10 minute read
PESOS
Juez admite analizar demanda del Centro Prodh contra militarización del país
/ Gloria leticia Díaz
Advertisement
El Poder Judicial de la Federación admitió analizar una demanda en contra de la militarización del país, en particular de la Ciudad de México, presentada hace un año por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y que había sido rechazada en dos ocasiones.
La demanda de amparo indirecto señala como responsables de violaciones graves de derechos humanos al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), a los comandantes de la Guardia Nacional y de la Primera Región Militar, al coordinador Regional de la Guardia Nacional en la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La organización considera como agravio la publicación de un oficio fechado el 8 de octubre de 2020, firmado por el secretario Luis Crescencio Sandoval, donde se señala que las coordinaciones operativas de la Guardia Nacional deben rendir informes de novedades a los comandantes de las regiones militares de la Sedena.
El amparo había sido negado en dos ocasiones por la jueza de Distrito, pero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió, también en dos ocasiones, a favor del Centro Prodh, al considerar necesario que las autoridades expliquen el acuerdo, que militariza el país.
En su cuenta de Twitter, la organización consideró preocupante que se militarice de manera particular la Ciudad de México, que “ha sido siempre una ciudad de libertades”, además de que “no hay ningún diagnóstico que avale la militarización de la capital”, donde el Centro Prodh tiene su sede. De acuerdo con el amparo indirecto, la jueza Décimo Tercera del Distrito en Materia Administrativa, Ana Luisa Priego Enríquez, emplazó al gobierno federal a que en 15 días hábiles rinda un informe justificado y sus representantes acudan a una audiencia constitucional fijada para el 18 de noviembre, para explicar los motivos por los que el secretario de la Defensa tomó esa determinación.
Según la demanda de amparo, a la que este medio tuvo acceso, se reclama a Sandoval “las acciones y omisiones por las que ha asumido el control operativo de la Guardia Nacional, incluyendo la presunta orden de fecha 6 de octubre de 2020, mediante la cual se instruyó, careciendo de fundamento legal, a las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, entre éstas la diversa autoridad responsable, Coordinación de la Ciudad de México, informe de sus novedades por conducto de los comandantes de la Región Militar de la Sedena, asumiendo así en los hechos el control operativo de la Guardia Nacional por parte de la Sedena, pese a que constitucionalmente este cuerpo es definido como ‘civil’”.
Al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, se le reprocha “no preservar el carácter civil de la Guardia Nacional, incluyendo la aceptación del control operativo que hoy detenta la Sedena sobre dicha corporación”, manifestada en el oficio, mismo reclamo que se hace a las demás autoridades.
En el documento, el Centro Prodh acredita su legitimidad en el juicio de amparo al comprobar que es una organización “que tiene por objeto la defensa de los derechos humanos” desde hace más de 31 años, y “este amparo versa sobre la militarización de la seguridad pública y posibles afectaciones a derecho humanos que esto genera”. La organización explica que su preocupación es específica “por el control operativo de la Sedena sobre la Guardia Nacional, incluyendo las unidades de éstas que operan en la Ciudad de México, donde tiene su domicilio y lugar de trabajo la quejosa”.
Para la capital del país, abunda, “no se ha presentado un solo diagnóstico que confirme que se requiere de una fuerza de seguridad federal controlada por el Ejército, ciudad que además ha sido a lo largo de su historia una urbe de ejercicio de libertades que no ha requerido que un cuerpo federal de naturaleza castrense se haga cargo de la seguridad pública en su territorio durante la historia reciente”.
El Centro Prodh considera que el ordenamiento pone en tela de juicio el carácter civil de la corporación, pese a que ese es el carácter que ordena la Constitución, situación que “es de interés público y es una cuestión que puede dirimirse vía interpretación constitucional”.
De igual manera, recuerda que “la presencia de elementos del Ejército en tareas de seguridad o justicia y la preocupación por su relación en la comisión de violaciones a derechos humanos ha sido una constante en las recomendaciones formuladas a México”, y que se remontan desde 1998, tras la primera recomendación al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); en 2008, luego de la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louis Arbour, así como expresiones de preocupación por la militarización por parte de otros relatores de ONU desde al menos una década.
La organización resalta que de las 10 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitidas contra México, seis están relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Ejército.
En su escrito, el Centro Prodh explica que la orden emitida mediante un oficio afecta su “esfera jurídica”, mientras que “obstaculiza la consecución de nuestro objeto social de defender derechos humanos y nos impide el libre y pleno ejercicio de nuestro derecho a defender intereses jurídicamente relevantes, pues efectivamente la militarización de la seguridad conlleva tales afectaciones”.
Asimismo, considera que en el acuerdo fechado el 6 de octubre del año pasado, “las autoridades violan la garantía orgánica contenida en el artículo 21 constitucional, que señala que la Guardia Nacional será una institución civil”, de acuerdo con la reforma llevada a cabo para la creación del organismo de seguridad pública.
Para la organización, el Juzgado de Distrito “tiene la oportunidad de sentar un precedente relevante sobre el contenido del artículo 21 constitucional de cara a la militarización de la seguridad pública, en consonancia con los más altos estándares internacionales en la materia”, en tanto que es indispensable que se determine el “carácter civil” de las instituciones de seguridad pública.
DE IMÁGENES Y TEXTOS En los tiempos de la Reforma Eléctrica
ERIC AZOCAR
Dicen por ahí que la información es poder, es decir, el que esté informado puede dominar por lo menos su colonia, su ciudad, su país, o el mundo entero. Pero qué pasa cuando los que tienen el poder le apuestan a la desinformación de la sociedad, en estos momentos mientras más confundidos estemos, con tantos medios a nuestro alcance, con tantas versiones encontradas, el discernir, analizar y fijar una postura se vuelve cada vez más complicado.
Lo que de pronto tiene la estructura de chisme de espectáculos invade la sección política y de alguna manera nos distrae de lo más importante; el pasado fin de semana la periodista Loudes Mendoza reveló unas fotografías del exdirector de Pemex en un restaurante de Lomas de Chapultepec, y entonces esas fotos, sin nota, se convirtieron en la de 8 columnas, que si bien es un caso delicado porque el exfuncionario en teoría está arraigado en su domicilio por la investigación de actos de corrupción con Odebrecht por más de 10 millones de dólares en sobornos, al parecer esta administración o por lo menos la Fiscalía General de la República hace caso omiso.
Sin duda este suceso es importante estimado lector, pero no deja de tener tintes de un escándalo, de una nota que por un momento pudiera distraer nuestra atención de lo que realmente está pasando con la reforma eléctrica. El caso es que la periodista Lourdes Mendoza como le comenté, logró fotografiar a este personaje mientras cenaba junto con un grupo de personas, este material polémico por donde lo quiera ver es la primera evidencia de que Emilio Lozoya si está en México, porque como lo recordará no lo habíamos visto desde que fue deportado, cuando se hizo un operativo en el hangar de la Presidencia de la República que efectivamente parecía una cortina de humo para distraer a los medios y ocultar el paradero de Lozoya, llegó, no llegó, venía enfermo, no se supo nada, y de ahí silencio, hasta apenas estos últimos días donde las fotos se convierten en evidencia.
Pero después se viene toda una confusión o “cortina de humo” donde hasta el mismo Jenaro Villamil aseguró que esas fotos no son recientes; pero lo son, tanto que la misma periodista compartió la evidencia de la hora y la fecha en que tomó las impresiones digitales.
Los reflectores cambiaron de personaje y apuntaron hacia Lourdes Mendoza; pero quién es ella, es una de las 17 reporteras implicadas en la denuncia que interpuso Lozoya, la acusa de que Luis Videgaray le había entregado una bolsa para sobornarla con dinero de Odebrecht.
Y entonces, la historia se remonta a 2013, hacia una serie de declaraciones sobre el dinero, el cual afirman que nunca llegó en bolsas sino a través de transferencias bancarias, obvio; desde ese entonces Lourdes Mendoza sigue el caso de Emilio Lozoya pues está implicada en la denuncia y así nos vamos con una serie de dimes y diretes del funcionario señalando a la periodista quien se encuentra en franca defensa. Obviamente esto llegó hasta el espectáculo de la mañanera donde le preguntaron a “ya sabe quién” por esas fotografías: “pues produce indignación el que esté comiendo en un restaurante de lujo, aunque legalmente lo puede hacer, se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México, porque imagínense que esta reforma que ahora queremos hacer a un lado se aprobó y él estaba de acuerdo”.
El primer mandatario de esta nación dice que es una provocación, pero es más que una provocación, es un error que no ayuda ni al caso ni a Lozoya, en la demanda legal que interpuso Lourdes Mendoza dice que el personaje está arraigado, ahí la incongruencia, esto parece más una demanda entre particulares que se convirtió en una situación pública, evidentemente da un giro y se convierte en un distractor mediático que nos aleja de lo que es importante.
Y de pronto, en otros frentes, como para seguir distrayéndonos de lo que puede cambiar el rumbo de este país, nos encontramos con otra figura que si bien, podía hablar sobre la Reforma Eléctrica de esta administración y sus consecuencias, la charla se fue hacia otro lado, Enrique de la Madrid Cordero, ¿Le suenan los apellidos? hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, insistió en que la Reforma Eléctrica le hará daño al país por promover un monopolio estatal que afectará a la economía mexicana y señaló: “los mexicanos merecemos tener opciones de a quienes comprarle la electricidad y que no solamente sea privilegio de algunas empresas” dicho sea de paso, el ex secretario de turismo en el sexenio del buen Quique contradijo a Rocío Nahle titular de la Sener (Secretaría de Energía) quien afirmó que esta reforma no expropiará ni un tornillo al sector privado; aquí el punto es que lo que dice la iniciativa es que el sector privado podría participar hasta 45% y de la Madrid dice que “es poco probable encontrar quién en su sano juicio quiera depender de una CFE que decida a quién comprarle y a quién no, a qué precio y en qué condiciones, si eso no es una expropiación no sé qué entiende el gobierno por expropiación, claro que es una expropiación”.
Después, curiosamente toda la charla se fue hacia el tema electoral de 2024, donde dijo que no se descarta como precandidato del PRI para la presidencia de la República.
Dónde está la lógica, a De la Madrid los medios lo buscaron para que hablara sobre la Reforma energética, y si lo hizo, pero al final aprovechó el escenario para decir que el Revolucionario Institucional es un partido que puede rescatar a México de los problemas actuales y de la crisis por la cual estamos pasando; se imagina poder afirmar de manera contundente que este organismo político puedes sacarnos adelante, es como volver a creer en esos falsos mesías que nos han hundido más y más.
Yo no dudo de las capacidades de Enrique de la Madrid, del entusiasmo y las ganas que tenga por apoyar a enderezar el barco, que sin duda se está hundiendo, pero con un partido político como en el que militó su papá, es difícil de creer, pero en fin, en los tiempos de la reforma eléctrica los protagonistas y no protagonistas, los reporteros y los políticos, los medios electrónicos digitales y los llamados tradicionales, pareciera que buscan distraer la atención y no precisamente por órdenes de la cúpula del poder sino por el morbo o la intención de ganar público. No lo sé estimado lector, pero creo que el problema de la desinformación es del gobierno en turno, pero también son culpables los medios y nosotros mismos por dejarnos envolver en las atractivas cortinas de humo con notas que tergiversan la información y evitan que tengamos una visión clara del acontecer cotidiano.
No se quede con una sola fuente de información, busque más, saque sus propias conclusiones y comparta su opinión.
