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adrián floreS
Fernando Marmolejo, próximo diputado local, dejó irregularidades en Rincón de Romos; la ASF interpuso denuncias
AdrIán Flores
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El próximo diputado local por el distrito I de Aguascalientes, Fernando Marmolejo Montoya, arrastra dos denuncias que la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso derivadas de dos observaciones que, en total, presumían un daño al erario de la Hacienda Pública Federal de un millón 587 mil 646 pesos con 53 centavos, dinero que se usó en dos obras públicas. Una de ellas terminó en el colapso de un muro de contención.
Según los datos de la ASF consultados por LJA.MX, las dos denuncias presentadas se derivan de la auditoría número 1362 que se hizo a Rincón de Romos en el 2014, cuando Marmolejo Montoya asumió la presidencia de dicho municipio. De acuerdo al reporte Denuncias Penales Presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2018 ambas denuncias se interpusieron en el 2017. Una el 30 de marzo y otra el 11 de mayo de aquel año.
La información del máximo órgano fiscalizador revela que primero se promovieron dos pliegos de observación; en el primero se presumía un daño o prejuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de un millón 26 mil 674 pesos con 37 centavos “más los rendimientos generados, debido a que se colapsó el muro de contención de la obra” denominada “Construcción de Banqueta tipo Escalinata, en Rincón de Romos”.
Dicha observación se emitió porque la obra no tenía un proyecto estructural. También le faltó supervisión y a final de cuentas tuvo deficiencias en su construcción por la inadecuada compactación del material usado.
En el segundo pliego de observación que se le hizo a la administración municipal del próximo diputado local que alcanzó la curul a través de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza, se presumió un daño de 560 mil 972 pesos con 16 centavos. Lo anterior por “conceptos no pagados no ejecutados” en la obra “Construcción de Descargas Domiciliarias y Biodigestores, Calle Morelos en la Boquilla”.
Derivado de esas observaciones relativas a la auditoría mencionada es que se interpusieron las dos denuncias, que después, ya en el 2019 se actualizarían y terminarían en dos fincamientos de responsabilidad resarcitoria.
Con ese pasado en la función pública, Marmolejo Montoya se suma al extenso listado de políticos que brincan de cargos pese a las irregularidades detectadas durante sus otras administraciones. Fernando Marmolejo | Foto LJA
/ Arturo rodríguez
Al llegar al tercer informe de gobierno, a la mitad de su administración que concluirá el último día de septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador opera una serie de ajustes en su gabinete que están encaminados, vía sus incondicionales, a incrementar su presencia en los otros dos poderes y en organismos autónomos.
Apenas terminada la elección de junio último, comenzó un trimestre de modificaciones que concluyeron con una nueva alineación de funcionarios el miércoles 1, día de la rendición de cuentas presidencial y de la renovación de la Cámara de Diputados.
En la LXV Legislatura el partido en el poder, Morena, y sus aliados PT y PVEM perdieron como bloque la representatividad que ganaron en 2018; ahora la nueva alineación parlamentaria los coloca a 56 votos de la mayoría calificada (que es de 334 sufragios) y a 26 por encima de la mayoría absoluta (251), endebles en tanto se han exacerbado los desacuerdos en lo que fue la coalición electoral “Juntos Haremos Historia” (Proceso 2328 y 2337).
Los enroques políticos comenzaron el 9 de junio último, cuando López Obrador anticipó la salida de Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda para proponerlo como gobernador del Banco de México (Banxico), constitucionalmente autónomo del Ejecutivo, órgano conductor de la política monetaria del país. En su lugar, designó a Rogelio Ramírez de la O, economista de añeja proximidad con el mandatario y quien fue su asesor en materia hacendaria desde sus aspiraciones presidenciales en 2006.
La decisión de proponer a Herrera como gobernador del Banxico causó polémica por las posiciones críticas que el presidente ha tenido sobre el manejo de las reservas, entre otras posiciones del colegiado en el banco central, espacio donde el Ejecutivo contaría con un apoyo incondicional.
Pero la incorporación de Herrera todavía no se concreta, pues su comparecencia ante el Senado, programada originalmente para el 19 de agosto, se postergó sin fecha definida. La posposición es parte de uno de los primeros reveses que el Ejecutivo resintió durante agosto en la Comisión Permanente del Legislativo.
Pendiente la llegada de Herrera al Banxico, desde Palacio Nacional se impulsó la intentona por ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, apoyada en una controversial reforma constitucional y en la ley reglamentaria del Poder Judicial, donde un transitorio –aprobado en abril pasado– abrió la posibilidad de extender su mandato.
La pretensión de López Obrador tensó la relación con los ministros y legisladores, inclusive con aliados, que controvirtieron la constitucionalidad de la decisión. Sin embargo, el conflicto quedó zanjado el 6 de agosto reciente tras una consulta al interior de la Corte, en la cual se perfiló la falta de respaldo para que el ministro presidente se beneficiara con el transitorio. Zaldívar terminó por declinar públicamente la extensión de su mandato.
López Obrador expresó: “Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Zaldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que urge porque jueces, magistrados y ministros están echados a perder; hay honrosas excepciones, pero, por lo general, el poder central (judicial) está podrido”.
Previo al inicio de la nueva legislatura, Olga Sánchez Cordero dejó el 26 de agosto la Secretaría de Gobernación para regresar a su escaño en el Senado, donde se desempeñó apenas unos meses de 2018 para luego solicitar licencia.
En la Cámara de Diputados la Mesa Directiva quedó a cargo de Sergio Gutiérrez Luna, un perfil menos conocido, pero que responde al grupo de electoralistas que encabeza un incondicional del presidente, Horacio Duarte, actual administrador general de Aduanas.
Los ajustes a medio sexenio apuntalan la concentración de poder
InterlocucIón
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo fluyó los primeros tres años de gobierno a merced de una mayoría apabullante en las cámaras de diputados y senadores.
Prácticamente todas sus reformas, el presupuesto y las ratificaciones, que a propuesta del presidente deben ser aprobadas, pasaron sin contratiempos; excepto la integración de la Comisión Reguladora de Energía en 2019, que debió resolverse con la designación presidencial.
Los proyectos de reforma prioritarios para el presidente López Obrador fueron aprobados mediante una fórmula de enlace Ejecutivo-Legislativo, cuya figura central no fue Sánchez Cordero, sino el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, quien, a decir de Ricardo Monreal, deja un vacío tras su renuncia formalizada el jueves 2.
“Julio Scherer actuó con talento y respeto con el Congreso. Nunca tuvimos dificultades, nunca se entrometió en nuestra función, nunca abusó de su poder… Vaya que lo tenía o que lo tiene. Para mí era el hombre más cercano anímicamente al presidente (López Obrador). No hablo laboralmente, hablo anímicamente”, aclaró.
Son amplias las lecturas sobre los cambios, señaladamente ante la salida de Scherer Ibarra. Pero a juicio de Monreal, no se trata de una fisura o fractura del lopezobradorismo, sino que “responde a una recomposición natural del gabinete que, normalmente, se da a mitad del sexenio”.
Al preguntarle sobre una eventual promoción del ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra como ministro de la SCJN, Monreal sostiene que esa es decisión de López Obrador “más allá de que la ley se lo impide por haber ocupado un cargo público”.
En las próximas semanas López Obrador deberá proponer el relevo del ministro decano José Fernando Franco González Salas, lo que le permitirá contar cuatro ministros colocados durante su mandato, pues ya promovió a tres: Juan Luis González Alcántara (2018), Yasmín Esquivel Mossa (2019) y Ana Margarita Ríos Farjat (2019).
Como Zaldívar rechazó la ampliación de su mandato, es propicio su relevo al cierre de 2022, dejando la duda sobre quién presidirá la Corte; el reemplazo permanecerá hasta el segundo año del próximo gobierno.
Los ajustes en el gabinete también implican la reorientación de la relación del Ejecutivo con el Legislativo, comunicación que recaerá sobre Adán Augusto López Hernández, quien solicitó licencia como gobernador de Tabasco para asumir la Secretaría de Gobernación.
El nuevo funcionario federal es parte de un bloque familiar que desde los ochenta acompañó al hoy presidente en sus andanzas políticas, empezando por su padre, el notario Payambé López Falconi, fallecido el año pasado, quien fue el único notario que se animaba a dar fe de acciones del movimiento lopezobradorista frente al priismo duro del entonces gobernador de Tabasco Roberto Madrazo.
Rosalinda López, hermana de Adán Augusto, fundó junto con López Obrador el PRD en Tabasco, en 1989, y desde entonces siguió sus proyectos políticos. Actualmente se desempeña como titular de la Administración Fiscal de Auditoría Fiscal en el Servicio de Administración Tributaria, mientras su marido, Rutilio Escandón, se desempeña como gobernador de Chiapas.
La nueva consejera jurídica de la Presidencia es María Estela Ríos González, quien ocupó un cargo similar en el gobierno del Distrito Federal de López Obrador y lo acompañó en sus diferentes postulaciones presidenciales. Fue el propio mandatario quien anticipó que, si bien la dependencia responde al titular del Ejecutivo, la nueva consejera deberá coordinarse con López Hernández.
No obstante, la interlocución con el empresariado que desarrollaban Scherer Ibarra y Alfonso Romo (en su caso, hasta diciembre último) recae en las manos de Tatiana Clouthier, secretaria de Economía designada en enero pasado, y quien es parte del grupo político de Romo, para quien no hubo relevo “por austeridad” en la Oficina de la Presidencia de la República.
Desde que anunció quiénes formarían parte de su gabinete, en enero de 2018, López Obrador dijo que sería un grupo de colaboradores como el de Benito Juárez… Y al menos en los cambios se aproxima, pues el Benemérito de los Américas aplicó 50 ajustes en 14 años de gobierno. López Obrador lleva 30 en el gabinete legal y ampliado en menos de tres años.
Extitular del IEA, interesado en encabezar la Comisión de Educación en la próxima legislatura
adRián FloRes
Foto Cristian de Lira A Raúl Silva Perezchica, quien fuera el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) durante la mayor parte de la administración orozquista, le interesaría presidir o pertenecer a la comisión de Educación en la próxima LXV legislatura, donde estará a cargo de la curul que representa al Distrito V local de Aguascalientes.
Aunque algunos perfiles ya están definidos, el maestro Silva Perezchica aclaró a los medios de comunicación que aunque a él le gustaría ser parte de dicha comisión, al no haber rendido protesta los diputados electos, las comisiones todavía no están definidas, e incluso dijo que hay otros perfiles que podrían encajar en la de Educación, como el expresidente de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, que también ocupará una curul en la legislatura entrante.
El ahora titular del IEA, Ulises Reyes Esparza, ya había trabajado con Silva Perezchica dentro del instituto, y si ahora este fuera seleccionado como el presidente de la Comisión de Educación podría haber una comunicación entre el Legislativo y el Instituto más fluida.
Reiterando que todavía no es un hecho que él sea quien presida la Comisión de Educación, el maestro Silva Perezchica destacó que se deben de generar políticas públicas que atiendan a la innovación tecnológica para la educación, así como la inclusión de la misma, para que este derecho humano realmente llegue a todos los ciudadanos del estado.
/ GloRia leticia díaz
Invisibilizadas en el discurso y las prioridades en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de 39 millones de personas de 17 años y menos sobreviven en pobreza. Para ellas no hay estrategias de atención adecuadas ni presupuestos aminorados; tampoco cuentan con una entidad encargada de velar por su protección integral, alertan defensores de derechos humanos.
Aranzazú Alonso Cuevas, coordinadora nacional del Pacto por la Primera Infancia; y Mario Luis Fuentes Alcalá, consejero ciudadano del Sistema Nacional de Protección Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), organismo que se encuentra acéfalo desde hace más de siete meses, advierten sobre el abandono institucional en que se ha relegado a la infancia.
Hablan también de la falta de estrategias claras del presidente López Obrador, quien se ha resistido a asumir las labores que prevé la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), como presidente del órgano encargado de coordinar las acciones a favor de 30 por ciento de la población el país.
Esa desatención a la población infantil y adolescente en México fue reconocida por el propio Estado ante el Comité de Derechos del Niño (CRC) de las Naciones Unidas en diciembre de 2020. Y si bien se destacó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 el monto destinado a ese sector poblacional -706.1 millones de pesos- era superior 12.1 por ciento al de 2015, “como porcentaje del PEF ha pasado de representar 15.04 por ciento en aquel año, a 12.2 por ciento para el ejercicio fiscal 2021”.
En términos de la inversión pública en esta población por rango de edades, “del año 2018 al año 2020 el monto del presupuesto federal para la atención de niñas y niños de cero a cinco años disminuyó 28.9 por ciento, mientras que los recursos del grupo de edad escolar de seis a 12 años se han incrementado 2.75 por ciento, y los del grupo de adolescencia de 13 a 17 años disminuyeron ocho por ciento”.
Con más de 13 millones de niñas y niños, la primera infancia mexicana registra altos niveles de pobreza y de pobreza extrema, 54.3 por ciento y 11.8 por ciento respectivamente, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), derivados de la caída de 21 mil millones de pesos del presupuesto destinado para este sector durante la actual administración y los efectos de la pandemia, apunta Aranzazú Alonso.
“Sin duda, hay una deuda histórica con la población de primera infancia en México; antes de 2014 no se manejaba el término, no se entendía que es una etapa
Sólo acciones erráticas: Desdén de la 4T por la primera infancia
| Foto Cristian de Lira
fundamental en la vida de las personas, y lo que estamos viendo con la falta de inversión es que estamos socavando la salud presente y futura de niños y niñas, su capacidad de aprendizaje, su capacidad productiva en el tiempo; los costos de no invertir en primera infancia los vamos a ir pagando a lo largo de generaciones; eso está comprobado científicamente”, alerta la coordinadora nacional del Pacto por la Primera Infancia, que aglutina a unos 400 colectivos de activistas en el país.
RecuRsos a la baja
De acuerdo con un análisis de 2018 a 2021 del Anexo 18 -donde se consignan los recursos de todos los programas sociales con los que se atiende a la población menor de 17 años-, el Pacto por la Primera Infancia identificó que hubo una reducción de más de seis mil millones de pesos para los 39 millones 705 mil 613 niñas, niños y adolescentes.
Mientras que en 2018 se asignaron más de 791 mil 722 millones para todo el Anexo 18, en 2021 fueron poco más de 791 mil 684 millones, luego de dos años con caídas importantes en la inversión pública.
“Para el caso del presupuesto específico para la Primera Infancia la reducción es mayor en el periodo, y pese al incremento de 2021, todavía persiste un contundente déficit presupuestal como consecuencia de la más drástica reducción observada en el periodo 2018-2020, que fue de más de 32 mil 620 millones de pesos, lo que implica que para 2021 se planea gastar apenas 80 por ciento de lo aprobado en 2018, subsistiendo una diferencia de más de 21 mil 634 millones en ese periodo”, destaca el análisis de la organización.
En el estudio más reciente del Pacto por la Primera Infancia, basado en los datos del Coneval, se resalta que mientras a nivel nacional 43.9 por ciento de los mexicanos se encuentra en condición de pobreza, en la población menor de 18 años esa condición es de 52.6 por ciento; en primera infancia el porcentaje aumenta a 54.3 por ciento.
En el caso de la extrema pobreza, mientras 8.5 por ciento de los mexicanos están en esa condición, en el caso de los menores de 18 años lo están en 10.6 por ciento, y en menores de seis años el porcentaje es 11.8 por ciento.
Alonso Cuevas insiste en que durante la administración de López Obrador la situación para la primera infancia se ha agravado debido a la desaparición de programas sociales que, “si bien no dieron los resultados que hubiéramos deseado, sí servían para contener el crecimiento de la pobreza infantil”, como Prospera, el Seguro Popular y las Estancias Infantiles, sustituido por “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, que tiene “una muy baja cobertura, pues beneficia a alrededor de seis por ciento de la población potencial, estimada en 3.2 millones”.
Ella ve con preocupación que mientras en el sexenio pasado la sociedad civil pudo incidir en el Ejecutivo y el Legislativo para aprobar la LGDNNA, que da origen al Sipinna, y a una serie de comisiones intersectoriales e intersecretariales que marcaban la ruta de atención a las distintas infancias, como la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (Enapi), publicada en marzo 2020, en los hechos no hay manera de cumplirla.
“Lo que nos dice la evidencia, al observar la disminución de recursos a la primera infancia, es que ésta no es una prioridad, aun cuando hayamos logrado la publicación de la Enapi; es un avance muy importante pero no se ha traducido ni en mejores ni en más servicios, ni en mayores recursos para la primera infancia, población a la que se le debería dar prioridad para tener sociedades menos desiguales, más prósperas y más pacíficas”, resalta Alonso Cuevas.
Fuentes Alcalá, consejero del Sipinna, recuerda que con la creación del organismo el año pasado se logró “el basamento que permitía desdoblar esfuerzos de coordinación de la federación, de estados y municipios, y se pusieron en la agenda pública los derechos de casi 40 millones de personas, niñas, niños y adolescentes”.
A través de la legislación impulsada por organizaciones de la sociedad civil, se logró que a nivel federal se creara la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, encargada de la coordinación de la política nacional de atención a la infancia y a la adolescencia, que es presidida por el presidente de la República y se integra con nueve secretarías de Estado, los 32 titulares de los Sipinna estatales, tres órganos autónomos constitucionales y ocho representantes de la sociedad civil, a los cuales se suman los mil 873 sistemas municipales, coordinados por los estatales.
De acuerdo con el informe del Estado mexicano al CRC, en 2021 la Secretaría Ejecutiva de la Sipinna tuvo una asignación presupuestaria de 68.6 millones de pesos, similar a la de 2020.
“Lo que hemos visto en esta administración es que lo poco que se tenía se fue erosionado y ya no se construyó más. Primero por los efectos de la austeridad como política pública, que afectó sobre todo al sistema de Procuradurías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; por otra parte hemos visto cómo el Sipinna o el Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) no han tenido la relevancia que requieren, incluso el presidente cuestionó su persistencia, asumiendo que eran redundantes”, reflexiona Fuentes Alcalá, académico e investigador de las facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e integrante del Consejo Consultivo de Unicef México y de la Asamblea Consultiva del Conapred.
Fuentes Alcalá advierte que, a tres años de su gobierno, López Obrador “no tiene como un eje de su acción pública el interés superior de la niñez; su visión de que el derecho del niño a recibir un monto monetario es la solución de los problemas, no sólo es limitada sino errónea”.
