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02. TESIS
Introducci N
En los países en desarrollo, en general, los asentamientos humanos son cada vez más vulnerables a la variabilidad climática. En particular, las grandes ciudades son cada vez más débiles a causa de la híper-concentración de población, la dependencia de infraestructuras obsoletas y la falta de preparación de las instituciones locales.
Podemos observar que, aproximadamente, el 50% de las mayores ciudades del mundo están situadas en zonas sísmicas o de formación de ciclones, y el número de víctimas por desastres es 150 veces superior en los países en desarrollo respecto de los desarrollados, las pérdidas económicas en porcentaje en función del PIB, son 20 veces superiores en los países pobres. Así mismo, en las dos últimas décadas, los desastres naturales han causado, aproximadamente, 3 millones de muertos y afectado a 800 millones de personas, estimándose pérdidas económicas del orden de los 30 a 50 miles de millones de USD.
El impacto de los desastres sobre los asentamientos humanos puede ser de diferentes clases:
> Causar heridos y pérdida de vidas humanas.
> Interrumpir las actividades económicas y la productividad urbana.
> Afectar las poblaciones más pobres, que suelen habitar en las zonas de más riesgo.
> Provocar daños ambientales generalizados, como la pérdida de tierras agrícolas fértiles y la contaminación de los recursos hídricos.
Los departamentos y municipios en Colombia, por ley, deben realizar planes departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres a través de los consejos municipales de gestión del riesgo.
De acuerdo con la ley 1523 del Congreso de Colombia, estos planes deben llevarse a cabo según lo determinado en las guías establecidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ente encargado de regular el tema y hacer cumplir los ejes fundamentales para la gestión, conocimiento, manejo y reducción del riesgo, de tal manera que las entidades públicas permanezcan preparadas para prevenir los escenarios de riesgo y actuar ante una situación de emergencia, reduciendo así los impactos en la población.
A nivel global, podemos ver que, actualmente, existe una atención privilegiada a la optimización de la gestión del riesgo de desastres, por conformar una efectiva manera de solución a las problemáticas causantes de catástrofes en distintos lugares.
Específicamente, la variabilidad climática es uno de los factores de riesgo protagónicos, pues ha originado un panorama aún más amplio y complejo de riesgos para las sociedades y comunidades.
Los principales organismos nacionales e internacionales, como la Organización para las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han impulsado una gran cantidad de investigaciones, a fin de contrarrestar los efectos de la variabilidad climática y ampliar el margen de conocimiento en esta temática desde los entes gubernamentales.
Una muestra de la importancia que ha tomado la variabilidad climática, se hizo visible durante la vigésima octava sesión del órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), el cual desarrolló un documento técnico, como parte de las actividades del programa de trabajo de Nairobi, sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, con el objetivo de contribuir a los diversos países, en cuanto a entender y generar una evaluación de la vulnerabilidad, necesidades y desafíos respecto a la gestión del riesgo climático en el marco de las agendas y políticas públicas.
La planificación urbana y regional constituye un tema el cual debe ser proyectado con suficiente profesionalismo, contando con equipos multidisciplinarios capaces de plasmar las verdaderas necesidades de la población a intervenir con su proyecto.
En este caso en particular, se estudia la importancia de la gestión del riesgo de desastres como herramienta para la planificación urbana y regional.
En Latinoamérica, existen documentos para el diagnóstico local desde las herramientas para la Gestión del Riesgo de Desastres, con los siguientes componentes: Estimación del riesgo, mapa comunal de riesgos, mapa de actores, declaratorio de emergencia, plan de operaciones de emergencia.
Ejemplo de ello, es la Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza (Cáritas-Perú), que plantea la Gestión del Riesgo de desastres para la planificación del desarrollo local.
Sin embargo, la baja aplicación de los conocimientos teóricos en Gestión del Riesgo de desastres, dentro de los procesos de planificación en Latinoamérica, es una de las principales falencias, para la mitigación de la vulnerabilidad a la que permanecen expuestos los países.
En este orden de ideas, se vuelve fundamental el desarrollo de metodologías de fácil aplicación en el ordenamiento territorial, capaces de convertirse en una herramienta de apoyo en los temas concernientes a la sustentabilidad y planificación del desarrollo y el territorio, de manera eficaz para las instituciones responsables de éstos. (Rodríguez Seeger et al., 2008).
Por su parte, la investigación auspiciada por la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación (COSUDE), desde su experiencia en el proyecto de Fortalecimiento en capacidades de la Gestión del Riesgo de desastres en Cusco, Perú, generó el documento: “Guía Metodológica para incorporar la Gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo”.
Esta guía tiene en cuenta que el riesgo de desastres puede y debe gestionarse en la esfera del desarrollo, dado que es allí donde se origina, y, además, debe ad- ministrarse como parte de la gestión de desarrollo y por los actores del desarrollo.
Conocer y no ignorar el riesgo, es parte de las responsabilidades del Estado en todos sus niveles (nacional, regional y local), dado que al Estado le corresponde la formulación de políticas que orienten el desarrollo y la planificación de la sociedad. (Lozano Cortijo. 2011).
Los datos de desastres asociados con el clima en la última década, dejan en claro que conforman uno de los fenómenos naturales más impactantes, siendo superados solamente por los terremotos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). En números concretos, 3.852 desastres han causado la muerte de 780.000 personas, y dejaron casi 2 millones de personas afectadas en distintas categorías.
Según datos de la UNGRD, en el año 2017 se vieron afectadas por desastres naturales 603.302 personas, la mayoría de estos eventos asociados a sucesos de carácter cíclico, como temporadas de lluvias y sequía, siendo los de mayor impacto las inundaciones (79% de los casos de población afectada).
La mayoría de estos eventos se produjeron en zonas económicamente vulnerables del país, teniendo un carácter de doble afectación, debido a que estas mismas zonas presentan problemas sociales los cuales empeoran las necesidades humanitarias. Según el Índice para la gestión de riesgos (INFORM, por sus siglas en idioma inglés), Colombia registra un valor muy alto, y se posiciona en el lugar 30 entre 191 países del mundo en cuanto a crisis humanitaria (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2017).
Los estudios demuestran que el cambio en el comportamiento del clima provoca situaciones de emergencia, muchas de las cuales no estuvieron debidamente analizadas, ponderadas y prevenidas.
Por lo tanto, esta investigación busca generar un análisis de esas situaciones de emergencia, estudiar los planes de gestión del riesgo de desastres y medidas de ordenamiento territorial, para corroborar el grado de utilización de la gestión del Riesgo de Desastres.
En especial, esta investigación se focaliza en los efectos relacionados con la variabilidad climática en la planificación municipal, valorando el marco legal vigente tanto en Colombia como en otros países, y su efectividad en los planes de ordenamiento municipal y departamental, jerarquizando la planificación urbana y la calidad de vida sustentables.
El enfoque de los riesgos de desastres por variabilidad climática es el eje principal de esta investigación, con antecedentes teóricos de Naciones Unidas para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNISDR).
Uno de los objetivos de esta Tesis, será obtener el compromiso de las autoridades públicas para implementar las políticas y acciones tendientes a la reducción de desastres, especialmente, en los sectores más vulnerables.
Mientras los encargados de tomar las decisiones a todo nivel permanezcan comprometidos con las políticas y acciones para la reducción de desastres, más pronto las comunidades vulnerables a dichos desastres de origen natural, se beneficiarán con la aplicación de esas políticas y acciones a fin de acotar los impactos. Ello requiere, en parte, de un enfoque de base, mediante el cual las comunidades en riesgo se mantienen totalmente informadas y participan en las iniciativas para la gestión del riesgo.
Con lo anteriormente explicado, vemos la necesidad de implementar prontamente un análisis y preparación de los riesgos en las agendas públicas nacionales y departamentales, puesto que al involucrar entidades territoriales con un mayor peso político, las organizaciones en la siguiente escala tomarán dichas acciones como ejemplo, y de esta manera, será posible fortalecer la planificación territorial y reducir, en alguna medida, la vulnerabilidad de las regiones ante los desastres de carácter natural propiciados por la variabilidad climática.
MARCO TEÓRICO Planificación
La planificación urbana y regional conforma una disciplina de gran importancia para el cumplimiento de los derechos humanos, puesto que el brindar territorios adecuados y mejores condiciones de vida es la finalidad de ésta, según lo declarado en la Carta Mundial por el derecho a la ciudad (Foro Mundial de las Américas, 2014).
La mitad de la población mundial está asentada en urbes, y de seguir este ritmo, podría llegarse a un 65% de la población para el año 2050.
Como actividad profesional, la planificación se consolidó durante la segunda posguerra, cuando en América Latina se torna necesario contar con instrumentos para solucionar los inconvenientes causados por el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Desde entonces, la práctica de la planificación tuvo diferentes etapas. Primero una perspectiva condicionada de la planificación a un método racional y posteriormente, la planificación se hace presente, en los procesos de toma de decisiones de políticas públicas (Catenazzi et al., 1998).
La planificación integral, el desarrollo de infraestructura de calidad y la gestión del riesgo, resultan fundamentales para fortalecer la resiliencia de las ciudades y los asentamientos humanos.
Esto se logra a través de la adopción y aplicación de Políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo, integrales, basadas en evidencia, con enfoque en ciudades inteligentes donde se aprovechen las oportunidades de la digitalización, las energías y las tecnologías no contaminantes.
Para asegurar la resiliencia de las ciudades y reducir su impacto ambiental, es necesario incorporar la dimensión del ordenamiento ambiental del territorio, junto con la gestión integral del riesgo en los marcos norma- tivos e instrumentos de planificación, en los distintos niveles de gobierno. En este sentido, es importante poner especial énfasis en los ambientes naturales y construidos, y la interfase rural-urbana.
La participación de todos los niveles de gobierno es necesaria en el desarrollo de resiliencia y la reducción de los efectos ambientales de las urbanizaciones. No obstante, resulta crucial el rol del gobierno nacional en el desarrollo de un marco normativo el cual permita regular y ordenar ambientalmente el territorio. Al mismo deberán adherir los gobiernos provinciales y municipales, a fin de alcanzar el desarrollo sostenible.
Planificación y Gestión del Riesgo
Planificar ciudades conforma un proceso el cual requiere anexar distintas disciplinas, para que ésta se adapte de la mejor manera a la realidad dinámica de la urbe social, convirtiéndose en un lugar adecuado físico, social y económicamente para los ciudadanos.
El territorio muestra una estrecha relación con el desarrollo, el cual conlleva a la generación de escenarios de riesgo, por lo tanto, una de estas ramas es la gestión del riesgo de desastres, partiendo desde la premisa que toda urbe permanece expuesta a diversos riesgos, de carácter natural como sismos, inundaciones, olas de calor, lluvias torrenciales, vientos, entre otros, de la misma manera, que esa ciudad también se encuentra expuesta a riesgos de carácter antrópico, los cuales son causados por el hombre, como incendios, cambios en el clima, contaminación, etc.
El riesgo puede explicarse mediante la fórmula:
La planificación debe tener en cuenta los riesgos de desastres, pues es fundamental para los gobiernos, quienes buscan reducir la vulnerabilidad de sus poblaciones ante estos eventos, y evitar generar un peligro para el común desarrollo de la vida. Para lograrlo, se hace necesario tener en cuenta varios factores como: la geografía, la climatología, el análisis socio-económico, la historia del territorio, política, entre otros aspectos los cuales constituyen la base para la formulación de proyectos o leyes capaces de estimar los alcances de la evaluación, y ofrecer un manejo para que la planificación y organización del territorio traiga consigo beneficios para todos (ONU, 2011).
El reto que se presenta radica en vincular los modelos de urbanización y los procesos de generación de riesgos, con la evaluación y definición de indicadores de vulnerabilidad urbana (Lungo, M, 2014). Es decir, resulta crucial prepararse para reducir la vulnerabilidad y prever los riesgos, para que los modelos de urbanización se enfoquen en ello y no se conviertan en procesos posteriores de recuperación o mitigación de un desafortunado desastre.
En este orden de ideas, la evaluación minuciosa de cada probabilidad de riesgo, por pequeña que parezca, resulta sumamente importante, al significar la brecha entre una intervención la cual evite desastres o una gran intervención post-desastre capaz de transformar la regularidad de la urbe.
Aunque en Colombia se ha experimentado una importante evolución, en cuanto a introducir la gestión del riesgo de desastres en la planificación, aún no se logra una inclusión definitiva, pese a la importancia brindada al tema por parte de las entidades gubernamentales, al momento de impulsar sus procesos de planificación. Se requerirá una exigencia de trabajo capaz de abarcar desde el conocimiento completo del lugar, pasando por los aspectos sociales, políticos y económicos de la población, junto con el planteo de los distintos escenarios de desastres y sus planes de prevención y contingencia (UNGRD, 2015; Banco Mundial, 2012).
Variabilidad Climática
La variabilidad climática es producto de la combinación de una serie de circunstancias, denominadas factores y elementos del clima, relacionadas con los cambios bruscos de clima, olas de calor, lluvias, y también, fuertes sequías.
Colombia, dada su ubicación geográfica entre dos océanos y una amplia zona costera y montañosa, es vulnerable ante los eventos climáticos, para lo cual, el enfoque territorial al cambio climático se torna fundamental, especialmente, en la planificación municipal y departamental.
En el territorio colombiano son evidentes los impactos de la variabilidad climática, que principalmente, se dividen en los fenómenos de El Niño y La Niña. Los mismos se presentan cuando el cinturón tropical de lluvia que rodea el globo norte del Ecuador se desplaza y cambia la temperatura; alterando las pautas de precipitación de todo el mundo (Albentosa, 1976).
Este fenómeno de variabilidad climática, genera preocupación a los encargados de los procesos de planificación del territorio al involucrar los recursos hídricos y los procesos de desarrollo; al generar cambios abruptos en el uso de los suelos, puesto que en los períodos de larga sequía o lluvias torrenciales, las zonas dedicadas a la agricultura presentan campos infértiles, generando una problemática en temas alimenticios, sociales y de planificación, originando la migración, y ésta a su vez, provocando nuevos asentamientos, variando las concentraciones urbanas y rurales actuales, y alterando con ello, la distribución de los territorios.
Estos fenómenos se asocian con la evolución, o también, en ocasiones, involución de la infraestructura ur- bana (redes de servicios) para canalizar los efectos climáticos y mitigar desbordes de la misma. Esta infraestructura será el sistema de protección ambiental que minimizará, mitigará o compensará los efectos ambientales.
Protecci N De Sistemas
AMBIENTALES
Pautas que proyectan el plan hacia la protección de los sistemas ambientales
La protección de los sistemas ambientales es fundamental en la planificación, organización y desarrollo de un municipio o región. El descuido de los aspectos referidos, en especial, al recurso agua, son causantes de mayores escenarios de riesgo y vulnerabilidad en las poblaciones, como las inundaciones responsables anualmente de provocar cientos de damnificados y las sequías, causantes no solo de incendios, perdida de cultivos e incluso vidas, sino también, de los procesos de migración del campo a la ciudad. Dado que el agua es el recurso fundamental para la vida del ser humano, debe ser preservada, pero principalmente, considerada en los procesos de planificación de una región.
An Lisis Del Rea De Estudio
Planificación de los municipios del Sumapaz
Los Municipios de la región del Sumapaz (Imagen 1), son diez, a saber: Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Silvania, Tibacuy, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo y Venecia.
Estos municipios ofrecen una planificación básica contemplada en sus planes de desarrollo. Los mismos se elaboran cada cuatro años junto al ingreso del nuevo alcalde y gabinete municipal, esquema de ordenamiento territorial y planes de ordenamiento territorial con una vigencia de 10 años, generando ciertas metas a cumplir a futuro por el municipio. Los instrumentos cardinales son de cumplimiento obligatorio, orientando el desarrollo y la planificación del municipio durante los próximos mandatos.
Los proyectos que conforman dicha planificación deben ser cuidadosamente formulados, analizados e implementados.
Los municipios de mayor cantidad de población se encuentran asentados en la ciudad cabecera: Fusagasugá, 60% y el municipio de Silvania, 10%, presentando crecimientos significativos en la zona urbana (Rojas, 2012).
Respecto al estudio llevado a cabo por el Instituto Colombiano de Desarrollo Social (INCODER), es evidente el aumento de la población en la década pasada, lo cual indica una tendencia al crecimiento.
En dicho estudio se observa que la población, la cual se trasladó a las ciudades muestra un aumento significativo con respecto a la población de la región residente en el territorio rural, permaneciendo prácticamente estable, con un leve descenso en el lapso 1993-2005, fechas coincidentes con el conflicto armado suscitado en el país, donde una gran cantidad de habitantes se trasladaron de los campos a las ciudades, transformando con ello, el diseño urbano de los municipios cabecera e incrementando su población.
En el aspecto hídrico, la provincia del Sumapaz es privilegiada, al albergar “El Parque Nacional Natural del Sumapaz”, considerado el páramo más grande del mundo. El mismo se localiza en la cordillera Oriental y abarca territorios de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila y el Distrito Capital, con una superficie de 154.000 hectáreas.
La temperatura media anual del parque varía entre los 19°C en las partes bajas (1.500 m) y 2°C para las partes altas (4.300 m).
Sin embargo, las actividades derivadas por la presencia del ser humano en el páramo se han convertido en un problema el cual se agrava con el tiempo, pues han contribuido con el deterioro del páramo. Además, los ofrecimientos de alguna alternativa por parte del Gobierno Nacional no han sido exitosos.
Aunque el páramo natural no ha sido habitado ni cultivado, sólo en algunas partes (en donde se toca una pequeña parte del páramo), la gente aún vive del cultivo y la ganadería.
Actualmente, sus habitantes se encuentran en la mira de entidades como Parques Naturales y la Corporación Autónoma Regional (CAR). Los campesinos niegan ser responsables del deterioro y cambio del clima registrados en el solar.
Protección de los sistemas ambientales que proporcionan el agua
La protección de los sistemas ambientales responsables de proporcionar el recurso agua constituye un proceso complejo. En Colombia, dicho proceso se encuentra organizado por los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA). Estos se dedican a brindar un manejo especial a las cuencas hidrográficas, de manera que según lo contenido en la Guía técnica para la formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Ministerio de Medio Ambiente de la República de Colombia,
2014), las aguas ubicadas superficial o subterráneamente, enlazándose mediante una trama hidrográfica que posee uno o varios cauces naturales, con un caudal permanente o intermitente, y que desemboca en un río, pantano o en el mar, conforman las aguas colombianas para la República de Colombia (estipulado en el artículo 3, del Decreto 1640 del año 2012). El manejo y ordenamiento de las cuencas, implica partir del análisis de la misma desde varios aspectos, siendo concebido, en esencia, desde el enfoque integral de la misma, la cual conforma un sistema administrado en forma de red o trama, donde interactúan, agua, aire, suelo y biodiversidad con las poblaciones de la cual forma parte, vinculando así acciones políticas, sociales y culturales.
Para preservar el recurso del agua ante los efectos de la variabilidad climática, llámese a éstos, aumento de lluvias u olas de calor, es importante partir de un adecuado análisis de la cuenca para la proyección del Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas (POMCA), y con base a ello, dicho ordenamiento se torna importante para no desviar el horizonte trazado. El decreto de la ley 2811 del año 1974, propone una planificación ambiental del territorio, partiendo del establecimiento de normas y regulaciones, las cuales conllevan a la ordenada planificación y manejo de los recursos suelo, aire, fauna, flora y agua, en el país, y se resalta de manera especial, la protección de los recursos hídricos.
Gestión del riesgo y variabilidad climática en los municipios del Sumapaz
Los municipios de la región del Sumapaz presentan evidentes escenarios de riesgo que ponen a sus habitantes en situación de vulnerabilidad. De los municipios de la provincia con mayor crecimiento demográfico y vulnerabilidad a escenarios de riesgo, se revisó si estos presentan en sus planes de desarrollo y gestión del riesgo, ítems con criterios de adaptación a la variabilidad climática, haciendo alusión exclusivamente a ellos de manera parcial.
En la región del Sumapaz, aunque los vientos, el calor y otros procesos ambientales generan incidencias, los afectados por el fenómeno del Niño son Tibacuy, Silvania, San Bernardo, Pandi y Pasca, de los cuales, presentan mayor incidencia Tibacuy y Silvania, presenciándose tanto incendios forestales como vendavales.
En cuanto al fenómeno de La Niña, los eventos que más afectaciones provocan en las poblaciones son deslizamientos e inundaciones, viéndose afectados los municipios de Tibacuy, San Bernardo, Pasca, Pandi y Cabrera.
Se deduce de este análisis de eventos de desastres, la existencia de municipios áltamente vulnerables, tanto al fenómeno de El Niño como de La Niña, para lo cual, sus planes de ordenamiento y gestión del riesgo de desastres deben enfocarse en el conocimiento de dichos riesgos asociados a la variabilidad climática, y generar medidas drásticas para reducir los impactos de los mismos en la poblacion, y con ello, evitar nuevos desastres en los años venideros, los cuales serán aún más drásticos, según estadísticas del Proyecto de Cambio Climático (PRICC) y del Instituto de Hidrología y Meteorología (IDEAM).
Dada la ubicación geográfica de Fusagasugá, Silvania y Tibacuy, así como su desarrollo urbano y la cercanía de estos a la capital de la república, se decidió efectuar un análisis más a fondo de los mismos. Durante el año 2016 se han presentado 27 emergencias atendidas en la región del Sumapaz, de las cuales, 15 han sido en los municipios analizados y se asocian a la variabilidad climática.
De los eventos presentados en los municipios analizados, el 80% de los mismos sucedieron en Fusagasugá, la cual, es la ciudad capital de la región y ha experimentado un amplio crecimiento urbano en los últimos años. Su extensión duplica a las demás, su geografía es variada, presentando zonas diversas y barrios de invasión, que por lo general, son los más afectados por estos fenómenos.
Los incendios forestales constituyen los eventos más recurrentes en los municipios analizados, por lo tanto, resultan excluyentes las acciones tomadas por los municipios en sus Planes de Gestión del Riesgo para mitigar dicha vulnerabilidad asociada a las sequías propias del fenómeno de El Niño.
Los otros eventos en importancia son las inundaciones propias de la temporada de lluvias, que en Colombia permanece asociada con el Fenómeno de La Niña, dada la reducción de la temperatura y distintos eventos relacionados.
En cuanto a los vendavales, se presentan con la misma recurrencia respecto de las inundaciones, generando altos impactos económicos en los pobladores. Es importante que en este aspecto, la prevención sea la principal estrategia de los planes de gestión del riesgo de desastres, partiendo de la socialización con la comunidad y la formación en el aseguramiento de techos y ventanería, por el riesgo que ello conlleva para sus vidas, y por su impacto económico, especialmente, en familias de bajos recursos.
En particular, se recomienda la revisión del volumen arbóreo (desarrollo y vejez de los árboles), que con frecuencia generan accidentes durante los vendavales, con impacto en materiales (techos de viviendas, vehículos estacionados en el espacio público), espacios verdes, y principalmente, la caída sobre transeúntes (personas transitando por la vía pública).
Planificaci N Y Gesti N Urbana
La gestión del riesgo por variabilidad climática en otras urbes de Latinoamérica
La expansión no planificada experimentada por distintas ciudades para hacer frente al crecimiento repentino de la población, en combinación con una planificación territorial inadecuada y con el débil manejo, por parte de las autoridades urbanas, en lo referido a la regulación de las normas de construcción, conforman algunos de los factores que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones urbanas.
Para ofrecer una adecuada gestión urbana que haga a las ciudades verdaderamente resilientes, y puedan generar un desarrollo de su población, “es necesario unificar tres ramas en el desarrollo territorial, la gestión urbana, la gestión ambiental y la gestión del riesgo de desastres” (Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)).
En Latinoamérica, la gestión de desastres ha evolucionado de los enfoques verticales de respuesta y ayuda de emergencia, hacia estrategias intersectoriales con planificación más abarcativa de actores relacionados ante la emergencia, para la gestión del riesgo.
Antes de los años noventa, se entendían a los desastres como eventos aislados, carentes de relación con los procesos sociales. Las intervenciones de los gobiernos y las organizaciones de ayuda humanitaria se orientaban a proporcionar una asistencia de emergencia, siendo inadecuadas para abordar los impactos sociales, económicos y ambientales de los desastres naturales.
Esta actitud cambió gradualmente hacia el énfasis en las medidas de preparación como almacenamiento de insumos de emergencia, planes de respuesta ante desgracias y mayor presencia de las organizaciones de ayuda humanitaria. Si bien este enfoque de planificación de contingencia mejoró la eficiencia de las organizaciones de ayuda humanitaria, no abordaba las múltiples causas del riesgo.
A continuación, se presenta un breve énfasis de cuatro lugares de Latinoamérica que poseen planificación de riesgo:
Buenos Aires, Argentina:
Esta ciudad, una de las más importantes de Sudamé- rica, agrupa a 2.890.151 personas, presentando una densidad poblacional de 14.450,8 hab/km2, de los cuales, el total de las personas residen en la zona urbana.
Gracias a su ubicación geográfica, muestra bajos índices de riesgo de desastres. En cambio, la situación es distinta en la provincia de Buenos Aires donde se presentan escenarios de vulnerabilidad asociados a inundaciones, tempestades, vendavales, sequías, incendios y contaminación.
La provincia de Buenos Aires posee un Consejo Provincial de Emergencia desde el año 2008. Según el Observatorio de Políticas Públicas de Argentina, existe una “Guía de políticas de inversión” responsable de los riesgos, donde el planeamiento territorial es preciso.
En la provincia de Buenos Aires, uno de los escenarios de riesgo responsables de la causa de los mayores eventos de desastre son los hidro-meteorológicos, pero también, se presentan eventos de carácter antrópicos, geológicos y biológicos.
El 69% de los desastres ocurridos en el país, entre 1970 y 2007, han sido ocasionados por eventos de origen hidro-meteorológico (Observatorio de políticas públicas. Período: 2008-2010).
Entre ellos los predominantes son: Inundaciones, neblinas, incendios, sismos, epidemias, incendios forestales, tempestades, aluviones, colapsos estructurales, actividad volcánica, plagas, deslizamientos, nevadas, olas de calor, contaminaciones, epizootias, cambio de línea costera, vendavales, tormentas eléctricas, explosiones, sequías, aludes, escapes, granizadas, marejadas, intoxicaciones y heladas.
Argentina es un país que presenta estaciones bien diferenciadas, sin embargo, los Fenómenos de El Niño y La Niña también son bastante notorios, según registros de su Instituto Meteorológico Nacional.
El Esquema de Ordenamiento Territorial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y el Esquema de Ordenamiento territorial de la Provincia de Buenos Aires, plantean una reducción del riesgo de emergencias, especialmente, por riesgos relacionados con las inundaciones durante las temporadas de lluvia.
El Plan Urbano Ambiental de la ciudad de Buenos Aires, proyecta lograr niveles de calidad ambiental capaces de generar una reducción del riesgo en la ciudad. Algunas de las acciones consisten en:
> “Concluir el plan hidráulico para el control de inundaciones y manejo de cuencas con territorios vecinos” (Secretaría de Planeamiento Urbano, Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 2017).
> Canalización y tratamiento de afluentes.
Por su parte, el documento conjetura que la planificación y el riesgo de desastres se mantuvieron separados en Buenos Aires, brindando en el pasado poca importancia al riesgo por inundaciones, sin atacar sus causas generadoras. Deduciendo que tuvieron dos gestiones separadas: a) el manejo de las inundaciones, sesgado hacia intervenciones de carácter estructural; y b) la gestión de la ocupación de la ciudad (González. 1999).
Como evidencia de esas gestiones, el mismo documento plantea el uso residencial de zonas inundables, las cuales incrementaron los escenarios de riesgo de la ciudad y de la provincia en general, para lo cual, se buscaron soluciones tendientes a ordenar o generar un equilibrio en la ciudad. Posteriormente, los planes urbanísticos y de ordenamiento territorial (Código de Planificación Urbana del año 1977, Plan Urbano Ambiental, y nuevo Código Urbanístico del año 2018), organizan una mejor planificación del espacio público y privado.
El Plan Urbano Ambiental y de ordenamiento de la ciudad, confirma que estas acciones planteadas a partir de investigaciones más profundas, fueron importantes al momento de decidir la organización de la ciudad, respetando los entornos hídricos y la protección de los sistemas ambientales, que con su existencia, reducen la vulnerabilidad de la ciudad ante eventos por cambio y variabilidad climática.
Bogotá, Colombia:
Bogotá, Distrito Capital, no solamente es la capital de Colombia, también es la capital del departamento que la alberga: Cundinamarca. Éste se encuentra ubicado en la cordillera oriental de los Andes, con una altura de 2.625 msnm, según datos del DANE1, donde residen 8.080.734 habitantes. La ciudad presenta una densidad poblacional de 5.120,87 hab/km2.
Partiendo de la investigación efectuada por el IDEAM, (Ruiz Murcia et al., 2012), en el transcurso de los años 2001-2010, en la capital se presentaron altos niveles de precipitación causantes de varias situaciones de riesgo, como los desbordamientos de los ríos Bogotá y Tunjuelito, provocando emergencias por inundación, normalmente, debidas a la presencia del evento de variabilidad climática asociado a La Niña, fundamentando la hipótesis de que bajo la influencia de ese fenómeno en la escala interanual, se desencadena un aumento en la precipitación (Ruiz Murcia et al., 2012).
Por su parte, en la presencia del opuesto Fenómeno de El Niño, la ciudad muestra un severo déficit en el abastecimiento de agua, para lo cual, la empresa de acueducto responsable del servicio debe hacer uso de su máxima capacidad de proceso, utilizando las tres plantas y pozos de extracción de agua para garantizar la prestación durante las temporadas de sequías e incremento de la temperatura en la ciudad.
A partir de las necesidades de Bogotá y la región capital, en cuanto a cambio y variabilidad climática, surge el programa PRICC, del cual se genera investigación para la “Variabilidad y Cambio Climático”, y también, surge el documento “Plan distrital de gestión de riesgos y cambio climático para Bogotá DC, 2015-2050”, generado por la Secretaría Distrital de Ambiente, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climá- tico, conformando una importante herramienta para el cumplimiento de los objetivos de Planificación y del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad (Secretaría Distrital de Ambiente, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, 2017).
Dicho plan entiende que el sistema de gestión de riesgos, cambio climático y variabilidad climática, no deben ser asumidos de manera autónoma, sino permanecer asociados a otras herramientas, como lo son las de gestión o planificación y desarrollo territorial, por ello propone:
> Evaluación de los efectos actuales del cambio climático sobre los ecosistemas, la disponibilidad y calidad del recurso hídrico.
> Los riesgos de pérdidas o daños de las redes de prestación de servicios, movilidad, viviendas, infraestructura, ruptura del tejido social y humano, por ocurrencia periódica de eventos de origen hidro-climáticos, dada la localización geográfica del territorio expuesto a eventos hidrológicos climáticos, tanto de variabilidad normal y extrema (inundaciones, encharcamientos, movimientos en masa, granizadas y los incendios forestales).
> Incluir los efectos del cambio climático sobre la variabilidad climática, conllevando a una mayor acentuación de los factores detonantes del riesgo.
El plan propone una estrategia, por medio de la cual, la ciudad pueda adaptarse a la actual variabilidad climática, buscando incrementar la resiliencia de la urbe gracias a la aplicación de planes. Sin embargo, dichos riesgos deben ser analizados en cuanto a la relación costo-beneficio, partiendo de las necesidades sociales, económicas y ambientales.
Teniendo en cuenta las demandas por variabilidad y cambio climático, y conformando esta una herramienta básica para el adecuado desarrollo de una ciudad en constante crecimiento, la administración distrital en el marco de su Plan Distrital de Desarrollo 2012- 2016
Bogotá Humana, estableció como uno de sus ejes principales: “Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua” (Secretaría Distrital de Ambiente, et al, 2017).
Dicho plan, expone que el agua es el medio de organización del territorio, y a partir de su adecuado manejo, se puede generar un ordenamiento del territorio el cual contribuiría a reducir las vulnerabilidades ambientales y sociales frente al cambio climático.
Ciudad de México, México
La Ciudad de México, es una entidad federativa nombrada como la capital del país centroamericano, a 2.240 msnm, albergando una población de 8.9 millones de habitantes, los cuales pueden convertirse en cerca de 21 millones al ser unificada la Zona Metropolitana del Valle de México, posicionándose con ello, como la aglomeración urbana más grande del continente americano y una de las más importantes del mundo.
Como todas las grandes urbes, es propensa a gran cantidad de eventos de riesgo relacionados con la variabilidad climática y cambio climático, para lo cual, el gobierno generó el documento, “La visión de la ciudad de México en materia de cambio climático al 2025” (Secretaría del Medio Ambiente, Ciudad de México, 2016). En el marco de ese documento, se habla acerca de los Riesgos por fenómenos naturales y los impactos de los mismos en la ciudad de México.
En el citado texto, se detalla un análisis socio-económico a partir de los efectos monitorizables -positivos o negativos- para la sociedad.
Se concluye que los eventos responsables de afectar una región, generan una implicancia en el lugar. Es así como los eventos de riesgo y catástrofes crean un impacto el cual debe ser tratado desde el análisis de desarrollo del lugar, a partir de distintos escenarios de crecimiento socio-económico.
En el caso de la ciudad de México, resultan evidentes los impactos socio-económicos asociados con lluvias, inundaciones, granizadas, desbordamientos, entre otros, analizados durante el periodo 1980-2013.
Del estudio de dichos datos (México, 2014), se concluye que esos impactos fueron de alrededor de USD 32,4 millones, y para el caso de los fenómenos inversos, como incendios de tipo ambiental, de USD 2,7 millones (Secretaría de Medio Ambiente. Ciudad de México, 2015).
Los fenómenos hidrometeorológicos representaron un 89% del valor total. El impacto económico acumulado es de 4.135,4 millones de dólares, representando un 74.4% de las pérdidas económicas de las catástrofes de Latinoamérica y el Caribe en todo el año 2011 (Secretaría de Medio Ambiente, Ciudad de México, 2016). Atento a ello, el gobierno de dicha ciudad tomó una serie de medidas:
> La contención de la mancha urbana, contemplando entre sus líneas de acción, crear un programa de planificación territorial, donde la ciudad genere una integración entre sus políticas ambientales y urbanas, buscando una adecuada planificación por medio de la creación de instrumentos adecuados y puestos en marcha por medio del Plan de Ordenamiento Territorial (Secretaría de Medio Ambiente, Ciudad de México, 2016).
> Construcción de la Estrategia de la Resiliencia de la Ciudad, la cual plantea como objetivo, la inmediata recuperación de la urbe tras sufrir una situación de desastre. La meta de la ciudad de México para el año 2025, en relación al tema del cambio y variabilidad climática, radica en sumar una “Estrategia de Resiliencia para la Ciudad”. Por medio de la misma se beneficiarían cerca 8.8 millones de personas, al habitar un territorio resiliente al cambio climático.
El Fenómeno de El Niño impacta el clima en México, provocando una mayor precipitación en invierno y escasez de lluvia en verano. Así, la presencia de El Niño en el territorio mexicano permanece íntimamente liga- da con la disponibilidad de agua. La escasez de lluvia en ciertos años, es quizá, la señal más evidente de un Niño fuerte, y son los costos de la sequía los que más se resienten en México.
Intentando una asociación entre El Niño y el clima de México, en términos generales, se puede decir que las lluvias de invierno se intensifican durante años con el fenómeno de El Niño, en el noroeste y noreste de México, mientras disminuyen hacia la parte sur.
Los inviernos con El Niño, por su parte, resultan más fríos en casi todo el país, mientras que los veranos con El Niño son más secos y cálidos respecto de los veranos con el fenómeno de La Niña. En años normales, el clima mexicano en invierno es parcialmente modulado por frentes fríos y lluvias invernales, tanto en la región de Baja California, Sonora y Chihuahua, como en la de Nuevo León y Tamaulipas, Estados ubicados al norte del país.
Algunos de estos sistemas de latitudes medias logran alcanzar bajas latitudes, convirtiéndose en los denominados “nortes”, que los expertos identifican como el resultado de la acumulación del aire frío en latitudes medias e intensos gradientes meridionales de presión en la tropósfera baja, resultando en irrupciones de aire frío hacia los trópicos. Dichos “nortes” afectan el clima, tanto en esta región del país como en otras partes de Centroamérica y el Caribe.
El impacto de El Niño en las lluvias de invierno de México no es siempre el mismo, pues existen diferencias en las características y temporales de las anomalías de lluvia y temperatura de un año con fenómeno de El Niño, a otro sin dicho fenómeno.
Quito, Ecuador:
Quito es la segunda ciudad más grande del Ecuador. Cuenta con 607.734 habitantes en la zona urbana, y 2.239.191 en su área Metropolitana, según datos del INEC (INEC, 2017).
Por su ubicación geográfica, esta ciudad es vulnerable a riesgos de desastres por cambio y variabilidad climática. Según la Comunicación Nacional de Cambio Climático (Comité Nacional sobre el Clima, 2001), los eventos de carácter natural ocurren con una frecuencia periódica.
Se espera, con el aumento de la temperatura, sequías e inundaciones recurrentes, derretimientos de glaciares, y una intensificación y variación de los patrones de precipitación, presentando un amplio espectro de impactos en el país.
En cuanto a los fenómenos por variabilidad Climática, Quito mantiene una precipitación inferior a los 100 mm la mayor parte del año, sin embargo, se presentan picos de lluvia entre 120 y 150 mm, entre los meses de marzo y abril, donde generalmente, se presenta la temporada de lluvias, y en algunos casos, el fenómeno de La Niña.
En cuanto a la temporada seca, los cambios de temperatura (Comité Nacional sobre el Clima, 2001) suelen mostrar una variación de 2 a 3 °C entre los meses más cálidos y fríos. Además, esta ciudad “a 2.850 msnm presenta diferentes climas, incluso, en el mismo día” (Inquito, 2005, citado en Serrano Chano, 2010, y Sheila Serrano Vincenti, 2012). Por lo anterior, el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, generó un diagnóstico territorial donde enmarca a la ciudad de Quito en un contexto geográfico irregular, heterogéneo, con una amplia diversidad de recursos naturales, pisos climáticos y ecosistemas, más un importante crecimiento demográfico.
El desarrollo urbano de Quito, a partir de los años setenta del siglo pasado, ha observado una forma de crecimiento físico-expansiva de baja densidad e inequitativa, evidenciando varias ineficiencias funcionales y ambientales (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2017).
Entre dichas ineficiencias se nombran: (i) inestabilidad en cuanto al desarrollo regional, debido a las marcadas diferencias territoriales; (ii) la expansión de las ciudades hacia zonas rurales y ecosistémicas; (iii) normatividades orientadas a los patrones urbanos preestablecidos, dejando de lado los procesos de expansión (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2017).
Así pues, su actual Plan de Ordenamiento Territorial busca en el tema de la gestión del riesgo, dentro de la planificación, suministrar un marco normativo actualizado y actualizable para el uso del suelo y las construcciones, incorporando la variable riesgo, ya que para evitar generar nuevos riesgos de desastre, es necesario que la normativa existente ofrezca actualizaciones regulares con la información y datos sobre riesgos y desastres dentro del Distrito (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2017).
Dicho plan también busca una protección del recurso agua y un fortalecimiento de las acciones preventivas en favor de los ciudadanos. Así lo deja claro en el objetivo de su Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, el cual tiende al fortalecimiento de las medidas de adaptación en la gestión de los sistemas de agua potable, salud, biodiversidad, agricultura, infraestructura, entre otros; tanto como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores estratégicos, como energía, movilidad y residuos. En paralelo, centra su estrategia en la participación ciudadana e institucional, junto con la generación y gestión de información sobre cambio climático para la toma de decisiones (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2017).
Estas medidas generan un fortalecimiento legislativo para reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante eventos de riesgo climático, y a su vez, reafirman la conocida preparación de este país en cuanto a la gestión de riesgo de desastres.
Evaluación de herramientas tecnológicas para los diagnósticos de vulnerabilidad
La protección de la población ante una situación de emergencia, sea ésta por variabilidad climática o no, es el principal objetivo de los programas de los gobiernos, empresas y demás entidades. De allí que el Sistema de Alerta Temprana (SAT), debería conformar la reunión de los instrumentos o herramientas, y los procedimientos, por medio de los cuales se supervisan las amenazas, escenarios y eventos de riesgo, a través de la toma de datos y alerta a la comunidad, para obtener pronósticos sobre lo ocurrido y los efectos desencadenantes de los mismos. Dichos elementos transitorios son de carácter vital para evitar pérdidas de vidas en el momento de presentarse un evento de desastre, pues gracias a ellos, se han salvado cientos de vidas en el mundo (UNESCO).
Sistema de Alerta Temprana (SAT)
Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT), constituyen herramientas capaces de proveer una información oportuna y eficaz a través de instituciones técnicas, científicas y comunitarias, por medio de elementos que permiten a los individuos expuestos a una amenaza latente, la toma de decisiones para evitar o reducir su riesgo, potenciando así su preparación, y brindando una adecuada respuesta en función a sus capacidades (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2016). Los SAT contribuyen a las personas y comunidades que enfrentan una amenaza, para actuar con suficiente tiempo y reducir la probabilidad de sufrir lesiones personales, pérdidas de vidas humanas y daños a los bienes y al ambiente. La alerta temprana brinda un adecuado respaldo técnico a las comunidades o individuos, para actuar con tiempo suficiente y de manera apropiada, a efectos de reducir la posibilidad de daño personal, pérdida de vidas, deterioros a la propiedad y al ambiente, ante una amenaza o evento adverso responsable de desencadenar situaciones potencialmente peligrosas.
Desde los lineamientos internacionales, la UNISDR propone cuatro componentes fundamentales, los cuales, no son eficientemente cumplidos por parte de los municipios, planteándose lo siguiente como medida inicial para cada uno de ellos:
1. Detección y pronóstico de amenazas: Es importante que los entes gubernamentales identifiquen las zonas de riesgo, a fin de ser debidamente consideradas en los procesos de planificación y desarrollo.
2. Evaluación de los riesgos e integración de la información: Por medio de las guías y leyes del país, los municipios y regiones deben elaborar herramientas, tanto para evaluar la vulnerabilidad de la población y el territorio, en general, incluyéndolas dentro de los planes de ordenamiento territorial y desarrollo.
3. Divulgación oportuna, confiable y comprensible: Cuando se conocen los riesgos, los mismos serán divulgados a todas las instancias como herramienta de sostenibilidad del territorio, por ende, la documentación, y en especial, los planes de respuesta y emergencias, deben ser claros y compresibles por parte de cualquier persona, conteniendo todo lo necesario para la actuación ante eventualidades; siendo importante que la información resulte real, en este aspecto, es donde los sistemas de alerta temprana rendirán eficientemente, junto con la implementación de tecnologías y herramientas de comunicación entre vecinos y entidades públicas, las cuales, permanecerán a disposición y serán comprendidas y administradas por todos.
4. Planificación, preparación y capacitación para la respuesta en todo nivel (institucional y comunitario). El conocimiento del riesgo será práctico y no un tema documental, siendo transmitido a la comunidad en general, para que estos sean protagonistas en la reducción de la vulnerabilidad, conozcan su territorio, sepan evaluar el clima, el comportamiento de los ríos, y cuenten con sistemas de comunicación para alertar ante un episodio fortuito. Permanecer preparados es la manera más eficiente para salvaguardar la vida de las comunidades, articulando cualquier acción emprendida para la alerta temprana con las acciones de planificación en gestión del riesgo, y por ende, con las acciones de respuesta y recuperación.
Sistemas de alerta temprana en Colombia
En los últimos años, Colombia se ha unido a redes internacionales de pronóstico y alerta de diferentes fenómenos naturales, mediante convenios con Naciones Unidas en el marco de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Desde los años 60, se han implementado redes de monitoreo hidrometeorológico, las cuales incluyen redes de comunicación para intercambio de datos e interacción con otros centros regionales, y actualmente, con otras estaciones y redes mundiales para el procesamiento de la información recolectada. A partir de los SAT comunitarios, se pretende ampliar las alertas, y por consiguiente, la toma de medidas de prevención, mejorando la organización comunitaria e integrando el conocimiento técnico-científico, y luego, con la práctica local, al tomar sus propios datos, determinar el grado y tipo de alerta necesaria para poner en acción la estrategia de respuesta comunitaria.
Para fenómenos de gran escala, existen los sistemas nacionales de alerta temprana administrados por entidades de orden nacional, como el IDEAM, DIMAR, la Corporación OSSO y SGC; junto a ciertos sistemas regionales instalados por Corporaciones Ambientales (CAR), así como algunos sistemas municipales. Estas entidades han implementado, a lo largo de las últimas décadas, redes manuales y automáticas para una mejor comunicación de los fenómenos naturales del territorio, buscando conocer sus características espacio-temporales y preparando a la población ante posibles desastres naturales.
Sin embargo, debido a la diversidad y complejidad del territorio colombiano, muchos de los fenómenos amenazantes muestran características las cuales no se reflejan en los sistemas nacionales de monitoreo y pronósticos, por ello, se buscan medidas alternativas capaces de posibilitarle a la población ponerse a salvo ante fenómenos como las crecientes súbitas, los deslizamientos de tierra, los sismos, los tsunamis locales y las erupciones volcánicas.
En la actualidad, se trabaja en la implementación de nuevos sistemas de alerta temprana con cobertura nacional, regional o local. El IDEAM, como entidad hidrometeorológica nacional, ha modernizado sus 247 estaciones hidrometeorológicas con comunicación satelital existentes, y se encuentra en el desarrollo de un proyecto para la adquisición, instalación y puesta en marcha de una red de radares meteorológicos.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, trabaja actualmente en el uso de las modernas tecnologías digitales como apoyo para la transferencia de las alertas al público y a los usuarios, lo cual demanda una mayor capacidad de las estructuras de comunicación móvil.
Se propone adelantar los estudios necesarios de tipo técnico, financiero y jurídico para determinar si las actuales redes se encuentran en condiciones de soportar este tipo de servicios, identificar si las condiciones actuales de cobertura de las redes de los operadores móviles posibilitan la prestación de este tipo de servicio a las comunidades ubicadas en zonas de alto riesgo de desastres, determinar los costos necesarios para su implementación, definir quién o quiénes asumirán dichos costos, y, establecer la normativa necesaria para su aplicación. En este sentido, cobra vital importancia el trabajo conjunto desarrollado frente a los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en el país, reconociendo la importancia del conocimiento técnico y el comunitario, de manera de aplicarse el monitoreo de los diferentes eventos y activarse los canales de comunicación establecidos.
Sistemas De Alerta Temprana Comunitarios
Propuesta de un SAT comunitario
Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) tienen como objeto salvar vidas humanas, reducir o evitar lesiones personales y disminuir las pérdidas de recursos del ámbito social y económico, a través de la oportuna y ade- cuada difusión de la información de la alerta, contando con el tiempo suficiente para que la población ponga en marcha las acciones necesarias de protección (Ley 1.523 del año 2012).
Para la implementación de un SAT, es necesario considerar los siguientes elementos: El grado de tecnificación, las particularidades de la región, el acceso y la disponibilidad de información geofísica, las comunicaciones existentes y los recursos disponibles, con el objetivo de sacar el máximo provecho de la información obtenida.
Para comenzar, resulta fundamental aclarar lo siguiente: Una amenaza natural no debe considerarse como desastre, ya que desastre se refiere “al resultado desencadenado a partir de la manifestación de uno o varios eventos naturales, los cuales al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, o los recursos naturales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, exigiendo del Estado y del Sistema Nacional ejecutar acciones de respuesta” (Coca, G., 2013).
Si la comunidad no cuenta con redes de observación o medición, debería planificarse la implementación de los SAT, los cuales aportarán la información y los oportunos datos para ajustar el escenario de activación del sistema.
De igual manera, la comunidad es poseedora de información valiosa, la cual podrá brindar a través del mapeo comunitario, esencialmente, por medio de los habitantes más antiguos de la zona, como, por ejemplo, información de antecedentes de emergencias y escenarios más críticos sucedidos en el pasado.
Entre mayor cantidad de datos sea posible obtener, mayor será el conocimiento acerca de los fenómenos a los cuales se enfrenta la comunidad.
Así como lo anterior forma parte del componente de amenaza en el conocimiento del riesgo, así mismo, se torna necesario conocer y analizar la vulnerabilidad presente en el territorio, es decir, el grado de exposición física, económica, social, ambiental o institucional actual, además del historial de crecimiento de ésta, el cual normalmente, sigue patrones relacionados con el desarrollo socioeconómico de la comunidad o población.
Vigilancia de las amenazas y servicios de alerta
A través de diferentes opciones técnicas de comunicación, en la actualidad, resulta factible generar alertas de los fenómenos naturales de manera visual o mediante sensores remotos.
La vigilancia a partir de sensores remotos puede ser local o automática a distancia. De igual manera, la autoridad hidrometeorológica (IDEAM), el SGC para otros fenómenos, y otros entes comunitarios (debidamente capacitados, validados y coordinados por las autoridades nacionales en la materia); determinan el estado y grado de alerta, dentro del proceso de cuantificación de la alerta y su grado. La participación y el trabajo en conjunto de la comunidad, resultan aspectos fundamentales para el entendimiento de las condiciones y las características de su territorio, y de cómo estas influyen en la ocurrencia de los desastres naturales.
Para el caso de las comunidades residentes en las partes bajas de los ríos y expuestas a fenómenos de inundación o súbitas crecientes, se podría acordar una estrategia de comunicación con las comunidades aguas arriba, a los fines de contar con algunos minutos de anticipación, lo cual podría significar salvar vidas.
Cabe aclarar la inexistencia a la fecha, en Colombia, de precisos modelos de determinación de la llegada de crecientes. Los tipos de vigilancia aplicados se listan y describen a continuación:
> Vigilancia Visual (Especialmente, en SAT para inundaciones y crecientes): El fenómeno meteorológico más recurrente en la zona tropical es la precipitación. Para medir la cantidad de lluvia precipitada en un período de tiempo establecido, se emplea un instrumento denominado pluviómetro. Existen diferentes modelos de dicho instrumento, el cual se caracteriza por su bajo costo, inclusive, puede ser elaborado por la misma comunidad.
> Vigilancia Automática: Contando con mayores recursos económicos, sería posible instalar sensores para el registro continuo de los datos meteorológicos o geofísicos a recolectar, y comunicarlos en tiempo real y de manera continua al integrante comunitario asignado como observador, o mejor aún, a una central de proceso de información, ubicada aguas abajo o en el centro poblado. Actualmente, las técnicas de monitoreo y comunicación de datos permiten contar con diferentes alternativas en cuanto a la frecuencia para la toma de los mismos, su medio de transmisión, y el sistema de almacenamiento remoto e instalación de alarmas, que se activan cada cierto umbral previamente establecido. En algunas cuencas, podrían instalarse sensores automáticos encargados de transmitir la información al centro de proceso de datos, ya sea vía radio, por celular, o viceversa.
> Vigilancia mixta: Es necesario que los servicios de monitoreo meteorológico, en cabeza del IDEAM, Corporaciones Ambientales y demás entidades, municipios u oficinas locales de gestión del riesgo de desastres, se acoplen unos con otros para que la información llegue a tiempo a las comunidades demandantes de las alertas.
Dispersión de las alertas
Los datos de los entes institucionales técnicos deben ser comunicados de manera oportuna a la población, siendo este un tema de difusión donde los comunicadores y los líderes comunitarios tienen la palabra, para lo cual, dicha información será precisa y entendible.
En el caso de Colombia, muchas de las alertas para fenómenos súbitos son de carácter general y para grandes regiones. Además, los tiempos de medición de la amenaza son muy amplios, dejando un margen de incertidumbre a quienes la reciben. Contando con un SAT comunitario los habitantes podrían, a partir de las alertas generales, precisar sus alertas y hacer funcionar sus propios sistemas de alarma. Para ello, se requiere contar con los correspondientes protocolos, los cuales serán difundidos y evaluados periódicamente.
Así mismo, el sistema de alarma implementado deberá funcionar las 24 horas, los 365 días del año, por ello, deben establecerse mecanismos alternativos capaces de garantizar el funcionamiento del sistema, considerando que bajo condiciones adversas de clima o fenómenos como los sismos, este puede dejar de funcionar, por lo tanto, es importante el concepto de alarma personal, de manera de no generar dependencia sobre estos sistemas, considerando su posible afectación durante una emergencia o su fallo por diversas razones.
Educación y preparación para actuar
Para el correcto funcionamiento y desarrollo de los SAT, es vital acompañar y preparar a las comunidades para que sepan actuar ante un evento amenazante.
Sistemas de monitoreo y alerta
Los mecanismos utilizados en los SAT dependen de las características y particularidades de los eventos a monitorear (lluvias, volcanes, huracanes, tsunami, entre otros), de su ubicación geográfica y de los recursos disponibles, pudiendo ser: Sistemas Manuales o Sistemas Automáticos.
PLANTEAMIENTO:
Sistema De Alertas Tempranas
Este proyecto propone para los municipios de la región del Sumapaz, la ejecución de un SAT compuesto por sistemas de redes telefónicas e internet inalámbrico, instaladas en las partes altas de los ríos y en zonas vulnerables a inundaciones, avalanchas, deslizamientos o incendios. Dichas redes, de carácter comunitarias, serán manejadas por los habitantes de la zona, pero interconectadas y monitoreadas por expertos desde los centros de monitoreo propuestos para ser ubicados en los 3 municipios de la región con mayor ingreso económico. municipios en mediano o alto impacto.
Adicionalmente, y a fin de fortalecer este proceso, se plantea la implementación de 21 centros de tomas de datos, compuestos cada uno por una estación hidrológica y una meteorológica y de propiedad del SAT de los municipios de la provincia del Sumapaz, con el fin de acceder a sus datos en tiempo real, optimizando la eficiencia de los procesos al reducir la gestión que implica recurrir a los datos de centros nacionales encargados de las 16 estaciones actualmente activas en la región, de las cuales 8 son meteorológicas y 8 hidrológicas. (Ver Imagen 5).
Centro de monitoreo: En este se recibirá la información de las estaciones hidrometeorológicas y de la población que transmitirá las emergencias en tiempo real, teniendo la potestad de avisar, también en tiempo real, a las administraciones locales el estado o nivel de emergencia para hacer efectivos los planes locales de emergencias y respuesta.
Centro de control: Desde allí se dará la orden de iniciar la actuación para la atención de emergencias, y se gestionarán recursos y profesionales idóneos cuando el riesgo es mayor e involucre peligro para uno o varios
Teniendo en cuenta la carencia en estos municipios de un sistema de alertas tempranas altamente desarrollado, pero que gracias al crecimiento urbano esta región cuenta con redes de telefonía móvil, se plantea como opción, abastecer de conexión a internet a los lugares en los cuales una amenaza se podría desencadenar, generando un eventual riesgo para los pobladores, como las montañas aguas arriba de los ríos y quebradas, por medio de redes capaces de conectar los puntos de inicio de los eventos de riesgo con las demás zonas que puedan ser afectadas, logrando una conexión inmediata con policía, bomberos, defensa civil y los centros regionales o departamentales de gestión del riesgo de desastres, en el caso de la provincia del Sumapaz, con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, dependencia de la gobernación de Cundinamarca.
Dichas entidades activarán su plan de contingencia previamente establecido para este tipo de evento, a fin de salvar las vidas de los pobladores y reducir los impactos lo más posible, buscando evitar un manejo post-desastres con episodios evitables. De la misma manera, es importante que todos los municipios de la región permanezcan interconectados para prestar servicios entre ellos en caso de emergencias. Es substancial tener en cuenta que el crecimiento de los usuarios de telefonía debilitan la intensidad de las redes, por ello, se propone la implementación de torres en cada uno de los municipios interconectados, a los fines de activar los sistemas de alerta en cualquier parte del municipio, y posteriormente, informar a los municipios aledaños, teniendo como centros de monitoreo y atención más importantes, la capital de región y la Unidad Administrativa Especial para la gestión del riesgo de desastres.
Acciones Ante Emergencias
Las emergencias por variabilidad climática pueden deberse a diferentes fenómenos, naturales o antrópicos. En este caso, los fenómenos objeto de estudio son los relacionados con El Niño y La Niña.
Para la atención de emergencias, es importante contar con un conocimiento previo del riesgo, y así implementar planes de contingencia o respuesta adecuados. Sin embargo, existen acciones básicas las cuales deben estimarse especialmente y que son objeto de este planteamiento.
Se tienen dos tipos de medidas: Estructurales y no estructurales, por medio de las cuales, el proceso de manejo de la emergencia se ejecuta, y de realizarse correctamente, contribuye a la resiliencia del territorio y los habitantes afectados por un desastre. Para las mismas, se plantea a continuación, un proceso básico el cual debe ser considerado por las autoridades locales en el marco de sus planes:
1. Obras de mitigación y/o emergencia:
> Evaluación del estado del territorio y las estructuras.
> Implementar obras de emergencia dependiendo del tipo de incidente: Manejo de aguas, bombeo y drenaje, estructuras de retención, protección de diques en riesgo de colapso, aseguramiento de estructuras afectadas por el evento, puentes de emergencia en caso de crecientes que incomuniquen comunidades, obras de contención y remoción de material en caso de deslizamientos, plantas de agua portátiles para la atención y garantía del abastecimiento del servicio a la comunidad afectada, construcción de campamentos de atención de la emergencias o la intervención evaluada por parte de los ingenieros encargados de responder ante la emergencia considerada necesaria para mitigar el impacto en la población y/o el territorio afectado.
> Superada la emergencia, evaluar las afectaciones, acompañados por la oficina de planificación y obras.
Dependiendo de la magnitud del desastre, se solicitará el acompañamiento del Instituto de Infraestructura y Concesiones del departamento.
2. Infraestructura pos-desastre:
> Realizar estudios y diseños, así como la posterior ejecución de las obras, para los proyectos resultado de la emergencia, como estructuras de retención, contención o sistemas de drenaje.
> Medidas no estructurales: Intervenciones para el ma- nejo de la emergencia, incluyendo, planes, formación, concienciación, atención y políticas, allí encontramos: a. Sistema de Alertas Tempranas: b. Puesta en marcha de planes:
> Activación e Implementación de los Sistemas de Alertas Tempranas en campo y activar el procedimiento de manejo de emergencias.
> Activación de los sistemas electrónicos y manuales de alertas tempranas y los centros de comando.
> Implementación de centros de atención de emergencia.
> Aplicación de los conocimientos adquiridos por instituciones y la sociedad civil, como evacuación o movilización de la zona en emergencia.
> Comunicación durante el evento de emergencia a la población.
> Comité de emergencia para activar la ejecución del plan de manejo y atención de emergencias.
> Implementación de centros de atención de emergencia.
Resultados
Como resultado del proceso de investigación, por medio del modelo matemático de proyección, utilizando los slides para el clima del IDEAM (Instituto de Hidrolo- gía, Meteorología y Estudios Ambientales), se diseñaron mapas con el programa ARCGIS asociados a los fenómenos de El Niño y La Niña para los años desde el 2041 hasta el 2100.
Los mismos generan un cruce de la información meteorológica para las temporadas de lluvias y sequías de la provincia del Sumapaz, y brindan como resultado, los cambios en la Temperatura provocados dentro de las épocas de verano, y en los casos extremos, la presencia del fenómeno de El Niño, junto a ellos, los mapas asociados a las temporadas de lluvia, coincidentes generalmente con la presencia del fenómeno de La Niña. En ellos, se puede observar el incremento de lluvias y los picos a registrarse en ciertos periodos. Posteriormente, se utilizó el censo poblacional para Colombia del DANE, con base en los cuales, utilizando el mismo método en ARCGIS, se cruzó la densidad poblacional para el año 2020, como factor más importante para los procesos de planificación con la vulnerabilidad ante los fenómenos de La Niña y El Niño, teniendo en cuenta los datos obtenidos de IDEAM.
Mapas De Variabilidad Clim Tica Del Fen Meno De El Ni O
> El clima en la Región del Sumapaz para el período comprendido entre 2011 y 2040 para el fenómeno de El Niño:
Para el período comprendido entre los años 2011 y 2040, los cambios de temperatura durante el fenómeno de El Niño podrán fluctuar entre 0,0 °C y 1,2 °C, evidenciando un calentamiento progresivo del territorio, el cual, aunque no deja grandes estragos ambientales, se convierte en un escenario propicio para la pérdida de vegetación y los incendios forestales, junto a ello, en los últimos años, este fenómeno climatológico se ha presentado con mayor fuerza y duración.
> El clima en la Región del Sumapaz para el período comprendido entre 2041 y 2070 para el fenómeno de El Niño:
Observamos aumentos de temperaturas, incluso, en el área perteneciente al páramo del Sumapaz, uno de los más grandes del mundo. Ello genera una barrera de protección climatológica e hídrica a esta zona, sin embargo, se aprecian cambios de temperatura los cuales podrían implicar, con el paso del tiempo, graves desastres naturales.
En el periodo comprendido, los municipios de Pandi, Arbeláez, Fusagasugá, Silvania y Tibacuy presentan un cambio de temperatura para la temporada de fenómeno de El Niño. Este cambio puede presentar entre 1 ºC y 2 ºC, situación responsable de generar no solo impactos de carácter natural, sino también, una problemática socioeconómica, dado que la economía de esos municipios, en su mayoría, es agrícola, no obs- tante, este fenómeno es conocido por crear periodos de sequía impulsores de movimientos poblacionales y cambios en la economía.
> El clima en la Región del Sumapaz para el período comprendido entre 2071 y 2100 para el fenómeno de El Niño: delación matemática demuestra una mayor intensidad, pero con área de cobertura.
El panorama de este estimado climático, el cual se aprecia en la Imagen 8, resulta preocupante, partiendo de que los municipios de Tibacuy, Arbeláez y Pandi, presentan picos de temperatura fluctuantes hasta los 2,5 ºC. Dichos cambios son generadores de incendios ambientales, sequías, y preocupantemente, la desertización de zonas donde se encuentran conglomerados poblacionales. Estos drásticos escenarios podrían generar un impacto negativo, incendios forestales y un debilitamiento de las cuencas hídricas causantes de drásticas sequías, debilitándose el abastecimiento de agua en una región privilegiada al respecto.
Ello es producto del cambio climático, por ende, se recomienda que los municipios con mayor riesgo por este evento, generen y activen de manera inmediata sus planes de gestión del riesgo de desastres. Deberían comenzar por los Sistemas de Alertas Tempranas, incluyendo sirenas en las partes altas de la cuenca, centros de monitoreo, conexión inmediata con las entidades departamentales y nacionales de gestión del riesgo de desastres, medidas de mitigación que reduzcan las amenazas, reforestación de las riberas de los ríos y demás afluentes hídricos, preparación de la población.
Se destaca, como medida eficiente, diseñar una planificación del crecimiento de la población en zonas no inundables y alejadas del riesgo de avalanchas, debido a que el comportamiento de las precipitaciones presenta un carácter de compleja predicción.
