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MP: Rosa Pilarte atribuye a Micky López responsabilidad del lavado
Dijo que sus cuentas eran manejadas por su esposo
Josefina Medina
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SANTO DOMINGO. La diputada por la provincia La Vega, Rosa Amalia Pilarte López enfrenta una acusación de lavado de activos por haberse prestado, según el Ministerio Público, para colocar en el mercado financiero dominicano 4,418 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico.
Según consta en la acusación del órgano acusador, durante una entrevista realizada a la legisladora en fecha 19 de julio de 2023 esta admitió que las maniobras de adquirir propiedades a su nombre y luego traspasarlas a la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL que controla su esposo, Miguel Arturo López Florencio tenía la finalidad de ocultar el origen de los bienes.
A su vez, el organismo indicó que esta confesó que detrás de los movimientos financieros que se le adjudica está su esposo, quien es la persona que manejaba sus cuentas y las adquisiciones de propiedades a su nombre y que desconoce la suma involucrada.
Dijo que “aunque la cuenta estaba a su nombre, quien la manejaba en la práctica es su esposo Micky López”.
Según el Ministerio Público la congresista decla-
PGR pide RD$100 millones de fianza a Rosa Amalia Pilarte
Y la presentación periódica ante la fiscalía para supervisión
ró “que sí su esposo le dice firma ahí, ella firma, porque confía en él y sabe que él siempre está haciendo negocios”.
Sin perfil económico
La acusación de indica que a nombre de la acusada Pilarte López fueron adquiridos bienes inmuebles de valores millonarios, “propiedades que entre los años 2015 y 2016, y que está traspasó casi en su totalidad a nombre de la razón social Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, cuyos beneficiarios finales, por control accionario son su cuñado Manuel Antonio Inoa Valdez y María Altagracia Cepeda Suarez. Inoa Valdez es camionero y Cépeda Suárez fue empleada de la Cámara de Diputados hasta mayo de 2023 con un salario de 30 mil pesos.
Un camionero
El Ministerio Público determinó que ni Pilarte López ni sus cuñados tienen el perfil económico para manejar las cuantiosas su mas millonarias que advierten sus movimientos financieros.
En el reporte de interrogatorio de Pilarte López e Inoa Valdez atribuyeron a Ricky López el control de todo y que le firmaban documentos por la cercanía familiar.
4 Manuel Antonio Inoa Valdez, cuñado de la diputada Pilarte, está acusado de ser el testaferro de Micky López. Inoa Valdez es camionero desde hace 30 años y esposo de la imputada, Ada Pilarte. Declaró que no sabe de las empresas de Micky López donde aparece como accionista. “Que él no aporto nada para la empresa, que, siendo sincero, en realidad él no sabe nada de eso. Que como Micky López es su concuñado él solo le ha firmado todos los documentos que su cuñado Micky López le decía, firma este, firma el otro, pero del contenido él no conoce nada”, establece el MP.
Este caso por narcotráfico y lavado de activos ocupa al Ministerio Público desde el 2020.
Desde entonces la Familia López Pilarte está siendo procesada, incluyendo los dos hijos de la legisladora: Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte. El proceso se mantiene en etapa preliminar desde finales de 2022.
De acuerdo al organismo persecutor la persecución judicial a esta familia se desprende de un caso de narcotráfico internacional donde están imputados los hermanos Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier (prófugo), a quienes, supuestamente, Micky Lopez y la diputada ayudaban a ocultar sus bienes ilícitos.
SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República solicitó medida de coerción consistente en presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica ascendente a cien millones de pesos contra la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte López, acusada de lavado de activos.
Así consta en la acusación formal presentada por la Procuraduría General ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.
“Que le sea impuesta la medida de coerción consistente en la presentación periódica por ante el Ministerio Publico a cargo de la investigación cada 30 días mientras dure el proceso, el pago de una garantía económica en efectivo ascendente a la suma de cien millones de pesos (DOP 100,000,000.00), así como el impedimento de salida del país”, solicita el Ministerio Público.
También solicitó fijar la fecha y hora para ce- lebrar audiencia preliminar a los fines de conocer sobre la acusación presentada en contra de la diputada para ser procesada por lavado de activos.
Pidió, además, admitir en todas sus partes la acusación, así como todos y cada uno de los elementos de prueba que la sustentan.
Calificación jurídica
La diputada es acusada de violación a la ley vigente en sus artículos 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 9 numerales 1 y 2 de la Ley 155-17 contra el Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana; hechos que por igual en gran medida al momento de su ocurrencia se encontraban tipificados en los artículos 3 literales a y b, 18 y 21 literales a y b de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificada por la ley 155-17.
