¿a nosotros cómo nos puede ir?”.
A este crimen le siguió también el éxodo de periodistas. Otros optaron por callar, ante las condiciones de riesgo que prevalecen, particularmente desde 2011, cuando cuatro periodistas fueron asesinados en el estado y se desató una embestida que no cesa.
En total 30 periodistas han perdido la vida a manos de criminales del año 2000 a noviembre de 2020, sin que la mayoría de los casos se hayan esclarecido. El más reciente, el de Julio Valdivia, apenas el 9 de septiembre pasado.
Con la llegada de Cuitláhuac García, de Morena, poco o nada ha cambiado, aun cuando éste se comprometió a revisar todas las carpetas por asesinatos de periodistas que permanecen sin concluir.
El consorcio de periodistas encontró también que en la propia Fiscalía General de la República (FGR) existen contradicciones sobre el caso, con dos “versiones oficiales” sobre la investigación.
En respuesta a un cuestionario, la oficina del fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que el caso está resuelto y que las investigaciones desahogadas tanto por la fiscalía del estado como por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) no arrojaron datos de prueba que La Confederación de Trabajadores de México (CTM) tendrá reuniones con los socios del transporte público urbano para garantizar el pago de aguinaldo a quienes tuvieron que detener sus unidades por la pandemia del covid-19.
A causa de la baja de actividades que se han mantenido todo el año, el transporte público urbano trabajó a un porcentaje menor de su capacidad, espaciando más los horarios y reduciendo la capacidad, provocando a su vez que los ingresos para este sector disminuyeran un poco.
El líder sindical de choferes de la CTM, Roberto Mora, señaló que a lo largo de la vinculen el homicidio de Martínez con su actividad periodística.
Es decir, dio por sentado que la investigación de la entonces procuraduría veracruzana fue correcta en su conclusión sobre el robo como móvil y la participación de los dos hombres señalados, uno preso y el otro prófugo.
Pero en la propia FGR existe una versión totalmente opuesta a la que dio la oficina de Gertz Manero.
Mediante el oficio FGR/UTAG/DG/004 124/2020 del 26 de octubre, la FGR se negó a entregar copia de la averiguación previa 34/FEADLE/2012, solicitada por las reporteras a través de la Unidad de Acceso a la Información, porque “es una investigación abierta”.
El Comité de Transparencia de la FGR respondió que la entrega del expediente implicaría impactar en “la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente”.
Además, el 20 de octubre ratificó la reserva de la averiguación hasta por un periodo de cinco años, “o bien, hasta en tanto subsistan las acciones de investigación y persecución del delito”.
En tanto, en el Poder Judicial de Veracruz el acceso al voluminoso expediente también fue intrincado para el consorcio. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial de Veracruz accedió a entregar copia de las 5 mil 180 fojas correspondientes a la causa penal, pero en partes, en un plazo de cinco meses a partir del 30 de octubre.
En la investigación encabezada por Forbidden Stories también fue posible confirmar la participación de asesores allegados a los gobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte para difundir ampliamente en medios y a través del uso de bots la versión del robo y de una supuesta relación amorosa de la reportera con uno de sus asesinos.
Un artículo del sitio El Golfo Veracruz fue ampliamente difundido en Twitter. “El PGJ (fiscal local) aclara el homicidio de la corresponsal de Proceso Regina Martínez”, es el encabezado. Entre las cuentas de Twitter que compartieron contingencia sanitaria hay un porcentaje de unidades que no han prestado servicios, sus choferes siguen recibiendo sus salarios correspondientes.
Ahora, con el próximo pago de aguinaldos, el representante sindical señaló que estarán platicando con los patrones para que estos trabajadores no se vean afectados y se asegure el pago de esta prestación de ley: “El plazo por ley es hasta el día 20 de diciembre, esperemos que se cumpla al cien por ciento, no dudo que haya algún problema por ahí que inmediatamente abordaremos con cada uno de los socios o los presidentes de cada uno de las líneas. Ya me he reunido con uno de ellos quien externó su compromiso de cumplir”.
Destacó que el contexto de la pandemia por el covid-19 no deberá de ser pretexto para evadir el pago de esta prestación a los choferes del transporte
Caso Regina Martínez: Todo para encubrir su homicidio
/ Verónica eSpinoSa y lilia Saúl
y particularmente en Proceso, la periodista
de abril de 2012, Proceso dio a conocer
público urbano. Regina Martínez | Foto Unesco
esta historia se descubrió una serie de cuentas falsas.
En colaboración con The Disinformation Desk, una organización con sede en Barcelona que se especializa en desinformación, el consorcio identificó 190 cuentas llamadas “robot” o bot que compartían automáticamente el mismo artículo de El Golfo Veracruz.
Sobre la integración del expediente en la Procuraduría de Veracruz habló por primera vez la extitular de la Feadle, Laura Borbolla Moreno, quien al día de hoy tiene serias dudas sobre la participación o culpabilidad de Jorge Antonio Hernández, El Silva –con el que nunca pudo hablar a solas– en el homicidio de la periodista, y cuestionó la labor de peritos y agentes ministeriales en el procesamiento de la escena y cómo recabaron las pruebas, muchas de las cuales nunca pudo cotejar por la forma en que fueron manipuladas.
“Yo sí he tenido siempre la duda razonable de si El Silva realmente la mató”, comentó Borbolla al consorcio.
Para la abogada del Silva, Diana Coq, éste resultó ser “el chivo expiatorio perfecto”.
Un día antes del lanzamiento mundial del reportaje producto de esta investigación, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa –preso en la Ciudad de México– publicó en su cuenta de Twitter: “Jamás censuré la libertad de expresión o de prensa a persona alguna…” l *Reportera para la organización internacional OCCRP.
Con información de: Dana Priest, de
The Washington Post; Paloma Dupont de Dinechin, de Forbidden Stories; Nina Lakhani, de The Guardian; y Nathan Jaccard, de OCCRP.
Economía y empleos formales, en rojo
La última actualización del semáforo estatal sobre temas económicos muestra el crecimiento económico y los empleos formales acumulados en focos rojos
Casi dos mil empleos perdidos al tercer trimestre del 2020
Los resultados están muy lejos de las metas sugeridas
Adrián Flores
Como otras entidades, Aguascalientes también se ha visto afectada con los daños colaterales de la pandemia del covid-19 en temas económicos, lo anterior pese a que el gobierno local fue de los primeros en todo el país en generar esfuerzos y gestiones para una reactivación económica más sana después del primer y más estricto confinamiento.
Según el semáforo estatal para tópicos que confieren a la economía de la asociación México ¿cómo vamos?, Aguascalientes muestra focos rojos con respecto a su “crecimiento económico” y, además, con la última actualización de este observador se pudo ver que también hay foco preocupante en el número de empleos formales generales acumulados.
Hasta ahora, la información relativa al “crecimiento económico”, que de hecho para este 2020 ha sido decrecimiento, es la más reciente consignada en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), donde se encontró que para el segundo trimestre del 2020 la economía local se había contraído en un 23.3% con respecto al primer trimestre del año. La próxima actualización de este indicador regional se dará a conocer el próximo 28 de enero del 2021.
Con base en esa información, y planteando una meta de un crecimiento económico del 4.5% anual no lograda, fue que el semáforo estatal se marcó en rojo. Cabe mencionar que desde el primer trimestre del 2020, Aguascalientes arrastró un decrecimiento en su economía del 3.5% con respecto al último trimestre del 2019.
Aunado a la economía en picada, también se han dejado de producir empleos formales. Con información directa del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), se puede observar que para el tercer trimestre se perdieron mil 983 empleos formales, lo cual si bien no representa una caída tan abrupta como la del segundo trimestre, donde se registró una pérdida de 6 mil 284 trabajos formales, todavía mostró números negativos.
Sólo en el primer trimestre del 2020 Aguascalientes mostró una generación de empleos acumulados positiva, pues para ese entonces se registraron 8 mil 92 nuevos empleos.
Las autoridades estatales esperan que el comercio de diciembre pueda restablecer números verdes en la economía local, sin embargo, la pandemia no ha terminado y se tienen que seguir balanceando las políticas públicas entre salud y economía, pues, por otra parte, en la entidad ya han muerto mil 419 personas por covid-19 y aunque la vacuna está cerca, la campaña de vacunación se espera que dura más de un año.
Violación, violencia familiar y feminicidio: focos rojos de incidencia
En octubre se cometieron 30 delitos de violación, 199
Adrián Flores
La actividad delictiva de Aguascalientes vuelve a mostrar focos rojos de incidencia en tres ilícitos que, junto con otros, han estado presentes durante todo el año: violación, violencia familiar y feminicidio. Lo anterior según el portal Semáforo Delictivo que analiza 11 ilícitos con información retomada del propio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los 11 delitos observados para configurar dicho semáforo son; homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casa, robo a negocio, lesiones, violación (simple y equiparada), violencia familiar y feminicidios. De esos, los últimos tres mencionados aparecieron en focos rojos por su alta incidencia en consideración de la población que hay en Aguascalientes. Tan sólo en octubre fueron 30 delitos de violación los reportados, 199 los de violencia familiar y uno de feminicidio, que actualmente se está investigando.
También con cifras del SESNSP, de enero a octubre del 2020 en Aguascalientes se han abierto 254 carpetas de investigación por presunta violación, mil 840 sobre casos de violencia intrafamiliar -delito que persistió durante la pandemia ya que las familias pasaban más tiempo con sus agresores-, y dos asesinatos a mujeres tipificados como feminicidio.
En lo que respecta a los otros ocho ilícitos el Semáforo calificó a cinco con verde, es decir una incidencia que se considera aceptable pero que a fin de cuentas no necesariamente significa que no se hayan presentado delitos de esa índole, y tres en amarillo.
Los cinco ilícitos catalogados en verde para el mes de octubre fueron homicidio, con cuatro incidencias; secuestro sin incidencia alguna; extorsión, con cinco casos; narcomenudeo, con 57; y robo a vehículo con 131. Luego, los tres puestos en amarillo fueron robo casa, con 241; robo a negocio, con 185; y lesiones con 285.
Lo vertido tanto en el SESNSP como en el propio Semáforo Delictivo son cifras de carpetas de investigación abiertas por un delito que se derivan de las denuncias interpuestas a la fiscalía estatal, no obstante, existe un subregistro de los ilícitos que sí se cometen pero que no están siendo denunciados y por tanto no se reflejan en las cifras aquí mencionadas.
Sigue avanzando tasa de letalidad por covid-19, ya está en 10.4%
Adrián Flores
de violencia familiar y se dio el segundo feminicidio
Aguascalientes comienza la semana con otro incremento en su tasa de letalidad por covid-19; según información del reporte técnico emitido por el Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes (Issea) este domingo 13 de diciembre, la entidad ya reporta una letalidad por coronavirus del 10.4%.
Hasta ese día la secretaría de Salud local registró mil 419 fallecimientos por la enfermedad vírica de los 13 mil 435 contagios confirmados, es decir, una de cada diez personas confirmadas con covid-19 mediante prueba PCR han perdido la vida durante estos nueve meses de pandemia que han acaparado casi todo el 2020.
Con ese panorama Aguascalientes ya se posiciona como la décimo quinta entidad con mayor tasa de letalidad de todo el país, junto con Guerrero. Actualmente la tasa más baja se calcula en Baja California Sur con un 4.6%, y luego le sigue la Ciudad de México con 5.8%, lugares donde al principio de la emergencia sanitaria se podía observar que Aguascalientes ocupaba por su baja incidencia.
Ahora las tres entidades con la tasa de letalidad más alta del país, y además con cálculos preocupantes, son Sinaloa, con una tasa de 16.2%; Baja California, con 16%; y Morelos con 15.8% de letalidad en su población por coronavirus.
De acuerdo al semáforo epidemiológico nacional, Aguascalientes se encuentra en color naranja, todavía con alerta de alto riesgo de contagio; a la par, localmente el Índice Estatal Covid (IEC) muestra sólo al municipio de Asientos bajo el grado 2 de | Foto Cristian de Lira
riesgo, el resto, a excepción de Pabellón de Arteaga que volvió al grado 4 de riesgo, el más alto, están en grado 3 de dicho indicador, que todavía consigna un riesgo alto epidemiológico.
El gobernador Martín Orozco Sandoval aclaró desde la semana pasada que no se promoverán nuevos cierres como los de finales de noviembre, no obstante, cada municipio tiene la facultad de imponer nuevas medidas de restricción acordes al IEC, por lo que proponer Ley Seca, más cierres para este fin de año, o cualquier otra medida extraordinaria, por lo pronto, dependerá de las administraciones municipales.
