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APRO / hOmeRO CAmPA, Neldy SAN mARtíN y mAthieu tOuRlieRe
/ Homero Campa NelDy saN martíN matHieu tourliere
Ricardo Salinas Pliego podría pagar cara la participación de Grupo Elektra en el desmantelamiento de Mexicana de Aviación, hace más de una década: de los siete créditos fiscales por más de 34 mil millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le determinó por “prácticas fiscales indebidas” y que han sido ratificados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), 26 mil 980 millones se derivan de operaciones vinculadas con la extinta aerolínea.
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Una revisión a más de 6 mil cuartillas de expedientes judiciales del TFJA y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y consultas a las actas constitutivas de empresas involucradas en esta trama hasta ahora poco conocida, muestran que el propio Salinas Pliego y altos ejecutivos de Grupo Salinas encabezaron estos esquemas contables que el SAT ha sancionado de manera reiterada desde 2013.
Por lo menos entre 2010 y 2012 Grupo Elektra descontó de sus estados contables 14 mil 457 millones 857 mil pesos derivados de acciones de Mexicana de Aviación que había comprado por poco más de 600 millones de pesos. Y, por si fuera poco, volvió a descontar ese monto de sus resultados consolidados en el ejercicio fiscal de 2013.
La estrategia fue la siguiente: el 14 de septiembre de 2007 Grupo Posadas, entonces dueño de Mexicana de Aviación, escindió la empresa Compañía Mexicana de Aviación en dos bloques de sociedades. En un bloque puso los activos tangibles de la empresa, como los hangares, los aviones y los empleados, y a la par creó un bloque “fantasma” controlado por la empresa Grupo Mexicana de Aviación.
El bloque “fantasma” contenía cinco sociedades de papel: Impulsora de Negocios Omega, SA de CV; Operadora de Servicios Empresariales Zeta, SA de CV; Gestiones y Servicios Operativos Kappa, SA de CV; Impulsora de Enlaces Industriales Delta, SA de CV, e Impulsora Industrial Empresarial Beta, SA de CV, las cuales no tenían empleados ni bienes ni operaciones, pero controlaban acciones de la escisión de Compañía Mexicana de Aviación.
El 30 de diciembre de 2008 Grupo Elektra compró las sociedades del bloque “fantasma” por 613 millones 487 mil pesos, según consta en la resolución del juicio de amparo 221/2014. Durante esta adquisición estuvo presente Gastón Azcárraga Andrade, entonces presi-
Pleito oculto SAT-Salinas Pliego: Trampas con las acciones de Mexicana de Aviación
| Foto /MexicanaOficial
dente del Consejo de Administración y director general de Grupo Posadas, de acuerdo con la resolución judicial del caso RP 219/2016.
En enero de 2009 Grupo Mexicana de Aviación cambió su nombre a Servicios de Gestión Corporativos Barsam, y en agosto de ese año Grupo Elektra absorbió a esa empresa. Gracias a esta serie de movimientos, Grupo Elektra se convirtió en dueña de las sociedades de papel y de sus acciones. Mediante actas de consejos de administración fechadas en febrero de 2009, Salinas Pliego y altos ejecutivos de Grupo Elektra y TV Azteca –las dos ramas de Grupo Salinas– recibieron poderes legales en las sociedades.
En las actas mercantiles de las sociedades aparecen, junto al magnate, Pedro Padilla Longoria, Gabriel Roqueñi Rello, Rodrigo Pliego Abraham, Jesús Morales Aguilar y Francisco Xavier Borrego Hinojosa Linares, respectivos director general, director jurídico, director financiero, representante legal y vicepresidente jurídico en Grupo Salinas en ese tiempo. También figuran Luis Niño de Rivera Lajous y Carlos Septién Michel, exdirectores de Banco Azteca, o Luis Pablo Clorio Rojano, Carlos Helses Flores y Esteban Galíndez Aguirre, del área de finanzas de TV Azteca.
En los años siguientes Grupo Elektra vendió las sociedades de papel a otras empresas de Salinas Pliego por unos cientos de miles de pesos, y en cada una de estas operaciones reportó en sus resultados contables pérdidas fiscales multimillonarias por “enajenación de acciones”. Esas “pérdidas” las descontó de su Impuesto Sobre la Renta (ISR). Con ello reportó pérdidas en lugar de ganancias y evadió el correspondiente pago del impuesto.
En otras palabras: Grupo Elektra compró unas sociedades vacías y pretendió que sus acciones valían una fortuna, como si todavía estuvieran vinculadas al capital de 28 mil 279 millones de pesos que Compañía Mexicana de Aviación constituyó entre los años 80 y 2000, capital que respaldaba una empresa con una flotilla de aviones, hangares, simuladores de vuelo, rutas aéreas, ventanillas en aeropuertos y una plantilla laboral de más de 8 mil personas.
Si bien no se puede afirmar que Salinas Pliego participó en la estrategia de desmantelamiento de Mexicana de Aviación, la operación resultó extremadamente rentable para Grupo Elektra y su dueño: descontó de sus impuestos un monto 45 veces superior a la compra de acciones. Por el contrario, significó la ruina para Mexicana de Aviación y sus trabajadores, que en esa operación perdieron más de 14 mil millones de pesos de pasivos fiscales, dos años antes de entrar en concurso mercantil.
Ni Grupo Salinas ni el SAT contestaron a los cuestionarios que Proceso les envió semanas antes de la publicación de este reportaje. Azcárraga Andrade, por su parte, no contestó preguntas específicas sobre esta vertiente desconocida de la trama de Mexicana de Aviación.
Derrotas estrepitosas
Se trató de un negocio rentable, pero ilegal: por lo menos a partir de junio de 2011 el SAT puso la mirada sobre el modus operandi de Grupo Elektra para reducir sus impuestos.
El 21 de ese mes, el SAT mandó un oficio al grupo, pidiéndole información para justificar un descuento multimillonario de impuestos en 2006, derivado de la venta de acciones. La investigación concluyó, dos años después, que la operación era ilegal y se determinó un crédito fiscal de 2 mil 636 millones de pesos.
A este oficio siguieron decenas más en los años siguientes. Así, entre marzo de 2013 y noviembre de 2018 la autoridad tributaria determinó por lo menos siete créditos fiscales al imperio de Salinas Pliego por 34 mil 22 millones de pesos, prácticamente todos por los mismos esquemas contables. En ese lapso la institución fue dirigida por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia, Aristóteles Núñez Sánchez y Osvaldo Santín Quiroz.
De estos siete créditos fiscales, cuatro están vinculados con las sociedades escindidas de Mexicana de Aviación, y en conjunto suman 26 mil 980 millones 953 mil pesos.
En contraste con la provocación que el magnate soltó en su cuenta de Twitter en febrero de 2021, cuando subió una fotografía con su rostro sonriente acompañada del reto de que “no pienso pagar ni un rábano” al SAT, desde octubre de 2016 Grupo Elektra ha sufrido una serie de estrepitosas derrotas judiciales ante la autoridad tributaria.
Proceso ha identificado seis casos en los que Grupo Elektra trató de invalidar créditos fiscales ante el TFJA y en una ocasión ante la SCJN. En las seis ocasiones, mediante resoluciones rendidas entre octubre de 2016 y enero de 2021, los magistrados invalidaron los argumentos de Grupo Elektra y confirmaron las decisiones del SAT.
Entre sus diversos argumentos, Grupo Elektra llegó incluso a denunciar que el SAT violó sus “derechos humanos”, argumento que fue descartado de inmediato –pues la ley en la materia “no reconoce ningún derecho humano (…) sino que, en todo caso, señala una obligación para el contribuyente de calcular el costo promedio por acción”–, y en fechas recientes adoptó una estrategia todavía más agresiva: presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios y exfuncionarios del SAT que determinaron sus créditos fiscales.
Proceso verificó con uno de estos exfuncionarios que la demanda es vigente; el SAT, como ya se indicó, no contestó un cuestionario enviado por este semanario.
Pese a los créditos fiscales del SAT y a su presencia en la lista de 79 empresarios y políticos bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por sus sociedades de papel en paraísos fiscales, Salinas Pliego no puede presentarse como víctima de persecución del SAT o de las administraciones federales, incluyendo la de Andrés Manuel López Obrador, pues como muchos integrantes de la cúpula empresarial del país, ha construido su fortuna sobre sus relaciones con los gobiernos en turno.
En 1993 Salinas Pliego pudo comprar Imevisión al gobierno de Carlos Salinas de Gortari gracias a un préstamo secreto de 30 millones de dólares de Raúl Salinas de Gortari, “hermano incómodo” del entonces mandatario, y durante el sexenio de Vicente Fox se benefició de la indolencia del presidente en el conflicto por el control del Canal 40, que arrebató al empresario Javier Moreno Valle, hermano del difunto exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
En los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto las empresas de Grupo Salinas se beneficiaron con por lo menos 6 mil 833 millones de pesos de condonaciones de impuestos, según información que transparentó la organización Fundar.
Durante la administración del priista, sus empresas recibieron contratos públicos por al menos 6 mil 928 millones de pesos, según una revisión a los contratos en la plataforma Compranet. Pemex evitó a Banco Azteca un desastre financiero mediante la compra de Grupo Fertinal –cuyas irregularidades fueron denunciadas por Pemex y documentadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública– y las “orquestas infantiles” de Fundación Azteca cobraron mil 689 millones de pesos del erario, según documentó Quinto Elemento Lab.
En los tres años de gobierno de López Obrador, quien hizo a Salinas Pliego parte de su Consejo Asesor Empresarial, sus empresas recibieron contratos de por lo menos 4 mil 326 millones de pesos, mientras que Banco Azteca fue beneficiado con la distribución de recursos de los programas de Bienestar; y el mandatario colocó a varias personas cercanas al magnate en puestos clave del gobierno, como Esteban Moctezuma Barragán, primero al frente de la SEP y después como titular de la embajada en Washington; o Jorge Mendoza Sánchez, como director de Banobras. *Esta investigación se realizó en el marco del taller MasterLab en Edición, auspiciado por la organización Quinto Elemento Lab.
CONVICCIONES La realidad de la política social de López Obrador
RUBÉN AGUILAR VALENZUELA
En los primeros tres años del gobierno del presidente López Obrador se han incorporado al sector de la pobreza 3 millones 800 personas, un aumento del 7.3 % con relación a 2018, según el Consejo Nacional de la Política y Desarrollo Social (Coneval).
De ellas 2 millones 900 mil pasaron a la extrema pobreza, 24% más de acuerdo al informe Medición Multidimensional de la Pobreza 2018-2020. Con la actual política social se ha frenado la reducción de la pobreza que venía desde hace 20 años.
En los últimos diez años, de 2008 a 2018, la pobreza se redujo de 44.4 % a 41.9 %. Una caída de 2.5 puntos porcentuales a una tasa anual promedio de 0.24. Y la pobreza extrema disminuyó en 3.6 % a una tasa de 0.36 al año.
La cobertura de los programas sociales ha venido cayendo en los años que lleva el actual gobierno. En 2018, el 61 % de los hogares más pobres recibía el apoyo de algún programa social.
En 2019, sólo el 54 %, en 2020, el 49 % y en 2021, el 50 %. Una reducción de 11 puntos porcentuales en tres años. Así, como consecuencia de la actual política social, en 2020, el 10 % de la población más pobre recibió 34 % menos recursos que en 2018.
A cambio, de manera contradictoria con el slogan presidencial “primero los pobres”, la población con mayores ingresos, que en 2018 recibía algún apoyo, en 2020 se duplicó. Creció en 100 %.
Los programas sociales del actual gobierno no están diseñados para favorecer a los más pobres sino que muestran, por la vía de los hechos, son para que “les toque menos”, asegura Gonzalo Hernández Licona, que creó el Coneval.
En la misma línea el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG) sostiene que en 2016, el 61 % de los hogares más pobres eran beneficiados de algún programa social, pero en 2020 solo el 35 %.
Y también muestra con datos duros que los hogares más ricos duplicaron el porcentaje de beneficiarios. En todo caso el slogan que realmente se hace realidad en el actual gobierno es “primero los ricos”.
De esta manera el 10 % de los hogares más pobres se quedan con solo el 10 % del monto total de las transferencias del gobierno que es una cantidad casi igual de la que se queda el 10 % de los hogares más ricos que reciben el 8 % del total de los recursos de los programas sociales.
Una deficiente focalización de los hogares más pobres y el privilegiar la entrega de los programas sociales en las zonas urbanas, que lucen más y tienen mayor rentabilidad político-electoral, es la explicación de que los programas sociales no lleguen a estos hogares, que son los más necesitados.
Que los hogares más ricos sean los más beneficiados es porque estos tienen más facilidad para acceder a las oficinas públicas y mayor disponibilidad de recursos como el Internet, para inscribirse a los programas sociales.
Es evidente que la política social del gobierno que encabeza López Obrador ha perjudicado a los más pobres y beneficiado a los más ricos. Los datos duros y no los discursos expresan la realidad. No hay lugar a la interpretación. Las estadísticas utilizadas son generadas por instituciones del gobierno federal.
@RubenAguilar
Un crimen financiero impune
/ Homero Campa Neldy SaN martíN matHieu tourliere
Cuando en agosto de 2010 la aerolínea suspendió operaciones y entró en concurso mercantil, era ya un cascarón El vuelo MX 866 fue el último de Mexicana de Aviación. Aterrizó a las 16:15 horas del 28 de agosto de 2010 en el aeropuerto de Toronto, Canadá. Un día antes la aerolínea había informado a la Dirección General de Aeronáutica Civil que no le era posible seguir prestando el servicio de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo.
De golpe quedaron en tierra 105 aviones que cubrían 44 rutas nacionales y 27 destinos internacionales (14 de ellos a ciudades de Estados Unidos) y que en 2009 transportaron a más de 6 millones de pasajeros. Ocho mil 500 trabajadores, entre pilotos, sobrecargos y trabajadores en tierra, se hundieron en la incertidumbre laboral.
Tres semanas antes, el 2 de agosto, Mexicana de Aviación –la principal línea aérea del país, cuya marca era reconocida internacionalmente y motivo de orgullo nacional–, había solicitado la declaración de concurso mercantil debido a su insolvencia financiera: tenía en junio de ese año activos por 9 mil 675 millones 927 mil pesos, pero sus pasivos alcanzaban 15 mil 75 millones 932 mil pesos. Sus pérdidas de activos se habían acumulado de manera creciente: en 2007 perdió 536 millones de pesos; en 2008, 964 millones; en 2009, 2 mil 188 millones; y sólo en el primer semestre de 2010 había perdido mil 751 millones de pesos.
Si cuando Grupo Posadas la adquirió en diciembre de 2005 la aerolínea tenía en caja 160 millones de dólares, para junio de 2010 no tenía dinero disponible para cumplir sus obligaciones de pagos a sus acreedores: debía 15 mil 75 millones de pesos, 42% de los cuales eran ya créditos vencidos. En el último mes no había podido pagar 3 mil 400 millones de pesos a 738 acreedores, y encima ya tenía que pagar mil 129 millones de pesos a otros 742 acreedores en el plazo de 30 días, entre ellos el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Banorte.
En su solicitud para acogerse al “beneficio” del concurso mercantil, el administrador de Mexicana de Aviación, Francisco Javier Christlieb Morales, argumentó que la insolvencia financiera se debía a “factores internos y externos ajenos a la administración de la empresa”. Entre ellos mencionó “un costo salarial desproporcionado” de sus trabajadores, el alza en el precio de la turbosina y el brote de la influenza AH1N1 que se presentó de abril a octubre de 2009 y que impactó los vuelos comerciales de y hacia México.
Sin embargo, una revisión de los expedientes de las denuncias que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) presentó en septiembre de 2011 y noviembre de 2012 –que citan estados financieros de la aerolínea, dictámenes de auditores independientes y actas de los consejos de administración de Compañía Mexicana de Aviación y de sus firmas controladoras: Grupo Mexicana de Aviación (GMA) y Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) –, así como de otros documentos obtenidos por Proceso y de entrevistas con abogados involucrados en el caso, muestran cómo decisiones financieras y empresariales tomadas por sus dueños y directivos, encabezados por el empresario Gastón Azcárraga Andrade, propiciaron el desmantelamiento progresivo y sistemático de la aerolínea.
De hecho, el desmantelamiento se inició pronto. El 3 de febrero de 2006 –sólo dos meses después de que compró Mexicana de Aviación–, GMA vendió la Torre Mexicana –edificio emblemático de la aerolínea– y el llamado Anexo Mexicana, ambos ubicados en la avenida Xola de la Ciudad de México, y en los que se encontraban sus oficinas corporativas. Los vendió a Fibra Mexicana de Inmuebles por 40 millones 227 mil dólares, equivalente en ese momento a 442 millones 307 mil pesos; “es decir –asienta la denuncia–, sin razón de peso se vendieron dos de los principales activos tangibles de la Compañía Mexicana de Aviación, que generaban ingresos, a un precio por debajo de su valor catastral” que era por ambos inmuebles de 507 millones 260 mil pesos.
De manera simultánea, Compañía Mexicana de Aviación celebró un contrato para arrendar durante 10 años 11 mil 600 metros cuadrados de esos inmuebles.
loS 10 airbuS
El 27 de marzo de 2006 la empresa francesa GIE Mexibus cedió a Mexibail, firma subsidiaria de Grupo Mexicana de Aviación, un contrato que tenía celebrado con Compañía Mexicana de Aviación. Dicho contrato era por la renta con opción a compra de 10 aeronaves Airbus-A320. La renta mensual era por 906 mil 853 dólares. Para llevar a cabo la operación de “cesión” del contrato, Mexibail obtuvo financiamiento de Goldman Sach’s París, el cual incluyó un “instrumento financiero derivado” que cubriera los riesgos de una tasa de interés variable y del tipo de cambio de dólares estadunidenses a pesos mexicanos. Pero fue la aerolínea la que quedó comprometida a absorber el costo de ese instrumento financiero, según se desprende de los estados financieros de 2006 de la compañía y de un dictamen de auditores independientes fechado el 10 de marzo de 2007, ambos citados en el expediente de la demanda.
Derivado de esa cesión del contrato de arrendamiento de los 10 Airbus, GIE Mexibus le hizo a GMA un “descuento por pronto pago” o “quita” de 223 millones 643 mil pesos. La demanda hace notar que ese beneficio se quedó en GMA, pero no se transfirió a la aerolínea, cuyos estados financieros no lo reportan.
El 19 de octubre de 2009 Mexicana de Aviación pagó por anticipado a Mexibail el adeudo total por el contrato de arrendamiento de los 10 Airbus: 56 millones 387 mil dólares. Por ese pago obtuvo un descuento de 18 millones 687 mil dólares. Sin embargo, la denuncia señala que en el dictamen del concurso mercantil al que fue sometido Mexicana de Aviación a partir de 2010 aparece Mexibail en la lista de deudores. No le pagaron 26 millones 853 mil pesos. ¿Por qué Mexicana de Aviación liquidó por anticipado el contrato de arrendamiento de los Airbus con Mexibail? Para endeudarse más, según se desprende del expediente judicial.
Y es que el 16 de octubre de 2009 –tres días antes de liquidar el adeudo con Mexibail–, Bancomext otorgó, a través de Nacional Financiera, un préstamo a Mexicana de Aviación por 991 millones 977 mil pesos. La aerolínea aportó como garantía nueve de los 10 Airbus, así como dos motores de repuesto.
Para operar dicho préstamo se creó el fideicomiso F/80598. Su plazo de pago era de 24 meses, con seis meses de gracia de capital incluido, resultando en 18 amortizaciones mensuales de unos 55 millones de pesos, más intereses.
“Este endeudamiento de tan corto plazo resulta, al parecer, muy oneroso y pone en grave riesgo el negocio en marcha”, destaca la denuncia de ASPA.
Además, para esas fechas la compañía tenía comprometidas sus acciones en “prenda” –así como los “documentos y derechos de cobro”– por un préstamo de mil 572 millones 420 mil pesos que Banorte otorgó a Gamma Servicios de Negocios, una subsidiaria de NGA, firma que sustituyó a Grupo Mexicana de Aviación (GMA) como controladora de la aerolínea.
Cuando en agosto de 2010 la aerolínea suspendió operaciones y entró en concurso mercantil, era ya un cascarón: al tiempo que la endeudaron, la habían vaciado de capital, bienes y activos. l *Esta investigación se realizó en el marco del taller MasterLab en Edición, auspiciado por la organización Quinto Elemento Lab.
Piden investigar procedencia de recursos para el proceso de revocación de mandato
Cámara de diputados
El diputado Carlos Alberto Valenzuela González, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, sometió a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se exhorte al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, para que en uso de sus facultades y atribuciones revise e investigue las operaciones financieras, económicas y cualquier otra información relacionada con la organización civil denominada “Que siga la democracia A.C.”, en virtud del proceso de revocación de mandato que se encuentra en desarrollo.
“Así como la UIF se ha dedicado a investigar y a perseguir a los opositores de la 4T también queremos que verifique de dónde ha salido el recurso para la asociación civil que se ha encargado de la recabación de las firmas de Morena para la revocación de mandato”, señaló el parlamentario en un comunicado.
Solicita a la Comisión Permanente exhortar a la UIF a revisar las operaciones financieras, económicas y cualquier información relacionada con la organización Que siga la democracia A.C. Carlos Alberto Valenzuela González
Dijo que habiendo concluido el proceso de registro de promoventes, el INE abrió el proceso de recolección de firmas, mismo que concluyó el 25 de diciembre de 2021, fecha en la que la organización civil denominada “Que siga la democracia A.C.” señaló a los medios de comunicación que entregó al Instituto 3 millones 27 mil firmas, con las que sumarían 9 millones 900 mil rúbricas físicas y por aplicación.
En dicha fecha el INE señaló, a través de su cuenta de Twitter, que recibió de dicha asociación 860 cajas con firmas para verificar su validez.
“Si hay más de 9 millones de firmas, que lo hemos visto en módulos que se han puesto a lo largo del país, queremos saber de dónde salió ese dinero. ¿Salió de la delincuencia?, ¿salió del lavado de dinero?, ¿salió de las prebendas políticas?, ¿salió de los ahorritos de los alcaldes?, cuestionó.
El INE publicó, con corte al 21 de diciembre de 2021, el Estadístico Detallado por Promovente, el cual señala que “tanto personas físicas como morales registradas como promoventes reportan firmas en diferentes estados de la República, distintos a su lugar de registro como promoventes o de domicilio fiscal de ser el caso.”
Al actualizado de dicho reporte, con corte al 23 de diciembre, se tenían 1, 079,600 firmas de apoyo, en la que aún no se encontraban presentadas al menos alguna de la organización “Que siga la democracia A.C.”.
El diputado aseguró que todos estos datos presentan una correlación atípica tanto en materia logística y de recursos económicos que van de computar el gasto por instalación de módulos, transporte, alimentación, voluntariado, traslado de cajas y presentación de firmas en el INE, así como su recolección en diversos puntos de la República por un mismo promotor; y en el particular de la asociación “Que siga la Democracia A.C.” no reportar ningún registro a dos días de concluir el plazo de entrega de firmas de apoyo.
“Queremos que se investigue de dónde ha salido el recurso para la simulación de ejercicio democrático que está haciendo Morena, pretendiendo desviar la atención de lo más importante que tenemos en el país, que es la recuperación económica”, concluyó Valenzuela González.
/ rafael Croda
La presencia de los cárteles mexicanos en Colombia es un fenómeno tan presente y en ascenso que el tema se convirtió –por sus implicaciones sociales, económicas y en materia de seguridad– en motivo de interés de sectores académicos especializados en crimen trasnacional organizado, en relaciones internacionales y en geopolítica.
Lo que nadie había hecho, hasta ahora, es dedicar una tesis de posgrado a analizar el impacto que tienen grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Jalisco Nueva Generación, en el posconflicto colombiano –como se conoce a la etapa que siguió a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, en 2016– y en la implementación de ese pacto que puso fin a una guerra interna de 52 años.
Y eso fue lo que hizo la colombiana María Fernanda Zuluaga Gómez en su tesis de maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, que se titula La incidencia de los cárteles mexicanos en el posconflicto colombiano y en la implementación de los Acuerdos de Paz, para la cual consultó a expertos en seguridad y conflicto armado, a especialistas en cultivos ilícitos, a fuentes oficiales y a policías antinarcóticos.
En su trabajo, Zuluaga Gómez concluye que los cárteles mexicanos de la droga son “actores cada vez más relevantes” del posconflicto colombiano porque son la principal fuente de financiamiento de las nuevas estructuras armadas que han llenado los vacíos que dejaron en los territorios las desaparecidas FARC.
También porque sus relaciones con las bandas criminales colombianas, que les suministran toneladas de cocaína para abastecer los mercados de Estados Unidos y otras naciones desarrolladas, son un “factor de desestabilización” en las zonas cocaleras donde se concentran los nuevos fenómenos criminales surgidos tras la firma de los acuerdos de paz.
La autora señala que “los cárteles mexicanos juegan un papel claramente protagónico y cada vez más relevante en el posconflicto”.
En la tesis con la que obtuvo la maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, Zuluaga Gómez señala que la falta de presencia del Estado en los territorios cocaleros y los vacíos que dejaron las FARC en esas áreas al transitar hacia la vida legal “han sido cubiertos por nuevos actores armados cuya principal fuente de financiamiento es la coca y cuyos clientes principales son los cárteles mexicanos de la droga”.
“La enorme cantidad de recursos que estas organizaciones trasnacionales transfieren a las bandas que operan en las regiones cocaleras de Colombia alimenta la violencia que ha surgido en el posconflicto y obstaculiza la implementación del acuerdo de paz”, sostiene el trabajo.
Señala que la Defensoría del Pueblo de Colombia (organismo nacional de defensa de los derechos humanos) ha constatado desde 2018 “la presencia de cárteles mexicanos en zonas donde bandas criminales que trabajan para ellos incurren en homicidios selectivos, masacres, reclutamientos forzados de menores de edad, y asesinatos de líderes sociales, activistas humanitarios y excombatientes de las FARC incorporados a la vida legal”.
“Gerentes en terreno”
En entrevista con Proceso, Zuluaga Gómez indica que los cárteles mexicanos no actúan directamente con estructuras armadas en esas zonas, pero sí con “gerentes en terreno” o “delegados” que hacen las transacciones de droga “con las organizaciones delictivas que están generando nuevos tipos de violencia que sustituyeron a las que ejercían las FARC para mantener el control de los territorios y del negocio de la coca”, el cual ha sido el combustible de la guerra interna en Colombia desde los ochenta.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo y cubre las dos terceras partes de la demanda global de esa droga: unas mil 200 toneladas al año.
“Esa cocaína la manejan principalmente los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que son los de mayor presencia en Colombia, y el control que tienen sobre la producción los convierte en factores que inciden en las dificultades que enfrenta la implementación de la paz”, asegura la autora.
Una barrera que enfrenta el pacto de paz es la violencia. Entre el 1 de enero y el 24 de diciembre de 2021 fueron asesinados en Colombia 168 líderes sociales, varios de ellos por estar involucrados en programas de sustitución de cultivos ilícitos, y 48 exguerrilleros de las FARC incorporados a la vida legal, según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, han sido asesinados mil 283 dirigentes sociales, cinco cada semana en promedio, y 289 firmantes de la paz, casi cinco cada mes.
El presidente de Indepaz, Camilo González Posso, señala en la tesis de Zuluaga Gómez que no se puede decir que los responsables de los asesinatos de líderes sociales sean los cárteles mexicanos de la droga, pero sí es un hecho que esos cárteles son los que empoderan con dólares y armas a las estructuras criminales responsables de esos asesinatos.
Esa violencia, sostiene González Posso, se debe a los conflictos que se producen cuando líderes de los territorios se involucran en programas de sustitución de cultivos de hoja de coca o se oponen al reclutamiento de menores, y en el trasfondo de ese fenómeno “por supuesto que están los delegados mexicanos que vienen a controlar la calidad de la droga y a cerrar negocios que dejan mucho dinero a esas estructuras criminales violentas”.
Citada en la tesis, la senadora Aída Avella asegura que la masacre de líderes comunitarios y exguerrilleros es un fenómeno que desafía la consolidación del proceso de paz.
“Aquí está en marcha un proceso de aniquilamiento de la dirigencia social en el que los cárteles mexicanos están jugando un papel como financiadores de las estructuras armadas que están asesinando dirigentes”, indica Avella en la tesis dirigida por el profesor de historia de América de la universidad española de Salamanca, Guillermo Mira Delli-Zotti.
Entre los grupos armados a los que se refiere la senadora y presidenta de la Unión Patriótica (UP, un movimiento casi aniquilado por grupos paramilitares en los ochenta y noventa) se encuentran el Clan del Golfo, Los Puntilleros, Los Caparrapos, Los Rastrojos, La Constru y las Autodefensas Unidas del Pacífico, que tienen en común “algún tipo de relación con los cárteles mexicanos de la droga, de los que reciben armas”.
Zuluaga señala que a esta lista hay que sumar a las disidencias de las FARC, que son escisiones de ese grupo que no se acogieron al proceso de paz y que cuentan con varios núcleos en Colombia y en el occidente de Venezuela, y al guerrillero Ejército de Liberación Nacional.
“En Colombia tenemos un incremento muy importante en la presencia de organizaciones mexicanas del narcotráfico que vienen a asegurar el abastecimiento de cocaína. Esto es un tema de preocupación mayor en el gobierno por sus implicaciones para la seguridad nacional”, señala.
Dice que además de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, en Colombia operan “delegados” de grupos remanentes de Los Zetas, el Cártel del Golfo y la organización de los Beltrán Leyva.
Está por iniciar el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para analizar la propuesta de reforma a la industria eléctrica
Se convocará a participar a dueños de empresas, especialistas y académicos
Cámara de diputados
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que este año los trabajos parlamentarios continuarán por el camino del diálogo y la construcción de acuerdos, con el objetivo de abonar a resolver los retos que enfrenta el país.
Celebró que la Cámara de Diputados inicie el 2022 con el análisis, en Parlamento Abierto, de la propuesta de reforma a la industria eléctrica, que convocará a partir del 17 de enero y hasta el 15 de febrero a dueños de empresas eléctricas, productores, distribuidores, industriales, científicos, académicos y servidores públicos.
Precisó que se escucharán las opiniones e inquietudes de los involucrados, con el fin de enriquecer el dictamen que será sometido al análisis y discusión de la Asamblea y que, en su caso, deberá ser aprobado por las dos
15
FEBRERO
Fecha que culminará el análisis de la propuesta y que convocará a miembros la sociedad terceras partes del Pleno, por tratarse de una reforma constitucional.
Resaltó el acuerdo de los coordinadores parlamentarios en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que el Parlamento Abierto tenga máxima publicidad, para lo cual se contará con el apoyo del Canal del Congreso y la difusión de información en los diferentes medios: prensa, radio y televisión, así como redes sociales y portales digitales, para que la sociedad conozca los alcances de la propuesta de reforma. El diputado presidente consideró importante la participación de los dueños de empresas eléctricas, productores, distribuidores, industriales, científicos, académicos y servidores públicos en los foros de discusión, porque ofrecerán la oportunidad de contrastar los argumentos a favor y en contra de la propuesta.
Recordó que en la primera reunión de la Jucopo se acordaron las fechas de la discusión de los cinco ejes temáticos que conforman los foros del Parlamento Abierto:
El Sistema Eléctrico creado por la reforma de 2013;
El Papel del Estado en la Construcción del Sistema Eléctrico Nacional;
Objetivos planteados y resultados de la reforma de 2013;
Aspectos constitucionales y legales de la iniciativa;
Medio ambiente y Transición Energética;
Además, Gutiérrez Luna destacó que el Parlamento Abierto será el primero en propiciar el contraste de ideas a través de debates que serán organizados, moderados y transmitidos por el Canal del Congreso, para acreditar el criterio de oportunidad, publicidad, equidad e inclusión.
Los interesados en participar en este ejercicio, agregó, podrán dirigirse al micrositio que se habilitará para tal efecto o ante la Jucopo o las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales.
En la Cámara de Diputados, piden garantizar el derecho a la accesibilidad y la movilidad en el transporte público
Cámara de diputados
Con el objetivo de garantizar el derecho a la accesibilidad y movilidad al transporte público de las personas con discapacidad, la diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 19 y adiciona un artículo 19 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En el documento, remitido a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen, expresa que la accesibilidad y la movilidad son derechos que deben garantizarse en la ley y en el presupuesto.
Propone adicionar el Artículo 19 Bis para estipular que el Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, promoverán la disponibilidad de recursos para garantizar el derecho a la movilidad.
Generarán, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los mecanismos y fuentes de financiamiento, contemplando, entre otros, el Fondo para la accesibilidad en el Transporte Público para las personas con discapacidad.
Plantea modificar la fracción II del artículo 19 para cambiar la palabra “Promover” por la de “Establecer”, con el objetivo de que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado.
Refiere que, de acuerdo con el Censo de personas con discapacidad, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en México se contabilizan a poco más de seis millones de personas; es decir, el cinco por ciento de la población se encuentra en una circunstancia de discapacidad.
“Existe un incremento relevante, sin considerar que la situación post pandemia ha generado nuevos índices de vulnerabilidad, lo que incluye la necesidad de ampliar y adecuar la infraestructura, establecer más programas y mayores apoyos. En la actualidad son más las familias que cuentan con algún miembro en situación de discapacidad”.
Explica que, según esas cifras, 67.5 por ciento de las personas mayores a 60 años tienen dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas, 39.6 por ciento tiene problemas para ver y 24.7 por ciento para escuchar.
En la población infantil de cinco a 14 años de edad, que tienen algún tipo de discapacidad, 43 por ciento tiene dificultad para aprender, recordar o concentrarse, el 31 por ciento para hablar o comunicarse, y 27.9 por ciento para ver.
En el segmento de jóvenes con discapacidad de entre 15 y 29 años, 40.9 por ciento manifestó dificultad para ver, el 28.1 por ciento para aprender, recordar o concentrarse, mientras que el 24.8 por ciento para caminar, subir o bajar escaleras usando sus piernas.
Expresa que México tiene un problema serio en materia de salud, desigualdad social y económica que afecta a la población con discapacidad, violando la garantía de ejercicio de sus derechos humanos y no permitiendo su desarrollo, autonomía, igualdad, así como equiparación de oportunidades para personas con discapacidad.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez añade que los problemas de accesibilidad y movilidad de este sector son uno de los principales retos en materia de promoción y protección de sus derechos humanos, pues hay barreras para que participen en igualdad de condiciones con las demás personas en la vida social, así como en el entorno en el que se desarrollan.
Solicitan comparecencia de titular de Bienestar en la Cámara de Diputados por desaparición de Indesol
Cámara de diputados
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) propuso un punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría del Bienestar comparezca ante la Cámara de Diputados y explique por qué se decidió eliminar el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
En un comunicado, aseguró que la desaparición de este organismo representa un retroceso institucional y un atentado contra la participación de las organizaciones civiles en las políticas de desarrollo social del país.
Indicó que el decreto publicado en los últimos días del 2021, donde las atribuciones del Indesol pasan a una dirección denominada Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, muestran que se institucionaliza la política pública de este gobierno de cerrar las puertas a las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Señaló que con esta decisión es claro que la ciudadanía organizada lejos de ser un aliado en políticas públicas, es un estorbo que atenta contra las políticas clientelares del gobierno, por lo que la actual administración federal elimina todo lo relacionado a su financiamiento y, con ello, busca debilitarlas.
Sostuvo que toma relevancia la iniciativa que presentó en el periodo pasado, en materia de austeridad republicana con responsabilidad social, que busca obligar al Gobierno Federal a emitir un análisis del impacto social, jurídico y económico de aquellas decisiones que busquen eliminar instituciones, sobre todo cuando su desaparición vulnera los derechos de las y los ciudadanos.
Por eso, insistió que es importante que comparezca el titular de la Secretaría del Bienestar para que exponga los datos y elementos utilizados para justificar dicha decisión; además, subrayó, explique la estrategia que se implementará para garantizar la participación social en la formulación, ejecución y evaluación de los programas como lo establece el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez presentó un punto de acuerdo para que la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, que sustituye al Indesol, mantenga el carácter institucional de la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, sin distinción política e ideológica.
Es necesario, indicó, dar continuidad y fortalecer las acciones y estrategias de fomento a la ciudanía organizada implementadas por el Indesol, el cual, destacó, ocupaba un papel importante para el desarrollo social del país, sobre todo en materia de derechos humanos. A su vez, la diputada Norma Aceves García en un punto de acuerdo hizo un llamado al Gobierno Federal a no desaparecer el Indesol y a emitir un acuerdo que deje sin efectos el “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar”, publicado el 31 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial.
Llama Yolanda de la Torre al Gobierno Federal a mantener la relación institucional con las OSC
/ Javier siCilia
Abrimos 2022 bajo un signo inquietante: el crecimiento de la violencia y la ausencia de nombres, historias y sufrimientos de quienes las padecen. Enterradas bajo el anonimato de las cifras, de la nota roja, del relato y el ejercicio de la crueldad, las víctimas, a lo largo de este sexenio, han vuelto a desaparecer de la conciencia pública como en las épocas de Calderón y Peña Nieto. Si aparecen son sólo como un síntoma del poder que se ejerce sobre ellas y no como los sujetos del horror. Son, por desgracia, los derrotados, los desechados, los desaparecidos, que sólo importan en la medida en que permiten mostrar y relatar el poder de la violencia. Ya sea ilegal –la que ejerce el crimen organizado– o legal –la que se ejerce desde los gobiernos y las redes sociales, como la que promueven las series de narcos, los narcocorridos y los videojuegos–, la violencia y no las víctimas es el actor principal de la narrativa en México. Es, como lo señala Enrique Díaz Álvarez en su agudo ensayo La palabra que aparece, el testimonio como acto de superviviencia (Anagrama, 2021), el relato que exalta la fuerza de los vencedores sobre los débiles, sobre los enemigos, sobre los que no supieron eludir la fuerza de su oponente o “se lo merecían” o estaban “en el lugar equivocado”.
Con todo el temor y la reprobación que provoca, la violencia, dice Elías Canetti, genera prestigio en quien la ejerce (aunque a veces no osemos confesarlo); genera también espectáculo y rating. Los héroes y los villanos –lo muestran no sólo los relatos de las grandes violencias, sino las contiendas deportivas y las películas de Hollywood– están hechos de aquellos a quienes han vencido. Ambos necesitan enemigos
La invisibilidad de las víctimas
| Foto Cristian de Lira
En el relato de la violencia no existen rostros, personas ni historias. Sólo existe la fuerza que abate. y necesitan vencerlos. Eso causa temor, pero también expectación en el imaginario público. Vencer no es sólo la pasión del poder; es también una de las pasiones más fuertes de los seres humanos.
Los medios de comunicación que pretenden denunciar el horror se vuelven también solidarios de la violencia en el tratamiento de la nota. Al colocar los cuerpos de las víctimas como tela de fondo, sin nombres, sin historias y sin el contexto social y político que las hace posibles, ponen también en el centro del relato la violencia.
Donde quiera que volvamos el rostro esto es así. La prensa habla de cifras de muertos, no de seres humanos –una manera de contabilizar de los ejércitos en guerra–, da cuenta de la masacre más reciente, muestra cuerpos mutilados o bañados en sangre. Tanto AMLO como las redes sociales construyen patíbulos y linchamientos virtuales. La industria del entretenimiento hace telenovelas de narcos, difunde películas donde la violencia es el centro, produce videojuegos sanguinarios o hace del narcocorrido una épica popular… Incluso el lenguaje con el que las instituciones pretenden enfrentar la violencia, está lleno de ella: “combate a la pobreza”, “lucha contra el covid”, “estrategias contra el crimen”, “campañas de vacunación”.
Lo que casi nunca vemos es el relato de los que bajo esa violencia han sido reducidos a cifras. Tampoco las historias de dolor y sufrimiento de las víctimas ni el contexto social y político que las crea. Aunque esos relatos existen –en 2011 y 2012, durante los inicios hicieron una gran aparición pública con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad–, hoy se encuentran en las márgenes. Están en poemas, novelas, documentales, relatos periodísticos marginales o investigaciones académicas que, por desgracia, a pocos importan, como a pocos importa la identidad de las miles de personas reducidas a cuerpos apelmazados en fosas y morgues.
Por ello, la justicia se desprecia, se vuelve selectiva, ineficiente, y se incorpora al espectáculo de la violencia. Por ello, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o la Comisión Nacional de Búsqueda –a las que ni la sociedad ni el Estado les han dado el lugar que les corresponde como enclaves para detener la violencia– han sido reducidas a oficialía de partes, a cortinas de humo y dispensadoras de dádivas. Por ello tampoco las víctimas forman parte del discurso de las partidocracias ni generan la empatía necesaria para exigir como prioridad nacional la justicia y la paz.
Invisibilizadas en el escenario público, tratadas como objetos y desechos de la fuerza, lo que ocupa el imaginario social es la violencia. Devorados por ella, un hombre, una mujer, un niño, se transforman en datos, cifras, imágenes fantasmagóricas o cuerpos ensangrentados como en un rastro.
En el relato de la violencia no existen rostros, personas ni historias. Sólo existe la fuerza que abate. Presentadas así, las imágenes de las víctimas, dice Díaz Álvarez, lejos de conmovernos e indignarnos, enaltecen “el mensaje de la fuerza y cultivan la incapacidad de asir humanamente” la vida de los otros.
Mientras el punto de referencia para alcanzar la justicia y la paz sea el relato de la violencia y no el de los nombres y las historias de las víctimas capaces de motivar la indignación, la violencia mantendrá su imperio.
“Valorar cada cuerpo –vuelvo a Díaz Álvarez– y cada historia no es (sólo) un acto de piedad o compasión, sino de imaginación política”. Sin ella lo único que imperará será, como hasta ahora, el pan cotidiano de la barbarie.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.
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El diputado Riult Rivera Gutiérrez impulsa en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar las leyes General de Salud y del Seguro Social, con el objetivo de incluir en las enfermedades no transmisibles los padecimientos derivados del tratamiento del cáncer de mama, para los cuales deben otorgarse los insumos de cuidados post mastectomía y oncológico mamario de carácter preventivo.
El documento plantea adicionar el artículo 159 Bis y modificar la fracción V del artículo 262 de la Ley General de Salud, para establecer que se entiende por materiales quirúrgicos y de curación, el material de cuidados post mastectomía y oncológico mamario de carácter preventivo.
Asimismo, reformar el artículo 90 y 110 de la Ley del Seguro Social para señalar que, dentro del cuadro básico de insumos para la salud, queda incluido el material de cuidados post mastectomía y oncológico mamario de carácter preventivo a padecimientos secundarios derivados del tratamiento del cáncer de mama, así como la prevención de enfermedades secundarias derivadas del cáncer de mama.
La propuesta, enviada a las comisiones de Salud y de Seguridad Social, refiere que en México cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos de cáncer de mama. Tan sólo en 2020 fallecieron 7 mil 821 mujeres. La tasa más alta de defunciones de mujeres por cáncer de mama está en el grupo de edad de 60 años o más, lo que representa el 49.08 por cada 100 mil mujeres de este grupo de edad.
Precisa que el cáncer de mama no tiene una causa única, y si se detecta en etapa temprana puede elevar el porcentaje de supervivencia; sin embargo, aun cuando se detecte en momento precoz, no exonera a la paciente de enfrentar los procedimientos que tratan el cáncer para evitar que avance. Por tal motivo, los pasos que establecen los hospitales de alta especialidad para el tratamiento dependen del tipo de cáncer de mama y del grado de diseminación.
Detalla que las personas con cáncer de mama a menudo reciben más de un tipo de tratamiento, como es el de cirugía, cuyo procedimiento implica una operación en la que los médicos cortan el tejido con cáncer y extirpan los ganglios linfáticos; este es el caso de las mastectomías.
Después de una mastectomía, agrega Rivera Gutiérrez, los médicos suelen aplicar radioterapia, donde se usan rayos de alta energía para matar las células cancerosas, suministrar quimioterapia que implica el uso de medicamentos especiales para reducir o matar las células cancerosas, entre otros tratamientos más sofisticados.
Añade que tanto la mastectomía y la radioterapia pueden desencadenar linfedema, un padecimiento que surge por
Riult Rivera Gutiérrez
la afección a los ganglios linfáticos, “y que desgraciadamente no tiene cura”. La aparición del linfedema se ve reflejada incluso después de meses o años, por lo que se requiere de cuidados específicos para prevenirlo desde el momento que es detectado el cáncer de mama y se comienza con el tratamiento oncológico.
Resalta que, en México, las mujeres que están luchando contra el cáncer de mama y pasando por el tratamiento oncológico a causa de éste, viven una realidad que poco conocen, porque 4 de cada 8 de ellas padecen linfedema. Se estima que 20 por ciento de los pacientes con disección axilar desarrollarán linfedema a los seis meses, el 36 por ciento al año y el 54 por ciento a los 36 meses, aumentando el riesgo de acuerdo con el número de ganglios linfáticos extirpados y a la radioterapia.
Enfatiza que para la prevención del linfedema secundario, de acuerdo con las recomendaciones de los especialistas es la utilización de la manga para linfedema, misma que la paciente debe adquirir por su cuenta y utilizarla hasta por cinco años después de concluir su tratamiento oncológico, cuyo valor estimado oscila en el mercado de venta entre los seiscientos y ochocientos pesos, con la latente de que no todas las mujeres tienen acceso a comprarla. La manga para linfedema no es otorgada por el sector salud.
Por lo anterior, es necesario incluir políticas donde no sólo se prevenga un cáncer de mama avanzado, sino que además se impulsen acciones que apoyen a las mujeres a que llevan tratamiento, para que tengan una mejor calidad de recuperación y no enfrenten complicaciones, otorgándoles material de cuidados oncológicos mamario de manera gratuita.
